viernes, 24 de abril de 2015

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jueves, 23 de abril de 2015

La Revolución de las Canas 2015-04-23

La PGR apela amparo concedido a Mireles

PROCESO 


23 de abril de 2015
Destacado
Mireles durante su visita a la UACM, en San Lorenzo Tezonco. Foto: Germán Canseco
Mireles durante su visita a la UACM, en San Lorenzo Tezonco.
Foto: Germán Canseco
México, D.F., (apro).- El Ministerio Público Federal adscrito al Primer Tribunal Unitario con sede en Morelia, Michoacán, interpuso una apelación en contra del amparo concedido al exlíder de los autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde, y a sus escoltas Javier Reyes Magaña, Gerardo López Casillas y Salvador Mendoza García.
De acuerdo con la agencia Quadratín, este miércoles se notificó a la defensa de los inculpados la apelación contra el amparo concedido el pasado martes 7 por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Distrito, con sede en Morelia.
El asunto será turnado ahora a un Tribunal Colegiado, a fin de que sea resuelto el amparo en revisión y la defensa de los inculpados pueda defenderlo, y con ello se confirme la sentencia que protege a los quejosos.
Ante ello, se prevé que este nuevo proceso jurídico dure en promedio cuatro meses o quizá más, hasta en tanto se resuelva la revisión solicitada por el Ministerio Público federal.
El martes 7, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Distrito concedió un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el exvocero de las autodefensas.
Tras el juicio de amparo indirecto 52/2014, promovido por los abogados Talía Vázquez y Salvador Navarro, se ordenó al juez Quinto de Distrito de Michoacán que repusiera desde un inicio el caso de Mireles, acusado de portación de armamento de uso exclusivo del Ejército.
Y es que durante su detención se violentaron las garantías individuales del exlíder de autodefensas y sus tres escoltas, según lo estipulan los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna.
En esa ocasión la exabogada de Mireles, Talía Vázquez, detalló que desde el lunes 6 fue notificada de la resolución del magistrado y un día después entregó una copia de la documentación al área jurídica del Cefereso 11, de Hermosillo, donde el exguardia comunitario michoacano permanece preso desde el 30 de junio de 2014.
“Se regresa el juicio al principio y empieza a correr el término constitucional porque el magistrado considera que el juez se equivocó al dictar auto de formal prisión”, subrayó entonces.
La defensora legal explicó que podrían pasar entre 10 y 15 días hábiles para que se diera cumplimiento a esa ejecutoria.
“Haremos (Salvador y yo) las gestiones necesarias para que la nueva resolución no sea auto de formal prisión, sino un auto de libertad”, adelantó Vázquez. Hoy eso parece lejano.
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Este sábado el IPN recibirá residuos electrónicos y eléctricos

Arturo Sánchez Jiménez
 
Periódico La Jornada
Jueves 23 de abril de 2015, p. 18
Este sábado, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) abrirá sus puertas para recibir residuos electrónicos y eléctricos, durante el Reciclatrón que tendrá lugar en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Culhuacán. El objetivo de la actividad, que es coordinada junto con la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, es sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios de reciclar, fomentar hábitos de separación y evitar que residuos que contienen materiales peligrosos sean mezclados con otros. Entre las acciones que se promueven en el IPN para la conservación del ambiente están el aprovechamiento y uso eficiente de agua y energía, adecuado manejo del arbolado y criterios para que las edificaciones sean sustentables. 

Familiares de los normalistas de Ayotzinapa se manifiestan en la embajada de México en Berlín

PROCESO 

23 de abril de 2015
Destacado
La caravana de Ayotzinapa en Berlín. Foto: Tomada de Twitter
La caravana de Ayotzinapa en Berlín.
Foto: Tomada de Twitter
BERLÍN, (proceso.com.mx).- En Guerrero no existen condiciones para realizar elecciones, se requieren nuevas formas de participación y representación fuera del sistema actual, que corrompe tan pronto se entra en él.
Así lo advierte Omar García, normalista de Ayotzinapa, quien este jueves encabezó, junto con Eleucadio Ortega, padre del estudiante desaparecido Mauricio Ortega, una manifestación frente a la embajada del gobierno mexicano en Berlín para exigir la presentación con vida de sus 43 compañeros y agradecer el apoyo que ha recibido su causa de parte de la comunidad internacional.
En entrevista con Apro, García aseguró que la elección de representación a través de los partidos políticos ya no es una opción para la sociedad mexicana, toda vez que los intereses de la clase política, del partido que sea, no son los de la población.
Se necesita, aseguró, una participación directa y estructuras gubernamentales más amplias a las existentes.
“Viene un periodo electoral con el que no estamos de acuerdo. Creemos que al votar lo que hacemos es legitimar al sistema actual, integrado por los delincuentes de siempre, esos políticos que sólo son una clase parasitaria de vividores, gente que sólo vive del erario. Nosotros apostamos por algo más que el voto. Tenemos que organizarnos y buscar alternativas. Creemos, por ejemplo, que los consejos municipales funcionarían más que un simple gobernante que nombra como quiere a su equipo. Que sean varios los representantes que legislen y que dialoguen en la toma de decisiones y que sean más constructivos y más cercanos al pueblo”, explicó.
-¿La vía es una autogestión paralela a las instituciones?
-Si, como las comunitarias. No estamos con la política interestatal, fuera de ella también se puede hacer política. Se trata de participa en asuntos públicos sin necesidad de integrarse a un sistema que corrompe.
La desaparición el pasado 26 de septiembre de 2014 de 43 de sus compañeros de estudio de la Normal Rural de Ayotzinapa colocó circunstancialmente a Omar García a la cabeza del movimiento social que exige no sólo la aparición con vida de éstos, sino también un cambio social.
Este joven guerrerense tiene claro que para lograr eso no basta una nueva elección ni más “propaganda y chismorreo” político que sólo fomenta una toma de decisiones de forma vertical. Por ello, asegura, ya rechazó ofertas de puestos en partidos políticos en los que las decisiones las toman unos cuantos.
“A mí por ejemplo ya me ofrecieron un puesto en el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Para qué chingados quiero un puesto ahí si quienes van a determinar son unos cuantos de arriba?”, dice.
– ¿Cómo se protegen de ser utilizados políticamente?
– Simplemente decimos gracias por el ofrecimiento pero no es lo que estamos buscando. Si ni siquiera (como movimiento) hemos tratado de lucrar para nada con la imagen de nuestros 43 compañeros menos lo haríamos en un partido político. No.
Y al respecto, es radical en relación a cualquier partido político: “Su discurso (de Morena) es que nuestra figura serviría para unificar a los movimientos sociales o para atraer a esas corrientes al movimiento de Regeneración, lo que quiere decir realmente es que ellos no tienen verdadero contacto con la gente. Tienen contacto con otro tipo de bases de apoyo partidistas que sólo piensan en las urnas. Nosotros no vamos a hacer parte de ese juego”, asegura.
Desde el pasado 17 de abril y hasta el próximo 19 de mayo la Euro Caravana 43 -integrada por Omar García, Elecaudio Ortega y Román Hernández del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan- recorrerá 12 países europeos con la finalidad de tener encuentros con la sociedad civil para informar el estado del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Queremos encontrarnos con la sociedad civil para informales que a pesar de que la exigencia de aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos ya no aparezca en los medios de comunicación es vigente todavía y que hay un proceso de revisión de un grupo de expertos sobre la investigación realizada por la PGR”, explicó en breve entrevista Román Hernández.
El representante de Tlachinollan explicó que los encuentros con actores políticos en los distintos países que recorre la caravana quedaron excluidos, pues resulta más efectivo el intercambio con la sociedad civil, ya que ésta tiene más recursos para presionar e incidir en sus gobiernos.
“Como defensores de derechos humanos, estudiantes y padres de familia tenemos una interlocución más natural con la sociedad civil organizada. Con los gobiernos se ha complicado la relación porque hay muchos gobiernos, por ejemplo de la Unión Europea, que tienen muchos intereses económicos en México y que va a ser difícil que condenen las violaciones graves de derechos humanos que están ocurriendo actualmente.
“Pero pensamos que la sociedad civil de cada ciudad conoce directamente a sus gobierno y pueden asumir una responsabilidad para presionar a sus gobiernos para que exijan la vigencia plena de los derechos humanos”, señaló Hernández.
Durante la mañana, la Euro Caravana y cerca de un centenar de simpatizantes realizaron una manifestación frente a la embajada mexicana en Berlín. Como acto simbólico, los participantes soltaron 43 globos blancos en recuerdo de los estudiantes desaparecidos y exigieron al gobierno mexicano la presentación de éstos vivos.
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Mantienen alumnos toma del CUEC pese a la renuncia de Coria, como lo exigieron

Emir Olivares y Jorge Caballero
 
Periódico La Jornada
Jueves 23 de abril de 2015, p. 18
Aun cuando José Felipe Coria presentó el viernes pasado su renuncia a la dirección del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los jóvenes que tomaron la dirección de esa entidad académica continúan con el control de esa oficina.
Lo anterior, a pesar de que en principio los activistas señalaron que la toma se dio en apoyo a una alumna de origen español víctima de presunto abuso de poder y violencia de género, por lo que su principal demanda era la dimisión de Coria.
Alumnos de la asamblea del CUEC que pidieron el anonimato señalaron que para mantener la toma se presentó un pliego petitorio en el que exigen, entre otras cosas, claridad en el uso de los recursos para la escuela y en sus procesos de operación, evaluación a los académicos y diseño de un manual de operación por área.
Por ello, dijeron que no basta con la renuncia del ex director para levantar la toma de la dirección del CUEC.
En tanto, funcionarios universitarios señalaron que se espera que en los próximos días se presente la terna para sustituir a Coria.
De acuerdo con integrantes del centro cinematográfico, de la terna propuesta en la última asamblea académica, el productor y cineasta Roberto Fiesco es el que tiene más posibilidades de dirigir la escuela de cine de la UNAM.
La dirección del CUEC, institución en la que estudiaron los mexicanos ganadores del premio Óscar Alfonso Cuarón (Gravity) y el cine-fotógrafo Emmanuel Chivo Lubezki (Gravity y Birdman), se encuentra acéfala desde el viernes 17 de abril, luego de que el crítico de cine Coria fuera expulsado de su oficina por estudiantes del plantel y tras presentar su renuncia al puesto.
Coria fue acusado ante las autoridades universitarias por la alumna Sabrina Muhate de acoso y violencia de género, y cuestionado por el alumnado por deficiencias en su administración.
Antes de que sucediera lo de Muhate ya habíamos pedido una cita con el director para tratar algunas temas de la administración; lo de Sabrina fue la gota que derramó el vaso, según el testimonio de Christian de la Luz, uno de los representantes de los cerca de 80 alumnos que forman la matrícula del centro universitario, el cual fue recogido por el sitio Cinex3.
Muhate es española, egresada del CUEC, directora del cortometraje Ulterior, nominado al premio Ariel 2015.
Este jueves 23 de abril, en segunda asamblea académica, que reúne a cerca de 50 profesores, se ratificará la terna para dirigir el CUEC, y serán la Coordinación de Difusión Cultural Universitaria y la rectoría de la UNAM las que decida quién será el nuevo director de la escuela de cine.

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Roban tráiler del equipo de avanzada de la presidencia

PROCESO 


23 de abril de 2015
Destacado
(Archivo) Cerca Estado Mayor el Zócalo capitalino. Foto: Octavio Gómez
(Archivo) Cerca Estado Mayor el Zócalo capitalino.
Foto: Octavio Gómez
MONTERREY, N.L. (apro).- Uno de los tráiler del equipo de avanzada del presidente Enrique Peña Nieto fue asaltado el domingo pasado en esta capital.
De acuerdo con el periódico Reforma, el domingo a las 15:30 los elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), encargado de la seguridad del mandatario, se percataron de que uno de los vehículos que había sido estacionado en el acceso 7 del parque Fundidora, sobre la avenida Constitución, tenía un cristal roto.
Agentes del Estado Mayor Presidencial reclamaron a policías estatales su desatención para resguardar el perímetro.
Por el robo, agentes de seguridad emprendieron un operativo en los alrededores. Hasta el momento se desconoce si existen personas detenidas. El tráiler de avanzada transportaba vallas utilizadas para contener personas.
Los ladrones se llevaron un aparato de radiofrecuencia y ropa. Algunas versiones señalan que fue sustraída, también, una computadora portátil, versión que fue negada por las autoridades locales.
La denuncia ante el Ministerio Público fue presentada la noche del mismo domingo, pero fue hasta el miércoles cuando el caso trascendió.
El lunes, Peña Nieto estuvo en el salón de actos Cintermex, en el Parque Fundidora, para reunirse con empresarios de Caintra, que celebraron su 71 asamblea anual.
La ceremonia transcurrió sin incidentes.
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Los Vargas pretenden bloquear la intervención del árbitro Woldenberg

Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Jueves 23 de abril de 2015, p. 7
Uno de los dos representantes legales de Carmen Aristegui en el litigio contra el Grupo MVS, Xavier Cortina, expresó que la resolución del tribunal colegiado para suspender la reunión conciliatoria prevista para el viernes 24 de abril entre la periodista y los concesionarios de la radioemisora claramente busca evitar que se lleve a cabo una diligencia que hubiera aportado una solución al conflicto planteado.
El abogado Cortina, quien junto a Javier Quijano asumió la defensa de Aristegui a partir de su despido, indicó que es una victoria pírrica de Alejandro y Joaquín Vargas, los dueños de la emisora, quienes intentan bloquear la intervención de la figura arbitral que representa José Woldenberg, a pesar de haber sido contratado por los empresarios con estos fines.
En entrevista con La Jornada, el jurista dijo que se perdió una oportunidad de oro para resolver el conflicto mediante un arbitraje que mutuamente estaba acordado y no entrar a un litigio de largo plazo. Se percibe la deliberada intención de que no se dé este arbitraje. Saben que corren el riesgo de que José Woldenberg no les dé la razón. Aunque bien pudiera ocurrir, también, que el árbitro les hubiera dado la razón a ellos contra la intención de Aristegui de regresar con su noticiero a la emisora.
Cortina agregó que desde el punto de vista de cualquier abogado, cerrar la posibilidad de resolver el conflicto y abrir la perspectiva de un litigio complicado es un error. Pero además el efecto de la suspensión de la audiencia es de muy corto plazo, ya que el lunes debe llevarse a cabo una audiencia incidental en la que el juez Fernando Silva García debe resolver en definitiva cuáles serán los efectos de la suspensión otorgada hoy a MVS por el octavo tribunal colegiado: el juzgador puede reiterar que se mantenga en efecto la suspensión, pero también podría negarla y ahí se abre la posibilidad de conceder la protección constitucional a mi defendida Carmen Aristegui.
Por otra parte, Cortina explicó que es falso que la defensa de Aristegui haya recorrido 16 juzgados distintos para interponer el amparo en favor de su defendida. Afirmó que la periodista sólo presentó un amparo y la autoridad competente lo turnó de manera aleatoria al juzgado correspondiente. No es verdad que este amparo fuera rechazado en 15 juzgados. Hay una confusión. Existen otros amparos interpuestos por ciudadanos en lo individual que reclaman su derecho constitucional a la información en su carácter de audiencias que probablemente hayan sido rechazados. No fue el caso del amparo de mi clienta.
Informó que al menos 150 amparos interpuestos por radioescuchas de Aristegui ya se turnaron y fueron admitidos por el tribunal especializado para casos concernientes al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

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Malasia confirma pena de muerte para mexicanos acusados de narcotráfico

PROCESO 


23 de abril de 2015
Destacado
Héctor González Ríos (al centro), padre de Luis Alfonso, José Regino y Simón en una foto familiar de 2001. Foto: AP
Héctor González Ríos (al centro), padre de Luis Alfonso, José Regino y Simón en una foto familiar de 2001.
Foto: AP
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La Corte Federal de Malasia, el máximo órgano judicial de ese país, ratificó la pena de muerte contra los hermanos González Villarreal, acusados de narcotráfico.
El órgano judicial desechó los argumentos de los abogados de los tres mexicanos y ratificó su culpabilidad por producción y tráfico de metanfetaminas.
El juez de la Corte Federal, Zulkefli Ahmad Makinudin, determinó: “Nuestra decisión es unánime. Desestimación del recurso contra los cinco acusados (los tres mexicanos, un singapurense y un malayo)”.
Los hermanos Luis Alfonso, Simón y José Regino fueron detenidos el cuatro de marzo de 2008 en una fábrica del parque industrial de Senai en la sureña Johor.
La policía halló en dicha fábrica 29.460 kilogramos de metanfetaminas. Los hermanos González Villarreal sostienen que únicamente trababan en el área de limpieza y desconocían que en dicho inmueble se producía droga.
La Secretaría de Relaciones Exteriores difundió su postura en un comunicado:
“El Gobierno de México lamenta la decisión de aplicar la pena de muerte, respetando siempre la legislación interna, en este caso de Malasia.
“De conformidad con la práctica local, se espera que la sentencia no se ejecute de inmediato. Ante el resultado, los abogados consideran solicitar una revisión del fallo para agotar todas las instancias jurídicas en la defensa de los hermanos González Villarreal”.
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Tribunal colegiado revoca suspensión provisional concedida a Aristegui

Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 23 de abril de 2015, p. 7
Un tribunal colegiado en materia administrativa revocó ayer la suspensión provisional que el juez federal Fernando Silva García otorgó la semana pasada a la periodista Carmen Aristegui, por lo que quedó cancelada la reunión conciliatoria entre la comunicadora y Grupo MVS prevista para el próximo viernes a las 12 horas.
Según consta en registros del Poder Judicial Federal (PJF) consultados por este diario, por unanimidad los tres magistrados del octavo tribunal colegiado en materia administrativa coincidieron en que el juez Silva –hijo del ex presidente de la Suprema (SCJN) Corte de Justicia de la Nación Juan Silva Meza– excedió los alcances permitidos a los juzgadores dentro de la figura de la suspensión en el juicio de amparo.
La resolución del tribunal no significa que Aristegui ya no tenga posibilidad de obtener una nueva suspensión, ni que haya perdido el fondo del litigio, en el que alega la violación a sus derechos humanos a la libertad de expresión y los de acceso a la información que tienen las miles de personas que acostumbraban escuchar su noticiario radiofónico.
Carmen Aristegui tendrá que esperar hasta el próximo lunes, cuando se efectúe una audiencia incidental en el juzgado octavo de distrito en materia administrativa, a cargo de Fernando Silva, en la que el propio juez determinará si sostiene sus argumentos iniciales y concede una suspensión definitiva para los mismos efectos de buscar una conciliación entre las partes o si la niega, con base en los argumentos del octavo tribunal colegiado.
A decir de funcionarios del PJF, el fallo que emitió el tribunal colegiado en 24 horas pone al juez Silva en posición complicada, pues es una resolución categórica en la que tres de sus superiores jerárquicos reprobaron su actuación.
El juez concedió la suspensión para unos efectos que no fueron solicitados, imponiéndose además (a MVS) obligaciones propias de una sentencia condenatoria, sostiene la sentencia avalada por tres magistrados.
El fallo del tribunal colegiado refiere que los efectos de la suspensión en un amparo son para frenar actos que no se han concretado, pero en este caso dichos actos se consumaron con la rescisión anticipada del contrato entre Aristegui y Grupo MVS.
No es jurídicamente posible, con sólo la suspensión provisional, reintegrar a la promovente (Aristegui) en el goce de la prerrogativa que se estima afectada, es decir, del derecho que tenía para desarrollar en la radiodifusora responsable su actividad informativa, destacó el tribunal.
De acuerdo con los funcionarios consultados, Aristegui sólo podría ser restituida si, consumado el juicio de garantías en primera y segunda instancias, gana el amparo al probar que MVS violó sus derechos humanos y el de las audiencias, lo que podría tardar hasta un año.
Por la mañana, antes de que se conociera el fallo del octavo tribunal colegiado, Grupo MVS inició un incidente de recusación por impedimento, derivado de una supuesta amistad entre el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, padre del juez Fernando Silva, y los abogados de la periodista.
De acuerdo con registros del juzgado octavo de distrito consultados por La Jornada, la petición de la empresa de telecomunicaciones fue turnada a un tribunal colegiado de circuito (diferente al que revocó la suspensión que protegía a Aristegui), ante el cual Fernando Silva deberá rendir un informe en 24 horas para responder a las supuestas causas de impedimento planteadas por los abogados de Grupo MVS.
Es probable que por cuestión de sobrecarga de trabajo y debido a que la ley no establece un plazo fatal para resolver asuntos de este tipo, el tribunal al que corresponda conocer del incidente de recusación se tome dos o tres semanas para estudiar el caso.
Desde el pasado martes, en entrevista con este diario, el civilista Xavier Cortina, socio de Javier Quijano Baz (ambos abogados de Aristegui), rechazó que él o su colega tengan alguna relación de amistad con el juez Silva o con su padre Juan Silva Meza.
Sin embargo, funcionarios de la SCJN y del PJF aseguraron a este diario que desde finales de 1999, cuando el pleno de la Corte integró una comisión para redactar un proyecto de nueva ley de amparo, nació una amistad entre Javier Quijano Baz y el ministro Silva Meza.
Durante una ponencia del ministro Arturo Zaldívar, el 24 de mayo de 2013, con ocasión del segundo ciclo de conferencias Nueva Ley de Amparo, el régimen jurídico laboral de los organismos descentralizados y ética judicial, en el marco del 50 aniversario del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, recordó los nombres de los juristas que redactaron la actual Ley de Amparo.
Esta comisión fue integrada de manera plural; la coordinó el ministro Humberto Román Palacios (qepd), la integraba también el ministro Juan Silva Meza, hoy presidente de la SCJN; dos magistrados de circuito, que hoy son consejeros de la Judicatura: Manuel Saloma y César Esquinca; dos académicos, don Héctor Fix Zamudio, el jurista más importante de México, y José Ramón Cossío, hoy también ministro, y dos abogados: Javier Quijano Baz y un servidor, que en ese momento no era ministro de la Corte, refirió Zaldívar en aquella ocasión.
La semana pasada el juez Silva admitió el amparo de Aristegui y concedió una polémica suspensión provisional en la que ordenó a las partes negociar sus diferencias.
Amistad, causal de impedimiento
En caso de que el juez niegue ante el tribunal colegiado la causa de impedimento, es decir, que rechace una amistad entre él o su padre y los abogados de Aristegui, pero ésta llegue a ser comprobada posteriormente, se expone a ser destituido del cargo y a ser condenado a una pena de dos a seis años de cárcel. 

miércoles, 22 de abril de 2015

Juntos y en las Revueltas 2015-04-22

SME Tercer Congreso de la CONJUPAD 22abr15

martes, 21 de abril de 2015

Pemex otorga multimillonario contrato a empresa propiedad de un diputado priista y denunciada por contaminar

201302241059pemex
Jiquilpan, 19 de abril.- No obstante el amplio historial de contaminación en municipios veracruzanos considerados de alta marginación, Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó con un multimillonario contrato a la empresa michoacana Alcoholera de Zapopan, propiedad del diputado priista por el cuarto distrito con cabecera en Jiquilpan, Salvador Romero Valencia.
De acuerdo con información proporcionada por Pemex, el pasado miércoles 8 de abril firmó un convenio para adquirir 123 millones de litros de etanol anhidro con seis empresas entre las que destaca la del diputado priist.
Lo anterior, pese a que apenas el pasado 23 de marzo campesinos del municipio veracruzano de Yanga volvieron a denunciar a la empresa de Salvador Romero por contaminar el pozo del que se abastece de agua la comunidad de La Concha.
La denuncia no es nueva, data desde el 2007 cuando los municipios de Atoyac, Carrillo Puerto, Cuitláhuac, Cotaxtla y Yanga acudieron a la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa) y ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a denunciar a la empresa de Salvador Romero Valencia.
Sin embargo, lejos de atender las denuncias de los habitantes de los municipios afectados por Alcoholera Zapopan en Veracruz, los afectados acusan que el diputado priista ha utilizado su influencia para detener las acciones de las autoridades en contra de su empresa y promover una extraña relación con Pemex, que se intensificó con la reforma energética.
Fruto de esa relación es el reciente contrato que la primera empresa productiva del Estado concedió a la firma del legislador priista, cuyo valor estima Pemex entre 8 mil millones y 11 mil 457 millones de pesos.
La situación generada por la empresa del diputado priista a la que Pemex concedió el contrato multimillonario es de tales proporciones que el caso ha ameritado la intervención del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Desde octubre de 2013 el tribunal ha hecho suya la demanda de los ejidatarios veracruzanos afectados por la Alcoholera Zapopan y denuncia lo que denomina “Devastación Ambiental y Defensa Integral de la Cuenca del Río Atoyac en Veracruz” en un extenso documento.
El origen de la contaminación que ha generado Alcoholera Zapopan en Veracruz tiene que ver con el derrame en los cuerpos de agua de la región de la vinaza, subproducto residual altamente contaminante que se produce en los procesos que realiza Alcoholera Zapopan en la zona.
De acuerdo con los campesinos afectados el diputado, y director general de la empresa, sólo da largas al asunto y no resuelve, mientras que un gran número de ranas, sapos y otros animales están muriendo de manera sospechosa.
Lo más grave es que se están contaminado los canales de riego y arroyos que pasan por municipios como Yanga, Cuitláhuac, Atoyac y Paso del Toro.
“En nuestros manantiales y arroyos hay gente que se mete a nadar como atractivo turístico y hoy hasta en eso nos afecta la alcoholera, y súmenle lo afectado de algunos caminos a los cuales les iban a dar mantenimiento”, señalaron os afectados a la prensa local.
(Quadratín)

Fuente

Admite una juez acción colectiva contra Grupo México en Sonora

Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de abril de 2015, p. 12 

Este lunes, la juez federal Emma Gaspar Santana admitió a trámite una acción colectiva presentada por una asociación civil contra Grupo México, empresa a la que se atribuyen daños ambientales a los ríos Bacanuchi y Sonora, con el fin de que repare el daño ambiental causado en la región.
Hasta el momento, Grupo México ha pagado una multa de 40 millones de pesos impuesta por el gobierno federal y un depósito de 2 mil millones para un fideicomiso creado para reparar los daños.
Sin embargo, de prosperar este recurso de acciones colectivas el monto por reparación del daño se podría multiplicar considerablemente; más aún, si la juez Gaspar toma en cuenta que Grupo México tiene ventas anuales por más de 140 mil millones de pesos.
Los daños ambientales que se imputan a la empresa se ocasionaron luego del derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico a los ríos Bacanuchi y Sonora.
En entrevista, el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, quien junto con su colega David Álvarez redactó la demanda de acción colectiva, dijo que si materialmente fuera imposible reparar el daño ocasionado, al no poder dejar el medio ambiente sin contaminación tal como estaba ante de los derrames, Grupo México será condenado a pagar una indemnización millonaria destinada a un fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo monto seguramente rebasará el del fideicomiso de 2 mil millones de pesos.
El cálculo del monto será efectuado por la juez, quien podrá apoyarse con la opinión de expertos en temas ambientes y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El dinero sería repartido con base en lo que dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, que incluye desde 2012 las acciones colectivas.
El abogado David Álvarez, presidente de Acciones Colectivas de Sinaloa AC, indicó que la certificación de la demanda como acción colectiva es un paso decisivo porque, de dictarse sentencia a nuestro favor, Grupo México será condenado a reparar el daño ambiental causado, mediante las acciones que ordene el juez, cuesten lo que cuesten, y también lo obligará a implementar controles para que no se vuelva a repetir el daño ambiental.
Ambos abogados reconocieron que los obstáculos técnicos para la certificación de las demandas han sido una de las principales razones del poco éxito que han tenido las acciones colectivas.

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Juez ordena reunión MVS-Aristegui para este viernes


21 de abril de 2015
Destacado
Carmen Aristegui afuera de las oficinas de MVS Radio. Foto: Virgilio Passoti
Carmen Aristegui afuera de las oficinas de MVS Radio.
Foto: Virgilio Passoti
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El juez federal Fernando Silva ordenó a la empresa MVS y a la periodista Carmen Aristegui reunirse el próximo viernes 24 de abril a las 12 horas “a fin de que las partes lleguen a un acuerdo respecto a las diferencias suscitadas”.
De acuerdo con Silva, uno de los actuarios del juzgado deberá estar presente en la cita “a fin de que se constituya en el citado inmueble en la hora y fecha señaladas y de fe del acceso al inmueble a la quejosa y el mediador, así como de la celebración de la reunión correspondiente, debiendo levantar el acta”.
La reunión será mediada por el expresidente del extinto Instituto Federal Electoral José Woldenberg.
No obstante, la empresa MVS impugnó la suspensión dictada por el juez, de la que derivó la orden de celebrar dicho reunión.
Un tribunal colegiado de circuito integrado por tres magistrados resolverá dicha queja antes de las próximas 48 horas.

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Deja 2 muertos y más de 40 heridos desalojo de mineros en Michoacán

Dirigente gremial muestra videos en los que un jefe de la Policía Ministerial ordena disparar
Fox, culpable, por imponer a Elías Morales como líder del sindicato nacional: Maya Bucio
CARLOS TORRES, DANIELA MORALES, ANTONIO AGUILERA Y E. MARTINEZ
 

Apoyados por compañeros de otras plantas, los mineros en huelga lograron recuperar las instalaciones de Sicartsa Foto: Alfredo Domínguez

LA JORNADA

Lázaro Cardenas, Mich., 20 de abril. Dos mineros muertos y 41 lesionados, dos de ellos de gravedad, fue el saldo que dejó el desalojo efectuado hoy por 800 policías federales y estatales contra aproximadamente 500 trabajadores que se mantienen en huelga desde el 2 de abril en la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa), misma que fue recuperada más tarde por los obreros.
Durante la trifulca fueron incendiados el edificio Monarca, donde se archivaba la información administrativam y unos 30 vehículos de la empresa, así como algunos particulares, además de maquinaria pesada que utilizaron los trabajadores para replegar a los policías.
Eran aproximadamente las 7 de la mañana cuando los agentes de las policías Federal Preventiva (PFP) y Judicial del estado, además del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), ingresaron a la factoría con gases lacrimógenos y armas de fuego.
La presencia de los agentes, quienes entraron por la puerta trasera de la planta acerera, tomó por sorpresa a los obreros, quienes se encontraban atrincherados frente al acceso principal. La policía logró inicialmente que los inconformes se dispersaran.
Sin embargo, dos horas después arribaron más obreros, y con palos, piedras y varillas replegaron a los policías hacia el interior de la planta, por el mismo lugar donde llegaron.
En la refriega perecieron José Luis Castillo Zúñiga, trabajador de Sicartsa, y Héctor Alvarez Gómez, representante sindical en la comisión mixta de la empresa Mittal Steel; asimismo, resultaron gravemente heridos Luis Alberto Zárate, quien recibió un impacto de bala que le perforó el pulmón, y Cirilo Quiñones, con una lesión en el tórax por impacto de arma de fuego.
Este hecho ocasionó el cierre del comercio del primer cuadro de la ciudad. Las oficinas de la Administración Portuaria Integral, ubicadas a un costado de Sicartsa, fueron desalojadas desde las 10 horas. También fueron desocupados tres estibadores.
Mittal Steel, donde también laboran afiliados a la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) pararon actividades en respaldo a sus compañeros agredidos y posteriormente apoyaron la recuperación de las instalaciones y el repliegue de los elementos de seguridad.
En la entrada de la empresa, que se encuentra bloqueada, todo el día se vivieron momentos de tensión ante el temor de una segunda agresión, al tiempo que vehículos y parte de las oficinas eran consumidas por el fuego.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México mantienen bajo resguardo las áreas de alto riesgo, como Altos Hornos, Planta de Fuerza y Coquizadotra, según dijeron los propios trabajadores.
Felipe Manuel Maya Bucio, secretario de seguridad e higiene de la sección 271 del SNTMMSRM, informó de cinco mineros desaparecidos, pero al parecer fueron ingresados al Hospital Civil de Morelia, debido a que resultaron heridos; los otros 36 fueron llevados al hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de Lázaro Cárdenas.
Maya Bucio señaló que el movimiento comenzó por la intromisión del gobierno federal en el sindicato minero, al desconocer a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia. Nuestra petición a los Villarreal Guajardo (propietarios de la empresa) fue que se dieran las mismas condiciones en que se levantó la huelga en Mitta Steel: el pago total de los salarios caídos, que se retire cualquier demanda judicial contra los dirigentes del movimiento, la reinstalación de los trabajadores despedidos y que se reconozca a Gómez Urrutia.
La huelga empezó el 2 de abril en Sicartsa y sus filiales, además de Mittal Steel, donde hubo un arreglo el día 11, tras reconocer las negociaciones con la dirigencia gremial encabezada por Gómez Urrutia y el pago de los salarios caídos.
Bucio presentó videos que demuestran que el director de la Policía Ministerial, Jaime Liera Alvarez, "fue quien dio la orden de disparar a los pies y al aire", y hay trabajadores que cuentan con imágenes donde incluso se ve cómo disparan desde un helicóptero, comentó.
Recordó que el lunes pasado, durante una gira por Uruapan, Vicente Fox le aseguró personalmente que no habría ninguna agresión a los trabajadores, "pero 48 horas después vemos cómo el Presidente incumple su palabra: la respuesta desde Los Pinos fueron las balas", dijo.
En entrevista con La Jornada Michoacán, el dirigente afirmó que personalmente entregó a Fox el documento en que se señalaba las peticiones para destrabar el conflicto en la siderúrgica.
Marcha de mujeres familiares de los mineros
Aproximadamente a las 18 horas, más de mil mujeres, entre esposas, madres e hijas de los trabajadores, marcharon del Monumento al minero hasta la puerta dos de Sicartsa, donde se encuentran los huelguistas, para manifestarse en rechazo a la agresión.
Coreando consignas contra el Grupo Villacero, César Reyes (supuesto esquirol), el presidente Vicente Fox y la Secretaría del Trabajo, las manifestantes efectuaron un mitin donde aseguraron que saldrán de la empresa hasta que haya una negociación justa.
Agentes locales, codyuvantes de la PFP, asegura el gobierno del estado
El gobierno de Michoacán, encabezado por el perredista Lázaro Cárdenas Batel, se deslindó del homicidio de los trabajadores y del desalojo mismo. Los agentes del GOE -de la Secretaría de Seguridad Pública estatal-, dijo Enrique Bautista Villegas, secretario de Gobierno, iban "desarmados" y únicamente como "coadyuvantes" de la PFP, "a solicitud de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje", aseguró.
En un escueto comunicado, el gobierno local indicó que la intervención del GOE fue "para desbloquear la planta industrial", pero que al empezar el operativo los agentes fueron recibidos violentamente por los trabajadores en paro, lo que derivó en "un enfrentamiento que ocasionó daños en instalaciones, quema de vehículos y personas heridas de ambos grupos", además de la muerte de dos trabajadores.
El texto añade que el gobernador instruyó a la Procuraduría General de Justicia del estado a iniciar la averiguación previa "para el total esclarecimiento y deslindar las respectivas responsabilidades". Destacó que el Ejecutivo estatal solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue el caso.
Por la noche arribaron visitadores de las comisiones de derechos humanos del Distrito Federal y de Morelia para fungir como mediadores entre el sindicato y el gobierno, e incluso tuvieron un acercamiento con los mineros para formalizar la propuesta.
En entrevistas concedidas a noticiarios radiofónicos locales y de la ciudad de México, Bautista Villegas señaló insistentemente que "fue la instancia federal la que solicitó al gobierno del estado que ayudara a las fuerzas federales a recuperar las instalaciones de Sicartsa y de las empresas subsidiarias Atibsa y Assa, tomadas desde el pasado 2 de abril".
Indicó que el paro de los mineros "no se originó en Michoacán" y es resultado "de un conflicto interno entre grupos del SNTMMSRP y, en todo caso, entre ese sindicato y las decisiones de la Secretaría del Trabajo", por el reconocimiento que otorgó a Elías Morales como dirigente de los mineros, en detrimento de Napoleón Gómez Urrutia.
Se aplicó la ley: IP y PAN
Ricardo Rubí Bustamante, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que el sector "está de acuerdo con la aplicación de la ley; para eso es la fuerza pública: para someter a los ciudadanos que violan la legislación", dijo el mismo que a lo largo de los 20 días de paro ha insistido en que el movimiento obrero obedece a intereses ajenos al sindicato y es totalmente ilegal, y que Michoacán "no puede seguir ofreciendo una imagen de ingobernabilidad". Calificó la actuación de los mineros como "violenta y sin razón".
Eduardo Sánchez Martínez, dirigente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseveró que la situación en el puerto es resultado "de la especulación de los partidos políticos, la falta de transparencia de los sindicatos y la inmovilidad del Congreso de la Unión para sacar adelante las reformas que el país reclama".
No se puede calificar como represiva la incursión policiaca en Sicartsa, aseveró Sánchez Martínez, puesto que la PFP y el GOE actuaron con estricto "apego a la ley y al estado de derecho", en cumplimiento tanto de las exigencias de la mayoría de la sociedad como de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que en la víspera declaró ilegal la huelga.
El dirigente estatal panista, Francisco Morelos Borja, señaló que si bien los gobiernos federal y estatal deben promover el diálogo, están obligados a velar porque prevalezca la ley, y así se hizo, pues "la huelga había sido declarada ilegal".
Por la noche, agentes de las corporaciones policiacas que participaron en el desalojo y cinco mineros, en calidad de presentados, declaraban ante el Ministerio Público sobre su participación en el enfrentamiento, informó Juan Antonio Magaña de la Mora, procurador de Justicia del estado.

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Castillo niega ejecuciones en Apatzingán; los muertos “por fuego cruzado”, insiste

El excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo. Foto: Octavio Gómez
El excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El excomisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, negó que la policía federal haya matado a 16 personas en Apatzingán, defendió la versión oficial de “fuego cruzado” y aseguró que en los hechos violentos del 6 de enero pasado sólo fallecieron 10 civiles.
En entrevista con W Radio el ahora director de la Conade, acusó a la periodista Laura Castellanos, autora del reportaje Las ejecuciones de Apatzingán, que se publicó en la revista Proceso, edición 2007, y los portales del semanario, de Aristegui Noticias y Univisión, de distorsionar los hechos.
Según el funcionario, “Lo que haya dicho esta periodista es muy irresponsable, es muy irresponsable, porque se está haciendo un acto tendencioso”, sostuvo.
Castillo comentó estar ”muy tranquilo”, “perfectamente tranquilo” de la investigación que anunció el lunes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la cual haría la propia Policía Federal -involucrada en los hechos- y la PGR.
“Lo que yo puedo decir es está muy bien para que se valide jurídicamente, no periodísticamente, jurídicamente, que las trayectorias, las pruebas de balística, las pruebas de levantamiento, las propias necropsias, las testimoniales dentro de la averiguación previa, porque es muy fácil taparle el rostro a la gente, y ni siquiera tiene la posibilidad el Ministerio Público de que lo interrogue y le diga: ‘¿usted qué hacía ahí?’, ‘¿usted por qué se encontraba a las 3 de la mañana, o a las 7 de la mañana?’, o ‘¿por qué no se verificó si ustedes dicen que hubo gente masacrada -por poner un dato- la sangre que puede quedarse en el pavimento?’, ‘¿por qué no se levantó una denuncia en los primeros 24 horas sobre lo que había sucedido?. Prácticamente, hoy en este país, y como fluye la información, pensar que en las primeras 2, 3, 4 horas, no tengas a los padres de familia buscando a sus hijos que han sido desaparecidos, pues es un tema que ya no se puede dar”, declaró.
De acuerdo con la versión de Castillo no se operó un desalojo en la presidencia municipal de Apatzingán. “La zona militar nos avisa y nos dice que las personas que se encuentren armadas ahí, van a ser desarmadas y puestas a disposición. No es un desalojo, van a ser detenidas las gentes que están armadas, porque no pueden estar armadas 40, 50 personas”.
Y continuó con su relato: “Nos avisan de ese operativo que se iba a hacer entre la madrugada. La madruga puede ser a las 2, 3, 4 de la mañana, etc. De esta situación es cuando se dan los 43 detenidos, 44 pero uno era menor de edad, entonces eran 43 personas”.
Cuenta que en una entrevista radial de esa mañana, le preguntan qué sabe de 9 muertos en Apatzingán y contesta que pedirá un reporte. “Cuando yo pido la información me hablan de que cuando los vehículos asegurados con reporte de robo, en el primer evento de la madrugada de ese día, iban a ser llevados al corralón, ahí un número importante de camionetas, aproximadamente 20, intentan dar alcance o dan alcance a las fuerzas federales para recuperar, porque alguien les había dicho que ahí iban los detenidos. Entonces, cuando se da eso, los últimos federales… cuando ven venir a este número, se repliegan, ellos tienen la capacitación, ellos se van a puntos donde pueden defenderse y ellos empiezan a defenderse, en este caso de los disparos que empiezan a realizar estas personas.
“¿Qué es lo que sucede? Que Policía Federal está capacitada para resguardarse, para hacer una posición en donde no caigan en fuego cruzado, pero la propia adrenalina de las otras personas, cuando se van metiendo, termina que hay tres camionetas, yo recuerdo, había una roja, una blanca y otra que no recuerdo el color, que ante los disparos y ante la presión, en las propias trayectorias se ve que los vehículos de ellos tienen disparos del lado del conductor, y del lado del copiloto, y no hay una sola evidencia física en donde pudiera estar gente de Policía Federal del otro lado, porque lo taparía la pared.
En el espacio de W Radio le preguntan a Castillo que el reportaje de Castellanos señala tres cosas: que los testigos, los sobrevivientes, los detenidos, los heridos e incluso personal del hospital, incriminaron a la Policía Federal; dos, que estas personas estaban desarmadas; y tres, que se habrían usado balas expansivas, ¿qué podría usted decir a esto?
Responde Castillo: “Que son mentiras, así, enfáticamente, porque primero, el director del hospital, dentro de la averiguación previa, está declarado (ante la MP) y el propio director del hospital ha dicho que han sacado de contexto su declaración.
“En segundo lugar, yo creo que la periodista -y lo digo con mucho respeto-, no es perito en la materia para hacer pruebas de balística, ni de trayectoria ni de distancia, para poder decirte desde qué lugar se fueron a realizar los disparos.
“En tercer lugar, no podemos nosotros tomar testimonios de gente que, tapada el rostro que, primero, no dice su nombre, su apellido, su ubicación, que dice qué estaba haciendo ahí, y que tenga testigos que validen que se encontraba ahí en el lugar de los hechos, en horas totalmente inapropiadas (3 de la mañana del 6 de enero) como para poder tener ese número tan importante”.
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Debe crearse un modelo de prosperidad que sustituya al capitalista: Gómez Urrutia

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de abril de 2015, p. 12
El capitalismo salvaje concentra la riqueza en pocas manos y acentúa las desigualdades sociales, lo cual significa que ese modelo económico ya no funciona y debe haber un cambio radical hacia uno de prosperidad compartida, señaló el secretario general del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia.
El líder dio un mensaje a la sección 271 de Michoacán, mediante una videoconferencia desde Vancouver, Canadá, en un acto donde se recordó la resistencia de los trabajadores en el 2006, cuando se enfrentaron con fuerzas federales y estatales, que buscaban desalojarlos de una huelga legal. En la gresca perdieron la vida dos personas y 100 resultaron heridas.
Regreso a corto plazo
Al señalar que cada día se acerca más el momento de su retorno a México y que es seguro que a corto plazo se vuelva a encontrar con los trabajadores del gremio, expuso que hoy en día se viven tiempos difíciles y violentos de la globalización económica mundial, en la que hay una gran competencia por los recursos naturales de los países productores de materias primas industriales.
Indicó que empresas como Arcelor Mittal y Fertinal han pedido apoyo y flexibilidad a los trabajadores sindicalizados, porque los precios de los metales se han reducido, y el gobierno de México, agregó, debe afrontar la competencia desleal que practican los importadores de Rusia, China, Corea del Sur, Ucrania y otros países en perjuicio de los industriales mexicanos.
Ante ello, el Sindicato Nacional de Mineros está de acuerdo en mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas y trabajar con ellas para defender los centros de trabajo y las fuentes de empleo, pero que no sea a costa y sacrificio únicamente de los trabajadores, ni de sus salarios y su bienestar, sostuvo Gómez Urrutia.
Expuso que el gremio está dispuesto a colaborar con las empresas, pero con respeto y dignidad para los trabajadores.
En el acto estuvieron presentes representantes de agrupaciones internacionales de trabajadores como Leo W. Gerard, presidente internacional de United Steelworkers de Estados Unidos y Canadá; Debi Bell, de UNITE, de Gran Bretaña e Irlanda, así como dirigentes de la IndustriALL Global Union, que agrupa a 50 millones de afiliados en el mundo.
También se refirió a que en diversos países, incluido México, habrá elecciones este año y los trabajadores deberán expresar en su voto la defensa de sus intereses; por ello los llamó a no permanecer indiferentes ni pasivos ante estos procesos electorales.

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Piden expertos abrir nuevas líneas de investigación sobre Ayotzinapa

Mirna Servín Vega
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de abril de 2015, p. 3 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la de-saparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir nuevas líneas de investigación sobre estas ‘‘de-sapariciones forzadas’’ ocurridas en septiembre pasado.
‘‘El GIEI suministró información para abrir nueva líneas de investigación y ampliar las ya existentes; asimismo, solicitó tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales y de video, entre otras’’, dio a conocer Carlos Beristain, especialista de este grupo.
Sin embargo, dijo, no son líneas que en este momento puedan ser públicas, ya que perjudicarían las investigaciones.
En conferencia de prensa realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Beristain y Francisco Cox dieron a conocer que ya se entregó a la Policía Federal (PF) información sobre dos nuevos lugares que deben ser inspeccionados, de acuerdo con datos proporcionados por los familiares de las víctimas.
Además, con el mapa de fosas en Iguala, obtenido a través de las autoridades federales, el GIEI evalúa la relación de algunos de esos entierros con ‘‘la intervención de agentes de la policía municipal en la desaparición de los 43 normalistas’’.
Durante su segundo informe de actividades en México, los expertos subrayaron la necesidad de fortalecer la búsqueda de fosas utilizando tecnología láser para identificar perturbaciones en el terreno de los lugares cercanos a Pueblo Viejo, La Parota y alrededores.
En esta visita de trabajo los especialistas detallaron que también se llevó a cabo la reconstrucción de hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, con el apoyo de normalistas testigos de los hechos, lo que les ha ayudado a entender el impacto no sólo de las desapariciones forzadas, sino de los familiares y estudiantes del lugar.
Sin embargo, los expertos dijeron que presentarán las conclusiones de la investigación hasta que concluyan los seis meses estipulados para la indagatoria que se inició el 2 de marzo.
Asimismo, dieron a conocer que se reunieron con 16 detenidos por este caso en el Cefereso 4 de Nayarit y se envió una solicitud al Senado para aprobar la reforma constitucional necesaria para posteriormente elaborar una ley sobre desaparición forzada.
Sobre el trabajo realizado hasta ahora, Cox explicó que el GIEI ya cuenta con el expediente digital completo y próximamente realizará entrevistas con miembros del 27 batallón de infantería, además de acordar un mecanismo de atención médica para los familiares de los 43 jóvenes y para elaborar un segundo diagnóstico para el estudiante Aldo Gutiérrez, quien se encuentra en estado muy grave.
El grupo de trabajo de la CIDH, cuya tercera visita está programada para el próximo primero de mayo, está integrado por Beristain, quien se desempeña como médico y psicólogo; Francisco Cox Vial, abogado chileno; la colombiana Ángela Buitrago, quien es abogada y socióloga, y el también jurista colombiano Alejandro Valencia Villa.

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