viernes, 28 de noviembre de 2014

Modificarán esquema de los salarios mínimos; dejarán de estar indexados


Fabiola Martínez, Rosa E. Vargas, Alonso Urrutia y Patricia Muñoz
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2014, p. 12
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dijo que la desvinculación del salario mínimo de otros factores de la economía será benéfica para fortalecer el valor de este pago, sin que ello afecte a la economía.
Al término de la presentación del decálogo de seguridad y justicia emitido por el presidente Enrique Peña Nieto, precisó que el desarrollo económico, especialmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, es una prioridad impostergable porque en esas entidades el empleo informal o el subempleo alcanza niveles de casi 80 por ciento de la población económicamente activa.
Señaló que el proyecto para desvincular el salario mínimo está listo desde hace un año y la iniciativa correspondiente será presentada al Congreso de la Unión la semana próxima.
Una vez que se desindexe el salario mínimo de otras unidades de cuenta como multas, sanciones, prestaciones, vacaciones, créditos, etcétera, el salario mínimo tendrá flexibilidad para poder crecer sin que esto afecte al resto de la economía, dijo Navarrete Prida.
La Cámara de Diputados definirá el nombre de esta nueva unidad de cuenta y tendrá qué estar vinculada seguramente a Udis, a índice de precios, a otro tipo de circunstancia que no tenga que ver con salario mínimo fijado por la comisión nacional respectiva, agregó.
En tanto, representantes obreros y patronales ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) sostuvieron que la iniciativa del gobierno federal para modificar el esquema de los salarios mínimos y desvincularlos como unidad de cuenta impactará en los créditos que otorgan las instituciones financieras y otras como Infonavit y Fovissste, por lo que se tendrán que cambiar los contratos y esquemas de financiamiento, además de que se modificará el formato bajo el cual cada año se incrementaban el monto de estos los créditos, conforme el porcentaje de aumento de los mínimos.
Representantes obreros y patronales ante la Conasami plantearon lo anterior y sostuvieron que a la par de la referida iniciativa se tendrá que establecer todo un esquema para apoyar esta desvinculación, y en este sentido se estableció la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos.
Los representantes ante la Conasami se instalaron ayer en sesión permanente para establecer los incrementos a los mínimos para 2015. No obstante el anuncio presidencial, el aumento para el próximo año será en las mismas condiciones que en años anteriores, conforme a la inflación, hasta que se ponga en marcha el nuevo esquema.

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Marchas en Zumpango y Chilpancingo por Ayotzinapa

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Familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde hace dos meses, apoyados por integrantes de la Ceteg y otras organizaciones, marcharon en Chilpancingo y concluyeron con un mitin en Casa Guerrero, la residencia oficial del gobernador Rogelio Ortega MartínezFoto Sergio Ocampo
Sergio Ocampo y Héctor Briseño
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2014, p. 14
Chilpancingo, Gro.
Más de 8 mil personas participaron en dos marchas efectuadas en los municipios de Zumpango y Chilpancingo, en demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala y en solidaridad con sus padres, que los buscan desde entonces.
En la cabecera municipal de Zumpango de Neri, ubicada a 10 kilómetros de esta capital, más de 4 mil personas participaron en una de las marchas más numerosas de los años recientes, según los organizadores.
No sólo se demandó la presentación con vida de los normalistas, sino justicia para las decenas de ciudadanos de Zumpango que han sido desaparecidos o ejecutados por grupos de la delincuencia organizada.
Al término de la protesta, los padres de los desaparecidos se trasladaron al zócalo de Chilpancingo, donde efectuaron un mitin de agradecimiento a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), que los ha acompañado en los dos meses transcurridos desde la agresión contra los muchachos en Iguala.
Posteriormente se inició una marcha de más de 4 mil personas rumbo a Casa Guerrero, residencia del gobernador Rogelio Ortega Martínez, cuya esposa, Rosa Icela Ojeda, los esperaba con una bandera blanca, pero los manifestantes le pidieron que se retirara.
Frente a la puerta 3 de Casa Guerrero se llevó a cabo el mitin; la madre de uno de los desaparecidos reclamó al titular del Ejecutivo que haya enviado a su esposa: ¿Le faltan güevos al gobernador? ¿Por qué manda a su esposa?, dijo entre aplausos.
Otro padre de familia consideró una provocación que las puertas de Casa Guerrero estuvieran abiertas para que los manifestantes ingresaran a cometer disturbios, pero no somos como ustedes, les dijo.
No obstante, unos 30 integrantes de la avanzada magisterial ingresaron a la residencia y realizaron pintas en demanda de la presentación de los 43 estudiantes y contra el gobernador, entre otras. Después de media hora abandonaron el inmueble.
Otro papá pidió que el presidente Enrique Peña Nieto deje el poder porque no ha resuelto el problema y denunció que el gobierno se burla del dolor de los familiares de los muchachos. Luego agradeció a la Ceteg el apoyo brindado: Son nuestro brazo derecho.
Más contundente fue otro padre, que advirtió del hartazgo de la sociedad por las desapariciones y la violencia, y de plano dijo que se atuvieran a las consecuencias, porque habrá revolución si no presentan con vida a sus hijos.
Ramos Reyes Guerrero, dirigente de la Ceteg, le dijo a los padres de familia que no se levantará el movimiento hasta que regresen con vida sus hijos, lo que demostraría que no hay división en el magisterio opositor. La protesta concluyó a las 14:30.
Cuando los contingentes regresaban al zócalo –donde mantienen un plantón desde el 8 de octubre– se encontraron con José Natividad Calixto Díaz, ex dirigente de la sección 14 del SNTE, a quien le gritaron charro y ratero; también pintarrajearon y quebraron un vidrio a la camioneta blanca en la que viajaba el también ex diputado local.
En Acapulco, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense tomaron la caseta de La Venta desde las siete a las 12 horas. Al mediodía, la conductora de un vehículo se negó a dar cooperación y comenzó a insultar a los manifestantes. Éstos le impidieron el paso por varios minutos. La mujer le reclamó a un fotógrafo de prensa estar del lado de los manifestantes.

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Normalistas de Atequiza detallan agresiones que recibieron de policías

Juan Carlos G. Partida, Ernesto Martínez, Elio Henríquez y Rubén Villalpando, corresponsales
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2014, p. 14
Estudiantes de la Normal Rural Miguel Hidalgo, de Atequiza, denunciaron que policías de la Fuerza Única Jalisco (FUJ) los golpearon, persiguieron, amedrentaron con pistolas desenfundadas, retuvieron en la carretera a bordo de un camión, y les quitaron equipo de cómputo, celulares y hasta dinero en efectivo.
Las agresiones ocurrieron la noche del miércoles en dos frentes: durante el desalojo de un plantón en la carretera Santa Rosa-La Barca, adonde los estudiantes acudieron en apoyo a una protesta de productores de maíz, y en la carretera entre Poncitlán y Ocotlán, donde fue interceptado un camión con 60 alumnos que se dirigían a apoyar a los manifestantes.
(Unas nueve) mujeres nos refugiamos en un local abandonado a un lado de la carretera, nos metimos y la FUJ entró. A todas nos sacó, nos hincaron, nos dijeron que ya habíamos valido madre, relató una de las estudiantes sobre lo sucedido en el desalojo en La Barca.
“Llegó un señor (vestido de civil), me señaló y les dijo ‘Ella nos va a chingar, porque trae videos’. Entonces el que dirigía la FUJ me tomó de los cabellos y me arrastró varios metros, me alejó de mis compañeras que permanecían hincadas, me preguntó que quién me había mandado, a qué me dedicaba, por qué estaba allí, y me aseguró que tenía tres años de prisión, porque grabar a un policía es un delito”, agregó.
La normalista afirmó que después fue tomada del cabello por el mando policial, quien la llevó de regreso junto a sus compañeras y fue obligada de nuevo a hincarse. “Luego nos levantaron a todas con palabras grotescas, vulgares, ‘hijas de la chingada’; nos llevaron caminando al borde de la carretera y nos sentaron, nos pidieron nuestras identificaciones”, narró.
En su bolso llevaba una tableta en la que había grabado video y tomado fotos: todo se lo quitaron. También se quejó de haber recibido un golpe a un costado del tórax.
Mientras eso sucedía, los normalistas que iban de apoyo en el autobús que fue retenido por otro grupo de la FUJ entre Poncitlán y Ocotlán fueron amenazados por los policías que les impidieron el paso y los retuvieron casi hora y media, antes de obligarlos a regresar a la normal en Atequiza, a la que llegaron custodiados por patrullas.
Las denuncias de los normalistas de Atequiza fueron hechas durante una asamblea informativa en la que participaron estudiantes y padres de familia en las instalaciones del plantel.
Una de las estudiantes que iba en el autobús contó que cuando los elementos de la FUJ les cerraron el paso, algunos muchachos intentaron bajar para para hablar con los uniformados pero éstos se los impidieron y tenían las armas desenfundadas para intimidar.
“Les preguntamos que si trabajaban igual que los policías de Iguala, a lo que ellos nos contestaron: ‘Sí, trabajamos de la misma manera’”.
La madre de una de las estudiantes dijo que para levantar su voz no va a esperar ver muerta a su hija, a verla tirada o saber que desapareció de la nada y que nadie la encuentra. No puedo creer que llegaron con pistolas apuntándoles a los estudiantes desarmados. ¿Con qué derecho, quién se creen?
Protestas en tres estados
Más de 2 mil 500 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon ayer del Centro Histórico de Morelia hacia la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), donde exigieron resultados en la investigación del caso Ayotzinapa.
En tanto, más de mil 500 normalistas de Tiripetío, Cherán y Morelia marcharon en la capital del estado y realizaron un mitin frente a palacio de gobierno. Antes, unos 60 estudiantes bloquearon los accesos a la procuraduría estatal.
En Chiapas, unos 100 normalistas tomaron la delegación de la PGR en el estado, en Tuxtla Gutiérrez. En Chihuahua, maestros del movimiento Resssiste, afín a la CNTE, universitarios de Ciudad Juárez y normalistas de Parral realizaron diversas movilizaciones para recordar que se cumplieron dos meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas.

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Retórica, promesas y nuevas leyes a dos meses de Iguala

PROCESO 


27 de noviembre de 2014
Destacado
Una cruz que recuerda a los normalistas en Iguala, Guerrero. Foto: AP / Rebecca Blackwell
Una cruz que recuerda a los normalistas en Iguala, Guerrero.
Foto: AP / Rebecca Blackwell
MÉXICO, D.F. (apro).- A dos meses de la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sin presentar ningún avance en el caso de la tragedia de Iguala, el primer mandatario Enrique Peña Nieto anunció diez medidas emergentes y hasta se sumó al lema #TodosSomosAyotzinapa, pero sin asumir ninguna responsabilidad de la federación ante los hechos.
En su mensaje, Peña Nieto prometió lo siguiente:
1.-El lunes enviará iniciativa de reforma constitucional para expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en los servicios municipales. Para que la federación pueda involucrarse en esos casos. “Se tendrán elementos eficaces para intervenir cuando exista colusión con el crimen organizado en autoridades municipales”, afirmó.
2.-Se redefinirán con “absoluta precisión y claridad” las competencias de cada autoridad en el combate al crimen organizado. “Cuando la responsabilidad es de todos, en realidad es de nadie”, mencionó. En los últimos años se ha reformado varias veces la Constitución y hay dispersión en varios tipos penales, afirmó Peña Nieto.
3.-Creación obligatoria de policías estatales únicas. “Llevamos años debatiendo este tema y hasta hoy hemos sido incapaces”, arengó Peña. Enviará el lunes una iniciativa de reforma Constitucional para crear las policías estatales únicas. Reconoció que esto representará un “enorme reto presupuestal”. Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas serán los primeros estados.
4.-Acelerar la creación de un teléfono único para emergencias a nivel nacional. Para pedir auxilio en casos de urgencia. Propuso al titular de la SCT que sea el 911, por ser el más utilizado a nivel internacional.
5.-Establecimiento de una “Clave única de identidad”. México carece de un registro confiable de su población, admitió Peña.
6.-Operativo especial en Tierra Caliente. A partir de él se desplegarán fuerzas especiales en Guerrero y Michoacán. No especificó si esto representará un mayor número de militares.
7.-Acciones y reformas adicionales para hacer efectiva el derecho humano de acceso a la justicia.
8.-Conjunto de acciones para fortalecer y poner al día la protección a los derechos humanos: leyes para tortura y desaparición forzada; fortalecer los protocolos y procedimientos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial para que las investigaciones sean imparciales y oportunas.
Reconoció el trabajo que realiza la Suprema Corte de Justicia y reitera la autonomía de la CNDH.
9.-La pronta aprobación de diversas leyes y reformas en materia de combate a la corrupción: decidido respaldo al Sistema Nacional Anticorrupción que debaten las distintas fuerzas políticas, que incluye esquema de vigilancia de las autoridades; fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación; la creación de un fiscal anticorrupción nombrado por el Senado de la República; mecanismos ágiles para denunciar hechos anticorrupción. Propuso “sanciones ejemplares” para empresas que se coludan con autoridades o caigan en corrupción.
En materia de licitaciones, Peña indicó que se creará una nueva figura de “entidad relevante” para grandes licitaciones. Nuevos tipos administrativos para sancionar a los contratistas que evadan la ley.
10.-Promover los principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. El número y monto de los contratos de cada empresa licitante.
Estas 10 medidas tienen como objetivo fundamental “fortalecer el Estado de derecho en México”, afirmó.
Revivió las promesas de grandes inversiones en Guerrero y en otros dos estados del sur de México en el Programa Nacional de Infraestructura para introducir “el gas natural, por primera vez” a estas entidades (Guerrero, Oaxaca y Chiapas).
Para crear nuevos polos de desarrollo propuso crear tres zonas económicas especiales: el Corredor Industrial Interoceánica (Itsmo); la segunda en Chiapas; y entre el puerto Lázaro Cárdenas y Guerrero.
Deberán tener infraestructura moderna, facilidades adicionales y descuentos en los impuestos y contribuciones al IMSS y al Infonavit. Las “zonas económicas especiales” son eficaces para atraer inversiones extranjeras.
Publicará un decreto para dar “un trato fiscal diferenciado” para los productores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

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Difícil creer en proyecto de Peña: HRW

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2014, p. 19
La efectividad del gobierno para abordar la enorme y grave crisis de derechos humanos que enfrenta México está en su capacidad de mostrar resultados, no en los anuncios y promesas de lo que va a hacer, y que en teoría debía ya haber hecho”, sostuvo Human Rights Watch (HRW).
Al comentar el anuncio hecho ayer por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de justicia y seguridad, el organismo internacional señaló que es difícil tomar con seriedad y otorgar credibilidad al proyecto de Peña en materia de derechos humanos, debido a que buena parte de ellos trata sobre compromisos y planes que supuestamente ya estaban en curso.
Por ejemplo, dijo, al comenzar su gestión, accediendo a un reclamo de la sociedad civil nacional e internacional, el presidente de México asumió el compromiso de crear un mecanismo para la búsqueda de los miles de desaparecidos como una de las tareas principales de su administración.
Y este jueves anuncia que se creará un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas y un sistema nacional de información genética. También ocurre la misma reiteración de propuestas acerca del compromiso de revisar la definición del delito de desaparición forzada en distintas normas penales

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Tuiteros se burlan de decálogo por la paz de Peña

PROCESO 


27 de noviembre de 2014
Destacado
Uno de los memes alusivos a las propuestas del Ejecutivo. Foto: Tomada de Twitter
Uno de los memes alusivos a las propuestas del Ejecutivo.
Foto: Tomada de Twitter
MÉXICO, D.F. (apro).- Apenas terminó el presidente Enrique Peña Nieto de presentar su decálogo por la paz, las huestes priistas salieron combatir en el único medio que no han podido controlar: las redes sociales.
Desde sus cuentas de Twitter, dependencias oficiales diputados, senadores, secretarios federales, gobernadores, presidentes municipales, agrupaciones y simpatizantes priistas crearon y nutrieron el hashtag “#PorUnMéxicoEnPaz” que por momentos llegó a colocarse en el segundo lugar de los Trending Topic de Twitter.
“En este importante momento reconocemos que trabajar #PorUnMéxicoEnPaz significa trabajar a favor de la educación”, tuiteó el secretario de Educación Emilio Chuayffet.

“La paz se construye con desarrollo, en la @SENER_mx trabajamos en mejorar la infraestructura energética del país #PorUnMéxicoEnPaz”, escribió el secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell.
“Las medidas del Pdte. @EPN fortalecerán capacidades institucionales de seguridad pública para mejorar el Edo. de Derecho #PorUnMexicoEnPaz”, se lee en el time line de la Secretaría de Marina.
“Con 10 medidas el @Gobrep fortalecerá capacidades institucionales en seguridad, procuración y administración de justicia. #PorUnMéxicoEnPaz, publicó la secretaria de Turismo Claudia Ruiz Massieu.
“#Video La justicia que queremos incluye también la reducción de la pobreza: @EPN Mensaje #PorUnMéxicoEnPaz http://bit.ly/1vUl6C1”, tuiteó la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles…
El ímpetu de los priistas no logró despojar de su sitió la etiqueta #YaMecansé que se ha mantenido en primer lugar de las tendencias nacionales –con algunos descensos momentáneos—desde el pasado 7 de noviembre, cuando el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam culminó la rueda de prensa en la que dio a conocer los avance de las investigaciones de los normalistas desaparecidos, con esa frase.
Apenas anunció el presidente el facsímil del 911 estadunidense, que sustituirá al 066 creado en la administración de Felipe Calderón para atender las emergencias de los mexicanos, los tuiteros expresaron su opinión sobre la “nueva” medida a través del hashtag “#EmergenciasMexicanas911”.
Los tuiteros describieron, en broma y con sarcasmo, algunas de las llamadas que podrían recibirse en el número de emergencias. Estos son algunos de los comentarios que hicieron:
@ElChilaquilsoy: -911 diga guero
-Me están madreando unos polis
-Ya van refuerzos pa que lo madreen bien
#EmergenciasMexicanas911
@Malakatonche: -911
-Policías están deteniendo a estudiantes con violencia
-No mire, no tome fotos, no se queje, cuelgueyá.
#EmergenciasMexicanas911
@elnitaPP: “Osea: La SUper Estrategia, fue solo cambiar el número d emergencias?? #EmergenciasMexicanas911 ? No pos wow #YaMeCanse”
@MauricioAke1 : -#EmergenciasMexicanas911
-Cuál es su emergencia?
-Estoy a punto de dar a luz
-Vaya al Seguro Social
-Aquí estoy, no me quieren atender
Los tuiteros también desataron su creatividad con los memes a través de esta etiqueta y #MensajeEPN que en un inicio fue utilizada pos simpatizantes priistas para apoyar al mandatario.
Pasadas las 18:00 horas el hashtag “#PorUnMéxicoEnPaz” salió de la lista de las tendencias nacionales, mientras que “#EmergenciasMexicanas911” se mantenía en tercer lugar, #MensajeEPN en sexto y #YaMeCansé, se mantiene en el primero.

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Un discurso de 36 minutos para saber cómo salir de la emergencia


Rosa Elvira Vargas, Alonso Urrutia y Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2014, p. 5
El Zócalo luce apacible, sin las expresiones de la revuelta ciudadana que trae agitado al país desde hace dos meses por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En esta ocasión está enrejado por el Estado Mayor Presidencial para que los poderes de la República se reúnan –sin posibilidad de que haya protestas– en la intimidad de Palacio Nacional a escuchar la ruta presidencial para salir de la emergencia.
Iguala ha partido en dos este sexenio. El propio presidente Enrique Peña Nieto lo asume: Después de Iguala, México debe cambiar, enfatiza en el preámbulo de una pieza oratoria con tintes refundacionales. Un discurso casi de toma de protesta.
Sólo que ahora lo hace en un entorno sombrío, quizá el episodio nacional más doloroso en lo que va del milenio, que lo lleva a recoger, como padre de familia y como ciudadano, aunque con cierto pudor, el grito: ¡Todos somos Ayotzinapa!
Y también lo hace con prudente olvido de un grito similar surgido en mayo de 2012: ¡Todos somos 132!
El decálogo peñista para salvar el destino nacional encuentra frías respuestas en la concurrencia. Las consabidas ovaciones reverenciales, propias de cada mensaje a la nación, se quedan en tímidos y aislados aplausos que se apagan rápidamente.
No, esta vez no hay nada que aplaudir, parece ser el mensaje implícito. La República no está para complacencias. Y aunque él se empeña en mencionarlas, a estas alturas parecen muy lejanos los meses en que se anunciaba la inserción de México al primer mundo con la mera aprobación de las reformas estructurales, prioridad y obsesión del Presidente.
¡Todos somos Ayotzinapa! demuestra el dolor colectivo, asume el Presidente. Y es el único grito que recoge de las multitudinarias marchas, junto al cual siempre se lanza otro: ¡Fuera Peña!
Consigna que no merece ningún mea culpa presidencial. En la asignación de responsabilidades que reparte, los dados están cargados hacia las alcaldías, único de los niveles de gobierno donde ubica el riesgo de penetración del crimen organizado.
Así, en 36 minutos, y al cumplir casi dos años de gestión, Peña Nieto reconoce un país partido en dos: el del norte y el Bajío, que mira hacia su inserción global, y el del sur, que arrastra su marginación y su pobreza ancestrales.
Pero también concede en otros diagnósticos: llama debilidad institucional a lo que otros califican, para describir la realidad nacional, de Estado fallido.
En el patio central de Palacio Nacional se montó una escenografía propia de los grandes anuncios. El gabinete en pleno y los 32 gobernadores flanqueaban al mandatario, único orador en la ceremonia.
Con la disciplina tricolor a cuestas, el líder del Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz, acude puntual a la cita. Busca salir apresuradamente de Palacio, pero antes garantiza sin matices los votos legislativos de su partido para las iniciativas presidenciales. Así, rápido, sin conocerlas todavía.
Y aunque Guerrero es origen de las reflexiones y buena parte de los anuncios presidenciales, el gobernador interino Rogelio Ortega no se detiene a cumplir las formas. Llegó tarde a la ceremonia. Tanto, que no escuchó las reflexiones sobre Iguala. Pero eso no lo inhibe para despegarse del chat en su teléfono celular, incluso en el momento en que se anuncia la reconversión económica de la entidad que gobierna.
Guerrero, Chiapas y Oaxaca, con su miseria y su marginación, serán ahora prioridad gubernamental y quizá puedan motivar al Presidente a visitar Oaxaca –con todo y la rebelión magisterial contra la reforma educativa–, algo que no ha ocurrido en los dos años que lleva en Los Pinos.

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Peña propone desaparición de las policías municipales

PROCESO 


27 de noviembre de 2014
Destacado
Peña durante su mensaje esta mañana. Foto: Miguel Dimayuga
Peña durante su mensaje esta mañana.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Con un plan de diez puntos en materia de estado de derecho, principalmente iniciativas de reforma o creación de nuevas leyes, el presidente Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje a la nación para responder a los reclamos de justicia por los hechos de Iguala, Guerrero, ocurridos a finales de septiembre.
Con un discurso en el que dijo identificarse “como padre de familia” con los reclamos ciudadanos y la consigna “Todos somos Ayotzinapa”, el mandatario ofreció programas y el establecimiento de zonas económicas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca para abatir la desigualdad.
El plan contiene el envío de una iniciativa para poder extinguir gobiernos municipales cuando estén infiltrados por la delincuencia organizada y, por otra parte, una nueva reforma penal para redefinir responsabilidades en la materia.
Su decálogo plantea fortalecer la reforma constitucional en material de derechos humanos, además de generar un reglamento para la ley de víctimas y capitalizar un fondo para las indemnizaciones que correspondan a las víctimas de la violencia.
También propone la eliminación de policías municipales, reciclando la propuesta calderonista de los mandos únicos estatales.
Con la presencia de los representantes de los tres poderes, 30 gobernadores, el gabinete legal y ampliado, los organismos autónomos, los dirigentes de los principales partidos políticos, así como de magnates como Carlos Slim, y de los ciudadanos que se han adjudicado la representación de la sociedad civil, Peña encabezó un acto frío en el que, a diferencia de otras ocasiones, sólo fue interrumpido una vez con un tibio aplauso.
El presidente fue el único orador en el evento denominado “Por un México en paz con justicia, unidad y desarrollo”, en el que las referencias discursivas llamaron a la unidad de los mexicanos a fin de cambiar el rumbo del país y, aunque al final del acto se refirió a sus “reformas trasformadoras” generadas en los primeros 20 meses de gobierno, admitió que México aún encara graves rezagos y desafíos.
El 911
En su plan de diez puntos, el Ejecutivo federal incluyó la creación de un número de emergencia único, sometiendo a la consideración del Instituto Federal de Telecomunicaciones que este sea el 911.
Además, planteó un programa de mejora para la renovación de cédulas de identidad, entre otros aspectos.
También propuso agilizar la promesa de crear mecanismos anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, aunque no se refirió en ningún momento a los señalamientos por su relación de amistad y negocios con el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, a su vez propietario de la mansión de Angélica Rivera en Las Lomas de Chapultepec.
No obstante, Peña ofreció un programa de mayor transparencia en el tema de los contratistas, una iniciativa para sancionar la corrupción de éstos y un portal único para la ventilación de licitaciones y contratos de obras y servicios.
Con el anuncio de mayor presencia policiaca en varias entidades con problemas de inseguridad, entre ellas Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guerrero, Peña Nieto sostuvo que si en algo coinciden los reclamos de marchas y pronunciamientos de diferentes actores sociales es que México debe cambiar.
En esas entidades, además de la presencia federal, el presidente adelantó que será donde más rápidamente se pondrán en marcha los mandos únicos estatales.
Luego añadió que el próximo año presentará otra iniciativa para el establecimiento de una zona económica en Chiapas, Oaxaca y Guerrero para impulsar el desarrollo industrial de esas entidades.

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En Guerrero, otro hallazgo de restos, ahora en Ayahualulco

Sergio Ocampo Arista y Gustavo Castillo
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2014, p. 16
Chilpancingo, Gro.
Los cuerpos de 11 hombres, ejecutados, decapitados y semicalcinados fueron encontrados la mañana del jueves en las inmediaciones de la carretera que conduce al poblado de Ayahualulco, municipio de Chilapa, informaron fuentes del gobierno de Guerrero.
Revelaron que desde la noche del miércoles tuvieron lugar, en puntos distintos de Chilapa, ubicado en la región de la Montaña Baja, enfrentamientos entre dos grupos del crimen organizado que se disputan la plaza. Indicaron que la refriega más fuerte se suscitó alrededor de las 16 horas de este jueves en la comunidad de El Paraíso, del mismo municipio, sin que hasta ahora se conozca si hubo heridos o muertos.
La mañana de este jueves, cerca del módulo de la policía municipal de Chilapa, a unos 100 metros de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, fueron hallados los cadáveres de 11 hombres ejecutados, decapitados y quemados con combustible.
Junto a los restos había 75 casquillos percutidos: 35 de calibre 7.62; 37 de 2.23 y tres de pistola calibre 9 milímetros. A unos metros de distancia había una manta con el mensaje: “Ahí les va su basura ja ja ja… Putos Ardillos chaqueteros de mierda. Atte. La mera riata”.
Los cuerpos fueron trasladados a Chilpancingo en tres camionetas de la policía ministerial del estado.
Atrae el caso la PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación del homicidio de las 11 personas, informó el encargado de despacho de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Rodrigo Archundia Barrientos. Los cadáveres serán trasladados a la ciudad de México para practicarles exámenes de ADN.
Al cierre de la edición, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, sostenía un encuentro con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, donde de acuerdo con funcionarios de la dependencia federal dialogaban sobre la atracción del caso y temas relacionados con la violencia que afecta esa entidad.

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Plagio en Cocula que reporta AFP, difundido por Proceso hace 16 meses


27 de noviembre de 2014
Nacional
Militares en Cocula, Guerrero. Foto: Octavio Gómez
Militares en Cocula, Guerrero.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El plagio de 17 personas ocurrido el 2 de julio de 2013 y que hoy difundió AFP, fue publicado en exclusiva por este portal en aquella fecha y retomando por medios nacionales un día después.
Inclusive, ante la difusión de esa información, en aquel momento el Ejército sólo confirmó el secuestro de seis personas.
A continuación se reproduce la nota que el corresponsal Ezequiel Flores escribió para este portal el 2 de julio del año pasado.
CHILPANCINGO, Gro., (proceso.com.mx).- El alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza, informó que un grupo de 50 hombres armados irrumpió en diferentes comunidades de este municipio de la Zona Norte de la entidad y levantó a 17 personas, entre ellos mujeres, hombres y estudiantes.
La acción delincuencial se registró ayer entre las cinco y seis de la mañana, refirió el edil priista, quien señaló que el grupo criminal se desplazaba en un convoy de más de 10 vehículos y escapó rumbo a la sierra sin que ninguna autoridad se percatara de su presencia, a pesar de que en esta zona existe presencia militar y de policías estatales.
Entrevistado en esta capital, el edil se declaró incompetente para confrontar a la delincuencia, como lo han declarado sus homólogos perredistas, priistas y panistas de la colapsada Zona Norte, conformada por 16 municipios de los 81 existentes en la entidad.
Reprochó que desde hace meses ha solicitado ayuda al gobierno estatal federal para reforzar la seguridad en su municipio, pero su demanda no ha sido atendida.
Lo anterior, a pesar de que el martes 18 de junio el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció el reforzamiento de la seguridad en la región norte debido a que la delincuencia tiene sometidos a los alcaldes y asfixiada a la sociedad.
Incluso, el propio alcalde de Cocula no ha quedado exento de los embates de la delincuencia, ya que el seis de junio fue atacado por un grupo de sicarios en una brecha de terracería entre las comunidades de Nuevo Balsas y Las Mesas.
De acuerdo con reportes del periódico El Sur, los hechos de violencia registrados en esta zona están asociados a la disputa entre cárteles del narcotráfico por el control de los territorios de la región norte de Guerrero que tienen conexiones con la zona de Tierra Caliente y con el municipio serrano de Tlacotepec, así como con los estados de Morelos, Puebla y México.
Cocula es considerado clave en las rutas del trasiego de drogas y armas hacia los territorios de la sierra, señalados como los mayores centros de producción de enervantes.
Esta mañana, Carola Solé, periodista de la agencia AFP, dio como exclusiva esa información.

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Acepta Ortega la desaparición de 30 jóvenes; fue en 2013, dice

Rosa E. Vargas, Fabiola Martínez y Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2014, p. 18
El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, sostuvo ayer en entrevista que la desaparición de treinta estudiantes de una escuela en el municipio de Cocula –contiguo a Iguala– ocurrió el 2 y 3 de julio del año pasado. Sin embargo, no quizo abudar en detalles porque no se cuenta con mayor información al respecto.
Cuestionado sobre el reportaje que la víspera emitió la televisión francesa, en el que se recoge el testimonio de un familiar de los presuntos desaparecidos denunciando el hecho, Ortega señaló que en su momento eso se documentó en el portal del gobierno del estado de Guerrero, a pesar de que no hubo denuncia.
En el reportaje de la emisora francesa se afirma que la desaparición de los 30 adolescentes no ha trascendido en virtud de que el crimen organizado habría amenazado con matarlos si se denunciaba el caso. Durante la entrevista, realizada en Palacio Nacional, en el contexto del mensaje presidencial para anunciar nuevas medidas contra la inseguridad en el país, el gobernador guerrerense no quizó abundar más en el tema, aunque se le preguntó si los jóvenes fueron liberados.
De forma escueta, valoró que los anuncios del presidente Enrique Peña Nieto, que impactan de forma importante a Guerrero, son positivos, y mencionó que en la entidad es viable la aplicación del mando único policial.
Ortega se dijo optimista con los anuncios que competen a su estado, y aseveró que trabajarán conjuntamente con el gobierno de Michoacán en torno a los proyectos que involucran a ambas entidades.

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La PGR citará a periodista francesa por presunta desaparición de 31 estudiantes en Cocula

Una de las madres de los jóvenes desaparecidos en Cocula. Foto: France24
Una de las madres de los jóvenes desaparecidos en Cocula.
Foto: France24
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que citará a declarar a la periodista Laurence Cuviller por reportar la presunta desaparición de 31 estudiantes de la escuela secundaria Justo Sierra ubicada en Cocula, Guerrero.
En un comunicado, la dependencia aclaró que la intención de citar a Cuviller es recabar más información sobre el caso.
El martes pasado, el canal de televisión France 24 informó que dos meses antes del caso de los 43 normalistas en Iguala, otros 31 jóvenes del vecino municipio de Cocula fueron desparecidos por la delincuencia.
En consecuencia, la PGR acotó:
“En declaración Ministerial celebrada el día de hoy, el Director de la escuela secundaria ‘Justo Sierra’, ubicada en el poblado de Cocula, Guerrero, Ricardo Lagunas Alejo, señaló que en los cuatro años que se ha desempeñado en ese cargo dentro de la institución educativa, no tiene conocimiento de que algún alumno haya desaparecido, contando actualmente con una población de 145 estudiantes.
“Asimismo, el supervisor de la Zona Escolar 05, que abarca los municipios de Iguala, Cocula y Tepécua, Maestro Salvador Román, refirió ante elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal, no tener reporte alguno sobre la desaparición de alumnos o ningún incidente relacionado con las escuelas bajo su supervisión”.

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Solidaridad, piden familiares de los 11 detenidos en el Zócalo

Eirinet Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2014, p. 17
Xalapa, Ver., Activistas y familiares de siete de los 11 detenidos en el Zócalo de la ciudad de México el pasado 20 de noviembre se manifestaron este jueves en las oficinas del juzgado 17 del Poder Judicial de la Federación para exigir su liberación. Tras la detención de 11 personas en la manifestación, la autoridad consignó a este juzgado a siete, quienes fueron recluidos en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz. Juan Francisco López Nepomuceno, padre de Juan David López Ávila, de 18 años de edad, consideró injusto el tratamiento que han dado a su hijo: acaba cumplir 18 años y lo tienen preso con delincuentes famosos; eso no puede ser. Pidió a la población solidaridad con las familias de los desaparecidos y con los presos políticos

"Vergüenza", que a los 11 del Zócalo les achaquen delitos peores que a Abarca


Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2014, p. 18
El rector de la Universidad Iberoamericana (Uia), David Fernández, consideró una vergüenza que a los 11 jóvenes detenidos el pasado 20 de noviembre se les achaquen delitos peores que al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, quien está arraigada.
No es tolerable que esto ocurra, dijo, al considerar que hay animadversión sistémica contra los jóvenes, quienes no tienen más remedio que responder.
Al término del consejo nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, indicó que hay evidencias de que los 11 detenidos no fueron los agresores.
Por su lado, el rector de la Universidad de Guadalajara, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, consideró que la indignación y la protesta deben llevarse a un límite en el que no haya hechos violentos, en tanto que el gobierno no tiene por qué criminalizar las protestas.
En relación con el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, señaló que algunas de las medidas van en la perspectiva de cambiar el Estado, pero otras seguramente son insuficientes y limitadas.

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Presidencia mintió sobre la remodelación de Los Pinos

Kerry y Peña Nieto. Los Pinos sin las columnas calderonistas. Foto: Especial
Kerry y Peña Nieto. Los Pinos sin las columnas calderonistas.
Foto: Especial
Dos años lleva la Presidencia de la República negando que se haya reconvertido la casa Miguel Alemán –habilitada por Vicente Fox como oficinas– en un palacete para Enrique Peña Nieto y su familia. Sin embargo, en una entrevista sobre la polémica propiedad de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, el vocero Eduardo Sánchez admitió que el mandatario vivió en ésta mientras se remodelaba la residencia Miguel Alemán en Los Pinos. Así evidenció que las respuestas oficiales dadas a Proceso, donde se niega la existencia de las obras, son simples mentiras. Con ellas, Peña Nieto viola la Ley Federal de Transparencia y el Código Penal Federal.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El vocero del presidente Enrique Peña Nieto, Eduardo Sánchez Hernández, reconoció públicamente el 19 de noviembre pasado que se remodeló la residencia Miguel Alemán, en Los Pinos, para transformarla de oficinas a casa habitación de Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, después de que la Presidencia ha negado esa transformación durante dos años.
En un intento de disminuir la crisis generada por la revelación del presunto conflicto de interés por la Casa Blanca –de la que Rivera se dice propietaria pero que está a nombre de una filial de Grupo Higa, uno de los principales contratistas de los gobiernos de Peña Nieto, el mexiquense y el federal–, Sánchez abrió un nuevo frente sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas del jefe del Ejecutivo federal.
En septiembre último este semanario reveló que a inicios del presente sexenio la residencia Miguel Alemán, que abarca más de 5 mil metros cuadrados y se usaba como complejo de oficinas en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, fue radicalmente remodelada y adaptada con nuevo mobiliario, al estilo de un lujoso palacete para el presidente y su familia (Proceso 1976).
Al admitir que se remodeló la residencia Miguel Alemán, el vocero presidencial tácitamente reconoció que la administración de Peña Nieto ocultó a la opinión pública la obra y los recursos del erario que se gastaron en ella.
El miércoles 19, la periodista Carmen Aristegui entrevistó al vocero en su noticiero radiofónico transmitido por MVS. Sobre la Casa Blanca, que Rivera dice estar pagando con recursos personales pero en el Registro Público de la Propiedad aparece a nombre del contratista, sin hipoteca alguna, la periodista preguntó: “¿Asiste el presidente Peña Nieto a la casa de Sierra Gorda?”.
Sánchez respondió: “El presidente Peña Nieto, recordarás, Carmen, que al principio de la administración, cuando la casa Miguel Alemán, en la residencia oficial de Los Pinos, que está destinada a albergar a la familia presidencial, había sido ocupada para oficinas y en tanto se estaba haciendo esa modificación, el presidente de la República tuvo su domicilio ahí (en la casa de Sierra Gorda)”.
Persistente negación
Desde antes de la transición gubernamental entre las administraciones de Felipe Calderón y Peña Nieto, fuentes vincu­ladas al primer círculo de este último comentaron sobre la remodelación de la residencia Miguel Alemán.
Al inicio de la administración de Vicente Fox, con el supuesto fin de acabar con la imagen de una “presidencia imperial”, la construcción donde vivían los presidentes desde la década de los cincuenta fue transformada en oficinas del mandatario y de su equipo, con salas de espera y de juntas, así como comedores para visitas oficiales.
En la transformación de la residencia Miguel Alemán y de dos cabañas que fueron acondicionadas para que las habitaran Vicente Fox y su familia, se gastaron más de 61 millones de pesos. La administración calderonista mantuvo el uso burocrático de esos espacios.
Ya que tiene autoridad administrativa y la responsabilidad del uso del inmueble, la Presidencia autorizó la mencionada remodelación para reconvertir nuevamente las oficinas en residencia al gusto de la familia Peña-Rivera. Pero lo hizo sin explicación, en la opacidad absoluta.
Una investigación realizada por Proceso durante dos años documentó, incluso con fotografías de la propia Presidencia, los notorios cambios al inmueble.
Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014 se hicieron cinco solicitudes de información, a través de la Ley Federal de Transparencia, acerca de la remodelación y redecoración de la casa Miguel Alemán (solicitudes números 021000134112, 0210000064213, 0210000076514, 02100000 94114 y 0210000094014).
El segundo de estos requerimientos especifica:
“En diciembre de 2012 presenté la solicitud de información 021000134112, en la que pedí los contratos, convenios o cualquiera que fuera la modalidad para la realización de remodelaciones en Los Pinos, incluyendo la residencia Miguel Alemán y las cabañas que han servido de casa habitación para el presidente y su familia desde el sexenio de Vicente Fox.
“La Presidencia no informó sobre los trabajos de remodelación que actualmente se llevan a cabo para adecuar las instalaciones a las necesidades del presidente Enrique Peña Nieto y su familia, así como las actuales remodelaciones a oficinas que se están llevando a cabo en Los Pinos.
“La propia esposa del presidente, la primera dama Angélica Rivera, en la entrevista concedida recientemente a la revista Hola, afirmó que se estaban llevando a cabo remodelaciones en Los Pinos.
“Con base en la Ley de Transparencia solicito que la Presidencia de la República me informe desde qué día comenzaron las remodelaciones que se están realizando en Los Pinos con motivo de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, así como de su familia. Solicito el desglose detallado de qué trabajos específicos se están realizando, en qué edificios y áreas de Los Pinos se están haciendo dichos trabajos y cuándo serán concluidos cada uno de ellos.
“Solicito copia del documento, minuta o cualquiera que sea la modalidad en la que se autorizaron dichos trabajos y bajo qué criterio. Así como el plan de obras, si es que éste existe.”
Como respuesta a esta y las otras solicitudes, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección General de Finanzas y Presupuesto y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependientes de la Coordinación General de Administración de la Presidencia, afirmaron que no existía tal remodelación en la residencia Miguel Alemán.
Aseguraron, también oficialmente, que no existía ningún registro documental, ni de ningún tipo, del contrato de servicios y presupuesto destinado a la “remodelación, adecuación o construcción de dicho inmueble”.
No obstante, las fotografías de antes y después de los trabajos muestran el dramático cambio: se demolieron cuatro columnas de cantera monumentales que enmarcaban el recibidor de la residencia; se quitaron los plafones falsos y la instalación eléctrica propia de oficinas, y se construyeron nuevos baños, recámaras, clósets, vestidores y estancias para la familia Peña-Rivera.
El nuevo menaje
Para atender los gustos de los nuevos inquilinos se le quitó a la residencia el estilo mexicano contemporáneo que se le impuso en la costosa remodelación realizada en el inicio del sexenio de Fox, y se le dio el aspecto de palacete.
Se decoró con nuevo mobiliario de estilos Luis XV y provenzal. Se amueblaron las salas con sofás y sillones de tapices capitonados, de terciopelo y telas con brocados. Se eligieron mesas doradas y plateadas. Se cubrieron paredes con tapices de brocados y rayas, y se colgaron en los grandes ventanales, algunos de doble altura, cortinas con cenefas drapeadas tipo imperial en forma de cascada. Se colocaron cuadros y tapetes de tipo persa.
En dos de las solicitudes de información interpuestas por Proceso con base en la Ley de Transparencia se pidió a Los Pinos el monto erogado, las facturas y los correspondientes registros –en el inventario que por ley se lleva en todos los inmuebles públicos– de las cortinas, muebles, floreros y demás adornos que se ven en las fotografías de la residencia Miguel Alemán publicadas en internet por la Presidencia.
A través de la Secretaría Particular de Peña Nieto, el Estado Mayor Presidencial y la Dirección de Finanzas y Presupuesto, la Presidencia respondió que no tenía información sobre esos bienes.
La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales contestó que los muebles, adornos y cortinas “son propiedad particular perteneciente a la familia que ocupa el inmueble”, pero no entregó documentos de prueba; además, se negó a proporcionar las bitácoras de registro de cuando fueron ingresados a Los Pinos los muebles y objetos decorativos supuestamente propiedad de la familia Peña-Rivera.
Según la declaración patrimonial que Peña Nieto hizo pública la semana pasada, entre propiedades, obras de arte y joyas, es dueño de un menaje con valor de 1 millón de pesos. Pero los muebles y cortinas que se encuentran en la residencia Miguel Alemán, y que a decir de la Presidencia son propiedad de su familia, superan con mucho esa cantidad.
El engaño en que incurre la Presidencia al ocultar la remodelación de los edificios mencionados y su costo viola la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo mismo que el Código Penal Federal.
De acuerdo con la primera, se hacen acreedores a una sanción administrativa los funcionarios que sustraigan, destruyan u oculten total o parcialmente “información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión”.
También incurren en responsabilidad al “actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley”, y al “entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso”.
A su vez, el artículo 214 del Código Penal Federal señala que el delito “de ejercicio indebido de servicio público” lo comete aquel funcionario que “por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión”.
Lo mismo ocurre con el servidor público que “por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifiesten hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos”.
Desde septiembre pasado el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) procesa diferentes recursos de revisión interpuestos por este semanario contra la Presidencia por las respuestas mencionadas. 

La esposa de Peña adelantó en 2011 un pago que vencía en 2035

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2014, p. 12
Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, pagó por adelantado un préstamo hipotecario de 1.3 millones de dólares con el que compró un departamento en Key Biscayne, Florida, informó hoy la cadena televisiva Univisión.
La cadena, que citó como fuente registros públicos del condado de Miami-Dade, al que pertenece Biscayne, dijo que Rivera tenía de plazo hasta 2035, pero liquidó el adeudo en enero de 2011, cuando Peña era gobernador del estado de México.
El pasado martes 18, Rivera habló en televisión de sus bienes. En ese mensaje dijo que es propietaria desde 2005 de un departamento en Miami, ciudad en la que viví durante un año con mis hijas.
En ese mensaje, la esposa del Presidente omitió precisiones sobre la propiedad.
El pago total y anticipado de hipotecas es una práctica poco común en el sur de la Florida, según agentes de bienes raíces consultados, agregó el reporte de Univision. Pero aparentemente Rivera podía darse ese lujo.
De acuerdo con el informe de la televisora, difundido en su portal de noticias, el departamento 304 del condominio Ocean Tower One (799 Crandon Blvd, Key Biscayne) fue adquirido en mayo de 2005 por 1.77 millones de dólares a Elyssies Vanconcello Diniz y su esposa.
La propiedad, de tres habitaciones y cuatro baños y medio, fue registrada a nombre de la empresa Unit 304 Oto Inc, de la cual Rivera es directora, señaló Univisión.
La cadena recordó que en la fecha de la compra Rivera estaba casada con José Alberto Sáinz Castro, un productor mexicano hermano de la actriz Verónica Castro. Para cubrir el pago, la propietaria consiguió un crédito hipotecario que pagaría en cuotas hasta el primero de julio de 2035.
Seis años después de adquirir el departamento, el 12 de enero de 2011, ya separada de Castro y casada con Peña Nieto, Rivera decidió pagar la deuda pendiente al Espirito Santo Bank por un total de un millón 325 mil 500 dólares, precisó el reporte.
En 2010, un año antes de cancelar completamente el crédito hipotecario del apartamento de Key Biscayne, la actriz había declarado en México ingresos anuales por 10 millones de dólares, según Univisión.
La última telenovela de Rivera, Destilando Amor, había terminado en 2007. Univisión recordó declaraciones de la actriz, entonces retirada, de que sólo hacía campañas de promoción del gobierno estatal de Peña: Estaba dedicada a mi casa.
Los ingresos reportados por Rivera son similares a los de Meryl Streep, la actriz con más nominaciones al Óscar en la historia, señaló Univisión.
La televisora agregó que Key Biscayne “es una apacible villa de más de 12 mil habitantes con grandes mansiones y edificios de lujo. Allí viven permanentemente o pasan temporadas de vacaciones empresarios y políticos de alto rango de América Latina.
“Albergó durante años la casa de invierno del presidente Richard Nixon y ha sido residencia de varios mandatarios de la región.
“Canchas de golf y de tenis, un parque natural con hermosas playas y un club náutico son parte del paradisiaco paisaje de la isla”, como le dicen sus habitantes, separada de Miami por un viaducto que se recorre en automóvil en 15 minutos.

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Ministra española de Sanidad dimite por escándalo de corrupción


La ministra española de Sanidad, Ana Mato, presentó el miércoles su dimisión, tras haberse visto implicada en una de las mayores tramas de corrupción en España.
“He decidido presentar mi dimisión como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. No quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su presidente [Mariano Rajoy] ni tampoco al Partido Popular”, declaró en un comunicado.
Estos hechos se produjeron horas después de que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, diera a conocer un auto en el que propone juzgar a la ya exministra como partícipe, a título lucrativo, de las actividades de su exmarido Jesús Sepúlveda, por la implicación directa de éste en el caso Gürtel.
En ese auto, Ruz propuso, asimismo, llevar al banquillo a 43 de los más de cien imputados en el caso, entre ellos tres extesoreros del Partido Popular (PP), a saber: Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís.
Ruz considera al conjunto del PP como “partícipe a título lucrativo” de una red acusada de sobornar a altos cargos municipales y regionales con lujosos regalos a cambio de la obtención de contratos públicos.
Se trata de la segunda ministra del Gobierno de Rajoy en presentar su dimisión, después de que el pasado mes de septiembre Alberto Ruíz-Gallardón, extitular de Justicia, renunciara a su cartera tras la decisión del Ejecutivo de retirar el Anteproyecto de ley que preparaba su Ministerio para modificar la Ley Aído.
El caso Gürtel es un escándalo de corrupción que ha afectado al PP, a quien se le investiga por haber realizado presuntos pagos y regalos millonarios a cambio de contratos ventajosos que se les dieron a políticos de varias comunidades donde gobierna ese partido.
HispanTV 

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Nueva huelga general en Grecia contra políticas capitalistas


Los trabajadores griegos llevan este jueves a cabo una jornada de huelga general para tratar de frenar nuevas medidas de austeridad en Grecia.
Los principales sindicatos del país, tanto del sector público como del privado, llamaron a secundar una movilización a la que también se sumaron las asociaciones de comerciantes y pequeñas empresas, el transporte y los hospitales.
Las organizaciones convocantes reclamaron al Gobierno las nuevas medidas de austeridad que implicarán recortes salariales , despidos en la administración e irregularidades en el marco laboral.
El principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, también invitó a sus simpatizantes y a los ciudadanos en general a sumarse a las manifestaciones que tendrán lugar por todo el país, para convertirlas “en una gran movilización popular de resistencia contra las políticas de austeridad”.
Por su parte, los medios de comunicación llevaron a cabo su jornada de huelga, por lo que durante este jueves no habrá prensa escrita en los quioscos.
En abril pasado, Grecia vivió una huelga general contra las reformas pactadas por el Gobierno y la troika que recogen un amplio paquete de medidas como despidos, privatizaciones y liberalización de mercados a cambio de un nuevo tramo del rescate de más de nueve mil 300 millones de euros.
Este jueves, 27 de noviembre, Grecia está sumida en una huelga general.
PL 

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Ferguson, una de las ciudades más segregadas de Estados Unidos


Michael Brown no es el único joven negro que fue asesinado por un policía blanco en los últimos tiempos pese a estar desarmado. Cansados de los atropellos policiales, en su ciudad volvieron los ciudadanos a movilizarse contra el racismo institucionalizado.
En 2011, la Universidad Brown situó al área metropolitana de Saint Louis, que incluye a Ferguson, estado de Missouri, como la novena zona urbana más segregada de Estados Unidos, un resultado que poco sorprende en una región que aprobó e impulso leyes segregacionistas hasta que la Corte Suprema nacional se lo prohibió hace más de 60 años.
Recientemente, Clarissa Haywar, una profesora de Ciencia Política de la Universidad de Washington, fue aún más lejos y concluyó que “el área metropolitana de St. Louis ha sido un ejemplo extremo de la segregación racial durante 100 años”, en una entrevista con el diario Los Angeles Times.
El estudio de la Universidad Brown, del estado de Rhode Island, entiende la segregación en el país como la división de la comunidad blanca y de las minorías, mayoritariamente afroamericanos, por barrios; sin embargo, la separación racial de la que habla Haywar no se limita al ámbito residencial en esta ciudad de poco más de 21.000 habitantes.
En Ferguson, el alcalde es blanco, seis de los siete concejales son blancos, 49 de los 52 agentes que conforman la policía local son blancos y hasta 6 de los 7 miembros del Consejo Escolar de la ciudad son blancos, pese a que el 67% de la población y 78% del estudiantado son negros.
Esta disparidad también se vio reflejada en el gran jurado que el lunes pasado decidió no acusar al policía Darren Wilson por haber matado de seis tiros a Brown, quien estaba desarmado, en un hecho confuso en agosto pasado. Estaba compuesto por nueve blancos y tres negros, pese a que alrededor de la mitad de la población del condado de St. Louis es afroamericana.
Muchos analistas argumentaron en los últimos meses que el dramático nivel de segregación de Ferguson y la falta de representatividad de la comunidad negra en las instituciones públicas se debe a que en los últimos 20 años la población cambió significativamente en la ciudad y no dio tiempo a construir una nueva dirigencia.
En 1990, el 74% de los habitantes eran blancos y 25%, negros; en 2000, el 52% de la población eran afroamericanos y el 45% blancos; y para 2010, la comunidad negra representaba el 67% y los blancos eran una minoría con el 29%, según los respectivos censos.
“Mirando los índices de pobreza, es llamativo cuánto cambiaron en sólo una década”, destacó Elizabeth Kneebone, autora de un reciente informe del Brookings Institute sobre la situación socio económica de Ferguson.
“En Ferguson en el año 2000, ninguno de los barrios había alcanzado una tasa de pobreza del 20%. Pero a fines de esa década, casi todos habían alcanzado o superado esa tasa de pobreza. Eso es un cambio muy rápido en un período de tiempo muy corto”, explicó Kneebone a la agencia de noticias Bloomberg.
Clase y color de piel son dos variables que suelen coincidir en Estados Unidos, principalmente porque la mayoría de los ciudadanos negros no cuentan con las mismas oportunidades laborales y educativas que los ciudadanos blancos.
Una pequeña prueba de ello es que dos escuelas del condado de St Louis, incluida la de Michael Brown, perdieron su acreditación estatal en los últimos años, una sanción que se produce por falta de alumnos o cuando estos obtienen resultados muy bajos en los exámenes estatales.
Sin embargo, para la investigadora de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, Valeria Carbone, la evidente tensión racial y la crisis de representatividad en Ferguson no son consecuencias del rápido cambio demográfico.
“La actual tensión racial es consecuencia de una acumulación de tensiones históricas, no tiene que ver con la cantidad de negros y blancos que hay en una ciudad determinada. Algo muy similar a lo de Ferguson pasó en 1991 en Los Angeles. En los setenta, sucedió en unas 150 ciudades de todo el país y en los ochenta en Miami. Estructuralmente, siempre es la misma explicación, aunque cambia el escenario y sus circunstancias específicas”, explicó.
Una recopilación hecha por el FBI a partir de datos de apenas 750 de las 17.000 fuerzas de seguridad locales del país reveló que policías mataron a dos negros desarmados por semana entre 2005 y 2012, según publicó el popular diario USA Today en agosto pasado.
“Además, es muy difícil llegar a una posición de poder cuando el sistema no te lo permite. Especialmente cuando hay una dirigencia política como la de Ferguson que ni siquiera reconoce que existe un problema”, agregó Carbone, una especialista de Historia estadounidense que actualmente se encuentra investigando en la Universidad de Pensilvania.
Después del asesinato de Brown, de 18 años, y en medio de la ola de protestas y de brutal represión policial que le siguió, el alcalde de Ferguson, James Knowles, descartó en una entrevista con la canal de noticias MSNBC que el racismo tuviera algo que ver con lo que estaba sucediendo y aseguró que “no existe una división racial en la ciudad”.
Las autoridades municipales también rechazaron que esa “división racial” presuntamente inexistente impacte en las prácticas policiales.
Según la organización civil local Mejor Juntos, cerca de un cuarto de los ingresos de la ciudad provienen de las multas y trámites judiciales, un fenómeno común en ciudades tan pequeñas.
Sin embargo, un reciente informe del fiscal general de Missouri reveló que un 86% de las detenciones de vehículos, el 92% de los allanamientos y el 93% de los arrestos en Ferguson tienen como protagonistas a afroamericanos.
“Es una ciudad en la que la policía siente que puede hacer y deshacer a su gusto, en la que se dispara y se pregunta después, en la que no se cuestiona bajo ninguna circunstancia la autoridad policial, y en la que el accionar policial está claramente dirigido a la población negra”, describió Carbone.
Por eso, para la historiadora, la posibilidad de llevar a juicio a Wilson, el policía de 28 años que mató a Brown, era demasiado arriesgada.
“El peligro de un juicio es que en ese proceso iban a tener que comparecer todos los involucrados, y aquí todo el sistema está comprometido”, concluyó.
Telam 

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jueves, 27 de noviembre de 2014

SME 100 Años Entrevista Martín Esparza Flores