miércoles, 17 de marzo de 2010

Protestas en varios estados en apoyo al SME; riña con la PF deja 3 lesionados en Hidalgo

De los corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 14



Sindicatos y organizaciones sociales protestaron este martes en diversos estados para apoyar la huelga nacional convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuyos miembros se enfrentaron con la Policía Federal (PF) en la comunidad Juandhó, del municipio de Tetepango, Hidalgo, lo que dejó al menos tres electricistas heridos.

Asimismo, afiliados al SME colocaron banderas rojinegras en instalaciones de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro (LFC), bloquearon carreteras en los estados de Chiapas y Puebla y se manifestaron en los estados de Oaxaca, Michoacán, Nuevo León, Morelos y Coahuila.

Al menos tres electricistas resultaron heridos al enfrentarse en Tetepango con agentes de la PF, a quienes se atribuyó hacer disparos al aire. El incidente ocurrió en la subestación eléctrica de Juandhó, cuando los trabajadores de LFC trasladaban tierra y piedras para bloquear las entradas al lugar. Al cierre de esta edición no se había determinado si las lesiones de los trabajadores eran por arma de fuego o golpes de los uniformados.

A las 3 de la tarde, los inconformes abrieron un canal de riego y anegaron las instalaciones de Luz y Fuerza. A continuación llegaron unos 400 agentes federales que mantuvieron vigilado el lugar.

Los inconformes con la extinción de LFC colocaron banderas rojinegras en los otros tres centros de distribución de energía eléctrica de Hidalgo. En Pachuca, Tula, Tetepango y Cuautepec, los cerca de mil 800 trabajadores de la entidad que se mantienen en las filas del SME realizaron manifestaciones, colocaron banderas de huelga y se marcharon. En cada lugar quedaron pequeños grupos, vigilados por agentes de la PF.

Miles de maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y campesinos de distintas organizaciones efectuaron en Chiapas marchas y bloqueos carreteros en apoyo al SME y contra las autoridades educativas, federales y estatales.

Los manifestantes chiapanecos bloquearon las entradas y salidas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Villa Flores, San Cristóbal, Tapachula, Comitán, Pichucalco, El Bosque, Motozintla y Benemérito de las Américas.
Por otra parte, los electricistas de la División Nuevo Necaxa, Puebla, bloquearon los accesos a las 17 subestaciones de LFC en el estado, donde montaron guardias por tiempo indefinido, con apoyo de organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles y religiosas. Al menos 200 policías arribaron a Huauchinango –a dos horas de la capital poblana– para vigilar las protestas. No hubo agresiones ni enfrentamientos.

En Puebla, los trabajadores de LFC se manifestaron llevando copias del amparo contra una eventual detención, luego de que hace unos días policías federales aprehendieron a Domingo Aguilar Vázquez, líder de los electricistas en la entidad, acusado de robo.

En tanto, Toluca, la capital mexiquense, más de mil integrantes del SME marcharon por las principales avenidas. La movilización se realizó sin incidentes, salvo cuando los manifestantes llegaron a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al poniente de la ciudad, donde arrojaron huevos y piedras. También instalaron banderas rojinegras en subestaciones, estaciones y dos termoeléctricas de LFC en al menos 12 municipios del estado de México.

La sección 22 del SNTE suspendió labores para sumarse a la huelga nacional promovida por el SME y bloqueó avenidas, carreteras, casetas de peaje, plazas comerciales y oficinas de los gobiernos federal y estatal en la capital de Oaxaca. En respuesta, funcionarios estatales se reunieron con la comisión política de los profesores, para atender los reclamos del gremio magisterial.

Carlos Camacho, Arturo Alfaro Galán/La Jornada de Oriente, Ángeles Mariscal, Elio Henríquez, Israel Dávila, Silvia Chávez, Javier Salinas, René Ramón, Octavio Vélez, Ernesto Martínez, David Carrizales, Rubicela Morelos y Julio César Ramírez
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Coloca PT lienzos de huelga en San Lázaro en apoyo a los electricistas

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 13
La mayoría de los diputados que se aglutinan en PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza impusieron su fuerza en el pleno camaral al calificar de minoría y de “payasos” a los representantes del Partido del Trabajo, quienes colocaron banderas rojinegras a lo largo de la tribuna del salón de sesiones para sumarse a la huelga política nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Los representantes de los cuatro partidos desactivaron la manifestación de los petistas con gritos desaforados de “farsantes, payasos, güevones”; minutos después, por la presión política, el tema del respaldo a la huelga de los electricistas se colocó hasta el final del orden del día, cuando en el salón de plenos ni siquiera había quórum, y el encargado de la mesa directiva, Javier Ramírez Acuña, lo permitió.
Al empezar la sesión ordinaria con una asistencia de sólo 300 diputados, los petistas Pedro Vázquez, Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Cárdenas, Guadalupe Reyes, Amadeo Espinosa, Herón Escobar y José Rodolfo Fernández ocuparon la tribuna mientras desplegaban los lienzos rojinegros; no lograron mani- festar sus argumentos porque Ramírez Acuña ordenó que se cortara el sonido del micrófono a instruyó a la secretaría para que diera lectura a diversas comunicaciones.

Desde su curul, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín ordenó al panista: “llame al orden de la sesión; tome las medidas necesarias para que continúe. En tercer lugar, presidente, para decir a nuestros compañeros que hay un espacio en la agenda política donde esos temas pueden debatirse”.
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“Ningún elemento de la PF preguntó siquiera por la salud de los niños”

Rosa Elvira Vargas 
Periódico La Jornada 
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 13 



La mujer no podía contener las rabiosas lágrimas y, a pesar de su avanzado estado de gestación, desde la acera de enfrente espetaba a los uniformados: “¡Ustedes también tienen hijos, putos!”

Resumía así la ira que vecinos y electricistas sintieron ahí, al igual que en el resto de la ciudad y en las entidades donde daba servicio Luz y Fuerza del Centro (LFC), ante el excesivo uso de violencia del gobierno federal para impedir a estos trabajadores ejercer su derecho a huelga.

La asamblea en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) dispuso plantarse ayer sobre todo en las instalaciones de la empresa donde se realizaban labores operativas y evitar –quizá ya muy a destiempo– el saqueo del material con el cual se instalan o reparan las líneas del fluido eléctrico.

Los sindicalistas cumplieron con la instrucción: al filo del mediodía se apostaron frente a los talleres de Mantenimiento y de Cables Subterráneos, en las subestaciones y demás. En tanto, dentro de cada sede, desde la madrugada estaban ya reforzados los agrupamientos de la Policía Federal.

La indicación fue que de manera pacífica lanzaran consignas, realizaran mítines, colocaran banderas rojinegras e impidieran la entrada y salida a esos lugares, lo que se realizaba simultáneamente a las acciones de su dirigencia nacional en las oficinas centrales de LFC, en el cruce de Marina Nacional y Melchor Ocampo.

Salvo detalles, todo ocurrió conforme a lo planeado. Unos 200 electricistas estuvieron todo el tiempo en las instalaciones ubicadas en Pensador Mexicano, alrededor de 600 sobre Camino a Santa Fe, en los almacenes centrales de Belén de las Flores, otros 500 en las instalaciones de Cables Subterráneos en Vértiz... y así.

Claro, menos en la calle de Simón Bolívar, donde los policías federales se desplegaron para cubrir la fachada del almacén de Cables Subterráneos y Taller de Mantenimiento. Y de un jaloneo con los trabajadores para impedirles colgar las banderas de huelga, que éstos repelieron lanzando piedras, de inmediato los uniformados pasaron a lanzar –desde la azotea– al menos seis granadas de gas lacrimógeno. La cuadra se nubló de blanco y los efectos sobre ojos, nariz y garganta fueron inmediatos para quienes se encontraban en la calle, incluidos los policías.

El gas se filtró en la escuela primaria Simón Bolívar –ubicada enfrente de las instalaciones de LFC–, en la vecindad que colinda con el plantel y, unos metros a la izquierda, en la guardería Integra –donde se atiende a niños de entre 43 días de nacidos y menos de cuatro años–, y afectó a la gente que comía en los puestos ambulantes de Fray Servando.
A esa hora –pasaba ya del mediodía–, los chicos de la primaria se disponían a salir, y tanto ellos como sus padres y maestros resultaron muy dañados. Los retiraron de inmediato, pero luego, con furia, los adultos se lanzaron a reclamar a los policías por su proceder.

En la guardería, con los primeros signos del químico, sonó la alarma. Se dispuso el desalojo inmediato de los bebés; las educadoras debieron cargar cada una hasta tres recién nacidos, y a llevar corriendo, en medio del pánico y la irritación, a los más grandecitos. A todos los ubicaron en el estacionamiento de un restaurante Vips ubicado en Fray Servando.

Además, a esa hora se encontraba durmiendo plácidamente, en la habitación que da a la calle, en el primer piso de la vecindad, Alexis Emiliano Hernández Saldaña, de dos meses, quien recibió dosis masivas del químico.

Para cuando su papá llegó por él y peleó con los policías que le impedían salir para llevarlo a recibir atención médica, de la boca le salía espuma. En ese mismo lugar se encontraba su prima Karen Vianey Saldaña Lozano, de ocho años, quien resultó con altos niveles de intoxicación.

A lo largo del día, Alexis Emiliano pasó para su atención por las instalaciones de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas en Tlaxcoaque y Tlalpan, el Hospital Balbuena, el Pediátrico de Iztacalco, el Hospital de Xoco y el Pediátrico de Coyoacán, donde permanece internado.

Cansados, llorosos y con su rutina totalmente alterada, los niños de la guardería estuvieron casi tres horas en el estacionamiento del restaurante, hasta que en camionetas de Protección Civil del Gobierno capitalino y de la policía, así como en ambulancias de la Cruz Roja, los trasladaron a la iglesia de las Carmelitas, sobre Salto del Agua.

La operación fue coordinada por la propia directora de la estancia infantil y una funcionaria de la policía. El ambiente era tenso, pues no podían, por elemental seguridad, entregar ningún niño a los para entonces angustiados padres o abuelos que habían llegado. Todo tenía que hacerse en orden.

Y mientras las educadoras pedían que les llevaran al templo católico pan, leche, jamón y queso para alimentarlos, pañales para cambiarlos y consolaban a los que tenían miedo, sueño o necesidades fisiológicas, el responsable de la guardería informaba: “ningún elemento de la Policía Federal ha venido a preguntar siquiera cómo están nuestros niños...”
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Coloca el SME banderas de huelga en LFC; exige respeto a vigencia de derechos laborales

Patricia Muñoz y Fabiola Martinez 
Periódico La Jornada 
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 12 


El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) colocó ayer banderas de huelga en todas las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en una jornada de movilización política nacional para exigir respeto a la vigencia de sus derechos laborales, reinstalación de los trabajadores y la renuncia del titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, a quien responsabiliza de la “mala conducción” de la política laboral del país.

Acompañados por contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y de organizaciones civiles y estudiantiles, los electricistas defendieron de esta forma su contrato colectivo. Luego de tapizar con mantas rojinegras los accesos de LFC en Marina Nacional, realizaron un mitin en las oficinas alternas de Lozano –en Reforma 93–, donde mujeres del SME lograron poner una bandera de huelga.

El momento tenso de la jornada se dio cuando trabajadores de la unidad de cables subterráneos Bolívar fueron repelidos con gases lacrimógenos por elementos de la Policía Federal, agresión por la que dos menores, ajenos completamente a los hechos, fueron hospitalizados.

Esta huelga atípica es una estrategia política y jurídica del sindicato de LFC, luego de que la autoridad laboral no le reconoció este derecho e incluso ayer mismo dio por concluida la vigencia del contrato colectivo de los 44 mil integrantes del gremio, por lo que la dirigencia solicitó un amparo ante el Poder Judicial.

La colocación de banderas rojinegras se llevó a cabo simultáneamente en la mayoría de los centros de trabajo, donde los electricistas empezaron guardias permanentes en “resguardo” de las instalaciones. Anunciaron que permanecerán ahí hasta el día 20 (cuando realizarán una marcha por la paz y el empleo) o hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados intervengan para encontrar una salida negociada al conflicto.

La movilización de ayer estuvo marcada por la versión de que posiblemente el dirigente del SME, Martín Esparza Flores, sería detenido por “delitos fabricados”, por lo que el líder encabezó ayer las movilizaciones con un amparo bajo el brazo. “No les vamos a dar el gusto de que nos detengan; ahora resulta que somos delincuentes porque estamos defendiendo nuestro empleo en términos de lo que establece la Constitución”.

También informó que de acuerdo con testimonios de sus familiares y compañeros, la policía arrojó gases e hizo “disparos al aire” en el municipio de Juandhó, Hidalgo, de donde es originario el dirigente.
Anunciada como un paro cívico nacional, la estrategia protagonizada por el SME empezó antes del mediodía con una marcha de la sede sindical a las oficinas centrales de LFC, extinta hace cinco meses por decreto presidencial. En la vanguardia, con su casco de electricista, iban Esparza y los integrantes del comité central del gremio, que en punto de las 12 del día declaró el estallamiento de la huelga. Dijo que se trataba de una hora histórica para el pueblo de México y la clase obrera. Argumentó que ese documento sigue vigente y está depositado en la junta especial 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Ahí, en Circuito interior y la calle Melchor Ocampo, mientras colocaban las banderas, los trabajadores veían con tristeza que el gobierno ya quitó el logotipo de LFC que estaba ubicado en la parte más alta del inmueble. Adentro del edificio, que antaño estaba colmado de trabajadores, ahora se mantienen hileras de fuerzas federales.

A ritmo de: “¡Y dicen y dicen que estamos liquidados, aquí les demostramos que están equivocados!”, los trabajadores se dirigieron hacia las oficinas de la STPS, donde, en un largo mitin, trabajadores y profesores de las secciones 18 de Michoacán, 22 de Oaxaca y 3 de Baja California se manifestaron contra la política laboral y económica de este gobierno. Demandaron al Congreso de la Unión que llame a comparecer al director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes por el “saqueo” mutimillonario que ha permitido en LFC. Sobre todo, insistieron en que “Lozano no representa los intereses del sector obrero”.

Al menos 200 policías federales y granaderos resguardaron las oficinas que alquila el funcionario como su despacho alterno. Frente al resguardo policial, Esparza lamentó que Felipe Calderón crea que los trabajadores “no tienen memoria histórica, y en esa condición pretende que se festeje el bicentenario con actos televisivos, mientras cada día manda más mexicanos a la calle”.

Molesto por la actuación de las fuerzas públicas en esta unidad, Esparza remató: “si los ministros no establecen el estado de derecho, entonces abren la puerta para que cada quien se haga justicia como pueda”.
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Afecta a 500 niños gas lacrimógeno lanzado por la PF a los trabajadores

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 12
La orden para los 2 mil 100 elementos de la Policía Federal que custodiaron ayer las más de 200 instalaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) en cinco entidades fue “repeler cualquier intento de intromisión a los inmuebles, mediante acciones de disuasión con gases lacrimógenos”, revelaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Esa orden habría sido la justificación policiaca para lanzar gases lacrimógenos contra decenas de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que pacíficamente pretendían colgar dos banderas rojinegras en la paredes exteriores del almacén de cables subterráneos en la colonia Obrera, en la ciudad de México. Eso provocó el desalojo de casi 500 menores que estaban en una estancia infantil y una escuela primaria. Todos fueron revisados por médicos y cinco requirieron hospitalización. La SSP federal no dijo nada al respecto.

Ante la realización del paro cívico nacional convocado por el gremio de LFC, la SSP federal reforzó los grupos de vigilancia en cada instalación y su personal estuvo dotado de lanzagranadas de gas lacrimógeno y equipo antimotines en los estados de Hidalgo, Puebla, México y Morelos, así como en el Distrito Federal.

Aunque la policía capitalina desplegó 10 mil 100 agentes, sus elementos no tuvieron ninguna fricción ni enfrentamientos con los trabajadores.

Poco después del mediodía, justo enfrente del número 158 de la calle Simón Bolívar, decenas de integrantes del SME se toparon con la valla de policías federales que resguardaba las instalaciones, y para evitar que colocaran dos banderas rojinegras en las instalaciones de LFC, los agentes les lanzaron seis granadas de gas lacrimógeno, el cual entró a casas y escuelas de las inmediaciones. Los electricistas se replegaron hacia una cancha de futbol, pero, al igual que los habitantes de la zona, fueron afectados por la sustancia.
El tóxico provocó que las educadoras de la Guardería Integra desalojaran a 181 menores; en brazos o caminando en fila, llevaron a los niños a un estacionamiento cercano, de donde poco después fueron trasladados a una iglesia para que recibieran atención médica.

Los profesores del turno matutino de la escuela primaria Simón Bolívar enviaron a su casa a 282 alumnos debido a que los salones se llenaron de gas. Cinco menores fueron los más afectados. El más grave es el bebé Alexis Emiliano Hernández Saldaña, de dos meses, quien dormía en el departamento que se localiza justo enfrente de las instalaciones de LFC. Cuando su padre fue a verlo “ya tenía espuma en la boca”.

Lo delicado del caso provocó que el niño tuviera que pasar por cinco nosocomios; sigue internado en el Hospital Pediátrico de Coyocacán por toxicidad en los pulmones. La atención ha corrido a cargo de las autoridades del Distrito Federal, informó Alfonso Hernández, padre del menor.

Con información de Mirna Servín
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Protestan trabajadores de Cananea

Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 14
Hermosillo, Son., 16 de marzo. Al menos 500 mineros de Cananea cerraron de las 11 de la mañana a las 8:30 de la noche la carretera Cananea-Agua Prieta, al noreste de la entidad, en protesta por la “persecución policiaca” que consideran han sufrido los líderes de la sección 65 del sindicato minero, así como por la “tibieza” con que las autoridades federales del Trabajo han actuado, al no procurar que representantes de Grupo México negocien una salida a la huelga en el yacimiento, que empezó el 30 de julio de 2007 por las malas condiciones de seguridad e higiene.

Jesús Verdugo Quijada, integrante del comité de huelga en Cananea, expuso que la manifestación se realizó debido a que en las dos últimas semanas se han girado órdenes de presentación contra al menos tres de los líderes del sindicato en la demarcación, lo que “no deja dudas de que ante los fracasos en tribunales, y en cuatro intentos de liquidación de los obreros, el gobierno federal y Grupo México ahora buscan debilitar la estructura del sindicato minero”.
Por otra parte, decenas de personas se manifestaron este martes en las calles de Hermosillo en solidaridad con el movimiento de huelga de Cananea, en una marcha que empezó frente a la rectoría de la Universidad de Sonora y concluyó en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual clausuraron simbólicamente con unas banderas rojinegras.

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Gremios internacionales demandan a Noruega desligarse de Grupo México

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 14
Las Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas y en General (ICEM), y la Federación Internacional de Trabajadores del Metal (FITIM) pidieron al Consejo de Ética del Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega que retire sus inversiones en Grupo México.

Manfred Warda, secretario general del ICEM, señaló que de las múltiples empresas con que esta federación tiene tratos, resalta “el despreciable comportamiento de Grupo México”, por las múltiples violaciones cometidas contra el sindicato minero y sus trabajadores.

Las dos federaciones mundiales de sindicatos representan casi 45 millones de trabajadores, y junto con otros cuatro gremios noruegos han pedido al consejo de ese país que se desprenda de sus activos en el consorcio mexicano, debido a que “está inmerso en denuncias de violaciones laborales y ambientales”.

Información difundida por la central estadunidense de sindicatos (AFL-CIO) señala que dichas organizaciones pidieron el retiro de la inversión de Grupo México, ya que además de las acusaciones de violación a los derechos laborales y de destrucción del ambiente, pesan sobre el consorcio la de fraude a accionistas de empresas extranjeras.

Incluso, dichas centrales también piden al consejo noruego el retiro de inversiones de Southern Copper, subsidiaria propiedad de esta empresa.
“Estamos apoyando esta acción en nombre de los sindicalistas de México para llamar la atención sobre abusos extremos del Grupo México y pedir al Consejo de Ética que lo descarte como un buen fondo de inversión”, señaló Arve Bakke, presidente del sindicato Fellesforbundet. Agregó que “el bienestar de futuras generaciones en Noruega no debe ser invertido en compañías que sistemáticamente atacan a los sindicatos y dañan el ambiente, como Grupo México.”

Warda sostuvo que, desafortunadamente, las prácticas ilegales de la empresa son apoyadas por el gobierno mexicano; incluyen –dijo– la incautación de activos de los mineros, tratar de remplazar al sindicato legítimo por uno seleccionado por la compañía y el lanzamiento de una prolongada campaña de represión contra el liderazgo del gremio.

A su vez, Jryki Raina, secretario general de la FITIM, indicó que el conglomerado mexicano es acusado de múltiples violaciones, sobre todo por la falta de seguridad en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, que llevó a la muerte a 65 trabajadores.

Dijo que entre los sindicatos que firman la petición están Fellesforbundet, Handel og Kontori Norge, Industri Energi y Norsk Arbeidsmandsforbund; anticipó que el Consejo de Ética investigará a fondo la información y tomará una decisión conveniente para retirar la inversión.

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El envío de militares a Juárez no ha resuelto la ola de violencia: Napolitano

David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 7
Nueva York, 16 de marzo. La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, rechazó la solicitud del gobernador de Texas de enviar tropas a la frontera con México, y consideró que el traslado de militares mexicanos que ordenó el presidente Felipe Calderón a Ciudad Juárez, Chihuahua, “no ha ayudado” a resolver la ola de violencia.

Mientras, el estado de Texas activó hoy un plan secreto de contingencia contra el desbordamiento de la violencia del otro lado de la frontera.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) aún cuestiona si los asesinatos del sábado pasado en Ciudad Juárez no fueron resultado de un caso de identidad equivocada.

Napolitano afirmó que la zona fronteriza “necesita ser una zona segura. Por ahora no lo es y necesitamos trabajar con México para volverla así”.

Entrevistada por el canal MSNBC acerca de los asesinatos de tres personas ligadas al consulado estadunidense en aquella urbe, afirmó que “es parte de una ola de violencia que ha sufrido Ciudad Juárez durante los años recientes. La presidencia de (Felipe) Calderón ha estado profundamente involucrada, hasta enviando militares a Juárez, pero eso no ha ayudado”.

Aseguró que el gobierno estadunidense evalúa en forma continua la situación fronteriza y recordó que ha aumentado el número de personal y el empleo de tecnología para controlar la zona. “No hemos visto el desbordamiento de violencia hacia el lado estadunidense que uno podría haber pronosticado, dado lo que está ocurriendo al otro lado del puente en Juárez”, subrayó.

Al mismo tiempo, Napolitano rechazó la solicitud de Rick Perry, gobernador de Texas, de enviar mil tropas nuevas a lo largo de la frontera.

Perry denunció la respuesta y puso en alerta a la policía estatal y a otras fuerzas de seguridad. Indicó que existe un riesgo mayor de que la violencia de la guerra del narco cruce a territorio estadunidense, reportó The Dallas Morning News. El gobernador de Texas anunció que había activado la primera fase del “plan de contingencia de desbordamiento de violencia”, con lo cual se dedican más recursos policiacos al monitoreo fronterizo, informó el rotativo.

“¿Cuántos estadunidenses ten-drán que morir antes de que nuestro gobierno federal adopte una acción seria a lo largo de la frontera Texas-México?”, preguntó Allison Castle, vocera de Rick Perry.

Agregó que el gobierno de Barack Obama ha estado evaluando la solicitud del gobernador de enviar mil elementos de la Guardia Nacional para apoyar a las fuerzas de seguridad pública locales durante más de un año, y reiteró: ahora es urgente.

“Con la creciente amenaza de que la violencia en México se desborde, hemos adoptado medidas importantes para incrementar la presencia de fuerzas de seguridad pública en la frontera de Texas (…) para combatir cualquier situación potencial”, declaró el gobernador en un comunicado.
Napolitano dijo que sí considerará la solicitud del gobernador de enviar más aeronaves de vigilancia a control remoto para la frontera texana.

¿Blancos equivocados?

La FBI afirmó hoy que aún no cuenta con información de que las víctimas fueron blancos seleccionados. “No tenemos ninguna información de que estas personas fueron directamente atacadas por su empleo en el gobierno estadunidense o su ciudadanía”, afirmó esta noche a la agencia Ap Andrea Simmons, vocera de la FBI.

Según una línea de investigación, los sicarios recibieron órdenes de atacar una camioneta blanca que salía de una fiesta y se equivocaron de lugar.

El representante federal republicano Michael McCaul, de Austin, Texas, tuvo una sesión informativa con la FBI y dijo que las autoridades estadunidenses aún no encuentran pruebas de que los asesinatos fueron premeditados, comentó al Houston Chronicle.

El también ex fiscal federal dijo que “históricamente los cárteles no han atacado a funcionarios estadunidenses (…) Sin embargo, si empezaran a hacerlo, eso sería una desviación preocupante sobre la forma en que han operado y Estados Unidos debería declarar la guerra contra los cárteles”.

Otros expertos han expresado dudas sobre si los cárteles están cambiando de estrategia, ya que ataques contra estadunidenses, en especial funcionarios de gobierno, resultarían en intensificar el combate contra sus operaciones en ambos lados de la frontera.

Algunas universidades y varias comunidades aconsejaron a estudiantes que eviten viajar a México, sobre todo a zonas donde se ha registrado violencia; ahora, durante las vacaciones de primavera (el spring break), los medios reportan acerca de jóvenes que han decidido no cruzar al otro lado de la frontera por el “peligro”.

Otros advierten que no debe utilizarse la amenaza de un desbordamiento transfronterizo de la violencia, ya que no hay pruebas de que eso está ocurriendo. Según un reportaje, mientras más de 500 personas han sido asesinadas en Ciudad Juárez en lo que va de este año, al otro lado del puente, en El Paso, sólo se ha reportado un homicidio en ese periodo.

Habitantes de ambos lados de la frontera se preguntan por qué han tardado tanto los gobiernos de México y Estados Unidos en poner atención a esta crisis. “Obama y Hillary Clinton están indignados, lo cual es bueno, porque queremos que enfoquen su atención en esta crisis y alguna solución. Uno se pregunta por qué casi 5 mil personas tienen que morir en esa comunidad fronteriza para que se den cuenta y se comprometan a hacer algo”, comentó Beto O’Rourke, concejal municipal de El Paso, en entrevista con The Wall Street Journal.

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Protestas y enfrentamientos a pedradas en la tercera visita de Calderón a Juárez

Rubén Villalpando y Miroslava Breach
Corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 6
Ciudad Juárez, Chih., 16 de marzo. El presidente Felipe Calderón fue recibido hoy en esta frontera con protestas de estudiantes, maestros, activistas y familiares de mujeres asesinadas, desaparecidas y víctimas de la violencia, que le exigieron su renuncia ante la falta de resultados en el combate al crimen organizado y el retiro del Ejército.

Durante la jornada hubo un enfrentamiento a pedradas entre manifestantes y policías federales que colocaron vallas metálicas en torno a las sedes de las reuniones que sostuvo el mandatario, con un saldo de siete lesionados leves y al menos ocho detenidos que minutos después fueron liberados.

Antes de las 10 de la mañana las decenas de activistas –aglutinados en el Frente Plural Ciudadano y la Asamblea de Resistencia Popular– se comenzaron a apostar en las vialidades por donde minutos después pasaría el convoy que trasladó a Calderón, a quien expresaron su repudio a la violencia desatada en Ciudad Juárez y la ineficacia de los operativos militares y policiacos para contenerla.

Los inconformes se ubicaron en diferentes puntos de la avenida Tecnológico –la principal de esta localidad–, en torno al Colegio de Bachilleres y el hotel Camino Real, donde reclamaron airadamente la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia y la ola de ejecuciones, y pidieron el retiro de los militares de las calles de esta urbe fronteriza.

Los manifestantes portaban pancartas con consignas en contra de la visita de Calderón, la tercera en mes y medio desde que ocurrió la masacre de 15 jóvenes en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, el 31 de enero.

“Juárez no es cuartel, fuera Ejército de él”, gritaban los activistas que encararon a elementos antimotines de las policías federal y municipal. Intentaron varias veces atravesar las vallas en torno a la sedes de las reuniones a las que asistieron Calderón y funcionarios de los tres niveles de gobierno, e incluso se apoderaron de algunas de las rejas.

Luego de pretender por más de dos horas pasar las barricadas ubicadas a más de 500 metros del hotel Camino Real, donde Calderón presidió la sesión del foro Todos somos Juárez; reconstruyamos la ciudad, los inconformes comenzaron a lanzar piedras contra los uniformados, quienes respondieron de la misma manera.

Durante la reyerta, cientos de trabajadores de la planta Lear, ubicada sobre avenida Tecnológico, se vieron impedidos para salir de las instalaciones, mientras que otros empleados esperaban para ingresar en el cambio de turno.
El diputado local del PRD Víctor Quintana consideró que era “inútil” esta tercera visita de Felipe Calderón a Juárez, la cual, dijo, “tiene más fines electorales que de compromiso real de atender la grave situación que vive la población”. Sostuvo que para los juarenses, “Calderón pasó de ser el presidente del empleo al presidente de la muerte, porque desde que declaró la guerra al crimen organizado se ha registrado un promedio de cinco ejecuciones diarias”.

A esta exigencia se sumaron legisladores del PRI, que en voz del diputado Antonio Andreu demandaron “una estrategia contundente que dé certeros golpes al crimen organizado y no sólo vengan las autoridades de visita”.

Durante las protestas, la señora Lorena Torres suplicaba a los agentes federales que permitieran el paso de los manifestantes para plantear a Calderón el problema de las mujeres desaparecidas en Juárez, entre ellas su hija de 18 años, a quien vio por última vez el pasado 17 de febrero.

Con lágrimas, dijo que nadie le ayuda y que las autoridades locales únicamente le entregaron unos carteles con la fotografía y datos de su familiar para que las coloque en las calles e investigue por su cuenta. Otra mujer comentó: “Muchas veces nos hemos querido acercar a él (Calderón) o a su mujer (Margarita Zavala), pero se esconden entre puros verdes, como si las madres les fuéramos a hacer daño”.

Otra protesta tuvo lugar en el periódico El Diario, donde un grupo de personas exigió el esclarecimiento del homicidio del periodista Armando Rodríguez, El Choco, crimen que permanece impune desde hace más de un año.

En este contexto, organismos de la iniciativa privada como la Cámara Nacional de Comercio y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Zona Norte de Chihuahua, pidieron ayuda internacional para solucionar el problema de la violencia en Juárez, que los ha afectado en todos los rubros económicos, y “recuperar la soberanía”.

En un comunicado, los empresarios afirmaron que “Juárez no resiste más, ya que por 27 meses de violencia la ocupación hotelera ha caído un 26 por ciento; han cerrado cuatro aerolíneas y se ha registrado una disminución de 30 por ciento en el número de pasajeros”. Además, “la derrama económica en el sector turismo, segunda fuente de ingresos de la localidad luego del sector maquilador, cayó al menos un 28 por ciento”.

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Reprueban juarenses triunfalismo oficial; “la ciudad sigue en llamas”

Claudia Herrera Beltrán
Enviada
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 3



Ciudad Juárez, Chih., 16 de marzo. Convulsionados por los asesinatos cotidianos en esta ciudad, los juarenses reaccionaron con enojo y rebatieron al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, cuando quiso demostrar con gráficas la disminución de la violencia. Eso llevó a Miguel García, representante de la sociedad civil, a exigir al presidente Felipe Calderón dar un “manotazo” en materia de seguridad, porque Juárez “sigue en llamas”.

Desde ese momento, Calderón no pudo cambiar su gesto adusto, porque vinieron una andanada de críticas a las cifras oficiales expuestas por su gabinete y de cuestionamientos a la estrategia de seguridad, que incluso fue comparada con el fracaso del ejército estadunidense en Irak, lo que no hizo desistir al mandatario de mantener a los militares en esta ciudad.

En contra de los señalamientos de que los secuestros también van a la baja, los asistentes a la tercera sesión del foro Todos somos Juárez; reconstruyamos la ciudad, denunciaron que el hijo de Pablo Cuarón, un empresario y ex precandidato a gobernador, seguía plagiado. “Es una mentira” su liberación, expresaron.

Presionado por las recriminaciones, el Presidente debió reconocer que más allá de si “les laten” o no estas cifras, que denotan una reducción de la criminalidad, no se puede hablar de una tendencia hasta ahora, pero también les pidió tener una justa percepción de los hechos. Y les anunció que sus 160 compromisos para solucionar la violencia ya están en una página de Internet.

El power point de García Luna

La tormenta se desató cuando García Luna, auxiliado de gráficas incluidas en una presentación power point, quiso convencer de que los homicidios habían disminuido 40 por ciento desde octubre a la fecha, y que los secuestros también van a la baja.

El procurador general de la República, Arturo Chávez, ya había dado una visión similar cuando expuso que del 15 de enero al 11 de marzo atendieron 26 secuestros, liberaron a 21 víctimas y detuvieron a 28 plagiarios.

No fue el único, porque Abelardo Escobar, secretario de la Reforma Agraria y representante de Calderón en esta ciudad, celebró los avances registrados desde la implementación de la estrategia actualmente aplicada, para luego asegurar: “Vamos en la dirección correcta” y en menos de cien días “esperamos menores índices delictivos”.

La respuesta de los representantes ciudadanos fue inmediata. Miguel García, de la mesa de seguridad, enumeró algunos hechos “terribles” ocurridos desde la primera visita presidencial (el 11 de febrero), como el homicidio de una madre de familia que estaba en un juego de beisbol y los asesinatos de personas del consulado, que han provocado “mucha tensión” con el gobierno de Estados Unidos.

A partir de ello, preguntó: “¿Es posible ganar la guerra así como está planteada? Porque ni el Ejército más poderoso del mundo ha podido, cuando se combate en terrenos urbanos, salir con éxito. Irak está entre otros ejemplos. ¿Es posible replantear esta lucha después de 15 mil asesinatos en México y 5 mil en Ciudad Juárez?”, redondeó.

Fue cuando le pidió al Presidente dar un manotazo en materia de seguridad, porque “nuestra ciudad sigue en llamas, sigue ardiendo, los empleos se siguen perdiendo, los jueces siguen liberando delincuentes”.
Mientras la esposa del mandatario, Margarita Zavala, no dejaba de anotar, Calderón respondió que esto “no se arregla” con sacar al Ejército de la ciudad y le pidió pensar qué pasaría con el retiro de 5 mil elementos castrenses, mil 500 que laboran como policías municipales y mil 500 federales.

Y es que la intervención de García había sido aplaudida por los representantes de la sociedad civil que estaban aletargados después de escuchar discursos gubernamentales que describían un mundo “fabuloso”, como lo definió la sicóloga Guadalupe Díaz Rodríguez.

A punto del llanto, la mujer deploró que la sociedad “está enferma, no de adicciones, sino de depresión, de ansiedad, de angustia, de paranoia, de no saber si cuando salimos de nuestra casa vamos a regresar”.

En el foro, Hugo Almada también fustigó los informes triunfalistas. “Tenemos 4 mil muertos sin rostro, 10 mil niños huérfanos, 40 mil familiares de personas ejecutadas, muchísimas personas torturadas, lo que nos tiene en una situación de miedo, de pánico y de estrés muy agudo. Si no queremos que nuestra sociedad se acabe de enfermar más necesita priorizarse” una solución, exigió.

El primero que había puesto en duda las cifras fue Arturo Valenzuela, titular de la mesa ciudadana de seguridad, cuando planteó que los números no correspondían con la percepción ciudadana ni con los 500 homicidios que llevan contabilizados en lo que va del año y superan los del anterior.

Reprochó además que no se coordinan los tres niveles de gobierno, lo que llevó al gobernador de Chihuahua a participar fuera del programa para precisar que no habían ido a una reunión por sugerencia de la Federación. Y ante la falta de indicadores que “reflejen la realidad”, anunció que la sociedad generará los suyos.

Los ciudadanos también manifestaron sus preocupaciones sobre el uso electoral que se dé a la violencia en la entidad a tres meses de los comicios para gobernador. Rafael Hernández demandó que las intervenciones no se partidizaran, porque “Juárez es más que un botín electoral”.

Olga Rosa Ortiz lo secundó e hizo ver que cada hay más noticias de secuestros, asesinatos, amenazas y violaciones de los derechos humanos por parte de la policía y del Ejército, y puso el ejemplo de unos estudiantes que fueron “salvajemente golpeados” por militares y agentes.

El doctor no es responsable

Ante la desesperación expresada por los ponentes, Chávez, también ex procurador estatal, intentó defenderse al decir que “es evidente que a un doctor se le puede exigir la cura más pronta de la enfermedad, pero no se le puede hacer responsable de ella”.

Más aún, reviró, son evidentes las carencias en seguridad y los homicidios son absolutamente innegables y totalmente lamentables, pero el proceso para recuperar la seguridad no se va a construir en un día.

El gobernador José Reyes Baeza tuvo que admitir que ha habido una escalada de homicidios en la entidad al pasar de 350 en 2007 a 2 mil 400 en 2009 y lamentó que se excluya a algunos funcionarios de las reuniones.

Así que en medio de las recriminaciones de la sociedad, Reyes Baeza pidió no convertir en deporte “pegarle a la ciudad” y se pronunció por instrumentar una estrategia de comunicación social y mercadotecnia para vender sus “virtudes”.
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“Flexibilidad” laboral y capital privado en Pemex, sugiere el FMI

  • Llama a impulsar las reformas estructurales aprovechando la liquidación de LFC
  • Seis de cada 10 mexicanos trabajan en la informalidad, lo cual cuesta a la economía 9% del PIB

Roberto González Amador 
Periódico La Jornada 
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 28 


Vendedores ambulantes proliferan en la capital del país Foto María Luisa Severiano

Seis de cada 10 mexicanos en edad y condición de trabajar se desempeñan en la economía informal, lo cual provoca una merma de riqueza equivalente a 1.1 billones de pesos, 9 por ciento del producto interno bruto, sostuvo el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un reporte sobre México publicado este martes, el organismo llamó a las autoridades a “redoblar los esfuerzos para promover las reformas estructurales, aprovechando los importantes pasos dados recientemente para mejorar la productividad del sector de la electricidad”, en referencia a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, hace cinco meses.

Sobre esa misma ruta de recomendaciones, el FMI planteó al gobierno avanzar en reformas para aumentar la “flexibilidad” en el mercado de trabajo y permitir mayor participación del capital privado en Petróleos Mexicanos (Pemex). En el terreno fiscal propuso a la administración federal adoptar una regla de ejercicio de gasto público que obligue a realizar ahorros cuando los ingresos superan lo previsto –por ejemplo, por un mayor precio del petróleo– para emplear esos recursos en mantener el gasto cuando los recursos disponibles disminuyen.

Las apreciaciones y recomendaciones del FMI para México fueron divulgadas este martes y forman parte de la revisión anual que realiza de cada uno de sus 186 países miembros, conocida como “artículo IV”.

El reporte, comentado posteriormente por dos de sus autores en una teleconferencia desde Washington, mencionó que uno de los impedimentos para un mejor desempeño de la economía mexicana es lo que llamó el “alto nivel” de informalidad en el mercado laboral del país.

Aseguró que 60 por ciento de la fuerza de trabajo, seis de cada diez, está empleada en el sector informal. Los ingresos en el sector formal son alrededor de 15 por ciento superiores que en el informal, después de tomar en cuenta diferencias como la edad y educación del trabajador. Asegura que la informalidad “puede estar costando a la economía mexicana alrededor de 9 por ciento del producto interno bruto”. Esta cifra está en torno a 1.1 billones de pesos, de acuerdo con la última medición sobre el tamaño de la economía nacional hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En este punto el organismo aseguró que las autoridades han “desarrollado un consenso social” sobre las reformas laborales, que deben llevar a algunos incrementos en la “flexibilidad”. Sin embargo, añadió, se deben dar pasos adicionales para “alinear los incentivos, incluyendo los temas relacionados con el seguro social”. La población económicamente activa del país es de 43 millones de personas.

El FMI no puntualiza en el documento lo que entiende por “flexibilizar” el mercado laboral. En México ese término ha sido utilizado, sobre todo por organismos empresariales, para expresar su interés en que se reduzcan los costos en que incurren las empresas para contratar o despedir trabajadores; que sea tolerada la contratación por hora y no por jornada completa, como dispone ahora la ley, y que se imponga un límite a la duración de las huelgas y al pago de salarios caídos, entre otros.

La incertidumbre petrolera

El FMI pidió al gobierno “acelerar” los procedimientos para que la paraestatal Petróleos Mexicanos firme con inversionistas privados los “contratos incentivados”, en los que la remuneración está relacionada con la productividad en las obras encargadas.

“Un importante factor de incertidumbre persiste respecto de la perspectiva para la producción de petróleo”, indicó el FMI, al recordar que esta actividad provee uno de cada tres pesos de que dispone el gobierno federal para el gasto público.

La producción de petróleo, añadió el organismo, parece haberse estabilizado después de haber ocurrido una disminución en los últimos años. Existe el riesgo de que la caída en la producción de crudo aumente más allá de las proyecciones, aunque las autoridades afirman que varios factores técnicos y nuevas inversiones aseguran que la oferta permanecerá estable, apuntó el organismo.

“Sin embargo, será crucial avanzar en la reforma de Pemex, que incluya nuevos contratos con incentivos para los inversionistas privados a fin de facilitar la inversión necesaria, que permita decisivamente dar la vuelta a la caída en la producción y a las reservas probadas”, aseguró.
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Torpeza y excesos represivos

En el contexto de las movilizaciones realizadas ayer, a convocatoria del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en varios puntos del país ocurrieron enfrentamientos entre elementos de la Policía Federal (PF) e integrantes de ese gremio y su entorno social de apoyo. En el poblado de Juandhó, en Hidalgo, una confrontación entre agentes federales y activistas sindicales dejó al menos tres electricistas heridos; durante el incidente, los uniformados realizaron disparos al aire y quemaron una choza. En tanto, un grupo de integrantes del SME que pretendía colocar una bandera rojinegra en una subestación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) ubicada en Bolívar y Fray Servando Teresa de Mier, en el centro de esta capital, fue repelido con gases lacrimógenos por efectivos de la PF. En el hecho, unos 180 bebés y niños que se encontraban en una guardería aledaña tuvieron que ser evacuados por autoridades de Protección Civil y de la policía capitalina.

Los hechos referidos dan cuenta de una convergencia entre la torpeza con que se conducen las corporaciones policiacas del país y una creciente tendencia represiva. Cierto, el Estado, en tanto detentador del monopolio de la fuerza y la violencia legítimas, tiene la facultad de ejercer, por conducto de sus cuerpos policiales, acciones coercitivas en contra de expresiones que pongan en riesgo la gobernabilidad y la seguridad pública. Pero esas condiciones difícilmente pueden encajar en las acciones emprendidas ayer por el SME –sobre todo en el caso de la subestación capitalina, en la que los electricistas despedidos en masa en octubre pasado pretendían, simplemente, colocar banderas de huelga en las instalaciones de LFC– y, en general, en el conjunto de las medidas adoptadas por un movimiento que se ha comportado, en términos generales, de manera pacífica y civilizada, y que ha manifestado en numerosas ocasiones su disposición a buscar la negociación con las autoridades. La ausencia de justificaciones al empleo violento de las fuerzas públicas durante las protestas de ayer exhibe, en el mejor de los casos, un inadmisible error de cálculo de los altos mandos policiales o, en el peor, la profundización del encono mostrado por el gobierno calderonista contra los electricistas.
El episodio ocurrido en el centro de esta capital arroja una perspectiva lamentable para la PF, corporación que desde su creación, en el sexenio antepasado, ha sido presentada por el discurso oficial como un modelo de “profesionalismo”, y que tendría, en todo caso, que desempeñarse con conocimiento del entorno en el que actúa, a efecto de provocar las menos afectaciones posibles a los ciudadanos. Si la consigna era disipar la protesta del SME, los elementos de la PF tenían el deber de informarse sobre la cercanía entre el lugar donde se desarrolló el operativo y los centros infantiles referidos: si lo ignoraban, los mandos de esa corporación incurrieron en una falta de preparación inexcusable, que puso en riesgo la integridad física de cientos de menores; y si, por el contrario, actuaron a sabiendas de la proximidad de esas instalaciones, entonces la sociedad tendría sobradas razones para temer y repudiar a la policía.

Sea como fuere, la conducta de los uniformados extiende entre los habitantes una percepción de descuido oficial ante la vida de los ciudadanos comunes. Tal percepción se ha agudizado ante la incapacidad de garantizar la seguridad de la gente en el contexto de la “guerra contra la delincuencia organizada” lanzada por el gobierno federal y, en especial, con la tragedia ocurrida hace más de nueve meses en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde 49 niños y niñas murieron durante un incendio que sigue sin ser plenamente esclarecido, y cuyos responsables institucionales y empresariales se han visto beneficiados con una lentitud en la procuración de justicia muy parecida al encubrimiento.


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Los ojos de la maldad

Observen esta imagen que encontramos en el Periódico La Jornada (el más objetivo del país), los ojos de esta persona expresan tanta maldad, odio, hipocrecía, cinismo, sin vergüenza, indiferencia hacia su pueblo que en verdad te da mucho qué pensar. Sin duda por la cabeza de este hombre deben estar pasando los casi 20 mil muertos durante su sexenio (más los que faltan), los casi 4 millones de desempleados que ha generado su gobierno, los más de 6 millones de mexicanos que calleron en la pobreza por sus pésimas políticas económicas, los miles y miles de huérfanos que se generan al año por su supuesta guerra contra la "delincuencia organizada" (él mismo). Pero también en sus ojos podemos observar la manera en que llegó a la silla presidencial, mediante engaños, robos, tal como un demonio trata de convencer al inocente. ¿Tendrá algún sentimiento de culpa este ser despreciable por haber soltado los perros rabiosos contra su propio pueblo? lo dudo mucho al ver su expresión de sed de sangre.

Este señor ha dilapidado la riqueza de México, una lástima que el pueblo siga dormido.

Todavía vienen “cosas muy duras” en Ciudad Juárez, reconoce Calderón

Claudia Herrera Beltrán
Enviada
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 5

Manifestante detenido en las cercanías del sitio donde se desarrollaba el foro Todos somos Juárez; reconstruyamos la ciudad


Ciudad Juárez, Chih., 16 de marzo. Los homicidios de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez complican el problema de seguridad en este municipio por la “dimensión internacional” que adquiere y todavía vienen “cosas muy duras”, reconoció el presidente Felipe Calderón, tras demandar responsabilidad compartida entre ambos países.

El michoacano viajó a esta ciudad por tercera vez en 34 días, ahora acompañado por el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, con quien tuvo una larga reunión privada en el hangar del aeropuerto Abraham González, acompañado de la canciller Patricia Espinosa, lo mismo que del gobernador José Reyes Baeza y el alcalde José Reyes Ferriz, tras lo cual el diplomático se retiró y no participó en el resto de las actividades presidenciales.

Con retraso de una hora por este encuentro, el Presidente de la República comenzó su agenda pública protegido por un fuerte operativo de seguridad.

Ante habitantes de colonias pobres defendió la alianza con los estadunidenses para “pelear y ganar” esta lucha, aunque aclaró que deberá darse “cada quien en su territorio y en el ámbito de su competencia, pero con una estrecha colaboración en materia de información, inteligencia y políticas públicas”.

Después, en la tercera sesión del foro Todos somos Juárez; reconstruyamos la ciudad, remarcó que quiere reconstruir Juárez, pero “hay que decirlo, se complica a partir de los homicidios del sábado, porque eso le da una dimensión internacional al problema”, y añadió que vendrá un nuevo día pero tomará tiempo y todavía habrá “cosas duras”.

Reunido con decenas de beneficiarios del programa Oportunidades, en el gimnasio del Colegio de Bachilleres –que fue ocupado a la mitad–, Calderón remarcó el carácter “bilateral” de esta lucha y la parte de responsabilidad de Estados Unidos en el crimen que asuela a Ciudad Juárez, ya que tiene su origen en el consumo y tráfico de drogas en y hacia esa nación, lo mismo que el tráfico de armas en la frontera.

Luego de que FBI, DEA y otras cinco agencias de seguridad del país vecino llegaron aquí para investigar la muerte de dos estadunidenses relacionados con el consulado, insistió en que ambas naciones deben seguir colaborando para derrotar a estas organizaciones, poner un alto al tráfico transfronterizo de drogas, de armas, de dinero ilícito y, desde luego, para poner a salvo a los jóvenes y a los niños, que son blanco de estos criminales.
Antes, manifestó su más enérgica indignación y condena por los cobardes homicidios de tres personas (Lesley A. Enriquez, su esposo Arthur H. Redelf y el mexicano Jorge Alberto Salcido Ceniceros, y prometió que esclarecerá estos crímenes y perseguirá a los culpables, para lo cual dio instrucciones al procurador general de la República, Arturo Chávez, para coordinarse con su par del estado de Chihuahua.

En su visita a esta ciudad convulsionada por los cotidianos asesinatos, se mostró optimista de poder rescatar la urbe con el argumento de que “son muchos más, cientos de miles más, millones más de juarenses que sí quieren ir para adelante, que sí quieren trabajar, que sí quieren vivir en paz, que los que están con sus trapacerías golpeando y lastimando al resto de la sociedad”.

Disputa electoral

Cuando faltan menos de tres meses para que se realicen las elecciones en Chihuahua, Calderón Hinojosa y el gobernador priísta dejaron ver que hay una pugna entre ambos gobiernos por los programas sociales.

El Ejecutivo federal anunció la incorporación de 25 mil familias al recién creado programa Oportunidades urbano, que recibirán de 600 a mil 300 pesos, según la cantidad de hijos que tengan. La promesa del mandatario es entregar los fondos “sin distingos políticos” o de creencias religiosas.

Frente a él estaban habitantes de colonias como Tierra Nueva, Juanita Luna, Felipe Ángeles, de la Carlos Javira, que antes de la llegada de Calderón se mostraban poco animados, pero fueron arengados por una beneficiaria, Fidela Franco, a “estar contentos porque está aquí el Presidente”.

El gobernador Reyes Baeza planteó que este programa no debe ser motivo de discordia ni de confrontación entre ambos gobiernos. Oportunidades va más allá de coyunturas electorales y es para atender una demanda sin mezquindades ni divisiones, remarcó.

De hecho, el titular de Desarrollo Social, Heriberto Félix, tuvo que ofrecer transparencia en la distribución de recursos y aclaró que el padrón de beneficiarios se publicará en Internet y será supervisado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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La zona centro eleva los gastos de la CFE

17-Marzo-2010
Atzayaelh Torres

Debido a la integración de la zona centro del país, Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó un total de 35 millones 67 mil 460 pesos a trabajadores eventuales de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTyT) durante 2009, alrededor de diez veces más que un año antes.

Información proporcionada a Excélsior por la empresa eléctrica indica que a pesar de que redujo el número de contrataciones en 2009, mil 333 frente a mil 506 que reportó un año antes, por un monto de sólo tres millones 261 mil 567 pesos, incrementó sustancialmente la cifra pagada por los mismos.

En total, y junto con las otras tres áreas que conforman a la empresa, la Comisión Federal de Electricidad pagó cuatro mil 133 contratos eventuales por un monto de 276 millones 342 mil 425 pesos, 28.8 por ciento por encima de lo reportado un año antes.

En la lista aparece la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CPH) como la que más gastó durante 2009 contratos eventuales, con 180 millones 470 mil 966 pesos y sólo 863 contrataciones.

Mientras que la Gerencia de Estudios en Ingeniería Civil (GEIC) pagó sólo 10 millones 671 mil pesos por mil 368 contratos.

De un año a otro la única división que redujo el monto de contrataciones eventuales fue la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad con 50 millones 132 mil pesos, tres millones menos que en 2008 con un total de 569 contrataciones de este tipo.

Al respecto, José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, dijo a este diario que que gran parte de esas contrataciones son para proyectos en específicos por lo que la Comisión Federal de Electricidad recurre a empresas especializadas.

“Hasta cierto punto se da por la falta de capacidad de la empresa y en ciertos periodos donde se ve rebasada su capacidad tiene que recurrir a este tipo de contratación”, aseguró De la Cruz.

Dijo que en el caso específico de 2009 la Comisión Federal de Electricidad requirió tanto del pago de horas extra como de contrataciones eventuales para la operación de la zona centro del país después de la extinción de Luz y Fuerza

“Efectivamente contrató gente, el desafío que tiene es que al desconocer la red de la zona centro, porque no tenía planos y tenía mantenimiento no adecuado, llega con manos de personas que por desconocimiento tienen que recurrir a gente externa, incluso a algunos ex empleados”, dijo, por lo que era vital al ser una zona estratégica del país.

Como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, para este año tanto la Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos (Pemex) tienen que reducir en 30 por ciento el número de contrataciones eventuales como parte de la estrategia de austeridad.

Por otra parte, la dependencia a cargo de Alfredo Elías Ayub pagó 50 por ciento más recursos en horas extra durante 2009 que un año antes cuando erogó 49 millones 584 mil 799 pesos.

El documento al que este diario tuvo acceso señala que en 2009 la Comisión Federal de Electricidad pagó a trabajadores un total de 378 mil 387 horas extra mientras que un año antes fueron de 307 mil 387 horas con un monto total de 33 millones 146 mil 738 pesos.

Por separado, la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTyT), que es la encargada de mantener el suministro del servicio en todo el país pasó de tres mil 402 horas extra que pagó en 2008 a 22 mil 427 por un monto de dos millones 342 mil 519 pesos un año después, cuando tomó las operaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

El año pasado la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CPH) pagó 38 millones 356 mil 602 pesos a un total de 320 mil 500 horas extra que se destinaron en proyectos como La Yesca, principalmente al igual que la red de presas.

El 11 de octubre el gobierno federal tomó la decisión de extinguir al organismo descentralizado Luz y Fuerza, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. La CFE se quedó con su operación.
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Scream Radio en Resistencia

Saludos:

Por medio del presente comunicado les hacemos sentir nuestro mas sincero y total apoyo a todos los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y ponemos a su disposición a todo nuestro staff de: diseñadores graficos, programadores web, editores de imagen, asistencia en programacion y diseño en plataformas php, flash, java y bases de datos mysql.

Buscamos evitar la sensura de la información y por este conducto ponemos todas nuestras herramientas y conocimientos a disposicion de RADIOSME sin ningun costo, ya que orgullosamente dentro de nuestro staff de administradores, locutores y diseñadores hay hijos de SMEITAS quienes plantearon este proyecto de seguimiento y cobertura total del movimiento del SME, lo que por casi 10 años fue una radio de entretenimiento en la zona norte del Edo. de México ahora es una radio que se proclama en contra del Gobierno Federal, la sensura y la represión.

Sin mas por el momento quedamos a su disposición y les mandamos un caluroso abrazo desde atizapán, por que en atizapán los hijos de SMEITAS y SCREAMRADIO no duermen, también estamos en pie de lucha junto a ustedes.


WEB: http://screamradio.mx.kz

TWITTER: http://twitter.com/screamradi0

Cobertura: Huelga Politica Nacional

Screamradio seguimiento de la Huelga Politica Nacional las 24 hrs del dia.

Breve reporte desde Mexicali, Baja California.

En Mexicali Baja California, realizamos un plantón en la Delegación de la Secretaría del Trabajo (Edificio del Gobierno federal, Centro Cívico), de las 12 a las 15 hrs. Luego un mitin en la garita del centro de la ciudad, a partir de las 17 hrs. Ambas actividades a cargo de la Asamblea Municipal de la Resistencia Popular, conformada por el Movimiento de Resissstencia Magisterial, el Partido Popular Socialista de México, La Casa del Movimiento del Gobierno Legítimo de AMLO y personas en lo individual. Continuaremos firmes y combativos en la lucha.

Fraternalmente
Martha Elvia García

HUELGA NACIONAL, ATACAN A BEBES, POLICIAS FEDERALES CON LACRIMOGENOS

POLICIAS FEDERALES RECIBIEROM ORDENES DE JAVIER LOZANO Y CALDERON DE REPRIMIR HUELGA E INDISCRIMIDANAMENTE LANZARON LACRIMOGENOS A HUELGUISTAS PACIFICOS Y DAÑARON SEVERAMENTE A BEBES DE GUARDERIA Y NIÑOS DE PRIMARIA ADEMAS DE VECINOS QUE DENTRO DE SUS CASAS FUERON VICTIMAS DEL GAS. AQUI PAPA DE BEBE DE 2 MESES DE EDAD AFECTADO Y HOSPITALIZADO EVIDENCIA



Contribución a RadioSME : La Ciudad Luz