jueves, 14 de enero de 2010

Mensaje Seretario del Exterior del SME Fernando Amezcua C.

Mensaje Seretario del Exterior del SME Fernando Amezcua C. A 3 Meses de Resistencia

Reformas que amenazan transparencia

Haydee Pérez, investigadora de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, opina sobre las reformas del gobierno federal que amenazan con la ley de transparencia en México. www.javiersolozano.com

El presupuesto público del 2010

Haydee Pérez, investigadora de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, opina sobre el presupuesto público que se ejercerá durante este año. www.javiersolozano.com

Video - ACCIDENTE DE CONTRATISTA DE CFE EN SUBESTACION



Video ya difundido por los compañeros, pero es importante que quede como antecedente. QPD el muchacho, víctima del gobierno opresor,

Video - LINEAS AEREAS PANTITLAN LYFC ROBO DE MATERIAL

NO ES POSIBLE QUE SE SIGAN PERMITIENDO ESTE TIPO DE ARBITRARIEDADES, EN NUESTRAS SUCURSALES, SECTORES Y ASI MISMO SUBESTACIONES; ESTO ES EL EJEMPLO DE QUE EL SECTOR PRIVADO AHORA ENTRA PARA EXTRAER MATERIA PRIMA SIENDO QUE CFE SON INCOMPETENTES, QUIEN RESPONDERA POR EL EXTRAVIO DE MATERIAL

Video - CFE y su "modernidad y calidad mundial"

Esto Sucedió el día 17 11 09 en la Calle 4esq. Con Av. Xochimilco Col. Pantitlán, nos volvemos dar cuenta que no tienen equipo de trabajo y así mismo ni uniformes para su protección, que las cosas las hacen por hacer sin saber que el video lo muestra todo, donde está la supuesta MODERNIDAD de CFE que tanto nos mencionan el pueblo cada día se da cuenta de la realidad y él como nos va a afectar a TODOS A TODOS

Video - Represión de la PFP al SME en Pantitlán

Siendo aproximadamente las 4 pm de 12 de Enero del 2010 en las instalaciones de Líneas Aéreas Pantitlán; personal de la PFP armados, tratan de reprimirnos y provocarnos, llegando a tal punto en el que hacen un disparo poniendo en riesgo a los transeúntes y a las familias que ahí viven. Afortunadamente no hiriendo a nadie; como se muestra en el video solamente veníamos caminando sobre la banqueta en forma pacífica, que pretende el gobierno con estas acciones MUERTOS Ó ENFRENTAMIENTOS, las pruebas existen.

Criminalizar nuestra lucha, objetivo del gobierno: SME

Alma E. Muñoz 

Periódico La Jornada 
Jueves 14 de enero de 2010, p. 16 

La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) insistió en que el diálogo a que convocó la Secretaría de Gobernación –sin la presencia del grupo de notables que mediaron entre ambas partes– es una muestra más de la cerrazón del Ejecutivo para dar una salida política al conflicto. "No quieren que se resuelva", dijo Martín Esparza.

Advirtió que la estrategia oficial es seguir desgastando el movimiento, porque “la falta de visión política del gobierno para que la comisión mediadora –integrada por el rector de la UNAM, José Narro Robles; Enrique Villa, ex director del Instituto Politécnico Nacional, y los coordinadores de PAN, PRI y PRD en el Senado, Gustavo Madero, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete, respectivamente– participara en la reunión propuesta para mañana, significa que van a querer reprimirnos, criminalizando nuestra lucha”.

Antes de que el grupo de notables diera por terminada su mediación en el conflicto, en el comité central del SME no se descartaba que acudiera a Bucareli una comisión –encabezada por el líder sindical– y dejara a dos pro secretarios –cargos equiparables a subsecretarios en el SME– en la mesa convocada por Gobernación para que se encargaran del diálogo con sus pares federales: Gerónimo Gutiérrez y Álvaro Castro, aunque se dejó claro que será la asamblea general la que hoy decida qué hacer.

Al término de una reunión con dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), donde le expresaron su solidaridad, Esparza cuestionó que el gobierno convoque a un supuesto diálogo directo sin que se cumplan los criterios planteados por el grupo de mediadores. Ni siquiera –sostuvo– por que participaría el panista Gustavo Madero, y con la advertencia de que se presentarán denuncias contra los electricistas ante la Procuraduría General de la República. Además de que continúan el amedentramiento y los ataques de efectivos de la Policía Federal y siguen presos algunos de nuestros compañeros, señaló.

Sobre este asunto –dijo– habló el martes por la noche con Gerónimo Gutiérrez, subsecretario de Gobierno de Gobernación, a quien solicitó la intervención de la dependencia para que sean liberados los tres electricistas detenidos en Lechería, estado de México. "En este momento son presos políticos; se les acusa de sabotaje a una instalación que está fuera de servicio desde el día que decretaron el cierre de Luz y Fuerza del Centro". El funcionario respondió que iba a verlo, dijo.

Resaltó que la Policía Federal disparó a algunos de sus compañeros en la colonia Pantitlán –como muestran videos y un casquillo percutivo recogido poco después de que un efectivo cortó cartucho a un arma larga y disparó al aire. "Pido a Gobernación que cese esta campaña; están hostigando y agrediendo a los trabajadores".

Esparza advirtió que no temen al Ejecutivo federal y están preparados para hacerle frente, pero destacó que todo lo relacionado con el diálogo tendrá que ser resuelto por la asamblea. "No vamos a ceder hasta recuperar nuestra fuente de empleo", afirmó.

En tanto, la UNT y las organizaciones que integran el movimiento nacional por la soberanía alimentaria y energética, así como por las libertades democráticas y derechos plenos, cerraron filas en apoyo al SME. Resolvieron apoyar la huelga de pagos de todos los servicios y confirmaron su participación en la marcha programada para el 29 de enero, contra las políticas aplicadas por el gobierno federal y por la defensa de los derechos laborales. Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas, confió en que el número de asistentes sea de 100 mil.


Fuente

Liberados compañeros presos en Tlalnepantla.

Redacción Radio SME

Minutos antes de media noche del día Miércoles 12 de Enero, los compañeros Sergio David y Enrique quienes fueron privados de su libertad por la supuesta comisión de diversos delitos en las afueras de la termoeléctrica de Lechería fueron puestos en libertad del reclusorio de Barrientos. En el lugar, fueron recibidos por familiares, amigos y compañeros electricistas que esperaban ansiosos su salida. Los acampañaban también los abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas Gerardo Pineda y Christian Pimentel quienes estuvieron presentes durante todo el procedimiento ante las autoridades.

Gobiernos evaden Ley del Trabajo

Autor: Mayela Sánchez
Contralínea
10 Enero 2010


  
  • Gobiernos locales y federal recurren a la contratación de personal externo tanto para servicios generales como administrativos. Con más de 1 mil 100 contratos de outsourcing, el gobierno federal estaría evadiendo sus obligaciones laborales e inhibiendo la organización de los trabajadores, señalan especialistas

Cuando su primo le habló del trabajo de afanadora en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a María la motivó pensar que sería contratada por la dependencia. Luego, su familiar le aclaró que se trataba de una empresa independiente. “Pero pues ya estaba aquí y no lo iba a hacer quedar mal; entonces me quedé”, dice la mujer de 59 años. Afirma que en los cuatro años que lleva trabajando ahí, nunca ha firmado un contrato: “Nada más dimos nuestros papeles”.

María trabaja para Licom, SA de CV, empresa que ha sido contratada para la limpieza de las oficinas de la Secretaría de Finanzas local, las delegaciones Coyoacán y Miguel Hidalgo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes y el Instituto Federal de Acceso a la Información, bajo un esquema de contratación externa u outsourcing.

La contratación de personal externo se ha vuelto una práctica común en la administración pública, como lo constatan los contratos que en los últimos tres años han establecido con empresas proveedoras de servicios. Las áreas de aseo, mantenimiento y vigilancia de los inmuebles (que muchas empresas consideran no prioritarias) son las más socorridas en la externalización, pero también se ha recurrido a este esquema para contratar personal para áreas administrativas.

Outsourcing por decreto

El 4 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que establecía las medidas de austeridad que habrían de seguirse en la administración pública federal. En su artículo 14 señalaba que las dependencias y entidades paraestatales debían promover la contratación de servicios para generar ahorros, que incluirían telecomunicaciones y servicios generales, como mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado y vigilancia.

De acuerdo con la información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia, desde 2007 las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Comunicaciones y Transportes (SCT); Economía; Educación Pública; Desarrollo Social; Energía; Función Pública; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Salud; Seguridad Pública; Reforma Agraria; Trabajo y Previsión Social; Turismo, junto con la Presidencia de la República y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establecieron en total 658 contratos para los servicios de limpieza en sus instalaciones.

Para servicios de vigilancia, el IMSS reportó 92 contrataciones con particulares; SCT, 83; Sagarpa, 82; Desarrollo Social, 63; Economía, 55; Semarnat, 43; Salud, 18; Trabajo y Previsión Social, tres; Educación Pública, dos; Función Pública y Presidencia de la República, uno cada una. En conjunto sumaron 443 contratos.

Los datos del portal de transparencia también constatan la contratación de servicios externos en áreas administrativas.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares ha recurrido de 2006 a 2009 a la compañía Special Outsourcing Services, SA de CV, para que la provea de personal temporal en las estaciones de servicio, como consta en los contratos 015-07-ASA-SER-30, 001-08-ASA-SER-30 y 001-09-ASA-SER-10.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependiente de la Secretaría de Hacienda, contrató este año a las empresas Talento Humano en Outsourcing, SC, y Administración Profesional de Personal MSG, SC, para servicios de administración y pago de nómina.

Financiera Rural y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también figuran entre las entidades públicas que han optado por contratar personal externo. Entre 2008 y 2009, Financiera Rural ha establecido seis contratos con la empresa Zaragoza, Rocha y Asociados, SC, para que le suministre personal para diversas áreas administrativas. Ninguno de esos contratos ha sido por un plazo mayor a los ocho meses.

El Bancomext ha llevado a cabo 23 contrataciones con diversas empresas proveedoras de personal desde septiembre de 2007. Manpower, SA de CV, que se describe como “líder mundial en la industria de recursos humanos”, se ha beneficiado con seis de esos contratos, uno de los cuales registra un monto por más de 4 millones y medio de pesos para dotar de trabajadores que apoyen “diversas áreas de Bancomext” durante este año.

Para actividades administrativas, Bancomext también contrató los servicios de Tec Logistics, S de RL de CV; Job and Job de México, SA de CV; y ADSourcing Administración de Nómina, SA de CV; mientras que para la atención telefónica recurrió a Toptel, S de RL de CV, empresa que también provee trabajadores al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Migración.

Modelo fraudulento

De Buen refiere que las empresas proveedoras de personal actúan como intermediarias, figura contemplada en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, y como tal no liquida la responsabilidad del que recibe los servicios, sino que hace responsables tanto al que los proporciona como al que los recibe.

Respecto de los servicios generales, como la limpieza y vigilancia, el investigador y actual abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas considera que no se trata de un modelo de outsourcing toda vez que no constituya una maniobra para evadir responsabilidades laborales.

El contrato número CONDUSEF/008/2009, establecido entre la empresa Licom, SA de CV, y el organismo el 31 de diciembre de 2008, evidencia que en el sector público sí se ha recurrido a este esquema para eludir obligaciones con los trabajadores. La cláusula 15 de dicho contrato establece la “inexistencia de relaciones laborales”, con lo que la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras “no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con el prestador de servicios ni con los trabajadores que el mismo contrate (…) por lo que no se le considerará como patrón directo o sustituto y el prestador de servicios expresamente la exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social u otra que pudiera generarse con relación a sus empleados”.

Para De Buen, el gobierno viola la ley al recurrir a esta fórmula de contratación. “Es una vergüenza porque hacerlo así es una especie de acto de complicidad con las empresas que lo hacen habitualmente para quitarse responsabilidades laborales, y aquí el gobierno está violentando las disposiciones de la Ley Federal (del Trabajo); está actuando de forma indebida”, asegura.

Contra la organización de los trabajadores


El líder de los trabajadores del Bancomext, Alfredo Castro Escudero, señala que con la incorporación de este mecanismo de contratación se ha ido reduciendo el personal contratado directamente por esa institución. El secretario general del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Bacomext refiere que al principio, la contratación por outsourcing se dio en áreas “más o menos razonables”, como intendencia, mensajería, seguridad, pero ahora también se incluyen áreas operativas, tanto de funcionarios medios como de operadores de base, lo que para Castro Escudero resulta “tremendamente peligroso”.

“El peligro radica en que se vaya perdiendo al trabajador de base, al trabajador sindicalizado, con sus derechos y prestaciones, y sea, por así decirlo, sustituido por este trabajador contratado en diferentes formas y modelos mucho más baratos, sin prestaciones, sin derecho a sindicalizarse”.

De acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en los últimos cinco años el número de empleados de base de Bancomext se redujo 7.6 por ciento.

Francisco Armenta, asesor sindical, señala que el derecho a la libertad sindical es “clave” en las empresas tercerizadoras, ya que “la única manera de lograr que se cumpla la ley es teniendo un sindicato real con capacidad de interlocución y de acción política frente a la empresa. Si no hay eso, el trabajador queda completamente desprotegido”.

Agrega que ninguna de estas empresas cuenta con un sindicato real: “Sí hay sindicatos pero creados con contratos colectivos de protección sindical, (es decir) sindicatos sin asambleas, que sí cuentan con registro y, como tal, pueden firmar un contrato colectivo con la empresa, (pero en ellos) establecen los mínimos de la ley para que después la empresa haga lo que quiera, o cláusulas que lo que quieren es proteger a la empresa contraviniendo la ley”.

María corrobora lo anterior: “Cada que hacen un cambio de empresa según viene un sindicato, después del día que hacen el cambio jamás se vuelve a aparecer. Dicen que nos van a ayudar, que nos van a apoyar, miles de cosas… en fin, ya jamás los volvemos a ver”.

Servicios externos, en expansión


Defensores de los derechos de los trabajadores como Manuel Padrón Flores, coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), han manifestado que el outsourcing o tercerización tiende a “extinguir el derecho al empleo” al estar diseñado como “una forma fácil de deshacerse de los trabajadores”, al no garantizar la estabilidad laboral, la igualdad salarial, la organización y la seguridad social de los trabajadores.

En su XI informe de violaciones a los derechos humanos laborales durante 2007, el Cereal advierte que los regímenes de tercerización se están expandiendo rápidamente sin que haya una valoración adecuada de lo que eso implica en términos de indefensión para los trabajadores. Y añade que la precaria situación de los trabajadores complica aún más su capacidad de emprender acciones de defensa contra estos sistemas de organización del trabajo.

Ante la ausencia de cifras oficiales que permitan cuantificar la expansión del outsourcing en el país, los datos de empresas consultoras contribuyen a dar una idea del crecimiento de este fenómeno: de acuerdo con un estudio de la consultora Alix Partners, México figura como primer destino para el outsourcing, colocándose por encima de Brasil, China e India.

IDC, Publicación de Grupo Editorial Expansión, refiere en otro estudio que, en el primer semestre de 2009, el outsourcing tuvo un crecimiento de 4.6 por ciento, siendo el único rubro en el sector de servicios que logró prosperar en dicho periodo.

El Cereal reconoce que el sector de servicios es el que más empleos genera en el país, pero también donde los empleos tienen menor calidad. En 2007, este centro señaló que durante las últimas dos décadas el sector servicios había crecido considerablemente debido a la entrada al país de grandes consorcios internacionales, entre los que se encuentran las reclutadoras y manejadoras de personal. Éstas han dominado el mercado local, desplazado a las empresas mexicanas y exigido condiciones de trabajo degradantes para los trabajadores como requisito de su permanencia en el país.

Así, este tipo de empresas “han incurrido en violaciones sumamente graves en contra de la dignidad de las y los trabajadores: les someten a regímenes de inestabilidad laboral, pagan salarios insuficientes y mantienen esquemas de prestaciones muy limitados, simulan la relación laboral a través de figuras extrañas a la legislación, impiden la libertad sindical y el derecho de contratación colectiva”, señala el informe de Cereal.

El doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, profesor de la Universidad de Guadalajara, concluye en su artículo “Outsourcing: instrumento jurídico sin control legal” (publicado en 2005 en Scientific International Journal) que esta figura “se utiliza indebidamente porque no existe una normativa legal que lo canalice de forma adecuada. No hay tampoco una verdadera cultura empresarial en nuestro medio que lo aplique con racionalidad, y lo peor es que ni siquiera los propios trabajadores se han podido percatar de lo perverso de ese vacío legal en que se ha traducido la indiferencia de quienes tienen el deber ineludible de regular los factores de la producción: gobernantes, legisladores, administradores de justicia, a la par que académicos, juristas y litigantes”.



Limpian dentro, les pagan fuera

En su portal de internet, Grupo Alfa Sol, SA de CV, enumera los beneficios de contratar sus servicios de limpieza de inmuebles. Una de las “ventajas” que señala para sus clientes es que “se eliminarán los problemas de sindicatos, problemas laborales de personal como son la antigüedad, aguinaldos, vacaciones, reparto de utilidades, pensiones y jubilaciones”. También se menciona que “se eliminarán los problemas de seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro Social), enfermedades, incapacidades, indemnizaciones o defunciones” y que se “eliminará el laborioso pago de nóminas y conciliaciones con el personal”.

Guadalupe Ávila, jefa de licitaciones de Grupo Alfa Sol, SA de CV, dice que estas obligaciones se eliminan para los clientes porque son asumidas por la empresa; pero aclara también que los trabajadores no están afiliados a ningún sindicato y que su recontratación se hace una vez que han transcurrido dos años trabajando en una misma empresa, hecho poco frecuente para los empleados que laboran en oficinas gubernamentales debido al tiempo de vigencia de las licitaciones.

Actualmente, Grupo Alfa Sol, SA de CV, cuenta entre sus clientes a la Cámara de Diputados, las secretarías de la Reforma Agraria y Función Pública y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otras dependencias públicas que también han contratado sus servicios son el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Caminos y Puentes Federales. A nivel local ha ofrecido sus servicios al Sistema de Transporte Colectivo Metro (líneas 3 y B), la delegación Cuauhtémoc y el Servicio de Transportes Eléctricos, de acuerdo con la información de la empresa publicada en su página de internet.

Limpiatec, SA de CV, también ha contado con varios clientes en el sector público, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Fomento Educativo, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Sentadas en una jardinera, dos jóvenes empleadas de Tapaclean, SA de CV, fuman mientras digieren el almuerzo. Quien las ve al pasar no se imagina que son madre e hija, pues ambas tienen rostros lozanos y cuerpos menudos. La madre, de 35 años, lleva tres años trabajando en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, “donde se hace el CURP (Clave Única de Registro de Población)”, como refieren los vecinos del lugar. Ella ha tenido que trabajar doble turno porque no le alcanza con lo que gana en una jornada, y con el cambio de empresa que hubo recientemente la mejoría fue mínima: en lugar de los 1 mil 100 pesos que recibía a la quincena, ahora gana 1 mil 150 pesos.

Su hija tiene 20 años y llevan un año trabajando juntas. Tuvo que dejar la escuela para ayudar con los gastos de la casa, pero ni con lo que ambas ganan les alcanza para vivir. Las dos reconocen que la paga es insuficiente, pero resignada, la madre dice que no puede acceder a un mejor trabajo porque no cuenta con estudios. El semblante de su hija se entristece al oírla hablar. (MS)

 

Fuente

Elorduy, supuesto tráfico de influencias

Autor: Lorena Rosas
Contralínea
10 Enero 2010



  • El Congreso de la Unión podría investigar supuestos actos ilegales cometidos en las administraciones de Vicente Fox y Eugenio Elorduy –exgobernador de Baja California–, que habrían favorecido la instalación de Sempra Energy en Ensenada. Las denuncian versan sobre compras fraudulentas de terrenos, presunto tráfico de influencias en negocios de la familia Elorduy y corrupción atribuible a la empresa californiana

Mexicali, Baja California. El legislador federal José Narro Céspedes denunció ante la Cámara de Diputados que el exgobernador Eugenio Elorduy Walther apoyó a la trasnacional Sempra Energy para instalarse en Ensenada a cambio de formar una sociedad, a través de una supuesta empresa propiedad de su hija. Por ello, exigió que se cree una comisión que investigue el caso y propuso revisar la operación de la compañía.
Ésta sería la segunda vez que se forma una comisión investigadora para esclarecer los señalamientos públicos de supuesto tráfico de influencias y corrupción contra el exgobernador Eugenio Elorduy. La primera fue en marzo de 2006 y se relacionó con la expropiación de 846 hectáreas del polígono El Monumento, sitio de alta plusvalía ubicado en Playas de Tijuana (Contralínea Baja California 13).

El recurso judicial, también planteado en la Corte de San Diego, California, señala a la trasnacional Sempra Energy en presuntos sobornos al exgobernador bajacaliforniano para llevar a cabo la expropiación de terrenos legítimos, de los cuales más de 300 hectáreas ya estaban en trato para el proyecto principal de Marathon Oil, empresa rival de Sempra que aventajaba en los trámites de permisos.

Pese a esas investigaciones, Sempra se instaló en Baja California. El arranque de la operación de la planta denominada Energía Costa Azul en Ensenada se dio el 29 de agosto de 2008, con una inversión superior a los 1 mil 300 millones de dólares, misma que desde entonces recibe buques tanque con carga para regasificar.

El gasoducto, que mide 72 kilómetros de largo y 42 pulgadas de diámetro, transporta el gas desde Costa Azul a Tecate y al gasoducto Bajanorte, hacia el este de Mexicali. También hacia el oeste se conecta con Tijuana en una extensión transportadora de gas natural que lleva a la termoeléctrica de Rosarito y a otra extensión que llevará el gas a parques industriales de Tijuana.

El negocio

El diputado Narro Céspedes solicita conocer las bases que llevaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a autorizar la obra, así como restituir al dueño del predio donde se ubica la empresa y turnar la denuncia al gobierno de Estados Unidos, para su debida investigación, al considerar que dicha empresa cometió violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Según el legislador, gracias a la intervención del exmandatario bajacaliforniano Eugenio Elorduy, quien cabildeó ante el entonces presidente Vicente Fox, se facilitaron las políticas administrativas, jurídicas y de medio ambiente con las que se pudieron obtener los permisos para lograr que las trasnacionales Sempra y Shell instalaran una planta de descarga marítima de gas licuado en Ensenada, y otra de energía eléctrica en Mexicali, para enviar los productos a Estados Unidos.
Narro Céspedes considera “claras” las facilidades que dio el gobernador a la empresa que habrían derivado en la violación a la ley y en el tráfico de influencias con Fox, “para permitir que en Baja California se hagan actividades que están fuera de la ley, como lo es la de generar energía eléctrica, por parte de una empresa extranjera, siendo una actividad exclusiva del Estado mexicano”.
El diputado acusa que “quien interviene para obtener los permisos correspondientes ante Fox es el gobernador. Y dado que el gobernador no debía estar ahí, no podía pertenecer a la empresa en años anteriores: primero por ser alcalde, después por ser gobernador, y a quien incorpora como empresaria es a su hija. Así se da todo este tráfico de influencias”.
Afirma que de esta forma, Elorduy Walther adquirió la empresa Distribuidora de Gas Natural Servicios, a través de su heredera, como estrategia para asociarse con Sempra Energy. Luego, la Distribuidora de Gas Natural Servicios le otorgó un amplio poder a Francisco Molina Robles para representar a la empresa, cuya principal socia es Érika Elorduy Blackaller. Este poder fue protocolizado ante el notario público número 4 de esta ciudad, con fecha 21 de diciembre de 1998, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del gobierno de Baja California el 6 de enero de 1999.
Durante su administración, Eugenio Elorduy –empresario la mayor parte de su vida y concesionario en Baja California de la empresa automovilística Ford–, viajó a Japón, España y a otros puntos importantes de Europa en giras oficiales, pagadas con el erario, con el fin de traer inversiones a la entidad. No obstante, lo que obtuvo fue la concesión para su negocio particular de las empresas Toyota y Mazda.
Otro hecho relevante es que el floreciente proyecto de Silicon Border en etapa inicial es dirigido por su yerno, Octavio Garza.
Empresario ante todo
La relación entre el exgobernador y la empresa ahora cuestionada se dio a fines de la década de 1990. A principios de 1998, Elorduy Walther, entonces presidente municipal de Mexicali, y Bernardo Martínez Aguirre, secretario municipal, visitaron a altos directivos de Sempra Energy, cuyas oficinas principales se ubican en San Diego, California. El objetivo, según dijeron, era promover la capital del estado para instalar en Baja California una planta de generación eléctrica para satisfacer los requerimientos energéticos del estado.

El contacto se hizo inicialmente a través de Ricardo Charvel Orozco, exdirector de Asuntos Externos, y de Flavio Olivieri Borobia, exasesor de dicha compañía y posteriormente designado como gerente de Relaciones Públicas de Sempra Energy de México.

Tras la crisis energética que llevó a la destitución del gobernador demócrata, Gray Davis, esta empresa adquirió en 1998 la San Diego Gas & Electric ?la cual se había declarado en bancarrota? para expandirse en California y en todo Estados Unidos.

En ese entonces, la trasnacional de origen estadunidense no contaba con buena reputación. Su desprestigio se derivaba de los fraudes cometidos en contra de californianos, mismos que demandaron y ganaron liquidaciones hasta por 1 mil 800 millones de dólares, más la devolución de 800 millones de dólares por cobros indebidos. Por ese motivo, Sempra se encontraba imposibilitada financieramente para instalar las plantas de energía eléctrica que tenía planeadas en el sur de California y en las costas del Océano Pacífico, Oregon y Washington.

Después de conocer las ventajas que ofrecieron los representantes municipales de Mexicali, y ante las duras normas ambientales de su país, los altos ejecutivos de Sempra Energy, encabezados por Donald E Felsinger, director ejecutivo y presidente de la Junta de Directores de esa compañía, contemplaron la instalación de plantas de gas licuado en Baja California.
Años más tarde, el ya gobernador Eugenio Elorduy y su secretario general de Gobierno, Bernardo Martínez, cabildearon directamente con el entonces presidente Vicente Fox para que el gobierno federal les otorgara todo tipo de facilidades, tanto legales como fiscales, para su establecimiento en la zona. No se escatimaron esfuerzos para impulsar la instalación de la planta de almacenamiento de gas natural de Sempra Energy en la zona costa.
La operación de este consorcio violaría el artículo 28 de la Constitución, que establece claramente la prohibición de monopolios y de prácticas monopólicas. Señala que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento de artículos de consumo necesarios que tengan por objeto el alza de los precios.
A pesar de esa expresa prohibición constitucional, el gobierno de la república, específicamente la Secretaría de Energía (que dirigió de marzo de 2003 al 31 de mayo de 2004 Felipe Calderón) y la Comisión Reguladora de Energía, teniendo el visto bueno del gobierno de Baja California, impulsaron la conformación del monopolio a favor del consorcio de Sempra Energy y Shell, empresas estadunidense y holandesa, respectivamente.
Sempra Energy controla la mayor parte de la infraestructura de transporte en el sur de California, Estados Unidos; además, ambas empresas mantienen acaparados todos los sistemas de distribución de gas natural y electricidad a usuarios residenciales e industriales en la misma región, así como los dos únicos cruces fronterizos de transporte de gas natural entre Estados Unidos y Baja California.


Los trámites

El 30 de enero de 2003, el pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió autorizar la sociedad entre Sempra Energy México y Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, a través de la empresa Energía Costa Azul, SA de RL de CV. Para el 7 de agosto de ese año, ésta obtuvo de las autoridades mexicanas el título de permiso número G/140/ALM/2003 para almacenamiento de gas natural.
De esta forma se estableció en Mexicali, hasta 2004, una planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 650 megawatts, basada en gas natural, dedicada a la exportación de energía a Estados Unidos, fundamentalmente para California. Según se ha documentado, los trámites para la constitución e inscripción de esta empresa estuvieron coordinados directamente por Bernardo Martínez, por instrucciones del gobernador Elorduy.

Desestimular a la competencia

De acuerdo con las denuncias en su contra, Sempra Energy habría concretado sus proyectos en Baja California por el incondicional apoyo y los favores del gobierno de Elorduy, quien al amparo del ejercicio del poder desestimuló a las competidoras para que no se instalaran en Baja California, utilizó la estructura del poder estatal y trastocó la institucionalidad del Estado para imponer a sus socios trasnacionales.
En octubre de 2003, Chevron presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales un manifiesto de impacto ambiental para instalar una planta de gas natural licuado en Isla Coronado, frente a las costas de ese municipio. Chevron era la tercera empresa que presentaba ante la dependencia federal el manifiesto de impacto ambiental para instalar una regasificadora. Las otras dos fueron Sempra Energy y Shell, a las cuales sí les fue autorizado el permiso.
El gobierno del estado, a través de su secretario general de Gobierno Bernardo Martínez, propuso que se sometiera a consulta ciudadana la posibilidad de instalar plantas regasificadoras en áreas aledañas a zonas habitacionales o de impacto a la comunidad, como el caso de la planta flotante que pretendía colocar la trasnacional Chevron frente a las costas de Tijuana. Así, los habitantes de la zona manifestaron públicamente el rechazo a las pretensiones de Chevron de ubicar una planta regasificadora a unos 15 kilómetros de la costa de Tijuana.
El legislador Narro Céspedes critica que el gobierno estatal, encabezado por Elorduy Walther, haya construido el Corredor 2000, que une a Tecate, Tijuana y Rosarito, con el único fin de instalar tubería para conectar a la planta con el sur de California. El costo de la obra, cuyo tramo cubre unos 80 kilómetros, inicialmente fue de 650 millones de pesos, pero al concluirse, el mismo Fox dijo que ésta había tenido un valor de 2 mil 400 millones de pesos.

Aclaraciones del exgobernador Eugenio Elorduy

Elorduy Walther consideró falsos los señalamientos del diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, José Narro. “Por lo que se refiere a las alusiones a Érika, mi hija, y a su servidor, es totalmente falso, absoluta y totalmente falso. No hay absolutamente nada de verdad en lo que el señor ahí relata. Desconozco si existe la empresa. De lo que sí estoy seguro es que ella no es propietaria de la empresa a la que se alude”.

El exgobernador dice que, “en el caso de Costa Azul, la empresa decidió buscar instalar el almacén de gas natural. Coinciden estos propósitos como otros más con el Plan de Desarrollo Estatal que fijamos en 2001-2002 al inicio del gobierno nuestro, y coincide con el Plan de Desarrollo Empresarial que construimos junto con los empresarios de Baja California, que es tener en la entidad una manera de almacenar gas natural y que sea distribuido desde aquí a todas las empresas en este estado, porque es el energético menos contaminante y el más económico”.

Agrega que antes de que esa empresa se intalara en la entidad, “el gas natural lo recibía Baja California en la cola de la distribución. ¿Qué quiere decir en la cola? Que venía de muy lejos y llegaba finalmente a nosotros a través de la instalación que se hizo del gasoducto hace más de 10 años; entonces nos llegaba al precio más caro”.

Asegura que “todo” se hizo “con un estricto apego a las normas mexicanas. No es una cosa que sucedió de la noche a la mañana; exigió una serie de trámites tanto estatales, federales y municipales y todos se cumplieron correctamente. Es un tema que tiene impacto público, por lo tanto la norma mexicana exige que la población hubiera sido tomada en cuenta, si no, no se hubieran otorgado los permisos”.

Indica que las acusaciones “seguramente tiene(n) que ver con el conflicto de tierras alrededor de la instalación. Hasta ahí yo entiendo de lo que sucedió con ese pronunciamiento. Insisto, todo lo que se refiere a mi hija y a su servidor es completamente falso. Si todo esto fuera cierto, ya hubieran presentado hace mucho tiempo una demanda o demandas en donde hubieran puesto por delante todo lo que dicen de la propiedad de mi hija. Desafortunadamente, eso corrobora que no tiene ninguna sustentación”.
Litigio por despojo predial
Mediante una operación presuntamente ficticia de compra-venta del terreno para la instalación de su planta en el municipio de Ensenada, Sempra Energy habría despojado aproximadamente 100 hectáreas al empresario Ramón Eugenio Sánchez Ritchie.

Este predio se ubica en el kilómetro 82.5 de la carretera Tijuana-Rosarito-Ensenada. En el terreno, este empresario tuvo desde 1972 el rancho Las Brisas, en la jurisdicción de El Sauzal, Ensenada.
La venta del predio donde se instalaría la planta en Ensenada fue inscrita el 31 de enero del 2006 ante la notaría pública número 5, cuyo titular es Diego Monsiváis Franco, con el folio “16,989”.

Para el diputado José Narro Céspedes, “a la empresa le urgía contar con un lote como zona de amortiguamiento para evitar posibles contingencias, como lo exigen las autoridades. Hay tráfico de influencias para aparentar la compra de un terreno; utilizan el Registro Público de la Propiedad para hacer una operación totalmente fraudulenta, compran un terreno a una señora que fallece dos años antes y obtienen una escritura falsa que inscriben en el Registro Público de la Propiedad”.

De la muerte de la supuesta vendedora, existen constancias médicas y legales –un acta de defunción, folio 84015 del Registro Civil de México Distrito Federal?. La operación se realizó el 31 de enero de 2006 entre Elodia Gómez Castañón y la empresa Energía Costa Azul, es decir, más de un año después del fallecimiento de la aparente dueña.
“En la operación intervino directamente Francisco Javier Molina Robles, excompañero de Eugenio Elorduy del Tecnológico de Monterrey, quien fungió como apoderado de Energía Costa Azul y se hizo pasar como agente de bienes raíces para la adquisición de terrenos para Sempra Energy en Ensenada. En ese tiempo, Molina Robles aparecía también en la nómina del gobierno de Baja California, con la plaza de asesor del gobernador”, acusa Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, propietario del predio en litigio.
En la primera comisión investigadora que libró el exgobernador Eugenio Elorduy en 2006, al desistirse su denunciante en la Corte de San Diego y abogar por él la bancada panista en el Congreso, el abogado Audrey Towers Thornton, representante de un despacho jurídico de Houston, señaló a Francisco Molina Robles como intermediario que facilitaba la operación de instalación de Sempra y quien, como parte de su función, manejaba importantes cantidades de dinero que depositaba en una cuenta bancaria radicada en el paraíso fiscal de Islas Caimán.
No obstante, en agosto de 2006, Sánchez Ritchie fue denunciado por Sempra Energy por el delito de despojo ante la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Patrimoniales, de Ensenada. La averiguación previa se integró con gran celeridad.
Sánchez Ritchie y su familia señalan que fueron desalojados de ese predio con la presencia de corporaciones policiacas del estado, a quienes acusan de saquear y destruir el mobiliario de su rancho. Los daños y pérdidas se estimaron en más de 250 mil dólares, los cuales fueron denunciados. Sin embargo, las denuncias se archivaron.
El empresario, su abogado Omar Paz Arellano y tres de sus empleados fueron detenidos en este desalojo y puestos a disposición del Juzgado Primero de lo Penal de Ensenada, a cargo de la juez Martha Flores Trejo. Éste dictó auto de formal prisión a Sánchez Ritchie y sus tres empleados, quienes fueron sujetos a proceso pero lograron su libertad bajo de fianza. Siete meses después obtuvieron el amparo en revisión, concedido por el Segundo Tribual Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
La empresa Sempra Energy aportó como prueba: copia de la escritura pública 16,989, volumen 390, expedida por el notario público 5 de Ensenada, Diego Monsiváis Franco, que ampara la compraventa de un predio de aproximadamente 100.28 hectáreas de extensión, que el 31 de enero de 2006 fue vendido a dicha empresa por los señores Elodia Gómez Castañón y Armando Navarro.
En este asunto, la juez Flores Trejo dictó sentencia condenatoria por despojo. En la revisión del expediente se declaró incompetente y se turnó finalmente al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Rosarito, cuyo titular, el licenciado Juan Ortiz Morales, exsubprocurador de Justicia Estatal, el 11 de octubre de 2007 dictó auto de libertad a los acusados, por considerar que no existían elementos probatorios en su contra.
Sánchez Ritchie aportó durante este proceso distintas pruebas que fueron decisivas para su exoneración; entre ellas, diversas constancias de posesión sobre su rancho, expedidas a su favor el 20 de junio de 1983 por el jefe de Procedimientos Agrarios de la Promotora Agraria 6 de Ensenada, Ricardo Moctezuma Licona, la cual acredita su posesión “quieta, pacífica y pública”.
Sánchez Ritchie también acreditó copias certificadas de cuatro constancias levantadas por la delegación municipal de El Sauzal, municipio de Ensenada, con fecha 8 de noviembre de 1993, en las que se precisa que este empresario, desde 1972, tiene la posesión del rancho Las Brisas.
Destaca en estos testimonios la prueba documental pública consistente en la fe de hechos que se contiene en la escritura pública 97788, del volumen 1187, del 12 de abril de 2003, en la que se hace constar la posesión del quejoso respecto del predio denominado Las Brisas, Fracción A y Fracción B, y la pericial de la Procuraduría General de Justicia de Baja California: dictamen materia de topografía a cargo de la abogada María Guadalupe García Nava y quien lo realiza, Eusebio Salazar González, en la averiguación previa 120/05/310/AP, en la que consta que la posesión física y material del bien en pugna la tenía Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, antes que sucediera el conflicto con Sempra Energy. (LR)
Bajo espionaje de la trasnacional
Además de la persecución legal, el empresario Ramón Eugenio Sánchez Ritchie y su familia denuncian acosos por parte de la empresa Sempra Energy. Ésta habría contratado los servicios de expolicías y policías en activo, tanto de México como de Estados Unidos, para el seguimiento y monitoreo de las actividades del empresario y de sus familiares más cercanos.
Los agentes realizaron una exhaustiva investigación del perfil, antecedentes e historial de Norma Sánchez Zavala, hija de Sánchez Ritchie, quien se desempeñaba entonces como secretaria actuaria del Juzgado Tercero Penal de Ensenada.
Aunado a ello, con la finalidad de investigar a jueces, empleados judiciales, funcionarios y al dueño del predio, la empresa contrató los servicios del expolicía Jaime Niebla, de Chula Vista, quien cobró 20 mil 400 dólares entre el 10 de junio y el 31 de diciembre de 2008.
“Sempra Energy contrata desde Estados Unidos servicios policiacos para espiar e investigar tanto a ciudadanos como a instituciones mexicanas, particularmente al dueño del terreno al que pretendieron despojar, en clara violación al inciso II del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que a la letra dice: “…que los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano constituyen una amenaza para la seguridad nacional”, denuncia el diputado José Narro Céspedes.
Agrega que “Fox y Elorduy permitieron la interferencia extranjera en asuntos nacionales y utilizaron la fuerza pública para privilegiar al consorcio de Sempra Energy y Shell. Con este negocio, estuvo a disposición del consorcio trasnacional todo el aparato del Estado para hacer lo necesario a fin de que esta empresa fuera la usufructuaria y beneficiaria de los negocios del Gas Natural Licuado con el mercado estadunidense”. (LR)
La comisión investigadora
Con fundamento en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Competencia Económica, el diputado José Narro Céspedes propone que se revise la operación de Sempra Energy en Ensenada.

Solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en caso de existir la aprobación de la Manifestación del Impacto Ambiental, las bases, los criterios y documentos sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de la empresa citada, sobre todo en lo referente a las declaratorias oficiales de que se trata de zonas para el uso de suelo exclusivo con vocación turística.

Se exhorta al gobierno del estado de Baja California a que, conforme a la ley, acate las disposiciones judiciales en la materia al predio mencionado en este texto, y se restituya de inmediato, conforme a derecho, a su legítimo propietario, el señor Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, e informe a esta soberanía de las diligencias que al respecto lleven a cabo.

También de pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que publique el monto de los recursos federales asignados al gobierno de Baja California en la mencionada administración, asignados a la obra denominada Corredor 2000.

Por último, pidió hacer llegar esta denuncia a la secretaría de Estado del gobierno de Estados Unidos, para que su Congreso investigue lo conducente desde el ámbito de su propia soberanía.

Posibilidades


En breve, la Cámara de Diputados definirá si integra una comisión para investigar el caso Sempra y, a su vez, si interpone una denuncia penal contra la trasnacional y contra el exgobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, quien tiene muy buenos amigos en el Congreso de la Unión.

En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política la preside Francisco Ramírez acuña, quien destapó a su gran amigo Felipe Calderón como candidato a la Presidencia de la República, cuando éste era secretario de Energía.

En la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se encuentra como secretario Óscar Arce Paniagua, su exsecretario; en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra Alejandro Bahena Flores, su exsecretario estatal de Educación.

En el Senado, la Junta de Coordinación Política la preside el senador Gustavo Madero Muñoz, su amigo, quien además es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Justicia la preside el senador Alejandro González Alcocer, exgobernador, antecesor de Eugenio Elorduy, quien también estuvo señalado por compras fraudulentas de terrenos en la zona del Corredor 2000 (Tijuana-Ensenada), y por su presunto despojo de valiosos terrenos de indígenas kumiai de esa zona, a través de una empresa fantasma.

En una de estas empresas –Puerto Colonet Infraestructura, SA de CV–, el exgobernador Ernesto Ruffo, quien es senador suplente del también exgobernador Alejandro González Alcocer, se asoció con el arquitecto Roberto Curiel Ortega, empresario consentido de los gobiernos estatales panistas y socio comercial de la transnacional inglesa Hanson, líder mundial en producción, distribución, extracción y venta de materiales pétreos para la industria de la construcción.

Curiel, cabeza del Grupo Amaya Curiel, tiene cuando menos siete años explotando y exportando millones de toneladas de arena de los arroyos del norte de Baja California al mercado estadunidense para su beneficio y el de Hanson. También hizo negocio con las trasnacionales Royal Dutch Shell y Sempra Energy: construyó para estos consorcios diversas obras de infraestructura portuaria en el paraje Costa Azul (Ensenada), en donde instalaron la planta regasificadora de gas natural licuado Costa Azul. (LR)

 
Fuente

Pemex triangula más de 500 mil MDP a paraísos fiscales

Contralínea
Enero 2010



  • En lo que va del gobierno de Calderón, Pemex ha importado gasolina, diésel y otros petrolíferos por más de 512 mil millones de pesos, cifra que representa casi cuatro veces la inversión total para la nueva refinería en Tula, Hidalgo. El esquema incluye la triangulación de recursos públicos a paraísos fiscales por medio de PMI Trading. Como gerente de Finanzas de la paraestatal, el ahora director Suárez Coppel supervisó las operaciones de esa empresa instrumental “privada”, revelan actas del Consejo de Administración



Petróleos Mexicanos (Pemex) recurre a un esquema de importaciones de gasolina, diésel y otros productos petrolíferos que le permite triangular miles de millones de pesos a paraísos fiscales, por medio de PMI Trading, Ltd. Ésta es una empresa instrumental “privada” ciento por ciento propiedad de la paraestatal, constituida con recursos públicos en Dublín, Irlanda, sin oficinas ni empleados.

Tan sólo en lo que va del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se han trasegado más de 512 mil millones de pesos de las arcas de Pemex Refinación a las de PMI Trading, por concepto de gastos por importación de petrolíferos: en 2007, 151 mil 841 millones 279 mil pesos; en 2008, 180 mil 248 millones 53 mil pesos; en 2009, el monto también superaría los 180 mil millones de pesos.

La subsidiaria “justifica” que los considerables incrementos –más de cuatro de cada 10 litros de gasolina consumidos en el país provienen del extranjero– dependen “del comportamiento de la producción y demanda nacionales”.

El más de medio billón de pesos destinado a la importación de petrolíferos es 3.97 veces la inversión total de Pemex para la nueva refinería en Tula, Hidalgo. De acuerdo con el boletín 193 de la paraestatal, con fecha del 6 de noviembre de 2009, la construcción costará apenas “129 mil millones de pesos, contemplados en diversas partidas anuales (desde 2010) hasta 2015”.

Durante ese mismo lustro, Pemex Refinación podría gastar más de 900 mil millones de pesos en la importación de gasolina, diésel, coque de petróleo, combustóleo y turbosina. En su Prospectiva de petrolíferos 2008-2017, la Secretaría de Energía (Sener) admite que será hasta dentro de siete años cuando se empiecen a reducir considerablemente las compras al extranjero:

Con el desarrollo de los proyectos de reconfiguración en todo el Sistema Nacional de Refinación y la incorporación de nueva capacidad se reducirá el volumen de importaciones de manera considerable. Mientras que en 2007 la diferencia entre producción nacional y demanda fue de 316.4 MBD (millones de barriles diarios), se estima que en 2017 será de 83.1 MBD.”

Según dice Pemex en su boletín, la nueva refinería en Tula “es fundamental en la modernización del Sistema Nacional de Refinación y constituye la obra industrial más importante para la empresa en los últimos años”.

Involucrados, cuatro paraísos fiscales

El traslado multimillonario de recursos públicos a Irlanda –considerada como paraíso fiscal incluso por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama (Radio Nederland, 5 de mayo de 2009)– no se ciñe a la administración de Felipe Calderón, presidente de México y exsecretario de Energía: ocurre desde la década de 1990, justo cuando las finanzas públicas del país han descansado en la actividad petrolera.

Fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando Pemex creó PMI Trading, en 1991. De esta última, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala: “Por su naturaleza, la empresa es una sociedad unimembre y meramente instrumental. En síntesis, se trata de una sociedad cuyas características jurídicas permiten, inclusive, que no cuenten con personal u oficinas establecidas”.

De acuerdo con el expediente de fiscalización VII.1.6.4.6 Importación de gasolina, la paraestatal más importante de México ampara su esquema de importaciones con el Contrato de Compraventa de Productos Petrolíferos, firmado el 20 de febrero de 1992 por Pemex y la empresa unimembre irlandesa.

Dicho contrato obliga a la petrolera y a todas sus subsidiarias oficiales (Refinación, Exploración y Producción, Petroquímica, Gas y Petroquímica Básica) a importar sus insumos a través de PMI Trading.

El 15 de diciembre de 1993, Pemex Refinación y PMI Trading suscribieron el Convenio Modificatorio al Contrato de Compraventa del 20 de febrero de 1992. En el convenio se señaló que, en virtud de lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la Ley Orgánica de Pemex y sus Organismos Subsidiarios, Pemex Refinación se subrogó en los derechos y obligaciones de Pemex bajo el contrato”, indica el informe de la ASF.

Por ello, la sociedad irlandesa gestiona en su nombre, desde Dublín, las compras de los petrolíferos con empresas extranjeras. Las transacciones comerciales más importantes para Pemex Refinación se registran en Estados Unidos, Italia y los paraísos fiscales de Holanda (también señalada por Obama), Arabia Saudita y Antillas Holandesas, revela el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007.

A pesar de que México aún es uno de los principales productores de petróleo, su quinto proveedor de gasolinas –las Antillas Holandesas– es dependiente del crudo venezolano.

Actualmente, la importación de gasolinas ha llegado a niveles que representan un alto costo para el país. Cuatro de cada 10 litros que el país demandó en 2007 se cubrieron con base en importaciones. Esto significa que muchos de los empleos, inversiones, impuestos y demás beneficios se transfieran a otros países y no permanezcan en México. Es decir, exportamos el crudo para después importar los combustibles que requerimos a un precio mayor”, admite la Sener en su Prospectiva de petrolíferos 2008-2017.

Esquema de importación


En el esquema de importaciones participan de manera activa Pemex Corporativo –a través de la Gerencia Corporativa de Finanzas, actualmente encabezada por Esteban Levín Balcells– y la subsidiaria PMI Comercio Internacional, SA, que dirige María del Rocío Cárdenas Zubieta. La primera supervisa las operaciones de PMI Trading, mientras que la segunda las ejecuta.

A partir de todas las operaciones que realizan en el exterior los servidores públicos de PMI Comercio Internacional a nombre PMI Trading, esta última empresa se convierte en el único vendedor de gasolina del extranjero al que le compra Pemex Refinación, complementando con ello la oferta de este combustible con la que se atiende la demanda nacional”, indica el reporte de resultados de la ASF.

En el caso de las gasolinas importadas por la subsidiaria que dirige Antonio Ceballos Soberanis, la ruta que se ha establecido es la siguiente:

Pemex Refinación importa la gasolina directamente de PMI Trading, que a su vez la adquiere a diversas petroleras del extranjero. Para ello, la empresa instrumental negocia la compra de volúmenes de gasolina de acuerdo con los requerimientos que le notifica la subsidiaria, y que “dependen del comportamiento de la producción y demanda nacionales, lo anterior a fin de cumplir con el Contrato de Compraventa de Productos Petrolíferos y sus convenios modificatorios”, indica la ASF.

En ese proceso y pese a que es una empresa de papel, sin oficinas ni empleados, busca “obtener condiciones de compra adecuadas, en cuanto a precios competitivos y volúmenes disponibles”. Para ello, utiliza las “ventajas del comercio internacional”, así como la capacidad que tiene para comprar gasolinas en distintos mercados, efectuar diferentes tipos de intercambios, mezclar diversas gasolinas para obtener determinadas especificaciones de calidad necesarias en localidades como la ciudad de México, que requiere gasolinas muy especiales, revela la auditoría.

Y es que “su constitución (de PMI Trading) tuvo la finalidad de aumentar el grado de flexibilidad en las operaciones de comercio exterior de Pemex y sus organismos subsidiarios, en las operaciones de compraventa de productos petrolíferos, el manejo de transporte internacional de esos productos, la realización de operaciones por cuenta de terceros y otras operaciones relacionadas con estas actividades, así como reducir los riesgos que se desprendan de las operaciones de intercambio comercial y la reducción de distorsiones financieras”, detalla el expediente de fiscalización VII.1.6.4.6 Importación de gasolinas.

Durante ese flexible y complejo esquema de compras, intercambios y mezclas, fluyen los miles de millones de pesos del erario –que tan sólo en los tres primeros años del gobierno de Calderón superaron el medio billón de pesos– principalmente por las economías de Estados Unidos, Italia, Holanda, Arabia Saudita y Antillas Holandesas, proveedores de la filial irlandesa.

Una vez obtenidas las gasolinas encomendadas, PMI Trading las entrega a la subsidiaria en el puerto o punto de descarga mexicano notificado. El traspaso de la propiedad se considera efectuado en el momento en que el producto pasa la conexión entre la brida de descarga del transporte y la brida de la manguera de recepción. La responsabilidad de la empresa “privada” irlandesa respecto del producto cesa en ese instante, pues Pemex Refinación asume todos los riesgos por pérdida o daños.

La triangulación de las compras de gasolina y demás productos petrolíferos, dada con la intermediación de PMI Trading, también implica el establecimiento y la revisión de las fórmulas de precios de los productos; el pago de honorarios a inspectores independientes; los “costos adicionales”, y el costo de transporte, se desprende de la auditoría practicada por el máximo órgano de fiscalización.



 


Importación en detrimento de la producción


En su Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2008, Pemex admite que las importaciones de productos refinados en valor aumentó en 39.4 por ciento.

“Las importaciones netas de productos refinados de Pemex para 2008 totalizaron en 16 mil 175 millones 900 mil dólares”, que al tipo de cambio promedio reportado por Pemex para ese año –de 11.143 pesos por 1 dólar– asciende a 180 mil 248 millones 53 mil pesos.

El aumento fue entonces del 39.6 por ciento en relación con el déficit comercial de productos refinados de 11 mil 583 millones 400 mil dólares en 2007, equivalentes a 129 mil 73 millones 826 mil pesos, con ese tipo de cambio promedio.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó conocer la posición de Petróleos Mexicanos. Hasta el cierre de edición, no se recibió respuesta.


PMI Tradin en el mercado de derivados

“Pemex equilibra la oferta y la demanda global de sus productos petrolíferos a través de PMI Trading, controlando únicamente las exposiciones asociadas con el programa operativo inmediato. Con esta finalidad se utiliza un amplio rango de instrumentos financieros derivados convencionales, relacionados con el precio de los productos petrolíferos y disponibles dentro de los mercados petroleros. El objetivo de las actividades comerciales para los productos petrolíferos es el precio de mercado prevaleciente”: Dictamen de los auditores independientes, a los estados financieros de 2006, abril de 2007

Suárez Coppel, operador de las empresas “privadas”

Copias de las actas 748, 749, 750 y 753 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), fechadas entre noviembre de 2003 y mayo de 2004, revelan que Juan José Suárez Coppel conoció de manera directa los movimientos de PMI Trading y de las otras 24 empresas “privadas” ciento por ciento propiedad de la paraestatal.

De acuerdo con los documentos, el entonces director corporativo de Finanzas y actual director general de la petrolera expuso los Estados financieros consolidados de Pemex, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias bajo principios de contabilidad generalmente aceptados ante el consejo, presidido en las cuatro ocasiones por el presidente Felipe Calderón, entonces secretario de Energía.

El documento para 2003 –que condensa los dos informes presentados ese año por Suárez Coppel a los consejeros, según las actas 748 y 749– refiere:

Para fines de estos estados financieros consolidados, ‘compañías subsidiarias’ se definen como (a) aquellas compañías que no son organismos subsidiarios pero en las cuales Petróleos Mexicanos tiene más de un 50 por ciento de participación, y (b) el Pemex Project Funding Master Trust, un fideicomiso constituido en Delaware; así como el Fideicomiso F/163, el cual fue constituido en 2003 en México con Bank Boston, SA (institución de banca múltiple), los cuales son controlados por Pemex. Las “compañías subsidiarias no consolidadas” son las entidades (a) que no son organismos subsidiarios o compañías subsidiarias, y (b) en las que Petróleos Mexicanos tiene menos de un 50 por ciento de participación.”

En su página 11, los Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2003 y 2002 detallan, además, que “las compañías subsidiarias que se consolidan son: PMI Comercio Internacional, SA de CV; PMI Trading, Ltd; PMI Holdings North América, Inc; PMI Holdings NV; PMI Holdings BV; PMI Norteamérica, SA de CV; Kot Insurance Company, Ltd; Integrated Trade Systems, Inc; PMI Marine Limited; PMI Services BV; Pemex Internacional España, SA; Pemex Services Europe, Ltd; PMI Services North América, Inc; Mex Gas International, Ltd; Master Trust; Fideicomiso F/163, y RepConLux, SA”.

Aunado a ello, fuentes cercanas a la operación de Pemex Corporativo, consultadas por Contralínea, explican que la Gerencia Corporativa de Finanzas es la encargada de supervisar las operaciones de todas las compañías subsidiarias “privadas”.

En el caso de las transacciones comerciales de PMI Trading, la página 20 del acta 748 descubre que el director general de Pemex conoció a detalle las adquisiciones de petrolíferos: “En cuanto a los estados financieros, el doctor Suárez Coppel se refirió al renglón de costos y gastos y explicó que el incremento del 31 por ciento en estos renglones se explica por el incremento en precios y volúmen de compras de productos en el extranjero, así como por la depreciación de los activos y por inventarios”. (NF)

Refinación canceló gasolinas de Deer Park

En el primer año de la gestión calderonista, Pemex Refinación canceló el contrato de restitución de gasolinas a Deer Park, refinería que Pemex posee en sociedad con la trasnacional Shell, revela el expediente de fiscalización VII.1.6.4.6 Importación de gasolina.

El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que, como resultado del contrato de prestación de servicios suscrito con PMI Trading, la Dirección de Finanzas de PMI Comercio Internacional informó que el Contrato de Prestación de Servicios de Procesamiento de Petróleo Crudo para 2006, celebrado entre PMI Norteamérica, SA de CV, y Pemex


Refinación, no fue renovado para 2007.

Además, especificó que en enero de 2007 se registró un volumen de 1.6 millones de barriles por concepto de retorno de gasolinas, el cual correspondió al remanente por retornar de 2006 con un valor de 62 millones 580 mil 300 dólares, equivalentes a 682 millones 394 mil 800 pesos.

El reporte de la ASF detalla la forma como operaba el contrato vigente hasta 2006: “Como resultado de ciertas necesidades de deuda pública del gobierno mexicano, la asociación fue estructurada como un acuerdo de procesamiento donde Deer Park Refining Limited Partnership procesaba el crudo que le era entregado en custodia por sus socios (PMI Norteamérica y Shell Oil Company) a cambio de una cuota de procesamiento que permitía trasladar todo el margen de refinación a la asociación, para después repartir los excedentes de capital a los socios, en la forma de reducciones de capital o utilidades”.

Agrega que “esta estructura permitió manejar la exportación de crudo mexicano como una exportación temporal y la importación de gasolina y otros petrolíferos como el retorno de dicha exportación. Los productos resultantes de ese procesamiento eran entregados a ambos socios, y PMI Norteamérica –empresa propiedad de Pemex– los vendía a Shell Oil para su comercialización en el mercado, por sus ventajas competitivas que tiene esta última empresa en el extranjero”. (NF)



Fuente