viernes, 12 de febrero de 2010

Video - Madre coraje confronta a Calderón

Video - La riegan y se van..... ineficientes contratistas de la CFE.

En la Colonia Tierra Nueva de la Delegación Azcapotzalco, despúes de 2 días sin luz estos ineptos quisieron subir el listón como si fuera una práctica común y corriente, sin embargo, es un trabajo especializado que sólo nuestros compañeros del SME realizan adecuadamente.

Video proporcionado por nuestro radioescucha "papiyas".


La riegan y se van ...... ineficientes contratistas de la CFE from Radio SME on Vimeo.

Moneros

Soy secretario y sirvo a Calderón: Gómez Mont

El titular de Gobernación aseguró que mientras esté en el cargo trabajará por los asuntos de la agenda política en la mayor confianza posible

Alberto Morales
El Universal
Ciudad de México Viernes 12 de febrero de 2010
12:44

Tras renunciar a su militancia panista, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont aseguró que mantiene comunicación permanente con el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

"El presidente Calderón y yo tenemos una comunicación constante; él y yo manejamos nuestros puntos de vista. Él es el Presidente y yo el secretario de Gobernación, yo le sirvo al Presidente." Aseguró a su arribo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El encargado de la política interna del país aseguró que mientras esté en el cargo trabajará por los asuntos de la agenda política en la mayor confianza posible.

Explicó que su decisión de dejar las filas de Acción Nacional no tiene vuelta atrás.

"En las actuales condiciones veo prácticamente imposible una reconsideración. Pero con todo respeto yo no dejo de ser el hombre que era; que cree en lo que cree; que tiene valores y que fue forjado en valores democráticos, de construcción de México."

Así, Gómez Mont Urueta dijo que su decisión en nada cambiará su manera de pensar, ni dejará de luchar por las causas que México necesita.

- ¿Seguirá siendo panista?, se le preguntó.

- "Sigo siendo un demócrata y los valores que aprendí en ese partido no se me olvidan".


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Administradores denuncian mal servicio de CFE

Sara Pantoja
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO Viernes 12 de febrero de 2010
12:48

Administradores de al menos 42 unidades habitacionales de las 16 delegaciones del Distrito Federal denunciaron cobros “exorbitantes” y desconocimiento total en el suministro y administración de servicios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En conferencia convocada por la Procuraduría Social del Gobierno del Distrito Federal, demandaron que la CFE regrese al modo de cobro por prorrateo del suministro de energía eléctrica, debido a que les han llegado boletas de millones de pesos lo que ya está generando un descontento entre los habitantes.

Los administradores acusaron que la CFE “no sabe nada del prorrateo, desconocen la situación de las unidades habitacionales y no tienen capacidad para atender ni resolver la problemática”.

Alertaron que además del mal servicio los constantes apagones de hasta una semana continua, ya les están generando problemas con el bombeo de las cisternas para dotar de agua a edificios de más de 20 pisos.

Dijeron que en muchas de las unidades hay personas de la tercera edad que no pueden subir sus cubetas con agua pues viven en pisos elevados. Advirtieron que esta situación les puede generar problemas sanitarios y hasta de riña entre los vecinos.

El Procurador Social Interino, Cuauhtémoc López , advirtió que esta situación está generando “un inminente colapso en las unidades habitacionales de la ciudad”.

Por ello, anunció que ya pidieron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para encontrar una solución al problema.

lns/mvc

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Llueven reclamos a funcionarios y legisladores en recorrido por El Arenal

Raúl Llanos, Gabriela Romero y Susana González

Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 36
La lluvia de ayer en la colonia El Arenal no fue de agua ni provino del cielo, sino que fue de reclamos, llantos y lamentos de muchos habitantes del lugar, y que cayó como tromba sobre los diputados locales de PRD y PAN, funcionarios del gobierno capitalino y del jefe delegacional de Venustiano Carranza, Alejandro Piña Medina, al momento que recorrían las calles de esa zona.

Las tres horas que duró el trayecto sirvieron no sólo para evidenciar el descontento social por la falta de apoyos, sino también la deficiente comunicación y coordinación entre autoridades delegacionales y funcionarios del gabinete de Marcelo Ebrard, que llevó a que incluso se dieran situaciones ríspidas y de reclamo entre algunos de ellos, como el oficial mayor del GDF, Adrián Michel Espino, con Piña Medina.

Incluso, la visita a la zona impactada por las intensas lluvias del pasado miércoles 3 y jueves 4 terminó con gritos, empujones y epítetos entre un centenar de vecinos de la calle Coxcox con personal de los diputados y funcionarios de la administración local, que quedó en conato de enfrentamiento.

La salida del numeroso contingente de diputados y autoridades capitalinas fue cerca del mediodía en la calle Xochitlán Sur y Xochistlahuaca, en la tercera sección de El Arenal. El primero en enfrentar las quejas fue el delegado de Venustiano Carranza, a quien se acercó Ismael Buendía, septuagenario que con lágrimas en los ojos le suplicaba que lo ayudaran pues había perdido todo. La promesa quedó de por medio.

Y así como avanzaba el grupo de funcionarios también crecían los reproches de la gente –“sólo caminan y no dicen nada”–, los abucheos –“ya déjense de promesas, hace dos días nos dicen que van a venir los de la aseguradora y nada”– y los calificativos –“pinches ratas”.
Pese a esto, los legisladores y funcionarios entraron a algunas casas, escucharon las quejas y comprometieron apoyos.

En el tropel, hubo personas que se acercaron a los diputados para denunciar, también, que tanto el secretario de Desarrollo Social, Martí Batres, como Héctor Serrano, responsable de Programas Delegacionales, “sólo han venido a capitalizar políticamente la desgracia de la gente”.

Cerca del final del recorrido, los servidores públicos y los representantes populares ofrecieron una conferencia de prensa en la que consideraron que la emergencia está superada y que se realizan numerosas acciones de apoyo.

Por la tarde, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, acudió a la misma zona para ofrecer, desde un autobús de Protección Civil instalado en la esquina de Coxcox, un informe de los avances.

Señaló que de los Arenales se han retirado poco más de 8 mil toneladas de basura, y que tiene un avance de 98 por ciento en el avalúo de los daños a las cinco mil familias afectadas.

Dijo que del mercado que resultó afectado se tiene un censo de 156 negocios, que van de talleres mecánicos a tiendas de productos básicos, a los cuales se apoyará con el seguro contratado por el GDF.

Afirmó que “voluntad política” es lo único que se requiere para que el gobierno federal, vía Conagua, apruebe su solicitud de 800 millones de pesos para realizar obras hidráulicas.

Por su parte, Recadero Arias, director de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), afirmó que el seguro para desastres naturales contratado por el Gobierno del Distrito Federal cubrirá los daños a la infraestructura y mobiliario urbano provocados por las lluvias de la semana pasada, pero también servirá para ayudar a la población civil más pobre.
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Estuvieron 5 días sin electricidad las compuertas del drenaje: experto

Israel Rodríguez J.

Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 36
Las inundaciones que afectan a diversas zonas del valle de México y de la zona conurbada del Distrito Federal desde hace 10 días fueron ocasionadas por haber dejado sin energía eléctrica por más de cinco días la alimentación de las compuertas de los cárcamos del Sistema de Drenaje Profundo, aseguró Mario Govea, ingeniero jubilado de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

El también integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), que aglutina a analistas, ex trabajadores y especialistas del sector energético, señaló que con LFC jamás se dejaba una falla de este tipo ni por un turno de ocho horas.

Afirmó que cuando LFC operaba el suministro de energía en la zona central del país, “los compañeros de líneas no podían retirarse hasta no haber arreglado la falla, porque desde hace muchos años ya se manejaba un calendario de inundaciones en el que se establecía la apertura de compuertas para evitar alguna catástrofe”.

Govea Sansón, quien laboró en diferentes áreas de la Subdirección de Producción, y cuyo último trabajo en LFC fue operador del Sistema del Área de Control Central, aseveró que los más de 2 mil trabajadores que laboran para los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no conocen el sistema ni la importancia de dejar a las redes de bombeo sin energía eléctrica.
El actual Coordinador de Energía Eléctrica en el Instituto de Estudios Energéticos de los Trabajadores de América Latina y el Caribe (capítulo México), mencionó que los apagones que se han presentado en varios puntos de la ciudad han afectado a más de 364 mil usuarios.

“Sinceramente no creo que cuando se tomó la decisión de extinguir a LFC se consideró que la CFE no tenía la infraestructura para atender a la población. No dudo que sea una buena empresa en obras de gran magnitud, pero para el servicio a la comunidad no tiene todavía la logística y la infraestructura para atender nuestras necesidades. En ese aspecto Luz y Fuerza nos atendía en horas.”
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Interesa a GB el sector petrolero

Andrés T. Morales, corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 34
Emiliano Zapata, Ver. El Reino Unido está interesado en que haya “mayor flexibilidad” en la industria petrolera de México para invertir en ese rubro o fortalecer los proyectos existentes, aseguró el príncipe Andrés de Inglaterra. El también duque de York visitó la estación de compresión de gas de Petróleos Mexicanos, donde comentó: “Mientras mejor entendamos el proceso de inversión privada de Pemex mayor flexibilidad vamos a tener para nuestras inversiones y trabajos en conjunto”.
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Grupo México puede contratar ahora nuevos trabajadores: STPS

Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 16

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, señaló anoche que la resolución emitida ayer por un tribunal colegiado que da por terminadas las relaciones laborales entre el sindicato minero y Mexicana de Cananea, abre el camino para que la empresa pueda ahora “contratar nuevos trabajadores”.

El funcionario señaló que la empresa, perteneciente a Grupo México, de Germán Larrea, “sólo tendrá que esperar la notificación oficial” para contratar nuevo personal o recontratar a ex trabajadores para “realizar las obras necesarias” y poner en operación la mina.
Sostuvo también que el consorcio sólo está obligado a pagar indemnizaciones de tres meses de salario más 12 días por cada año de servicio.

En opinión del encargado de la política laboral del país, el fallo que le permite a la empresa despedir a más mil mineros, “se apegó estrictamente a derecho”. Agregó que al inicio del conflicto laboral Mexicana de Cananea tenía en activo mil 80 trabajadores, pero como previo a la resolución 63 aceptaron su liquidación; quedarán por liquidarse mil 17 mineros sindicalizados.
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Fallo de tribunal confirma el fin de la relación laboral en minera Cananea

  • Pierden trabajadores los salarios caídos de 31 meses de huelga, según la sentencia
  • Latente, un nuevo enfrentamiento entre sindicalistas y fuerzas públicas, temen abogados
Alfredo Méndez y Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 16

 
Por unanimidad (tres votos), los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el Distrito Federal negaron este jueves el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), resolución con la que se confirma que quedaron concluidas las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea, de Grupo México, y la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Con este fallo judicial queda firme un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que el pasado 14 de abril respaldó la propuesta de Grupo México de liquidar a mil 100 sindicalizados y 100 empleados de confianza que laboraban en la mina de Cananea, la cual lleva 31 meses en huelga.

Como el año pasado otro tribunal colegiado determinó que debía persistir la huelga de Cananea en tanto estuviera vigente el juicio de impugnación al laudo del 14 de abril, lo más probable es que en las próximas horas o días la JFCA emita un acuerdo en el que exponga que en virtud de que se confirmó la conclusión de las relaciones laborales con la empresa, lo procedente es que la huelga también debe quedar sin efectos, explicó a La Jornada Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato minero.

Ante ello, está latente el riesgo de un nuevo enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas públicas en esta mina, toda vez que la sección 65 de Cananea ratificó en asamblea que no van a dejar su fuente de trabajo, que “la van a defender con todo”, que “están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias”, según señaló el secretario del Trabajo de esta organización, Javier Zúñiga. Dijo que “si el gobierno quiere que en esta mina se vuelva a dar la chispa de una revolución, lo van a lograr, porque ellos no van a salir”.

Además, se prevé que de un momento a otro, la sección 271, de Lázaro Cárdenas, inicie una huelga “por solidaridad” con Cananea y además, paralice todo el puerto en protesta por “las violaciones al derecho de huelga”, según advirtió Martín Rodríguez Piedra, dirigente de la misma.

Mientras, es probable que Grupo México presione a la JFCA para que esta autorice pedir el uso de la fuerza pública para que la empresa recupere las instalaciones de Cananea. Incluso la junta ya emitió una orden para que pueda ingresar personal del Ejército Mexicano a Cananea, con el pretexto de “buscar explosivos”, según revelaron ayer los abogados del sindicato Néstor de Buen y Marco Antonio del Toro.

Minutos después de enterarse de que el colegiado optó por no conceder el amparo, cerca de las 13:45 horas, Del Toro, expuso a este diario que prepara una demanda por presunta denegación de la justicia que presentará este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante esa instancia internacional, dijo, se pedirán “medidas cautelares” para evitar que en las próximas horas elementos de la Policía Federal (PF) y efectivos militares intenten desalojar a los mineros que custodian las instalaciones del yacimiento, pues si esto ocurre “lo más probable es que se suscite un enfrentamiento de proporciones incalculables, porque los trabajadores han dicho que están dispuestos a defender con todo su centro de trabajo”.

De acuerdo con información de allegados a la empresa, ésta tiene la intención de recontratar –una vez que se desaloje a los mineros en huelga– al mayor número de personal posible, con un nuevo contrato colectivo y con otro sindicato, y para quienes prefieran su liquidación, ésta será depositada en la JFCA.

En su resolución de ayer, los magistrados federales María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Farrera Villalobos avalaron lo resuelto por la JFCA, en el sentido de que la empresa operadora de Cananea exhibió pruebas sobre los daños ocasionados en maquinaria, instalaciones y equipo, lo que imposibilita la reanudación de las labores en la planta.

En el laudo de la JFCA, ahora avalado por el Poder Judicial federal, se instruyó a la indemnización, consistente en tres meses de salario más el pago de 12 días de salario por cada año de servicios prestados por cada trabajador, por tanto los mineros perderían sus salarios caídos durante los casi dos años y medio de huelga.

Día negro para la justicia laboral

La resolución de ayer fue calificada como “burla” del Poder Judicial y “vergüenza histórica” para esta instancia, que asestó un golpe criminal al estado de derecho y a la legalidad, por el abogado laboralista Arturo Alcalde y dijo que “éste es un día negro” para la historia del movimiento laboral mexicano.

El fallo contra los trabajadores se da luego de una batalla legal del sindicato para sostener la huelga, que inició en agosto de 2007, por una demanda de violaciones al contrato colectivo. Posteriormente, la empresa presentó en tres ocasiones demandas ante la JFCA para que se declarará inexistente la huelga y esta instancia se lo concedió las tres veces. Fueron los tribunales colegiados los que declararon la legalidad del paro.

Incluso, en enero de 2008 fuerzas policiacas y militares buscaron romper la huelga y ocuparon la mina luego de un enfrentamiento en que resultaron heridos una decena de sindicalizados.
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Batalla perdida, el enfrentamiento directo contra el narco, sostiene Carlos Fuentes

  • Apoya propuesta de ex presidentes para despenalizar en forma paulatina el uso de drogas
  • Nos sumamos al desarrollo científico y tecnológico “o nos quedamos para siempre rezagados”

 
Laura Poy Solano

 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 9
El ataque frontal a la delincuencia organizada no ha funcionado en México, como quedó demostrado hace unos días en Ciudad Juárez, Chihuahua, afirmó el escritor Carlos Fuentes, pues “ahí (los criminales) llevan todas las de ganar. Usted mata a un narco y surgen dos; mata dos, surgen tres; mata tres, surgen seis”.

 
Destacó que el país enfrenta una situación que “yo no había visto nunca de inseguridad, violencia latente y crimen, frente a una incapacidad de responder a esos problema de una manera debida”.

 
Al reunirse con rectores del país, señaló que los ex presidentes Ernesto Zedillo, de México; César Gaviria, de Colombia, y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, “han propuesto una serie de medidas paulatinas para despenalizar el uso de drogas, empezando por la mariguana, como una búsqueda de soluciones alternativas para enfrentar este flagelo social.

 
“Hay que buscar otras respuestas, quizá difíciles, pero más efectivas, y una de ellas es la despenalización paulatina, como proponen los ex mandatarios, para hacer que este problema sea menos atractivo.”

 
El novelista, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, recordó que cuando el ex presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt terminó con la prohibición de vender alcohol en esa nación, “siguió habiendo borrachos, pero ya no hubo Al Capones, dejó de ser un negocio lucrativo.

 
“Creo que si paulatinamente se despenaliza la droga, también se acabará con los narcos, con los grandes capos, aunque seguirá habiendo drogadictos, pero cada vez menos y con menos lujo, pues hoy existe una atracción casi insuperable.”

 
El autor de Adán en Edén, quien también ofreció una conferencia magistral ante profesores y alumnos de la Universidad Iberoamericana, enfatizó el papel de la educación como motor del desarrollo democrático, tecnológico y social de una nación.
Indicó que uno de los grandes retos de las universidades es ponerse a la cabeza de las políticas “más enérgicas y avanzadas del conocimiento tecno-científico, sin sacrificio alguno de su área humanística”, pues advirtió que o nos sumamos al desarrollo científico y tecnológico “o nos quedamos para siempre rezagados”.

 
Alertó que sin este esfuerzo por fortalecer el conocimiento y una educación continuada a lo largo de la vida, “ya no bastarán los discursos políticos brillantes, pero fugaces, de una democracia con voto libre, pero con pies descalzos”.

 
A ello se suma, añadió, un continente de jóvenes –América Latina–, con 200 millones de habitantes menores de 30 años, en el que “no habrá propuesta política, económica y cultural que sea viable y que no tome en cuenta este hecho”.

 
Enfrentar el narcotráfico, afirmó, no es un asunto que deban resolver las universidades, sino de “cómo actúa el gobierno. Es un tema que no tiene solución dentro de la política actual. El enfrentamiento directo contra el narcotráfico es una batalla que está perdida de antemano”, pues no es un problema de “criminalidad, sino de salud”.

 
El también autor de Aura y Terra Nostra subrayó que permitir el crecimiento del crimen organizado “acabará por infectar a una sociedad entera. Es necesario buscar soluciones, y yo no veo otra más que la despenalización. Verlo como un tema de salud y no un crimen para ir aislando y dejando sin recursos a los grandes narcotraficantes”.

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Comienza privatización de penales, acusa el PT

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 8
El Senado aprobó, con el voto favorable de las bancadas priísta, panista y pevemista, la reforma al Estatuto de las Islas Marías, para que en lugar de “colonia penal federal” se denomine “complejo penitenciario”, en el que se pueda instalar “la industria penitenciaria”, que incluya empresas sólidas que fomenten la participación “pública, privada y social”.

Se argumenta en el dictamen que el nuevo marco normativo busca que la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) organice el trabajo, el comercio y “la explotación sustentable de las riquezas naturales de las islas”.

El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, denunció en tribuna que algunas disposiciones de la reforma “llevan implícita la privatización del sistema penitenciario mexicano, iniciando por las islas Marías”.

“Los artículos ocho y nueve del estatuto reformado de manera subrepticia abren las puertas a la iniciativa privada o las empresas nacionales o extranjeras para que se aprovechen de la riqueza de las islas, al establecer ahí empresas comercializadoras, maquilas, cuando es una responsabilidad exclusiva del Estado mexicano la reinserción social de los presos.”
Pablo Gómez, senador perredista, señaló en tribuna que la industria penitenciaria “es un sistema de explotación del trabajo de personas cautivas. No me opongo a que trabajen, sino al concepto, a usar una cárcel como unidad productiva, ésa es su función para generar ganancias privadas, es la esclavitud de los presos, aunque no la quieran ver así, y va de la mano con la privatización de las cárceles”.

Por Acción Nacional, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, subió a defender la reforma: “no es cierto que se explote a los presos que estén trabajando, o que se les vuelva esclavos, como dijo el senador Pablo Gómez. Es una oportunidad para que los reclusos vivan con decoro y generen un dinero para su familia”.

El senador perredista Tomás Torres dijo que esas modificaciones violan la Constitución. Pese a la oposición, la reforma fue aprobada. Posteriormente se modificará la Ley de Normas Mínimas.
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Pese al despliegue de militares y policías, cinco personas son asesinadas en Juárez

De la redacción

Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 8
A pesar del operativo especial que 7 mil militares y 2 mil policías federales realizaron ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la visita del presidente Felipe Calderón, la violencia no cesó en esa frontera.

Alrededor de las cuatro de la madrugada, un grupo armado incendió con bombas molotov una pequeña tienda de abarrotes de la colonia Insurgentes, informó la policía municipal.

José Refugio Sandoval, de 60 años, propietario del negocio, y su hijo, de 20 años, cuya identidad no se proporcionó, murieron calcinados, pues dormían en el segundo nivel del inmueble.

Afuera de la tienda se encontraron cartuchos calibre 9 milímetros. Sandoval ya había sido amenazado de muerte por negarse a pagar las “cuotas de protección” que exigen extorsionadores ligados al crimen organizado.

Antes, alrededor de las dos de la madrugada, un comando irrumpió en la agencia automotriz Alden-Ford, sometió a dos guardias y robó cuatro camionetas Lincoln último modelo.

Unos 10 sujetos encapuchados y con rifles de asalto ataron con cinta adhesiva a los vigilantes y los encerraron.

Durante este jueves al menos tres personas fueron ejecutadas en puntos distintos de Ciudad Juárez. Dos crímenes más se perpetraron en la capital y el municipio de Parral.

Narcomantas

Este jueves, en ocho estados se contabilizaron 36 mantas en las que el cártel de Los Zetas demandó que el gobierno de Felipe Calderón deje de proteger al cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín El Chapo Guzmán, y responsabilizó a esa organización criminal de las recientes masacres perpetradas en Torreón, Coahuila, y Ciudad Juárez.

La Procuraduría General de la República (PGR) inició diversas actas circunstanciadas por la colocación de narcomantas en Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, contra quien resulte responsable.

Aunque la PGR no incluyó a Zacatecas, autoridades policiacas de esta entidad reportaron la aparición de mantas similares en territorio estatal.
Según informes de la PGR, el texto de las narcomantas fue el mismo en todos los sitios y su contenido, de acuerdo con el inicio de dichas actas:

“Esta carta va para la ciudadanía. Para que se den cuenta o para los que ya tienen conocimiento que el gobierno federal protege al (Chapo Guzmán), que son los culpables de la masacre de gente inocente que hicieron en Torreón, el gobierno federal piensa que sólo hay zetas en el país de cárteles, ¡que son enemigos de El Chapo Guzmán!, que es protegido de los panistas, desde que Vicente Fox lo soltó.

“Todavía sigue el compromiso hasta la fecha, a pesar de las masacres que hacen de gente inocente, ¿que es eso de matar gente inocente en discotecas?, la pregunta es ¿por qué lo hacen?, pues porque no se pueden defender! ¿Por qué no pelean con nosotros frente a frente?, ¿cuál es su mentalidad?

“Invitamos al gobierno federal (a) que ataque a todos los cárteles, asimismo a su protegido, que metan al gobierno de Durango, Culiacán, que es el lugar (de) donde vienen las órdenes para hacer esas barbaridades en Ciudad Juárez y Torreón”.

El crimen organizado mató ayer a 16 personas en Sinaloa, Jalisco, Sonora, Durango, Guerrero, Nayarit y Morelos.

Además, en el municipio de Amatitán, Jalisco, dos presuntos sicarios murieron y dos más huyeron luego de un enfrentamiento con militares.

En tanto, la noche del miércoles, desde un vehículo en movimiento, desconocidos dispararon contra el edificio de la Procuraduría General de Justicia de Durango, con saldo de dos vehículos dañados.

Con información de R. Villalpando, D. Carrizales, C. Figueroa, A. Morales, R. Morelos, S. Ocampo, H. Martoccia, U. Gutiérrez, J. Valdez, I. Sánchez, A. Valadez, J. Narváez y M. Ferrer, corresponsales; la corresponsalía en Durango, y Gustavo Castillo, reportero
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Reprimen policías protesta por la visita de Calderón a Juárez

Manifestantes le exigen renunciar y reconocer la derrota militar
Invitados a reunión con el Presidente, retenidos más de hora y media

Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 6

Ciudad Juárez, Chih., 11 de febrero. Siete mil soldados y 2 mil elementos de la Policía Federal se movilizaron para recibir hoy al presidente Felipe Calderón, quien no visitó la colonia Villas de Salvárcar, donde el 31 de enero fueron asesinados 15 estudiantes.

Numerosos manifestantes rechazaron la visita. En desplegados de prensa, empresarios, políticos y organizaciones no gubernamentales demandaron al titular del Ejecutivo reconocer la derrota del operativo militar.

Por si deseaba visitar el lugar de la masacre, los familiares de las víctimas colocaron en las calles pancartas que decían: “Te disculpas y renuncias”.

Protestas, pancartas, abucheos, gritos de “¡A-se-si-no”, “a-se-si-no”, el sobrevuelo constante de helicóptero con francotiradores y el despliegue de policías y militares en tierra fueron el telón de fondo de la anunciada visita.

La inconformidad apareció en las principales planas de la prensa local, pero también frente al centro de convenciones Cibeles –donde se realizó la ceremonia oficial por la visita–, de donde fueron desalojados más de 100 activistas del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR).

En medio del jaloneo entre activistas y policías, cuando ya se desarrollaba el acto oficial, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se hizo presente en la banqueta para tratar de dialogar con los manifestantes.

Coscorrón al funcionario

Como le gritaban “¡A-se-si-no!”, “a-se-si-no”, él respondía, también casi a gritos, que tenía las manos limpias. En la confusión, fue golpeado en la parte posterior de la cabeza, a lo que, molesto, el funcionario cuestionó: “¿Qué tipo de diálogo es éste?”, y retornó al salón del acto.

Estudiantes, vecinos de Villas de Salvárcar y amigos de los estudiantes masacrados se habían reunido en las avenidas Tomás Fernández e Industrias, a 300 metros del salón de convenciones donde se daría una de las reuniones, y decidieron bloquear el crucero. Unos 150 elementos de los grupos antimotines municipales –que controlan militares desde hace dos años– y de la Policía Federal los desalojaron con escudos y toletes, y a jalones cuando los manifestantes se recostaron en el piso.

Los inconformes fueron empujados hasta el estacionamiento de un negocio de comida rápida, donde varios permanecieron retenidos hasta que el Presidente se retiró. Algunos pudieron reagruparse y gritar consignas desde el otro lado de una barrera de policías y vallas metálicas.
Al darse cuenta de que los miembros del FNCR estaban detenidos y cercados, el diputado local perredista Víctor Quintana Silveyra y las activistas Cipriana Jurado y Marilú Andrade salieron del salón del encuentro para mediar, y también fueron retenidos, pese a que tenían invitación y gafete para participar en el encuentro con Calderón.

Estuvieron incomunicados por más de hora y media, hasta que Laura Carrera, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y promotora del acto con el Presidente, intervino para que les permitieran salir.

Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón, anunció el miércoles por la noche que éste visitaría Villas de Salvárcar, para reunirse con los deudos, pero a las ocho de la mañana de este jueves, familiares, jóvenes vecinos, estudiantes y miembros de organizaciones no gubernamentales iniciaron una protesta en ese lugar.

Algunos dolientes rechazaron reunirse con el Presidente, entre ellos Luz María Dávila –madre de los hermanos Marcos y José Luis Piña Dávila, víctimas de la masacre–, quien dijo, junto a hermanas y familiares de otras víctimas que Calderón debía ofrecer disculpas “de manera pública, como se hizo la calumnia, no en privado”.

Por la mañana, cientos de alumnos del Tecnológico de Ciudad Juárez realizaron una movilización por la paz y esperanza, en las instalaciones del mismo.

Lanzaron globos color blanco representando la exigencia de justicia. Aplaudieron durante dos minutos en memoria de los estudiantes que han perdido la vida en esta ola de violencia. En la calle, frente a la institución, hicieron una valla y cerraron el paso a un convoy del Ejército. Una de las estudiantes encaró a un militar y le gritó: “Son unos corruptos, inútiles y buenos para nada. Váyanse de la ciudad”.

En la prensa local, el juarense Manuel Espino Barrientos, ex presidente nacional panista, publicó un desplegado donde le dice al mandatario que “celebra que haya escuchado las voces que le pedían venir a Juárez y reconozca que no basta con la acción militar”.

También los periodistas se hicieron presentes: “La mañana del 13 de noviembre de 2008, nuestro compañero y amigo José Armando Rodríguez El Choco fue asesinado... hoy, señor Presidente, le exigimos que cumpla con su palabra (empeñada desde el 26 de enero de 2009 en Los Pinos) de llevar la investigación del homicidio hasta sus últimas consecuencias”.
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Reciben a Gómez Mont con fuertes acusaciones

Claudia Herrera Beltrán, enviada
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 5

Ciudad Juárez, Chih., 11 de febrero. Con gritos de “¡asesino!”, “¡lárgate de aquí!” y “¡debes tener vergüenza!”, fue recibido el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por manifestantes, la mayoría jóvenes universitarios, que exigían ser escuchados en un foro ciudadano.

Los muchachos no pudieron ingresar al Centro de Convenciones Cibeles porque el Estado Mayor Presidencial tendió un cerco de seguridad para proteger al presidente Felipe Calderón, quien acudió con la promesa de “escuchar a los juarenses”.

Un día después de que renunció al PAN, Gómez Mont acompañó al mandatario federal a esta ciudad, pero no habló en la sesión. Intervinieron los secretarios de Desarrollo Social, Heriberto Félix; Educación Pública, Alonso Lujambio, y Salud, José Angel Córdova, así como el procurador general de la República, Arturo Chávez, quien fue increpado por madres de jóvenes desaparecidas o asesinadas.

La única encomienda que el funcionario recibió de Calderón fue que hablara con los inconformes, porque en el centro de convenciones la gente estaba enojada y pedía que se atendiera a quienes son los principales agraviados por los asesinatos del 31 de enero.
“A eso vino a la ciudad, a reprimir más”, espetó al Presidente una mujer que estaba en el público.

El secretario de Gobernación fue instruido para que atendiera a los manifestantes, pero tras los gritos que duraron unos minutos dio por terminada su misión.

“Esto no es un diálogo. Un diálogo sin escuchar es una contradicción”, exclamó.

En ese momento un empleado de logística de la Presidencia lo rescató de la multitud y lo llevó a una camioneta que lo condujo de regreso al auditorio.

La prensa intentó entrevistar a Gómez Mont para conocer las razones de su salida del blanquiazul.

“No voy a dar explicación alguna. Mis explicaciones están sometidas a la reserva.”

–¿Fortalece esta renuncia al Presidente?

–Ya, basta, por favor.

Y se alejó de los reporteros.
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Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida: madre de dos ejecutados

  • Todos somos Juárez se convirtió en foro de protestas ciudadanas contra la violencia
  • “Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos”, reclaman a los funcionarios federales

 



 
 
Claudia Herrera Beltrán
Enviada
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 5

Ciudad Juárez, Chih., 11 de febrero. La mujer menuda, de baja estatura, caminó hacia el presidium y llorando encaró al presidente Felipe Calderón: “Le apuesto a que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino; pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar”.

 
Luz María Dávila perdió a sus hijos Marcos y José Luis Piña durante la matanza del 31 de enero y fue quien desde que empezó el foro Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad, marcó la pauta de las protestas que cercaron al Presidente, a los secretarios de Estado y a las autoridades locales.

 
Junto con otras cinco señoras, Dávila le dio la espalda al michoacano cuando comenzó a hablar ante un grupo de representantes de la sociedad civil.

 
Mientras Calderón ofrecía disculpas por haber dicho que el homicidio de los adolescentes fue en un pleito entre pandillas, la señora negaba con la cabeza todo lo que escuchaba, mientras era vigilada por escoltas del Estado Mayor Presidencial (EMP).

 
El Presidente no volteó a ver a las mujeres, entre las que estaba Olga Esparza, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuya descendiente Janette Alanís está en la lista de cientos de jovencitas que han sido desaparecidas o asesinadas en esta ciudad de la maquila.

 
“Vengo a escuchar a los juarenses”

 
La ejecución de los adolescentes en una fiesta de cumpleaños hizo que los juarenses reclamaran justicia. En el Centro de Convenciones Cibeles no tuvieron paciencia y apenas los funcionarios exponían los puntos de su estrategia para recuperar la paz, eran increpados.

 
El “yo vengo a escuchar a los juarenses” fue seguido fielmente por los representantes de las organizaciones civiles que habían pasado retenes militares y vallas para llegar al foro.

 
Estaba claro que la señora Dávila no se quedaría callada. Llegó temprano y narró a los reporteros que el Presidente rehuyó reunirse con los familiares donde ocurrieron los asesinatos.

 
“Nosotros queríamos que se presentara, que diera la cara y que ahí mismo, públicamente, se retractara de todo lo que dijo.”

 
Mientras otras voces reclamaban por la violencia en Juárez, Dávila se escabulló del EMP y caminó hasta el presidium. Ahí estaban Calderón; cinco secretarios de Estado; el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el alcalde José Reyes Ferriz, quienes utilizaron la tribuna para pronunciar largos discursos y prometer “jalar” juntos sin importar las diferencias de partido.

 
La mujer que se puso de espaldas al jefe del Ejecutivo federal lo confrontó:

 
“Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nadie ni nada han querido hacer justicia. Juárez está de luto.

 
“Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar.”

 
Relató que en su casa estaban rezando el novenario y clamó: “quiero justicia, pónganse en mi lugar, a ver qué sienten”.

 
Las autoridades veían con sorpresa y desconcierto el rostro y los gestos de impotencia de Dávila, quien finalmente regresó a la esquina del salón en medio de aplausos, incluso del Presidente. Hasta ahí fue Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, protegida por escoltas y asistentes para intentar consolarla. A ella y a otras madres que lloraban les daban agua y trataban de imbuirles alivio con promesas y palabras, pero las voces de protesta siguieron.
Después vendría el no rotundo de Calderón a la salida del Ejército.

 
Esto, porque antes Patricia Galarza, representante de la mesa de derechos humanos, exigió: “Que salga el Ejército”.

 
Hubo aplausos, y denunció que hay más de mil casos documentados de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y robos cometidos por elementos del Ejército y de las fuerzas federales. “Lo que ocurre en Juárez –afirmó– es delito de lesa humanidad.”

 
Explicó: porque Ciudad Juárez está viviendo una catástrofe: impunidad, violación a los derechos humanos, indolencia, corrupción y la incorrecta intervención de políticas públicas.

 
“Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos”, sostuvo Galarza, y destacó que ante las próximas elecciones “no podemos ser botín político”.

 
Entre aplausos, Julia Monárrez Fragoso, representante de la mesa social, había planteado que “combatir la violencia con violencia ha tenido altísimo costo en vidas humanas y dolor para nuestra ciudad”. Nuestros jóvenes, manifestó, están desolados y hay juvenicidio generalizado.

 
Algunos asistentes, hartos de los discursos, se lo hicieron ver al alcalde José Reyes Ferriz cuando éste aseguró que estaban ahí para cuidar la ciudad.

 
“¡Miente, miente!”, gritaron y lo abuchearon.

 
Apenas proponían algo los funcionarios, los increpaban, como cuando una señora demandó que los policías dejaran de trabajar encapuchados y denunció que las cámaras para vigilar las calles no sirven.

 
Otros interrumpieron varias veces a Calderón. Alegaron que un grupo de jóvenes hizo una manifestación y fue reprimido. “No podemos construir con la macana en la mano”, exclamó un hombre que se puso de pie para exigir que los muchachos fueran escuchados, por lo que el Presidente envió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a atenderlos.

 
Así transcurrió la sesión. Entre discursos, promesas y la impaciencia de la gente. Como cuando un joven felicitó a Calderón porque tenía planes para ellos, sólo que le hizo ver que “aquí no hay jóvenes. Vea cuántos estamos aquí. Hay miles que quieren hablar”. El Presidente propuso: “hagamos un chat para que platiquemos”.

 
Teresa Almada, defensora de los derechos de los jóvenes, se declaró “desmoralizada” porque el secretario de Educación Pública planteó fortalecer Escuela Segura cuando los juarenses tienen sus propios programas, y lo invitó a asomarse a una preparatoria para que conozca la “represión y el hostigamiento” que sufre ese sector.

 
Cuando el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, prometió que habría “cero tolerancia” a la delincuencia, otra mujer le respondió: “es a la gente a la que hostigan”.

 
Otra persona relató que un colega suyo, de profesión médico, había sido secuestrado en la mañana. “No se vale, Presidente, y apoye a la sociedad, porque usted está por nosotros”, exigió otra voz.
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Réquiem por Ciudad Juárez

José Cueli

Con dolor y rabia empiezo a escribir este artículo al tiempo que escucho los primeros acordes del Requiem, de Mozart.

El sábado 30 de enero de 2010 ocurrió una siniestra matanza en la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez, localidad que la delincuencia organizada ha convertido en una sucursal del infierno en la tierra.

Una cuadrilla de sicarios irrumpió en una fiesta y asesinó a mansalva a 15 personas (en su mayoría jóvenes estudiantes entre 15 y 19 años de edad) e hirió a otras 10, que aún se debaten entre la vida y la muerte.

Los familiares de las víctimas lloran amargamente y claman justicia a unas autoridades municipales, estatales y federales que ya hace mucho se volvieron sordas e insensibles ante las demandas de la ciudadanía que sólo anhela vivir en paz.

Frente a este juvenicidio (a los mexicanos nos gusta crear neologismos mediante la unión de palabras), creo que es necesario llevar a cabo análisis multidisciplinarios que nos permitan comprender cabalmente nuestra realidad en busca de soluciones racionales a los problemas.

En este sentido, el sicoanálisis enfocado hacia los fenómenos sociales, siguiendo los planteamientos de la metasicología freudiana, podría ayudarnos a entender la estructura inconsciente que subyace en fenómenos como el de la violencia que observamos en Ciudad Juárez. P.L. Assoun, en su texto El perjuicio y el ideal: hacia una clínica social del trauma, quiere contribuir a la construcción de una metasicología de lo social.

Inicia sus reflexiones con el siguiente planteamiento: “Lo actual del malestar sobre la escena social, tal como lo muestra la práctica sicoanalítica, es una vaga ‘sensación’ general de perjuicio. Está adoptando formas singulares; puede, sin embargo, condensarse en el significante exclusión. Apunta así a un trauma originario que organiza una posición subjetiva caracterizable como perjudicada”.
Assoun parte de una pregunta de Goethe que, en su opinión, nos ubica en el centro mismo de lo cuestionado por el sicoanálisis cuando hace una “alusión a un cierto perjuicio de origen –en forma de exclamación a la patética perplejidad–, que se supone se inflige a un niño –pues siempre se trata de un niño, hasta en las formas más ‘adultas’ de daños inconscientes–, un ‘otro’ enigmático, causa putativa de esta adulteración”.

Su inquietud, como la nuestra, es acuciante y apunta a intentar comprender el intrincado centro de este origen “cuando la figura del perjuicio está en el cénit de la ‘enfermedad de civilización”’. Hay quienes delinquen (como enunció Freud) por culpa, y la angustia y los perseguidores inconscientes los llevarán a matar una y otra vez. Otros asesinan por placer (la abyección en la perversión) sin experimentar la menor culpa.

El horror y la crueldad se enseñorean como “archivos del mal”, “mal radical” denunciado por Derrida. Narcisismo y pulsión de muerte cabalgan en la misma grupa en Ciudad Juárez. Como la Mignon de Goethe (la heroína miserable) los habitantes juarenses se asfixian en el lugar de la pérdida, del duelo inelaborable, del perjuicio.

México piensa todos los días en las víctimas inocentes que ha producido la guerra insensata contra el narcotráfico. La corrupción y la impunidad siguen. El dolor y la rabia también.

Mientras tanto suenan las palabras finales de la communio mozartiana: “Requiem aeternam dona eis, Domine:/ et lux perpetua luceat eis,/ cum sanctis tuis in aeternum,/ quia piu es.”
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La violencia institucionalizada

Luis Javier Garrido

Las políticas demenciales del gobierno calderonista en su supuesta guerra contra el narcotráfico se han revertido contra éste, y la indignación de la población juarense durante la visita hecha por Felipe Calderón y sus colaboradores da testimonio del clima que se tensa cada vez más en el país.

1. La crisis de Ciudad Juárez, generada por el homicidio de un grupo de estudiantes, perpetrado supuestamente por un grupo paramilitar el 31 de enero, y agudizada por las declaraciones injuriosas del Ejecutivo de facto calificando a las víctimas de integrantes de una banda, y más tarde por una serie de ofrecimientos propagandísticos que culminaron con los actos demagógicos del propio Felipe Calderón ayer en una Ciudad Juárez en estado de sitio, están desnudando cada vez más a la política de violencia institucionalizada del gobierno, que ya muy pocos dudan en calificar como una verdadera guerra contra el pueblo.

2. Los grupos ciudadanos de Juárez fueron contundentes tras los acontecimientos y recordaron desde el 2 de febrero, antes de exigir la renuncia de Calderón, que la violencia generalizada es consecuencia de las políticas del gobierno federal y de las acciones violentas del Ejército que han sido impuestas a esa entidad, y subrayaron que los grupos paramilitares o “escuadrones de la muerte” son preparados y protegidos por las fuerzas armadas, y en este escenario aparecen nítidamente las políticas de Washington.

3. El anuncio hecho el martes 9 por un alto funcionario de la administración del presidente Barack Obama enfatizando que la Iniciativa Mérida, que ha sido el instrumento de ayuda militar de Estados Unidos al gobierno panista, se mantendrá “más de lo previsto”, constituye una señal muy clara de que la violencia y el amedrentamiento del pueblo, que han sido el eje central de la política de Felipe Calderón, van a proseguir en este año clave de 2010 y en lo que resta del sexenio, y eso es algo que al parecer están olvidando los chihuahuenses.

4. La estrategia de utilizar en México una política de violencia generalizada presentada como una supuesta “guerra contra el narco”, diseñada en el Departamento de Estado, ha buscado someter a los mexicanos a fin de encubrir las políticas de entrega de recursos a las corporaciones extranjeras y de cesión del control de las políticas estatales a Washington, y estas declaraciones no dejan lugar a dudas. El vocero de Obama subrayó en su anuncio que en esta nueva fase la Iniciativa Mérida entrañará una vertiente “social”, que supone a) buscar una mayor cooperación de Washington con las “autoridades locales y municipales” de México y b) una mayor vinculación con “la ciudadanía”.

5. La pregunta que muchos se hacen tras los últimos acontecimientos es por lo tanto muy clara: ¿dónde está el crimen organizado, en la calle o en Los Pinos? ¿No son acaso sus mafias las que manejan el país mientras gobierna el PAN-Yunque?

6. El gobierno de facto, que ha asumido que no tiene otra alternativa para sobrevivir que la de hundir al país en el escenario de la violencia y del amedrentamiento de la población, y buscar a partir de ahí imponer los cambios que le exige el capital multinacional, intentó en estos días, mediante una campaña de declaraciones, lograr que Washington le diera alguna libertad para utilizar discrecionalmente estos y otros recursos, pero muy pronto fue disuadido de hacerlo por diversos medios, el último de los cuales fue la serie de dibujos animados de South Park en que aparece Felipe Calderón despilfarrando un botín de dinero, y que éste vetó en MTV Latinoamérica como refirió La Jornada el 11 de febrero.
7. La demagogia oficial de la supuesta guerra al narco, según parece olvidarse, beneficia también de manera directa a las trasnacionales, lo que ha ocultado de manera sistemática el gobierno panista. El 70 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida, que supuestamente busca equipar a las autoridades mexicanas, se asignan desde Washington a corporaciones como Bell, Dyncorp, Cessna, Harris y Northrop Grumman, según un documento del Pentágono publicado por El Universal el 1º de febrero, que con este plan hacen enorme negocio y propician un más fácil control estratégico de las agencias estatales estadunidenses sobre México.

8. El recurso sistemático a la fuerza es un signo de debilidad política que no puede entenderse como un error sino como un crimen contra el pueblo, como en el caso actual. No extraña, por lo mismo, que un gobierno civil débil, aunque sea de facto, recurra a los militares para que respalden decisiones políticas suyas, que generalmente son facciosas, como en su desvarío lo está haciendo Calderón, trastocando todavía más las instituciones de la República. La intervención del general Guillermo Galván, titular de la Sedena, en asuntos políticos el pasado 9 de marzo, exigiendo apoyo a las contrarreformas de Calderón, refleja también, sin embargo, la ignorancia política del gobierno espurio. Esa fecha se conmemora lo acontecido el 9 de febrero de 1913, día en el que el Ejército federal traicionó al pueblo de México, y quebrantando el orden constitucional detuvo y asesinó al presidente Francisco I. Madero.

9. Los problemas de México con Estados Unidos siguen en tanto agravándose ante la incapacidad de un gobierno sin dignidad, que no tiene ya fuerza alguna para negociar con Washington. Luego del anuncio que hizo el presidente Barack Obama (olvidándose una vez más de sus promesas de campaña), indicando que había solicitado el 1º de febrero al Congreso 4 mil 600 millones de dólares para armar mejor a la Patrulla Fronteriza, completar el primer tramo del muro entre los dos países y reforzar las políticas para deportar e identificar a los indocumentados (el Programa E-Verify), no hubo reacción alguna de las dóciles autoridades mexicanas.

10. Las demandas expresadas ayer por algunos sectores de la sociedad civil de Chihuahua a Felipe Calderón de que se termine la violencia y se restablezca el estado de derecho en Ciudad Juárez y en el resto de la entidad, no son, por consiguiente, más que un absurdo. La ruptura de la legalidad constitucional y el establecimiento de un clima de violencia institucionalizada constituyen la piedra angular del proyecto panista-yunquista de gobierno, y así va a ser hasta finales del sexenio si el pueblo no responde de otra manera.
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Los daños ecológicos de Sempra Energy a Baja California

Jaime Martínez Veloz /I
Uno de los principales requisitos para que pueda ser autorizado un proyecto para la construcción de una planta regasificadora como la construida por Sempra Energy en el municipio de Ensenada, es la presentación por parte de la empresa promovente, y aprobación por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de una manifestación de impacto ambiental (MIA). Energía Costa Azul presentó a la mencionada dependencia la MIA para la aprobación del proyecto. Sin embargo, al analizar la misma se demuestran diversas situaciones violatorias de la ley y que ameritan que a la misma le sea retirada la autorización para la construcción de la planta regasificadora en el municipio de Ensenada.

Para entender un poco más de qué estamos hablando, describo brevemente qué es el gas natural licuado (GNL, por su abreviatura) y su proceso de obtención. El GNL ha sido procesado para ser transportado en forma líquida a una presión atmosférica normal pero a menos 160 grados centígrados, lo cual reduce en 600 veces el volumen de gas transportado, al convertirse en líquido. El transporte se realiza en grandes barcos conocidos como metaneros, los cuales se encuentran diseñados especialmente para ello y cuentan con tanques que funcionan como termos, manteniendo el gas líquido. Estas naves tienen mecanismos muy avanzados de seguridad, sistemas sofisticados de radar, posicionamiento vía satelital, sistemas para alertar a la tripulación del tráfico existente y de otros peligros alrededor del barco. Una vez que llega a la terminal receptora, es descargado y llevado a los tanques en los cuales se almacena, para después pasar a un proceso de vaporización, conforme al cual, mediante intercambio de calor con agua de mar se regasifica, es decir, se le vuelve a su estado gaseoso. Ya en este estado, puede ser conducido mediante gasoductos a sus lugares de destino.

Por su alta peligrosidad, no es fácil cubrir la reglamentación para instalar plantas regasificadoras. En Estados Unidos es muy estricta, particularmente en California, debido a la proximidad de algunas ciudades a la Falla de San Andrés. Por tal razón, desde el año 2000 algunas compañías trasnacionales, como Phillips Petroleum, Marathon Oil Co., Shell Group y Sempra Energy, veían la posibilidad de instalar sus plantas receptoras y regasificadoras en México, en los estados fronterizos, y trasladar el gas hacia Estados Unidos a fin de evitar escasez en aquel país y cubrir su demanda interna.

Según un estudio realizado en 2002 por Bill Powers, P.E. Powers Engineering de San Diego, California, denominado Evaluación de riesgos potenciales asociados con la ubicación de una planta de GNL aledaña a Bajamar y opciones alternas viables”, el cual puede ser consultado en Internet, “… el GNL es una forma de gas natural que se extrae de campos de gas en el subsuelo, comprimido a temperaturas súper frías (-260ºF) que condensan el gas en un líquido que se puede transportar en buques cisterna. La conversión del gas natural en GNL es un método económicamente viable que permite transportar amplias cantidades de gas natural a través de grandes distancias hasta mercados distantes.”
El GNL es el combustible preferido para la extensa construcción de nuevas plantas de energía en la región fronteriza entre Estados Unidos y México.

Las razones para el fuerte interés en la construcción de terminales de recepción en México, junto a la frontera con Estados Unidos, son: 1) la proximidad del mercado de alta demanda de Estados Unidos, 2) normas menos exigentes, y 3) menor oposición local aparente para la ubicación de terminales de GNL cerca de poblaciones existentes.

Las plantas de recepción terrestre de GNL presentan dos importantes motivos de preocupación en el caso de los sitios propuestos en Baja California: 1) la transformación de su prístina costa en una zona de grandes instalaciones industriales pesadas, con la consecuente disminución de su valor ecológico y turístico, y 2) el peligro que representa para los habitantes que residen en áreas adyacentes un accidente catastrófico o el sabotaje en una planta de GNL.

Habría que anotar que Estados Unidos, a pesar de la gran demanda de energía eléctrica, la cual puede ser obtenida mediante quema de gas, tiene sólo alrededor de media docena de terminales de recepción de GNL. En años recientes, los ciudadanos de ese país rechazaron terminales de gas natural. Para las empresas estadunidenses no es fácil establecerse en su propio territorio, por la conciencia ciudadana, la presión de grupos ambientalistas y la oposición de políticos comprometidos con el bienestar de la población. Lo anterior, independientemente de las rígidas normas que en materia ambiental y de seguridad nacional existen en ese país.

Ante las dificultades para construir plantas en Estados Unidos, Sempra Energy, de la cual es subsidiaria Energía Costa Azul, desarrolló una intensa campaña mediática que contó con el apoyo incondicional del gobierno del estado, encabezado por Eugenio Elorduy Walther, quien aseveró que “no se debía detener el progreso para permanecer en una burbuja de cristal”, lo que permitió a la trasnacional obtener los permisos de las autoridades mexicanas municipales –al parecer sin consultar al cabildo–, estatales y federales para construir la regasificadora cerca de Ensenada, así como una planta generadora de electricidad en Mexicali.

Lo anterior, además de que la ubicación de la regasificadora produce un serio impacto negativo en el medio ambiente, en el que existen ecosistemas locales altamente sensibles, ya que el gas es descongelado en ciertos procesos con agua de mar, misma que ya contaminada con químicos, se devuelve al océano, lo que a corto, mediano y largo plazos ocasiona daños irreversibles a la flora y la fauna marinas.
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México SA

Ignora el gobierno federal rechazo de la población a la mina Paredones Amarillos
Documentan casos de cáncer provocados por depósitos de arsénico

Carlos Fernández-Vega
En una semana, aproximadamente, la Semarnat deberá hacer pública su aceptación o rechazo al inicio de la explotación de la mina Paredones Amarillos (concesionada a la empresa canadiense Vista Gold) ubicada en la biosfera Sierra de la Laguna, Baja California Sur. A pesar de que el rechazo ciudadano es manifiesto, y que académicos y organizaciones ecologistas de la zona se han manifestado abiertamente en contra de la explotación de la mina y documentado la contaminación que generaría, todo apunta a que el gobierno federal decidirá a favor de la trasnacional.

Por lo anterior, vale dar cupo a la recapitulación que sobre el tema elaboró un grupo de integrantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, quienes lo hicieron extensivo a México SA. Así, originalmente tanto el gobernador Agúndez como la presidenta municipal de La Paz (hermana de Leonel Cota, el ex dirigente perredista) “aprobaron y apoyaron primero el proyecto de Paredones Amarillos y sólo la presión social logró que ahora hagan declaraciones públicas en su contra. Entre los movimientos que se oponen al proyecto también están extranjeros (98 por ciento estadunidenses), sobre todo los que viven en Todos Santos y que, como tienen recursos económicos, están apoyando las campañas en contra”.

Los universitarios señalan que la empresa canadiense “sigue defendiendo su proyecto ante los medios y seguramente está presionando fuertemente a las autoridades, pues asegura tener la autorización legal y no les interesa la oposición de la ciudadanía. Ha declarado que lo único que quieren es el desarrollo para el Estado”. En el contexto, explican que durante el porfiriato en Baja California Sur se registró una importante actividad minera “y tenemos muchos pozos (17 por ciento) contaminados por arsénico; la incidencia de cáncer en el estado es muy elevada (Ver: Geografía del cáncer, http://ceidas.org/documentos/Excelsior/La_geografia_del_cancer_13-11-2007.pdf)”.

El Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional (CICIMAR-IPN), por medio de Janett Murillo, doctora en Geología Marina, se manifestó sobre el posible aumento en los próximos años en los casos de cáncer en piel, hígado, riñones, próstata, vejiga y pulmones debido a los depósitos de arsénico que generará el proyecto Paredones Amarillos de la compañía canadiense Vista Gold.: “el depósito de desecho estimado que nos dejará Paredones Amarillos es una bomba de tiempo ya que nuestros minerales ricos en oro tienen arsenopirita, que es un mineral que en su composición contiene 46 por ciento de arsénico y que quedará molido para que el agua de lluvia lo haga reaccionar, y cuando el plástico que pondrán en la base de los desechos se deteriore, entonces el arsénico estará viajando tarde o temprano a nuestro acuíferos”.

De acuerdo con el citado grupo, el 6 de junio de 2008 la prensa de la entidad (El Sudcaliforniano, Aracely Hernández F.) reportó que “la alcaldesa de La Paz, Rosa Delia Cota Montaño, en reunión con Carlos Calderón Díaz de León, gerente general de Minera Paredones Amarillos, indicó que para el gobierno municipal es importante mantener las puertas abiertas a la inversión de nuevas empresas que responsablemente buscan contribuir en el impulso de las comunidades y sus habitantes”, entre ellas, según dijo, la trasnacional canadiense. Un año y medio después, el 22 de enero de 2010, la misma funcionaria declaró que “sería terrible para los sudcalifornianos que se diera la autorización por parte de la Semarnat y las áreas competentes al proyecto Paredones Amarillos, debido a que este proyecto podría contaminar al medio ambiente y los mantos acuíferos que alimentan al pueblo mágico de Todos Santos y a la ciudad de La Paz, además de afectar a varias comunidades de la zona en donde sus pobladores han manifestado su rechazo a esta actividad”, toda vez que la explotación de la mina “afectaría no sólo a las familias que actualmente habitan en esta zona sino también a las próximas generaciones; nos dicen –los de Paredones Amarillos– que no habrá contaminación; sin embargo tenemos conocimiento del terrible daño que este tipo de minería ha generado en otras partes del mundo”, sin olvidar que “a inicios de su administración estatal, el gobernador Narciso Agúndez manifestó su total apoyo al proyecto Paredones Amarillos, tan es así que el gobierno del estado jugó el papel de intermediario entre los ejidatarios de la región y la empresa Vista Gold”. Ahora dice que “no podemos poner en riesgo una de nuestras principales reservas naturales y afluentes de agua”.
En diciembre del año pasado se constituyó la organización El Agua Vale Más que el Oro, integrada por distintos sectores de la sociedad, con el objetivo de “impedir el inicio de la explotación minera en Paredones Amarillos, por el peligro ecológico que representa el proyecto perteneciente a la corporación canadiense Vista Gold; somos un grupo que nos formamos en Todos Santos, y nacimos a razón de todos los problemas ecológicos que consigo atrae el funcionamiento de una mina a cielo abierto en la zona de amortiguamiento de la sierra de La Laguna. Sabemos bien de las grandes cantidades de cianuro y arsénico que se utilizan para extraer el preciado mineral y hemos visto casos en otras partes del mundo y por ello, queremos buscar una solución por el bien de todos los sudcalifornianos; vamos contra un proyecto que vale muchísimo dinero, pero no es justo que nuestra salud se vea en peligro; no estamos en contra del desarrollo, pero es ridículo que una compañía canadiense venga a realizar esta actividad siendo que en Canadá está prohibida la realización de la minería a cielo abierto”.

Dado el historial, la documentación y, sobre todo, la negativa ciudadana en Baja California Sur, la Semarnat tendría que negar la autorización a Vista Gold. Sólo faltan unos cuantos días para saber de qué lado está.

Las rebanadas del pastel

Si la “solución” para Ciudad Juárez es la militarización, según dicen los exitosos “estrategas” gubernamentales, entonces ya está: que Felipe Calderón se quede a vivir en esa localidad, porque durante su estadía ayer en el viejo Paso del Norte el despliegue fue de concurso: la tropa superó el número de habitantes, hubo más policías federales que vendedores ambulantes, más rifles que pobres y más garrotazos que protestas. Todo, para que el inquilino de Los Pinos no sudara y se sintiera seguro en la más insegura de las concentraciones urbanas de la República. Que se quede, pues.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
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Astillero

  • Calderón en su Juarezloo
  • Represión a jóvenes
  • Reproches directos
  • Evo en Coyoacán


Julio Hernández López

Enfrentado a un adelanto del juicio popular e histórico que le corresponde tan sólo por las matanzas en México, Felipe Calderón respondió disparando a mansalva proyectos sabidamente fallidos de burocracia asistencial y demagogia voluntarista, cerrando el operativo fronterizo con una segunda declaración de guerras no pedidas y prefigurando temporadas de mayor mano dura en esta reivindicación vehemente y descompuesta del belicismo de control social que la DEA y la FBI impusieron a México desde octubre de 2006.

Felipe, tratando de salvarse discursivamente, acompañado de manos, gestos, sudor y dureza facial frente a un auditorio seleccionado, pero que ni así se libró de escuchar reproches y acusaciones, mientras más allá de la sede blindada se desbordaba el río social adverso, que sin tapujos ni eufemismos le declaraba ensangrentado y le endilgaba calificativos de responsabilidad funeraria. Felipe, que parecía sorprendido y molesto, al grado de no ordenar que le dieran micrófono a esa opinante fuera de programa, cuando una madre de hijos masacrados le dijo que no era bienvenido a Ciudad Juárez y que no se le podía dar la mano a él, un empequeñecido jefe de la banda oficial que en línea acompañaba a ese Calderón que parecía refugiado en la cercanía de la señora Margarita, que mantuvo el mismo ceño de su marido, en combustión interna que se desbordó cuando al fin el hombre protegido por más de 5 mil personas, según diarios locales, tomó la palabra para dar continuidad a su discurso guerrero, a la apología del militarismo, a la defensa de una presunta recuperación de la gobernabilidad perdida aun cuando fuera a costa de sangre, violaciones a los derechos humanos y olvido del hipotético estado de derecho.

Felipe atrapado por la realidad. Diazordacismo callejero que reprime a jóvenes mientras un echeverrismo de derecha desgrana, por sí mismo y por sus lerdos funcionarios falaces, una penosa serie de promesas, planes, sistemas de detección satelital de patrullas, teléfonos para ayuda policiaca oportuna; el cielo y las estrellas ensangrentadas frente a la audiencia convocada que hace como que le cree al michoacano entrampado, que hace como que algo dice. Calderón que llega a Ciudad Juárez a prometer diálogo, conciliación y “coordinación con la sociedad” y lo que provoca en las calles es el repudio al sabido cerco de seguridad que en esta ocasión llega al extremo de que se desenfunden armas de fuego ante ciudadanos, sobre todo jóvenes y madres de familia, que protestan en las afueras, en lo marginal, en lo que no se quiere que exista ni sea escuchado. Adentro, en el presunto paraíso aislado, Calderón no se escapa a la espalda que le da una madre de asesinado, ni a los gritos y exigencias de algunos de los asistentes, ni a los discursos duros, secos, pronunciados por representantes sociales que saben el riesgo mortal de decir lo que todos piensan, pero que mencionan la corrupción de policías y militares, el fracaso de los planes federales, el daño causado por la presencia de los contingentes de “salvación”, del horror cotidiano.
Pero Felipe sólo se escucha a sí mismo y, sin montarse materialmente la casaca militar, pronuncia un discurso para que todos pierdan cualquier esperanza: la “guerra” sigue, los militares se mantendrán en las calles, porque a pesar de todas las evidencias, las masacres y el terror, el ocupante de Los Pinos cree que es lo mejor. Y sanseacabó. Autoritarismo que forma parte del plan maestro de control social y abatimiento de las expectativas políticas y electorales. Provocación gubernamental a domicilio, con un declarante ensoberbecido que ni siquiera se decidió a ofrecer disculpas en forma, claras y tajantes, por la torpe carac- terización pandilleril que desde Tokio hizo de los jóvenes asesinados, quedándose en una especie de evasión verbal fundada en un cualquierismo facilón: cualquiera que hayan sido mis palabras, ofrezco disculpas. Gracias, Felipe, por esta redefinición pública del belicismo. ¡Ah, y el miércoles regresa el show de guarurismo multitudinario, blindajes ofensivos y palabrería desfondada! Ciudad Juárez, mártir todos los días.

Astillas

Evo Morales llegará a nuestro país este domingo 21. Marcelo Ebrard le entregará las llaves de la ciudad de México y a las tres de la tarde habrá una reunión masiva con organizaciones indígenas en el Jardín Hidalgo de Coyoacán, donde el presidente de Bolivia pronunciará un discurso luego que le hayan entregado un bastón de mando. Evo saldrá el 22 a Cancún para la reunión del Grupo de Río que terminará al siguiente día... ¿Censura al capítulo de South Park en que sale un presidente mexicano corrupto? Manuel Chi nos informa que en www.southparkstudios.com/episodes/ están todos los segmentos de esa serie y que ahí se puede ver la entrega prohibida en México seleccionando la temporada 13... Los discursos y declaraciones del director de Conagua deben atenderse con criterios germánicos pues, según ha advertido Pedro Miramontes, Luege es la transcripción fonética del alemán Lüge, que significa mentira. “Bajo las reformas de la ortografía alemana de la década pasada, Lüge se debe escribir Luege. Como sea El señor Luege es el señor Mentira”... Hasta hace muy poco, el consorcio internacional de El Chapo era sustancialmente intocado. Apenas algunos golpecitos de fantasía, en piezas ínfimas. Pero en las semanas recientes han caído personajes como El Muletas, El Fronteras y Rogaciano, todos vinculados al jefe máximo. ¿Reacomodos en la política comercial federal, ofrendas de mayor peso al comensal estadunidense o simplemente una limpia interna?.. Y, mientras Gómez Mont trata de inflar su espectáculo de renuncia con maña, ¡feliz fin de semana, en esta columna que saluda el arribo de la letra legal que instituye laicidad en el Estado mexicano especializado en violar discrecionalmente todo ordenamiento jurídico, y con los jefes católicos en enojo buscador de pretextos neocristeros!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://www.twitter.com/julioastillero

Ciudad Juárez: visita improcedente

Como era previsible, la presencia en Ciudad Juárez del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no ha hecho sino exacerbar los agravios cometidos contra la población de esa martirizada localidad fronteriza por las organizaciones delictivas, pero también por las autoridades de todos los niveles gubernamentales.

Al abandono y el desinterés oficial de lustros se sumaron, ayer, la injustificada represión de manifestantes en las calles de Ciudad Juárez por elementos de la Policía Federal, sobre la cual pesan ya diversas acusaciones de indolencia y corrupción. En esta ocasión los aparatosos despliegues policiales sumaron, a la apreciación de ineficiencia, la de una violencia sin propósito ejercida contra la población.

Por añadidura, la disculpa ofrecida por Calderón Hinojosa a los deudos de los estudiantes masacrados hace dos semanas –a quienes el gobernante señaló en una primera reacción como presuntamente vinculados con grupos delictivos– es tardía e insuficiente: tardía, porque la primera rectificación debió provenir del propio Calderón, y no de boca de Gómez Mont; insuficiente, porque durante años el discurso oficial ha pretendido que la inmensa mayoría de los muertos en esta guerra oscura y confusa emprendida por las autoridades eran individuos vinculados a la criminalidad, una caracterización que choca con el sentir de los juarenses –y de los habitantes de otros puntos afectados por la espiral de violencia–, quienes han enterrado, a estas alturas, a muchas víctimas inocentes de la cruzada calderonista.

Por lo demás, lo que da motivo a la disculpa no es únicamente la calumnia oficial contra los jóvenes asesinados en Juárez el 31 de enero, sino la aplicación, en la ciudad fronteriza y en el resto del país, de la estrategia equivocada y errática adoptada desde el primer día de esta administración, centrada exclusivamente en el ejercicio de la violencia del Estado y, según la percepción generalizada, concebida más con propósitos propagandísticos y mediáticos que con miras a fortalecer la seguridad pública y el estado de derecho.
Desde el arranque del gobierno calderonista, numerosas voces alertaron sobre la improcedencia y los peligros de confrontar a la criminalidad sin una visión de conjunto, sin un entendimiento cabal del complejo fenómeno y sin una política integral que solucionara o aliviara, en forma paralela a la persecución de la delincuencia, las causas profundas que le dan origen: la falta de desarrollo económico y social; las carencias educativas, de salud y empleo; los escenarios de marginación multiplicados por el modelo económico neoliberal, aún en vigor. Con el telón de fondo del incremento imparable de la violencia y de las muertes, y a pesar de los reclamos en el sentido de que las acciones gubernamentales no hacen más que agravar lo que pretendían resolver, el gobierno federal persistió, día tras día, semana tras semana y mes tras mes, en defender su política contra el crimen organizado.

Hace unas semanas, las autoridades federales anunciaron por fin, con una discreción contrastante con el bullicio mediático que acompañó el inicio de su cruzada policiaco-militar, la rectificación que numerosos sectores le demandaron durante tres años. Ahora, para la agraviada sociedad juarense, resulta inevitable preguntarse si habrían debido ocurrir tantas muertes y tanta destrucción antes de que el Ejecutivo federal dé un viraje como el que parece estar dispuesto a emprender.

En suma, ningún ceremonial político y ningún despliegue mediático ni policial bastarán para restaurar la confianza de los juarenses en las autoridades en tanto no se ofrezca a la opinión pública una explicación exhaustiva de las consideraciones que pesaron para el cambio de actitud referido; en la medida en que siga ausente la autocrítica de lo realizado en la primera mitad del periodo calderonista y, sobre todo, en tanto la intervención federal en Ciudad Juárez no se traduzca en una real vigencia de la seguridad pública y de los derechos humanos.
Fuente Periódico La Jornada

Pide Esparza audiencia directa y urgente con “nuestro presidente” Felipe Calderón

Alcanzar un convenio de equidad y justicia para que concluya el conflicto, el objetivo
El dirigente del SME se reunió en Gobernación con directores de CFE y de la Secretaría del Trabajo

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 17
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, solicitó una “audiencia directa, de carácter urgente”, con el presidente Felipe Calderón, para alcanzar un convenio de “equidad y justicia” con el que concluya el conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Integrantes del gremio señalaron que el propósito del acercamiento con el Ejecutivo federal es “dejar de dar vueltas y vueltas” al problema que atraviesa el SME, especialmente en el contexto de una espiral inflacionaria que afecta a todos los ciudadanos, y en particular a los asalariados.

Durante un encuentro en la Secretaría de Gobernación (asistieron también directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Secretaría del Trabajo y del órgano liquidador de LFC), el dirigente entregó la carta al subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, para que funja como enlace con “nuestro presidente”, como llamó Esparza a Calderón.

El objetivo –sostiene– es que “analice personalmente todos los puntos contenidos en las cuatro misivas que le entregaron el pasado 15 de enero, de las cuales no han tenido respuestas favorables”.

En la reunión, el gobierno federal entregó una nueva propuesta de convenio para el pago de la parte proporcional de aguinaldo a los cerca de 18 mil trabajadores de LFC que no han aceptado su liquidación. La base del eventual acuerdo es que los electricistas cobren esa prestación y firmen, a la vez, el desistimiento de cualquier responsabilidad gubernamental en torno a ese adeudo.

Ofrece asesoría

Esparza comentó en entrevista que a pesar de la negativa gubernamental para proceder a una contratación colectiva en la CFE, buscarán otras alternativas para “asesorar”, inclusive, a los empleados que ha subcontratado la paraestatal para tratar de reparar las fallas en el suministro de energía eléctrica en la zona central del país.

El dirigente aseguró que en los cuatro meses en que la CFE ha estado a cargo del área de influencia de LFC ha habido múltiples accidentes graves que han dejado muchos lesionados y accidentes mortales; hay “cinco muertos, aunque Alfredo Elías Ayub (director de CFE) lo niegue.
Aunque estas aseveraciones sólo las hizo durante la entrevista, señaló que en los próximos días presentará las pruebas documentales y testimoniales de los trabajadores que han sido subcontratados por la CFE; de cómo les brindan la atención médica y después simplemente los regresan a sus lugares de origen. No los llevan al IMSS para evitar el registro de accidentes de trabajo.

Ante las acusaciones de que los electricistas del SME han incurrido en actos de sabotaje, Esparza aseguró que sus representados son ajenos a cualquier situación de esa naturaleza. “Los disturbios son producto de la falta de mantenimiento y operación deficiente en los últimos cuatro meses (...) Ni siquiera son sabotajes; incluso hemos ayudado a los subcontratados de la CFE para que no se sigan matando.”.

En la mesa de discusión con los funcionarios federales, el SME insistió en que se haga un análisis y debate a fondo desde las “verdaderas razones” que llevaron al decreto de extinción, de manera alterna al desenlace del amparo promovido por el SME en los tribunales.

El diálogo continúa y se prevé un nuevo encuentro –la próxima semana– en Gobernación.

Por la noche, la dependencia federal informó del encuentro en el que también se revisaron los avances en el procedimiento “que ha permitido a los ex trabajadores recuperar sus pertenencias que permanecen en las instalaciones de LFC en Morelos”. Las partes acordaron agilizar este procedimiento.

También se revisaron los avances en la atención de casos relativos al seguro sindical, jubilaciones y servicios médicos, entre otros.

El gobierno federal reiteró su postura en la defensa de la “legalidad y pertinencia” del decreto de extinción de LFC.
Fuente

El Correo Ilustrado

Medida extrema contra el sindicato minero

La medida extrema del tribunal colegiado contra los mineros de Cananea, luego de dos años y siete meses de huelga, agota los límites del estado de derecho, porque antes el gobierno federal había dado la misma negativa, por conducto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al declarar el 14 de abril de 2009 terminadas las relaciones de trabajo de los mil 100 mineros y el contrato colectivo de trabajo por causa de fuerza mayor”, cuando los dos años de huelga vuelven imposible e ilógico invocar tal causal, sería tanto como aceptar como causal contra una huelga “la moral de la Iglesia o la de Televisa” y poder echar a la calle a mil 100 trabajadores y sus familias.

La medida es extrema porque en dos años siete meses también se había negado la conciliación como salida, pese a que 97 por ciento de las conflictos colectivos se arreglan por esa vía. Los Larrea y el gobierno federal se negaron a la negociación para derrotar al sindicato minero exclusivamente por la confrontación, la fuerza bruta, la imposición y la ilegalidad.

Es extrema la medida porque el quinto gobierno neoliberal, gracias a dos fraudes, se ha convertido en una dictadura disfrazada que impone triunfos en favor del gran capital por la fuerza. Es extrema porque cancela la autonomía del Poder Judicial, el principal apoyo de los mineros por medio del cual habían resistido cuatro años los actos ilegales del gobierno federal. La resolución del tribunal colegiado quebranta el estado de derecho, es antecedente del conflicto del SME y se vuelve la política laboral vigente.

El gobierno federal lleva a un panorama de agotamiento de las alternativas legales al impedir que el Poder Judicial ejerza su autonomía al dictar sus resoluciones, para que sean apegadas a derecho, no al poder.

Por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes, Estela Ríos, María Luisa Campos, José Luis Contreras, Edith Ramírez, Octavio Lóyzaga, Enrique Larios y Óscar Alzaga

Saluda cambio constitucional

Quienes hemos pugnado por un Estado laico estamos contentos. No es una palabra, es mucho más. Faltan las legislaturas locales; convencer será importante.

Octavio Rodríguez Araujo

Usan a ONG como comparsas de acto oficial

Marcelo Luis Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del Distrito Federal:

El propósito de esta misiva es manifestar nuestra molestia por el trato discriminatorio y la desorganización con que actuó el personal a su cargo en la inauguración a la que fuimos invitados el miércoles 10 en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental.

Sucede que el primero de febrero recibimos una invitación para asistir a la inauguración de la exposición fotográfica Misión Tierra: Observatorio del Cambio Climático, de sir Crispin Tickell, para lo cual nos citaron a las 9 horas, pero además nos solicitaron confirmar nuestra asistencia vía telefónica. Aceptando su “amable atención” seguimos las indicaciones, así que a pesar del tráfico arribamos puntuales a la cita.

Dieron las 10:20 horas y nadie sabía que ocurría, pues no había altavoces ni quien avisara si usted ya había llegado o si ya había inaugurado la exposición.
Pero lo más grave fue la actitud discriminatoria que asumieron los “cadeneros” que colocaron a la entrada del recinto, quienes fueron descorteses aún con el propio personal del museo.

El resto de los que asistimos a su acto privado nos quedamos afuera hasta las 11 horas en espera de que ustedes finalizaran su recorrido, otros indignados optaron por retirarse después de intercambiar reclamos con los organizadores.

No sé si esta errática actitud anticiudadana es responsabilidad del personal de logística o de los organizadores, pero lo cierto es que usar a las organizaciones civiles como comparsas de actos públicos no nos parece una medida adecuada.

Juan Carlos Sánchez-Olmos, presidente de Conservación sin Fronteras
Fuente

Diálogo fino

Polimnia Romana
12 de Febrero, 2010 - 00:00 | 1 comentarios
El secretario de la Defensa Nacional habló de resolver los conflictos haciendo uso de la madurez y el diálogo fino. Adelante, general, comuníquele a su “presidente” lo que el pueblo reclama y siéntense a dialogar finamente sin pisotear acuerdos y leyes para justificar la guerra sucia y el uso de las armas.

Al Pueblo de México.
Lic. Felipe Calderón Hinojosa.
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

General Guillermo Galván Galván.
Secretario de la Defensa Nacional.

A los medios de Comunicación.
La cuna de la revolución, peligra nuevamente, con el mismo argumento que utilizaron para tomar Cananea en 1989 pretenden terminar con la huelga que valientemente han sostenido los mineros de Cananea y sus familias.

En ese tiempo dijeron que por el peligro de los explosivos tenían que tomar la mina, ahora también empiezan a decir que la mina sufre peligro porque hay nitrato de amonio con el que pueden fabricar potentes explosivos, por favor, dondequiera hay nitrato de amonio e hidrocarburos.

En cualquier pueblo minero se encuentran explosivos, es parte de su labor, en Sonora y en cualquier lugar de México se encuentran armas de todo tipo y no precisamente las tiene el pueblo.

¿Qué tantas cosas más pretenden hacer con nuestro pueblo?

No basta Ciudad Juárez, Torreón, Michoacán, Pasta de Conchos, Sombrerete, lo que le hicieron a miles de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, el despojo de tierras de los campesinos en aras del “progreso”, la siembra de transgénicos terminando con la soberanía alimentaria, la impunidad que galopa desbocada en nuestro país, la nula aplicación de la ley y la administración de justicia, los fraudes multimillonarios en euros en el sector salud, la entrada de trasnacionales que sólo pretenden llenar de tóxicos nuestro suelo, la venta indiscriminada de nuestras playas, la entrega de nuestros recursos, los fraudes que se hacen con los trabajadores a los que venden diminutas casas que son un atentado a los derechos humanos, y lo que es peor se creen benefactores del pueblo, creen que al venderles estas ¿casas? que luego les quitan y las compran las mismas constructoras o los bancos y las revenden a precio de oro, amén del negocio millonarios que hacen los “empresarios” como los Sahagún.
Sería interminable la lista de agravios a nuestro pueblo, pero ahora con argumentos pueriles, pretenden acabar con la huelga legal de los mineros de Cananea.

Sonora está en el ojo del huracán, primero el caso de la guardería ABC, donde murieron 49 niños sin que nadie resultara culpable, no son atendidos debidamente los que resultaron lesionados, y ahora, siguen con cientos de trabajadores de la mina y sus familias.

¿Qué más quiere que pase Sr. Calderón?


¿Cuántos muertos más necesita para despertar de su sueño?



Rosa María O´Leary

Ciudadanos por el Cambio Democrático.

ONGs no alineadas del Estado de Sonora.

Es una infamia la decisión del Poder Judicial contra mineros de Cananea, dice López Obrador

Por Agencias /

Dia de publicación: 2010-02-11


Andrés Manuel López Obrador calificó como “una infamia más” la decisión de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al fallar en contra de los mil 400 trabajadores de Cananea, quienes podrían quedarse sin contrato laboral con Grupo México. Así lo dio a conocer, el jueves, en su página de Twitter, quien indicó que “Germán Larrea y Fernando Gómez Mont ordenaron a los magistrados de un Tribunal Colegiado” negar el amparo a los trabajadores mineros. Informó que sostuvo una conversación con el presidente del Grupo para la Atención del Conflicto Minero en Cananea, el senador Arturo Núñez, a quien le pidió que el próximo martes presente, ante el Senado, “un punto de acuerdo para impedir la represión de los trabajadores mineros”.

Señaló: “Estamos como en 1906. En México no hay estado de Derecho. El Poder Judicial está podrido y, como todas las instituciones, se mantiene al servicio de la oligarquía”. En nuestro país, prosiguió, jueces, magistrados y ministros dependen de Salinas, Diego, Roberto Hernández, Germán Larrea, Claudio X. González y otros. Esta oligarquía acumula inmensas riquezas, tiene secuestradas a las instituciones, es dueña del PRIAN, de Televisa y de otros medios Por ello, llamó al pueblo de México a trabajar para derrotar a la oligarquía de manera pacífica para establecer un gobierno del pueblo y para el pueblo. Cabe destacar que el pasado 24 de enero, López Obrador acudió a Cananea, Sonora, donde escuchó la problemática de los trabajadores mineros y les mostró su apoyo al movimiento.
Fuente

Cananea, cuna de la Revolución ... traicionada

Cien años después del conflicto que diera inició a la revuelta armada que parió el México moderno, de nuevo los mineros podrían enfrentar a un Ejército por defender su fuente de empleo… sólo que ahora en lugar de luchar contra Rangers texanos, el pleito por la dignidad sería contra los militares que encabeza el mismo Presidente de todos los mexicanos

Mientras el gobernador Padrés ha logrado que su proyecto hidráulico Sonora SI permee en el interés de los habitantes del Sur de Sonora, en Cananea, los mineros de la Sección 65 «levantan armas» en defensa de sus derechos laborales, lo que podría derivar, incluso, en enfrentamientos con el Ejército y Dios no lo quiera, en una tragedia…

Por Alejandro Matty Ortega / Dossier Politico

Dia de publicación: 2010-02-12


El conflicto minero en Cananea, la inconformidad de transportistas y campesinos en México, aunado a la crisis económica mundial que ya dejó miles de despidos en el País, parece ser el preámbulo a la «segunda parte» de la Revolución Mexicana a pocos meses de cumplirse el Centenario del movimiento social armado de 1910.

El pasado 19 de enero, en entrevista concedida a Dossier Político, Sergio Tolano Lizárraga expuso que «estamos trabajando fuertemente en reforzar los accesos a la mina Mexicana de Cananea y movilizando maquinaria a los accesos tratando de protegernos».

Describió que «sabemos que el Grupo México está contratando ´esquiroles´ en Nacozari queriendo recuperar la mina y nosotros nos estamos preparando para enfrentar lo que venga... no podemos decir qué cantidad es, pero sí sabemos que lo ha estado haciendo (contratar)».

Pero también, el bloqueo de garitas internacionales de México-Estados Unidos y la amenaza de paro del servicio de transporte urbano y de carga en la República como muestra de inconformidad por el precio del diesel, es sin duda el pretexto idóneo para que los organismos y uniones de trabajadores de la nación de a poco, concilien la suma de todas las huelgas antes de la mitad de este 2010.

Predicción, desde hace un año

En archivos de Dossier Político de febrero del 2009, se obtuvo informes que el presidente colegiado de la UNT y dirigente del sindicato de la UNAM, Agustín Rodríguez, advirtió que si el Gobierno no responde a las demandas de la sociedad, se llegará a una huelga nacional antes de que concluya el primer semestre de este año.

Por su parte, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, ante miles de personas que se concentran en un mitin en la Plaza de la Constitución, insistió en luchar por revertir la actual política económica «que tanto daño ha hecho a los mexicanos».

Y aclaraba que no son los obreros ni campesinos los responsables de la actual crisis económica, sino los banqueros y los dueños del dinero, que según él, actúan en contubernio con el Gobierno.

Hace exactamente un año, más de 40 mil hombres del campo de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y otros estados de la República realizaron un plantón frente a las oficinas de la Sagarpa, Hacienda, Reforma Agraria y marcharon por Reforma hasta El Zócalo en la Ciudad de México y presionaron al Gobierno federal para que reduzca sustancialmente el precio de los combustibles.

Campo abandonado

En Sonora, cientos de campesinos se manifestaron en la explanada del Centro de Gobierno frente a las oficinas de la Sagarpa, en Hermosillo, donde refirieron el abandono del campo mexicano de parte del Gobierno federal.

Esto, como primer paso.

En su momento, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Salvador Sánchez Peñuelas, expuso que no se permitirá que los recursos asignados al campo se utilicen con fines electorales.

Sánchez Peñuelas refirió que existe un abandono del campo mexicano por las erróneas políticas y solicitó la firma de un nuevo acuerdo para el desarrollo integral y sustentable del campo, así como la inclusión de programa multianual de inversiones estructurales y fomento productivo.

Los dirigentes de la Ugocem, Gabriel Galindo, de la CCI, Mario Romero y José Luis Germán, del Consejo Indígena, expusieron que cuidarán y vigilarán que los recursos destinados al campo no sean utilizados para campañas políticas.

En Chihuahua, dirigentes de los sectores pesquero, campesino y transportista expresaron su rechazo generalizado a la decisión presidencial de disminuir 75% el ajuste en el precio del diesel.

Los transportistas calificaron la medida como «una tomadura de pelo», por lo que no descartaron hacer un nuevo llamado para paralizar el servicio urbano en el país.

Presidente pasivo

El vocero del movimiento «Vámonos en bola para defender el campo», Víctor Quintana, dijo que para los campesinos de Chihuahua el ajuste demuestra la insensibilidad del presidente Felipe Calderón, quien anunció que la medida costará casi 10 mil millones de pesos.

Así mismo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canaipesca), Rafael Ruiz, tomó con cautela el anuncio del Ejecutivo.

En Sinaloa, los presidentes de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y de la Unión de Cooperativas Pesqueras de Alta Mar de Topolobampo, Ricardo Michel Luna, Humberto Becerra Batista y Carlos Sotelo, respectivamente, dijeron que el sector sigue firme en su demanda de un precio justo del combustible.

Los dirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Ramón Barajas López y de la Central Campesina Independiente, Francisco Meza López expusieron que priva una cerrazón por parte del ministro de Agricultura, a reconocer los incrementos en los costos de producción.

Sólo en un año, los costos de las semillas, fertilizantes, y combustibles han tenido un encarecimiento por encima del 120 %, el cual no se ve reflejado en los precios de los granos que están a punto de cosecharse, como es el caso del frijol.

Cientos de campesinos de distintas organizaciones de diversas regiones del país bloquearon este viernes los carriles de importación en el puente internacional Córdova-Las Américas de Ciudad Juárez, Chihuahua, en demanda de que el sector agropecuario sea tomado en cuenta en el plan anticrisis y se le apoye en los precios de los combustibles, electricidad y otros insumos para la producción.

Movimientos nacionales

Movilizaciones similares se llevaron a cabo en Campeche y en Hidalgo, donde los hombres del campo exigieron un cambio en las políticas económicas y evitar que la crisis afecte en mayor medida a los pobres.

Mientras tanto, autoridades hacendarias incrementaron este viernes en 5 centavos el precio del diesel, con lo que el litro del combustible costará a partir de este sábado 7.58 pesos.

En Ciudad Juárez, productores del movimiento «Vámonos a la bola para rescatar el campo», y grupos de Hidalgo, Puebla y Durango, bloquearon casi tres horas el puente provocando retrasos en el cruce.

Y así, sucesivamente...

Hasta ahora, no se conoce con claridad ningún proyecto del Gobierno que frene la inercia de la inconformidad social manifiesta, pero ya está a la espera de «relevos».

Seguramente los poderes políticos de los siempre desprovistos de vergüenza (partidos y candidatos), inventarán soluciones pacíficas en vías de hacerse llegar de adeptos para eternizarse en oficinas bien refrigeradas dentro del servicio público estas próximas elecciones, que le costarán a los más pobres poco más de 3 mil 600 millones de pesos.

Pero esa es otra historia.

Para que el Gobierno garantice estabilidad alimentaria sobre todo a los más pobres, se requiere de un cambio radical con franco criterio de producción, que a la vez conlleve renovación administrativa, jurídica y encima de ellas, el aspecto humano.La iniquidad dominante desde los tenebrosos tiempos del vasallaje y del latifundio previo a 1910 sigue latente.

La fragmentación de la tierra para favorecer la concentración de la misma en el capitalismo, sin cumplir su función social ni ambiental, es un ejemplo:

Es lo que exige su redistribución así como el replanteamiento de las normas del uso del agua y los precios del diesel e insumos para el campo mexicano.Gobiernos del pasado evidentemente afines a la pillería política priorizaron el salvataje de bancos pero nunca, se preocuparon por algo tan medular como es la escabrosa situación de los pequeños agricultores a quienes, incluso, se les ha despojado hasta de su posibilidad de sobrevivencia.

Pobreza extrema

La pobreza extrema reunida en los sectores rurales dio pasos a la agricultura capitalista y de ahí a los procesos industriales que van haciendo desaparecer la exigua renta del esfuerzo desigual frente a la tecnología avanzada con la que cuentan los exportadores, mientras al campesino tradicional le ponen tantas trabas en los créditos.

La falta de apoyo ha propiciado el abandono de los campos y la triste realidad de los emigrantes obligados a soportar vejámenes y humillaciones.

Desde ya, la clase trabajadora de México con el apoyo irrestricto de sus familias, se perfila para la antesala de los «festejos» del Centenario de la Revolución Mexicana.

Cananea, cuna de la Revolución

Mientras el gobernador Padrés ha logrado que su proyecto hidráulico Sonora SI permee en el interés de los habitantes del Sur de Sonora, en Cananea, los mineros de la Sección 65 «levantan armas» en defensa de sus derechos laborales, lo que podría derivar, incluso, en enfrentamientos con el Ejército y Dios no lo quiera, en una tragedia.

Luego del anuncio de la presunta negativa de amparo por parte de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado, con sede en el Distrito Federal, la dirigencia del Sindicato Minero y otros adheridos al movimiento obrero, montaron guardia en todos los accesos al complejo y advierten que defenderán con su vida cualquier intento de toma de la mina.

Antonio Navarrete Aguirre, secretario de Difusión de la Sección 65 declaró a la prensa que «los trabajadores están resguardando las instalaciones y listos para repeler cualquier agresión y que estos y sus familias están dispuestos a mantener su movimiento para mantener su fuente laboral».

«Hay confianza en el sindicato de que el Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo en el Distrito Federal otorgue un fallo favorable en estos días, respecto a un amparo que interpuso en contra de la determinación de autoridades laborales de dar por concluidas las relaciones de trabajo».

Señaló que las acusaciones contra quien resulte responsable se han hecho por robo con violencia, daño, asociación delictuosa, amenazas, fraude, apología de varios delitos y extorsión, entre otros, en contra de la unidad minera.

La lucha en Sonora

El pasado 19 de enero, en entrevista concedida a Dossier Político, Sergio Tolano Lizárraga expuso que «estamos trabajando fuertemente en reforzar los accesos a la mina Mexicana de Cananea y movilizando maquinaria a los accesos tratando de protegernos».

Describió que «sabemos que el Grupo México está contratando ´esquiroles´ en Nacozari queriendo recuperar la mina y nosotros nos estamos preparando para enfrentar lo que venga... no podemos decir qué cantidad es, pero sí sabemos que lo ha estado haciendo (contratar)».

«Nosotros aquí, nos vamos a preparar, están muy pendientes los mineros de todo el País quienes estos días llegarán a Sonora y estarán en Cananea para fortalecer la lucha de la Sección 65... nos estamos preparando para evitar cualquier agresión contra los mineros de Cananea», advirtió Tolano Lizárraga.

Por ahora, todo parece indicar que centenares de mineros están listos para evitar un desalojo y están «dispuestos a quemar o destruir la mina en caso de ser necesario ante lo que consideró una inminente represión gubernamental».

Los mineros se atrincheraron ya la tarde del jueves en la mina… «no vamos a permitir que se nos desaloje de la mina, para eso estamos listos y preparados, para cualquier situación que se vaya a dar y hacemos responsable al presidente de la República, Felipe Calderón, de lo que aquí ocurra», advirtió Tolano.

¡Dios no lo quiera!

Y sostuvo a Dossier Político que «vamos a repeler cualquier agresión que se nos dé, vamos a responder a ellas, vamos a seguir en las puertas defendiendo lo nuestro, lo que nos pertenece como trabajadores, si Grupo México nos arrebata el contrato colectivo nosotros les vamos a arrebatar la mina, no tenemos armas de fuego pero sí la dignidad y las agallas para enfrentar al Gobierno Mexicano».

Se espera que este viernes arriben mineros de otras partes del País que el fin de semana serán miles los trabajadores que enfrentarían al Ejército Mexicano y a las fuerzas federales si éstas intentan el desalojo obrero.

Todo indica que las prioridades para el mandatario estatal colocan primero al «Sonora SI» y a Cananea no.

La presencia del gobernador siempre es indispensable en la mesa de negociación.

Aunque haya quienes piensen que el conflicto minero es exclusivo de la autoridad federal, el enfrentamiento entre los mineros y las fuerzas del orden inminentemente llevará a la tragedia.

Por lo pronto, se avizora que México se encamina a una inminente «segunda parte» del movimiento social armado de 1910 o propiamente dicho, a la Revolución Mexicana del 2010.

¡Dios no lo quiera!

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