domingo, 21 de febrero de 2010

No simple renuncia, cárcel a Fox y Calderón por robo a la nación. ¿Será más culpable el pueblo por dejarse?

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Lea usted: “La Auditoria Superior de la Federación concluyó que en el sexenio de Vicente Fox y en los dos primeros años de la presidencia de Felipe Calderón los gobiernos del PAN obtuvieron ingresos extraordinarios por un billón 281 mil 902.7 millones de pesos –la mitad por excedentes petroleros–, que fueron dilapidados casi en su totalidad en el gasto corriente de la burocracia panista, y de los estados y municipios. Específicamente en el periodo 2003 y 2008, 71.8 por ciento de esos excedentes se dedicó a ampliaciones presupuestales a dependencias federales y de los estados, que se destinaron principalmente al gasto corriente, informó ayer a la Cámara de Diputados el por revisión a la Cuenta Pública 2008. Otro 15.4 por ciento se transfirió al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y 12.8 por ciento al Fondo Pemex”.

2. La auditoría encontró que casi 3 mil funcionarios ganan más que el Presidente, que 2 mil 912 funcionarios públicos de mandos medios y superiores del gobierno de Calderón y entes autónomos, como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, recibieron un salario superior al del Ejecutivo. El pago de esos salarios costó al erario 4 mil 101 millones 501 mil pesos, 0.9 por ciento del total erogado en el capítulo 1000, denominado servicios personales. Hasta aquí basta. ¿Qué debe hacerse? ¿Basta con que renuncien y se vayan a su casita a planear más negocios y de vacaciones a disfrutar los millones de pesos o dólares desaparecidos y defraudados? La realidad es que todos esos expresidentes del PRI y del PAN, junto a Calderón, hace mucho que deberían estar en la cárcel después de quitarles sus millones.

3. Después de dilapidar esos millones de millones, con los que se pudieron crear cientos de miles de empleos, alejándonos un poco de la crisis económica mundial, el gobierno inventó “un gran boquete en la economía” que el pueblo por obligación tendría que pagar. Se decretaron los fuertes aumentos en artículos, aumentaron los impuestos, se incrementó el IVA, se recortaron presupuestos en salud, educación, campo, relaciones exteriores, hasta en el INEGI que proporciona datos sobre la situación del país. Ahora se dice que el “boquete” no era tan grande y que además el gobierno tenía su “guardadito”. Yo no diría que todos los legisladores son imbéciles al engañarlos con “boquete” y “guardadito”, más bien diría que –como clase política- son cómplices de todos los robos, fraudes y engaños que los gobiernos cometen contra el pueblo.

4. Pero al 70 por ciento del pueblo mexicano -que ni siquiera desea enterarse de estas cosas porque según su religión “es más feliz ignorándolas”- le importa un bledo lo que pase en política, economía, educación. Sólo sabe que el día de hoy, quizá también mañana, debe comer junto a sus hijos, y tiene que abastecerse de alguna manera. Sabe el pueblo que los políticos roban, pero no se imagina cuánto ni si esos fraudes tienen que ver con su vida. De hecho en México todo eso de las alianzas de partidos, narcotráfico, asesinatos y gigantescos desfalcos al presupuesto público por parte de funcionarios de gobierno y empresarios, sólo se publica en algunos periódicos y revistas que sólo leen los políticos, empresarios y estudiosos, una minoría que no alcanza el 5 por ciento de la población. ¿Es el pueblo culpable de su opresión por no leer ni enterarse?

5. Pobre pueblo tan enajenado, oprimido y jodido; pero también pobre de nosotros que nos sentimos conscientes, que muchas veces nos ilusionamos luchando a diario contra el poder y pensando en que un día ese pueblo se levantará –y nosotros junta a él- para destruir este maldito mundo que está de cabeza para ponerlo de pie. La realidad es que su carga es muy pesada y le es muy difícil darse cuenta de su realidad. Quizá, como aconseja la religión, sea menos difícil soportar esa carga que tratar de liberarse con ella. ¿Se imaginan cuántas horas de TV y radio enajenantes, tontos, idiotas, tienen que ver durante horas, todos los días, para “matar el tiempo”? La palabra, dice el investigador Sartori, está destronada por la imagen. “No nos damos cuenta que el acto de telever está cambiando la naturaleza del hombre”. Algunos nos defendemos, ¿pero el pueblo?

6. ¿Quién va a enterarse de los robos y fraudes de Fox y Calderón fuera del 0.5 por ciento que lee La Jornada y dos o tres periódicos más? ¿Puede pensarse acaso que la televisión explicará el caso en alguna ocasión? ¿Qué órganos de justicia dependiente del Estado y del gobierno: Procuraduría, Suprema Corte, hará caso a la nota de la Auditoría de la Federación y luego se ponga a investigar en serio los millones de millones de pesos que se dilapidaron? De que México está jodido por los arreglos y acuerdos entre la clase política, no hay duda. Así como se arregló entre el PRI y el PAN la gubernatura del estado de Oaxaca a cambio del voto del PRI al IVA, ahora se puede arreglar el despilfarro y fraude millonario por la presidencia. Algo así como te paso a mi hermana o a mi joven madre por la tuya. Ni Fox ni Calderón serán sancionados ni nada.

7. Imagínense nada más: el gordito Cartens que como secretario de Hacienda, según denuncia internacional, administró mal la crisis y desplomó la economía mexicana, en vez de mandarlo a la cárcel la clase política lo premió como director del Banco de México. Salinas y Zedillo que como presidentes defraudaron el presupuesto público, entregaron a la economía mexicana al capital privado e internacional, en lugar de pagar su mal gobierno en presidio, se pasean en el mundo haciendo negocios. Fox y Calderón, los presidente de empresarios y para los empresarios, dilapidan millones de millones y nunca han soñado con estar tras la rejas. Pero pueden hacer lo que les dé la gana porque hasta hoy “el pueblo no pinta ni da color”. Ni modo, no nos queda más que seguir saliendo a la calle a ver si un día la gente despierda y comienza a rebelarse y joder a sus malditos opresores.

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Comprará Venezuela termoeléctricas a General Electric ante la crisis energética

Agencias

Periódico La Jornada
Domingo 21 de febrero de 2010, p. 22

Caracas, 20 de febrero. Venezuela comprará a la empresa estadunidense General Electric plantas termoeléctricas de 880 megavatios (MV) y estudia otras ofertas de suministro eléctrico, incluida la de Colombia, para aliviar la grave crisis en el sector, informó el presidente venezolano Hugo Chávez.

En un consejo de ministros transmitido por la televisión estatal VTV, el mandatario explicó que estaban trayendo máquinas de dicha compañía estadunidense, que para mediados del próximo junio suministrarán 440 MV. “Ahora, General Electric ha hecho una nueva oferta de duplicar esta capacidad y nosotros hemos dicho ‘yes, sir’. Ya di luz verde a mi equipo eléctrico, de alto voltaje, para que proceda”, añadió el mandatario, pero no especificó el destino de las nuevas instalaciones eléctricas.

A principios de enero el ministro de Minería, Rodolfo Sanz, anunció una primera compra de 440 MV, que serán distribuidos a las estatales Sidor (acero) y Venalum (aluminio), con una inversión de 227 mil dólares. El gobierno busca independizar el alto consumo de esas empresas del sistema interconectado de transmisión eléctrica, que depende de la generación hidroeléctrica.

Estas industrias, de acero, hierro y aluminio, ya debieron apagar parte de sus líneas de producción para reducir su consumo en una media de 560 MV por día. Asimismo, Chávez ratificó que su administración estudia la oferta que el gobierno de Colombia envió hace una semana a Venezuela para reanudar el suministro eléctrico, suspendido en diciembre.

"Si la empresa colombiana que genera energía eléctrica tiene un excedente y nos ofrece vendernos (...) y a nosotros nos interesa, lo compramos. No tenemos ningún problema", explicó Chávez. Venezuela estudia también la compra de otras plantas a General Electric y a la alemana Siemens para aportar al sistema eléctrico 832 MV adicionales en el oeste del país.

A estas ofertas se suma otra propuesta de la empresa china Sinohydro para incorporar en los próximos nueve meses 925 MV, de un total de 2 mil 700 MV ofertados. Venezuela enfrenta una grave crisis energética debido a un sistema de generación colapsado y la fuerte sequía que hizo descender a niveles críticos el agua en el embalse Guri (sur), que aporta 70 por ciento de la energía que consumen los venezolanos.

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Detecta la ASF uso "discrecional" de $77 mil 561 millones por Hacienda

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Domingo 21 de febrero de 2010, p. 21

La SHCP ignoró la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que le mandataba, en el año 2008, crear el Fondo de Apoyo para la Restructura de Pensiones (FARP) como fideicomiso público, pero sí constituyó un mandato (figura de fideicomiso privado) al que destinó 77 mil 561 millones de pesos. Tal cifra tuvo que haberse utilizado para aliviar la problemática de las jubilaciones en el país.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008 que el Ejecutivo federal incurrió en "excesiva discrecionalidad por conducto de la Secretaría de Hacienda" al destinar la multimillonaria cantidad de dinero a un mandato cuyo destino se ignora.

El ente fiscalizador recomienda a la Cámara de Diputados que a través de sus comisiones “de Hacienda y Crédito Público, así como de la de Presupuesto y Cuenta Pública, revise y en su caso, delimite la excesiva discrecionalidad con que ha actuado el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio de su facultad de fideicomitente único de la administración pública centralizada, a efecto de evitar que en lo subsecuente mediante reglamentaciones secundarias en materia presupuestaria, se estén autorizando aportaciones de recursos públicos a través de figuras como los mandatos, comisiones mercantiles o "actos jurídicos análogos a mandato" no previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”

Una vez descubierto el acto de discrecionalidad en el seno del gobierno federal, la ASF solicitó que el órgano interno de control en la SHCP realice las investigaciones pertinentes, y en su caso inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no constituyeron el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones como un fideicomiso público y depositaron recursos federales por 77 mil 561 millones de pesos.

Tales recursos “serían aportados en el patrimonio de ese fondo, en una cuenta en la Tesorería de la Federación, acto que denominaron mandato análogo sin estar facultados para ello, utilizando la partida 7802 Aportaciones a Mandatos Públicos, en incumplimiento la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.”

A fin de comprobar que los recursos que el gobierno federal destinó al Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) se ajustaron a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el órgano fiscalizador solicitó a la SHCP los elementos de los que se echó mano en 2008. La Dirección General de Recursos Financieros de la secretaría informó que se destinaron inicialmente al FARP, 77 mil 450 millones.

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Firmarán Lula y Calderón pacto comercial

Claudia Herrera, Blanche Petrich y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada
Domingo 21 de febrero de 2010, p. 18

Los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, se reunirán después de la cumbre de Cancún, Quintana Roo, para dar a conocer la inversión de la empresa brasileña Braskem en el sector petroquímico mexicano e impulsar el inicio de las negociaciones para suscribir un acuerdo de comercio bilateral.

El punto más polémico del encuentro es el tratado de libre comercio, debido a la oposición de las cúpulas empresariales del país, ya que temen que provoque competencia desigual en algunos sectores. Como ambos presidentes tienen "interés especial" en consolidar ese pacto, sus representantes todavía realizaban ayer cabildeos para que el anuncio se efectuara el martes próximo, se informó a este diario en Los Pinos.

Las fuentes confirmaron que los mandatarios sostendrán un encuentro el domingo en Cancún, luego de que concluya la llamada Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, con una agenda que incluye temas económicos y de "concertación política".

Pemex adjudicó a Braskem –la compañía petroquímica más grande de América Latina– el proyecto Etileno XXI. Invertirá 2 mil 500 millones de dólares con la empresa Idea en la construcción de un cracker (complejo petroquímico).

Ambas producirán un millón de toneladas de etileno al año, compuesto químico indispensable para la elaboración de polietilenos de alta y baja densidad, que se utilizan principalmente en las industrias del plástico y farmacéutica.

El complejo petroquímico será edificado en Coatzacoalcos, Veracruz. Se tiene programado que comience operaciones hacia 2015, indicó Pemex.

Para ello, las divisiones Pemex-Gas y Petroquímica-Básica se comprometen a suministrarles 66 mil barriles diarios de etano a precio fijo por un periodo no menor a 10 años.

En Los Pinos se informó que los presidentes mexicano y brasileño impulsan la firma del tratado comercial debido a que "se nos acaba el tiempo con Lula", porque el mandatario amazónico concluirá su periodo de gobierno el próximo 31 de diciembre.

Durante la visita de Calderón a Brasilia –en agosto pasado–, los gobernantes hicieron el compromiso de promover el convenio comercial. Sin embargo, ese proyecto ha generado la inconformidad del sector privado mexicano. A principios del año, el pleno del Consejo Coordinador Empresarial pidió tiempo al michoacano y que sopesara la situación de diversos sectores.
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Policías mexicanos allanan consulado de El Salvador en Chiapas

Afp

Periódico La Jornada
Domingo 21 de febrero de 2010, p. 8

El gobierno de El Salvador denunció este sábado que policías federales mexicanos allanaron su consulado en la ciudad de Arriaga, en Chiapas, "violando" la inmunidad garantizada en la Convención de Viena, precisó un comunicado oficial.

"Dos policías federales mexicanos ingresaron ayer (viernes) a la agencia consular en la ciudad de Arriaga (...) tomaron fotografías de las instalaciones y del personal que ahí labora", dijo la cancillería. "Los oficiales federales no contaban con una orden judicial, informó el cónsul en Tapachula, Nelson Cuéllar", agregó.

Uno de los policías, según el informe oficial, se identificó como el suboficial García y aseguró que se encontraban "realizando una investigación por órdenes superiores". El otro agente se negó a identificarse.

"Esta acción (irrupción en la delegación salvadorena) es una clara violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que establece en su artículo 31 que los locales de las misiones consulares son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión", recordó la cancillería.
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Bolivia: tres revoluciones

Guillermo Almeyra
Bolivia está llevando a cabo tres revoluciones simultáneas: una, democrática, descolonizadora, modernizadora; otra, cultural, eliminadora del atraso y la barbarie impuestos por el pasado de explotación y sumisión, y la tercera, social, de contenido anticapitalista objetivo. Evo Morales y su gobierno conducen las dos primeras con gran vigor y decisión, pero las formas y el contenido de la tercera están todavía indefinidos.

Dos casos recientes ilustran las dificultades que derivan del pasado. El primero es del intelectual aymara y ex ministro Félix Patzi, hasta hace poco candidato nada menos que a gobernador de La Paz y que acaba de pasar a la oposición y de intentar formar su propio partido campesino sobre bases racistas (habla de que los ministros blancos lo persiguen). El otro es el de la negativa del Estado Mayor de las fuerzas armadas a proporcionar a la justicia los documentos sobre la dictadura y las desapariciones y torturas. Analicémoslos un poco.

El gobierno, por la vía legal, había declarado que conducir en estado de ebriedad constituía un delito punible con cárcel, como en cualquier país civilizado. El sindicato de choferes de autobuses declaró un paro de 48 horas para revocar esa medida, defendiendo obviamente el "derecho" a conducir borracho y, además, Patzi fue pillado conduciendo alcoholizado y Evo Morales, de inmediato, así como el MAS, su partido, lo eliminaron automáticamente como candidato a gobernador de la principal ciudad boliviana, a pesar de su popularidad y su apoyo organizado.

Patzi, para colmo, primero mintió al tratar de explicar su borrachera pues dijo que venía de un inexistente velorio de una prima. O sea, opuso los usos y costumbres (en los velorios todos beben) a la ley estatal y, después, para colmo, se fue a su zona natal para que su comunidad le aplicase un castigo (hacer mil ladrillos de adobe en tres días). La imposibilidad material de cumplirlo en ese corto lapso (reducido además por entrevistas y reuniones) constituía por sí misma otra mentira evidente y, una vez más, un intento de oponer los usos y costumbres a la ley estatal (aunque, desde el punto de vista de aquéllos, correspondía que el castigo fuese establecido por la comunidad donde había cometido el delito, y no por su comunidad originaria).

La ley de la República fue violada en nombre de la incorporación de los usos y costumbres a la Constitución pero pisoteando al mismo tiempo el precepto indígena oficial de "no mentir", aprovechando que en Bolivia, como en muchos otros países, emborracharse es algo muy común y cosa de hombres, tanto que un sinónimo de beber es "macharse". Las decisiones legales tendientes a fortalecer el Estado, por otra parte, chocaron además en este caso con el indigenismo racista de Patzi (y de sus seguidores atrasados que creen que los explotadores son sólo los k’aras, los blancos, cuando hay capitalistas aymaras) y con el nepotismo y el clientelismo del ex ministro durante su periodo de administrador público, así como con el corporativismo de la Federación Campesina de la Paz, que lo siguió acríticamente, y sobre el cual Patzi intenta construir su partido opositor.

En el caso del mando militar y de su oposición a la justicia actúan diversos factores ( como, por ejemplo, la influencia en los altos mandos de las fuerzas conservadoras y contrarrevolucionarias nacionales y extranjeras) pero predomina nuevamente el corporativismo. Los militares de hoy cubren a los dictadores y asesinos del pasado, porque "perro no come perro" y porque esperan que en el futuro se les brinde a ellos la misma solidaridad de casta. Ahora bien, en un Estado moderno –y Morales quiere modernizar Bolivia– los militares están sometidos a las leyes y a los poderes estatales y no son un cuerpo que pueda funcionar en autogestión. Nuevamente, los intentos de sacar a Bolivia del atraso (la borrachera, el clientelismo, la corrupción, la arbitrariedad de los cuerpos separados) para imponer una Constitución, un estado de derecho y construir, por primera vez en su historia, un verdadero Estado capitalista, chocan con el espesor político-cultural del colonialismo y el precapitalismo. Y eso no se elimina en un par de años sino que requiere una larga revolución cultural. No basta, pues, con ganar el gobierno y con obtener un apoyo popular de 80 por ciento contra la reacción, si no se tiene realmente el poder y si ese apoyo masivo es mucho menor en casi todos los aspectos de la vida política y cotidiana, que, para bien y para mal, están muy marcadas por el pasado.

Aquí entra el problema de la tercera revolución, la anticapitalista, que figura en las aspiraciones de Evo Morales y Alvaro García Lineras pero no permea ni las medidas de su gobierno ni el accionar de su partido, el MAS. En primer lugar, éste es un pool de intereses corporativos, una alianza de organizaciones sindicales y sociales con sus burocracias respectivas, y no está en condiciones de orientar al gobierno. En segundo lugar, según las tradiciones nacionalista-desarrollista de la revolución de abril de 1952, el gobierno confía en el aparato estatal para industrializar el país y no en las capacidades de autogestión y construcción de una economía alternativa por parte de los obreros y campesinos. Depende, pues, como antaño, de una economía extractiva, exportadora y de la producción por el Estado de lo mismo que producían los capitalistas privados. Construye así el capitalismo de Estado e intenta crear un aparato burocrático para dirigirlo y utiliza el apoyo masivo como si fuera su infantería de choque, pero sin que los trabajadores discutan y decidan qué hacer en el territorio y qué con los recursos. Pero esto tampoco se consigue rápidamente y, además depende de los avances de la revolución cultural y de la situación económica internacional.

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La llamaban política económica

Rolando Cordera Campos
En el caos actual, provocado por una crisis multiforme que recoge la vida y los milagros de una globalización impuesta a rajatabla y sin gobierno global, lo que predomina es la voz de los adivinos y los magos, que opaca cualquier esfuerzo de racionalidad que pretenda ver más allá de las narices que nos heredó el pensamiento neoliberal que quiso volverse pensamiento único. Nada de esto ocurrió, pero la posibilidad de abrir el horizonte a senderos de renovación económica y social se ve, si no remota, sí muy difícil, sin pavimento seguro sobre el cual transitar.

Los avatares hispánicos no tienen parangón ni, por lo visto, contaban con alguna previsión de aliento estratégico. De aquí la redición majadera de la arrogancia castellana que en voz de Mariano Rajoy se traduce en una convocatoria a los parlamentarios del PSOE para que decapiten a su líder. De aquí, también, la enorme dificultad que el gobierno español ha encontrado para recuperar la vieja y buena tradición socialdemócrata de un diálogo social que trascienda la puja contractual y se dirija a la transformación estructural sometida a las restricciones clásicas de equidad y justicia social con democracia.

Las comisiones plurales convocadas por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero podrían ampliar el panorama, pero la recuperación tardará en plasmarse en un nuevo brío del "compacto" socialista español que tantas ilusiones y esperanzas despertó en este y el otro lado del Atlántico. Con todo, los españoles hablan sin ambages de política industrial y nuevo modelo y tal vez hasta se atrevan a replantearse el viejo dilema del vicepresidente Alfonso Guerra entre la ley de "hierro" de los salarios y la ley de "bronce" de las ganancias.

Con la excepción de la excepcionalidad gala y teutona, todo el espacio de la Unión Europea parece oscilar entre la tragedia griega y la saga celta, mientras la pérfida Albión se apresta a una alternancia sustentada en el manejo mediático de la exageración a ultranza de los males y despropósitos en que habría incurrido Gordon Brown luego de la poca graciosa partida de Blair. Ahí, las petulancias del "nuevo" laborismo enfrentan el juicio severo de las desigualdades auspiciadas por su política de pleno desapego a los ideales y tradiciones laboristas, que le dejaron al pueblo británico un legado de protección social solidaria que por décadas fue la envidia de muchos. La protección de la cuna a la tumba que soñó Beveridge sigue viva en el imaginario de viejos y no tan viejos, y su juventud desamparada la recuperará tarde o temprano.

Liberados de las camisas de fuerza del globalismo, los estados desarrollados buscan convertir su intervencionismo de emergencia en nuevas pautas de conducción económica y reconstrucción de unas economías mixtas avasalladas por la ideología liberalista y dejadas al garete por la hecatombe financiera. Habrá que ver hasta dónde llega el ánimo revisionista y reformista, y hasta dónde el de las oligarquías financieras, aferradas a no ceder un ápice de su poder prebendario y depredador de las propias raíces de su éxito.

Por estos lares reina el silencio y la opacidad va de la Secretaría de Hacienda a Gobernación, pasando por el Banco de México. La celebración del inicio de la recuperación va a toparse con la jibarización del mercado interno tras lustros de mal empleo y peores salarios, mientras el fisco liliputiense que el secretario de Hacienda minusvalúa a favor de la "reforma" política de su jefe exacerba la desprotección de la sociedad y ahonda el páramo de la infraestructura. Todo, parece pensar el gobierno, con tal de no incurrir en el riesgo mayor de siquiera intentar hacer política económica.

La "neutralidad" de la política económica, que en medio de una crisis no puede significar sino la renuncia a intervenir y tratar de manipular las variables maestras de la economía, como la inversión, el empleo o los equilibrios financieros, se ha vuelto rueda de molino y amenaza con llevarnos no de vuelta al "estancamiento estabilizador" sino a un encogimiento mayúsculo de tejidos y cartílagos que impide tan sólo volver a la posición original.

La nefasta combinación reseñada hace años por Joseph Stiglitz, de democracia otorgada con la izquierda y una política económica sometida al dogma neoliberal, sustraída con la derecha de la deliberación democrática y canonizada en los criterios de déficit cero y política monetaria "autónoma" decidida por sí y ante sí por el Banco de México, hace agua y amenaza con ahogarnos a todos, incluyendo a los aprendices de brujo que no reciban a tiempo la beca en el FMI y similares. No es lo mismo estar fuera de tiempo que tener el reloj parado y, para peor, navegar sin brújula.


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¿La Fiesta en Paz?

Un título vergonzoso
Leonardo Páez


Apunto de conmemorar –celebrar o festejar sería una ofensa a la inteligencia– 200 años de un México independizado de España, por lo menos en lo político, su dependencia económica, comercial, tecnológica y cultural con relación a éste y otros países continúa en aumento.

En materia taurina no podía ser la excepción y salvo tres o cuatro fructíferas décadas del pasado siglo en que los mexicanos lograron consolidar una tauromaquia propia, tanto en la bravura con calidad del ganado de lidia como en las originales expresiones de muchos de sus toreros, la constante ha sido una mayor dependencia de figuras españolas, así como un coloniaje interno chilango ante la falta de imaginación de los taurinos de los estados, lo que centraliza y reduce decisiones y criterios en materia de espectáculo.

Esa creciente dependencia tiene varias vertientes: falta de autoestima y de profesionalismo en todos los sectores taurinos, como en el resto de las actividades del país; ausencia de unidad, de políticas y de objetivos comunes en dichos sectores; nula competencia entre la empresa de la Plaza México y las ocho plazas más importantes de Espectáculos Taurinos de México, SA. (ETMSA), que no sólo contratan los mismos tres o cuatro apellidos importados, sino que se rehúsan a fomentar rivalidades de nuestros toreros en el ruedo, y finalmente la desventajosa paridad del peso frente al euro luego de años de vacas gordas en que un peso equivalía a cinco pesetas y las figuras importadas desquitaban, con torería y celo, lo que aquí cobraban.

Hoy se sigue presumiendo de una fiesta de toros manirrota, con una bravura considerablemente menguada y una baraja de toreros arrugada y obstruida por las propias empresas, sin voluntad para darle juego a diestros capaces de desbancar a figuras esforzadas, pero sin capacidad de convocatoria y, lo más lamentable, lo que nos ha hecho acreedores a un vergonzoso título: el país taurino más tonto del mundo.

¿Por qué ese título? Porque en Europa y en Sudamérica las figuras importadas enfrentan toros con edad y trapío, pero en México, tan original y pintoresco, exigen el toro anovillado y bobo con el cual realizar faenas bonitas de eventuales orejas y rabos y las empresas ¡se pliegan a tamaña tontería!, como si les pagaran con tortibonos.

El resultado no ha podido ser más desastroso: encierros chicos y de reiterada mansedumbre para coletas famosos, pero sin grandeza, que luego de torear 50 corridas o más en su país aquí le espantan las moscas a reses descastadas a cambio de inconfesables cantidades de dinero, mientras los diestros locales padecen el criterio de las empresas que, sin sonrojarse por tamaño ridículo, destinan encierros con edad y trapío a toreros de escaso rodaje. Los enemigos de la tauromaquia no lo harían peor.

El público, desinformado y sin capacidad de protesta, lo más que hace es rechazar una lagartija impresentable, abandonar frustrado los cosos y optar por espectáculos en los que el abuso sea menos descarado… hasta que anuncien nuevamente toreros comodinos famosos. La autoridad no existe y la crítica especializada hace tiempo decidió bajar la guardia ante la cínica terquedad de los que dicen arriesgar su dinero a cambio de ¿nada?
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Las Afore, contra el patrimonio de los trabajadores

Editorial
Periódico La Jornada
21 de Febrero de 2010

Informes recientes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ponen en evidencia la injusticia y el rotundo fracaso que se han desprendido de la aplicación del modelo vigente de pensiones y jubilaciones, basado en cuentas de retiro individualizadas bajo la administración de empresas financieras privadas: las administradoras de fondos para el retiro (Afore). De acuerdo con cifras de ese organismo regulador, en enero del presente año se registró en el país una "minusvalía" –eufemismo para referirse a pérdidas– de 4 mil 400 millones de pesos en los fondos de pensión, atribuida a la inestabilidad en los mercados accionarios internacionales.

A mayor abundamiento, debe señalarse que esta pérdida se produce a pesar de que en el primer mes de este año se registró, de acuerdo con datos de la propia Consar, la mayor captación de recursos en los fondos de pensión desde abril de 2008, unos 13 mil millones de pesos. Es decir, a pesar de que los trabajadores en conjunto aportaron más dinero a sus cuentas de retiro, el monto global de las mismas acusó una baja como resultado de los vaivenes especulativos a que esos recursos son sometidos por las administradoras.

Con semejante evidencia de la falta de responsabilidad, sensibilidad y visión por parte de las empresas financieras encargadas de administrar esos fondos –para lo cual, además, los trabajadores deben pagar comisiones de las más altas en el mundo–, las autoridades tendrían que emprender procesos de revisión y ajuste del actual sistema de pensiones y jubilaciones. Dicho modelo, cabe recordarlo, fue adoptado en el país en tiempos de Ernesto Zedillo, en medio de la euforia tecnocrática por el desmantelamiento de las funciones estatales y por el traslado de éstas al sector privado. Más tarde, en marzo de 2007, el gobierno calderonista negoció la aplicación de un régimen similar para el manejo de cuentas de retiro de los trabajadores del Estado –la llamada reforma a la Ley del ISSSTE–, el cual fue avalado con el apoyo de la expresión legislativa de la alianza política gobernante: los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza.

Lo cierto es que, a más de una década de la implantación de tal sistema en el país, y a juzgar por los datos anteriormente referidos, no parece haberse cumplido con el objetivo entonces expuesto por el gobierno zedillista ("proporcionar a la ciudadanía un sistema de pensiones eficiente y financieramente sustentable, que garantice de manera transparente y justa el otorgamiento de una pensión para los trabajadores al momento de su retiro"), pero sí se ha creado, con la conversión de los dineros de los trabajadores en instrumentos de especulación en el mercado bursátil, una oportunidad de negocio inmejorable para las administradoras de estos fondos: a fin de cuentas, esas firmas no invierten ni arriesgan recursos propios –todo eso corre a cargo de los trabajadores–, y sí registran ganancias en su favor con tales operaciones.

El actual sistema de pensiones constituye, pues, un fiel reflejo de las implicaciones del programa económico neoliberal, que preconiza el recorte indiscriminado de las potestades del sector público y la generación de prebendas para el sector privado, particularmente el financiero. Ante la ofensiva que esto representa para los asalariados y sus familias, se hace cada vez más manifiesta la necesidad de corregir las desviaciones existentes en el modelo de pensiones vigente y encontrar una fórmula que garantice a la población el acceso a una jubilación digna, sin que ello implique poner en riesgo su patrimonio.

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Más represión contra sindicatos y sus miembros

Antonio Gershenson
El que esto se vaya generalizando muestra que es una política oficial. La represión contra trabajadores de todo tipo, profesionistas, técnicos, obreros, campesinos, etcétera, está en el orden del día.

A la expulsión, incluso con las armas, de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas; a los intentos sucesivos de romper huelgas mineras, en especial ahora la de Cananea, y otras acciones similares, se suma una nueva oleada de despidos, jubilaciones forzadas y expulsiones por la fuerza de sus lugares de trabajo, en Pemex, de miembros de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP). Todo esto, en medio de presiones para que firmen la renuncia a esta unión y soliciten por escrito la cancelación de su registro.

Ello, a pesar de que esta organización ya cuenta con el registro legal, y la toma de nota del Comité Ejecutivo Nacional de la misma. Con esto se viola el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: "Queda prohibido a los patrones: (...) IV. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura".

En este y los otros casos, el gobierno federal ha violado no sólo la Ley Federal del Trabajo, sino la Constitución y tratados internacionales que México ha firmado.

Eso no quiebra la lucha de los petroleros por: la reinstalación de los despedidos, el establecimiento de relaciones laborales entre Pemex y la unión, y el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

No es raro que en otros sindicatos, como el de telefonistas, se haya dicho que ellos también participan en movilizaciones y otros actos, no sólo por solidaridad, sino porque pueden ser los que siguen. De hecho, donde no ocurren este tipo de atropellos es en sindicatos controlados por el gobierno a través del llamado charrismo. Ahí, los trabajadores generalmente sólo pueden mantener su empleo sometiéndose.

Y todavía hay funcionarios que se presentan a sí mismos como defensores de la democracia. Si en una elección no dudan en comprar votos, en usar fondos públicos para promoverse, etcétera, y llamarle a eso democracia, en la vida diaria, negando a los trabajadores sus más elementales derechos, muestran cómo la democracia cotidiana y sindical no existe para ellos.

En la mayoría de los casos hasta el momento, estas agresiones contra el sindicalismo democrático se han dado en entidades públicas. Y se dan como parte de una política encaminada a destruir, de golpe como con LFC o gradualmente como con Pemex y la CFE, a estas entidades, estratégicas y vitales para el país.

Uno de los casos más recientes de esa destrucción gradual de Pemex son las "disposiciones administrativas" publicadas el pasado 6 de enero en el Diario Oficial, de las que hablamos en este espacio el domingo pasado. Incluye el derecho de adjudicar, por tramos de territorio, zonas petroleras a grandes empresas privadas. El PRI, que hablaba de sumarse a la controversia constitucional, finalmente se plegó con el PAN a las posiciones del gobierno federal y, como sucedió con el aumento del IVA y otras medidas similares, aprobó lo que había criticado. Al no permitir la discusión del punto, en el último día del plazo para la controversia, acabó, nuevamente, sumándose al PAN, a pesar de que se habían quejado de que les habían mentido para que aprobaran el paquete presupuestal a finales del año pasado.

Como vemos, están muy relacionados los aspectos de represión a los trabajadores democráticos con los de la entrega del país y de sus áreas estratégicas. No es la primera vez en la historia en la que se golpea a núcleos sindicales democráticos para facilitar la entrega de entidades estratégicas del país. Y, claro, estos y otros trabajadores se oponen y se opondrán a esa entrega.

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México: Artesanos mayas yucatecos en la defensa de sus fuentes de trabajo y del patrimonio de los mexicanos

El nuevo museo y la construcción de la carretera, solamente se harían en beneficio de la mencionada familia Barbachano, quienes han convertido Chichen-Itza en una más de sus propiedades privadas.
Lorena Aguilar Aguilar | Para Kaos en la Red | 20-2-2010 a las 18:20


Después de cinco años de lucha constante, siguen en pie los reclamos de los cientos de artesanos-comerciantes que laboran en la zona arqueológica de Chichen-Itza y sus alrededores. A pesar de que han sido muchos los golpes recibidos por parte de las autoridades yucatecas, ellos, como pueblo maya están dispuestos a continuar peleando por conservas las fuentes de trabajo que el gobierno pretende arrebatarles.

En la última asamblea pública, llevada a cabo la noche del 19 de febrero en el pueblo de Pisté y a la cual asistieron un centenar de personas, la actual directiva de artesanos, encabezada por el artesano Marcial Chay miembro del pueblo maya, exhortó a sus compañeros a mantener la unidad de acción para poder hacer frente a los nuevos embates de las autoridades.

Una de las nuevas agresiones, además de las constantes amenazas de desalojo, es la de cambiar la entrada de la zona arqueológica con la construcción de una nueva carretera que pasaría por el museo de la Gran Civilización Maya, que también pretenden construir y entroncaría con el hotel Mayaland, propiedad de la familia Barbachano, quienes también son dueños de los terrenos que ocupan la zona arqueológica.

Estos nuevos planes, el nuevo museo y la construcción de la carretera, solamente se harían en beneficio de la mencionada familia Barbachano, quienes han convertido Chichen-Itza en una más de sus propiedades privadas; estos planes implicarían aislar el pueblo de Piste del turismo, afectando de esta manera la vida económica del pueblo.

En la asamblea participó el profesor Juan Alberto Bermejo, miembro de la CND-Yucatán quien hizo un recuento de los daños causados al Cenote Sagrado a lo largo de las décadas, y que actualmente los Barbachano continúan dañando al desechar ahí los residuos de los comercios que poseen dentro de la zona.

El abogado Villevaldo Pech, asesor jurídico de este movimiento, enfatizó en el punto de que por ley el pueblo maya tiene derecho al disfrute de las ganancias que se generan en las zonas arqueológicas. Es por ello que exhortó a la unidad para que la familia Barbachano deje de apropiarse de los espacios dentro de Chichen Itza con el contubernio de las autoridades, especialmente Cultur.

Por otra parte hizo un llamado a la unidad en contra de los eventos artísticos dentro de la zona, ya que estos dañan de manera irreversible los monumentos que ahí se encuentran y solamente es para el beneficio de unos cuantos empresarios, a los cuales poco les importa el deterioro del patrimonio de los yucatecos. Recordó también que han sido las autoridades quienes han roto de manera unilateral las mesas de diálogo que buscaban dar solución al conflicto.

Mauricio Macossay y Cesar Torroaella, del Frente de Unidad Popular y del Sindicato Mexicano de Electricistas respectivamente, externaron su solidaridad con la lucha justa de los artesanos-comerciantes de Chichén Itza. Mencionaron que por la ley federal de zonas y monumentos arqueológicos, la familia Barbachano no puede ser propietaria de los terrenos de la zona, estos deberían ser expropiados en beneficio del pueblo.

Para cerrar la asamblea, el comisario ejidal de Piste, externó su negativa de apoyar a las autoridades en el proyecto de la construcción del Museo y la carretera, ya que esto significaría matar la vida comercial de un pueblo que vive del turismo. Por el contrario mencionó que sí apoyaría en caso de que la carretera atravesase el pueblo ya que esto significaría la reactivación de la economía y beneficiaria a todos los pobladores.

Exhortaron a las autoridades municipales a que den la cara por los pobladores en este conflicto y dejen de esconderse. Por último, la directiva de artesanos comerciantes envió un saludo de apoyo a las luchas de los mineros y de los electricistas en el país.

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Declaración del Comité Civil Nacional para la Revocación del Mandato de Felipe Calderón

"Acusamos a Felipe Calderón de estar cometiendo un crimen de 'lesa constitución"

Rebelión


Por unánime acuerdo del Congreso Social de Querétaro del 5 y 6 de febrero, llevaremos a cabo una Consulta Nacional Ciudadana los días 22, 23 y 24 de mayo del presente año, en la que se preguntará al pueblo si desea que Felipe Calderón continúe como Presidente de la República o se vaya. Este acuerdo fue reiterado el 7 de febrero en el cierre de dicho Congreso Social en la Ciudad de México.

Las condiciones actuales de ofensiva antipopular del gobierno federal, particularmente con el golpe anticonstitucional contra los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y los mineros de Cananea, y en las que todo un pueblo, como el de Ciudad Juárez, directamente ha demandado la renuncia de Calderón, reclaman medidas urgentes para evitar que nuestra patria sea llevada definitivamente al abismo. Ya no soportamos más que Felipe Calderón siga al frente del Gobierno de la República y, en consecuencia, hemos decidido deponerlo de ese cargo que él usurpa y al que llegó de malas maneras.

Desde el 20 de noviembre del pasado año hicimos pública una Proclama del pueblo de México para organizar la revocación del mandato que las fuerzas antinacionales dieron a Felipe Calderón. Creemos que ha llegado la hora de implementar esta determinación ciudadana con la que el pueblo, con plena dignidad, se dispone a conmemorar los Centenarios. Nada como la deposición de Felipe Calderón puede, hoy, dar mayor reverencia y pleitesía a Hidalgo y a Morelos, a Juárez, a Zapata, a Villa y a todos nuestros verdaderos héroes nacionales que se levantaron al combate para derrocar a los espurios gobernantes españoles, a los Iturbide y Santa Anna, a los Maximiliano y Porfirio Díaz, a los Victoriano Huerta y Plutarco Elías Calles.

Los días 22, 23 y 24 de mayo de este año llevaremos a cabo una Consulta Nacional Ciudadana con la que estamparemos un contundente ¡ya basta! y nuestra voluntad de que Felipe Calderón se vaya: ya no queremos que siga siendo el Presidente de la República.

Acusamos a Felipe Calderón de estar cometiendo un crimen de lesa constitución, lo acusamos de quebrantar los principios fundamentales sancionados por nuestra Carta Magna, de pisotear los derechos humanos y las garantías individuales que nuestra ley suprema sanciona. El artículo 39 claramente establece que el poder público “se instituye para beneficio” del pueblo y Felipe Calderón no sólo arrebató la voluntad popular en las elecciones de 2006, sino que, a lo largo de su gestión, se ha dedicado a arruinar la vida de la población, interrumpiendo la observancia de la Constitución. Se ha propuesto hipotecar el patrimonio histórico de nuestra sociedad, llevando al país a una verdadera ruina económica, ética, política, científica y cultural. Está coronando la política de sus antecesores con el despojo de la soberanía y la destrucción de la economía nacional; su gobierno está rematando los bienes sociales y los recursos naturales a los poderes transnacionales.

Está profundizando la dependencia alimentaria y energética, la privatización de los recursos del Estado, la degradación de las condiciones de vida y de trabajo, el desempleo, la reducción de los salarios, infringiendo un gran desastre a la economía campesina e indígena, asfixiando a la economía cooperativa, aumentando los impuestos a la población mientras exime de ellos a los grandes explotadores; encarece la vida con incrementos abusivos y monstruosos de los precios de los productos básicos, criminalizando el ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales, destruyendo al Estado, dando pie a la mayor corrupción en la historia nacional.

Calderón ha instituido un régimen de violación sistemática de los derechos laborales en México, de anulación del derecho de huelga, de destrucción de los contratos de trabajo, un régimen en el que ha asentado sus reales la tortura y la destrucción de todos los bastiones legales que el pueblo se ha dado para la afirmación de sus libertades. Con Felipe Calderón se ha implantado en México la estrategia de guerra permanente que, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, viene desarrollando el Imperio norteamericano, con miles de asesinados y la implantación de un verdadero estado de sitio en buena parte del territorio.

¿Qué Presidente es éste que nos está quitando el maíz y las tortillas, que nos está arrebatando las luces, la alegría y la felicidad; que gobierna con la bajeza de quien con el mayor desenfado califica a los jóvenes de “pandilleros” y auspicia y fomenta su asesinato negándoles apoyo educativo y laboral; que dice preocuparse por el pueblo y un día le golpea y otro día también; que despierta odios y maledicencias, que humilla al pensamiento, que deteriora la seguridad y la ilusión por la vida; que en el fracaso halla el triunfo y hace de la mentira su grandeza, pues en la verdad se verifica como un enano. Su trascendencia está en el cinismo, ya que en la rectitud y en la honradez se muestra insignificante.

Felipe Calderón debe irse. El pueblo hará que se cumplan los artículos 39 y 136 de nuestra Carta Magna, pues ante el “trastorno público” que constituye el desgobierno de Calderón, México “recobrará su libertad, restablecerá (la) observancia (de la Constitución hoy mancillada por este grupo)”, y “con arreglo a ella” juzgará “así a los que hubieren figurado en el gobierno… como a los que hubieren cooperado” a esa violentación de los principios constitucionales.

Si Porfirio Díaz fue depuesto por violentar los principios constitucionales, si Victoriano Huerta lo fue porque instituyó gobierno aplastando esos principios, Felipe Calderón debe ser depuesto porque llegó al gobierno de manera fraudulenta y porque, instalado en el gobierno de manera espuria, se ha dedicado a ejercer políticas públicas que constituyen un trastorno que atenta contra los principios de la Carta Magna.

Al organizar la deposición de Felipe Calderón del máximo cargo de representación, estamos pidiendo que se vayan todos esos gobernantes, estamos plantando nuestro repudio a los partidos que como el PRI, el PAN y sus partidos comparsas le impusieron y le acompañaron en sus medidas anticonstitucionales, y hoy conforman su aval y su sostén. Miles de organizaciones sociales y ciudadanas en un Encuentro Nacional en Querétaro, los días 5 y 6 de febrero, para dejar clara la voluntad popular asumieron la tarea histórica de organizar una Consulta Nacional Ciudadana en la que preguntaremos si tú ciudadano quieres (sí o no) que Felipe Calderón siga siendo el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Los días 22, 23 y 24 de mayo están señalados para esa Consulta: serán días históricos en los que el pueblo recobrará su papel de auténtico soberano, frente a todos los usurpadores.

MÉXICO ES HOY CIUDAD JUÁREZ
Y TODO EL PUEBLO MEXICANO SOMOS JUARENSES QUE EXIGIMOS:
¡FUERA CALDERÓN DE LA PRESIDENCIA!

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Se requiere un cambio verdadero; no se avanzará sólo con triunfos electorales, precisa López Obrador

Ciudad Altamirano, Guerrero
19 de febrero de 2010
América Multimedios Agencia de Noticias


Andrés Manuel López Obrador aseguró que los integrantes de los comités municipales del Gobierno Legítimo de México están en libertad de participar en las próximas elecciones para gobernador y presidentes municipales, siempre y cuando no pierdan de vista el objetivo principal, que es transformar la vida pública del país. Desde Tierra Caliente, el presidente legítimo de México explicó que aunque la izquierda obtenga triunfos en la contienda por las gubernaturas o alcaldías, no se avanzará sin un cambio verdadero, de abajo hacia arriba. Subrayó que es importante la transformación de la vida pública del país, porque ¿qué pude hacer un gobernador para enfrentar el problema del desempleo, si la solución depende de la política económica, que desde hace 27 años sólo beneficia a los de arriba, a la banda de los 30?

Durante el encuentro con los comités municipales del Gobierno Legítimo de México en la entidad, expresó su opinión sobre las alianzas entre el PRD, PT y Convergencia y la participación de integrantes del movimiento que encabeza en procesos electorales locales.

“Nosotros somos partidarios de la libertad, no hay censura, está prohibido prohibir, nada más que nosotros consideramos que no debemos de aliarnos ni con el PRI, ni con el PAN”, subrayó. Puntualizó que la postura del movimiento por la transformación del país “es que no convienen las alianzas con el PRIAN, porque son lo mismo, son dos partidos de la oligarquía” y recordó en las elecciones presidenciales de 1988 el PAN ayudó al PRI para imponer a Salinas, años más tarde el PRI y el PAN aprobaron el Fobaproa y en fecha reciente resolvieron aumentar los impuestos y los precios de las gasolinas, el gas, el diesel y la energía eléctrica. En consecuencia, preguntó: ¿cómo vamos a aliarnos con el representante de la mafia que dejó en la calle a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro o gira instrucciones para dejar sin contrato laboral a más de mil 200 mineros de Cananea?

“No es nada extraño que nosotros asumamos la postura de que es una incongruencia sostener alianzas con el PRI y con el PAN, pues si desde el 16 de septiembre de 2006 propusimos formar el Frente Amplio Progresista, integrado por el PRD, PT y Convergencia para enfrentar a los dos partidos de la derecha” señaló.

Acompañado por el senador del PRD, Lázaro Mazón, el presidente legítimo de los mexicanos estimó que la alianza electoral debe ser entre los partidos progresistas y las organizaciones sociales y civiles, “pero no con el PRI ni con el PAN”.

Al aclarar que todavía militante y fundador, manifestó que actualmente cuenta con una licencia para trabajar en la organización del movimiento para la transformación del país. También explicó que sólo aparece en spots bajo el emblema del PT, porque es el único partido que le ha cedido sus espacios oficiales en radio y televisión. En Iguala y Ciudad Altamirano, López Obrador dio a conocer las tres tareas que deben llevar a cabo los integrantes de los comités municipales del Gobierno Legítimo de México: formar nuevos comités municipales en el país; inscribir a más representantes y distribuir casa por casa el periódico “Regeneración” para despertar a las conciencias de los mexicanos. En entrevista, opinó sobre los asesinatos de dirigentes sociales en Guerrero. Condenó toda violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano, llámese dirigente social, político o periodista.

“Hay que garantizar el derecho que tiene la gente a expresarse y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y eso le corresponde a la autoridad de que no se violen los derechos humanos”, consideró. También expresó su pésame a familiares y amigos de los dirigentes que cobardemente han sido asesinados.

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El Estado como parte de los conflictos laborales

Néstor de Buen
No cabe duda de que en estos tiempos hemos presenciado la manera como el Estado se convierte en parte en los conflictos laborales que le interesan. Usualmente utiliza los instrumentos tradicionales: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de manera preferente en los asuntos laborales, y si se ofrece, como ha ocurrido últimamente, a jueces federales propicios a atender sus intereses.

De ello resulta, ciertamente, que en materia laboral no basta tener la razón si del otro lado hay intereses empresariales o del Estado mismo que anulan, en cierto modo, la autonomía del Poder Judicial, para someterlo a los requerimientos del Estado y sus aliados, las empresas que representan valores con los que el Estado coincide.

En estos tiempos la primera manifestación ha consistido en la expedición del Decreto de 9 de octubre de 2009 mediante el cual, asumiendo facultades que no le corresponden, el Ejecutivo, con el pretexto de su responsabilidad reglamentaria, dictó una ley de hecho mediante la cual ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Es sabido que la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89 constitucional que se otorga al Ejecutivo está subordinada a la existencia de una ley dictada por el Congreso de la Unión. En el caso no existe tal ley que faculte para liquidar a Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, una juez de Distrito negó el amparo al SME y el tema se encuentra a la espera de la solución del recurso de revisión por un tribunal colegiado.

El segundo tema, de la misma o mayor importancia, se ha dado con motivo de la huelga de Cananea, que sin fundamento alguno fue invocada como pretexto para promover la terminación de las relaciones de trabajo por supuesta fuerza mayor y en la que el segundo tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo, por mayoría de votos en contra de la ponencia de la presidenta del tribunal resolvió negar el amparo al sindicato minero. Lo único cierto es que el procedimiento especial que siguió la empresa con la total simpatía de la JFCA no tiene fundamento alguno.

Está pendiente la entrega de la copia de la sentencia. El tribunal se está tomando su tiempo. Pero lo que es evidente es que el supuesto despido de los trabajadores mineros de Cananea no tiene fundamento alguno. Tan es así que la empresa –como ya lo ha dicho su principal aliado, el secretario del Trabajo, Javier Lozano– se apresta a reanudar los trabajos, con lo que pone en evidencia que no existió, salvo en la imaginación de las autoridades, la fuerza mayor: destrucción de sus instalaciones, que se alegó como motivo.

Lo curioso es que el secretario del Trabajo, personaje principal en todo este drama, en una circular fechada el día 14 de este mismo mes se ha encargado de afirmar que la consecuencia del despido es el fin de la huelga, en lo que, como en tantas otras cosas, está rotundamente equivocado. No sería malo regalarle una Ley Federal del Trabajo para que lea su artículo 469, en el que se precisan los motivos de terminación de una huelga, entre los que no se encuentra el invocado por el señor ministro. Cabe recordar que la LFT establece que si un trabajador es despedido en el periodo de prehuelga, tiene derecho a participar en el recuento, en su caso (artículo 931-III).

El asunto no ha llegado a su final. Falta mucho por recorrer. Ya nos llegará el anteproyecto de LFT que anuncia el propio secretario, y podemos imaginar con qué intención ha sido preparado.

La solidaridad de los sindicatos independientes se hace cada vez más necesaria. Si los conflictos laborales se deben resolver por organismos dependientes de los poderes ejecutivos, nunca será posible, al menos en este régimen reaccionario, mantener los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Si el Congreso lo tolerara, la ambición de quienes tienen el poder sería derogar el artículo 123 constitucional y la LFT.

Hay, naturalmente, los obstáculos tradicionales. El principal desde el punto de vista sindical es nuestra tradición de confederaciones sindicales aliadas con el Estado. Serían capaces de participar en la eliminación de las disposiciones constitucionales y reglamentarias propicias a los derechos fundamentales de los trabajadores. Por lo mismo, lo indispensable es la unidad de los sindicatos democráticos y el apoyo de los organismos internacionales. Afortunadamente, se cuenta con ellos.

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A la mitad del foro

Febrero loco
León García Soler

Familiares de mineros caídos en Pasta de Conchos, afuera del SenadoFoto Guillermo Sologuren
Los mineros muertos de Pasta de Conchos; los trabajadores muertos en Lázaro Cárdenas; los niños sacrificados en la guardería ABC, de Hermosillo; los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez. Y los huelguistas de Cananea en espera de las policías al servicio del patrón, del señor Larrea, de Minera México, a quien sirve el secretario del Trabajo, Javier Lozano. A nadie conviene eternizar la lucha militar contra el narco, dijo el titular de la Defensa. Ni combatir sin tregua a la clase proletaria, a obreros sindicalizados, a madres que dejan a sus hijos en bodegas habilitadas de guarderías, trampas mortales, símbolo de desprecio por la vida.

Por la vida. A pesar de que en 18 o 19 estados de la República los congresos locales aprueban el derecho a la protección de la vida desde el momento de la gestación. ¿Cuántos santos inocentes caben en la punta de una aguja? Debates bizantinos para enturbiar las Leyes de Reforma, los derechos sociales incorporados en la Constitución de 1917; derechos minados por los mercachifles y tecnócratas del priato tardío; los que pretende borrar la ultraderecha que reza el rosario mientras envía matarifes a sacrificar obreros y campesinos. Se repite Cananea, de nuevo como tragedia.

Y en Ciudad Juárez, Felipe Calderón regresa acompañado por varios secretarios. Vienen cientos de policías federales a reforzar el combate, dijo el de Seguridad. Y mientras se hacía el recuento de acciones, inversiones, apoyos y labores del gobierno, afuera protestaban los de abajo y, de pronto, una voz norteña se elevó para decir que desde hace meses no hay en Ciudad Juárez un delegado de la Procuraduría General de la República. En la ciudad tomada por el crimen organizado, no hay funcionario ante el cual puedan acudir la víctimas de delitos del "orden federal", el narcotráfico, entre otros.

El Día del Ejército, dijo el general secretario: México merece que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, civiles y militares, para que la patología del narcotráfico y sus irradiaciones sanguinarias se reduzcan a su mínima expresión lo más pronto posible. Nadie desea que esta lucha se prolongue indefinidamente, a nadie conviene.” Y agradeció el general Galván las iniciativas de ley que finquen un "andamiaje jurídico que dará mayor confianza en el ejercicio del mando..." Bases jurídicas. Dura ley, pero ley. Mientras en Ciudad Juárez no hay delegado y ofrece la PGR enviar muchos funcionarios del Ministerio Público.

Y los padres de los niños de la guardería ABC se enteran que ahí hubo irregularidades "administrativas". Y los deudos de los mineros de Pasta de Conchos firmes frente al iracundo señor Lozano. Y el correlón Francisco Salazar es diputado federal, con fuero. Y un reducido contingente del SME marcha con los mineros; pocos, porque los esquiroles disputan unos millones de pesos que las autoridades entregaron al líder de 45 mil electricistas condenados al desempleo. En Coahuila, luego de cuatro años de la tragedia, el gobernador Humberto Moreira declara que sólo hay cinco inspectores de minas en la entidad.

Vamos a cantar loas a los alternantes de la marcha de sonámbulos al borde del abismo. Que los muertos entierren a sus muertos. La democracia sin adjetivos nos obsequió la ciudadanización. Los consejeros ciudadanos, primero. Ahora los secretarios de Gobernación. Lo de Fernando Gómez Mont es asunto cerrado, declara don César al salir del concilio panista que designó candidatos a gobernador de Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Aguascalientes, et alia. Renunció al PAN el secretario y ya. Pero el que todavía despacha en Bucareli aseguró que las candidaturas independientes serán "válvulas de escape" para los conflictos internos de los partidos políticos. ¿Me oyó, don César? Gómez Mont candidato ciudadano a la Presidencia.

La nave al garete y la marinería ebria de poder y bacanora. Qué sabía y qué ignoraba el presidente Calderón del acuerdo en Gobernación con los del PRI. Si lo supo a destiempo, como argumenta in extremis el secretario Gómez Mont, es que no manda capitán ni gobierna marinero. Lo supo siempre el de Los Pinos y también don César, el del PAN. Le merece confianza su secretario, dijo. Y lo deja en el desamparo; alma en pena en espera del milagro de la reforma política que medio cambie al régimen y abra las espuertas de la inversión privada a los mecenas generosos de candidatos ciudadanos que se presenten como independientes a sabiendas de que serán dependientes de los dueños del dinero. Tres secretarios de Gobernación ha designado libremente Felipe Calderón en tres años.

Estamos en el cuarto año. Elecciones en 15 estados y Jesús Ortega se escandaliza por la inmoralidad del PRI y el acuerdo con el secretario de Gobernación. ¿Quién podrá confiar en Gómez Mont?, pregunta el alma cándida que negocia con don César las coaliciones para acabar con cacicazgos priístas y quizás lograr que el PRD pueda preservar el financiamiento público en entidades donde no pasa de 2%. Aquí no hay líderes morales, dijo Jesús al parafrasear a Gonzalo Nicanor Santos: "la moral es un árbol que da higos, cosecha milagrosa de Felipe de Jesús". La coalición ideal es entre sicofantes del signo, facción o cofradía que sea. A gusto mochos y jacobinos manoseando las cuentas del rosario de Amozoc.

Mono, perico y poblano, dijeron los coaligados en torno a Rafael Moreno Valle, el hijo del doctor, del buen hombre que fue secretario de Salud de Gustavo Díaz Ordaz. Indio ladino, ven al gobernador Marín. Y sí, tanto que les va a ganar las elecciones, a pesar de su terco rechazo a la candidatura del ex rector Doger a la alcaldía de Puebla. Los beatos herederos de quienes recibieron bajo palio a Maximiliano dirán, vade retro Satanás, al ver el sol redondo y amarillo del PRD, de los enemigos de la Iglesia, según el lenguaraz vocero del cardenal Rivera.

Miguel Ángel Yúnes será candidato de la coalición mocha, incompleta, pues, en Veracruz. PAN, PRD y PT se arriman al Panal de la maestra milagrosa. Porque es candidato de Convergencia Dante Delgado, quien despachó en Jalapa cuando Carlos Salinas designó a Fernando Gutiérrez Barrios secretario de Gobernación. Luego llegó Patricio Chirinos y su secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yúnes, se encargó de que Dante Delgado pasara tres años en la cárcel. Fidel Herrera es lo que llaman en España "un político de raza"; necesita conservar la plataforma sólidamente armada para fincar su legítima ambición de ser candidato a la Presidencia. “Javier Duarte es su delfín”, acusan. Y con eso fortalecen al candidato del PRI.

Habría que dedicar mayor espacio a la coalición en Hidalgo en favor de Xóchitl Gálvez y su larga exposición mediática al lado de Vicente Fox. Se rebela José Guadarrama. Y sin que las huestes de Miguel Osorio Chong declaren todavía candidato, se suma el Panal de Elba Ester Gordillo al PRI y al PVEM.

Va a ganar el PRI en Quintana Roo, declaró a la prensa Beatriz Paredes. Las encuestas le dan más de 20 puntos de ventaja en la elección de gobernador y en la presidencia municipal de Cancún. Félix González, dijo la dirigente del PRI, "ha hecho muy buena labor". Será por eso.

Pobrecito presidente, dijo el señor de Bimbo. Mal anda Felipa que pura agua bebe, dicen los campiranos. Con el debido respeto a la investidura, mal anda Felipe con su partido y Gobernación en dimes y diretes. En Sinaloa no podía ganar y, para colmo, hace graves cargos el hijo de Maquío. Dice la canción que en el mar hay una palma, con las ramas hasta el suelo, donde van a refugiarse los que no tienen consuelo. Pobrecita de la palma.

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Desalojan electricistas de la excompañía LyFC por al menos 500 agentes federales

En menos de 20 minutos trabajadores que se mantenía fuera de las instalaciones de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro fueron retirados por los policías, quienes de inmediato cerraron las calles José Martí e Isidro Fabela para impedir que los inconformes regresaran

Sáb, 20/02/2010 - 20:03

Elementos de la Policía Federal retiraron a la guardia de trabajadores que se mantenía fuera de las instalaciones de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ubicadas en la Calle José Martí en el Barrio de Tlacopa, en Toluca.

Cerca de la una de la madrugada, un grupo de 500 agentes federales acompañados por 50 militares y al menos 100 granaderos de la Agencia de Seguridad Estatal, llegaron a las puertas de éste edificio que funcionó como oficina administrativa y bodega.

Fuera del lugar se encontraban 100 electricistas que al ver a los uniformados, avisaron a sus compañeros para que reforzaran su presencia. Sin embargo, en menos de 20 minutos todos fueron retirados por los policías, quienes de inmediato cerraron las calles José Martí e Isidro Fabela para impedir que los inconformes regresaran.

De acuerdo con versiones de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que atestiguaron los hechos, los policías federales entraron al inmueble porque ahí estaban guardados materiales eléctricos como: cable, herramienta, luminarias, discos, transformadores entre otros.

“Los policías comenzaron a sacar todo lo que había y se lo llevaron en sus coches, los estatales cerraron la calle y no nos dejaron ni acercarnos, nos dijeron que no causáramos problemas y nadie iba a salir perjudicado” señaló Luis Uribe, ex trabajador de Luz y Fuerza.

El grupo de militares adscritos a la XXII Zona militar que está en Toluca, únicamente acudió para vigilar las acciones y reforzar el operativo que concluyó al filo de las tres de la madrugada de éste sábado.

Ninguna persona fue detenida por este hecho y la Procuraduría General de la República (PGR), no ha dado a conocer pormenores sobre los acontecimientos. Mandos de la ASE señalaron que su presencia fue requerida únicamente para controlar posibles disturbios.

En el inmueble permanece un destacamento de la PF que impide que los ex empleados vuelvan a montar una guardia.
Toluca /Israel Álvarez

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Fustiga el obispo Vera al gobierno porque "destruye" a trabajadores

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 20 de febrero de 2010, p. 29

Corrupción, impunidad, mentira y cinismo integran el símbolo de la actitud gubernamental en los cuatro años transcurridos desde el accidente en la mina Pasta de Conchos, que causó la muerte de 65 mineros, advirtió el obispo de Saltillo, Raúl Vera.

Durante los actos para recordar la tragedia, lamentó que el gobierno de Felipe Calderón esté creando un "polvorín" por aferrarse a una "ceguera" para conducir la nación.

“Están desbaratando las fuentes de vida. Están creando un polvorín. ¡Una tras otra, una tras otra! Ahí está lo que hicieron en Cananea [con la huelga minera], en Luz y Fuerza, en Pasta de Conchos, en la lucha contra el narcotráfico, que genera más violencia. Es inaudito.

"El responsable es el equipo que tiene [Calderón] quien, pese a ello, no quiere cambiar su estrategia", dijo el prelado ante familiares de las víctimas en la mina 8, unidad Pasta de Conchos.

Mesa de trabajo por plantón

Antes, el dirigente de El Barzón Popular, Crescencio Morales, anunció que establecerían un plantón permanente frente al domicilio particular del secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, como medida de presión para que se autorice el rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos.

De inmediato, el secretario particular del funcionario llamó al líder barzonista por teléfono y al anochecer se reunieron con el subsecretario de Trabajo, Álvaro Castro, quien se comprometió a establecer una mesa de trabajo para analizar los problemas en materia de seguridad e higiene en la zona carbonífera y, además, abordar ahí el caso Pasta de Conchos.

Con esa "apertura", refirió Manuel Fuentes, abogado del colectivo Familia Pasta de Conchos, se desactivó el plan de acción de los barzonistas, a la espera de resultados del análisis conjunto con los funcionarios de la STPS.

Junto con integrantes de organizaciones sociales, Vera y el obispo emérito Samuel Ruiz encabezaron una homilía frente a las oficinas corporativas del Grupo México, concesionario de las minas más importantes del país, entre éstas donde ocurrió el accidente el 19 de febrero de 2006.

Desde ahí, frente al inmueble central del corporativo, ubicado en Polanco, el obispo Vera reiteró sus declaraciones de que el gobierno federal no permite el rescate de los cuerpos sepultados en Pasta de Conchos porque con ello quedaría al descubierto que gran parte de los mineros no murieron al momento del desplome de las estructuras internas del socavón, sino que perdieron la vida ante la cancelación de las tareas de rescate, ordenada precisamente por las autoridades federales.

“¿Qué están escondiendo? Lo que pretenden es que no se conozca la verdad acerca de las causas y la fecha exacta de la muerte de nuestros hermanos. Los huesos tienen memoria y eso es lo que están ocultando, y eso se llama corrupción, impunidad y mentira: durante cuatro años, la misma actitud de desprecio a la vida humana.

"¿Qué nos espera mañana? Ahí está Cananea, el SME, ahora van por los telefonistas; es una actitud de destrucción [del gobierno] contra los trabajadores, quienes son los que construyen la riqueza del país. ¿Adónde irán cuando terminen [la actual administración calderonista]? ¿Se irán a Irlanda otra vez?", expresó Vera, al tiempo de instar a la organización del pueblo "dentro de los límites éticos" para destrabar las estructuras de corrupción.

Sin responsabilidad ética

Lo dijimos hace cuatro años y tuvimos razón, agregó. “Pasta de Conchos era un paradigma. No hay responsabilidad ética del gobierno, sino un cinismo tremendo, expresó, luego de conocer un comunicado de la STPS en el que la dependencia afirma que las declaraciones de “monseñor Vera son juicios de valor, basados en conjeturas que carecen de sustento técnico, científico y legal.

“Si él contara con estudios serios sobre el asunto –anota el boletín de la STPS– lo lógico sería que los presentara ante las autoridades competentes, lo cual no ha sucedido después de cuatro años de la tragedia.”

Familiares, organizaciones civiles, sindicales, ministros de culto y trabajadores afirman que existen las condiciones para rescatar los restos de los mineros.

Después de la concentración frente a las oficinas de Grupo México, mineros, integrantes del SME y familiares, entre otros, marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo, donde celebraron un mitin para exigir justicia y, sobre todo, la reactivación de las tareas de rescate de los cuerpos.

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Irregularidades en servicio eléctrico aquejan a mexicanos

México, 19 feb (PL) Otras nueve mil quejas de los ciudadanos reciben hoy asesoría legal para emprender reclamaciones por irregularidades del servicio eléctrico en la zona central de México, informó un equipo de abogados.

Los señalamientos en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán puestos en manos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), divulgó el Frente Amplio de Abogados en Defensa de los Usuarios de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Este litigio tiene su origen en el cierre de LyFC, en octubre último, por decreto presidencial que estimó la necesidad de extinguir la empresa por pérdidas financieras e ineficacia tecnológica.

La CFE pasó a atender el territorio que antes cubría la extinta paraestatal, un área conformada por el Distrito Federal y varios municipios de municipios pertenecientes a los estados de México, Hidalgo, Morelos y Puebla.

Según pronunciamientos oficiales, la CFE es una garantía de mayor eficiencia productiva y racionalidad en el sector eléctrico.

Datos de Profeco, citados por el diario La Jornada, indicaron que en enero de 2010 las quejas de los consumidores aumentaron 30 por ciento en comparación con igual mes de 2009 al pasar de 481 a 625, pero sin esclarecer el número de casos inscritos en cada reclamación.

En contraste, el Frente de los juristas señaló que las denuncias por cobros indebidos, interrupciones del suministro eléctrico y roturas de electrodomésticos por las fluctuaciones de voltaje, van en aumento.

Si la Procuraduría señala que son pocas las quejas es porque ha puesto a los abogados que las presentan muchas objeciones y pretextos para no recibirlas, indicó el equipo de jurisconsultos.

Desde la clausura de LyFC, miles de afiliados al SME, dejados sin empleo, exigen ser recontratados y como parte de sus gestiones establecieron mesas de trabajo para recibir y tramitar, mediante abogados, las inconformidades de los usuarios.

arc/mjm

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México: Ni por ética

Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)

Los escándalos en cuanto a la dilapidación de recursos y por ende la corrupción galopante de que hace gala el Gobierno federal, sigue en ascenso sin que sea posible percibir una sola acción para revertir este desenfrenado saqueo a la nación.

Los escándalos en ese sentido por ahora se concentran en el informe del auditor superior de la federación; en el abuso del programa PROCAMPO, que se supone diseñado para los agricultores más desheredados, y en el valiente libro “Camisas azules manos negras” de la colega Ana Lilia Pérez, reportera de la revista “Contralìnea”.

Fue la Auditoria Superior de la Federación, ASF, la que abrió la nueva cloaca al dar a conocer en su informe que en el sexenio de Vicente Fox y en los dos primeros años de la administración de Felipe Calderón, ambos gobiernos del Partido Acción Nacional, PAN, dilapidaron en gasto corriente de la burocracia panista los ingresos extraordinarios por un billón 281 mil 902.7 millones de pesos, la mitad obtenidos por excedentes petroleros.

Asimismo la ASF denunció la discrecionalidad en el otorgamiento de estímulos fiscales a 14 grandes contribuyentes, a los que en 2008 la Secretaría de Hacienda entregó 6 mil 631 millones de pesos.

A lo anterior se suma el uso indebido de más de 27 mil millones de pesos que fueron manipulados y transferidos a la Tesorería de la Federación de fondos de pensiones y de proyectos de inversión, para lograr metas macroeconómicas.

En el caso del programa PROCAMPO, al cual ya nos referimos en entrega pasada, el descaró es verdaderamente escandaloso, ya que el propio secretario de Agricultura y Ganadería, Francisco Javier Mayorga Castañeda, quien goza además de sus familiares cercanos de los subsidios millonarios, en conferencia de prensa advirtió que ni por ética renunciará a los mismos, porque según su particular argumento, los recibe como productor de PROCAMPO y por tanto son legales.

Ya nada más nos falta, que los familiares de los narcos Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y Arturo Beltrán, alias “El Barbas”, recién muerto en un operativo de la Marina, también tengan sus argumentos bien afinados para con la complicidad de las autoridades, al igual que el secretario Mayorga Castañeda, afirmen que disponen en forma protegida de los dineros del pueblo y por tanto es una práctica legal.

“Camisas azules manos negras”, es otro trabajo de periodismo de investigación de Ana Lilia Pérez, en el que nos revela bien documentadas las irregularidades de funcionarios del Partido Acción Nacional, PAN, ligados directamente con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en detrimento de Petróleos Mexicanos.

Los principales involucraos son el extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el exdirector general de PEMEX, Jesús Reyes Heroles González Garza y nada menos que el actual presidente nacional del blanquiazul, César Nava, presento responsable de corrupción y prevaricato.

Exacto, el principal negociados de las alianzas electoreras antinaturas con Jesús Ortega Martínez, presidente formal del Partido de la Revolución Democrática y demás líderes de la izquierda “impoluta”.

Desde ahora sabemos que no va a pasar nada, lo comprueba la indignante y cínica posición del secretario Mayorga Castañeda, porque para estos funcionarios todo es legal y la ética es un comportamiento de antojos, aunque sus acciones pertenecen al ámbito de los tribunales. ¿Qué pensarán de todas estas cajas abiertas de Pandora, los verdaderos militantes de la izquierda mexicana?

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Acuden a CIDH viudas de mineros de Pasta de Conchos

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

Ante la falta de justicia y reparación del daño por parte del Estado mexicano en Pasta de Conchos, viudas y familiares de 28 de los 63 mineros fallecidos hace casi cuatro años en la mina 8, ubicada en la zona carbonífera de Coahuila, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El martes pasado, María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana Cantú, minero caído en la explosión de la mina Pasta de Conchos, suscitada el 19 de febrero de 2006, acompañada por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), entregó a la CIDH el documento en el que se detallan las violaciones al derecho humano a la vida, al debido proceso y reparación del daño, cometidas por el Estado mexicano en contra de los mineros y las familias de Pasta de Conchos.
“A cuatro años sin solución tuvimos que acudir ante la Comisión, porque de ninguno de los gobiernos panistas de Vicente Fox, y de Felipe Calderón tuvimos respuesta a nuestras peticiones”, refirió Trinidad Cantú, en conferencia de prensa.
Esta demanda de justicia fue presentada por 28 de las 63 familias de los mineros todavía sepultados en el yacimiento, ante la “ineficiencia” de las instancias nacionales. Las y los peticionarios buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó los derechos humanos de los mineros y sus familiares.
Además, esperan que la Comisión, máximo tribunal en la región, recomiende la realización de una investigación “seria, imparcial y eficaz” para sancionar a los responsables de la muerte de las decenas de trabajadores del carbón.
En la petición, también suscrita por las organizaciones Centro Prodh, el Centro de Reflección y Acción Laboral (Cereal), y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, se solicita a la CIDH que solicite al Estado mexicano el rescate de los 63 restos de los mineros, demanda constante de las familias, desde el día de la tragedia.
Representantes de las asociaciones antes mencionadas, señalaron en la conferencia de prensa que el siniestro en Pasta de Conchos no es un hecho aislado, por el contrario, es resultado de una política laboral que subestima la vida de las y los trabajadores del país, sobre la que se prioriza los intereses económicos de empresas como Grupo México.
Muestra de ello, señaló Carlos Rodríguez, del Cereal, es la repetición de las tragedias a consecuencia de las “pésimas condiciones en las que los mineros están obligados a trabajar”. Y es que, de 2006 a la fecha en la región se registró la muerte de 41 mineros más.
Al respecto, Raúl Vera, obispo de Saltillo, manifestó que en esa zona “seguimos viendo como mueren los mineros en condiciones indignas, Grupo México explota a los trabajadores al máximo, en algunas minas los tiene trabajando en cunclillas”.
Entre las violaciones que cometió el Estado mexicano en Pasta de Conchos están la transgresión al derecho a la vida, a las garantías y protecciones judiciales y el derecho a la integridad personal en perjuicio de 28 mineros fallecidos y 253 familiares, indicó Luis Arriaga Valenzuela, el director del Centro Prodh.
Además, denunciaron, la falta de acceso a la justicia en el caso, es consecuencia de la desregulación en materia laboral y de la complicidad del gobierno y el sector empresarial, que les permite a estos últimos evadir su responsabilidad de garantizar a los mineros del país, y a las y los trabajadores de otros ramos, laborar en condiciones de seguridad e higiene acorde a los derechos de la mano de obra.
Esta es la primera ocasión que el Estado mexicano es denunciado a nivel internacional por los siniestros registrados en la zona carbonífera de Coahuila, este hecho, debido a que la tragedia de Pasta de Conchos fue un evento previsible, como en su momento lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo.
Pasta de Conchos llega a la CIDH, después de que viudas y familiares han agotado las instancias nacionales en busca de justicia, sin que a cuatro años del deceso de sus familiares, esta petición haya sido escuchada por las autoridades del país.
“No nos hemos cansado de pedir justicia, no sólo por el rescate de los restos de nuestros hijos, esposos y hermanos, este reclamo también es por los mineros que siguen trabajando en la zona carbonífera”, expresó María Trinidad Cantú, al termino de la rueda de prensa.
Como parte de esta exigencia, mañana como cada 19 de mes, desde abril de 2007, las viudas y familiares realizarán al medio día una misa frente a las oficinas de Grupo México, en Polanco en la ciudad de México, en donde darán a conocer su cuarto informe sobre el caso Pasta de Conchos, al que se suman “otros más” en las minas del carbón, informó Carlos Rodríguez.
Después de la eucaristía, en punto de las 16:00 horas las viudas y familiares de los mineros fallecidos marcharán del Monumento a la Revolución al zócalo capitalino, para pedir la renuncia de Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social, añadió el defensor de derechos humanos.

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Los empeños de Calderón

Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info)

“Que el fraude electoral jamás se olvide”

Calderón está empeñado y se empeña en no desempeñarse, prefiere el despeñadero. Está empeñado porque su persona quedó en garantía del crédito envenenado que le extendieron los dueños del país (los de mero arriba) que avalaron el fraude electoral, incluidos sus colegas del PRI, con cuya abyecta cooperación instaló su espuria presidencia. Es una verdadera adicción a honrar los nefastos compromisos adquiridos y a deshonrar al estado que espuriamente dice presidir. Su compromiso es desmantelarlo y dejar que sus patrocinadores se sirvan con la cuchara grande y, por consiguiente, a los del resto nos toque el papel de viles servilletas. Está empeñado en celebrar los centenarios mediante la puesta en escena de los acontecimientos conmemorados con el más crudo realismo, siguiendo el libreto con lujo de verosimilitud.

Cananea, ese mítico sitio de la historia a conmemorar, está siendo el capítulo modelo de la conmemoración. Los trabajadores en huelga prolongada reclaman condiciones mínimas suficientes de seguridad para laborar; el patrón las niega empeñosa y desdeñosamente; el neoporfirismo de opereta se vuelca en contra de los trabajadores y pone al ejército a disposición del patrón; ya sólo falta que vengan los rangers yanquis para que le ayuden a reprimir a quienes se resistan. Lo mismo sucede con el caso de los trabajadores electricistas de la extinta Luz y Fuerza del Centro; de un plumazo se les deja sin trabajo y se aplica todo el peso del estado para ahogar sus justas reclamaciones. El garrote enhiesto es la respuesta a las demandas de justicia.

Ciudad Juárez no se queda atrás en la puesta en escena. Simboliza a la ciudadanía sometida al fuego cruzado entre un régimen que dice hacer la guerra al crimen organizado y los criminales mofándose de la incapacidad oficial para imponer la ley. Es el ejemplo más claro de que el delito no puede combatirse mediante el delito. En aras de su guerrita, las garantías de la ciudadanía han sido conculcadas; la gente ya no sabe a quién temer más, si a los delincuentes civiles o a los delincuentes uniformados. Como en toda la historia, fue suficiente un estúpido desliz, el que calificó a un grupo de jóvenes masacrados como simples pandilleros, para que se colmara el vaso del aguante de la sociedad juarense. Sobre el agravio de la permanente violencia, el de la insensibilidad del espurio. El ofrecimiento de disculpas, desde luego mentirosas, sólo sirve de acicate a quienes, con todo derecho, reclaman la renuncia de Calderón, vistas sus incapacidades y, sobretodo, su mendacidad.

Los desastres naturales ocurridos en la zona metropolitana de la Ciudad de México ofrecen otro capítulo de los prolegómenos del estallido social. En su perverso afán por destruir al gobierno de izquierda de la capital, el nefasto director de la Comisión del Agua, preclaro líder panista yunquista espuriamente investido de funcionario técnico, se deslinda de su responsabilidad y politiza el desastre en beneficio de sus intereses partidarios. Es otro de los empeños de Calderón; está empeñado en entregar la presidencia en el 2012 a Peña Nieto, antes de que López Obrador le haga rendir cuentas.

En otro escenario de este circo, sale a relucir el contubernio mafioso entre el PAN y el PRI para intercambiar intereses en el manejo del país. Ahora se sabe que los priístas en la cámara de diputados vendieron su voto a favor del aumento de los impuestos propuesto por Calderón, a cambio de que su partido no se aliara con el PRD en los comicios de este año. Para taparle el ojo al macho, el secretario de gobernación se envuelve en la bandera de la dignidad y renuncia a su militancia panista, alzando los hombros para justificar que él quería honrar el compromiso adquirido, pero le ganó la ineficacia. Lo importante no es el juego de renuncias y su manejo mediático, sino el fondo del asunto: el PRI respalda las triquiñuelas fiscales de Calderón a cambio de que sus cacicazgos locales continúen intocables. Mientras, los mexicanos seguimos pagando los errores. Agravio sobre agravio.

El régimen actual, al igual que el de Porfirio Díaz, se esmera por ser competitivo para atraer la inversión extranjera, al grado de insistir en su terca pretensión de borrar las leyes que protegen el patrimonio de todos, incluso violándolas cuando no logran eliminarlas. Ahora resulta que el reglamento operativo de las disposiciones relativas a la actividad de PEMEX corrige a la propia ley que reglamenta, pasándose por el arco del triunfo la legalidad. Calderón va a Suiza y a Japón a convencer a los inversionistas petroleros de que, sin importar lo que diga la ley, su gobierno garantiza que pueden hacer lo que la ley prohibe. Lo mismo con el patrimonio multimillonario de la infraestructura de telecomunicaciones, entregado a los particulares para que lleven a sus arcas las utilidades de su aprovechamiento.

El ejército en las calles cumple su misión de amedrentar a la población cada vez más encabronada. Cananea y Ciudad Juárez están mostrando que todo tiene un límite y, con todo y la amenaza de represión, deciden por la resistencia activa. La demanda ahora es por la salida de Calderón y el cambio de régimen. La temperatura aumenta vertiginosamente y por todo el país corre la identificación de los agraviados por el régimen espurio. Se preparan un paro nacional y un referéndum para exigir la renuncia de Calderón. No están solos.

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