jueves, 31 de diciembre de 2009

Lo que viene en 2010


Inicia un año que será de lucha, resistencia y combatividad.

Inicia un nuevo ciclo en 2010, las cosas fueron interesantes en 2009 y habrá un tiempo de reflexión y meditación. El nuevo año que se avecina presentará nuevos retos, y ahí estará Radio SME haciendo que se escuche la Voz de los Electricistas y la Voz del Movimiento Obrero, apoyando hombro a hombro a cada uno de los smeitas bien nacidos, a la Dirección del Sindicato y por supuesto, con honor, convicción, valor y determinación a nuestro Glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas.

Feliz y Combativo Año Nuevo.

¡¡ NI UN PASO ATRÁS !!

México SA

Carlos Fernández-Vega
Concluye este agitadísimo 2009 tal cual comenzó el calderonato: con escalada de precios, promesas incumplidas, deterioro del poder adquisitivo, caída del nivel de vida de los mexicanos, avance sostenido de la pobreza, inseguridad, violencia creciente y, como cereza del pastel, el peor resultado económico en ocho décadas. Nada para presumir, mucho menos para vivir mejor”, como en campaña ofreció el actual inquilino de Los Pinos, quien, dado el éxito registrado, goza de merecidísimas vacaciones.

Calderón inicia su cuarto año de “gobierno” (así le llama) con la cuarta alza consecutiva en productos básicos, estimulada –como en 2006– por la brillante decisión de su impuesto delfín en la Secretaría de Hacienda (léase el carismático Ernesto Cordero) de “adelantar el ajuste” de precios en los combustibles con el fin de “no hacer tan pesada” la cuesta de enero. Pues bien, con ese magnífico criterio lo único que provocó fue “adelantar” la escalada de precios y hacer aún más difícil la cuesta de enero.

Nada nuevo bajo el sol. En 2006, Calderón se sentó en Los Pinos luego de acordar con Fox el aumento masivo de precios, entre los que sobresalieron los de la leche popular (28 por ciento), tortilla, maíz, pan, gas, electricidad, gasolina, transporte, educación, tarifas en general, cigarros, refrescos y lo que se quede en el tintero, al tiempo de reforzar la política de topes salariales nunca mayores al crecimiento inflacionario oficial. Parte del acuerdo fue (15 de noviembre de 2006) el “sobreprecio” de 29 centavos por litro a la gasolina Premium y de 16 centavos al diesel, más IVA, alza adicional a 37 y 25 por ciento de incremento, respectivamente, para los mismos productos a lo largo del sexenio del “cambio”. Ésa fue la despedida del “cambio” y la llegada de la “continuidad”. Tan sólo un mes después de la llegada del “nuevo gobierno”, se registró el primero de la “continuidad” (enero de 2007), y a lo largo del primer año de estadía en Los Pinos le concatenaron tantos aumentos de precios como puedan imaginarse.

Ésa fue la primera respuesta calderonista al “para vivir mejor” que ofreció en campaña. Sin embargo, un mes antes de meterse por la puerta de atrás para instalarse en Los Pinos pactó con su antecesor otro “paquete”: a finales de octubre y principios de noviembre de 2006 todavía no se procesaba el 23 por ciento de aumento en el precio de la tortilla (de 6.5 a 8 pesos kilogramo), cuando Liconsa decretó un incremento de 28.57 por ciento al precio de la leche popular (de 3.5 a 4.5 pesos), mientras la Secretaría de Hacienda (Gil Díaz-Carstens) autorizó alzas de 3.66 y 2.86 por ciento, más IVA, a los precios de la gasolina Premium y el diesel, respectivamente, que se sumaban a las que mes tras mes se aplicaban a tarifas eléctricas (17 por ciento en aquel año) y al gas, precios que afectan a toda la cadena productiva.

Entonces, como ahora, los siempre ágiles legisladores brincaron por los aumentos (especialmente los de tortilla y combustibles), quienes “exhortaban” a Calderón para que pusiera en marcha “un programa urgente” que frenara los aumentos en productos básicos, y en un acuerdo “de urgente y obvia resolución” y “por unanimidad” le pedían (como si el Legislativo no tuviera instrumentos legales para actuar por iniciativa propia) “instruir a los secretarios de Economía y de Agricultura (Eduardo Sojo y Alberto Cárdenas Jiménez, en ese entonces); así como al procurador Federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña, que en tanto se establecen los precios de los granos, se implemente los mecanismo provisionales para evitar que los incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo, afecten la economía de los más necesitados y que las medidas que se tomen, no afecten a los productores nacionales de maíz”.

Hasta allí llegaron los legisladores, porque el resultado concreto fue que en el primer año de calderonato los precios de la canasta básica se incrementaron 35 por ciento. Pero no, la fiesta no concluyó. En septiembre de 2007 los muchachos de San Lázaro aprobaron la propuesta de Felipe Calderón de aplicar un nuevo impuesto a las gasolinas, el llamado gasolinazo (5.5 por ciento adicional al precio del combustible), que entró en vigor el primer día de 2008, aunque su simple aprobación (septiembre de 2007) constituyó un acicate para el incremento de precios.

Llegó 2008, con la misma dosis del año anterior: a pleno galope los precios de alimentos básicos, de la mano del incremento a tarifas eléctricas (para los consumidores domésticos) y gasolinas –que se mantuvo a lo largo del periodo–, lo que repercutió en toda la cadena productiva. Y la crisis ya en acción, cobrándose en empleo, salario y en pequeñas y medianas empresas, por mucho que en el discurso oficial la ubicaran a miles de kilómetros de las fronteras nacionales, porque “es externa, nosotros tenemos finanzas públicas sólidas y contamos con un navío de gran calado”, presumía el sonriente inquilino de Los Pinos junto a su doctor “catarrito”.

Lo que sucedió en 2009 todos lo saben y lo padecen, y a pesar de los cruentos sucesos al calderonato no se le ocurre mejor idea que asfixiar a los mexicanos por la vía fiscal y “adelantar” el aumento a los combustibles y, con ello, dar el banderazo de salida a la cuarta escalada consecutiva de su estadía en Los Pinos, aderezada con nuevos impuestos e incrementos a los existentes, sin olvidar el avance de precios de bienes y servicios públicos (federales, estatales y municipales). ¿Y los siempre combativos legisladores, “representantes y defensores del pueblo”? De nueva cuenta en ejercicio de la política del “exhorto” y la “urgente convocatoria”, aunque decidan posponer la discusión del más reciente gasolinazo y su efecto inmediato en el tortillazo, porque en esta época las bellas playas son inevitables.

Las rebanadas del pastel

Y mientras el premiado doctor “catarrito” Agustín Carstens se apresta a “tomar las riendas” del Banco de México y, tras 12 años en el hueso, Guillermo Ortiz se va con sus maletas a otra parte, los 49 niños muertos en la guardería ABC de Hermosillo desean un feliz año y mejores sueños al inquilino de Los Pinos, a la familia Zavala, al ex gobernador Bours y su parentela y, en fin, al eficiente aparato de “justicia” y al incólume estado de derecho… Por lo demás, ánimo, con los mejores deseos de México SA, y nos encontramos el sábado en este mismo espacio. ¡Salud!

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

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Sin viáticos en este semestre, efectivos de la PF que luchan contra el narco en el país

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 31 de diciembre de 2009, p. 9

En el último semestre de este año, los mandos medios de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal (PF) desplegados en diversos estados del país donde se realizan operativos antinarco dejaron de recibir viáticos para solventar los gastos que derivan de su permanencia por varios meses en lugares lejanos a sus domicilios.

Por lo anterior, tuvieron que utilizar el dinero de su salario para adquirir utensilios de aseo personal, pagar diversos servicios, como el de lavado de ropa, además de cubrir gastos de transporte y hasta de papelería, lo que les representó una merma de alrededor de 40 por ciento en sus ingresos.

Un grupo de inspectores y subinspectores de la PF que pidieron el anonimato por temor a represalias, revelaron a La Jornada que el responsable de negar a los mandos medios el pago de viáticos o el rembolso por concepto de gastos de operación es Mario Enrique Ramírez Olguín, director adjunto de recursos financieros de la corporación, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Los comandantes policiacos también mencionaron que el mismo funcionario encargado de las finanzas de la PF ha dilatado los pagos de pensión a las viudas cuyos maridos cayeron abatidos en cumplimiento de su deber en alguno de los estados donde desde hace tres años se libran enfrentamiento contra sicarios al servicio de algún cártel de la droga.

“Nos mandan a la guerra con fusil, pero con los bolsillos vacíos; por eso no nos está rindiendo el salario para llevar completo el gasto mensual a nuestros hogares”, reveló a este diario un inspector que tiene a su cargo a 15 efectivos de la PF.

“Aunque nos trasladan en vehículos oficiales a la entidad donde prestamos el servicio, muchas veces uno tiene que venir aquí, al Distrito Federal, por alguna comisión especial o para visitar a la familia un fin de semana, y los gastos corren por nuestra cuenta; no nos dan rembolso inmediato”, expuso otro mando de la PF.

“Tenemos que lavar nuestra ropa, satisfacer nuestras necesidades básicas y adquirir libretas, lápices y plumas para el servicio, pero todo eso debemos pagarlo nosotros”, aseguró otro comandante de la misma corporación.

A decir de los quejosos, Ramírez Olguín también ha tenido problemas con los dueños de los hoteles que son utilizados para hospedar a los policías federales que participan en los operativos antidrogas, debido a que no les paga puntualmente el servicio de hospedaje y alimentación a la tropa.

En octubre pasado, Joaquín Osuna, gerente del hotel Conquistador, ubicado en Tijuana, Baja California, informó a varios medios de comunicación que la PF tenía un adeudo que superaba los 4 millones de pesos por la estadía de agentes federales en el inmueble que por varios meses fue convertido en su hogar y centro de operaciones.

En esa ocasión, Ramírez Olguín llegó a un acuerdo con los dueños del establecimiento para que le aceptaran realizar un pago parcial de 60 o 70 por ciento del adeudo y dejar el resto para cubrirlo en el transcurso del próximo mes.

Los empleados del hotel habían tenido que bloquear con sus automóviles el acceso de los elementos de la PF a las instalaciones, con el fin de impedir el movimiento de vehículos oficiales y así hacer presión para que las autoridades pagaran.

Según los mandos medios que acudieron a este diario para denunciar la ausencia del pago por concepto de “gastos operativos”, hay otras coordinaciones de la PF –como la de Seguridad Regional, sección segunda, o la Coordinación de Servicios Técnicos– que son tratadas mejor, pues “les depositan sus viáticos antes de que salgan a su misión especial”.

Uno de los inspectores inconformes refirió que recientemente hubo una manifestación de mandos y elementos de la PF enviados al estado de Michoacán que “estando en servicio informaron que ya no realizarían patrullajes hasta que les pagaran viáticos”.

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Protesta contra la escalada de precios

Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Jueves 31 de diciembre de 2009, p. 4

Integrantes del Frente Social por la Igualdad (FSI) rechazaron el alza en el precio de la gasolina y demandaron acciones urgentes del gobierno federal para frenar la escalada de precios en alimentos de la canasta básica.

Durante más de una hora, decenas de estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma de la Ciudad de México se manifestaron frente a la gasolinería ubicada en el Metro Moctezuma, donde solicitaron a los automovilistas tocar la bocina de su automóvil como acto de protesta, con el fin de “expresar el rechazo de la ciudadanía ante estas medidas que afectan aún más la frágil economía familiar”.

René González, del FSI, informó que la próxima semana iniciarán una jornada de protestas, que contempla realizar mítines frente a la Secretaría de Hacienda para demandar que se modifique la política económica del gobierno federal y se apliquen medidas de apoyo a los sectores menos favorecidos, entre los que destacó a personas en pobreza, así como a “millones de estudiantes que resentirán esta escalada de precios”.

Anunció que el FSI mantendrá una campaña en Internet para informar a la población y convocar a diversos actos de protesta en la capital del país.

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Exigen jubilados elevar las pensiones; “el costo de la vida es altísimo”.

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Jueves 31 de diciembre de 2009, p. 4

La Unión Nacional de Jubilados y Pensionados Civiles y Militares advirtió sobre una mayor afectación para los trabajadores retirados debido a la escalada de precios que se avecina.
“El costo de la vida es altísimo. Un compañero o come o viste o paga casa con lo que recibe”, en promedio 3 mil pesos mensuales por pago de jubilación, señaló el presidente del organismo, Alfredo Boybín Sánchez.

Recordó en entrevista que los pensionados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) suman alrededor de un millón, y los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), unos 4 millones, y forman parte, en su mayoría, de diversas agrupaciones que luchan por un aumento a sus percepciones acorde con el costo de la vida.

“El ISSSTE nos generaliza a todos en 3 mil pesos, pero hay compañeros que reciben menos. Sería justo que se nos dieran aumentos conforme a lo que reciben los altos funcionarios del Estado.”

Lo adecuado serían 4 mil o 5 mil pesos, señaló Boybín Sánchez. “En cambio, hasta prestaciones se nos han retirado, como un bono de despensa por 3 mil 500 pesos, y no somos beneficiados con los 6 mil 800 que se otorgan en fin de año a los activos. Reciben aguinaldo por 40 días, pero se los dan en dos partes, a finales y a principios de año”.

En un análisis, la unión refiere que algunos problemas que enfrentan sus agremiados derivan de las pensiones que reciben. Otras dificultades son resultado de la falta de homologación entre jubilados estatales, municipales y de ISSSTE e IMSS, agrega.


Reconoce que tras una larga y azarosa lucha, las jubilaciones de ambos organismos se incrementan anualmente, de conformidad con el índice general de precios al consumidor, el cual en 2009 es de 6.53 por ciento.

“Sin embargo, no es suficiente. Hay que considerar que la jubilación o pensión no es una concesión gratuita, y menos un acto caritativo. Por el contrario, es legítimo y auténtico derecho laboral ganado por el esfuerzo, las cotizaciones y la entrega profesional.

“Es decir, es un contrato de seguro donde se invirtió dinero por largo tiempo que, conforme a cálculos actuariales, debieran generar recursos suficientes para llevar una vida con decoro.”

La unión de jubilados y pensionados también cuestiona que esta y otras organizaciones similares no cuenten con “establecimientos propios para practicar la diversidad cultural, social y política (...) Hay algunas prestaciones, como préstamos a corto plazo e hipotecarios, que quedan regularmente sujetos a las preferencias electorales de cada organización”.

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miércoles, 30 de diciembre de 2009

1 de Enero de 2010. Marcha en los pinos para la renuncia de FE-CAL

Atención ciudadanos, internautas de diferentes redes sociales están convocando a todos los mexicanos a participar en la primera marcha de protesta en 2010, el objetivo es exigir la renuncia de Felipe Calderón, demostrarle la inconformidad social que impera en el país por sus políticas nefastas, antipopulares y antilaborales, por sus mentiras, engaños, abusos y por el desgobierno, la gran ola de violencia y la miseria a que ha llevado a nuestro México. No permitamos que esté un año más en la Presidencia!! Participemos todos!! Por nuestro futuro, por la libertad, por la organización en torno a la próxima gran Huelga Nacional!! Y no olvidemos nuestro apoyo al SME!! Saludos cordiales y feliz y combativo inicio de año!!


Datos sobre la marcha


Día: 1 de enero de 2010.
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Afuera de Los Pinos.

Camaradas, les amplío la información sobre un correo que recién me llegó y nos dará una panorámica más amplia de esta primera gran protesta contra Fecal. Les paso la información:

La resistencia civil pacífica convoca a todos los integrantes de los comités ciudadanos en resistencia, a los convencionistas y a los hombres y mujeres libres de México a participar en la primera protesta del año, el viernes 1 de enero del 2010, para recordarle al presidente usurpador, como cada día primero de mes, que para él no habrá ni perdón ni olvido por haberse robado la presidencia de la República.

La cita es el día viernes 1 de enero de 2010 a las 10:45 A.M. EN PUNTO, afuera de la estación "Constituyentes" de la línea 7 del Metro de la Ciudad de México.
 
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Analiza el gobierno crear nueva paraestatal que sustituya a LFC


Miriam Posada García 
Periódico La Jornada 
Miércoles 14 de octubre de 2009, p. 27 

La secretaria de Energía, Georgina Kessel, señaló que el gobierno tiene en análisis la conveniencia de crear una nueva paraestatal con capital cien por ciento del Estado, aunque evadió precisar si el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) podría participar en ella.

La otra opción, añadió, es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se haga cargo de Luz y Fuerza del Centro (LFC) de forma definitiva.

Refirió que la deficiente operación de esa empresa provocó que se inhibieran inversiones y se dejaran de generar empleos en la zona centro del país, pero ante la falta de cifras concretas la funcionaria argumentó que a diciembre de 2008 la paraestatal no atendió solicitudes de prestación de servicio por aproximadamente mil megavatios que equivalen a casi uno por ciento del producto interno bruto (PIB).

Al dar a conocer el diagnóstico de la empresa extinta por decreto, la funcionaria dijo que la situación financiera de LFC era insostenible debido al creciente deterioro provocado por las altas prestaciones de los trabajadores y el deficiente desempeño operativo.

Afirmó que el pasivo laboral ascendía a 240 mil millones de pesos, de los cuales 80 mil millones correspondían a los trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado, y que la empresa no contaba con un fondo para cubrir el pasivo laboral.

Pérdidas de $25 mil millones

Como parte de una larga lista de cifras negativas, Kessel dijo que el valor estimado de las pérdidas totales de la empresa es de 25 mil millones de pesos anuales, lo que equivale a 32.5 por ciento de la energía eléctrica, contra 10.7 por ciento que se pierde en la CFE.

Destacó que entre 2001 y 2008 las transferencias del gobierno federal hacia LFC se incrementaron en más de 200 por ciento; en 2009 habrían sido de 42 mil millones de pesos y al cierre del sexenio habrían alcanzado 300 mil millones.

Al ser cuestionada sobre la responsabilidad que tuvo la dirección de LFC en su deterioro financiero, así como la del gobierno, dijo que hubo constante preocupación por sanear sus finanzas y que la herramienta para conseguirlo fue la propuesta de convenios de productividad, el primero planteado en 1994, hasta uno más reciente de hace dos años, pero ninguno se cumplió.

Se trataba de que no tuviéramos que estar canalizando cada vez más recursos que provienen de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos para cubrir las ineficiencias de una empresa paraestatal. La situación financiera de LFC era insostenible y las decisiones se tomaron para no estarle canalizando recursos que se deben aprovechar de mejor manera, particularmente en las condiciones actuales de la economía del país.

Y como muestra de que para el gobierno la desaparición de LFC es un hecho, dijo que el presidente Felipe Calderón le notificó a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados sobre el hecho y los motivos que tuvo para emitir el decreto.

Argumentó que entre las razones que llevaron al Ejecutivo a terminar con la existencia de LFC está la recomendación que hizo la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2006 para que las secretarías de Energía y de Hacienda se coordinaran para evaluar la conveniencia de elaborar estudios que sustenten la posibilidad de proceder en términos de lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el que se señala que cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir con sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda, en atención de la dependencia coordinadora, propondrá al Ejecutivo la disolución, liquidación o extinción de aquél.
 
Kessel señaló que a la CFE se le transferirán recursos que ya estaban presupuestados para LFC, a fin de que pueda cumplir con la administración de ésta y asegurar que los usuarios tengan el suministro de la manera más eficiente posible para fomentar las inversiones y la generación de empleos en el centro del país.


Si bien en el alegato oficial para justificar la desaparición de LFC figura que ante la ineficiencia de la paraestatal se perdieron inversiones y no se crearon empleos en esta región, no pudo ofrecer cifras contundentes. Sólo dijo que la negación de factibilidad de LFC hasta 2008 sumaba alrededor de mil megavatios en términos de demanda que tendrían que haberse suministrado, lo que representa casi un punto del PIB. Son montos significativos que equivalen a no darle energía a ciudades como Tijuana, Querétaro o dos veces Acapulco.

Critica beneficios contractuales

En su diagnóstico, la funcionaria criticó la excesiva plantilla laboral y los beneficios del contrato colectivo de trabajo (CCT) de los integrantes del SME, entre los que destacó la posibilidad de tener hasta 10 meses de permiso al año con goce de sueldo; el pago de viáticos y lavado de ropa aunque no salieran de la ciudad, y una cuota de energía eléctrica de 350 kilovatios-hora al mes, la cual durante 2008 tuvo un costo para la empresa de 540 millones de pesos.

Destacó que las altas prestaciones y el deficiente desempeño operativo provocaron que en 2003 los costos de LFC fueran 1.7 veces el valor de las ventas, y cinco años más tarde fueron dos veces más, lo que se traduce en ventas por 50 mil 792 millones de pesos contra costos de 107 mil 25 millones.

Asimismo dijo que a junio de 2009 el precio medio de venta de energía en LFC fue 52 por ciento más costoso, ya que el costo se ubicó en 0.92 pesos contra un precio de 1.40 pesos.

En una constante comparación con CFE, detalló que durante 2008 la paraestatal que dirige Alfredo Elías Ayub atendió a 610 usuarios por trabajador contra 292 de LFC; el tiempo de interrupción por usuario en CFE fue de 75.7 minutos y en la empresa extinta de 108, mientras que la construcción de líneas de transmisión en LFC se llevaba el doble de tiempo que en su contraparte y costaba tres veces más.

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Descartan beneficio para Canales por extinción de LyFC


Verónica Sandoval
Milenio
30 de Diciembre de 2009

Monterrey.- Autoridades federales planean la creación de una nueva entidad que reemplace las funciones que tuvo Luz y Fuerza del Centro (LyFC); y que inicie sus operaciones en 2011.

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, informó que durante 2010 analizarán los alcances de la nueva paraestatal que será decretada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Adelantó que en lugar de 40 mil empleados, la planta laboral podría definirse entre las nueve mil o cinco mil trabajadores; atendiendo en un principio al Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Hidalgo y Puebla.

El legislador panista enfatizó que aumentarán los servicios de la nueva compañía (cuyo nombre aún no está definido), y esa ampliación incluirá la fibra óptica para la transmisión de video, voz y datos.

Cantú Rodríguez confió en que la nueva entidad será más eficiente incluso de la Comisión Federal de Electricidad.

“De manera tal que los costos no repercutan en el recibo y para eso tendrán que darle usos múltiples a sus instalaciones, y el cableado permite por ejemplo a transmisión de voz y datos.

“Si esto fuese posible entonces entraríamos a la posibilidad de vender el tiempo o el espacio o la transmisión a través de estos cableados, como en algún momento se ha planteado de una empresa privada que podría haberlo hecho”.

Asimismo, descartó que los ex secretarios de Energía: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens Rebolledo, a través de la compañía WL Com, hayan sido beneficiados con contratos de Luz y Fuerza del Centro.

El legislador aclaró que la concesión de los contratos será a través de licitación

“Suponiendo sin conceder que hubiesen obtenido el permiso, éste hubiera tenido que haber sido a través de un concurso que es la mejor manera de obtener los mejores beneficios para los mexicanos, y no para que quede en manos de unos pocos”.

Destacó que en materia de energía, será en febrero próximo cuando la Secretaría de Energía presentará a los legisladores un plan para el sector.


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Alista SME proceso de renovación de dirigencia

César Rodríguez, reportero
Radio 13
30-Diciembre-2009

Ciudad de México, 30 de Diciembre.- El Secretario del Interior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) Humberto Montes de Oca señaló que trabaja con la información de su base de datos a fin de conocer el número de trabajadores que tienen derecho a participar en el proceso para renovar a su dirigencia.
En entrevista con Radio Trece Noticias, Montes de Oca añadió que se diseñará un procedimiento para determinar como será el proceso, que se llevará a cabo en enero después de presentar y registrar las planillas que se interesen en participar.

Añadió que cerca de 18 mil trabajadores que no se liquidaron participarán en la elección, ya que los liquidados no tienen voz y voto, además de que actualmente sólo se tiene conocimiento de que participará la planilla encabezada por el líder de los electricistas Martín Esparza.

Humberto Montes de Oca añadió que habrá observadores nacionales e internacionales para dar garantía a la elección del nuevo líder sindical.

Los organismos se contarán con sindicatos y organizaciones como el STUNAM, el sindicato de telefonistas y no descarta que participen organizaciones como Transparencia Internacional y algunas personalidades distinguidas de diferentes ámbitos.

Humberto Montes de Oca señaló que para enero continuarán con diversas movilizaciones cerca de 40 mil personas.

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Difícil 2010 para las familias por el alza de precios: legisladores

Alma Muñoz y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 30 de diciembre de 2009, p. 3
El “gobierno legítimo” de México acusó a Felipe Calderón y al PAN de impulsar acciones lesivas contra los trabajadores, al pretender desmantelar a sus organizaciones sindicales con iniciativas de reformas que los obliguen a rendir cuentas, y propiciar un alza generalizada de precios a consecuencia del aumento a la gasolina.

En tanto, diputados del PRD y PT afirmaron que el panorama económico para 2010 se anticipa poco favorable para las familias mexicanas, pues destacaron que sólo en el imaginario del gobierno federal la crisis ha sido superada.

El coordinador de los diputados del PT, Pedro Vázquez, alertó que el golpe de los aumentos a los servicios, impuestos y derechos será severo para toda la sociedad, especialmente para los trabajadores.

El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Vidal Llerenas (PRD), explicó que la administración federal aplica los aumentos a la gasolina como si se tratara del cobro de un impuesto, sólo que sin la autorización del Congreso y además incumpliendo el pacto que firmó a principios del año.

En entrevista por separado, Jesús Martín del Campo, secretario del trabajo del “gobierno legítimo”, destacó que “estamos en una fase tan descompuesta de la política y hay tanta desesperación del gobierno usurpador (por el fracaso de la política económica), que existe la idea de hacer valer una legislación regresiva”, acorde con “una mentalidad proclive a las acciones autoritarias que desarrolló el gobierno de (Francisco) Franco en España: abatir la libertad sindical, conculcar derechos y reprimir protestas de los trabajadores”.

Añadió que el régimen panista quiere “a toda costa generar un ambiente favorable a lo que llamamos capitalismo salvaje”, porque además de pretender “desmantelar la auténtica representación de los trabajadores o impedir que se den procesos de democratización en los sindicatos donde los líderes son afines o se adaptan al gobierno, son los portavoces o gestores de las compañías trasnacionales que buscan la riqueza de nuestro país”.

Los panistas, insistió, “tienen una idea retrógrada, injusta y autoritaria para desaparecer la representación obrera y la contratación colectiva. Por eso quieren individualizar, desmantelar y destruir toda la conquista laboral”.

“Comprometidos con empresarios”

Prefieren, como ocurrió con el Sindicato Mexicano de Electricistas, “dejar sin trabajo a miles de personas porque ya están comprometidos con empresarios nacionales y extranjeros para el negocio de la fibra óptica”, afirmó.

De manera que vivimos, asentó Martín del Campo, una regresión autoritaria en materia laboral que nos lleva muy atrás, al siglo XIX o principios del XX, cuando se peleaba por la jornada de ocho horas, y todo lo que se conquistó con la Constitución de 1917.

El legislador petista Pedro Vázquez consideró preocupante la perspectiva económica de las familias ante la escalada inflacionaria que provocará el aumento indiscriminado al precio de las gasolinas y el diesel, que para el primer día de enero tendrá un repunte de 4 por ciento.

“La responsabilidad de los efectos de este tipo de medidas es de Felipe Calderón, quien no sólo violó su propio acuerdo, sino que desatendió el llamado de la Comisión Permanente, que por unanimidad le pidió no aplicar el gasolinazo de fin de año. Sólo se refleja el doble discurso del PAN y del gobierno, que dicen estar en favor de los trabajadores, pero el próximo año tendrá un mal inicio. En el Distrito Federal la tortilla se vende en 9 pesos el kilo en estos días; en Monterrey y Durango está entre 10 y 11 pesos” afirmó.

Indicó que si en las celebraciones de Navidad las familias redujeron su gasto por los incrementos, en las festividades de Año Nuevo y Reyes la perspectiva “será aún más desesperante, y eso nos preocupa, porque así prevalecerá todo el año”.

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Protestan en Sinaloa por incremento en los recibos de luz hasta de 300%

Javier Valdez Cárdenas
Corresponsal
Periódico La Jornada

Miércoles 30 de diciembre de 2009, p. 3
Culiacán, Sin., 29 de diciembre. Alrededor de un centenar de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaron un plantón frente a las oficinas de la paraestatal, en protesta por los aumentos hasta de 300 por ciento que registran los recibos de luz –todos de consumo doméstico– en la población de Los Mochis, municipio de Ahome.

Algunos de los quejosos informaron que en el anterior recibo apareció la cantidad de mil pesos, y en el más reciente de 2 mil pesos o más; otro usuario dijo que normalmente paga 800 pesos por el consumo mensual y en el recibo correspondiente a diciembre el cobro fue de 2 mil 800 pesos.

Guillermo Padilla Montiel, dirigente del Comité de Usuarios de la CFE en el Norte de Sinaloa, responsabilizó a la paraestatal de estos cobros excesivos.

Demandó a las autoridades centrales de la empresa que revisen su esquema tarifario y dejen de cometer abusos en contra de los ciudadanos, “que ya de por sí están soportando otros incrementos, como en la tortilla y el combustible”.

Sostuvo que en algunos casos los incrementos en el cobro llegan a ser hasta de 300 por ciento, ya que algunos usuarios tienen recibos recientes con cantidades de hasta 5 mil pesos.

Funcionarios de la CFE en el municipio de Ahome informaron que mientras se aclara esta situación, personal de la paraestatal no realizará cortes de energía eléctrica en las viviendas de los usuarios domésticos que no paguen el servicio.

Descartaron que dichos cobros se deban a errores en las lecturas de los medidores por parte del personal de la CFE o que los aparatos estén fallando.

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Van por el SUTERM

Aún, cuando es una nota de tiempo atrás, podemos observar cómo ya le comenzaban a hechar tierra igual al SUTERM, es cuestión de tiempo para que el gobierno espurio ataque de manera inminente este Sindicato

El sindicato funde a la CFE
Andrés Becerril
18-Octubre-2009

Todas las contrataciones que pretenda la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben ser palomeadas por el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que también tiene derecho de veto contra cualquiera que pretenda una representación laboral disidente dentro de la empresa, según el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2008-2010.

También son conquistas laborales del SUTERM que la CFE proporcione locales para las sedes de las 204 secciones sindicales, el pago de teléfono, energía eléctrica, limpieza y reparaciones de inmuebles.

El CCT obliga a la empresa a dotar a sus trabajadores de casas gratis o ayudarlos a pagar la renta; otorgar miles de becas de estudio y cursos de posgrado en el extranjero, así como ofrecer el equivalente a 24.3 por ciento del salario diario de cada trabajador para ayuda de despensa, lo que comparativamente supera lo que el Presidente y sus secretarios de Estado reciben por esa prestación.

Los afiliados al SUTERM tienen además derecho a energía eléctrica gratis. De hecho, sus miembros no pagan ese servicio desde 1974, cuando firmaron el primer CCT.

Anualmente, por concepto de cuotas sindicales el gremio que lidera Víctor Fuentes del Villar recibe 225 millones de pesos, aproximadamente 18 millones 750 mil pesos mensuales.

Sus agremiados también cuentan con una “compensación por fidelidad”. Se trata de un bono que permite a los trabajadores hacer huesos viejos en la empresa y, sin necesidad de ascender en el escalafón, ganar más cada año.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, los trabajadores de la CFE recibieron mejores pagos que los de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), la paraestatal declarada extinta el domingo pasado, mediante el decreto emitido por el presidente Felipe Calderón.

El documento gubernamental muestra que en la CFE hay más de 80 mil trabajadores en activo y 17 mil de ellos serían de confianza.

El monto de sus salarios para este año se calculó sobre los 32 mil 369 millonesde pesos, que representan en promedio 403 mil pesos por trabajador —frente a 376 mil que el gobierno había programado para cada trabajador de LyFC.

Otros 43 mil 233 millones de pesos se calcularon este año para pagar pensiones de 29 mil 531 trabajadores de la CFE, un gasto promedio de un millón 463 mil 896 pesos para cada jubilado de la empresa que actualmente suministra energía eléctrica a la zona antes asignada a LyFC.

En la cláusula 37 del CCT del SUTERM, “Control de Ingreso”, se apunta que para trabajar en la CFE “es requisito indispensable ser miembro activo del SUTERM”.

En los términos de ese contrato, “la CFE solicitará y el SUTERM proporcionará, por conducto de su representación nacional, al personal que requiera.

“La CFE –continúa– se obliga a no utilizar como trabajador a quien haya renunciado al SUTERM; haya sido expulsado o separado del mismo; atacado o desconocido los estatutos o la autoridad del Comité Ejecutivo Nacional, o propiciado la división sindical”.

Si la CFE contrata a cualquiera comprendido en esos casos, “serán separados de su empleo tan pronto como lo solicite el SUTERM por escrito”.

En la cláusula 73 del Contrato Colectivo de Trabajo, la CFE se compromete a seguir “proporcionando o proporcionará a cada una de las secciones del SUTERM los locales e instalaciones adecuados para que funcionen oficinas, celebren asambleas sus integrantes, y en general se destinen a la realización de los objetivos del SUTERM”.

Esos locales e instalaciones también deben ser reparados y limpiados con cargo a la empresa. “Cuando no sea posible que la CFE proporcione dichos locales e instalaciones, o las secciones cuenten con locales o instalaciones que destinen a las finalidades mencionadas, se convendrán con el Comité Ejecutivo Nacional las cantidades que en concepto de ayuda para el pago de renta o para gastos de conservación y mantenimiento entregará la CFE a las secciones sindicales”.

En todos los casos la empresa “proporcionará el servicio eléctrico gratuitamente, así como el servicio telefónico, este último hasta por las cantidades que acuerden las partes en los convenios de particularidades, los cuales serán revisados de forma anual”.

Información del sindicato revela que la CFE pagará este año aproximadamente 23 millones de pesos por renta y mantenimiento de sus sedes, el servicio telefónico y la energía eléctrica en beneficio del SUTERM.

Sobre la ayuda para despensa, la cláusula 75 argumenta que con objeto de mejorar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, la empresa “pagará a los trabajadores de base, de confianza y temporales 24.3 por ciento sobre el salario diario tabulado. A los jubilados se les incrementará el monto que actualmente perciban por este concepto en dos por ciento. El importe de dicha ayuda será cubierto en sus pagos de salario y pensiones jubilatorias”.

La cláusula 67 obliga a la CFE a suministrar “gratuitamente a sus trabajadores de base energía eléctrica hasta por 350 KWH mensuales”. No obstante, pone candados en su utilización, impide revenderla o usarla en establecimientos comerciales. De lo contrario, la CFE puede invalidar el convenio.

Además, los afiliados al SUTERM pagan el excedente de los 350 KWH mensuales al precio de un centavo por KWH.

“En los lugares en donde no existan redes de distribución de CFE, ésta entregará a sus trabajadores de base una ayuda equivalente al costo de 350 KWH mensuales”.

Sobre las cuotas sindicales ordinarias, el contrato colectivo establece que la CFE descontará a los trabajadores de base y temporales dos por ciento de su salario tabulado, más el pago de tiempo extra que perciban por cualquiera de los conceptos previstos en el CCT.

“De las cantidades descontadas, se enviará directamente al Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM, dentro de los primeros cinco días de cada mes, la mitad de dicho descuento y el resto se entregará a la sección o delegación sindical respectiva, mediante los recibos correspondientes”, dice la cláusula 71.

La cláusula 81 “Compensación por Fidelidad” establece que como el sistema de ascensos está basado en la aptitud de los trabajadores y no en su antigüedad, la CFE y el SUTERM acordaron un reconocimiento a la fidelidad, a través de una compensación económica.

“De conformidad con lo anterior, a partir del primero de mayo de 1998 la compensación por fidelidad se determinará con base en el salario tabulado de los trabajadores, correspondiente a la primera columna, y se pagará a razón de uno por ciento anual sobre dicho salario por cada año completo de servicio”.

El CCT reconoce que “por tratarse de una prestación adicional a las que
establece la ley, esta nueva compensación únicamente formará parte de los factores que integren el salario para determinar el monto de las pensiones jubilatorias y la prima legal de antigüedad, cuando se trate de jubilaciones, en la inteligencia de que sólo se considerarán los años de servicio que acumule el trabajador a partir del primero de mayo de 1993 y hasta el momento de la jubilación”.

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martes, 29 de diciembre de 2009

Huelgas Mineras en Peligro

Por Eduardo Ibarra Aguirre

Fundado o infundado, los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros expresan un creciente temor de que durante las vacaciones que comienzan hoy, se produzca un golpe de mano contra las huelgas estalladas el 30 de julio de 2007 en las minas de Taxco, Guerrero; Cananea, Sonora, y Sombrerete, Zacatecas, correspondientes a las secciones 17, 65 y 201 respectivamente.

Violaciones al contrato colectivo de trabajo y condiciones adecuadas de seguridad e higiene industrial son las causantes de tres huelgas que para mantenerse en pie 29 meses después, requieren muchísimo más que la decisión y voluntad de un dirigente como Napoleón Gómez Urrutia , entre otras cosas porque implican un alto grado de sacrificio de los trabajadores y sus familias, aptitud para convertir el reclamo en acción social y un entramado organizativo que les dé consistencia y proyección nacional a las exigencias locales.

Muy distinta es la visión de Javier Castelo Parada , para quien el secretario general del gremio minero y metalúrgico es “el causante de todos sus atrasos y sacrificios”, las violaciones contractuales son “supuestas” y el motivo de “la huelga no fueron las fallas en Seguridad e Higiene –las mayúsculas son del senador emparentado con José Eduardo Robinson Bours Castelo – sino las demandas penales interpuestas por los trabajadores mineros y la PGR en contra de NGU”.

Ni una palabra dice el legislador panista en el texto que –dirigido a los huelguistas de la histórica Cananea–, distribuyó sin firma durante una conferencia de prensa, en torno al desbordado interés del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para litigar en contra del sindicato y su dirigencia, sus bienes y cuentas bancarias, o como lo denominan ellos mismos: “perversa persecución política, laboral, judicial y penal”. Tampoco dijo nada sobre cómo el gobierno –y su protegido Germán Feliciano Larrea Mota-Velasco – pierde en tribunales, una a una, las demandas penales.

La alineación del secretario Javier Lozano Alarcón con los intereses de Grupo México y de Altos Hornos de México nulificó la participación de las autoridades laborales e hizo cotidiano que las revisiones contractuales se realizaran directamente entre los patrones y el sindicato. Todos los contratos revisados durante 2009 están suscritos por Gómez Urrutia, con un promedio de incremento directo al salario de 8 por ciento y 6 por ciento en prestaciones. El México real subraya su creciente divorcio, por desgracia, respecto del México formal, mismo que todos días es objeto de discursos presidenciales.

Mas el temor pasó a convertirse en alerta cuando se planteó ante la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, que agrupa a 25 millones de asalariados, la expectativa del golpe de mano . Y la respuesta del Comité Ejecutivo Mundial fue la siguiente: “ La FITIM acordó otorgar su total solidaridad a los mineros mexicanos contra esa perspectiva de agresión de parte del gobierno y de Grupo México”.

Con la experiencia de 36 meses y 18 días de programas, políticas y acciones de protección al gran capital en detrimento del trabajo, como lo observa el país desde hace más dos meses en Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, pero sobre todo con su propia trayectoria, los mineros, metalúrgicos y siderúrgicos toman medidas para que los manotazos en boga en el sexenio de Vivir mejor , no los agarre desprevenidos en estas semanas de concordia más falsa que real, por lo menos de parte de las elites dominantes.

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Gil Díaz, irregularidades y explotación laboral en Telefónica

Ana Lilia Pérez 
Contralínea
27 de Diciembre de 29

Trabajadores de los callcenter del Grupo Telefónica denuncian que desde la llegada del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a la dirección de la empresa, se les obliga a utilizar bases de datos oficiales para vender seguros, tramitar tarjetas de crédito sin autorización de los clientes, hacer cargos por adeudos y trámites inexistentes, así como acosar y maltratar a deudores de la banca que contratan el servicio de cobranza


Aún la Procuraduría General de la República no cierra la investigación en su contra por la escandalosa evasión de impuestos en la venta de Banamex a Citigroup (que le restó a la hacienda pública 50 mil millones de pesos), y ya el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, está envuelto en un halo de supuestas malas prácticas en los callcenter del Grupo Telefónica, operados bajo la firma Atento, de acuerdo con testimonios de trabajadores cuyas condiciones laborales rayan en la esclavitud.

Empleados de Telefónica de diversos centros, entrevistados por Contralínea, desnudan las irregulares prácticas “corporativas” impuestas por Gil Díaz en su afán de generar ganancias al consorcio español que desde febrero de 2007 lo designó su director en México y Centroamérica.

La mano del exfiscal de hierro –como se le conoció en el sexenio de Vicente Fox– está detrás de la voz que llama al tarjetahabiente hasta 10 veces al día para recordarle que tiene un atraso en el pago de la tarjeta de crédito y le exige cubrirlo de inmediato, o para venderle un seguro o para obligarle a renovar una póliza. El telefonista es un joven de 18 a 25 años de edad que trabaja en un centro de llamadas o callcenter de Atento, en donde tiene prohibido levantarse hasta para ir al baño en tanto no logre cerrar 15 operaciones (ventas) en un lapso de seis horas.

Para cada operación, el telefonista tiene 300 segundos. Si el interlocutor lo insulta, deberá esperar a escuchar tres insultos para solicitarle al supervisor que le autorice colgar la llamada, pues el tarjetahabiente “no modera lenguaje”. Si no logra que alguien cubra su adeudo o le compre un seguro o una tarjeta de crédito, es porque, a juicio de sus supervisores, no aplica la política de la compañía: acosar.

La cara sucia de Telefónica

Atento es la compañía menos conocida del Grupo Telefónica, aunque se trata de una de las que le genera mayores ganancias, pues además de fungir como brazo operativo para la captación de clientes de sus productos de telecomunicaciones, ofrece a la banca e industria los servicios de ventas, cobranza y gestión de reclamaciones. De enero a septiembre, generó ingresos por 970 millones de euros, según sus estados financieros, con México como su segundo mercado a nivel mundial, sólo después de Brasil.

En México tiene una docena de centros (ubicados en el Distrito Federal, las ciudades de Pachuca, Monterrey y Nuevo Laredo), atendidos por 13 mil 500 jóvenes –el 76 por ciento de la plantilla laboral del Grupo Telefónica–. Entre sus principales clientes se ubica Master Card, Santander, el Grupo Financiero BBVA-Bancomer, el grupo Wal Mart con sus respectivas tarjetas departamentales, Reader’s Digest y Zurich.

Pero las jugosas ganancias que Atento obtiene en el país están plagadas de anomalías, según denuncian los trabajadores de la compañía: uso de bases de datos gubernamentales para la venta de seguros y de tarjetas de crédito sin autorización de los clientes, cargos a tarjetas por comisiones ficticias e imposición de planes tarifarios a clientes de MoviStar, entre otros.

Los trabajadores dicen que su materia prima son padrones oficiales que contienen información confidencial de los clientes. Ello, revelan, ha derivado en “trafico” de información que sale de los centros. Refieren lo que ocurrió hace unos meses en el centro instalado en el número 51 de la calle Dinamarca –en la colonia Juárez del Distrito Federal–: atónitos, escucharon que sus supervisores les ordenaban desnudarse para registrarlos, pues se había extraviado una memoria USB que contenía información confidencial de los clientes.

En otro callcenter, ubicado en Monterrey 100, colonia Roma, los operadores recibieron datos de personas empadronadas en rancherías. Su misión: venderles tarjetas de crédito. Elizabeth, una de las telefonistas, detalla cómo fue obligada a venderle plásticos de Bancomer y Santander “a la gente que vive en los ranchitos”:

“Sólo se escuchaban gallos. La gente no entendía qué era eso de la tarjeta de crédito; yo trataba de explicarles y sólo me decían ‘¡Qué gané, qué gané! La orden era activar 10 tarjetas por día, y mi supervisor detrás de mí, así que yo les contestaba: ‘Sólo dígame qué sucursal bancaria le queda más cerca’, y les asignaba la tarjeta. Yo sólo les decía: ‘Tal día debe ir a su sucursal bancaria más cercana’. Ahora me molesta mucho que nos obliguen a activar tarjetas a la gente de Luz y Fuerza, cuando todos sabemos que están desempleados, y ése no es un secreto, sale en la tele. Tenemos la instrucción de venderles o de que conserven su tarjeta o que paguen comisiones por pago tardío. También se les activan seguros de todo tipo”.

Nadejda Peña Hernández vendió seguros para el hogar del Grupo Bancomer. Dice que le entregaron una base de datos con la consigna: “A éstos les debes vender, si no, te vas”. Eran tiempos de torrenciales en Tabasco y Chiapas que precedieron a las inundaciones de octubre de 2007. Ella identificó que las claves lada correspondían precisamente a esas entidades. “¡Me puse a vender seguros! Yo le explicaba a la gente lo importante que era que aseguraran su casa y, por supuesto, muchísimos me compraron. Hicieron los depósitos y en los siguientes días se les enviarían las pólizas”. Cuando arreciaron las inundaciones, continúa, “algunos clientes hablaban desesperados para decirme que no habían recibido ninguna póliza y otros que no se las querían hacer válida. La gente hablaba desesperada, me suplicaban que los ayudara. El supervisor me ordenó que nosotros no podíamos hacer nada. Cuando yo les decía esto, me gritaban que yo era una ratera, que qué les había vendido en realidad. Se ordenó que se cancelaran las ventas de seguros para Tabasco y Chiapas. En realidad ya habíamos hecho muchísimas ventas”.

Atento se promueve como una compañía socialmente responsable: “La responsabilidad social en Telefónica México es tarea fundamental de sus empleados”, asegura Francisco Gil Díaz en el perfil de la administración a su mando. Sin embargo, los trabajadores denuncian prácticas a las cuales son obligados y que los hacen entrar en conflictos morales y sicológicos: engañar a los clientes para que acepten cualquier producto que vende la compañía, propio o de terceros.

Los entrevistados destacan el caso de la campaña “migración intraproduto”, que MoviStar lanzó para que sus clientes cambien la compra prepago y acepten planes tarifarios ya que, de acuerdo con un reporte elaborado por Francisco Gil Díaz, para finales de 2007 más del 94 por ciento de los 12.5 millones de clientes de Telefónica utilizaban productos prepago, por ello se planteó la meta de hacerlos “migrar” hacia los planes tarifarios.

Cada operador debe hacer entre ocho y 10 “migraciones” en una jornada de seis horas. Raúl, trabajador de Atento en el callcenter de Plaza Inn, dice que para cubrir la cuota tienen la orden de imponer planes tarifarios, aunque el cliente no los apruebe. Algunos supervisores los azuzan a engañar al cliente de que el plan no le costará más que las recargas que de cuando en cuando hace a su celular.

Félix Ariel Carrillo, quien participó en esa misma campaña durante los ocho meses que laboró en Atento, dice que para él fue muy vergonzoso “tener que imponer esos planes a personas que en realidad no tienen la capacidad económica para pagar. Me hizo entrar en un conflicto ético y moral. No sé si llamarlo tristeza o depresión, pero el hecho es que no se tocan el corazón para venderle un plan a personas que no tienen ni para comer. ¡Vamos, si yo como trabajador, que recibía un sueldo casi mínimo (1 mil 200 pesos quincenales), apenas tenía para sobrevivir! El caso que más recuerdo es el de un albañil que me contaba que escaseaba mucho el trabajo. En esos días, con lo que le pagaban en la obra, apenas tenía para comer. ¡Y el supervisor me obligó a darle de alta un plan tarifario! Durante los siguientes meses tendría que pagarle una renta a Telefónica MoviStar. Nos obligan a esas prácticas llenas de corruptelas”.

En los ocho meses que Félix trabajó en Atento cubrió ocho campañas y perdió ocho kilos. Hoy este joven de 23 años de edad no puede disimular el efecto sicológico que le provocó su trabajo en la compañía donde el principio empresarial, dice, es engañar.

Master Card, la mentira

En un galerón entintado de colores chillantes –azul, naranja y amarillo–, sin ventanas y entre luces artificiales que no le permiten percibir si es de noche o de día, Carlos Daniel pasa seis horas diarias tratando de “conciliar” con los clientes de Master Card que reunieron suficientes puntos por sus compras con tarjetas de crédito e intentan cambiarlos por enseres domésticos.

Se trata de una campaña conocida en el argot de los callcenter como “de entrada”, pues el telefonista sólo se dedica a recibir llamadas. Parecería fácil, en realidad no lo es: la mayoría son telefonemas de clientes que se quejan de que los artículos no llegan y luego para reclamar que son de baja calidad. Los supervisores dieron a los telefonistas la misma indicación: mentir.

“Mentir que la entrega será en tres semanas, porque sabemos que no llegan antes de seis, y luego mentirles sobre la calidad de los productos. En realidad son marcas que uno va al tianguis y las ve allí, aunque con los puntos de Master Card son muy caras. Encima les llegan rotos y no hay cambios. La gente se queja, te insulta, te ofenden, no entienden que uno sólo es intermediario”.

Las prácticas descritas reflejan que los callcenter no son una industria regulada. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ni siquiera cuenta con un registro del número de cuántos cargos ilegales o contrataciones ficticias que se hacen desde estos centros.

Aunado a los innegables vínculos del exsecretario de Hacienda con el sector financiero público y privado, clientes principales de Atento, incluída la Condusef, institución que depende directamente de la Secretaría de Hacienda, operada por el mismo grupo que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari encabezaba Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos.

Uno de los principales centros de Atento desde donde se hacen estos cargos ficticios se ubica en el mismo edificio sede de la Condusef, en el centro comercial Plaza Inn.

Acoso y maltrato

La llegada de Francisco Gil Díaz al frente del corporativo está marcada por dos directrices: acosar para la venta de tarjetas de crédito y maltratar para el cobro de las mismas. Y es que primero se estimula el consumo mediante la concesión de crédito y luego se persigue a los morosos. Para Atento es ganar-ganar, pues el impago de los tarjetahabientes “es un escenario repleto de oportunidades, un nuevo modelo de negocio para las empresas que actúan en la concesión y recuperación de crédito”, dice la compañía en la promoción de su servicio de cobranza.

Sandra, trabajadora de uno de los centros en Pachuca, explica: “Tenemos la base de datos de empresas de todo tipo, privadas y de gobierno. Nos dicen que primero hay que venderles la tarjeta, y cuando levanten la venta pasan los datos a la base de datos de cobranza porque en unos cinco meses van a utilizarla. ¡Tienen razón! Metimos los mismos datos de venta de tarjeta en la base de pagos por demora, y en unos meses ya los estábamos usando. ¡Parece que adivinan lo que va a pasar! ¡Juegan con los clientes!”.

Con la agudización de la crisis económica, este año el cobro de la cartera vencida de Bancomer, Santander, Master Card y tarjetas departamentales de estas mismas instituciones bancarias se convirtió en las actividades centrales de Atento. La compañía vende su servicio de crédito, riesgo y cobranza y se promueve como una empresa con experiencia en los segmentos financiero, telecom, retail e industria, “que adecua las condiciones de pago a la realidad de cada cliente; previene quiebras de acuerdos y recupera clientes teniendo el cuidado en mantenerlos activos y fieles”.

En la promoción del servicio, Telefónica dice que Atento “desarrolló una solución adecuada al mercado que garantiza la retención y fidelización de clientes que pasan por un proceso de recuperación de crédito”. Con este modelo, asegura, “buscamos negociar las condiciones de pago más adecuadas a la realidad de los clientes que encuentran dificultades para saldar sus deudas, evitando quiebras de promesa y promoviendo acuerdos”.

Los trabajadores develan el entrenamiento teórico-práctico que reciben de la compañía para este servicio que dura dos semanas. La clave para cobrar la deuda es la rudeza con los clientes, y para mostrarse rudos deben insistir en el pago e informarle del adeudo al tarjetahabiente, a sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo y hasta el jefe. Se trata de “exhibir” al deudor “pero sin palabras altisonantes”. Así que, la “solución” que vende Atento, explican los telefonistas, se circunscribe a maltratar a los tarjetahabientes. “¡No te dejes! ¡Vuélvele a marcar, y si no te paga, que te pague cualquiera de su familia!… ¡O su jefe! ¡Háblale al trabajo!”, son las instrucciones de sus supervisores y directivos durante la capacitación.

La semana de práctica se denomina “sombra”. El telefonista se sienta al lado del entrenador para ensayar la cobranza. Si el supervisor detecta que aún no se profesionaliza como acosador, se queda “en cartera” mientras recibe entrenamiento adicional, sin cobrar un solo centavo.

Marisa, del callcenter en la colonia Roma, detalla: “Llamé al trabajo y le dije al patrón: ¡cómo es posible que contrate gente que debe su tarjeta de crédito! ¡Pásemelo porque yo sé que usted lo oculta, usted es cómplice de su trabajador! Lo acosé tanto que fue a pagar. Una hora después me mandó llamar el supervisor y me dijo ‘¿Te acuerdas de la cuenta que te estaba supervisando?, pues ya pagaron. ¡Y adivina, el que pagó fue el patrón!’. Eso es lo que nos obligan a hacer”, dice la joven apenada.

Trabajo rudo

El trabajo en los callcenter es identificado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como uno de los más precarios actualmente, pero esta industria tiene dos caras: “Una es que proporciona empleo a un sector muy crítico de la sociedad que son los jóvenes, la otra cara es que se trata de una actividad no regulada, con ritmos muy fuertes de trabajo y, como se manejan vía outsourcing, sólo en algunos casos los trabajadores reciben prestaciones y el mínimo de ley”, explica Jordy Micheli Thirión, profesor-investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Micheli, especialista en el tema de los callcenter, señala que para los corporativos de esta industria, como ocurre con la mayoría de las trasnacionales, “México es un paraíso laboral, producto del debilitamiento de la estructura laboral, del enorme desempleo, y de la falta de atención de las autoridades en la materia”. Por si ello fuera poco, los trabajadores de Atento denuncian que Gil Díaz endureció la política laboral.

Cenise Monteiro, coordinadora de “Tell Telefónica”, una campaña internacional que tiene como objetivo exigir que el Grupo Telefónica respete los derechos de sus trabajadores de callcenter, indistintamente del país donde se ubiquen, confirma que la situación que hoy enfrentan los trabajadores mexicanos es la más grave a nivel mundial. “México es el peor país en el desempeño de la empresa Atento”, dice Monteiro. Atribuye la responsabilidad a la política de la administración local, que tiene a los trabajadores bajo supervisión estricta. Se les exigen resultados poco realistas, ganan salarios muy bajos, no gozan de derechos sindicales o laborales y carecen de seguridad en el empleo.

Entre las disposiciones dictadas por Gil Díaz, Atento amplió su horario y recortó el tiempo de comida de los trabajadores a 20 minutos de break, siempre y cuando permanezcan conectados durante las seis horas que dura su turno, sin un minuto de tiempo muerto. Cuantas veces se levantan al baño cada segundo es cronometrado, pues una vez que termina la jornada el supervisor les informa el tiempo de conexión que “deben” a la compañía. Se optó por despedir a las mujeres embarazadas, pues tal estado las obliga a ir frecuentemente al baño. Se recortaron las comisiones por venta de tarjetas y seguros; se incrementaron las metas de ventas diarias y los requisitos para los bonos de productividad que los hace prácticamente inalcanzables, y aunque un trabajador llegue a la meta, tampoco es garantía de que lo reciba.

El engaño en Atento, ahonda el empleado Carlos, no sólo es para los clientes, sino para los trabajadores, pues se les prometen comisiones y bonos por productividad que nunca llegan. Félix refiere que en el caso de la campaña de las “migraciones” de planes de telefonías, donde se les prometió una comisión de 12 pesos por cada una, en su cheque se pagaban en 3 pesos y sólo ocasionalmente. O está el caso de Juan Carlos, quien desde hace seis meses espera un bono por sus comisiones por ventas de tarjetas Bancomer, Sam’s y Suburbia. Hasta hoy, el bono no ha llegado, pero le entregaron un diploma y un termo impreso con la marca de la compañía.

Entrevistados por separado, trabajadores de varios callcenter de Atento denuncian “robo” de horas extras, comisiones y bonos, y la reducción del 30 al 50 por ciento de sus salarios con el argumento de la crisis mundial. Explican que en el último año se aceleró la rotación de personal y los despidos injustificados. Ahora firman su contrato junto con su renuncia en blanco para que no generen derechos, antigüedad y, sobre todo, disuadir los intentos de sindicalizarse.

La necesidad económica y los altos niveles de desempleo que azotan al país llevan a los trabajadores a aguantar no sólo el maltrato, sino agravios como la reducción a su salario sin razón aparente. En junio pasado, los trabajadores de diversos centros del país recibieron su pago quincenal con 40 por ciento menos; cuando reclamaron, el departamento de recursos humanos les dio una somera explicación: “Nos alcanzó la crisis”. Sin embargo, los estados financieros de Telefónica reportan que en el tercer trimestre de 2009 el consorcio registró “un fuerte repunte de la actividad”. En este sentido, los trabajadores acusan a Gil Díaz de “fraude” por el reparto de utilidades, ya que sólo se les han entregado entre 47 y 67 pesos.

Elizabeth, del callcenter de la colonia Roma, dice que de plano su supervisora les prohibió tomar agua “para que no nos levantáramos al baño”. En sus 12 meses en la compañía, la jovencita ha vivido abusos de todo tipo: tortura sicológica y acoso sexual de sus supervisores, robo de sus comisiones y bonos y el agravio que produce la tensión de sentir que en cualquier momento sin razón alguna pueden despedirla. Su testimonio es elocuente de la situación de los trabajadores en los callcenter del Grupo Telefónica:

“Mi sueldo mensual es de 1 mil 800 pesos. Lo más atractivo parecen ser las comisiones: 15 pesos por venta de tarjetas de crédito. Si cubro la cuota diaria, que son 10 tarjetas, mi comisión sería de 150 pesos al día. Vendo mucho, siempre supero la cuota, pero cuando quiero cobrar mis comisiones me dicen que han tenido problemas para entregar la tarjeta y ya no me pagan, aunque el sistema me indica que las tarjetas se entregaron sin problema. No reclamo porque a quienes lo han hecho de inmediato los despiden. Cada vez que nos depositan, corro al cajero esperando que esta vez si me lleguen mis comisiones.

“Cuando no hay tantas ventas se agudiza el acoso contra nosotros. Delante de todos mi supervisor me grita ‘¡te tardaste siete minutos en el baño!’, y me los descuenta cuando me toca el break. Una vez, según sus cálculos, sólo me quedaban dos minutos de descanso. ‘¿Qué crees?’, me dijo, ‘que sólo tienes dos minutos de break porque le debes tiempo de conexión a la compañía’. Si hay muchas llamadas en ruta aunque quieras no te dejan desconectarte ni para ir al baño, te dicen que hasta que ‘bajen’ las llamadas.

Así como les cronometran el tiempo de conexión que “le deben” a la empresa, les miden cada llamada: 300 segundos, un segundo extra detona en reprimenda, tocándoles el hombro el supervisor increpa: ‘¡Tu TDO (tiempo de llamada), ya perdiste el bono, ya no hay comisión’.

“Todo el tiempo nos ponen obstáculos para no darnos el bono de productividad: si no le insistes al cliente te penalizan. Si le insistes y no compra también te penalizan porque dicen que le insististe mucho. Si hablas pausado dicen que tu voz provoca flojera y te penalizan. Si hablas rápido también te penalizan. También te prohíben que seas muy propio porque no generas empatía con el cliente. Y hay palabras prohibidas: ‘okay’, ‘espéreme tantito’ o ‘un momentito’. Por cada una que uses te penalizan. De todos los bonos que he ganado no me han entregado ninguno, pero me dieron un diploma y un termo de Atento porque mi trabajo es muy bueno. Pero tampoco me confío. Un día te dicen que haces las cosas bien y al otro día pueden despedirte sin que sepas por qué”.

María Xelhuantzi López, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha dado un seguimiento histórico al sector de los telefonistas, dice que “parece que Francisco Gil Díaz tiene la necesidad de demostrar que hay un buen manejo financiero de la empresa, es decir, que se mantengan niveles altísimos de utilidad al menor costo posible, y desde luego, ello incluye el costo laboral, porque ése es parte de su compromiso para quedar bien con Telefónica: reducir costos a expensas de lo que sea”.

Y es que la clave de la economía de un centro de llamadas radica en su estructura de costos. De acuerdo con el estudio Regulación laboral en la industria de callcenter. Los casos de Atento y Tecmarketing, de los investigadores Jordy Micheli y Arnulfo Arteaga, el gasto laboral constituye más del 60 por ciento de los costos totales del callcenter, de allí que éstos se ubiquen “en países que tengan menores salarios pero que ofrezcan una fuerza de trabajo idónea para la operación de telemercadeo”.

En esta obcecación por ahorrar costos, la política de Gil Díaz es que todos los teleoperadores sean multifuncionales: que atiendan varias campañas simultáneamente, que produzcan en serie “el mismo trabajo que antes hacían tres personas”, dice José Antonio, quien tiene tres años en el callcenter de la colonia Roma.

Inestabilidad laboral

Entre los incesantes gritos de sus supervisores y las deficientes condiciones físicas de los centros (sillas y diademas rotas, insuficientes e insalubres baños de tres casetas para 500 empleados por turno, entre otras), los trabajadores enfrentan el terror de los frecuentes despidos masivos.

La incertidumbre laboral es uno de los principales factores que abonan al estrés permanente en que se desempeñan los 13 mil 500 empleados en Atento México. Comienzan y terminan la jornada pensando que quizá es su último día. “Por recorte de personal, por tu falta de disposición, porque no pones de tu parte, porque tu supervisor ya no te quiere, porque no estás a la altura de la compañía…”, son argumentos que escuchan los trabajadores al momento de su destitución.

Producto de los despidos masivos, Atento es una compañía que permanentemente contrata personal, sobre todo para sus centros en el Distrito Federal. Los requisitos y el reclutamiento son relativamente sencillos: “ser mayor de edad, facilidad de palabra y aptitudes para venta y cobranza”. Como se contrata particularmente a los jóvenes, la principal oferta de empleo se ubica en los portales de internet. Una vez dentro, la ilusión de incluirse en el mercado laboral choca con su realidad.

La mayoría de los jóvenes entrevistados por Contralínea que fueron despedidos tenían entre ocho y 11 meses en la empresa. Antes del despido casi a todos se les impuso lo que la compañía denomina PSG, es decir, permisos sin goce de sueldo. José Manuel Sánchez, extrabajador del callcenter en Plaza Inn, explica:

“Ese PSG que inventaron en Atento te lo anuncia el supervisor. De un día a otro, te dice: ‘mañana tienes PSG’, y no te pagan. Te consuelan con que no te van a poner la falta ‘para que en tu expediente no diga que eres faltista’. En cambio, cuando alguien se enferma no le hacen válidas las incapacidades médicas”.

Recientemente José Manuel demandó a Atento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal por despido injustificado; recuerda que éste ocurrió minutos después de que sus jefes lo felicitaron por su alta productividad: “Me llamaron a recursos humanos, me dijeron ‘aquí está tu renuncia, fírmala’. Pregunté y me respondieron: ‘Entraste a una rifa y resultaste elegido para tu despido’”.

La antigüedad de César Ortega también alcanzó los ocho meses, todos en el callcenter de Dinamarca 51. El último día su supervisor lo felicitó, le recordó que “ya casi” llegaba su monedero electrónico de regalo. “Y ahora te vas a una capacitación en recursos humanos, ¡baja, allí te están esperando!”, le dijo. Pero lo que César se encontró fue su notificación de despido “por reestructuración de la empresa”. Se negó a firmar y demandó a Atento.

César recuerda su trabajo con amargura: “La gente habla desesperada, no pueden solucionar sus problemas con las tarjetas, te dicen que los orienten, y si tratas de hacerlo, tienes al supervisor recordándote la política de la empresa: ‘Estamos para vender no para ayudar’”.

Cuando hay resistencia al despido, los telefonistas son literalmente expulsados por el cuerpo de seguridad de la empresa. Sus compañeros sólo saben que los corrieron porque los supervisores cuelgan sus diademas frente a la que fue su computadora, en espera de un nuevo operador. Si alguien pregunta, la respuesta siempre es la misma: “Salieron porque estaban atentando contra la empresa”.

El caso de Félix Ariel Carrillo no fue mejor: “A las 18:30, poco antes de terminar mi turno, llegó una mujer de recursos humanos a decirme que me buscaba un directivo de la empresa: era el encargado del trabajo sucio. ‘Estamos pasando por una etapa difícil, la compañía tiene problemas financieros y requiere de recorte de personal, ¡y te tocó a ti, Ariel!’. Le dije ¿problemas financieros? ¿A qué se refiere? ¡Especifique por favor! ¿Problemas financieros cuando todos los días se contrata a 15 o 20 personas y cuando nos pasamos el día vendiendo? ¿Por qué a mi? ¿Dónde está mi productividad, mis asistencias, mi calidad?…”. El hombre de traje, como le llama Ariel, no le dio respuesta.

O está el caso de Cecilia, despedida de uno de los callcenter de Pachuca cuando le solicitó al área contable sus hojas de retención de impuestos. “Pero es que estoy embarazada, no puede correrme”, suplicó. “Pues perfecto que estas embarazada, aprovecha tus dos meses de seguros social”, le respondió el jefe.

Discriminación, el epílogo

El desamparo laboral de los trabajadores de Atento los hace víctima de todo tipo de abusos. En el caso de las mujeres se suma la discriminación de género y el acoso sexual de supervisores y directivos, una práctica común, dicen las trabajadoras, en la mayoría de las sucursales. La presidencia de Telefónica impuso la prohibición de usar falda, escotes, zapatos abiertos, perforaciones y el cabello teñido “en colores extravagantes”, pues “las mujeres son las que provocan y luego se quejan de acoso”, recuerda Marta este argumento del personal de recursos humanos cuando le explicaron el reglamento de la compañía.

Ni el no usar el atuendo prohibido libró a Marta de ser acosada sexualmente en el callcenter de Sevilla, y como el acosador era su supervisor, el agravio no cesó sino hasta que concluyó la campaña y la enviaron a otro centro.

Otro fue el caso de Laura. Dice que como no cedió a la proposición de su supervisor de “ser más amable con él”, la asignó a cuatro campañas al mismo tiempo: de venta de tarjetas, de cobro y de puntos. “No te alcanza el tiempo ni para respirar, pero no quise ceder, me sentí muy ofendida”.

Las prácticas de esclavitud moderna impuestas por Gil Díaz en la compañía que presume de ser “socialmente responsable” detonaron los intentos de sindicalización. En Pachuca, el apremio fue el caso de una telefonista que tuvo un aborto en el callcenter: comenzó a sangrar y los directivos se negaron a que tuviera cualquier tipo de asistencia. Para sus compañeros fue el indicio de que tenían que organizarse; en los siguientes meses, uno a uno fue despedido. Hoy, más cautos, los jóvenes vencen su miedo a los capataces del exfiscal de hierro y hacen nuevos intentos de ejercer su derecho constitucional a la libre asociación y que la compañía respete la Ley Federal del Trabajo. “Tenemos hambre, pero también dignidad”, reflexiona Jaime, uno de los telefonistas.

Contralínea solicitó una entrevista con Francisco Gil Díaz a través del área de prensa del Grupo Telefónica. Luego de que se informó que se le preguntaría sobre la situación de los trabajadores de Atento, no hubo respuesta. Se buscó también a los directores de Bancomer, quienes, a través de su área de comunicación se negaron a hacer comentario alguno sobre las irregularidades que reportan los operadores de Atento; por parte del corporativo Master Card, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Gil Díaz, antisindical

En 2001, Telefónica firmó un convenio con UNI Global Union, en el que se compromete a respetar los derechos laborales de sus trabajadores y a cumplir con los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo en todos y cada uno de sus países de operación, independientemente de las leyes locales. Al asumir el cargo como presidente de Telefónica para México y Centroamérica, Francisco Gil Díaz desconoció el acuerdo aun en contra de la presidencia del corporativo.

En entrevistada vía telefónica desde Panamá, Cenise Monteiro, directora regional de UNI América, asegura que hay instrucciones de España para que en México se haga efectivo el acuerdo marco, aunque la dirección local se ha negado a aplicarlo, e incluso, ha ido más allá: “Ha hecho acuerdos con sindicatos de protección, sindicatos amarillos que trabajan de acuerdo con las necesidades de la empresa y no con las necesidades de los trabajadores”.

Una de las partes medulares del convenio se refiere a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva. El documento, suscrito por César Alierta Izuel, presidente de Telefónica, dice que en todas las compañías del consorcio, así como en sus subsidiarias, los trabajadores gozarán del derecho de formar sindicatos y afiliarse a ellos, y que Telefónica reconocerá las negociaciones colectivas en apego al Convenio 98 de la OIT. En países donde no exista sindicato, signa el documento, “la Compañía adoptará una postura neutral al objeto de no obstaculizar ni impedir a los trabajadores organizarse en el lugar de trabajo”.

Pero en México, “Gil Díaz ha llevado a Telefónica la posición abiertamente antisindical que lo caracterizó durante sus años como funcionario de gobierno”, dice la doctora en ciencia política María Xelhuantzi, autora del libro La libertad de asociación sindical y los contratos de protección en México. “Aunque –agrega– creo que él no ha informado cabalmente a la administración de España cuál es el fondo de los problemas, pues en diversas reuniones César Alierta nos ha dicho que ellos están cumplimiento con la ley. Esto tiene que ver con que Gil Díaz ofreció a Telefónica paz laboral. Les prometió todo tipo de garantías y particularmente las que se refieren a la cuestión laboral, es decir, que no va a haber conflictos, y para ello ha usado sindicatos de protección y tráfico de influencias, porque Gil Díaz tampoco es nuevo en ese oficio”.

En enero pasado, durante la reunión anual con altos directivos de Telefónica, cuenta Xelhuantzi, César Alierta “nos garantizó que ya había instruido al director (Gil Díaz) que debía cumplir el acuerdo, pero eso no ha ocurrido”. Así que durante la reunión directiva que tendrá lugar en Colombia, el desempeño de Gil Díaz será uno de los temas principales que discutirán con Alierta.

“UNI apela a Telefónica para que haga honor al compromiso que ha contraído en el acuerdo global, que otorga a todos los trabajadores de la empresa, sin excepción, que estén en Madrid o en ciudad de México, la libertad de negociar y de organizar con miras a obtener un trato justo sin interferencia de la dirección”, subraya Philip Jennings, secretario general de UNI. (ALP)

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Economía Virtual - Contralínea


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La jauría mediática de Calderón

Edgar González Ruiz
Contralínea
27 Diciembre 2009
“Haiga sido como haiga sido”, el panista Felipe Calderón llegó a la Presidencia de la República mediante la guerra sucia contra el Partido de la Revolución Democrática y contra López Obrador, apelando a jueces de consigna y a las fuerzas armadas, pero, ante todo, a una jauría mediática encabezada por el duopolio televisivo y por muchas estaciones de radio, lo mismo que por periódicos y columnistas. ¿Qué haría el presidente espurio sin el apoyo de la televisión?

Esa jauría mediática difunde mensajes falaces que no resisten un examen racional, pero que, con base en la repetición, logran influir en los oyentes. Noche y día, en noticieros, programas de comentario político e incluso en espacios de diversión esos medios se han dedicado a apuntalar la figura del poco carismático Calderón, y adoctrinar a la gente en las prioridades de la derecha en el poder.

Mientras tanto, el gobierno derechista se dedica día con día a la agresión y al expolio de los sectores populares, sea reprimiendo movimientos de protesta, recortando prestaciones, desmantelando sindicatos e instituciones de beneficio social, o implantando nuevos impuestos y más agresivas políticas fiscales, para las que esgrimió el pretexto de “ayudar a los pobres”, lo cual nunca ha sido una premisa de las fuerzas derechistas, las mismas que apenas en 2006 proclamaban que ayudar a los pobres con dinero del erario era “populismo” y era muy malo.

Tópicos derechistas

Durante los primeros años del gobierno de Calderón, los “grandes” medios, que obedecen a grandes intereses económicos, se dedicaron a difundir el cuento oficialista de la “lucha contra el narcotráfico” y contra la “delincuencia organizada” (sin tocar, desde luego, a la que tiene su cuartel en Los Pinos). El discurso de la “lucha contra el narco” fue trasplantado a México a partir de la experiencia colombiana, donde Uribe lo usó en apoyo a su gobierno derechista.

Lo peor de todo es que mucha gente, incluso dentro de las corrientes genuinamente opositoras al gobierno, no se dio cuenta de que se trataba, ante todo, de un guión mediático, y que para la violencia asociada al narcotráfico, la única solución real y ética es la despenalización de las drogas. Por el contrario, muchos creyeron ingenuamente que Calderón “le había declarado la guerra al narco”, mismo que es sólo un negocio en el que toman parte algunos soldados y policías.

La propaganda de la llamada “lucha contra el narco” pretende crear una mentalidad agresiva, militarista, en la sociedad mexicana, que el gobierno federal ha ido extendiendo a otros objetivos. Uno de los casos más claros, a partir de octubre de 2009, fue la agresión mediática oficialista contra el Sindicato Mexicano de Electricistas y contra la compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Además de recurrir a su jauría mediática, el propio gobierno federal tomó parte en esas agresiones por medio de spots, repetidos hasta el cansancio en radio y televisión, destinados a difamar a los trabajadores de ese gremio. El dinero de los impuestos, cada vez más agobiantes, se está usando para atacar a los sindicatos.

En el sector privado, para los “grandes” medios, los comentaristas famosos son empleados y pueden ser contratados, en cualquier momento, con buenos salarios, o despedir sin miramientos, sabiendo que su popularidad terminará una vez que no tengan un espacio en ellos.

Muchos de esos locutores y columnistas han sido aliados de la derecha más bien por conveniencia que por convicción, pero han hecho un daño incalculable a la sociedad mexicana al ponerse al servicio de un gobierno que oprime al pueblo, y al trabajar constantemente contra los modestos intereses de los que menos tienen. Algunos de ellos, los menos avezados, simplemente retoman las consignas y discursos de Calderón para apoyar al “señor presidente”, como suelen llamarlo, aunque su poder no haya nacido de la voluntad popular, sino del fraude y de la imposición. Otros, más experimentados, han estado con todos los presidentes, sean Salinas, Zedillo, Fox o Calderón.

En buena medida, esa influencia sobre la gente, esa efímera credibilidad, descansa en que la jauría mediática actúa al unísono, con base en intereses comunes, que la llevan a apoyar al régimen, o por lo menos a no cuestionarlo.

El gobierno derechista ha tratado de unir en su apoyo a la sociedad mexicana mediante trucos que en general le han resultado contraproducentes, como se dio en las elecciones de julio de 2009. Por ejemplo, tratando de presentarse como “víctima” del “crimen organizado” que, según uno de esos cuentos mediáticos, ha intentado asesinar al mandatario espurio, a pesar de que gusta rodearse de soldados y guardaespaldas. También trató de victimizar a Mouriño, cuyo mayor error pudo haber sido su excesivo acercamiento con el voluble Calderón.

A su público cautivo, a taxistas que todo el día oyen la radio y a muchas amas de casa que tienen arraigada la costumbre de ver la televisión, la jauría mediática les receta todos los días elogios hacia Calderón y demás funcionarios del gobierno ilegítimo, a la par que diatribas y calumnias contra la verdadera oposición y contra los políticos honestos, como sigue siendo Andrés Manuel López Obrador.

Ejemplos muy claros de ello son el ataque de la jauría contra el Sindicato Mexicano de Electricistas o contra Clara Brugada, o incluso contra Manuel Zelaya, el presidente legítimo de Honduras, sólo porque no hizo el papel de títere de Calderón. En contrapartida, el apoyo hacia los Chuchos, que por conveniencia se aliaron a Calderón, y hacia Juanito, cuando se alió con el Partido Acción Nacional y traicionó a la izquierda.

Quizás el ejemplo más burdo de manipulación del gobierno derechista fue el que a lo largo de 2009 trató de llevar a cabo con motivo de la supuesta epidemia de influenza; pretexto que Calderón usó para presentarse nada menos que como salvador de la humanidad, al enseñarle cómo debe cubrirse nariz y boca al estornudar. Comentaristas como López Dóriga jugaron un papel estratégico para desencadenar la paranoia colectiva, anunciado la supuesta presencia de un virus para el cual “no había vacuna”, aunque sí había tratamiento para la enfermedad.

Pero si no había vacuna para la influenza, la jauría mediática de Calderón vacunó a la sociedad mexicana contra los cuentos oficialistas. Uno de los últimos que se difundieron en 2009 fue tratar de presentar la implantación de nuevos impuestos, con todas las consecuencias que ello tiene para las personas de menos recursos, nada menos que una “contribución contra la pobreza”. La derecha busca saquear aún más los bolsillos de los más pobres con el pretexto de “ayudar a los que menos tienen”, y esos recursos no llegarán a ellos sino exclusivamente en la costosa publicidad de autoelogios de Calderón.

*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

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Decreta Hacienda otra alza de 3 centavos al precio de la gasolina

El gobierno incumple nuevamente el Acuerdo en Favor de la Economía Familiar y el Empleo

La Magna se mantiene por el momento en $9.57 y el diesel en 8.16, informa la Amegas

Israel Rodríguez J.

Periódico La Jornada
Domingo 27 de diciembre de 2009, p. 18

Entre la sorpresa y la indefensión de los consumidores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó aplicar este sábado un segundo aumento en ocho días al precio de la gasolina Magna, la más utilizada por el parque vehicular del país, ahora de 3 centavos por litro. De esta manera, las 8 mil 662 estaciones de servicio diseminadas en todo el país venden desde las primeras horas de ayer en 7.80 pesos el litro del combustible.

Con esto el gobierno federal nuevamente incumple su compromiso firmado el pasado 7 de enero en el contexto del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, en el cual el presidente Felipe Calderón había prometido que el precio de las gasolinas se mantendría congelado hasta concluir 2009.

Entre las 25 acciones que constituyen dicho acuerdo, signado por el Ejecutivo federal, destaca la de congelar los precios de las gasolinas en todo el país durante todo el año. El Banco de México (BdeM), el Instituto Federal Electoral y los partidos políticos firmaron como testigos ese compromiso.

Este es el segundo golpe a la economía familiar de los mexicanos durante apenas 18 días de gestión de Ernesto Cordero como nuevo secretario de Hacienda, en sustitución de Agustín Carstens, ahora nombrado como sucesor de Guillermo Ortiz al frente del BdeM.

Mientras las familias mexicanas se reponían de la fiesta navideña, disfrutan las vacaciones de fin de año y se preparan para recibir 2010, se despertaron este sábado con el aumento que el gobierno federal impuso de manera subrepticia: tres centavos al litro de la gasolina Magna, para pasar de 7.77 a 7.80 pesos por litro.

En el caso de la Premium se mantiene en 9.57 pesos el litro. El diesel, que aumentó la semana pasada 3 centavos, permanece en 8.16 pesos, informó la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas).

En lo que va del año la gasolina Magna ha registrado tres alzas. El primero fue el 3 de enero de 2009, cuando pasó de 7.70 a 7.72 pesos; el segundo ajuste fue el sábado 19 de diciembre (hace apenas 8 días), al subir de 7.72 a 7.77, y el tercero fue el aplicado ayer, al aumentar de 7.77 a 7.80.

Las alzas a los combustibles responden a la intención del gobierno federal de eliminar el subsidio a las gasolinas, que según los datos oficiales será para 2009 de alrededor de 138 mil millones de pesos. Ante la incapacidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) de abastecer el mercado mexicano, la importación de éstas es de unos 321 mil barriles diarios, lo que representa alrededor de 45 por ciento del consumo local.

Según analistas financieros, el impacto de los incrementos se resentirá en mayor medida en 2010. Ese año se sentirán los efectos de los aumentos a combustibles, impuestos, derechos y alimentos.

¿ALGUIEN LE CREYÓ AL POBRE CHISMOSO…?

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CFE cambia medidores a 300 mil casas

PUMAS en Resistencia
26 de Diciembre de 2009
Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició la revisión de medidores en 303 mil 795 domicilios, casa por casa, en las zonas de Ecatepec, Xotepingo, Tenayuca, Pachuca, La Paz, Vértiz y Museo.
La empresa presupone que en estas casas habitación, comercios e industrias que eran atendidas por al extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), los medidores presentan fallas por deterioro normal, alteraciones o diablitos que provocan un servicio deficiente y fuga de recursos por robo de energía.
La paraestatal contratará empresas para que le faciliten la mano de obra (¿no pueden realizar su trabajo ellos mismos, pregunto yo?) para realizar los reemplazos de medidores, de acuerdo con lo que señala la Coordinación de Distribución de CFE en los oficios de solicitud de recursos con fecha de noviembre del 2009. En el momento de las revisiones y de detectarse alguna anomalía, la empresa girará instrucciones para realizar el cambio de equipos de medición que le puede representar a la paraestatal la recuperación de alrededor de 350 millones de pesos por el simple efecto de “volver a la normalidad los registros y consumos de estos servicios”.
La CFE reconoce que este programa estaba incluido en la cartera de proyectos de inversión de la extinta Luz y Fuerza del Centro, donde señalaba la problemática y la necesidad de recursos para solucionarla. Antes de su liquidación, LyFC venía reportando la regularización de poco más de 830 mil servicios anuales (2.7 veces más que la meta de CFE).

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Abrirán más espacio a la IP en electricidad

Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Martes 29 de diciembre de 2009, p. 18

El gobierno federal estima retirar 10 mil 315 megavatios (MW) de diversas unidades generadoras que actualmente se encuentran en operación durante el periodo 2009-2024, revela la Prospectiva del sector eléctrico para dicho periodo. Así, se abrirá mayor espacio para que los productores privados puedan atender el mercado eléctrico que cederá la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El nuevo horizonte de prospectivas se amplía de 10 a 15 años, y durante el mismo periodo el programa de expansión del servicio público establece la instalación de una capacidad adicional de 37 mil 615 MW, la cual está integrada por 5 mil 113 MW de capacidad comprometida, 32 mil 96 MW de capacidad no comprometida y 406 MW de proyectos de rehabilitación y modernización en centrales.

El monto total de inversiones estimado para llevar a cabo ese programa asciende a mil 193.3 millones de pesos.

Las estimaciones del consumo nacional de electricidad para el periodo 2009-2024 indican una tasa de crecimiento anual de 3.6 por ciento, pues se espera que aumentará de 204.0 Teravatios-hora (TWh) en 2009 a 365.3 TWh en 2024. El sector residencial será el que tendrá mayor demanda.

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Adiós a la clase media y el presidente del desempleo

Saúl Arellano 
La Crónica de Hoy
27 de enero de 2009


Un gobierno irresponsable y cínico es aquel que ante la adversidad le miente a la población en aras de mantener popularidad y cotos de poder basados en las preferencias electorales.


Al respecto vale la pena recordar a Winston Churchill, quien en su discurso dirigido al Parlamento de su país en la antesala de la Segunda Guerra Mundial sostuvo: “Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este gobierno: No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”.

Esta honestidad, llena de coraje y valentía, estaba respaldada por un liderazgo moral que le ganó la confianza y el apoyo indeclinable de la población inglesa, aun en medio de los constantes bombardeos de las baterías alemanas en contra de Londres.

En contraste, en nuestro país, en medio de una batalla sin rumbo en contra del crimen organizado y gracias a la cual las calles de todo el país se han llenado de sangre, los llamados patrioteros del Ejecutivo a actuar con heroísmo parecen más estertores de un gobierno en decadencia que el impulso político y social de un líder éticamente sólido.

Al Presidente casi todo le sale mal. La pírrica victoria sobre el SME contrasta con los fracasos monumentales en materia social y económica; se ha llegado al colmo de que aun la detención de uno de los capos más peligrosos terminó en un escándalo de brutalidad policiaca o militar –aún no lo sabemos– y que ha tenido como corolario el terrible asesinato de los familiares de uno de los marinos que participó y resultó muerto en el enfrentamiento.

El problema radica en las estrategias fallidas que se han seguido desde el inicio del sexenio. Se han estado dando palos de ciego, en lugar de contar con un sistema de planeación estructural capaz de impulsar una reforma institucional gradual, que nos lleve a mejores niveles de desarrollo económico con equidad y con altos grados de desarrollo humano.

Resulta ser, sólo por citar un ejemplo, que en fechas próximas se dará a conocer el nuevo “programa nacional de desarrollo social”; ¿a mitad de sexenio?, ¿con un nuevo secretario del ramo que lo único que ha acreditado hasta ahora es que ya se aprendió el guión oficial en torno a la pobreza?

Se dice que en ese nuevo “programa” se establecerán las bases para vincular a la política económica con la política social. ¿De verdad? Habría que esperar de esto que el secretario Cordero aceptara darle prioridad a los pobres antes que seguir privilegiando, por ejemplo, al sistema bancario, el cual no otorga créditos suficientes ni de bajo costo, ni se ha logrado que reduzca sustantivamente las altísimas comisiones que siguen cobrándonos prácticamente por hacer uso de sus instalaciones.

Ante todo ello, a tres años de gobierno, hay que apelar a la memoria y recordar que la principal oferta de campaña del Ejecutivo federal fue crear suficientes empleos, hecho que sin duda ha sido poco menos que una quimera a lo largo de los últimos años.

Lo que los datos nos muestran es que desde 2007 se comenzaron a tener altísimas tasas de desempleo en todo el país, y que la crisis lo que hizo fue agudizarla, lo que en sentido estricto significa decir que la crisis en el país ya estaba en marcha, y que lo que hizo el terremoto financiero internacional fue derruir el fracturado edificio económico y fiscal nacional, arrojando a la calle y a la pobreza a millones de personas.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestra cómo, desde 2007, no ha habido un solo mes en el que se haya registrado una tasa de desocupación por debajo de tres puntos; en efecto, el mínimo registrado fue de 3.23 en un lejano mayo de 2007; en contraste, la tasa más alta fue de 6.28, registrada en agosto de este 2009.

La media mensual de la tasa de desocupación entre 2007 y 2009 ha sido de 4.38, lo que permite prever, como dirían los economistas, que considerando la tendencia de la curva estaríamos viendo una tasa de desocupación nuevamente cercana a los tres puntos hasta a mediados o finales de 2012, es decir, este sexenio ya fracasó en materia de empleo. Para que las cosas fueran distintas se necesitaría una tasa de crecimiento del PIB de al menos un seis por ciento anual, y aun con ello la tasa de desocupación, por el crecimiento natural de la PEA, no podría bajar más allá de los dos puntos.

La consecuencia de todo esto ha sido que, según los datos del Coneval, con más del 80 por ciento de la población en pobreza o vulnerabilidad, la clase media se ha convertido en una más de las leyendas urbanas del país, y a quien debemos agradecer por esta tragedia es nada menos a quien prometió ser el presidente del empleo.

sarellano@ceidas.org

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