viernes, 27 de marzo de 2015

SME Entrevista con Eduardo Bobadilla 27mar15

Comienza despojo de ejidos por reforma energética; en Ixhuatlán del Sureste expropiarán 900 hectáreas

  EL CLARÍN
 
21 marzo, 2015 12:10 PM
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Los ejidos de miles de campesinos podrían estar en riesgo de expropiación para poder extraer gas shale o petróleo con la reforma energética. El grupo de Juan de la Barrera, en Ixhuatlán del Sureste, es uno de los que ya se encuentra realizando acciones, pues pretenden desalojarlos de las 900 hectáreas que han habitado durante más de 25 años para llevar a cabo un proyecto de Etileno XXI, informó Max Agustín Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC).
“Se vendrán una serie de destrozos que podrían representar estos proyectos de carácter energético (…) por ejemplo en este poblado hay escuelas, viviendas y toda una vida en común y los quieren desalojar para llevar a cabo el proyecto”.
Correa afirmó que se ha detectado acciones de coyotaje en Ixhuatlán de Madero, en la región de las Choapas, en Ixhuatlán del Sureste, donde se está dando este proceso de despojo, para poner en subasta las tierras y después explotarlas.
“Se está ubicando corredores y despachos que están buscando ir a los ejidos como coyotaje (…) se debe legislar para derecho de la consulta antes de llevar a cabo estos proyectos”, comentó. Afirmó que han dialogado con la secretaría de hidrocarburos representante de CDI para lograr hacer un procesos de diálogo entre ambas partes.
Añadió que se busca lograr un sistema de salvaguardas ambientales y sociales en caso de para realizar las inversiones se hagan destrozos en las tierras de los campesinos. Indicó que con el procurador agrario se instaló ya una escuela que funciona para capacitar a cuadros de las organizaciones en todo lo que significan los derechos de los núcleos agrarios derivados de la ley de hidrocarburos y la reforma energética.
“Hay mucho desconocimiento y lo que no hay es una ley para la consulta y el consentimiento libre previo y formado, que es un derecho suscrito derivado del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que todos los pueblos indígenas tiene derecho para antes de que se lleve a cabo un megaproyecto de esta naturaleza se haga una consulta”, aseguró Correa.
Recalcó que la Central Campesina Cardenista buscará evitar que se les quiten las tierras sin analizar el costo beneficio ambiental, social y económico de esta situación.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ
 

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Van petroleros contra la reforma energética

Sayda Chiñas Córdova Jueves 26 marzo, 2015
Coatzacoalcos, Ver.- Trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos presentaron una denuncia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en contra del convenio que otorga a Mexichem el control del complejo petroquímico Pajaritos.
Los trabajadores de ese complejo señalaron que este es el primer proceso que se interpone a nivel nacional, luego que lograron conocer los términos del acuerdo que se firmó entre la paraestatal y la empresa petroquímica privada.
Leonardo Hernández Escamilla, abogado del grupo de trabajadores, señaló que la demanda se colocó el 24 de marzo en la Junta Federal Laboral 38 de Coatzacoalcos y se le asignó el expediente 452/2015.
Explicó que este proceso se realizó en contra de los esquemas empresariales de asociaciones que permite la Reforma Energética, con lo cual se desplaza a los trabajadores petroleros, tanto sindicalizados como de confianza.
Con este documento están demandando a Pemex y Mexichem “porque los trabajadores son vistos como meros objetos del comercio, cuando la Ley Federal del Trabajo dice todo lo contrario”.
Hernández Escamilla expuso que falta poco más de tres meses para que la Reforma Energética se consume en el aspecto laboral, pero consideran que es tiempo suficiente para sentar un precedente legal y realizar un movimiento de resistencia por parte de los trabajadores.
Expresó que tienen hasta el mes de mayo para que la Junta acepte o deseche la demanda para que los convenios que le dan a Mexichem el control de la empresa Pajaritos, sean echados abajo.
La demanda laboral se apoya con una serie de amparos en contra de la reforma de Peña Nieto, para evitar que se les quiten sus conquistas laborales.
También los trabajadores sindicalizados disidentes denunciaron que el líder de la sección 11, Ramón Hernández Toledo, no ha querido citar a asamblea para informarles sobre las nuevas condiciones del contrato, ni sacar la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia.
“Somos unos 300 trabajadores que no hemos firmado el nuevo contrato colectivo y no lo haremos, que lo sepa don Ramón, no le daremos nuestro apoyo a eso que a la larga nos va despojar de todo”.
Acusaron a Ramón Hernández Toledo y al sindicato petrolero de amenazar a los trabajadores con despedirlos o no renovarles el contrato si participan en las movilizaciones en defensa del petróleo.

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Rechazan padres de normalistas aceptar la ‘‘verdad histórica’’

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Con una caminata del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, familiares de los normalistas de Ayotzinapa y organizaciones solidarias conmemoraron el sexto mes sin saber nada de los jóvenesFoto Víctor Camacho
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de marzo de 2015, p. 8
A seis meses de la desaparición de sus hijos, el dolor, la rabia y la indignación de no saber de ellos permanecen intactos, así como la voluntad de seguirlos buscando y de negarse a aceptar una ‘‘verdad histórica’’ que muchos sectores han cuestionado, subrayaron los padres y madres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al cumplirse medio año de que policías de Iguala se llevaron a los jóvenes y los entregaron a un grupo de la delincuencia organizada, sin que hasta la fecha se sepa más de ellos, los familiares de los estudiantes volvieron a hacer suyas las calles de la ciudad de México para insistir en su reclamo de verdad y justicia.
Desde antes de las 16 horas, miles de personas comenzaron a reunirse en los alrededores del Ángel de la Independencia para manifestar su respaldo a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, en el contexto de la Décima Acción Global por Ayotzinapa.
Además del caso de la agresión ocurrida en Iguala el 26 y 27 de septiembre del año pasado, pudo notarse que en mantas, pancartas y consignas de muchos de los asistentes a la movilización figuró de manera recurrente el tema del despido de la periodista Carmen Aristegui de MVS.
Protegidos por un cordón de seguridad, los familiares de los normalistas caminaron sobre Paseo de la Reforma, acompañados por miles de integrantes de organizaciones sociales, populares, sindicales y estudiantiles, quienes les externaron su apoyo con consignas como ‘‘no están solos’’ y ‘‘Ayotzi vive, la lucha sigue’’.
Poco antes de las 6 de la tarde, la marcha arribó a la explanada del Monumento a la Revolución, donde ya se encontraba instalado un equipo de sonido. De acuerdo con la policía del Distrito Federal, en la caminata participaron alrededor de 4 mil personas.
Ahí, Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de familia, afirmó que estos seis meses sin saber de sus hijos ‘‘han sido de sufrimiento, de dolor, pesadilla y tristeza. Esto nos ha roto el corazón, pero a pesar de que el gobierno esté intentando acallar nuestras voces con sus mentiras, no nos vamos a detener. Seguiremos en la lucha por encontrar la verdad’’.
‘‘Tenemos roto el corazón’’
Luego de detallar el encuentro que sostuvieron ayer al mediodía con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, el padre del normalista Mauricio Ortega llamó a la gente a no elegir a sus representantes a través de los comicios, sino mediante el ‘‘régimen de usos y costumbres, con asambleas populares’’ donde se elija a personas de ‘‘alta calidad moral’’.
Epifanio Álvarez, padre del estudiante normalista Jorge Álvarez Nava, recalcó que a seis meses de la desaparición de los jóvenes ‘‘estamos con la misma fuerza y la misma desesperación y no vamos a detenernos hasta saber de ellos’’, y lamentó ‘‘no haber estado ahí cuando mi hijo me necesitaba. Si pudiera daría la vida porque él estuviera aquí’’.
Por su parte, María Elena Guerrero, madre del normalista Giovani Galindes Guerrero, subrayó: ‘‘Mi pena ya se volvió furia contra este gobierno. Ya nos quitó todo, hasta el miedo’’, mientras Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján de la Cruz, subrayó que los familiares de los jóvenes ‘‘no sembramos odio’’, pero tampoco se van a dar por vencidos.
En nombre de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Juan Caseca enfatizó que las personas que siguen apoyándolos ‘‘son el espíritu que alienta esta búsqueda para venir y plantarnos aquí y decirle al gobierno que nos vamos a mantener en la lucha’’.
Por la Asamblea Interuniversitaria, una joven que se identificó como Lucía Pi subrayó que ‘‘el actuar del Estado en el caso de Ayotzinapa ha sido bochornoso’’, y denunció que el gobierno ‘‘nos pide que creamos su absurda verdad histórica y lo superemos. Las instituciones están en putrefacción y la verdad es clara y está a la vista: fue el Estado’’.
Por último, los padres y madres de los estudiantes anunciaron que el próximo 4 de abril se realizará una asamblea nacional popular en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, y del 10 al 12 de ese mismo mes se celebrará una convención nacional popular.
Al término del mitin, varios manifestantes acudieron a la sede de la Procuraduría General de la República a realizar una ‘‘vigilia por Ayotzinapa’’.

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Si el gobierno acaba con medios democráticos, nuestro movimiento se cae: normalistas

A seis meses de Ayotzinapa, miles marchan en el DF. Foto: J. Raúl Pérez
A seis meses de Ayotzinapa, miles marchan en el DF.
Foto: J. Raúl Pérez
MÉXICO, D.F. (apro).- Ante varios miles reunidos en la explanada del Monumento a la Revolución, el normalista de Ayotzinapa, Juan Caseta llamó a la ciudadanía a defender la democracia en los medios de comunicación, en referencia al despido de Carmen Aristegui de MVS.
“Si el gobierno acaba con los medios democráticos y libres, nuestro movimiento se cae”, alertó en lo que fue la Décima Jornada Global por Ayotzinapa.
A seis meses de la noche trágica de Iguala, padres de los 43 estudiantes desaparecidos se trasladaron una vez más hacia la Ciudad de México para entregar al titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, su petición de cancelar las elecciones en Guerrero y reiterar su exigencia de la presentación con vida de sus familiares.
“¡No nos dejen solos!, su presencia nos llena de fortaleza”, pidió María Helena Guerrero Vázquez, madre del normalista Giovanni Galindas Guerrero.
Como la guerrerense, durante el mitin los demás familiares de los normalistas expresaron su agradecimiento a los asistentes a la marcha.
Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, subrayó que “cuando somos pocos nos reprimen y debemos retroceder”. Sin embargo, enfatizó: “aquí estamos con la misma fuerza y la misma desesperación que el primer día”.
Con voz recia, preguntó: “¿Cuánto cuida uno a un hijo para que no le pase nada?”. Recordó que su esposa salió a Estados Unidos como representante del comité de padres de los normalistas desaparecidos y advirtió: “No importa que no esté con ella, iremos al otro lado del mundo si es necesario”.
Yaneth, hermana de Luis Francisco Arzona, abundó: “sin ustedes el gobierno no nos haría caso”.
Los padres de los estudiantes desaparecidos insistieron en que su movimiento es pacífico. “No sembramos odio, sólo exigimos la presentación con vida de nuestros hijos”.
Además, celebraron el trabajo que realizan tanto el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en la investigación de los hechos violentos de hace medio año.
Un abogado del grupo, identificado como Isidro, insistió en que “tenemos un acompañamiento de mucha seriedad, el GIEI recomendó al gobierno a retomar la búsqueda con vida de los 43”. Por ello, llamó a los ciudadanos a “estar atentos a las investigaciones”.
Convocada a las cuatro de la tarde en la glorieta del Ángel de la Independencia, la marcha comenzó con una hora de retraso en espera de que llegara más gente.
En los últimos seis meses, la causa de Ayotzinapa llegó a reunir a decenas de miles de personas provenientes de todos los sectores sociales. Incluso, desbordó el Zócalo capitalino, tanto de gente como de un clima eléctrico que llevó a miles de manifestantes a aplaudir la quema de un muñeco representando al presidente Enrique Peña Nieto.
Hoy fueron relativamente pocos los que iniciaron la marcha. Los contingentes de estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales, encabezados por un comité de padres de los desaparecidos y de normalistas, arrancaron sin llenar el carril derecho del Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y la glorieta de la Palma, a unos 250 metros de distancia.
Aún así, en el transcurso de la marcha –la cual se llevó a cabo sin incidentes– se agregaron más contingentes, por lo que la explanada del Monumento a la Revolución terminó llena.
“Pedíamos educación, nos respondieron con balas”, explicó en el camino y con un micrófono en la mano un normalista. “Atrás de nosotros están abrazadas muchas causas que son justas”, añadió.
Entre las consignas y pancartas que suelen acompañar el movimiento de solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa se oyeron gritos aislados exigiendo el regreso al noticiero de MVS de Carmen Aristegui.
Escasas pintas recubrieron paredes, entre ellas una en la banqueta frente del edificio del ISSSTE, que decía de manera sobria: “6 meses y aún nos faltan 43”. Una más, a pocos metros, aseveraba: “La justicia no vendrá de los culpables”.
Según el reporte oficial del Gobierno del Distrito Federal, a la marcha asistieron alrededor de mil 500 personas. En un breve comunicado, agregó que “la movilización se realizó de forma pacífica y solo un grupo de autodenominados anarquistas realizó pintas”.
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Marchas en favor de los 43 normalistas desaparecidos en al menos 10 estados


De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de marzo de 2015, p. 9
Integrantes de las coordinadoras Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), así como de la Asamblea Nacional Popular (ANP), normalistas, paterfamilias y ciudadanos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Colima, Quintana Roo, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Zacatecas y otros estados, marcharon en demanda de la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, además de tomar las instalaciones de las representaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en rechazo a las elecciones del 7 de junio.
En Oaxaca capital, Juchitán y Tehuantepec, los maestros de la sección 22 de la CNTE tomaron las instalaciones distritales y de la junta local del INE, para exigir la aprobación de la Ley Estatal de Educación, expresar su repudio a la reforma educativa e insistir en la presentación con vida de los 43 normalistas.
Efraín Picasso y Adrián Ramírez, representantes de esa agrupación, insistieron en que deben boicotearse las elecciones de junio próximo en la entidad, tras destacar que se mantendrá un plantón de la CNTE, por regiones, en protesta contra los partidos políticos que ‘‘no representan al pueblo’’.
Para ello, dijo Ramírez, maestros de Juchitán, Matías Romero y Reforma de Pineda se encuentran en las instalaciones del INE del distrito 7 de Juchitán, y en las de Salina Cruz, Tehuantepec y Ciudad Ixtepec. Indicó que la encomienda del comité estatal de la sección 22 es no permitir la instalación de las casillas en escuelas de Oaxaca.
En Michoacán, maestros de la CNTE, normalistas y padres de familia realizaron marchas desde diferentes puntos de la capital para dirigirse luego al Instituto Electoral, a las instalaciones del INE y al Congreso local, en apoyo al movimiento por Ayotzinapa. Los manifestantes se pronunciaron en contra del ‘‘terrorismo’’ de Estado y las ‘‘desapariciones forzadas’’.
Por otra parte, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, algunos familiares de los 43 normalistas y miles de mentores de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aglutinados en la CNTE, exigieron que se ‘‘castigue a los autores materiales e intelectuales de los hechos de lesa humanidad ocurridos el 26 de septiembre pasado’’ en Iguala, tras expresar su rechazo a los comicios en puerta.
Asimismo, en Guanajuato, cinco padres y madres de los normalistas desaparecidos exhortaron al pueblo a unirse a la lucha por la justicia y decirle al gobierno federal ‘‘¡ya basta!’’ El contingente marchó por la ciudad y en la Universidad de Guanajuato reiteraron que no habrá elecciones en Guerrero.
Por su lado, contingentes de la Ceteg y de la ANP se manifestaron en Iguala, Chilpancingo, Tixtla, Tlapa y Acapulco, Guerrero. Las manifestaciones se realizaron en los distritos 2, 5, 7 y otros del INE, además de que mantienen clausurados los distritos 27 y 28 locales del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
También protestaron en las oficinas del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el Congreso del estado y el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, donde policías antimotines federales obligaron a los manifestantes a abandonar el lugar, sin que hubiera lesionados.
En Acapulco, tomaron el módulo del INE en el edificio Costera 125. Ana Elena Abarca, de la Ceteg, indicó que en Guerrero ‘‘no hay condiciones para el proceso electoral’’.
Finalmente, a la Acción Global por Ayotzinapa se sumaron cientos de ciudadanos y universitarios de Colima, Pachuca, Zacatecas y Cancún, quienes además de manifestar su solidaridad con los padres de los 43 normalistas desaparecidos advirtieron a los tres niveles de gobierno: ‘‘No estamos dispuestos a que la ola de violencia sistémica se siga extendiendo en el país; no queremos más homicidios violentos, ni desapariciones forzadas, porque ya estamos hartos de esta situación’’.
(H. Briseño, J. C. Flores, E. Henríquez, D. Manzo, E. Martínez, J. R. Montoya, S. Ocampo, J. C. G. Partida, J. A. Pérez, A, Valadez y P. Vázquez, corresponsales)

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Los paterfamilias, contra las elecciones

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Familiares de los normalistas, frente al INEFoto Carlos Ramos Mamahua
Claudia Herrera Beltrán y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de marzo de 2015, p. 11
Padres y madres de normalistas rurales desaparecidos reiteraron su exigencia de posponer las elecciones en Guerrero y sustituirlas por métodos como usos y costumbres, mientras el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, insistió en que su deber es organizar la jornada electoral, aunque matizó: ‘‘Nosotros no hacemos elecciones pase lo que pase’’.
Se comprometió a dar respuesta al documento de los inconformes antes del 4 de abril, o sea, del inicio de las campañas, además de remitirlos al Congreso de Guerrero, único que puede atender su propuesta de implantar un nuevo modelo de elección.
La reunión se dio después de meses en que unos y otros confrontaron posiciones sobre los comicios del 7 de junio. Los familiares de los  43 normalistas platicaron casi dos horas con Córdova y siete consejeros electorales, a quienes les expusieron que en las condiciones actuales es imposible creer en el proceso electoral. Plantearon que no pueden elegir a sus representantes mediante sufragios ‘‘electoreros’’ y que prefieren nombrar a sus representantes por usos y costumbres o la elección de concejos municipales.
Minutos después del mediodía, unas 350 personas se dieron cita en este punto para acompañar a los padres y madres de las víctimas y se encontraron con un INE cercado por cientos de efectivos de la Policía Federal y granaderos, que resguardaban las instalaciones desde temprano. La seguridad abarcó un amplio perímetro, pues incluyó incluso el deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, ubicado a un costado del instituto.
Una comisión de 20 padres y madres de familia ingresó a la institución sosteniendo carteles con fotografías de sus hijos desaparecidos y luego vino el encuentro privado. Córdova aprovechó para pedirles no obstaculizar el trabajo de los capacitadores electorales, dado que son gente de la comunidad. También ofreció disculpas porque cuatro jóvenes desaparecidos fueron insaculados, pero les explicó la imposibilidad de darlos de baja del padrón, porque no consta su fallecimiento. ‘‘Para el INE siguen siendo ciudadanos con derechos políticos plenos’’, refirió.
Los inconformes habían expresado que fue una falta de respeto la inclusión de esos nombres para ser funcionarios de casilla.
Melitón Ortega, padre de un estudiante de Ayotzinapa, explicó a Córdova por qué no es conveniente realizar las elecciones. ‘‘En Guerrero hay 43 vidas que no están. Los padres hemos dicho que no podemos permitir que haya elección; no se ha hecho justicia’’.
Seis meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, diferentes colectivos sociales y estudiantes universitarios se sumaron a la movilización en el INE, que formó parte de la Décima Jornada Global por Ayotzinapa.
‘‘Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos’’, fue la consigna con la que se retiraron de la sede del INE, desde donde enfatizaron que ha sido medio año de ‘‘tortura, dolor y sufrimiento’’.

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Grabación del agente 007 deja pérdidas de 60% en Centro Histórico: Canacope

PROCESO 


26 de marzo de 2015
Destacado
El rodaje de Spectre en el Centro Histórico. Foto: David Deolarte
El rodaje de Spectre en el Centro Histórico.
Foto: David Deolarte
MÉXICO, D.F. (apro).– No sólo las marchas y manifestaciones afectan a los comercios ubicados en el centro histórico; el cierre de calles provocado por la filmación de la nueva película de James Bond dejó perdidas económicas a los establecimientos comerciales.
De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del Distrito Federal (Canacope), aproximadamente seis mil 500 comercios fueron afectados debido a las pocas ventas que registraron por el cierre obligado para la filmación de “Spectre” en las calles Tacuba, Uruguay, Corregidora y Eje Central.
Peor aún, los negocios reportaron pérdidas en 60% en sus ventas, mientras que alrededor de 35 mil fuentes de trabajo fueron afectadas.
Ante esta situación, el presidente de la Canacope, Gerardo López Becerra, aclaró en conferencia: “por supuesto que estamos de acuerdo en que una película tan taquillera y con tanta proyección como la serie de James Bond venga a filmar a México y tome en cuenta nuestras calles y folklore, por supuesto que apoyamos este proyecto”.
Sin embargo, agregó que las autoridades y el equipo de producción debió planear hacerlo “compaginado con la actividad comercial, mercantil que a diario tenemos, porque si solamente cerramos vialidades y afectamos la vida comercial, afectamos no solamente a seis mil 500 negocios, sino a las familias de los trabajadores que dependen de estos negocio”.
El líder empresarial consideró que la perspectiva para la época vacacional de Semana Santa es positiva, ya que se prevé que el DF recibirá cerca de un millón 400 mil turistas nacionales y extranjeros quienes dejarán una derrama económica de 3 mil millones de pesos durante la temporada.
López Becerra aclaró que giros como jugueterías, talleres mecánicos o de bicicletas, así como venta de artículos deportivos especializados en deportes acuáticos tienen un especial repunte hacia el Sábado de Gloria y días siguientes, ya que muchos padres de familia habilitan albercas infantiles en el interior de sus hogares.
Agregó que visitar la Ciudad de México durante la Semana Santa es una de las mejores opciones para el turismo nacional y extranjero por sus invaluables edificios, plazas, templos, calles y avenidas con valor histórico; además de sus atractivos museos, zonas comerciales y la inconmensurable oferta culinaria atractiva para cualquier bolsillo y gusto.
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La deuda de Oceanografía, de $14 mil millones: SAE

Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de marzo de 2015, p. 14
La deuda de Oceanografía asciende a 14 mil 394 millones de pesos, informó Héctor Orozco Fernández, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien además dio a conocer que al 28 de febrero de 2014 esa empresa tenía una plantilla de 11 mil trabajadores y a la fecha sólo laboran mil 500.
Al reunirse con la comisión de investigación de los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha, Orozco Fernández expuso que la intervención del SAE seguirá hasta que se levante el aseguramiento o, en su defecto, un juez determine el decomiso de la empresa.
En ese momento, cuando se adopte alguna de esas definiciones, el SAE devuelve la empresa o recibe un nuevo mandato para venderla o cerrarla, aclaró.
El funcionario reiteró que con el concurso mercantil el juez instruyó la suspensión de pagos y con ello la suspensión de apercibimientos.
Esto no es cosa menor: evitó embargos, moras y salidas de efectivo. Dada la escasez de liquidez estableció prioridades. Era más importante mantener el barco y pagarles a los trabajadores que hacer un pago de un crédito que de todos modos no se iba a terminar de pagar.
Al responder a la pregunta de sí el SAE está facultado para vender Oceanografía, respondió que no, eso sólo podría ocurrir si se concretara el decomiso y así lo instruyera el juez o el Ministerio Público.
Señaló que de 11 mil empleados que tenía Oceanografía, cuando nosotros llegamos debían tres meses de salario a cerca de 7 mil. Esos adeudos se cubrieron y en este momento sólo laboran en la empresa cerca de mil 500 trabajadores.
Es un asunto entre particulares o de interés público, cuestiona el PRD
En la reunión, el diputado Luis Espinosa Cházaro, del PRD, advirtió que en el gobierno persiste la tentación de absorber la deuda de Oceanografía y cuestionó: “¿con qué van a pagar 14 mil millones de pesos si no tienen claro los activos de la empresa, si los barcos son rentados, si se ha liquidado 90 por ciento de los trabajadores: había una plantilla de 11 mil y hoy quedan mil 500?
¿Dónde está todo ese dinero? 14 mil millones de pesos en adeudos con los acreedores aparte de la deuda con Banamex y, por cierto, no respondió cuánto se ha pagado a Banamex de lo que se adeudaba. La pregunta es, ¿si se saqueó a la empresa y ahora solamente quedan pasivos?
–¿Esto significaría que el gobierno debe absorber la deuda? –se preguntó al legislador perredista.
–Desde mi punto de vista no. Si el director del SAE nos aclara que existe un encargado de despacho que no gana 600 mil pesos, sino 450 mil mensuales, por qué el gobierno va a estar pagando esos gastos de un fraude que desde el inicio el propio procurador planteó como asunto entre particulares. Aquí es donde ya no entendemos. Era un asunto entre particulares en el que el gobierno sale poniendo o un asunto de interés público que trató de minimizarse como fraude entre particulares.

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Registran a hijo de Mario Villanueva como candidato a diputado federal plurinominal

PROCESO 


27 de marzo de 2015
Destacado
La recaptura de Mario Villanueva en junio de 2007. Foto: Eduardo Miranda
La recaptura de Mario Villanueva en junio de 2007.
Foto: Eduardo Miranda
CANCÚN, Q. Roo., (proceso.com.mx).- El Partido Encuentro Social (PES) registró como candidato a diputado federal plurinominal a Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo del exgobernador Mario Villanueva Madrid, sentenciado y preso en estados Unidos por lavado de dinero.
Villanueva Tenorio indicó que quedó registrado como número tres de la lista de candidatos de representación proporcional del PES de la Tercera Circunscripción Plurinominal, que abarca nueve estados del sur sureste del país.
Con 25 años de militancia en el Partido Revolucionario institucional, por el que también fue diputado local, Villanueva Tenorio indicó que se trata de una decisión personal y no implica a su padre Mario Villanueva.
“Mi padre está dedicado a su proceso, para su pronta liberación”, dijo.
También aseguró que esta nominación no implica un enfrentamiento con el PRI.
“No es dejar el PRI, se trata de nuevas oportunidades para servir al estado y decidí aprovecharlas. No me peleo con el partido”, explicó.
El PRI postuló para el 02 Distrito, con cabecera en Chetumal, la capital del estado, a Arlet Mólgora, del grupo político del exgobernador y ahora senador Félix González Canto.
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Reacciones encontradas por el juego de futbol


Enrique Méndez, Roberto Garduño y Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de marzo de 2015, p. 17
La posibilidad de cambiar la fecha del partido de futbol entre México y Brasil, previsto para el mismo día de la elección del 7 de junio, siguió causando reacciones encontradas.
Mientras el dirigente del PRD, Carlos Navarrete, rechazó que sea necesario reprogramar dicho partido, porque los ciudadanos son mayores de edad y bien pueden disfrutar de la justa deportiva y cumplir con la obligación de votar, en la Cámara de Diputados el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dijo que este encuentro deportivo sí es un problema que requiere una reflexión seria y profunda.
Añadió que hay muchos precedentes. En el caso, por ejemplo, de 2010, en España, se cambió la fecha de un partido entre Real Madrid y Barcelona, justamente porque había elecciones en la capital catalana.
El político queretano solicitó a la autoridad electoral coordinar la discusión, y se decida lo mejor para el país. “Esto merece una reflexión en el pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) en la próxima sesión –como lo está proponiendo el propio presidente del instituto– y que hagamos nuestras sus palabras, de entender que esto requiere una reflexión menos improvisada.”
Entrevistado antes de participar en una reunión Navarrete agregó que al PRD no le preocupa el asunto y preguntó si andan nerviosos los institutos políticos que están pidiendo cambiar la fecha del encuentro deportivo.
En tanto, el consejero electoral Benito Nacif planteó la posibilidad de establecer medidas para evitar que el juego de futbol se vincule con cualquier acto de proselitismo, y explicó que el Consejo General del INE tendrá que estudiar la petición de los partidos, aunque recordó que el presidente consejero, Lorenzo Córdova, ha dicho que el INE no tiene atribuciones ni facultades en relación con una justa deportiva, que además se va a realizar fuera del país.
Anaya Cortés insistió en que el INE debe reflexionar con sensatez la posibilidad de cambiar la fecha del encuentro deportivo.

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“no me dejen pasar a ningún indio”- Dirigente del verde discrimina a indigenas




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En presencia de decenas de reporteros y comensales de un restaurante en Salto de Agua, Chiapas, Martín Díaz Arcos, recién nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PVEM de ese municipio ordenó impedir el paso a un grupo de indígenas que se le acercaban refiriéndose a ellos como “indios”.
Al finalizar el acto un grupo de personas se le acercó para intentar hablar con él, no obstante Díaz les dio la espalda, abordó su vehículo y se dirigió a un restaurante para celebrar su nombramiento.
Una vez en el lugar, arribó un grupo de indígenas que se le aproximaron con la finalidad de entablar un diálogo, momento en que Díaz ordenó a su personal que no los dejaran acercarse diciendo en voz alta: “no me dejen pasar a ningún indio. No quiero ser molestado mientras estoy comiendo”.
El hecho causó indignación entre los presentes y agredidos, quienes se retiraron del lugar criticando el abuso cometido aun cuando el neo dirigente no cuenta con ningún cargo. “Si ahora actúa de esta forma, cuando sea candidato nos tratará con la punta del pie”, señalaron.
El grupo de reporteros que se encontraban presentes esperando las primeras declaraciones del recién nombrado presidente del CDM de Salto de Agua optaron por seguir a los indígenas abandonando el lugar en señal de protesta.
Posteriormente, Martín Díaz intentó justificarse a través de mensajes de Whatsapp, en los que argumentaba “pido mil disculpas. Sé que fallamos en algunas cosas como seres humanos. No hay nada imposible. Es una buena lección para corregir errores a futuro”, firmando como Comité Ejecutivo Municipal del PVEM Salto de Agua.
Vía Es Diario De Chiapas 

Aprueba Congreso de España “ley mordaza”

PROCESO 
 

26 de marzo de 2015
Internacional
MADRID (apro).- El Congreso español aprobó la reforma al Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”, por el notorio recorte de derechos y libertades, así como por elevar considerablemente las sanciones.
Esta ley fue aprobada en solitario por los 181 votos de los diputados del Partido Popular (PP), con el voto en contra de 131 diputados de la oposición que reprocharon al gobierno de Mariano Rajoy y su bancada los recortes a estas libertades, que están muy dirigidas al derecho a la manifestación y a la libertad de expresión.
El pleno de hoy aprobó definitivamente ambas normas, de las más polémicas del gobierno de Rajoy.
Después de duras negociaciones que no lograron convencer a la oposición, el PP se vio obligado a eliminar de la propuesta original que sancionaba los “ultrajes a España” y eliminó la sanción máxima que llegaba a los 600 mil euros, para dejar la más alta en 30 mil euros de sanción por “perturbación grave de la seguridad ciudadana”.
La misma sanción se aplicará a los manifestantes que se nieguen a disolver una concentración o a los que se resistan a la autoridad, todo ello a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor.
El PP se justificó diciendo que con esta ley “España será más segura y, por tanto, más libre”.
El resto de las fuerzas políticas, que calificaron de totalitarista la ley del PP, adelantaron que van a derogar la ley mordaza en cuanto este partido pierda el poder.
También criticaron duramente las “devoluciones en caliente” de los inmigrantes, aunque la legislación mantiene sus derechos a tener asistencia legal y tutela jurídica.
Los partidos de la oposición reprocharon que el PP endureció la ley para cubrirse ante los actos de represión en contra de las manifestaciones, excusando un tema de seguridad ciudadana.
Esta ley da mayores facultades y poderes a las policías –incluidas las policías privadas— para contener las manifestaciones y recorta el derecho a la manifestación con severas sanciones. Incluso penaliza grabar y difundir imágenes de agentes policiales mientras reprimen a la gente.
Esta ley provocó en los últimos meses la crítica severa de organismos como Amnistía Internacional y la creación de una plataforma denominada “No somos delito”, que buscaba echar abajo la ley, misma que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
Además de la “ley mordaza” se aprobó una reforma del Código Penal que incluye por primera vez desde la restauración de la democracia en España, la “cadena perpetua revisable”.
También se aprobó la ley antiterrorista acordada en un pacto de Estado entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que pretende luchar contra los ataques del extremismo integrista musulmán. Dicha legislación se hizo al calor de los atentados en París contra la revista satírica Charlie Hebdo.

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Copiloto ocultó a Germanwings que padecía enfermedad

Prenden veladoras en Alemania por las víctimas del vuelo de Germanwings. Foto: AP / Martin Meissner
Prenden veladoras en Alemania por las víctimas del vuelo de Germanwings.
Foto: AP / Martin Meissner
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Andreas Lubitz, el copiloto de la empresa Germanwings que provocó el accidente aéreo en el que murieron 144 personas, ocultó a la compañía que, por indicaciones médicas, no debería trabajar.
Lubitz sufría depresiones y en su departamento fueron encontrados documentos médicos rotos en los que se le indicaba que debía causar baja por su condición.
El fiscal Ralf Herrenbrueck indicó que en el departamento de Lubitz fue encontrada evidencia que apoya “el actual análisis preliminar de que el fallecido escondió su enfermedad a su empleador y sus colegas”.
En su departamento fue encontrada una nota médica que indicaba que el día del avionazo no debía trabajar.
Médicos alemanes y versiones extraoficiales han indicado que Lubitz padecía depresiones.
El martes pasado, un avión de la compañía germana Germanwings que salió del aeropuerto de Barcelona con destino a Düsseldorf, Alemania, se estrelló en los Alpes franceses. En el percance perdieron la vida 144 pasajeros y los seis miembros de la tripulación.
La versión oficial es que el copiloto estrelló intencionalmente el avión.
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jueves, 26 de marzo de 2015

La Revolución de las Canas 2015-03-26

Buscan facultar a empresas extranjeras para echar abajo decisiones de gobiernos

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El nuevo mundo del ATP. Cartón proporcionado por Wikileaks a La Jornada
Pedro Miguel y Tania Molina
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de marzo de 2015, p. 15
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) de libre comercio que negocian en secreto los gobiernos de 12 países, entre ellos el de México, otorgará a los inversionistas extranjeros privilegios y derechos por encima de los nacionales y establecerá normas y mecanismos supranacionales de resolución de conflictos que dejarán a los estados firmantes en desventaja jurídica ante los empresarios foráneos. Lo anterior se desprende del capítulo segundo del texto del acuerdo en su fase actual de negociación, documento secreto que Wikileaks proporcionó a este diario en exclusiva para nuestro país, y cuyo texto completo puede consultarse en el vínculo al final de esta nota.
La más reciente versión del acuerdo, fechada el 20 de enero de 2015, y cuya autenticidad fue verificada por la organización no gubernamental Public Citizen, revela que los negociadores del ATP ya se han puesto de acuerdo para otorgar a las empresas extranjeras “mayores poderes para demandar directamente a los gobiernos firmantes en tribunales extrajudiciales (investor state dispute settlement, ISDS), conformados de manera discrecional y sin mecanismos de control, los cuales se encargarán de resolver disputas entre inversionistas y estados por políticas nacionales. Las empresas extranjeras podrán exigir compensaciones, pagadas por los contribuyentes, ante acciones gubernamentales financieras, de salud, ambientales, de uso de suelo y otras, cuando consideren que no han sido respetados los privilegios que habrá de otorgarles el propio ATP frente a compañías locales, señala un análisis a cargo de Lori Wallach y Ben Beachy, expertos de Public Citizen que exploraron las implicaciones del documento filtrado.
El ATP define como inversión cualquier activo que un inversionista posea o controle, de manera directa o indirecta, que tenga las características de una inversión, incluyendo compromisos de capital u otras fuentes, la expectativa de ganancia o beneficio o la asunción de riesgo; las formas que puede adquirir tal inversión incluyen empresas, acciones, bonos y otras formas de participación en una empresa, instrumentos de deuda, valores a futuro, opciones y derivados financieros (artículo II-1).
De aprobarse los términos del documento, los ISDS tendrían la facultad de exigir pagos gubernamentales prácticamente ilimitados a inversionistas extranjeros, calculados con base en las ganancias futuras esperadas que los demandantes habrían obtenido, a juicio del tribunal supranacional, debido a la adopción u omisión de determinadas estrategias oficiales por el país receptor de la inversión. Asimismo, tales organismos tendrían jurisdicción para resolver litigios entre gobiernos y consorcios foráneos por concesiones de tierras nacionales y por proyectos de construcción e infraestructura.
El borrador, incluso, concede a los empresarios extranjeros el derecho a impugnar acciones de gobierno que reduzcan el valor de la inversión de una empresa extranjera (artículo II-7 y anexo II-B), en lo que el texto llama expropiación indirecta, o que cambien, a juicio del demandante, el nivel de escrutinio regulatorio que un inversionista podría haber tenido con un gobierno previo (artículo II-6), sobre el estándar mínimo de trato.
En la versión más actual del documento se ha eliminado la propuesta contenida en el borrador filtrado en 2012, que estipulaba la obligatoriedad, para un inversionista extranjero, de agotar las vías legales locales antes de llevar una querella a un ISDS.
En su más reciente redacción, el texto del ATP abre la posibilidad de que, en circunstancias excepcionales, se denuncien como expropiaciones indirectas las regulaciones de interés público no discriminatorias en materia de salud, seguridad, medio ambiente y otras.
Por otra parte, el documento obliga a los gobiernos a permitir que todas las transferencias relacionadas con una inversión se realicen libremente y sin demora, dentro y fuera de su territorio (artículo II-8), lo que contradice los consensos internacionales en materia de regulaciones financieras adoptados tras la crisis de 2008-2009 y que fueron asimilados hasta por el Fondo Monetario Internacional, como manera de prevenir o mitigar crisis financieras.
De acuerdo con los lineamientos de la sección B del ATP en su versión actual, los tribunales supranacionales previstos no cumplirían con los estándares de transparencia, consistencia y debido proceso comunes a los sistemas legales de los países firmantes ni ofrecerían resultados justos, independientes y balanceados a las disputas que en ellos se presenten, comenta el análisis de Public Citizen.
Con semejante marco regulatorio supranacional, que para México sería vinculante y de cumplimiento obligatorio, en caso de que la adhesión a él fuera aprobada por el Senado, las privatizaciones y concesiones ya realizadas, en curso o por realizar podrían volverse acciones irreversibles. El ATP otorgaría un blindaje jurídico adicional a las corporaciones extranjeras que, al amparo de las reformas energética y de telecomunicaciones ya aprobadas, y de la ley general de aguas, que pondría en manos de particulares el manejo, la distribución y la comercialización del líquido, obtuvieran concesiones, explotaciones y contratos en el país, y reduciría al mínimo el margen de control gubernamental en las industrias minera, petrolera, eléctrica e hídrica, así como en la ejecución de contratos de obra pública.
En concreto, las concesiones energéticas y acuíferas otorgadas a consorcios transnacionales se volverían virtualmente irreversibles, por cuanto una acción como la emprendida por Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 sería jurídicamente inviable, a menos que el país denunciara el ATP y abandonara ese acuerdo internacional.
El margen de acción de las autoridades nacionales se encuentra de suyo mermado por la pertenencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En las instancias de resolución de controversias establecidas en ese instrumento, el gobierno mexicano ha debido pagar más de 200 millones de dólares por reclamos de corporaciones extranjeras, y están pendientes litigios por otros 210 millones de dólares.
En repetidas ocasiones se ha señalado que el gobierno estadunidense intenta, con la adopción de este instrumento internacional, imponer en su propio territorio y en los de otros países condiciones favorables a las empresas en materias como la propiedad intelectual, las finanzas y las inversiones que socavan la soberanía y las atribuciones de los estados y que no han logrado la aprobación del Poder Legislativo en Washington.
Public Citizen señala que el ATP otorgaría poderes extraordinarios frente al gobierno estadunidense a unas 9 mil firmas extranjeras que operan en el país vecino. En contraparte, cerca de 8 mil empresas de Estados Unidos obtendrían esos mismos poderes en otros países.
La filtración se da a pocos días de que se ponga a votación en el Capitolio un mecanismo que permita aprobar por fast track acuerdos comerciales. Algunos congresistas calculan que la votación podría llevarse a cabo en la tercera semana de abril. El proceso de fast track permitiría que los legisladores voten o no al acuerdo completo, sin poder hacer modificaciones.
Los gobiernos involucrados en la negociación del ATP son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, y las negociaciones respectivas se han prolongado más de cinco años. La representación mexicana en el proceso está a cargo del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
En el encabezado del documento filtrado por Wikileaks se especifica que debe permanecer clasificado por cuatro años después de la entrada en vigor del ATP, o bien por cuatro años después del cierre de las negociaciones, en caso de que éstas no tuvieran éxito.
Documento completo en: https://wikileaks.org/tpp-investment/ 

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Padres de los 43 protestarán ante el INE para exigir que no haya elección en Guerrero

PROCESO 


25 de marzo de 2015
Destacado
Familiares de los normalistas desaparecidos durante una protesta en Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Familiares de los normalistas desaparecidos durante una protesta en Guerrero.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Familiares de los 43 normalistas desaparecidos convocaron para mañana a la décima jornada de Acción Global por Ayotzinapa.
A seis meses de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, los padres prevén realizar un mitin frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Distrito Federal, a las 12:00 horas, para exigir que el próximo 7 de junio no se realicen elecciones en el estado de Guerrero.
Luego de esa concentración, los manifestantes planean reunirse a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Monumento a la Revolución.
De acuerdo con los familiares de los normalistas, no hay condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral, porque el gobierno federal aún no ha dado indicios claros sobre el paradero de los jóvenes, además de que el crimen organizado, subrayaron, sigue coludido con el poder político en la entidad.
Melitón Ortega, vocero del Comité de padres de los jóvenes desaparecidos, recordó que en seis meses han caminado junto a miles de personas que se han sensibilizado e indignado por la desaparición forzada de los normalistas y por la situación de seguridad en el país.
“Estos seis meses representan una lucha incansable de padres y estudiantes que hemos gritado al Estado mexicano que regrese a los normalistas. Necesitamos continuar la lucha. Por ello, a seis meses queremos invitar a la sociedad a que se sume a nosotros”, dijo.
Añadió: “Es medio año y aún no hay una respuesta contundente a la pregunta de dónde están los estudiantes”.
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Rechazan jornaleros de San Quintín aumento de 10 pesos

Olga Aragón
La Jornada Baja California
Periódico La Jornada
Jueves 26 de marzo de 2015, p. 11
San Quintín, BC.
Jornaleros de San Quintín rechazaron la oferta de aumento salarial de 6 por ciento que presentaron empresarios agrícolas; ellos exigían fijar el sueldo diario en 300 pesos. En la mesa de diálogo en la que se analizan ingresos y mejoras laborales, agricultores y autoridades se negaron a aceptar la demanda de los trabajadores, que redujeron su propuesta a 280 pesos.
¡Es una burla a los trabajadores!, dijo Justino Herrera, dirigente de los jornaleros. Explicó que el incremento que ofrecen es con base en el salario mínimo de 70.10 pesos, lo que significa un aumento menor a 10 pesos. Actualmente perciben entre 110 y 130 pesos. Indicó que la demanda es de 300 pesos, que equivale a 4.4 salarios mínimos.
La oferta de aumento salarial la hizo Alberto Muñoz, representante del Consejo Agrícola de Baja California, en nombre de los empresarios de San Quintín.
¿A qué estamos jugando? ¿Quieren desgastar a la gente más de lo que ya está? ¿Quieren que griten desde sus tumbas los que murieron luchando por un salario justo?, agregó Bonifacio Martínez Cruz, otro dirigente, quien invitó a los empresarios a que intenten vivir en sus condiciones y con ese sueldo.
Fermín Salazar, dirigente de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, argumentó que presentaron la demanda de 4.4 salarios mínimos con base en el costo de la canasta básica en tiendas de la región.
Aquí el sueldo promedio de un jornalero es de 110 pesos diarios y muchos se ven obligados a trabajar más de ocho horas sin recibir pagos extra. Ustedes no saben lo que eso significa porque nunca han vivido en nuestra situación; ustedes nunca han talachado ni han sufrido el dolor de trabajar en el campo, dijo Salazar a funcionarios de gobierno y representantes empresariales.
Fidel Sánchez Gabriel, líder aliancista, recordó que a petición de los representantes de los horticultores se declaró un receso en el diálogo desde el viernes para recibir una respuesta clara de los patrones, y ahora vienen con una propuesta inaceptable.
En entrevista telefónica con un noticiario de televisión, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid afirmó que la petición de los jornaleros es inviable. En tanto, el subsecretario de Gobierno en Ensenada, Pablo Alejo López Núñez, pidió a los jornaleros flexibilizar sus demandas.
Afirmó que se está perdiendo el cultivo de fresa por el paro de labores y dijo que los empresarios realizan un esfuerzo importante, considerando que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó homologarlos en el país, lo que significa que los trabajadores de la zona B tendrán en abril próximo un aumento de 3 por ciento para igualarse al salario de 70.10 pesos de los trabajadores de la zona A.
Y como Baja California pertenece a la zona A, aquí el incremento es de cero por ciento, dijo López Núñez al destacar la buena voluntad de los horticultores de aumentar 6 por ciento el salario sin estar obligados a hacerlo.
Los jornaleros insistieron que que el incremento llegue a 280 pesos diarios.

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Policías golpean a mujeres chontales que se manifestaban en Tabasco

Un policía agrede a una mujer en Tabasco. Foto: Tomada de YouTube
Un policía agrede a una mujer en Tabasco.
Foto: Tomada de YouTube
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Mujeres indígenas chontales que exigen apoyos del gobierno para la instalación de una maquiladora de ropa fueron golpeadas por policías estatales cuando se manifestaban y pretendían acercarse al gobernador Arturo Núñez, durante un acto de entrega de maquinaria agrícola a campesinos tabasqueños.
Las indígenas, integrantes de la agrupación México Despierta, iniciaron desde ayer una huelga de hambre a las puertas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (Sedet), ubicada en el Centro Administrativo del gobierno del estado, frente al ayuntamiento de Centro (Villahermosa) y la Plaza de la Revolución, donde se realizó el evento de entrega de maquinaria agrícola.
Lideradas por el exdiputado local del PRD, Julio César Álvarez de los Santos, las mujeres exigen el cumplimiento de la promesas de apoyo que, aseguran, les ofrecieron el gobierno del estado y el ayuntamiento de Macuspana (ambos perredistas) para la instalación de una maquiladora de ropa en ese municipio.
Durante el evento, las indígenas intentaron subir al estrado para entregar un escrito al gobernador Arturo Núñez, pero personal de logística se los impidió. En ese momento se armó una acalorada discusión verbal.
Las mujeres se replegaron hacia el Centro Administrativo y de nuevo intentaron abordar al mandatario cuando realizaba un recorrido de supervisión de la maquinaria agrícola que entregó a productores tabasqueños, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa).
De inmediato las indígenas, alrededor de 20, algunas de ellas ancianas, fueron cercadas por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que empezaron a jalonearlas, golpearlas y lanzarles patadas, como quedó registrado en videos que circulan en las redes sociales.
Posteriormente los uniformados detuvieron a su dirigente, Julio César Álvarez de los Santos, quien fue trasladado a los separos policiacos, pero se ignora bajo qué cargos.
Luego de la refriega, las mujeres se dirigieron a la delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para denunciar “la represión policiaca que sufrimos”.

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Ceteg y taxistas marchan en Chilpancingo

Sergio Ocampo y Héctor Briseño
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 26 de marzo de 2015, p. 9
Unos 250 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) y taxistas de la organización Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes (Cetieg) marcharon este miércoles en Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Los inconformes partieron del poblado Petaquillas y un grupo de manifestantes encapuchados se introdujo al corralón vehicular de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de donde sustrajeron dos camionetas oficiales.
Cuando los manifestantes arribaron a la Autopista del Sol bloquearon durante más de 30 minutos el carril sur-norte de la vía. Entonces concluyó la movilización. En tanto, dirigentes de la Ceteg anunciaron que organizaciones sociales y estudiantiles se movilizarán este jueves en diversas partes de Guerrero, para recordar que se cumplen seis meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Indicaron que por mandato de la Asamblea Nacional Popular se llevarán a cabo protestas en las instalaciones de los órganos electorales federales y estatales. ‘‘Y es que, aunado a la presentación con vida de los normalistas, la demanda del movimiento y de los padres de familia es que en Guerrero no haya elecciones el próximo 7 de junio’’.
Mientras, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, afirmó ayer en Acapulco que su administración mantendrá la postura de diálogo y apertura con las organizaciones sociales.
Entrevistado durante el Tianguis Turístico, el mandatario estatal insistió en que su gobierno se mantendrá en la ruta del diálogo y del acuerdo institucional, así como de acompañamiento a los familiares de los estudiantes no localizados. ‘‘A los padres y madres de los jóvenes normalistas no se les puede negar su derecho de reclamo de justicia’’.

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