martes, 21 de febrero de 2017

Conflictos sociales amenazan proyectos de energía

El Economista 
 
Cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos sociales; de éstos, al menos 54 son del sector energético y 31 son producto de la reforma energética.
Luis Carriles
Feb 19, 2017 |
23:59

Cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos sociales; de éstos, al menos 54 son del sector energético y 31 son producto de la reforma energética, de acuerdo con una investigación de El Economista.
En los últimos cinco años, los estados en los que se han presentado más conflictos sociales por la realización de proyectos de energía son Oaxaca, con 14, seguido de Puebla, con ocho, y Veracruz y Quintana Roo, con cuatro cada uno. Las razones más importantes de los conflictos han sido la falta de consulta a las comunidades y los posibles impactos ambientales.
La falta de normatividad secundaria en la reforma energética para realizar las Evaluaciones de Impacto Social (Evis) y la falta de una Ley de Consulta Indígena han generado un vacío legal aprovechado por diversas organizaciones para frenar proyectos, poniendo en riesgo la efectividad de la reforma.
La investigación realizada tomó como base las consultas públicas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a cada proyecto, así como los informes presentados por las organizaciones civiles que se verían afectadas en caso de que se realice.
Conforme a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, es requisito presentar una Evis para realizar cualquier proyecto de energía. Sin embargo, la falta de capacitación de algunas empresas consultoras para identificar los conflictos sociales potenciales en las comunidades ha llevado a que los proyectos se encuentren empantanados dentro de conflictos con éstas.
Un ejemplo es el Gasoducto 
El Encino-Topolobampo a cargo de la empresa TransCanada que fue cuestionado por las comunidades rarámuris en el estado de Chihuahua por no haberse realizado la consulta indígena antes de la asignación del proyecto por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
A finales del año pasado hubo un enfrentamiento entre grupos yaquis por diferencias sobre la construcción del gasoducto Guaymas–El Oro, en Sonora, a cargo de la empresa IEnova, lo cual ocasionó un oficial muerto y ocho heridos, según la Procuraduría General de la República.
Al igual que los ductos, alrededor de 18 proyectos hidroeléctricos, parques eólicos y fotovoltaicos y líneas de alta tensión en todo el país se encuentran detenidos por problemas con las comunidades.

Faltan reglas

Para María de las Nieves García-Manzano, directora de GMI Consulting, los trámites de Evis no deben ser un mero trámite a presentar en la Secretaría de Energía, sino que deben proveer información certera a las empresas de los posibles conflictos sociales que se derivan de los proyectos, para que las empresas puedan tomar medidas a tiempo antes de que participen actores externos y los conflictos se vuelvan inmanejables.
“Si revisamos la reforma energética, existen sólo unos cuantos artículos en la Ley de Hidrocarburos y de la Energía Eléctrica que hablan de la Evis y de la consulta indígena”, dijo.
Por lo tanto, es urgente que se emitan las Disposiciones Secundarias de la Evis y una Ley de Consulta Indígena para que brinden certeza jurídica no solamente al inversionista de que los proyectos serán viables, sino a las comunidades de que sus opiniones serán tomadas en cuenta de acuerdo con un formato establecido, añadió.
“En el caso del sector energético, las empresas consultoras deben sensibilizar a sus clientes de que más allá del cumplimiento de una legislación incipiente en materia social, es necesario realizar una gestión social profunda que les permita tener una relación cordial con la comunidad desde la planeación del proyecto y durante toda su operación”.
“Actualmente, gran parte del éxito de un proyecto depende de que cuente con el apoyo de la comunidad local como aliada natural y principal interesada en la consolidación y operación del mismo”, agregó García-Manzano.
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Es un compromiso internacional

Consulta indígena, insoslayable

A las evaluaciones de impacto social y manifestaciones de impacto ambiental que la ley prevé como requisitos para que los nuevos proyectos energéticos que sean sustentables, se impone un requisito de mayor rango: la aprobación de las comunidades indígenas ubicadas dentro de los potenciales terrenos que, de oponerse a los proyectos, no podrán ser expropiados, lo que constituirá un enorme reto para los inversionistas y autoridades en materia de justicia social para el desarrollo energético nacional en el nuevo marco legal.
Dado que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía jurídica que la Constitución en nuestro país, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de protección de derechos de comunidades originarias al que está suscrito México determina que antes de que arranque cualquier proyecto energético debe realizarse una consulta “libre e informada” si existen comunidades indígenas en el terreno donde se pretende llevar a cabo las actividades.
Si bien, la Ley de Hidrocarburos determina que las actividades energéticas estarán por encima de cualquier otra y prevé la figura de servidumbre legal mediante decreto de expropiación para los terrenos, la falta de planeación en la implementación de los aspectos sociales, ambientales y con respecto a los pueblos originarios, junto con la invasión de facultades estatales, municipales y agrarias por parte de la federación para permisos y usos de suelo, pone también en riesgo la certidumbre jurídica de los proyectos, aseveró la experta. (Karol García)
luis.carriles@eleconomista.mx

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Este martes 21 inicia el ajuste diario del precio de las gasolinas


Una gasolinera en la CDMX. Foto: Miguel Dimayuga
Una gasolinera en la CDMX. Foto: Miguel Dimayuga


PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de este martes 21 de febrero los precios de las gasolinas se ajustarán diariamente.
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el precio promedio de la gasolina Magna cambiará este martes de 15.97 a 15.96 pesos por litro; el de la Premium de 17.77 a 17.76 pesos, y el diésel se mantiene en 17.03 pesos por litro, en promedio.
Según el organismo regulador, en todo el país el costo máximo de la gasolina tipo Magna será de 16.56 pesos por litro, el de la Premium de 18.38 pesos y del diésel de 17.66 pesos.
En el caso de la Magna, las regiones donde se venderá hasta en 16.56 pesos por litro son el Estado de México, Puebla, el Bajío, Michoacán de Ocampo, Guerrero, Hidalgo y Nayarit, y en donde se ofrecerá el más bajo precio, de 15.31 pesos por litro, será en la región del Progreso, Yucatán.
Para el caso de la Premium, el precio más bajo es de 17.08 pesos por litro para Progreso, del estado Yucatán, así como en la región Veracruz, y el precio más alto corresponde a la región El Castillo, en Jalisco, donde el litro del combustible Premium alcanza los 18.38 pesos.
Respecto al diésel, el precio máximo al público aplicable se localizará en la zona de distribución noroeste, el cual abarca los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, con un costo de 17.66 pesos por litro, mientras que se podrá comprar en un mínimo de 16.39 en Veracruz.
Durante el primer mes del año, el alza en los precios de las gasolinas provocó que la inflación se disparara a 4.7%, muy lejos de la meta propuesta por el Banco de México (Banxico) que es de 3% (+/- un punto porcentual).
A partir de este martes, el precio de los combustibles oscilará diariamente, según el precio internacional del petróleo. Sin embargo, empresarios gasolineros han insistido en que aún no existen condiciones para la apertura del mercado en el país ante la deficiente infraestructura y carencias de transporte y almacenaje.

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Es "imprevisible" el riesgo que corre la CFE por su grave endeudamiento: ASF

Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de febrero de 2017, p. 13
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presenta un perfil de riesgo financiero, debido al alto nivel de endeudamiento y la carencia de un análisis de sostenibilidad, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre la cuenta pública 2015. En el documento resume la situación de la empresa: en 2015 tenía una deuda (432 mil millones de pesos) que equivalía a tres veces el valor de su patrimonio y representaba cinco veces más, el monto total de las ganancias obtenidas ese año.
Derivado de las auditorías practicadas a la CFE, la auditoría señala que en el desglose de la deuda contratada por la comisión se desprende que 182.9 millones de pesos corresponden a deuda documentada; 96 mil millones de pesos correspondían a deuda de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) y 147.2 mil millones de pesos era deuda condicionada contratada con productores independientes de energía e instrumentos financieros derivados.
En su conclusión sobre la situación financiera de la CFE, la auditoría sostiene que derivado de la ausencia de un análisis de sustentabilidad sobre el alto nivel de deuda que ha contraído en su toma de decisiones la empresa no puede prever el riesgo a largo plazo que supone el aumento consistente de la deuda pública de la empresa.
La ASF refiere que entre 2011 y 2015, el saldo de la deuda total de la empresa aumentó 136 mil 686 millones de pesos, que equivalen a un incremento de 47.2 por ciento de su nivel de endeudamiento. Al pasar de 289.6 mil millones de pesos a 426.3 mil millones de pesos. La deuda documentada interna se incrementó 59.4 por ciento, en tanto que la deuda externa de CFE creció 26.3 por ciento.
En el análisis del endeudamiento de la empresa, la ASF refiere que por concepto de intereses de la deuda se pagaron 13 mil 503 millones de pesos en 2015. Al desglosar el tipo de deuda contratada, la ASF refiere que se encuentra en 97 créditos vigentes, 56 en moneda nacional y 41 en moneda extranjera, en tanto que 56.2 por ciento de la misma se pactó a tasa fija en tanto que el 43.8 por ciento restante se hizo a tasa variable.
El saldo de la deuda, sin incluir el pasivo de los instrumentos financieros derivados (según lo presentó la CFE), por 391 mil 314 millones 607.5 pesos, fue mayor tres veces que su patrimonio por 129 mil 946 millones de pesos.

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Peña: el país enfrentará incertidumbre

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de febrero de 2017, p. 19
El país enfrentará un periodo de incertidumbre provocada por las variaciones en el precio del petróleo, los movimientos en el tipo de cambio y la relación bilateral con Estados Unidos, en la cual se incluye la renegociación del Tratado de libre Comercio de América del Norte, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión con periodistas en la residencia oficial de Los Pinos.
En el acto, el mandatario expresó que comparte la molestia de los ciudadanos por el alza a los precios de los combustibles.
En la víspera de que entrara en vigor la liberalización del precio de las gasolinas, el gobernante afirmó que construir más refinerías en el país no garantizaría una reducción en el costo de éstas.
Se ha argumentado que esos precios serían sustancialmente menores si hubiera más refinerías, pero ello es incorrecto, debido a que el componente principal del precio es la cotización del petróleo, mientras los márgenes obtenidos por la refinación y los costos de importación son reducidos, subrayó.
Alta volatilidad
Hacia adelante, continuó, los precios de los combustibles dependerán primordialmente de la referencia internacional y del tipo de cambio.
Ambas variables se mueven cada día, lo que se traduciría en una alta volatilidad. Para evitarla, dijo, los costos máximos se suavizarán de acuerdo con una fórmula con dos componentes: el primero depende del cambio en el precio diario de las referencias internacionales expresadas en pesos por litro, y el segundo es un factor de ajuste por desviaciones, que reduce las brechas generadas por no reflejar completamente el cambio de las referencias.
En la reunión, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, anunció que la cadena de tiendas minoristas más grande del mundo, la estadunidense Walmart, abrirá 200 estaciones expendedoras de gasolina en México, pero no precisó fecha y lugares donde se instalará la marca.
El funcionario adelantó que la también estadunidense Exxon planea introducir su razón social en el mercado de la gasolina con un número similar al de Walmart.

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Emite CNDH recomendación por caso de jornaleros de San Quintín


Jornaleros pizcan fresas en San Quintín. Foto: Antonio Nava
Jornaleros pizcan fresas en San Quintín. Foto: Antonio Nava


PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi dos años de que jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, protestaran por sus deplorables condiciones laborales y de que fueran reprimidos por policías estatales, la CNDH emitió una recomendación a los tres niveles de gobierno, tras constatar que el Estado contribuyó a “la violación de derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual”.
La recomendación fue dada a conocer en el contexto del Día Mundial de la Justicia Social, fecha en la que el organismo puntualizó en la falta de políticas públicas “adecuadas y suficientes para sacar de la pobreza a 55.3 millones de personas, de las cuales más de la quinta parte (alrededor de 11.4 millones) vive en pobreza extrema”.
Ejemplo de la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno, resultan las omisiones en agravio de jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, cuya producción es de exportación pero viven en condiciones de pobreza, de manera que el Estado mexicano contribuyó a la vulneración de sus derechos “a través instituciones que debían garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa población”, a los jornaleros agrícolas en general, y “de personas indígenas, mujeres y la niñez en particular” en las perspectivas estructural y cultural
En un comunicado, la CNDH puntualiza que “acciones, omisiones y la insuficiencia de esfuerzos de diversas autoridades y dependencias, municipales, estatales y federales han contribuido a la persistencia de condiciones de marginación, vulnerabilidad y pobreza en agravio de personas jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, que dieron lugar a la violación de derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual”.
Después de casi dos años de recibir la queja CNDH/6/2015/2338/Q, el ombudsman, Luis Raúl González Pérez emitió una recomendación, la 2/2017, dirigida al gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid; a los secretarios del gobierno federal de Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social y Educación, Luis Miranda Nava, Alfonso Navarrete Prida y Aurelio Nuño Mayer, así como al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, y al alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna.
Entre los hallazgos de la CNDH al realizar la investigación destacan “la falta de coordinación institucional para la implementación de acciones puntuales y eficientes para atender la situación, la consecución de grupos de las actividades de los grupos de trabajo y la integración de sistemas de información que permitieran tener padrotes de personas jornaleras”.
La falta de atención de la problemática, apunta, se deriva en parte de la omisión de “hacer un diagnóstico e identificar las causas, problemáticas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos, individuales o colectivos, así como programas sociales y de infraestructura”.
El organismo recuerda que recibió escritos de queja de hechos ocurridos los días 18, 19 y 24 de marzo de 2015, relacionados con detenciones arbitrarias ocurridas el 17 de ese mes a manos de agentes de seguridad pública estatales y en agravio de más de 200 personas jornaleras, entre ellas 50 menores de 18 años, “quienes habían bloqueado la carretera Transpeninsular en protesta por sus inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social, ya que sus contratantes no les pagan un salario digno, ni horas extras, turnos dobles o triples; no los afilian al IMSS ni le otorgan prestaciones de ley, ni respetan los beneficios por gravidez conforme a la norma aplicable”.
Por esos hechos, los visitadores de la CNDH confirmaron el “uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños a viviendas por la carencia de una efectiva supervisión de los elementos de seguridad y la falta de aplicación de protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, así como de dispositivos no letales”.
La CNDH coincidió con los expertos que elaboraron la Alerta de Violencia de Género decretada en Baja California en que “las condiciones laborales identificadas violentan los derechos humanos de aquellas personas jornaleras agrícolas que, ante un estado de necesidad apremiante y por desconocimiento de sus derechos laborales, aceptan trabajar sin que exista contrato escrito, cubren jornadas excesivas, no hay una homologación en salarios por igual trabajo, no cuentan con vacaciones, días de descanso u otras prestaciones de ley”.
El organismo recomendó al gobernador armonizar la normatividad estatal en atención a víctimas con la Ley General de Víctimas; elaborar un diagnóstico sobre la situación socioeconómica y laboral de los jornaleros agrícolas para iniciar un programa emergente de trabajo, así como instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la entidad a incrementar las supervisiones en el Valle de San Quintín y ejecutar las sanciones correspondientes a los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones laborales.
Además, solicitó la colaboración del mandatario en la presentación de la denuncia que hará la CNDH contra los funcionarios que incurrieron en abusos durante las detenciones de marzo de 2015, y que el contenido de la recomendación sea divulgado en los medios locales.
Al alcalde y al gobernador se les instruye a indemnizar a las víctimas de las víctimas de las detenciones y brindarles atención médica y psicológica.
A los titulares de Sedesol, STPS, SEP y el IMSS se les instruyó a hacer convenios de colaboración en beneficio de la población jornalera agrícola; incrementar contribuciones para “albergues, para el arribo, alimentación y/o educación de personas jornaleras y sus familias, y ver nuevos casos susceptibles de incorporarse a esos beneficios”, así como la elaboración de censos y la realización de un diagnóstico sobre la situación de las jornaleros agrícolas, impulsar programas de movilidad laboral, prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como hacer convenios para brindar educación a las familias no residentes del estado “atendiendo la diversidad étnica, lingüística y cultural de ese grupo poblacional”.

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México debe salir del TLCAN e impulsar el campo: MST

Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de febrero de 2017, p. 10
A un mes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos se mantiene la incertidumbre de renegociar o salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que el gobierno mexicano debe cambiar la política económica, cancelar ese acuerdo comercial y crear una estrategia nacional de producción de alimentos, expuso Francisco Chew Plascencia, dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST).
Apuntó que esto debe concretarse antes de julio, cuando se cumplen 200 días de la presidencia de Trump, pues en esa fecha el mandatario decidirá la permanencia de Estados Unidos en el TLCAN.
En entrevista, el dirigente de MST expuso que luego de 23 años de tratado el campo mexicano se encuentra tan deteriorado como en 1933, es decir, más de 70 años de atraso en tecnología y bienestar social, y 27 millones de campesinos carecen de ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos.
 
 
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Carstens permanecerá al frente de Banxico hasta noviembre, a petición de Peña

Agustín Carstens, gobernador de Banxico. Foto: Raúl Pérez
Agustín Carstens, gobernador de Banxico. Foto: Raúl Pérez

PROCESO
   
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Agustín Carstens permanecerá al frente del Banco de México (Banxico) hasta noviembre próximo y no hasta el 1 de junio como él mimo informó en diciembre pasado.
Según fuentes oficiales de la presidencia citadas por la agencia Reuters, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a Carstens que permanezca al frente del Banxico hasta noviembre.
El pasado 1 de diciembre Carstens anunció su salida del banco central, con vigencia a partir de 1 de junio, tras ser designado gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), cargo que ocuparía a partir del 1 de octubre de 2017.
Hasta el momento la noticia no ha sido confirmada el Banxico o el BIS y se espera que en el transcurso de las siguientes horas emitan un comunicado.
Carstens fue nombrado como gobernador del Banxico el 28 de diciembre de 2009 y ratificado en septiembre de 2015 por un mandato que se prolongaba hasta diciembre de 2021. Sin embargo, debido a su designación en el BIS concluirá su gestión anticipadamente.

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SAT e IMSS endurecerán el combate a la informalidad en la contratación de personal

Miriam Posada García
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de febrero de 2017, p. 11
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmaron un convenio para endurecer la fiscalización sobre la contratación formal de trabajadores, reducir la informalidad, asegurar el pago de cuotas y aumentar la recaudación.
El convenio consiste en intercambio de información, aprovechamiento de los sistemas tecnológicos para compartir y explotar la información, diseño de estrategias para el combate a la evasión y defraudación fiscal, así como el ejercicio conjunto, simultáneo o sucesivo de actos de comprobación de las obligaciones en materia fiscal o de seguridad.
Los organismos expusieron que a partir de las reformas laboral y fiscal, la aplicación de programas de formalización del empleo, la mejora en la eficiencia recaudatoria y el fortalecimiento de las labores de fiscalización, se ha logrado la generación de 2 millones 404 mil 980 puestos de trabajo formales.
Detallaron que según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esto representa una reducción en la tasa de desocupación nacional de 5.05 por ciento a 3.37; y en la tasa de informalidad de 60.13 por ciento a 56.75 de noviembre de 2012 a diciembre de 2016.

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Bolivia extiende red de supermercados estatales con precios justos

21 de febrero de 2017

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) pretende abrir una red de supermercados denominados Súper EMAPA en Bolivia, confirmó este lunes el gerente de comercialización de la institución estatal, Hugo Prado.
‘La red de comercialización de Emapa en la que tradicionalmente vendíamos arroz y harina vamos a transformarla en una red de Súper Emapas con más de 1.700 productos en cada supermercado en todo el país’, explicó el funcionario a la prensa.
Prado aclaró que después del éxito del establecimiento de El Alto, con más de 719.000 dólares en ganancias, se habilitarán más supermercados de estas características para apoyar a los pequeños y medianos empresarios del país.
El objetivo es apoyar a la industria nacional en la red de comercialización. Como todos saben todo emprendimiento es muy interesante hasta el momento que quieren vender su producto en el mercado quiere acomodar y no siempre hay cabida en los espacios, apuntó.
Según el gerente, el supermercado de El Alto atendió en un año a más de 35.000 clientes y apoyó a 61 empresarios, quienes comercializan a través de Emapa 1.700 artículos.
De acuerdo con Prado, Emapa aún busca espacios para habilitar los supermercados en las ciudades capitales de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Oruro, Potosí y Chuquisaca; después de la habilitación de dos tiendas en El Alto y Cochabamba.
PL

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El precio del pan en Argentina se encarece un 87 por ciento en tres meses

21 de febrero de 2017

El costo de un kilo de pan aumentó hasta los 2,8 dólares, un 87 por ciento más caro que hace tres meses, debido a las subidas de la harina y el gas, señaló un informe del Centro de Estudios de Política Argentina (CEPA).
“Desde noviembre de 2016 y hasta febrero de 2017, en virtud del incremento en el precio de la harina y del gas (incluyendo los últimos aumentos), el precio que pagarán los consumidores habrá registrado un aumento acumulado del 83 por ciento, muy por encima del nivel general de precios (que sufrió un incremento del 41 por ciento)”, advirtió el organismo.
El centro advirtió que el aumento que percibe el pan a partir de este lunes “tendrá un fuerte impacto sobre la inflación de febrero” porque representa el 2,87 por ciento del gasto promedio de los hogares según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec).
Aunque el precio internacional del trigo mantiene su estabilidad en los último años, el Gobierno de Mauricio Macri tomó una serie de medidas que repercutieron en el precio interno del cereal, indicó el CEPA.
A su vez, el servicio de gas que registró un alza del 500 por ciento promedio durante el 2016, es otro de los factores que incidió en el precio del pan.
“Una panadería que pagaba mil pesos mensuales de gas (64 dólares) en enero de 2016, pasará a pagar nueve mil doscientos cuarenta pesos (592 dólares) luego del nuevo tarifazo de gas”, explicó el informe.
La inflación anualizada llegó en enero a 37,7 por ciento en todo el país, según el Índice Congreso, una estimación que cada mes difunde un grupo de diputados opositores con base en los cálculos que realizan consultoras privadas.
Sputnik | Telesur

 Fuente

lunes, 20 de febrero de 2017

Inicia la colocación en la Cooperativa LF del Centro.

Intervención del Secretario General, Martín Esparza Flores
en el programa Frecuencia Laboral.

http://www.frecuencialaboral.com/

La semana pasada mencionábamos sobre la audiencia en la JFCA, en la Junta Especial No. 5, de la demanda que promovimos en contra del SUTERM, por el convenio de delimitación de zonas en materia de trabajo y aquí mencionaba sobre las chicanadas jurídicas que en el argot se mencionan porque en la Junta, cuando interpusimos la demanda, en el acuerdo que dicta, prácticamente no pone el nombre completo del SUTERM, solamente dijo “Sindicato de Trabajadores Electricistas”.

Entonces la audiencia se hizo el lunes, los abogados lo plantearon, la Junta tuvo que corregir el nombre completo del mencionado Sindicato, con su dirección, que así lo establecimos en la demanda. Y se programó la siguiente audiencia que va a ser la tercera semana del mes de marzo. Este es un tema muy relevante porque uno de los objetivos de Felipe Calderón y Javier Lozano era la disolución forzada del Sindicato que además fueron apoyados por algunos grupos disidentes que incluso demandaban que se vendieran los bienes del Sindicato y se repartieran los recursos entre todos. Todo esto a través de una serie de demandas que hemos recibido con el cuerpo jurídico y que hemos atendido en la junta, sin embargo, a todas estas les dieron palo prácticamente, porque no prosperaron y lo importante es que mantenemos el registro nacional de industria del Sindicato Mexicano de Electricistas, y hoy lo tenemos que hacer valer. Esta es una de las luchas más importantes que no es fácil emprender porque atrás del SUTERM está el Estado Mexicano, o sea, el Gobierno que está con las centrales obreras charras como el Congreso del Trabajo.

Sin embargo, en nuestra zona, la respuesta de los usuarios y organizaciones agrupadas a la Nueva Central de Trabajadores, han estado en apoyo al Sindicato, y es uno de los temas que se ha tocado ya en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Energía. Y entonces en la audiencia, el lunes, se corrigieron las chicanadas que habían hecho en la Junta de Conciliación que valga mencionar, que son tripartitas, pero el representante de los trabajadores es del SUTERM y además es representante del gobierno, por lo que es juez y parte. Entonces es un escenario difícil, pero también es un instrumento que el SME está utilizando para insertar laboralmente a los trabajadores que somos parte de nuestra organización sindical.

Y por otro lado, vamos a empezar a partir del día Lunes, una serie de asambleas con nuestros compañeros,  por grupos de trabajadores para informarles que ya se concluyó, por parte del Instituto Politécnico Nacional, la planeación estratégica de la Cooperativa LF del Centro, así como informar acerca de todos los predios recuperados porque a cada una de las Unidades Productivas, que así les hemos nombrado, las vamos a ubicar en estos predios. A mismo informaremos sobre los diferentes proyectos a realizar para poder utilizar el fondo que aportamos todos y detonar una serie de actividades que permitirán avanzar en la reinserción laboral. Toda la semana que viene va a haber asambleas por la mañana y por la tarde. Las convocatorias ya están circulando a través de nuestros medios y esto nos permitirá identificar todo lo que se ha detectado de áreas de oportunidades utilizando la fuerza laboral de todos los trabajadores del SME.

Escucha íntegro el programa Frecuencia Laboral del 18 de Febrero del 2017 (clicl aquí)

¡ALERTA! Diputados Quieren Eliminar la Participación de Trabajadores, Expertos y ONGs LA TABLA DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DE TRABAJO PODRÍA IMPONERSE POR PATRONES Y AUTORIDADES

*Expertos Demandan que el Dictamen sea devuelto a la Comisión para su Análisis.
*Que se Restituya la Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes en la Ley Laboral.
•Que sea el Poder Legislativo quien actualice las tablas de enfermedades de trabajo.
*LEE EL PROYECTO DE DICTAMEN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Dale Click Aquí

MSO.LUIS MANUEL PÉREZ H. PANTOJA
Docente de la Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco,
Participación en el Programa del Sábado 18 de Febrero del 2017,
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa, presentada por la Diputada Ana Georgina Zapata del PRI, para reformar los artículos 476, 513, 514y adicionar el artículo 515 BIS de la Ley Federal del Trabajo (LFT), para eliminar la participación de la sociedad civil, trabajadores y expertos en la materia.
Este proyecto de decreto, será llevado al pleno de la Cámara de Diputados el 21 de febrero.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), del 30 de noviembre de 2102, establecía en artículo cuarto transitorio que:“ la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes…, en un término de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, …” a más de cuatro años no las expedido.
Dicha reforma contiene errores y contradicciones. Por un lado, eliminaron sin razón la Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes del artículo 514 de la LFT de la Ley anterior.
Y además plasmaron una contradicción, antinomia legal, entre el artículo 513 y 515, como se observa en el cuadro siguiente:
Artículo 513, LFT vigente
Artículo 515, LFT vigente
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social , previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes… mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional”
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará las investigaciones y estudios necesarios, a fin de que el Presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 al progreso de la Medicina del Trabajo.
 
Es decir, el artículo 513 elimina la facultad de legislar en esa materia del Poder Legislativo y el artículo 515, mantiene esa facultad.
Por otro lado, el proyecto de decreto dice:
Artículo 513. El titular del Ejecutivo federal emitirá y actualizará las tablas……
Para tal efecto, el Titular del Ejecutivo Federal deberá contar con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la APROBACIÓN PREVIA al proyecto respectivo por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La legislatura actual quiere enmendar la plana, socavando aún más los derechos de la población trabajadora, y al mismo Poder Legislativo, engañosamente se la ceden al Poder Ejecutivo, sin embargo, de facto se la obsequian a los patrones,ya que en el segundo párrafo del artículo 513 establecen que la actualización de las Tablas de Enfermedades de trabajo y de Valuación se harán aprobación previa de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST).
Esta entidad es un órgano tripartito en donde las confederaciones patronales tienen el control, con la anuencia de la llamada autoridad laboral y del sindicalismo corporativo; la historia de este organismo así lo demuestra, han logrado mantener en el atraso científico y técnico las normas en materia de seguridad e higiene, siempre con el argumento de que su implementación aumenta los costos de producción, así han logrado evitar o por lo menos retrasar y hasta eliminar Normas Oficiales Mexicanas en esta materia.
Otro grave efecto es que las referidas tablas van a desaparecer de la Ley Federal del Trabajo, como se plantea en el artículo tercero transitorio, que determina que quedaran sin efecto las mencionadas Tablas una vez que el Poder Ejecutivo emita las nuevas tablas. Lo anterior significa que el estatus jurídico será el de una simple actuación administrativa, es decir tendrán menor validez jurídica, impugnable con mayor facilidad.
De aprobarse la reforma como lo plantea el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en lo futuroserárealmente la COCONASST, léase la patronal, quien determine que se reconoce o no como enfermedad profesional y la cuantía de las indemnizaciones a que tendrán derecho la población trabajadora que sufra un accidente o enfermedad de trabajo, es decir podrán disminuir el porcentaje de incapacidad permanente; por ejemplo si la amputación del dedo pulgar hoy equivale del 40 al 45% el día de mañana podrían decir que es del 30 al 35%, disminuyendo de esa forma la indemnización o pensión según sea el caso del trabajador o trabajadora.
Las preguntas son, porque la Cámara de Diputados, legisla, con afán autodestructivo, cediendo sus facultades y responsabilidades jurídicas, políticas y sociales.
Es procedente que el Poder Ejecutivo legisle sin la intervención del Legislativo, en una Ley que es reglamentaria del artículo 123 constitucional. Y que sea la propia Cámara de Diputados quien cometa esta atrocidad.
Demandamos que:
•  El dictamen sea devuelto a la comisión;
•  Se restituya la Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes a la Ley Federal del Trabajo, y
•  Que sea el Poder Legislativo quien actualice las tablas de enfermedades de trabajo y valuación de incapacidades permanentes.

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En junio iniciará la renegociación del TLCAN, informa Luis Videgaray

Asegura que las decisiones de los próximos meses definirán cómo será la convivencia con EU para las siguientes décadas
Descarta que se necesite un intermediador para dialogar con Washington
Dpa
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de febrero de 2017, p. 13
Frankfort, Alemania.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció aquí que en junio iniciará la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En entrevista con la agencia Dpa, abundó que el proceso de consulta interna con los sectores productivos empezó hace unos días, pero la negociación comercial comenzará sobre el mes de junio, cuando tengamos condiciones para hacerlo de manera bilateral.
Videgaray afirmó a la agencia noticiosa que estamos en un momento importante, de definición. De las decisiones que se tomen en los próximos meses habrá de definirse cómo será la convivencia entre México y Estados Unidos para las próximas décadas.
El canciller, dice la agencia, se mostró convencido de que el TLCAN seguirá vigente, aunque consideró necesario modificarlo, porque se ha quedado obsoleto en algunos temas. Sin embargo, rechazó la posibilidad de un alza de aranceles.
Al abundar sobre el TLCAN, Videgaray comentó que se le puede dar un marco más moderno en el área de protección al medio ambiente o de derechos de propiedad intelectual o en materia laboral y en protección a los trabajadores. Hay toda una temática que no se incluía en un acuerdo que se firmó hace más de 23 años.
El gobierno mexicano rechaza imponer aranceles o establecer cuotas a las exportaciones. No quiero entrar en especulaciones ni escenarios, pero insisto en que lo que más le conviene a Estados Unidos es seguir teniendo una relación de comercio abierto con México, pues somos un mercado bien importante para las exportaciones de Estados Unidos, subrayó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Durante la charla con Dpa, el canciller aseveró que la relación entre México y Estados Unidos es enormemente compleja, la temática entre ambas naciones no se va a resolver en unas cuantas semanas, es todo un proceso.
Hasta ahora, refirió el jefe de la diplomacia mexicana, no ha existido un acercamiento de posturas en el polémico tema del muro ni se ha fijado una nueva fecha para la celebración de una reunión bilateral entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump.
Videgaray evitó hablar de crisis diplomática y prefirió hablar de diferencias, cita Dpa. Tenemos algunas diferencias evidentes, muy públicas, que resolveremos a partir de la soberanía de cada uno de los países, pero es una relación tan importante para ambas partes que, sin duda, habrá de continuar siendo sólida, robusta, buena, señaló.
Entre los puntos irrenunciables para el gobierno de Peña Nieto se encuentra la protección de los ciudadanos mexicanos residentes en el país vecino. Lo que hemos dejado muy claro al gobierno de Estados Unidos es que México hará una defensa activa del interés jurídico de los connacionales.
Por otra parte, el canciller agradeció el ofrecimiento del presidente español, Mariano Rajoy, para actuar como interlocutor ante el gobierno de Trump, pero dijo que México no necesita intermediación para hablar con Washington. También agradeció las muestras de respaldo recibidas por otros países, sobre todo de América Latina.

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Preparan Reforma Laboral en EU para Aplicar en Transnacionales ABARATARÁN MÁS LA MANO DE OBRA

*Afectará a Trabajadores Contratados por Transnacionales en Cualquier parte del Mundo.
*Eliminarán los beneficios de seguridad social.
*Sustituirán a 20% de Trabajadores Locales para Traer Estadounidenses. Habrá Desempleo.
*La Renegociación del Tratado de Libre Comercio Incluirá una Reforma Laboral.
 
 
El gobierno estadounidense impulsará una reforma laboral para reducir el costo de la mano de obra, lo cual no sólo afectará a los trabajadores de Estados Unidos sino a todos aquellos contratados por sus 586 transnacionales que operan en otros países como México, informó en entrevista con Frecuencia Laboral el doctor en economía David Lozano, presidente colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM (CAM-UNAM).
Los 14 cambios que se plantean para la ley laboral de Estados Unidos, se pretenden incluir como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá y otros tratados comerciales con el resto del mundo lo cual impactará a mil 27 millones de trabajadores del campo, la ciudad y la ciencia porque aumentaría el grado de explotación a nivel mundial.
"Estas catorce medidas trerían consecuencias por la reducción o eliminación del 49 por ciento de las prestaciones sociales de los trabajadores de EstadosUnidos y de las transnacionales instaladas en otras partes del mundo...afectará a las pensiones del 31 por ciento de jubilaciones. En el caso de México afectará a 16 millones de trabajadores, de los cuales 16 por ciento de trabajadores jubilados", señaló el experto.
Una de las 14 reformas a la ley laboral que impulsa el gobierno de Trump es la eliminación de los derechos de seguridad social, como pensiones por enfermedades, accidentes de trabajo, cesantía y vejez, viudez, guarderías, la atención medica asegurada y gratuita, entre otros.
Lo paradójico es que otras medidas van en contra de la reforma laboral neoliberales que se implementó por el gobierno mexicano, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de gobiernos estadounidenses anteriores. Ahora pretenden eliminación todas las formas de intermediación de contratación laboral –lo que también se conoce como outsourcing- y dejarán de pagar por hora, para reinstaurar un salario mínimo por jornada de 8 horas.
Pero todo tiende a favorecer a las transnacionales estadounidenses con contratación laboral más barata, subrayó el doctor en economía David Lozano. Eliminarán los beneficios de seguridad social y sustituirán al 20% de trabajadores del propio país donde se encuentran instaladas las transnacionales, para traer trabajadores estadounidenses, lo cual generará más desempleo en las distintas naciones.
En el propio Estados Unidos habrá desempleo, porque entre las medidas también se establece reducir al personal no militar. 

Gobierno da a mineras más crédito de lo que recauda por explotación

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La mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas, es considerada unas de las más importantes del paísFoto Misael Valtierra
Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de febrero de 2017, p. 22
El monto de los créditos que el gobierno federal otorgó a empresas mineras durante 2015 superó en 2.5 veces o 159.6 por ciento los ingresos que recaudó del sector ese año por derechos de explotación del subsuelo, revela información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi), de la Secretaría de Economía (SE), otorgó de manera directa 12 mil 389 millones 859.8 mil pesos en créditos para empresas de esa industria, según resultados de una auditoría que aplicó la ASF a la cuenta pública de 2015.
Sin embargo, esa cifra representó más del doble de los 4 mil 774 millones 412 mil pesos que recaudó el Estado hace dos años por derechos mineros, indica otra revisión practicada por la ASF a la Secretaría de Economía (SE) sobre la política pública de minería, así como a programas y organismos a cargo de ésta.
Ello a pesar de que 54.7 por ciento del monto recaudado correspondió a nuevos derechos que se estipularon con la reforma fiscal de 2014, cuyo objetivo, según la ASF, era lograr una recaudación más constante y justa, entre ellos un pago extraordinario de 0.5 por ciento sobre los ingresos que obtuvieran las mineras por oro, plata y platino extraídos.
Durante el periodo 2006-2015 la recaudación por cobro de derechos fue de 22 mil 396.9 millones de pesos, los cuales representaron 1.3 por ciento del billón 714 mil 342.8 millones de pesos que generó la explotación de oro, plata, cobro, zinc, plomo, sal, fierro, yeso y dolomita, detalló la ASF en una auditoría.
La dependencia subrayó que, a pesar de que el objetivo del Fifomi es apoyar a las pequeñas y medianas mineras, a partir de 2011 y hasta 2015 se registró un incremento en el respaldo a las grandes compañías.
En 2015 existían 9 mil 213 mineras, pero las grandes compañías del sector acapararon 73.6 por ciento de la explotación de minerales en el país. En tanto, 18.2 por ciento correspondió a medianas y sólo 8 por ciento a pequeñas.
Tampoco ha sido proporcional el total de concesiones otorgadas y la superficie autorizada para explotación, destacó la ASF. En 2001 se otorgaron 936 títulos de concesión para 283.5 mil hectáreas en total, pero en 2015 el número bajó a 853 títulos y se concesionaron un millón 751.7 mil hectáreas, lo que representó un incremento de 517.9 por ciento. Dicho de otra manera, en 2001 el promedio de hectáreas por concesión fue de apenas 300 y en 2015 rebasó 2 mil por título.
La diferencia entre los créditos otorgados por el Fifomi y la recaudación proveniente de la industria minera se ahonda si se toma en cuenta que el fideicomiso gestionó otros 3 mil 745 millones 340 mil pesos de créditos a las empresas del sector mediante intermediarios bancarios y especializados. Ello implica que en total los créditos ascendieron a 16 mil 135 millones 200 mil pesos, es decir, 3.3 veces más de lo recaudado.
La ASF sólo analizó los créditos otorgados de manera directa por el Fifomi por conducto de sus cinco gerencias regionales y encontró que en dos de ellos, cuyo monto en conjunto asciende a 127 millones 719.8 mil pesos, no se proporcionaron los informes de verificación de la garantía, con los que se constata la existencia, estado físico y posible valor de los inmuebles dejados en garantía.

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