viernes, 19 de febrero de 2010

México: ¿veto a ex empleados públicos?

Alberto Nájar

BBC Mundo, México

Después de solicitar empleo en 20 empresas distintas, Juan Bastida, ingeniero en comunicación electrónica con una década de experiencia, supo la razón por la que no conseguía trabajo:

“En un laboratorio donde había 16 vacantes me dijeron: vienes de un sindicato y trabajaste en el gobierno, y por eso te descartamos”, dijo a BBC Mundo.

Y es que Bastida era empleado de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), cerrada por el gobierno mexicano con el argumento de que operaba de manera ineficiente.

Más de 44.000 trabajadores fueron despedidos, y la mayoría no ha conseguido empleo, según el Sindicato Mexicano de Electricistas, que mantenía el contrato laboral con la CLyFC.

Pero no son los únicos. En México frecuentemente los ex empleados gubernamentales no encuentran espacio en la iniciativa privada, porque las empresas se resisten a contratarlos.

Juan Barba, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad de México, le dijo a BBC Mundo que los empresarios no confían en quienes han trabajado para el gobierno.

“En los puestos no calificados sí podemos hablar de que existe una cierta discriminación. Lamentablemente no se genera el número de empleos suficiente para absorber a los despedidos de la iniciativa privada y del sector público”, reconoció.

Listas negras

En los últimos años, unos 70.000 empleados gubernamentales han sido despedidos o aceptaron su retiro voluntario, según datos del ministerio de Hacienda.

Muchos siguen desempleados. Algunos empresarios afirman que no están acostumbrados a los niveles de eficiencia que existen en el sector privado.

Pero hay otro factor, explicó el abogado Arturo Alcalde, asesor de sindicatos independientes.

“Hay listas negras de trabajadores que han pertenecido a sindicatos o que defendieron sus derechos laborales en algún momento. Eso está prohibido por la Constitución”, afirmó a BBC Mundo.

De hecho, existen empresas que ofrecen bases de datos con información de miles de empleados, especialmente los que promovieron algún juicio laboral.

En las listas figuran también ex empleados gubernamentales. Con esos datos algunas compañías privadas deciden si contratan o no a los solicitantes de empleo.

Sin embargo, el presidente de Coparmex, en la capital, aseguró que no existe una política especial de la iniciativa privada para no contratar a los despedidos del gobierno.

El problema es que la situación económica del país no favorece la creación de nuevas plazas laborales, añadió.

“Ante la escasez de empleos se opta por contratar a los mejor calificados o los que tengan una experiencia que se identifique más con la cultura empresarial”.

Excepciones

A pesar de todo, empleados gubernamentales de alto nivel, especialmente en el área financiera, son muy cotizados en el sector privado.

Un ejemplo es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que según medios locales perdió recientemente a 10 directivos que fueron contratados, con sueldos altos, en bancos y casas de bolsa.

Entre tanto, algunos de los ex empleados de Luz y Fuerza del Centro padecen depresión y enfermedades cardíacas causadas por el estrés, aseguró Juan Bastida, padre de tres niños y quien ahora conduce un taxi para sobrevivir.

“No sé qué pensar, me siento impotente, triste. Pero debo sacar fuerzas de algún lado, mis hijos tienen que salir adelante”.

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Protestan abogados en la Corte por fallo contra trabajadores de Cananea

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 14

Un grupo de abogados de corte progresista, entre ellos los laboralistas Néstor y Carlos de Buen, y otros litigantes agrupados en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y en la Unión de Juristas de México se manifestaron ayer frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir "la restauración del estado de derecho y de la legalidad en México".

Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas, expuso a los manifestantes que el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, desairó a una comisión de abogados que pretendía exponerle los reclamos.

"Nos recibió el secretario particular del ministro para decirnos que (Ortiz Mayagoitia) no podría darnos audiencia, que no tenía tiempo para nosotros", expuso el litigante.

Explicó que el motivo de la manifestación es el fallo judicial reciente que negó el amparo a los mineros de Cananea, pues se trata de una resolución que "demuestra que el sistema de justicia mexicano está secuestrado por los intereses gubernamentales y empresariales".

La semana pasada, por unanimidad (tres votos), los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el Distrito Federal negaron el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), resolución que confirma el término de las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea, de Grupo México, y la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Con ese fallo judicial queda firme un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que el pasado 14 de abril respaldó la propuesta de Grupo México de liquidar a mil 100 sindicalizados y 100 empleados de confianza que laboraban en la mina de Cananea, la cual lleva 31 meses en huelga.

En la protesta frente a la SCJN participaron académicos, estudiantes y cientos de electricistas y mineros, quienes durante más de dos horas gritaron consignas contra los ministros y funcionarios del Poder Judicial Federal.
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Pasta de Conchos, ejemplo del desprecio calderonista por la vida de obreros: Vera

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 14

Después de cuatro años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, este gobierno "no ha hecho justicia a los familiares de los trabajadores muertos" y persisten las evidencias de que, deliberadamente, Grupo México no quiso rescatar los cuerpos y que, incluso, "cuando unilateralmente suspendió las tareas de rescate, todavía había sobrevivientes en el socavón", denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera.

Pasta de Conchos –señaló el prelado– es el "paradigma patente del desprecio que tiene el gobierno de Felipe Calderón por la vida de los trabajadores".

El obispo habló durante un acto realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que se hizo un recuento de los agravios sufridos por los deudos de los mineros en los mil 460 días que llevan en lucha. María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana, uno de los mineros fallecidos en la explosión, dijo que ya fue admitida una denuncia contra el gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la negligencia e ilegalidad con que ha actuado en este caso.

Con la voz quebrada sostuvo: "tuvimos que recurrir a instancias internacionales porque en cuatro años este gobierno ha estado sordo, mudo y ciego ante nuestras demandas, que se condensan en una sola: que rescate a nuestros muertos". Si este presidente atendiera los hechos de injusticia, no sería necesario acudir a organizaciones mundiales, puntualizó.

También asistió al acto Oralia Martínez, esposa de Juan Ramón Flores, minero muerto recientemente en el Pocito Ferber, que había sido clausurado y operaba ilegalmente. Con un niño en brazos sentenció: “en este gobierno los empresarios hacen lo quieren, porque les permiten todo; en mi caso, el patrón no pagó ni los gastos funerarios. No se hizo cargo de nada…”

Por su parte, el obispo Vera planteó que la negligencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para hacer justicia a los mineros fallecidos es producto de la "inmoralidad y la corrupción" con que abiertamente ha protegido a Grupo México para que no cumpla sus responsabilidades.

Contundente, añadió que al gobierno de Calderón no le duelen las familias que han penado cuatro años por los cuerpos de sus muertos, igual que no le importa mandar a 44 mil electricistas a la calle para entregar a los empresarios el negocio de la fibra óptica (…) "por todos lados vemos en el país pisoteada la dignidad de los mexicanos".

Este gobierno quiere tapar todo con el argumento de que está enfrascado en una lucha contra el narcotráfico, cuando es evidente que sólo va a haber más muertos y no tendrá frutos de esa batalla mientras no castigue también a los altos políticos que protegen a los delincuentes, así como a los banqueros y financieras que les lavan el dinero, acotó.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que se espera que la CIDH emita una declaración en el sentido de que el gobierno mexicano violó los derechos de los mineros y sus familias, y ordene una investigación seria e imparcial sobre los sucesos. Pasta de Conchos –dijo– no es un hecho aislado, sino clara evidencia de la falta de acceso de los trabajadores a la justicia, con la complicidad entre el gobierno y los empresarios.

En tanto, Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, expuso que de 1989 a la fecha han muerto mil 647 trabajadores en minas y no se ha sancionado a ningún empresario; han permeado la impunidad y el "olvido" de las autoridades.

Incluso –precisó–, en el caso de Grupo México no ha habido ningún empacho en difundir sus multimillonarias ganancias, la expansión de sus negocios y sus elevadas cotizaciones en el mercado de valores, "enriquecimiento basado en la muerte de trabajadores" y en la sepultura del derecho de huelga, como ahora pretende que ocurra en Cananea.

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Calderón aprobó en noviembre el pacto PRI-PAN para aumentar los impuestos

Roberto Garduño Y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 11

La negociación entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para aprobar el aumento a los impuestos a cambio de evitar una alianza electoral entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) se dio personalmente entre el funcionario federal, los gobernadores del estado de México y Puebla y Francisco Rojas, revelaron diputados del tricolor.

En diversas entrevistas, legisladores del Revolucionario Institucional aseguraron que una vez pactados los detalles con Enrique Peña Nieto y Mario Marín, gobernadores del estado de México y de Puebla, respectivamente, Gómez Mont se comunicó a Los Pinos y concluida su llamada telefónica, enseguida informó a los priístas que tenía la anuencia del Presidente de la República.

La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, en noviembre pasado, en los días previos a la aprobación del dictamen del paquete económico por parte de la Cámara de Diputados.

Al encuentro estaba convocado el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, quien no llegó. Frente a Peña Nieto, Marín y Rojas Gutiérrez, Gómez Mont se comunicó vía telefónica con Ulises Ruiz para informarle que no habría alianza del PAN con el PRD para contender por la gubernatura del estado, con el compromiso de que los legisladores oaxaqueños votaran, como lo hicieron después, en favor de los aumentos.

También a Ulises Ruiz, indicaron los diputados –inclusive dos de ellos de Oaxaca–, Gómez Mont le confirmó que el arreglo tenía el aval de Felipe Calderón. El secretario de Gobernación, se reveló a este diario, siempre habló con el Ejecutivo mientras los priístas aguardaban. Resuelto el pacto, los gobernadores llevaron la instrucción a los diputados de sus respectivas entidades, y lo mismo hizo Francisco Rojas, quien a su vez reportó a Beatriz Paredes Rangel, presidenta del partido, pero omitió comunicárselo a los senadores del tricolor.

Días después, la mayoría del PRI y del PAN aprobó incrementar a 16 por ciento la tasa del impuesto al valor agregado, a 30 la del impuesto sobre la renta, así como que se aplicaría el gravamen a los depósitos en efectivo a partir de los 15 mil pesos, y que ese impuesto pasaría de 2 a 3 por ciento.

La condición que impusieron los gobernadores priístas a Gómez Mont fue que el costo político y social de las impopulares medidas impositivas lo asumieran el gobierno federal y los diputados del PAN, quienes a su vez hicieron su tarea al presentar la propuesta de aumentar las cargas fiscales a la población.

Una semana después de la renuncia de Gómez Mont a su militancia panista, en desacuerdo por las alianzas aprobadas por el PAN, legisladores priístas afirmaron que el acuerdo sí fue informado a Felipe Calderón Hinojosa, pero en noviembre, no en enero como ha dicho el titular de Gobernación.

Según Gómez Mont, él asumió las negociaciones con dirigentes y gobernadores del PRI de manera personal, y que sólo hasta enero le comunicó a Calderón el alcance del arreglo. El funcionario también ha dicho que el único enterado del intercambio con los priístas fue el presidente del PAN, César Nava Vázquez.

El miércoles, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados admitió que negoció con el gobierno federal la aprobación del paquete hacendario, a cambio de evitar una alianza del PAN con el PRD y de asegurar "condiciones electorales equitativas".

"Evidentemente estaban en el interés de nuestro partido las dos cuestiones", sostuvo Francisco Rojas, en conferencia de prensa. El PRI, dijo, empujó la negociación para asegurar que "la equidad en las elecciones de julio próximo se pudiera dar y también vimos el interés del país en el paquete económico, y coincidieron ambas, y así es". A pesar del acuerdo, el PAN aprobó las alianzas con el PRD.

El ex secretario del Trabajo y vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara, Francisco Javier Salazar, aseguró ayer que él fue uno de los que defendieron las alianzas en la sesión del consejo panista.

Reconoció que en el PRI hay indignación porque no se cumplió el pacto y que ello pone en riesgo la votación de los priístas en favor de la reforma laboral que enviará el Ejecutivo. "No hay un ánimo muy constructivo en el PRI; hay una molestia, entendible por las alianzas aprobadas por el consejo, que sí funcionan cuando hay que abrir la democracia", afirmó.
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Gómez Mont reanuda su campaña en favor de la reforma política de Calderón

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 10

Una semana después de haber renunciado a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, retomó el cabildeo en favor del proyecto de reforma política del Presidente, una de las enmiendas prioritarias para el titular del Poder Ejecutivo.

Esta etapa de difusión, encabezada por el responsable de la política interna, incluye su participación en un chat en vivo –programado para mañana– y, adicionalmente, dedicará parte de su tiempo a responder preguntas en la red y a bloggear, esto es, hacer comentarios electrónicos.

El año pasado el funcionario negoció con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la aprobación del paquete fiscal para 2010 a cambio de que el PAN, al cual entonces adhería, rechazara las alianzas electorales con fuerzas políticas de izquierda. El acuerdo con el tricolor ocurrió, de acuerdo con las declaraciones de Gómez Mont, sin que el presidente Felipe Calderón tuviera conocimiento inicial de ello.

Aunque en diversos sectores circula la opinión que Gómez Mont –tras dejar el PAN– debe renunciar a su puesto, el funcionario declaró la mañana de ayer: "Yo ando tranquilo, trabajando, estoy convencido de lo que he hecho".

Para este relanzamiento de la campaña en favor de la reforma política, el funcionario eligió el noticiero del Instituto Mexicano de la Radio para explayarse acerca de los puntos que más le interesa difundir de la reforma política y, de paso, también se refirió a su continuidad en Bucareli.

"Lo he explicado hasta donde mis deberes permiten explicarlo (el escándalo del acuerdo entre partidos) y, en ese sentido, suceda lo que suceda, pongo mi buena fe en la mesa para seguir trabajando en lo que pueda trabajar por México y seguir apoyando al Presidente de la República en aquello en lo que sea útil para servir a México", dijo.

Gómez Mont destacó que la reforma política (con énfasis en la segunda vuelta presidencial, la relección de diputados y alcaldes, así como las candidaturas independientes de los partidos políticos) es un tema que estará en la coyuntura no sólo porque se mantenga como noticia de ocho columnas, sino porque el PRI, en el Senado, presentará su propia iniciativa, lo mismo que el PRD.

Blanca Heredia, comisionada de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, señaló que la reforma en cuestión busca modificar aspectos centrales del funcionamiento del sistema político mexicano para que sea más democrático.

La funcionaria, encargada de abrir canales de comunicación para la reforma, anunció la realización del chat en vivo con Gómez Mont, a la una de la tarde, en la página www.reformapolitica.gob.mx. Aunque originalmente, reveló, intentaron usar el sitio de la Hora nacional, como espacio de expresión del secretario de Gobernación, pero aspectos de normatividad electoral lo impidieron, de ahí que tuvieron que emplear el método del blog.

Entrevistada en la Universidad Nacional Autónoma de México precisó que continuarán también con los foros para abordar cada uno de los diez temas en los que está compuesto la iniciativa de enmienda política promovida por Felipe Calderón.
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Toma el PT la tribuna de San Lázaro en rechazo a que la IP produzca hidrocarburos

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 9

En una concertación que incluyó a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM) y Convergencia, el Revolucionario Institucional (PRI) impidió que la Cámara de Diputados interpusiera una controversia constitucional solicitada por el Partido del Trabajo (PT) contra las disposiciones administrativas de Petróleos Mexicanos (Pemex) que permiten otorgar contratos a particulares para participar en toda la cadena de producción de hidrocarburos.

Como parte de sus alianzas electorales con el PAN, el PRD en voz de su vicecoordinador, Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró en la Junta de Coordinación Política que para su bancada el reglamento de la paraestatal se apega a la Constitución y no existen riesgos de entregar la renta petrolera a trasnacionales. Por lo tanto, agregó, el sol azteca tampoco votaría en favor de la controversia.

El arreglo que consiguió el coordinador del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, fue no respaldar el recurso si ayer al mediodía la secretaria de Energía y presidenta del consejo de administración de Pemex, Georgina Kessel, enviaba a San Lázaro un documento firmado por ella con los cambios sugeridos por él.

El texto llegó por la tarde, con un error: Kessel dirigió el oficio a la coordinadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, y no al presidente de la mesa directiva, Francisco Ramírez, quien lo devolvió y sólo dio entrada al legajo cuando la Secretaría de Energía corrigió el traspié.

Rojas llegó con el respaldo de su bancada a la sesión ordinaria de ayer, donde diputados del PT reprocharon a la mesa directiva que en el orden del día no se incluyera la votación del punto de acuerdo que, el 4 de febrero, presentó Jaime Cárdenas para solicitar la presentación de la controversia.

A pesar de que, como han señalado priístas, el gobierno federal no cumplió el acuerdo de impedir las alianzas PAN-PRD, a cambio de aprobar el aumento de impuestos, el tricolor hizo un nuevo arreglo con los panistas para que el tema no fuera abordado en la tribuna, en espera no sólo del documento de Kessel, sino de que venciera (anoche) el plazo constitucional para presentarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante los reclamos de diputados del PT, el vicecoordinador priísta, Jorge Carlos Ramírez Marín, respondió que el punto sí debía formar parte del orden del día, y "su exclusión no fue definitiva, sino que está sujeta a un acuerdo que no se ha completado".

La bancada petista –con el respaldo de 13 perredistas, entre ellos Leticia Quezada, Ramón Jiménez López, Víctor Manuel Castro Cosío, José Narro Céspedes y Adán Augusto López Hernández– tomó la tribuna ante la indefinición de priístas y panistas.

El vicecoordinador del PAN, Roberto Gil, alegó que una condición necesaria para desahogar cualquier tema es el desarrollo de la sesión, suspendida por la protesta petista.

Al asumir como suya esa posición, la mesa directiva decretó, a las 11:45, un receso de 30 minutos. Se inició entonces una larga negociación, que culminó con el cierre de la sesión, a las 17:42, sin que se informara al pleno por qué.

Desde el lunes pasado, en el consejo consultivo del PRI –donde convergen los coordinadores de los estados–, Francisco Rojas informó que personalmente encabezó una negociación con la secretaria de Energía y el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, para modificar las disposiciones administrativas de la empresa paraestatal.

Fue una reunión, dijeron diputados priístas, donde Rojas pidió al sinaloense Alfredo Villegas Arreola elogiar esa estrategia. Este último alabó, entonces, el "patriotismo" del coordinador.

Con ese ánimo, revelaron integrantes de la bancada, Rojas continuó con las negociaciones, que incluyeron una entrevista, realizada el miércoles, en la torre de Pemex con Suárez Coppel, a la que el coordinador priísta se hizo acompañar de Óscar Levín Coppel y de Villegas Arreola.

En la plenaria de ayer, Rojas revivió el tema, con el argumento de que si Pemex no cumplía, el PRI respaldaría el recurso ante la Corte. "¡A la controversia!", clamaron diputados petroleros.

Pedro Ávila Nevárez –quien rindió protesta la sesión anterior como suplente de Jorge Herrera– lamentó que a pesar de la "traición" del PAN, aún se buscaran pactos. "Nos vieron la cara y todavía negociamos acuerditos", espetó el viejo líder obrero de Durango.

Sin embargo, en su afán por presentarse como el único hacedor del acuerdo con Pemex, Rojas se olvidó de comunicar los detalles y la decisión tomada por la plenaria priísta a la bancada del PT, que ocupó la tribuna.

La acción obligó a una reunión de vicecoordinadores, en la cual Roberto Gil sostuvo que el punto de acuerdo de Jaime Cárdenas no debía ser votado, pero el tricolor defendió que si bien no habrá controversia, la mesa directiva tenía que presentar el punto para que se vote y debata en el pleno.

Así, la junta suscribió un acuerdo, que se debatirá el martes, por el cual "considera improcedente que la Cámara de Diputados presente una controversia constitucional" contra el reglamento de Pemex.

El acuerdo fue firmado por Rojas Gutiérrez, Vázquez Mota, y los coordinadores del PVEM y Panal, Juan José Guerra Abud y Reyes Tamez Guerra, y como Alejandro Encinas (PRD) no llegó a la reunión, en su lugar lo suscribió Guadalupe Acosta Naranjo.
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Critica el PT la estrategia propuesta por Calderón para la urbe fronteriza

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 7

La estrategia de seguridad propuesta por el gobierno de Felipe Calderón en Ciudad Juárez, Chihuahua, será evaluada la próxima semana por un grupo de trabajo de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, anticipó el legislador del Partido del Trabajo (PT) Jaime Cárdenas.

"El propósito de la Cámara de Diputados es generar una evaluación a la estrategia gubernamental. Creemos que esa estrategia ha sido equivocada, porque ha sido puramente represiva. El gobierno federal ya se ha dado cuenta de ello. De hecho, el Presidente así lo ha manifestado", agregó.

En su opinión, las autoridades de los diferentes niveles "estamos llegando tardísimo a Juárez". Estimó que uno de los aspectos por los cuales el crimen organizado ha crecido es que las policías no han tenido nivel ni capacidad profesional para enfrentar ese flagelo en la región.

En entrevista, luego de participar en el foro Retos para la consolidación del derecho de acceso a la información, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el también constitucionalista comentó que el grupo plural del que forma parte tiene planeado sostener encuentros con representantes del sector social –activistas, defensores de los derechos humanos y víctimas de la violencia–, así como con autoridades locales.

Respecto al crecimiento del crimen organizado y los índices de violencia en esa urbe fronteriza, comentó que obedece a la ausencia de garantías individuales y sociales plenas y suficientes, ya que hasta ahora los derechos sociales, el empleo, la educación, la salud y la vivienda en Juárez no son una realidad.

En el país, abundó, existe una violencia generalizada producida por la falta de expectativas de bienestar en millones de jóvenes excluidos del empleo formal y del sector educativo.

Consideró también que los esfuerzos del gobierno federal no han sido suficientes para enfrentar la infiltración del crimen organizado en los circuitos financieros. "Se lava mucho dinero en los circuitos financieros y no existen los mecanismos necesarios en la ley y en las instituciones gubernamentales para generar condiciones de vigilancia de esos recursos. Esa es una parte que no se debe olvidar", advirtió.

Advirtió que para combatir al crimen organizado se requiere una estrategia global que incorpore la igualdad social, las oportunidades de desarrollo para los mexicanos, la vigilancia y supervisión de los circuitos financieros, así como la lucha contra la protección gubernamental a ciertos grupos delictivos.
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Debe cambiar la estrategia en Juárez, dice Ebrard

Gabriela Romero Sánchez

Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 6

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, señaló que el gobierno federal debe cambiar la estrategia de seguridad que aplica en Ciudad Juárez e incluir los aspectos sociales.

Al preguntarle sobre la política del presidente Felipe Calderón en Ciudad Juárez para combatir la violencia, Ebrard sostuvo que no todo lo que se está haciendo está mal, pero "queda claro que no ha sido suficiente; se tiene que cambiar la estrategia, porque no se puede pensar sólo en la coerción".

Puso como ejemplo el caso de Medellín, Colombia. “Hace 10 años era uno de los peores lugares y ahora tiene una de las mayores caídas de la violencia en el mundo, porque tuvo un alcalde al que se le ocurrió aplicar otra estrategia y dijo: ‘que tal si tomamos en cuenta a los jóvenes, si nos dedicamos a que la gente se sienta realmente incluida y reducimos la violencia’. Y lo logró”.
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Pretende Calderón regular la seguridad en la capital

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 5

El presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal, con el propósito de homologar las actividades policiacas y de investigación en la capital con las del Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal.

El texto rubricado por el jefe del Ejecutivo federal no cede mayores atribuciones al gobierno capitalino. Ratifica que él posee el mando supremo de la fuerza pública, y si bien el procurador y el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal podrán nombrar a los mandos medios de ambas corporaciones, éstos serán ratificados por el Presidente de la República. Sobre este particular no se toma en cuenta la participación del jefe de Gobierno.

"Corresponde al Presidente de la República el mando supremo de la fuerza pública en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (GDF). Los mandos superiores de la policía del Distrito Federal y de la Policía Judicial del Distrito Federal serán designados por el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal o por el procurador general de Justicia, según corresponda. Dichos nombramientos serán aprobados por el Presidente."

Miguel Ángel Mancera Espinosa, procurador de Justicia del Distrito Federal, descartó que la propuesta obedezca a contrarrestar atribuciones a la autoridad de la ciudad ni tiene que ver con los índices de delincuencia. "Estoy seguro que los índices, los datos, todo lo que tenemos, no son para echar las campanas al vuelo, pero hay resultados muy concretos y las cifras no mienten."

–¿La iniciativa pretende cooperación o intervención, señor?

–Cooperación y coordinación.

Con dureza, el diputado Jorge Valdés Huezo, del PRI, refirió que "el Ejecutivo pretende controlar la policía en el Distrito Federal, siguiendo la línea de Estado policiaco y represor para combatir al crimen organizado, y reafirma la facultad del Ejecutivo de nombrar a los altos mandos policiacos" de la capital.

En la exposición de motivos, Calderón sostiene que el propósito de la iniciativa de ley es regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal, "así como su coordinación con la Federación, estados y municipios en la materia". De manera contundente, se señala que para dar cumplimiento al eje del sistema nacional, "el Distrito Federal deberá coordinarse con la Federación, estados y municipios en un marco de respeto a sus respectivas atribuciones".

Refiere que se regularían las instancias que conformarían el sistema mediante un consejo y un secretariado ejecutivo; normatividad relativa a los distintos rubros del servicio de carrera; obligaciones en materia de información, como la sistematización y clasificación; el intercambio, suministro y acceso a la información; la certificación de esta información; el registro administrativo de detenciones, la participación en el sistema único de información criminal y en los registros nacionales de personal y de armamento y equipo.

Detalla cinco áreas de coordinación entre las instituciones de seguridad pública: intercambio de información que facilite tanto el desarrollo de sus actividades como la selección e idoneidad del personal; cooperación en la instrumentación de operativos policiacos; intercambio académico y de experiencias para robustecer la profesionalización de sus integrantes; diseño y operación de los mecanismos y lineamientos conforme a los cuales la policía a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal actuará bajo la autoridad y mando del Ministerio Público, y las demás que se determinen en otras leyes o mediante convenios y bases de coordinación interinstitucional que al efecto se celebren.

Acerca del manejo de los recursos del erario, la iniciativa enfatiza la responsabilidad del mandatario capitalino: “dichos fondos, asignados al Gobierno del Distrito Federal o sus delegaciones, se regularán, administrarán y supervisarán de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y se deberán concentrar en una cuenta específica, así como los rendimientos que se generen para una debida identificación y control.

"El jefe de Gobierno deberá presentar ante el consejo, a través del secretario ejecutivo, un informe trimestral. La transparencia, control y rendición de cuentas constituyen los contenidos de este título."

En el apartado de artículos transitorios se otorga un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para la implementación del secretariado ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública. Advierte que las dependencias y entidades de la administración pública del Distrito Federal deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria de las mismas y la que se apruebe para dichos fines en el presupuesto de egresos del Distrito Federal.

Asimismo, en un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizará las reformas a las leyes correspondientes para determinar el valor y el alcance probatorios de las certificaciones de información.
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México SA -

Cuarto aniversario de la tragedia de Pasta de Conchos

Campea la plena impunidad
Carlos Fernández-Vega
H

oy se cumple el cuarto aniversario de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, concesionada a Germán Larrea, uno de los multimillonarios Forbes, el mismo que hoy pretende sepultar, también, a los mineros de Cananea. Cuatro largos años han transcurrido, periodo que involucra a dos catastróficos gobiernos panistas, a igual número de inquilinos de Los Pinos (uno peor que el otro, lo que ya es decir), de secretarios del (des) Trabajo y de cabezas visibles en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como un gobernador, y la justicia, junto con los cuerpos de los trabajadores que perdieron la vida en aquel "accidente", se mantiene bajo los escombros. Fue una tragedia igual de evitable que la ocurrida en junio pasado en la guardería ABC de Hermosillo, y en ambos casos los responsables permanecen impunes.

Ocurrió a escasos nueve meses de que Vicente Fox abandonara la comodidad de Los Pinos, sólo para que uno peor, Felipe Calderón, ocupara la misma silla. De despedida, el primero de los nefastos personajes prometió todo e incumplió todo; de llegada, el segundo procedió exactamente igual, y así se ha mantenido; a estas alturas ningún responsable está preso, ni le han cancelado las concesiones mineras, mientras los deudos de los trabajadores fallecidos en Pasta de Conchos infructuosamente intentan desenterrar a la justicia que las supuestas autoridades y su protegido del consorcio minero les siguen negando.

Lo dicho y prometido por Fox y su secretario del Trabajo, el hoy diputado panista Francisco Xavier Salazar Sáenz, quedó en el aire; lo dicho y prometido por Calderón también, y lo propio ha hecho el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien no se ha quedado atrás en eso de ofrece e incumplir. Por ello, para el ejercicio de la memoria colectiva van los siguientes discursos, todos en torno al primer aniversario de Pasta de Conchos.

A) El secretario calderonista del (des) Trabajo, Javier Lozano Alarcón, declaró: “Industrial Minera México (de Germán Larrea y su Grupo México) tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad… no voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje por más importante que sea” (La Jornada, Patricia Muñoz). Es de suponer que si el pianista tuvo los elementos para sostener públicamente que el citado consorcio empresarial fue el de "la mayor parte de la responsabilidad", el paso inmediato no era armar un show mediático, sino presentar la denuncia legal correspondiente en contra de los empresarios y ex funcionarios públicos involucrados. También dijo que "a la Secretaría del Trabajo no le corresponde señalar culpables (aunque lo hizo), sino que será la Secretaría de la Función Pública la que determine si hubo o no responsabilidad de servidores públicos, así como las procuradurías General de la República y estatal (la de Coahuila) las que verán la situación tanto de la empresa como de los funcionarios. Mientras, la Secretaría de Economía tiene que ver el dictamen que emita el Sistema Geológico Mexicano y lo referente a la concesión del yacimiento". Ninguna de las instituciones citadas por Lozano movió un dedo.

B) El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas (hoy despacha cómodamente en la SCT), denunció que para efectos de registro en el IMSS, Industrial Minera México no sólo subcontrató a sus trabajadores sino que a los mineros de Pasta de Conchos los dio de alta con salarios menores a los realmente cubiertos para pagar menos cuotas, en detrimento de las finanzas de la institución, con lo que se configura el fraude contra el Estado. Lo anterior, reconocido ante los integrantes de la comisión legislativa "para dar seguimiento" a las investigaciones por la explosión en Pasta de Conchos. Sin embargo, el instituto no presentó ninguna denuncia legal en contra del consorcio privado propiedad de Germán Larrea y su práctica fraudulenta.

C) El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denunció que "desde la Presidencia de la República Vicente Fox Quesada me pidió procesar y enviar a prisión a inocentes por la tragedia en la mina Pasta de Conchos. Desde la dirigencia del Partido Acción Nacional me presionan para que no encarcele a los verdaderos responsables de la muerte de 65 trabajadores; hubo otras atrocidades, como cuando Vicente Fox, en mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral: que inventara delitos a otras personas, que distrajéramos la atención. Soy víctima de una serie de presiones de gente del gobierno o del PAN para que no encarcelemos al ex delegado de la Secretaría de Trabajo en Coahuila, Pedro Camarillo Adame. No voy a mover un dedo para que libren el pellejo quienes están involucrados en el asesinato, en la muerte, de coahuilenses. Son responsables, hay gente que es responsable y que trabajó en la administración pasada y va a tener que ser encarcelada; lo sostengo en la cara del ex presidente Vicente Fox, le digo eso, y también las llamadas que le hice en tono suplicante para que pudiera acudir al estado. Le digo también cómo le pedí, le insistí que pudiera asignar más inspectores y no me hizo ningún caso. Yo se lo digo en su cara al ex presidente". Nada hizo.

D) El 17 de enero de 2007 Felipe Calderón "mantuvo una entrevista informal" con Maribel Rico Montelongo, familiar de uno de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos. De acuerdo con la crónica del momento, el inquilino de Los Pinos aseguró que "la mina no será cerrada; además, se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura" (La Vanguardia de Saltillo). Dos semanas después Industrial Minera México despidió a 250 trabajadores para "cerrar transitoriamente" la mina (sin que ello implique la pérdida de la concesión federal), y la "cristiana sepultura" se mantiene en lista de espera.

Así de sencillo. Cuatro años después de la tragedia, todo sigue igual: plena impunidad.

Las rebanadas del pastel

También hay noticias amables (Lolita dixit): en plena crisis, con desempleo creciente, salarios miserables y demás gracias del sistema, los mexicanos hicieron la hombrada: pagaron tantos intereses y comisiones de usura que en 2009 la banca trasnacional que opera en el país obtuvo utilidades netas por 62 mil 58 millones de pesos, 11 por ciento más que en 2008. De ese monto, Bancomer, Banamex y Santander concentraron 71 por ciento (44 mil 200 millones) del total.

cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx

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Mucha sociedad para estos gobiernos

Víctor M. Quintana S.
Y

sin embargo, se mueven. A casi tres semanas de la masacre de Villas de Salvárcar, más allá del miedo, de la tristeza, de los esfuerzos gubernamentales por moderarlos o acallarlos, las y los juarenses comprometidos por la justicia se mueven llenos de indignación para esculpirse una esperanza.

Hay tres momentos emblemáticos que reflejan otros tantos aspectos del estado de ánimo de las y los juarenses: la interpelación a Calderón por parte de la señora Luz María Dávila, madre de un muchacho de 16 años y otro de 19 asesinados en Villas de Salvárcar. La marcha del "coraje, el dolor y el desagravio" organizada el sábado 13, que culminó en el Puente Internacional Santa Fe. Y los fuertes cuestionamientos y sólidas propuestas realizadas por representantes de la sociedad civil organizada en las mesas de trabajo con Calderón y Gómez Mont, respectivamente.

Las palabras claras, tajantes, exactas de la señora Dávila, dichas de frente a Calderón, recogen mejor que nada el coraje y el dolor que cimbran a juarenses y chihuahuenses estos aciagos días. Nadie como ella, madre de dos muchachos honestos y estudiosos, uno de los cuales se levantaba a diario para ir a trabajar a la maquila de siete a tres y luego se iba a la universidad de cuatro a ocho, para reclamar airadamente las acusaciones calderonianas de pandilleros a los jóvenes masacrados. Nadie como ella para hacerle ver el fracaso rotundo de la estrategia de los operativos conjuntos que representa más de un asesinato por cada dos soldados enviados a esta frontera.

La marcha "del coraje, el dolor y el desagravio" del sábado 13 es un ponerse de pie contra el miedo, las amenazas, la apatía, a pesar del dolor y con base en la dignidad. Revela la incorporación de los que antes no estaban, de sectores nuevos, rostros que no se recordaban y voces cuyos gritos se habían acallado. Sobre todo, el predominio abrumador de los jóvenes, denunciando, luchando contra el decreto de muerte colectiva contra ellos mismos. Destaca la presencia tesonera, machacona, creativa, a veces irritante para algunos, de las chavas y los chavos que dos días antes habían sido reprimidos por las policías federal y municipal, cuando le espetaron a Gómez Mont: "Que renuncie Calderón, que renuncie el gobernador Reyes Baeza, que renuncie el alcalde Reyes Ferriz, ésas son nuestras únicas demandas".

La esperanza es la otra cara de la reacción de las y los juarenses. Ésta no sólo se genera en las calles. Se ha ido construyendo pacientemente, en largas y agotadoras sesiones de trabajo y, antes, en años de concienzuda labor sistemática entre los jóvenes, entre los familiares de las víctimas, entre las mujeres, en las colonias populares, en las escuelas. Por un lado, se han presentado múltiples denuncias, bien fundamentadas, de de-sapariciones forzadas, de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y de la Policía Federal. Se demanda su plena vigencia y no sólo de los derechos civiles, sino sociales, como el de la vivienda. Porque en Juárez se han abandonado más de 100 mil casas, se han presentado 11 mil solicitudes de prórroga a los créditos de Infonavit, debido a que los prestatarios perdieron el empleo. Aquí, esta institución de supuesto carácter social ordenó el desalojo de 700 familias de su vivienda, con el apoyo del Ejército.

Por otro lado, se han generado y se presentan diversas propuestas de regeneración del tejido social y de protección a los derechos humanos. Se trata de experiencias ya probadas de atención a adolescentes y jóvenes en situación vulnerable; de recuperación y construcción de espacios públicos, de atención a mujeres víctimas de la violencia

"Nada sin justicia" es un consenso que avanza en Juárez. No se quieren más soldados ni más de lo mismo en seguridad. Los juarenses no están dispuestos a que el gobierno les declare el estado de sitio sobre el que ya les decretaron los delincuentes. Exigen combatir con prioridad la corrupción de los cuerpos policiacos y montar una policía investigadora respaldada por una sólida labor de inteligencia. Demandan golpear "duro y a la cabeza", es decir, a los lavadores de dinero y a los grandes capos, no sólo a narcomenudistas y pandilleros.

Ante la sociedad juarense, los gobiernos no han dado la medida. En los anuncios de espectaculares inversiones del gobierno federal y las propuestas de traslado de poderes del estatal se perciben más finalidades electorales que compromisos efectivos para restablecer la paz. Persiste la obcecación calderoniana en la estrategia fracasada de los operativos conjuntos, a la vez que se excluye como interlocutores a quienes ponen como condición la justicia en la base de toda acción de gobierno. Así lo demuestra la exclusión de las y los integrantes de la mesa de derechos humanos de la reunión de trabajo con Calderón apenas el miércoles 16. Tampoco faltan, en este panorama, las posiciones oportunistas de las elites políticas y económicas.

Así diversa, indignada, corajuda, crítica, propositiva, esperanzada, a veces contradictoria, es esta sociedad de Ciudad Juárez que empieza a amanecer. Sus virtudes pesan más que sus lastres. Y, en todo caso, es mucho más grande que sus gobiernos.

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Pasta de Conchos: cuatro años de ofensiva antiobrera

H

oy hace cuatro años, una explosión ocurrida en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, cobró la vida de 65 mineros que quedaron atrapados en el yacimiento. El saldo del episodio va más allá de esas irreparables muertes y del sufrimiento de los deudos de las víctimas: en todo este tiempo, el país ha asistido a la demostración, como uno de los signos de continuidad entre las dos administraciones federales panistas, de un empleo sistemático y faccioso del poder público en defensa de los intereses empresariales.

Como han señalado los deudos y diversas organizaciones sociales y humanitarias, lo ocurrido en Pasta de Conchos pudo evitarse si las autoridades hubiesen cumplido con su obligación de prevenir, o en su caso sancionar, la cadena de negligencias e incumplimientos a las normativas de seguridad laboral cometidos por Grupo México, propietario de la mina siniestrada.

Al respecto, cobra especial relevancia la evidencia documental de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había detectado, 19 meses antes de los hechos, una treintena de irregularidades que ponían en riesgo la salud y la vida de los obreros en Pasta de Conchos y, sin embargo, fue hasta siete meses antes del accidente cuando exigió a la compañía que realizara las adecuaciones correspondientes en el yacimiento, las cuales, de cualquier forma, no se efectuaron.

En los días posteriores al 19 de febrero de 2006, en vez de consagrarse a rescatar a los trabajadores enterrados, esclarecer los hechos y resolver las indignantes condiciones de trabajo de los mineros, el gobierno federal se dedicó a proteger y ocultar las responsabilidades de la parte patronal en la tragedia. En el colmo de la indolencia y la irresponsabilidad, el entonces presidente Vicente Fox llegó a afirmar, cuando ya resultaba innegable que los trabajadores estaban muertos, que continuaban los trabajos de rescate para "abastecerlos de oxígeno y de alimentos", y el vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, señaló que las condiciones de seguridad en la mina eran "excelentes" hasta antes de la explosión, en un intento inaceptable por otorgar una exculpación anticipada a la compañía propiedad de Germán Larrea.

Pero el agravio y la infamia en contra de los mineros fue más allá, el gobierno foxista aprovechó la coyuntura para emprender una ofensiva en contra del sindicato minero y su dirigencia, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, quien criticó abiertamente la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales imperantes en Pasta de Conchos. En respuesta, el foxismo, que hasta entonces había mantenido buena relación con el líder minero, resucitó viejas y conocidas acusaciones en contra de Gómez Urrutia por presunto desvío de fondos e inició una campaña de acoso judicial en su contra, además de una injerencia abierta e ilegal en la vida interna de la organización, al grado de pretender imponerle, por conducto de la STPS –entonces a cargo de Francisco Salazar Sáenz–, una dirigencia espuria.

Con el tránsito del foxismo al calderonismo no sólo no se revirtió el empecinamiento oficial en contra de los mineros y su sindicato, sino que se recrudeció: así lo demuestra la persistencia del acoso judicial en contra del dirigente máximo del gremio y la ofensiva emprendida, a instancias del actual titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, contra la huelga que la sección 65 del sindicato mantiene desde julio de 2007 en la mina de Cananea, Sonora. Por añadidura, la cruzada antisindical del calderonismo se ha ampliado hacia otros gremios, como actualmente puede observarse con el acoso en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y con el designio gubernamental de extinguir, vía decreto, al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, privando así a la organización de su materia de trabajo.

Según puede verse, el gobierno de Felipe Calderón se empeña en llevar a un nuevo nivel la premisa neoliberal: para que un país sea atractivo para los capitales foráneos es necesario adoptar medidas en perjuicio de la clase trabajadora y las organizaciones sindicales. Resulta obligado preguntarse si a ello se refería el michoacano cuando hace unos días, en el contexto de su visita a Davos, Suiza, garantizó a ejecutivos de empresas trasnacionales que su gobierno seguirá impulsando la "competitividad" y la "certidumbre jurídica" en el país, a efecto de atraer inversiones.

La tragedia que hoy se conmemora constituye, pues, un punto de inflexión a partir del cual se han degradado profundamente las condiciones laborales en el país, se ha pervertido el ejercicio del poder público en beneficio de los intereses del capital y se ha generado, en suma, un panorama de incertidumbre y zozobra crecientes para los asalariados y sus familias.

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No romperé con el PRD pese a las alianzas con el PAN, dice AMLO

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 13

Chilpancingo, Gro., 18 de febrero. Andrés Manuel López Obrador afirmó que no romperá con el PRD a pesar de las alianzas que haga con el PAN, pero recordó que este es el partido de la oligarquía, la misma que despidió a más de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y pretende desconocer los derechos de los mineros de Cananea (Sonora).

"¿Qué tenemos que hacer nosotros con esa gente?" –cuestionó durante una gira de trabajo que empezó por la mañana y concluyó por la tarde en la capital del estado.

"Soy militante y fundador del PRD; ahora tengo como una licencia, porque estoy dedicado a la organización del movimiento para la transformación del país, y muchos se confunden o piensan que ya no estoy en el PRD porque aparezco en mensajes de radio y televisión que corresponden a los tiempos oficiales del PT", dijo ante sus seguidores en Tlapa de Comonfort.

"Yo apoyo a los tres partidos (PRD, PT y Convergencia), y si aparezco en los medios electrónicos es para que se sepa que el movimiento está vivo", dijo durante una reunión con integrantes del "gobierno legítimo", a quienes informó que la noche del miércoles se reunió con integrantes de la Comisión Política del PT, a quienes dejó en claro que no apoyará a los candidatos surgidos de las alianzas entre los partidos que integran el Diálogo por la Reconstrucción de México y los de la derecha.

"En Cananea se acaba de valorar que los trabajadores no tienen derecho porque la mina es propiedad de Germán Larrea, uno de los 10 hombres más ricos del país, cuyo abogado es ni más ni menos que Gómez Mont, el secretario de Gobernación; por eso no estamos de acuerdo con las alianzas ni con el PRI ni con el PAN", abundó.

En Guerrero, cuando se ganó la gubernatura por el PRD, no hubo ninguna alianza con el PAN o con el PRI, "ni cuando ganamos la elección presidencial en 2006; ahí fuimos juntos PRD, PT y Convergencia, y por eso hay que buscar un acuerdo entre los partidos que integraban el Frente Amplio Progresista (ahora Diálogo por la Reconstrucción de México)", señaló.

Por la mañana, el ex candidato presidencial estuvo en Tlapa, donde Taurino Rojas González, dirigente de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación y representante municipal de Metlatónoc, le preguntó qué actitud tomarían los militantes ante la posible alianza con partidos vinculados a la derecha.

López Obrador respondió: "después del fraude electoral de 2006, la Convención Nacional Democrática acordó formar el Frente Amplio Progresista con PRD, PT y Convergencia, para que con la unidad de los tres se enfrentara a los de la derecha, a los partidos de la oligarquía: el PRI, el PAN y Nueva Alianza, de Elba Esther Gordillo".

Este viernes, López Obrador estará en Ciudad Altamirano, en Tierra Caliente, y en la tarde en Iguala de la Independencia.

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Obispo acusa a Lozano de corrupción

Julián Sánchez
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO Jueves 18 de febrero de 2010
15:50

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, acusó al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón de negligente, inmoral y corrupto, "porque abiertamente ha protegido a Grupo México" en el caso de Pasta de Conchos, donde, dijo, "sospechamos" que no han querido entrar a rescatar los restos de 63 mineros porque se descubriría que dejaron a algunos de estos vivos después de la explosión el 19 de febrero de 2006.

Durante una conferencia de prensa donde estuvieron familiares de mineros muertos, Raúl Vera sostuvo que de acuerdo con estudios, resulta evidente que luego de la explosión algunos mineros fueron al único tiro de la mina donde había aire, lo cual se puede comprobar encontrando la ropa y los casos que llevaban los trabajadores, pues evidentemente los cuerpos ya no existen.

En el acto realizado en la sede del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez y donde se insistió que se haga justicia y se recupere los restos de 63 de los 65 mineros fallecidos, pues los de dos ya fueron rescatados, el obispo de Saltillo reiteró que de acuerdo a la opinión que recogió de especialistas que estuvieron en el lugar, que si se hubiera podido haber llegado a donde estaban las personas que quedaron atrapadas.

De acuerdo con el purpurado, después de cuatro años del accidente, continúa sosteniendo que Pasta de Conchos es un paradigma, pues la actitud de las autoridades y la empresa Grupo México, muestra el desprecio por la vida humana, lo cual se refleja en los trabajadores.

Este desprecio de las autoridades federales, continuó, se ha visto también al haber despedido a más de 44 mil electricistas con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). "Y lo de la Mina de Cananea, es algo inaudito", al haber desconocido una huelga con la decisión de la empresa de concluir las relaciones laborales unilateralmente, apoyada por el gobierno, en particular la Secretaría del Trabajo.

En este contexto en donde dijo consideró que las autoridades no valoran la vida de los mexicanos, puso como ejemplo el que el gobierno de Felipe Calderón no vaya pasos delante de los narcotraficantes.

Ellos sí dan frutos rápidos y "dónde está el fruto de cuidar la vida", cuestionó y señaló el "bip, bip" del Correcaminos, frente a una tortuga.

Por otro lado, en la conferencia donde estuvieron Trinidad Cantú Cortés, madre de Raúl Villasana, fallecido en Pasta de Conchos y Oralia Martinez, viuda de Juan Ramón Flores, quien falleció hace cinco meses en una mina de carbón, se dio a conocer que mañana, en el marco del cuarto aniversario de la explosión de Pasta de Conchos, se realizará una misa frente a las oficinas de Grupo México y una marca por la tarde del Monumento a la Revolución al Zócalo.

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¿Mejor servicio con la CFE?

En octubre pasado, el gobierno mexicano decidió desaparecer la compañía de Luz y Fuerza del Centro, bajo el argumento de su pésimo servicio y rentabilidad.

Después de que la CFE se quedara con este paquete, la Jornada del día de ayer, nos da algunos de los primeros resultados de la CFE como distribuidor de energía en el centro del país:

Según la Profeco, en un comparativo con enero del 2009, la CFE tuvo 33% más quejas que la extinta LyF, con 625 y 481 solicitudes respectivamente... Y es que no sé que opinen ustedes, pero como les ha gustado los apagones de hasta seis horas, además del pésimo servicio al cliente con una línea de contacto que la mayoría de las veces suena ocupada.

En cuanto a la resolución de estas demandas, la Profeco señaló que la CFE reportó un porcentaje más bajo en cuanto a la conciliación con las partes afectadas. Según sus cifras, en enero del 2009, 9 de cada 10 casos fueron resueltos satisfactoriamente con LyF, mientras que la CFE sólo logró 7 en este mismo año.

El diario también publicó que la CFE registró un aumento en sus costos, del 53.6% entre el 2003 y 2008, contrastando con las declaraciones de Calderón sobre lo mucho que costaba mantener la estructura de Luz y Fuerza.

¿Una empresa de clase mundial?

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Pese a CFE, sufre IP por deficiente servicio de luz

Marcelo Quiroz Cañas, encargado del área de Infraestructura afirmó que "los parques de la entidad se han visto dañados por la falta de suministro eléctrico, lo que ahuyenta a los inversionistas".

Friné Lagunas
Milenio.com
Toluca, 2010-02-17

A pesar que el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEEM) estuvo de acuerdo con la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ahora sufre por problemas en el suministro de energía eléctrica el cual se incrementó a causa de las lluvias de semanas atrás.
El vicepresidente de Infraestructura y Parques Industriales, Marcelo Quiroz Cañas, refutó al Presidente Felipe Calderón en torno a que se han mejorado las condiciones del servicio que es malo y limita la inversión.
Aunque el presidente Calderón argumentó este lunes que la extinción de LFC el pasado 11 de octubre de 2009, aumentó la competitividad de la industria en el centro del país, así como la producción, las exportaciones, la creación de empleos y la atracción de inversión privada,"lo cierto es que los parques industriales de la entidad se han visto afectados por la falta de suministro eléctrico, lo que ahuyenta a los inversionistas”.
Algunos de los problemas a los que las empresas se han enfrentado se refieren a fallas locales en los transformadores, el robo de cable y la demora en la recepción de los recibos, lo que ha traído como consecuencia que las empresas paguen lo doble de su cuota que antes cubrían.
Debido a esas dificultades, se instaló la comisión de electrificación, integrada por miembros del propio Consejo Coordinador, que tiene como objetivo recibir solicitudes de apoyo de las empresas afectadas.
En este sentido Quiroz Cañas reiteró que la zona industrial que está dañada en mayor medida es el oriente del estado.
La semana pasada, recordó, sostuvo una reunión con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, en la que exigió respuesta a los problemas por los que aún atraviesan los empresarios, pues con las condiciones meteorológicas que se presentaron días pasados se complicó la dotación del servicio, principalmente en el oriente, en los municipios de Chalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Hay empresas que se han quedado sin suministro dos días o más, además de faltas intermitentes de energía eléctrica, provocando que el reinicio de operaciones implique un gasto mayor.
La problemática ha llegado tan lejos que por ello se creó la comisión de electrificación y la mesa de quejas, y se exhortó a la paraestatal a resolver la situación.

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Llevarán 9 mil quejas más a la Profeco por mal servicio de CFE

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 15

Están listas para presentar más de 9 mil quejas más contra la Comisión Federal Electricidad (CFE), la mayía por aumentos excesivos en la tarifa del servicio y duplicación de cobros, ya que a varios domicilios están llegando dos o tres recibos por mes, así como recibos "locos", con cifras estratosféricas, que a pesar de que son reportados no hay instancia que los corrija.

El Frente Amplio de Abogados en Defensa de los Usuarios de Luz y Fuerza del Centro reveló que crecen en forma considerable las denuncias de irregularidades en el cobro del servicio de energía eléctrica en el centro del país, y "si la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que son pocas es porque ha puesto muchas objeciones y pretextos para no recibirlas a los abogados que las presentan".

Los módulos instalados por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para atender a los usuarios domésticos recaban diariamente las quejas, que incluyen denuncias por cobros indebidos, caídas del servicio y afectaciones a aparatos electrodomésticos por los constantes apagones. Paralelamente, en estas mesas sigue abierta la campaña de firma de amparos contra el pago a la CFE.

Al mostrar un cúmulo de denuncias recabadas, los abogados sostuvieron que la mayor parte son porque llegan a los domicilios dos o tres recibos por mes; además –señalaron– hay varios casos de facturas con cobros disparados, como el caso en que a una familia que pagaba un promedio de 400 pesos al bimestre ahora les llegó un recibo "loco" por 722 mil pesos.

Según explicó Jesús Luna Arias, quien forma parte de esta red de abogados que están apoyando a los usuarios, no se está respetando el "promedio" que venían pagando las familias; a gran parte de los denunciantes les han elevado hasta 70 por ciento el costo del servicio y a algunos les llegan recibos cada 15 o 28 días, no bimestralmente. Dijo que inicialmente se prepararon 3 mil 200 quejas para presentarlas ante la Profeco, pero no las aceptaba, con el argumento de que "no eran entregadas a la delegación que les corresponde"; querían "más especificado el motivo de la queja", entre otros requisitos, por lo que se volverán a llevar a esta instancia.

En los módulos establecidos por el SME en diversas zonas de la ciudad para interponer las quejas, como el de Calzada del Hueso –donde los electricistas despedidos han establecido toda una mercadotecnia para vender distintos productos, volantear, dar información y recabar quejas y amparos a la vez–, el de la explanada de la delegación Tlalpan, el de avenida Reforma –afuera de la oficina del secretario del Trabajo, Javier Lozano–, en avenida Juárez y demás, los trabajadores de LFC han recabado casi 12 mil quejas contra el servicio y cobro de electricidad.

Es decir, hay otras 9 mil denuncias en preparación legal que serán llevadas a la Profeco, ya que una vez que son levantadas y elaboradas por miembros del SME, son entregadas a los abogados, quienes "no cobran por este servicio", según señalaron trabajadores que operan estas mesas.

Algunos usuarios, como José Luis García Árevalo, entrevistado sobre la queja que estaba interponiendo por un recibo que le llegó por el doble de lo que usualmente paga, dijo que él ya fue por su cuenta ante la Profeco, pero "sólo tomaron nota y no me dieron respuesta, mientras en el 071 son muy amables, pero no resuelven nada".

En cuanto a los amparos directos contra el pago a la CFE, "tienen una razón legal inobjetable: los 6 millones de contratos firmados por usuarios de la zona centro del país se hicieron con LFC, no con la CFE, por lo que no hay ninguna obligación legal para pagarle a la paraestatal, la cual además no está emitiendo recibos reales, sino estimados", explican los miembros del SME a quienes se acercan a pedir informes o firmar para adherirse a este proceso.
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Ex líderes del PRD censuran alianzas

Francisco Reséndiz
El Universal
Jueves 18 de febrero de 2010
francisco.resendiz@eluniversal.com.mx

Las alianzas que pactó la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el Partido de Acción Nacional (PAN) han sido censuradas por ex dirigentes nacionales de ese organismo político.

Además de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, el sudcaliforniano Leonel Cota y el guanajuatense Porfirio Muñoz Ledo reprobaron los pactos electorales concretados por Jesús Ortega con Acción Nacional; la zacatecana Amalia García descartó una unión de estos partidos en 2012.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Porfirio Muñoz Ledo calificó como “una farsa” que el PRD se alíe electoralmente con el PAN. Argumentó que con el aval de la elección presidencial de 1988 se estableció una alianza entre el PRI y el PAN para “cogobernar” al país sobre líneas políticas y económicas.

“Hay dos tendencias en la izquierda, la de quienes creemos que las elecciones que hemos ganado a nivel nacional, en 1988 y 2006, no se necesitaba que tuviéramos gobernadores ni alcaldes, fueron grandes levantamientos populares… cuántos gobernadores tengamos me parece secundario”, apuntó.

El legislador federal agregó: “Si el PAN acepta a nivel nacional las alianzas tendría que aceptar una distensión política en el país, no puede ser que la izquierda vote por candidatos del PAN cuando tienen a los del SME a punto de desaparecerlos”.

Entrevistado por separado, Leonel Cota advirtió que la dirigencia de Ortega “está contra la pared, le urgen buenos resultados”. Dijo que si el actual líder nacional del PRD, mantiene la política de alianzas y sigue representando los intereses de su corriente Nueva Izquierda “el PRD no tendrá buenos resultados en el 2010 y en el 2011”.

El ex gobernador de Baja California Sur, antecesor inmediato de Jesús Ortega Martínez reveló: “Jesús Ortega me pidió la renuncia el 2 de julio, tuvimos el 35% de la votación nacional pero cuando él tiene el 12% de 15 millones a 4 millones de votos se aferra a la dirigencia nacional, esto es parte de la incongruencia que el PRD vive”.

Insistió en que cualquier pacto electoral con Acción Nacional solo será “una alianza de membrete” y que en los lugares donde han participados unidos prácticamente ha desaparecido el partido del sol azteca.

La gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, advirtió que sería “irracional e ilógico” que en la elección presidencial del 2012 los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) formen una alianza electoral para derrotar al Partido revolucionario Institucional (PRI).

La semana pasada, ante la comunidad del Colegio de México, la ex presidenta nacional del PRD afirmó que las alianzas que construyen ambos partidos, junto con el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, en algunos lugares del país tienen como objetivo lograr la alternancia.

“Porque nunca ha gobernado un país diferente al PRI, eso es lo que yo puedo entender, que lo que se intenta es lograr la alternancia y después desatar ya otra condición. No creo que pueda esto reflejarse en otros ámbitos ni ser duradero.

“Lo que percibo en la decisión que han tomado las direcciones de estos cuatro partidos es que es un asunto específico para un momento, para que haya por fin un gobernante de un partido diferente al PRI en algunos lugares, no le veo otro objetivo, no le veo más”, argumentó.

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La represión, un riesgo latente

La posibilidad de que ocurra una tragedia en Cananea Sonora es muy alta. El pasado 11 de febrero le fue negado el amparo de la justicia a los trabajadores mineros en huelga desde hace más de 2 años. Las razones de su lucha son las riesgosas condiciones de trabajo en que desempeñan sus tareas.

Los trabajadores mineros de Taxco, Guerrero y de Sombrerete, Zacatecas, junto con los de Cananea, suspendieron labores desde el mismo día. Lo que motivó la decisión de luchar fue la tragedia de Pasta de Conchos, en donde más de 60 trabajadores encontraron una terrible muerte como consecuencia de la negligencia y mezquindad de los dueños de la mina que regatean invertir en seguridad, tal como lo disponen nuestras leyes, con la complicidad de las autoridades.

Desde entonces no han cesado las maniobras gubernamentales en contra de los trabajadores en huelga, la prensa que está al servicio de las versiones oficiales nunca informa de las causas de la inconformidad, pero sí condena cada una de las acciones de resistencia de estos admirables trabajadores.

Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, ha sido un permanente provocador. Su papel de verdugo lo ha convertido en el obstáculo principal para acceder a una solución mediante el diálogo, su notorio cabildeo en el seno del poder judicial es lo que explica este fallo que ratifica la suspensión de las relaciones laborales contra todo derecho, tal como lo han expresado los más prestigiados expertos en derecho laboral.

Ya no hay instancia a la cual recurrir y, conforme al formalismo jurídico, el patrón tiene a su alcance obtener el desalojo de los mineros mediante el uso de la fuerza pública.

Conociendo la orientación radicalmente anti sindical del régimen calderonista, como se demostró en la feroz ofensiva en contra de los trabajadores del SME, convocamos a todos los participantes en nuestro movimiento a permanecer pendientes y solidarios con los mineros de Cananea, ante la eventualidad de un desalojo violento.

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Protestan choferes; piden hablar con Peña Nieto

Eduardo Alonso
El Universal
TOLUCA Jueves 18 de febrero de 2010
15:34

Tras asegurar que funcionarios de la Secretaria del Transporte estatal han ignorado sus planteamientos, líderes de 21 rutas aglutinadas a la organización del transporte público de pasajeros Rutas Unidas del Oriente del Estado de México, exigen frente a las oficinas del gobernador Enrique Peña Nieto, ser atendidos.

A través de Salvador Trejo Paredes, vocero de la organización, los transportistas esgrimieron que los funcionarios que representan a la Secretaría de Transporte del gobierno estatal en la región de Nezahualcóyotl, Chimalhucan, Los Reyes La Paz, entre otros, no han querido resolver su molestia.

La problemática consiste en el nulo reconocimiento de sus actividades, como asociación, en materia de transporte; facilitar los mecanismos para la realización de pago de tenencia; así como liberar trámites (iniciados en 2003) para regularizar multas y verificaciones; junto con la prórroga de concesiones y reordenamiento de unidades y derroteros, entre otros.

Los dirigentes denunciaron que sus arribó a la ciudad de Toluca, fue interrumpido, ya que la unidad en la que se trasladaban, fue interceptada por policías de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), que les impidieron el paso a la altura del municipio de San Mateo Atenco.

De forma simultánea, dos centenares de vecinos de la Alianza Única del Valle A. C.; provenientes del municipio Nicolás Romero, Atizapan y Naucalpan, realizan bloqueos intermitentes en la calle de Lerdo, para demandar la intermediación del titular del Poder Ejecutivo, Peña Nieto, en sus peticiones sociales que van desde escrituración, hasta programas de "vivienda digna".

Manifestantes apostados en la Plaza de los Mártires se sumaron al campamento permanente que mantiene desde hace tres semanas, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de la extinta Compañía de Luz y Fuerza.

elc

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