miércoles, 20 de enero de 2010

Proceso: Calderón rechaza la supervisión de la ONU

Jorge Carrasco Araizaga

El gobierno de Felipe Calderón se muestra renuente a que relatores de Naciones Unidas visiten el país para documentar los saldos de su guerra contra el narcotráfico, que ha dejado innumerables bajas y ejecuciones extrajudiciales que implican a elementos del Ejército. Sin embargo, a principios de marzo la administración federal deberá entregar un informe a la ONU, en Nueva York, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que debió presentar desde 2004.

El gobierno de Felipe Calderón obstruye los intentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para someter a escrutinio su llamada guerra contra el narcotráfico. Por lo pronto, ya logró posponer la visita del relator especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Philip Alston, y reservó por 12 años un reciente informe del organismo sobre la tortura en el país.

Por más de un año, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) maniobró para impedir la visita de Alston, quien pretendía presentar ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, en Ginebra, un informe sobre el creciente número de ese tipo de muertes en México, incluidas las que han cometido los militares y aquellas que han sufrido los activistas sociales.

A diferencia de Colombia, Guatemala, Kenia o la República del Congo, adonde Alston viajó el año pasado para informar a la ONU sobre los asesinatos extrajudiciales en esos países, México se opuso desde 2008 a una visita del relator y logró posponerla para 2011.

Para entonces, Alston ya no será relator y la visita a México dependerá del interés de su sucesor por concretarla. Además, el informe que resulte de esa eventual revisión se daría a conocer cuando Felipe Calderón esté por terminar su gestión en Los Pinos o incluso la haya concluido.

La actual administración, además, ha tardado en definir la visita de la relatora especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, prevista para algún momento del segundo semestre del año.

De acuerdo con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, en su visita la representante de Naciones Unidas deberá revisar la aplicación del fuero militar en casos que involucran a civiles, tema en el que Calderón ha respaldado insistentemente al Ejército, a pesar de que la propia ONU e instancias como la Corte Interamericana de Justicia y organizaciones internacionales han señalado esa práctica judicial como violatoria de las normas internacionales de protección de los derechos humanos.

Pese a las maniobras para diferir esas revisiones, en la primera semana de marzo próximo el gobierno mexicano tendrá que dar un informe ante la ONU, en Nueva York, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, considerado como uno de los fundamentos del sistema universal de derechos humanos.

El reporte, que México debió presentar desde 2004, permitirá que organizaciones no gubernamentales mexicanas informen también a Naciones Unidas sobre las consecuencias de la estrategia de Calderón contra el narcotráfico, que en tan sólo tres años ha dejado más de 15 mil muertos y una sistemática aplicación del fuero militar a civiles.

Lo que el gobierno de Calderón sí pudo sortear fue la incomodidad que representaba la presencia de Alston. En entrevista telefónica realizada el martes 12, el relator dice a Proceso desde Nueva York que hace más de un año le solicitó al gobierno mexicano que le extendiera una invitación para venir al país.

Después de darle largas, a través de la representación de México ante los organismos de derechos humanos de la ONU en Ginebra, el gobierno le sugirió que la visita podría tener lugar en 2011, “lo cual es después de que termine mi nombramiento como relator especial”, explica Alston.

Él, en efecto, dejará el cargo en agosto próximo, por lo que se verá impedido de viajar a México en esa condición, a pesar de que desde 2008 expresó su interés en recorrer parte del país ante la violencia que ha dejado miles de ejecuciones y en las que están involucradas fuerzas federales.

Los representantes del gobierno mexicano “simplemente han dicho que están muy ocupados en este momento” para una visita de la relatoría especial, señala Alston, quien también es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Las prioridades del gobierno

El argumento de las autoridades mexicanas para posponer la visita de Philip Alston es que deben entregar varios informes a la ONU en distintas materias. A pesar de que éstos son rutinarios, también dijo que antes de la presencia del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales están programadas otras visitas tanto de la ONU como de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En un comunicado del 30 de octubre de 2009, el gobierno de Calderón dejó muy claro el rechazo al relator: “Es el deseo del gobierno de México trabajar con el nuevo relator que sustituirá al señor Alston en 2010”.

Con más de dos décadas de nombramientos como representante de Naciones Unidas para temas de derechos humanos, Alston es muy cauto cuando se le pregunta por los motivos del gobierno mexicano para impedir su visita; aunque no deja de expresar su decepción.

“El principio en la ONU es que sean los propios gobiernos los que deciden cuándo aceptan las visitas y tengo que respetar ese principio. Pero, por supuesto, estoy decepcionado porque creo que hay muchos temas que puede ser útil que sean examinados por el relator especial.”

La negativa del gobierno calderonista contrasta con lo ocurrido en Colombia, donde al igual que en México la represión a narcotraficantes ha derivado en ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

“Estuve en Colombia en 2009 y me reuní con todos los funcionarios de alto nivel, incluido el presidente (Álvaro Uribe), el ejército y la policía nacional. Me encontré también con varias víctimas, familiares de las víctimas y grupos de la sociedad civil que están preocupados por los asesinatos que ocurren en el país”. Alston, incluso, ya dio a conocer un reporte preliminar de esa visita.

En América Latina, durante 2009 también estuvo en Brasil y en Guatemala. En África, en la República del Congo y en Kenia. Antes, en Asia, hizo visitas a Filipinas y Sri Lanka.

En el caso de México, “sólo sé lo que he leído en los reportes de prensa, pero no conozco la historia por dentro. Por eso solicité la entrevista desde hace ya tiempo y recientemente insistí. La primera vez que la pedí fue hace más de un año”.

Explica: “La práctica general para estas visitas es comunicarse por escrito a través de canales diplomáticos. Desafortunadamente no hay discusiones en vivo. El intercambio es dentro de la ONU, en Ginebra. Por supuesto busqué una reunión, pero no obtuve respuesta. Sólo tuve una explicación diplomática de que no era el momento adecuado”.

Asegura que cuando solicitó la entrevista no le dio ningún detalle al gobierno mexicano sobre los temas que trataría. “Cuando hay problemas de seguridad en determinados países y se recibe una invitación para visitarlos, comienzo a ver muy de cerca la situación y en ese momento identifico temas que previamente no había considerado. Por eso nunca adelantamos ninguna agenda detallada al gobierno”.

Sobre la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en el país, Alston señala: “No puedo estar prejuiciado, pero debo decir que estoy consciente de que mucha gente ha sido asesinada en México, aunque encuentro que la situación es muy confusa, por eso es muy importante la visita para tratar de entender qué es exactamente lo que está pasando”.

La visita ahora dependerá del interés de su sucesor. “Espero que sea el caso y que la invitación se mantenga y sea exitosa, no como en mi caso”, dice.

El gobierno de Calderón ha impedido, además, que se conozca un informe sobre la tortura en México, elaborado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas tras una visita de esa instancia a México, en septiembre de 2008, y entregado el año pasado al gobierno.

Ocultamientos

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) solicitó el informe de la ONU a través de la Ley de Transparencia, pero la SRE –a través de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia– no sólo rechazó la petición, sino que reservó la información por 12 años. Su argumento fue que con la difusión se “menoscabarían las relaciones internacionales” porque la ONU entregó el reporte con carácter confidencial.

De esa manera, el gobierno mexicano no sólo determinó que el informe no se conozca en México hasta 2021, sino que al mismo tiempo ató de manos a la ONU, pues el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que el subcomité sólo puede dar a conocer el informe, junto con las observaciones del Estado involucrado, si éste pide que lo haga.

La SRE, que ha operado estos obstáculos, también colocó en controversia la visita de la relatora especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.

En momentos en que el gobierno de Calderón frustraba la visita de Alston, el 30 de octubre del año pasado, la secretaría anunció la visita de la relatora. La invitación la había hecho pública el gobierno mexicano el año pasado, en Ginebra, durante el Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido el país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Pero cuando la SRE hizo el anuncio, en la oficina de la relatora aún no había una invitación oficial, según constató el Centro Prodh. Hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido notificada.

Consultada sobre la invitación, la oficina de la relatora en Ginebra informó el miércoles 13 a este medio que ya recibió la invitación, pero que la fecha aún no se ha definido.

“La relatora especial ha indicado que le gustaría conducir la misión durante el segundo semestre de 2010; las fechas exactas aún están por acordarse”, respondió Pasipau Wadonda-Chirwa, funcionaria de la División de Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

Indicó que, como parte de su mandato, la relatora podrá hacer recomendaciones no sólo sobre la independencia de los jueces y protección de los abogados, sino las modificaciones que se le pueden hacer al sistema judicial para garantizar la protección de los derechos humanos.

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, explica que además del sistema de procuración y administración de justicia, la visita tiene que ver con el debido proceso judicial y la aplicación del fuero militar en casos que involucran a civiles.

De concretarse esa misión, será la segunda vez que esa relatoría especial esté en el país, luego de la visita hecha en 2001.

El caso de las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales en México tampoco es nuevo para la ONU. En julio de 1999, la entonces relatora para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir, hizo la primera visita al país en el contexto de las matanzas de Acteal y El Bosque –en Chiapas– y Aguas Blancas y El Charco –en Guerrero–, además de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La relatora hizo nueve recomendaciones al gobierno mexicano, entre ellas la desmilitarización de la sociedad, evitar que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de las funciones de seguridad pública, reformar la legislación para que los tribunales civiles juzgaran a los acusados de violaciones a los derechos humanos –incluidos militares– y proteger la vida de los defensores de derechos humanos y los periodistas.

Una década después de las recomendaciones de la relatoría, esos problemas se han agudizado, sobre todo a partir de la declaración de guerra de Calderón a los narcotraficantes.

La lógica de Gómez Mont

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, dice que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales el Estado mexicano ha claudicado, pues no investiga porque da por hecho que se trata de ajustes de cuentas entre narcotraficantes.

“Esto alienta la impunidad y la comisión de nuevos delitos, pero también hace imposible saber si se trató de acciones de la delincuencia organizada o de las fuerzas federales”, explica el activista social.

Y asegura que la presencia de los dos relatores de la ONU es crucial sobre todo para quienes han sido víctimas de las agresiones del Ejército, pues sus casos están en manos de la justicia militar.

Ante las dilaciones oficiales para la visita de Alston, organizaciones no gubernamentales pidieron al gobierno de Calderón que cumpliera lo ofrecido por México a la ONU en 2001 para que todos los mecanismos internacionales y relatores de derechos humanos visitaran el país.

El Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” hicieron ver que durante 2009, además de ser uno de los años más difíciles en derechos humanos en el país, no hubo ninguna visita oficial de ningún relator para trabajar sobre esa situación.

Tan sólo en febrero del año pasado, por ejemplo, ocurrió la desaparición y ejecución de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Guerrero. En 2007 fue asesinado Ricardo Murillo Monge, del Frente Cívico Sinaloense. Además, de acuerdo con el Comité Internacional de Protección a Periodistas, con sede en Nueva York, el año pasado dos comunicadores fueron asesinados con motivo de su trabajo y seis más por causas aún no confirmadas.

En la primera semana de 2010, la defensora de derechos humanos Josefina Reyes fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que un periodista fue secuestrado y desaparecido en Los Mochis, Sinaloa, y otro más asesinado en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con esas organizaciones mexicanas, a partir de la puesta en marcha de los operativos militarizados de seguridad pública por el actual gobierno federal se han denunciado casos de ejecuciones de civiles cometidos por militares en distintas partes del país.

Entre ellos, el de una familia, en La Joya, y de cuatro jóvenes, en Badiraguato, ambos en Sinaloa; además de los ocurridos en Camargo, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Ante las imparables quejas de violaciones a los derechos humanos atribuidas a agentes del Estado mexicano en la estrategia contra el narcotráfico, el jueves 7, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo una defensa más de los efectivos federales que participan en los operativos contra el narcotráfico.

En una reunión con cónsules y embajadores de México en el exterior, el funcionario señaló: en el gobierno no “vamos a ser ingenuos para darle cauce institucional a aquellas acusaciones que no tengan sustento y sólo puedan debilitar la autoridad moral de las fuerzas de seguridad”.

Gómez Mont aseguró que las Fuerzas Armadas están bajo tensión y que hay denuncias que sólo buscan el desprestigio y el debilitamiento de las instituciones involucradas en el combate al narcotráfico.

El secretario de Gobernación ha sido el encargado de salir en defensa de las fuerzas federales –en especial del Ejército– tanto en México como en el exterior. En junio del año pasado dio a conocer el rechazo del gobierno de Calderón de tres recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le hizo como parte del Examen Periódico Universal (EPU), al que fue sometido el país.

Una de ellas tiene que ver con el fuero militar aplicado a civiles. Las otras dos se refieren al arraigo y a la reapertura de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, cuyo cierre al inicio de este gobierno dejó en la impunidad cientos de casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas principalmente entre los años sesenta y setenta.

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, sostiene que el Estado mexicano ha utilizado los foros internacionales para defender y legitimar su actuación y omisiones en materia de derechos humanos. Pero eso, dice, no se ha traducido en avances; más bien lo contrario.

Este reportaje se publicó en la edición 1733 de la revista Proceso que empezó a circular el sábado 16 de enero.

Fuente: Proceso

El sindicato denuncia saqueo millonario de material en las instalaciones de LFC


Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de enero de 2010, p. 9

Hay un “saqueo multimillonario” de cable, cobre, equipos, herramientas, subestaciones, computadoras, camionetas y demás, en diversos centros trabajo de Luz y Fuerza del Centro (LFC), además de un despojo brutal de sus bienes inmuebles, por lo que la paraestatal está siendo desmantelada, denunció el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Advirtió que interpondrá denuncias contra los gobierno federal y de la ciudad de México, porque han permitido el robo en la paraestatal desde el pasado 11 de octubre.

Luego de presentar dos videos con los que busca probar el robo de material de las instalaciones de LFC y dar testimonio de trabajadores que presenciaron estos hechos, el secretario del exterior del SME, Fernando Amezcua, y el representante legal de la organización, Gerardo Pineda, apuntaron que prácticamente “ya se llevaron la mayor parte del inventario de materiales” que había en la paraestatal cuando se declaró su extinción.

En el primer video se observa a dos policías federales que sacaban de las instalaciones conocidas como Líneas Áereas-Sur, dos mochilas y un gran maleta de tipo militar, cargadas de cobre. Al darse cuenta de esta acción, los trabajadores del SME llamaron a una patrulla y ésta, lejos de perseguir a los saqueadores, deuvo a los trabajadores denunciantes, mientras los agentes federales que sacaron el material puedieron huir.

El segundo video se grabó en las mismas instalaciones días después, y se observa cuando ingresa un taxi con una mujer y un hombre, y al salir llevan rollos de cable en el asiento trasero del vehículo. Los trabajadores del SME nuevamente llaman a una patrulla y son detenidas estas personas, pero ninguna agencia del Ministerio Público quiere consignarlas.
Hay un tercer video, en el que trabajadores que están de guardia en instalaciones de Líneas Aéreas Pantitlán son retirados por policías federales, y a uno de estos agentes “se le escapa un tiro” durante el operativo.

“Obvia complicidad”

El SME señaló que hay una obvia complicidad de quienes supuestamente están resguardando las instalaciones de LFC, saqueadores y algunos policías, por lo que mientras se resuelve la cuestión legal de este conflicto y persiste el descontrol en los centros de trabajo, están “haciendo su agosto” con materiales y equipo que le pertenece a la paraestatal.

Incluso camionetas de LFC están siendo sustraídas y las usan ilegalmente empresas privadas “contratistas” de la Comisión Federal de Electricidad, mismas a las que les ponen placas de otros estados y las operan sin restricción alguna, lo cual es irregular y lo hacen con total impunidad.

Amezcua sostuvo que el “brutal” y desmesurado saqueo prácticamente ha vaciado las bodegas de materiales, ha dejado sin cobre, cable ni herramientas a la paraestatal, además que se ha sustraído equipo sumamente caro, pues había subestaciones compactas en espera de ser instaladas, las cuales “desaparecieron”.
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Evalúa hoy el IFAI tema de verificación de estancias

Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de enero de 2010, p. 36

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) evaluará hoy la decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de mantener bajo reserva las verificaciones que en la gestión de Felipe Calderón se han efectuado a las guarderías subrogadas, las cuales fueron objeto de observaciones y recomendaciones para efectuar acciones preventivas.

También analizará la declaratoria de “incompetencia” de la Presidencia de la República respecto de los estudios comparativos sobre los que basó el criterio de “eficiencia” en las operaciones de la Comisión Federal de Electricidad y la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Otro caso relevante que analizará es el de la confidencialidad que la Procuraduría General de la República estableció sobre informa- ción de las aeronaves que posee: matrícula, modelo, serie y registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Sobre el primer punto, el IMSS respondió al ciudadano que pidió copias de las inspecciones a guarderías subrogadas que la “documentación e información que integran los expedientes se encuentran en instancias judiciales”.

Según el instituto, el Poder Judicial tiene los expedientes, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer la facultad de investigación que le otorga la Constitución, por el accidente en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que causó la muerte de 49 niños el pasado 5 de junio.

El IMSS no especifica el tiempo de reserva de esa información, sólo se ampara en el artículo 29, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Cananea en Riesgo

Isabel Dorado Auz / auz3@correom.uson.mx

En medio de la gran cobertura mediática que está teniendo la tragedia causada por el terremoto en Haití, corre fuerte el rumor de que el gobierno federal, en complicidad con el grupo Minera México, prepara un golpe espectacular en contra de la Sección 65 del sindicato minero con sede en el municipio de Cananea. Así como ocurrió con el sindicato Mexicano de Electricistas, el cual sufrió el embate de los poderes fácticos en plena efervescencia futbolera por la clasificación de la Selección Mexicana al Mundial de Sudáfrica 2010, del mismo modo quiere aprovecharse la tragedia del pueblo haitiano para preservar los intereses del grupo Larrea.
Se dice que se utilizarían como esquiroles a los mineros de Nacozari, recordar que no hace mucho la sección sindical minera de ese municipio perdió todas las conquistas laborales al desaparecerles el Contrato Colectivo de Trabajo para posteriormente establecer condiciones muy ventajosas para el patrón aprovechando la necesidad de la gente. Se cree pues, que el plan tiene muchos meses de estarse cocinando y, aprovechando la debilidad del gobierno federal, se quiere inducir la toma del pueblo de Cananea por las fuerzas federales. Es probable que no participen fuerzas estatales, con tal de darle un poco más de tiempo al gobierno de la entidad para que pueda mostrar un rumbo propio, ya que como todos sabemos es Eduardo Bours quien sigue gobernando.
Ante esta situación, los mineros no se han quedado cruzados de brazos y esta semana dieron conferencia de prensa para denunciar una serie de irregularidades y, al mismo tiempo, hacer el intento por posicionar, nuevamente, en los medios una lucha que lleva ya dos años y medio de conflicto. Una lucha, donde curiosamente los más férreos enemigos son dos funcionarios del gobierno federal: Javier Lozano, secretario del Trabajo y Gómez Mont, secretario de gobernación. Un símbolo muy claro de la subordinación del poder político al poder económico.
En estas condiciones, es muy importante mantener la solidaridad con el pueblo de Cananea y el Movimiento en Solidaridad con los Luchas Sociales de Sonora está brindando un apoyo importante, aunque se necesita un empuje más fuerte por parte de
los trabajadores afiliados a las diversas organizaciones sindicales, ya que ¡no es broma! el gran embate de los poderes fácticos en contra del derecho sindical y, además, la voracidad de los potentados no tiene límite.
Puede provocarse, además, que el conflicto degenere en tragedia. La desesperación, tanto de los poderes fácticos como de los mineros, puede llevar a la toma de decisiones equivocadas y con ello dar inicio al estallido social, el cual representa la última fase del estado fallido que estamos padeciendo. Cuando el pueblo no tiene una autoridad a la cual recurrir para resolver sus problemas, entonces sucede lo que actualmente está pasando en Haití, donde a pesar de que la ayuda internacional está llegando oportunamente, no puede darse en forma adecuada la distribución de los víveres ante la carencia de un gobierno en el cual el pueblo pueda depositar la confianza requerida.
En México, la pérdida de confianza se está generalizando producto del manoseo imprudente que los poderes fácticos están haciendo de las instituciones responsables de mantener en buena salud el tejido social. Primero fue el IFE, después las Comisiones de Derechos Humanos y últimamente el uso del ejército para cuidar los intereses de unos cuantos. La impunidad se ha convertido en el sello característico de la actual administración y al pueblo no se le ve, mucho menos se le escucha. Estemos pues, pendientes del acontecer local y no permitamos una embestida más del poder político-económico en contra de la clase trabajadora. Cananea nos necesita y nosotros también necesitamos que surja esa luz de esperanza que permita un final feliz a esta valiente lucha sindical.
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SME advierte apagones

Los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) están dispuestos a colaborar con la CFE para restablecer el servicio en zonas como Azcapotzalco, Benito Juárez y Coyoacán, que aún presentan fallas en la red eléctrica.

Redacción | 19 de Enero, 2010 - 15:36

El Sindicato Mexicano Electricistas (SME) advirtió que si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa administrando el suministro de los servicios de energía eléctrica, en los próximos días crecerá de manera importante el número de fallas registradas en distintas partes de la Ciudad de México, dijo el líder del gremio, Martín Esparza.

Sostuvo que tan sólo el viernes, 48 colonias de la capital sufrieron apagones, lo que afectó a más de 360 mil usuarios.

“De seguir los vientos y en la próxima temporada de lluvias habrá muchas más fallas y esto será un escenario catastrófico si no regresamos a trabajar los que sabemos hacerlo”, dijo.

Asimismo, señaló que los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) están dispuestos a colaborar con la CFE para restablecer el servicio en zonas como Azcapotzalco, Benito Juárez y Coyoacán, que aún presentan fallas en la red eléctrica.

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Trabajadores sin equipo ni conocimientos arriesgan la vida al reparar apagones: SME

  • El presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro, uno de los contratistas, acusa
  • La zona centro, una bomba de tiempo por la falta de mantenimiento en las redes, advierte

 
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de enero de 2010, p. 9

 
Mil pesos a la semana les pagan en promedio a los trabajadores que empresas “contratistas” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se trajeron de varias estados del país para operar el servicio de luz en el Distrito Federal. Incluso el dueño de una de estas firmas privadas, que “tiene personal operando en condiciones deplorables” no obstante que tiene un contrato millonario con la paraestatal, es el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, del PAN”.

 
Luego de denunciar lo anterior, Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), dijo que los trabajadores de la referidas empresas no son electricistas ni tienen los mínimos conocimientos, por lo que se les está poniendo en riesgo de perder incluso la vida, porque no conocen el oficio ni las condiciones de las redes, “incluso traen personas de la tercera edad”.

 
Sin decir su nombre, señaló que un legislador del PAN –Felipe de Jesús Cantú Rodríguez es el presidente de la Comisión de Energía– es dueño de una compañía contratista de la CFE y que, otras más, como son: Proyectos Electrónicos Ramírez, Hursa y Melqro, Constructora Mexicana, Coelse y Jusamo, Construcciones Eléctricas Torres y Cebsa, obtuvieron de la noche a la mañana contratos jugosos de la paraestatal para prestar este servicio, sin embargo, reclutaron a trabajadores en condiciones lastimosas y violatorias de toda normatividad laboral,

 
“Las empresas contratistas ni siquiera les han entregado uniformes, no traen equipo, les dan de comer arroz y frijoles a diario, los mantienen hacinados, no tienen días de descanso y ni siquiera conocen la ciudad; policías del Distrito Federal les sirven de guía para indicarles dónde se tienen que dirigir para atender las urgencias de servicios...”, indicó Esparza.

 
Lo más grave es que tampoco los trabajadores tienen conocimiento de lo que están haciendo, incluso se puede verificar que algunos “arreglos” los realizan con aluminio en lugar de cobre; reparaciones que se tendrían que llevar a cabo en forma subterránea las hacen aéreas, y se van a volver a caer los servicios, sobre todo cuando llegue la temporada de lluvias; de nueva cuenta habrá “colapso eléctrico en esta ciudad y otras aledañas, como algunas de Hidalgo que ya se han quedado completamente sin luz”.
Debido a la improvisación de estos trabajadores, a que no tienen material ni herramientas y sobre todo a que “no están capacitados para hacer este trabajo”, ya ha habido dos electrocutados y se han registrado diversos accidentes. El responsable de todo es el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien en aras de terminar con un sindicato, acabó con una empresa pública y ha puesto en riesgo a la ciudad de México con la falta de un servicio fundamental para el país.

 
Incluso industriales de la zona norte han señalado pérdidas por más de 100 millones de pesos, pero en eso es especialista Lozano, en paralizar económicamente estados completos con tal de perseguir al sindicalismo independiente, comentó el líder del SME.

 
Sostuvo que el Centro Histórico de la capital se ha vuelto una bomba de tiempo eléctrica, por la falta de mantenimiento de la red en tres meses y el desbalance en las cargas, lo cual es un alto riesgo, pero eso a las empresas contratistas de la CFE no les importa, sólo les interesa contratar trabajadores “baratos”, sin prestaciones, sin sindicato, sin contrato colectivo, a los cuales no se les entregue ni siquiera “guantes aisladores”, para ahorrar.

 
Por último, comentó que el SME está dispuesto a que se reinstale de inmediato a los 18 mil trabajadores que no se han liquidado, para poner en orden todo el sistema eléctrico de la zona central del país, e incluso se podría considerar la posibilidad de regresar a trabajar de manera eventual mientras concluye el conflicto legal y laboral.
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CFE: desempeño desastroso

La Jornada
Opinión
Miércoles 20 de Enero de 2010

En los poco más de tres meses transcurridos desde la extinción, vía decreto presidencial, del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC), y del despido masivo de más de 44 mil trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la zona centro del país se ha visto recurrentemente afectada por interrupciones en el suministro de energía eléctrica. El pasado fin de semana, el valle de México experimentó el embate de fuertes ventarrones que, a pesar de ser habituales en la temporada, provocaron suspensiones de energía inusualmente severas y prolongadas en extensas zonas de esta capital y el área conurbada: medio centenar de colonias y unos 360 mil usuarios sin electricidad durante horas e incluso días; cerca de 400 mil personas sin suministro de agua ante la falta de capacidad de bombeo –según informó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México– y pérdidas de aproximadamente cien millones de pesos en pequeñas y medianas empresas y comercios, de acuerdo con cifras proporcionadas el pasado lunes por la Confederación Patronal de la República Mexicana.

En la circunstancia descrita, cabría esperar una reacción rápida y oportuna de los actuales encargados de operar la red de abasto de energía eléctrica en la zona centro del país, así como un compromiso efectivo de las autoridades competentes para garantizar a los ciudadanos el suministro de electricidad y procurar, con ello, la normalización de las actividades laborales y domésticas. No obstante, a la manifiesta incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –entidad encargada del servicio eléctrico en el valle de México tras la extinción de LFC– para atender las fallas mencionadas, se suma ahora una confesión de incapacidad del gobierno federal para cumplir con sus responsabilidades: no otra cosa es la declaración, realizada anteayer por el vocero de la paraestatal, Estéfano Conde, de que serían necesarios “entre 18 y 20 meses” para que esa compañía pueda ofrecer un servicio de “calidad similar” a la de otros estados en los que opera.

La solicitud de espera formulada por el funcionario constituye un despropósito mayúsculo, pues un periodo semejante sin garantía de suministro eléctrico profundizaría los efectos de la situación de postración económica que enfrenta buena parte del país, llevaría al punto de colapso a cientos de micro y pequeñas empresas, pondría en riesgo la operación de escuelas, hospitales y edificios gubernamentales, y comprometería, en suma, la estabilidad política y social en el valle de México. ¿Será eso lo que se pretende?
Hasta ahora, los empeños del gobierno federal por responsabilizar, velada o abiertamente, a los trabajadores del SME de las constantes fallas en el suministro de electricidad han quedado desacreditados ante el comportamiento de un gremio que se ha movilizado de forma pacífica y se ha conducido por cauces estrictamente institucionales. En cambio, el propio gobierno federal ha incurrido en algo muy parecido al sabotaje al suministro eléctrico de la zona centro del país, si se toma en cuenta el designio de concesionar la operación de ese servicio a contratistas privados a todas luces incapaces e insuficientes, y por sustituir a decenas de miles de electricistas experimentados con unos centenares de trabajadores subcontratados por la propia CFE y sometidos a condiciones laborales precarias, como informó este diario en su edición del pasado domingo.

Ante estas consideraciones, es imperativo que el Ejecutivo federal cobre conciencia de las implicaciones sociales y económicas de su actual cruzada antisindical y de su empeño por satisfacer los apetitos privatizadores –incluso por encima de los intereses de la nación–, y reconozca la procedencia de revertir el decreto presidencial emitido el pasado 11 de octubre, en el entendido de que sin LFC y sin sus trabajadores difícilmente se podrá impedir la redición de escenarios como los que se vivieron en días recientes en el valle de México.

Es necesario, por último, ante la cerrazón y la insensibilidad exhibidas por el grupo en el poder, que las autoridades del Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos –es decir, las entidades donde operaba LFC– se planteen y analicen crear una entidad generadora y distribuidora de energía eléctrica que pueda atender a los habitantes de la zona centro del país, y garantizar la viabilidad social y económica de la región. Si los gobiernos federales no han tenido empacho en poner en manos privadas buena parte de la generación –y, ahora, de la distribución– de electricidad, a contrapelo del artículo 27 constitucional, no debería haber obstáculos legales para que los gobiernos de las entidades referidas, en tanto que integrantes del Estado, creen organismos paraestatales que proporcionen este servicio esencal a su población.
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Acusa SME al GDF de proteger a contratistas de la CFE

Organización Editorial Mexicana
20 de enero de 2010
El Sol de México

Ciudad de México.- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acusó al Gobierno del Distrito Federal de tener un doble discurso, ya que por un lado les ha ofrecido su apoyo, y por el otro, protege a los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Martín Esparza Flores, líder de este gremio, destacó que "interpondrán una denuncia contra el Gobierno del DF y el federal por tolerar, a través de la Policía Federal, el robo de material y de cobre de las instalaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro".

Por su parte, el secretario del exterior, Fernando Amezcua Castillo, presentó dos videos en los que se observa cómo los policías federales roban el cobre de sus instalaciones.

En conferencia de prensa en la sede de SME en Insurgentes 98, detalló que los robos se han registrado en las instalaciones Líneas Aéreas Sur, ubicadas en la colonia Merced.

En los videos, tomados por los electricistas que hacen guardia a las afueras de las instalaciones, se observa un taxi del Estado de México en el interior de la subestación, y cuando se dan cuenta de que el vehículo va a salir, los extrabajadores avisan a una patrulla de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), que detiene al automóvil donde viajan tres hombres y una mujer con un bebé; al interior de este vehículo se observa cómo están escondidos los cables de cobre.

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En la Sierra Norte inician juicios por cobros excesivos de la CFE

ARTURO ALFARO GALÁN
La Jornada de Oriente
Miércoles, 20 de enero de 2010

Al menos 3 mil ex usuarios de la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) de los municipios de Juan Galindo, Huauchinango y Zacatlán iniciaron juicios de amparo ante el cobro excesivo en la energía eléctrica que hizo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su primer recibo emitido en diciembre, luego de que el gobierno federal decretó la extinción de LFC, informó el subsecretario del exterior de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Miguel Ángel Montiel Eslava.

Detalló que los juicios fueron admitidos por los juzgados Tercero, Octavo y Decimoprimero de distrito, ubicados en Ciudad Judicial de Puebla. En los procesos los usuarios señalan errores en la facturación de los recibos y problemas en la distribución del servicio de energía eléctrica, que es interrumpida por varias horas a la semana en la zona de la Sierra Norte de la entidad.

Montiel Eslava apuntó que cada semana se registran de dos a tres apagones generalizados, con duración de hasta seis horas, debido a la negligencia del personal de la CFE, que no está capacitado ni sabe cómo operar las instalaciones de la desaparecida LFC.

“Más de 10 mil personas han sido afectadas por los apagones”, acotó en entrevista.

Explicó que los apagones, que se han registrado desde la extinción de la empresa, se deben a una sobrecarga de energía en los transformadores. “Como es una temporada en que las casas aumentaron su consumo de luz, los voltajes tuvieron que variar, pero hasta ahora los de la CFE no han hecho nada; sigue habiendo sobrecarga, y por eso los apagones”.

Montiel Eslava acusó que la CFE no ha reparado el transformador que explotó hace unas semanas en la subdelegación de El Carmen (CM23), ubicada en el poblado de Beristáin, en el municipio de Ahuazotepec, por lo que responsabilizó a la CFE de colapsar la red eléctrica.

“Estamos realizando una campaña para invitar a las personas a que se sumen a los juicios de amparo (...) Cada día tenemos una aceptación de entre 10 y 15 usuarios que deciden proceder legalmente para cancelar los pagos a la CFE y exigir al gobierno federal restituir el suministro”, señaló.

Por último, destacó que los juzgados federales admitieron los trámites de demanda de los usuarios y han fijado para el 29 de enero la audiencia constitucional a partir de la cual, una vez que las autoridades responsables hayan rendido sus informes justificados, se determinará si se concede la protección de la justicia federal a los habitantes de la Sierra Norte.

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Rechaza AMLO que izquierda deba aliarse con PRI o PAN

martes 19 de enero de 2010, actualizado hace 19 horas, 17 minutos

México, 19 Ene 10 (EL UNIVERSAL).- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que la izquierda mexicana deba aliarse con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) o Acción Nacional (PAN) en busca de la transformación del país; porque “representan lo mismo, la oligarquía… si no es con la fuerza del pueblo no se va a poder”, atajó.

Ratificó su disposición para que el candidato presidencial de la izquierda en 2012 sea el mejor posicionado en las preferencias ciudadanas; "yo no voy a echar por la borda mis convicciones y mis principios... no soy un ambicioso vulgar, no lucho por cargos, no me voy a encaprichar", dijo.

Ante la comunidad del Colegio de México (Colmex), durante la conferencia "¿A dónde va la izquierda?", el ex candidato presidencial subrayó que si los ataques de sus adversarios políticos lo desgastan no competirá pero que si es el mejor posicionado luchará por ganar "otra vez" la Presidencia de la República.

En la sesión de preguntas y respuestas López Obrador puso énfasis en que no se convertirá en "un impedimento" en la elección del candidato de izquierda. Asentó que el movimiento social que encabeza se ha fortalecido y que podría ser el mejor posicionado.

Indicó que entre lo que consideró como "ataques" se ha afirmado que tiene casas en Europa y en las zonas más exclusivas del Distrito Federal, y de su sucesor al frente del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, comentó "es muy buen gobernante de la ciudad de México".

Sobre la relación con los partidos de izquierda comentó:

"Yo estoy apoyando a los tres partidos del frente (PRD, PT y Convergencia), no dedico mucho tiempo a las labores electorales porque tengo la encomienda de la organización del Movimiento para la Transformación del país, pero los estamos apoyando.

"Aparezco en los mensajes (de radio y televisión) del PT porque es el único partido de los del frente que nos da sus espacios... ese mismo mensaje se lo enviamos al PRD y a Convergencia y ellos deciden de manera libre y de acuerdo a sus estrategias no pasar los mensajes". Rechazó alianzas de este bloque con el PAN pues iría contra su origen.

En otro tema, junto a Lorenzo Meyer, comentarista de la mesa, el tabasqueño insistió en que incrementar la calidad de vida de los mexicanos es un instrumento efectivo para combatir el crimen organizado y la delincuencia que permea al país.

Se manifestó por la democratización de los sindicatos, calificó como "lamentable" la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y el "ataque que se fraguó" contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); "yo fui jefe de Gobierno y nunca recibí una queja por falta de energía eléctrica", apuntó.

Sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo y el aborto dijo que se debe respetar la decisión de todos los ciudadanos, pidió que se deje a los mexicanos decidir libremente sobre su vida; "soy juarista, soy respetuoso de las creencias religiosas, también los agnósticos, debe garantizarse la libertad plena y no haber restricciones, prohibido prohibir".

Diario Rotativo de Querétaro

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Apagones sin solución

Polimnia Romana
SDP Noticias
20 de Enero, 2010 - 01:30

Carlos González Vega comentó en su columna que el pasado viernes la Comisión Federal de Electricidad, “empresa de clase mundial”, quedó dramáticamente rebasada ante los apagones provocados por el fuerte viento que azotó a la zona metropolitana, con lo que la CFE mostró su realidad en su exacta dimensión.Posiblemente en los estados que ha venido administrando la energía eléctrica no tenga dificultades pero en el territorio que laboraba Luz y Fuerza del Centro, sencillamente no puede.

El secretario del Interior del SME, Humberto Montes de Oca, aseguró que la CFE no ha podido atender la demanda de servicios de la zona central del país ni resolver la caída del servicio en más de 25 colonias del Distrito Federal, por lo que ha dado manga ancha a empresas contratistas de Veracruz, Michoacán y Guanajuato, entre otras, las cuales contratan personal fuera del marco legal, sin capacitación ni prestaciones, en una especie de esclavismo. Queda claro que esa fue una de las razones por las cuales se decretó el cierre de LyFC y el intento de destrucción de un sindicato democrático que vela por el bienestar de sus trabajadores. Con la urgencia de conseguir empleo, hay gente que acepta condiciones miserables con tal de llevarle de comer a sus hijos, aunque no esté capacitada y ponga en riesgo su vida.

La solución al problema de injusticia que se cometió, tanto con los trabajadores electricistas como con los usuarios que están padeciendo por los cortes de energía provocados no sólo por los fuertes vientos sino por la ineptitud de la gente que está contratando CFE, es que de inmediato se recontrate al personal calificado y se le brinden salarios dignos. Pero Calderón es mucho más tonto de lo que parece, está exacerbando a los electricistas y a los usuarios del servicio. No le importa resolver los problemas, está obstinado en seguir adelante con la privatización de la industria eléctrica y con el desmantelamiento de nuestras instituciones.

En este conflicto debería poner mucha atención el pelele y no dejarlo en manos del repudiado secretario del Trabajo o del ingenuo secretario de Gobernación, que piensan que el asunto está cerrado sólo porque ellos lo dicen. Se trata de un sindicato fuerte, de trabajadores profesionales y ejemplares, que cuenta con el apoyo de organizaciones sociales y de otros sindicatos, que están poniendo sus barbas a remojar. Jugar con la energía eléctrica equivale a jugar con fuego.


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