viernes, 19 de marzo de 2010

Plan intervencionista

Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)

No se necesita ser un especialista en la materia para presumir que existe todo un plan intervencionista de Estados Unidos en México con el pretexto del lamentable triple homicidio de personas vinculadas con el Consulado de esa nación en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Primero fue el jefe de la Casa Blanca, Barack Obama, quien de inmediato hizo saber su pesar e indignación y luego las fuertes declaraciones del su secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, las cuales carecieron del más mínimo lenguaje diplomático.

A continuación, el anuncio de la visita de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, acompañada de un séquito impresionante que incluye a los principales personajes de la defensa y de la seguridad de la gran potencia.

Está confirmado que Hillary viajará a nuestro paìs el martes 23 para participar en la segunda reunión de Alto Nivel del Grupo Consultivo México-Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, acompañada por el secretario de Defensa, Robert Gates; la secretaría de Seguridad Interna, Janet Napolitano; el director nacional de inteligencia, Dennis Blair y por el asesor antiterrorista John Brennan.

Completan el cuadro de visitantes el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Michael Mullen, el subsecretario de Seguridad Interna, John Morton, el subprocurador general Gary Grindler y la administradora en funciones de la DEA, Michele Leonhart.

Por su parte el embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, se permite prever un posible aumento en la violencia en el país debido, dice, a las medidas que se están tomando para abatir ese problema.

Una perla más: el periódico The Wall Street Journal, en su edición de este jueves afirma en su editorial que la situación en esa frontera ha puesto a prueba la estrategia antidrogas e incluso la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.

Finalmente se anuncia que el presidente Calderón Hinojosa realizará una visita oficial a Washington los próximos 19 y 20 de mayo para entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y uno de los principales puntos de la agenda, obvio, será el del combate a la delincuencia internacional organizada

Aunque tardía ya hubo cuando menos una declaración por parte del gobierno mexicano, sin embargo viene con un añadido explicativo que reduce la efectividad de la misma: el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont calificó en efecto de “reprobables, no aceptables y falsas” las afirmaciones de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano.

Y luego, pésimo, agregó que la presencia de las fuerzas armadas en esa urbe fronteriza continuará, aun cuando asignarlas a tareas ajenas a su responsabilidad “natural” las ha “desgastado”.

Como se quiera la situación es cuando menos muy complicada ya que es una verdad que cuando los gobiernos se tornan débiles es cuando los imperios imponen sus criterios intervencionistas. Aquí lo único que se debe exigir al gobierno de Calderón Hinojosa es la estricta e indeclinable defensa de nuestra soberanía y que se entienda que sólo a los mexicanos, y a nadie más, nos corresponde la libre determinación de nuestros asuntos internos. Opongámonos a todo plan intervencionista, proceda de donde proceda y sea del calibre que sea.
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REPRESION DE FEDERALES ATACAN A SMEITAS TESTIMONIO

El día 16 de Marzo del 2010 la policía federal inició las agresiones en contra de nuestras movilizaciones pacíficas. En este sentido nuestro compañero reportero entrevista a tres compañeras que estuvieron presentes durante la agresión.

Nuevos actos de represión policiaca dejan un herido de bala, denuncian electricistas

De la redacción

Periódico La Jornada
Viernes 19 de marzo de 2010, p. 9

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que resguardaban las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en varios sectores fueron golpeados por policías federales. Doce trabajadores resultaron heridos –uno de ellos de bala–, denunciaron dirigentes del gremio.

Señalaron que al menos 13 personas –incluidas tres que no tenían nada que ver con el movimiento– fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público (MP) acusadas de los delitos de privación ilegal de libertad, daño en bienes y "contra la riqueza nacional". Uno de los 12 heridos es un policía, y 15 vehículos de los trabajadores resultaron con los vidrios rotos a toletazos.

El propósito de los policías fue romper la huelga que el SME inició el 16 de marzo, cuando colocó banderas rojinegras en subestaciones y campamentos de la extinta LFC, agregaron.

Sostuvieron que, "debido a la embestida policiaca orquestada contra trabajadores en algunas instalaciones de LFC, se tuvieron que levantar algunos campamentos, pero la huelga sigue".

"Fue una jornada de agresión y violencia para reprimir el movimiento, con el objetivo de desalojar masivamente a los trabajadores en huelga. Quienes ordenaron esta acción no se midieron siquiera para respetar a mujeres trabajadoras ni hijos que las acompañaban en los campamentos", aseveró Martín Esparza.

En el municipio de Tultitlán, estado de México, se informó que por instrucciones de la dirigencia central del SME, "todos" los campamentos deben ser levantados este jueves, como medida de protección ante las amenazas de que habría detenciones masivas y de que el Ejército custodiaría los inmuebles.

La orden fue concentrarse la mañana de este viernes en el edificio sindical ubicado en la ciudad de México, donde se discutirán las medidas a seguir ante esta "ofensiva". Para empezar, el sábado impulsarían una marcha en el Distrito Federal.

Desde la mañana del martes, cuando los sindicalistas colocaron banderas rojinegras –al vencer la vigencia del contrato coletivo que regulaba las relaciones laborales entre el SME y el gobierno federal–, los sindicalistas bloquearon subestaciones y campamentos de la empresa e impidieron la entrada de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para evitar el "robo hormiga" del equipo.

Este jueves, ante la inminente llegada de trabajadores de la CFE a la subestación Estadio, ubicada en Toluca, integrantes del SME realizaron bloqueos viales por unos 10 minutos. Más tarde, unos 30 electricistas se plantaron en los accesos a esas instalaciones.

Al lugar donde se manifestaban los trabajadores llegaron unos 120 policías. "Si no dejan entrar a los trabajadores de la CFE o contratistas los vamos a desalojar por las buenas o por las malas", advirtió quien los comandaba.

En ese momento dispararon gases lacrimógenos y comenzó el enfrentamiento; los uniformados rompieron con sus toletes los cristales de 15 vehículos.

Gustavo Anaya, subsecretario del SME, división Toluca, informó que un proyectil de gas lacrimógeno golpeó en la rodilla a su compañero Juan Ceballos Flores y le causó una severa lesión, por lo que fue trasladado de urgencia a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cinco integrantes del SME se resguardaron en una vivienda, que fue allanada sin orden de cateo, y detenidos dos electricistas.

Sonia Constantino fue aprehendida. A pesar de que sus familiares demostraron que no es integrante del SME, fue remitida a la delegación de la Procuraduría General de la República, igual que David Martínez y Jesús Bernardo Betancourt, propietarios de dos locales ubicados frente a la subestación. Allí mismo fueron remitidos los sindicalistas Mario Pablo Sierra, José Alfredo Gómez y Juan Carlos Bolaños. De otro detenido no se reveló su identidad.

En Ecatepec, estado de México, unos 200 agentes arribaron a la subestación ubicada en avenida Industrias, colonia Cerro Gordo, y arremetieron a toletazos contra unos 70 electricistas, quienes trataron de repeler la agresión, pero fueron superados y sometidos a golpes y patadas. Al menos uno fue arrastrado.

Otros cinco electricistas resultaron golpeados y tres detenidos: Perfecto Granados Martínez, José Luis Valdez Hernández y Raúl Villaseñor Higareda, quienes fueron remitidos al MP acusados de los delitos de privación ilegal de libertad y daño en los bienes.

Luego que retomó el control de las instalaciones, la policía quemó mantas, carteles y enseres que los activistas tenían desde el martes. Con maquinaria pesada retiró las barricadas.

En otra de las subestaciones de energía eléctrica, ubicada en avenida Revolución, en la zona centro de Ecatepec, la PF desalojó a los 300 electricistas que mantienen un plantón y desmanteló sus dos campamentos. Allí detuvieron a Heriberto y Fidel Olvera Ibarra y Alberto Flores Mercado, acusados de "delitos contra la riqueza nacional".

En Cuernavaca, Morelos, personal de la CFE, acompañado por unos 300 elementos de la PF, retiró el campamento de la subestación de LFC en la ciudad, e intentó sacar los vehículos que integrantes del SME ocupaban cuando estaban en funciones, pero estos últimos lo impidieron. En un mitin, los electricistas acusaron al gobierno de Felipe Calderón y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de mandar a provocarlos.

La enorme presencia policiaca que acompañó a Felipe Calderón a la refinería Miguel Hidalgo, de Tula de Allende, Hidalgo, inhibió a los ex trabajadores de LFC que pretendían protestar contra las "agresiones" que entre el martes y el miércoles les infligieron agentes de la PF.

"Política criminal"

Sobre los hechos, la senadora Rosario Ibarra sostuvo que los trabajadores del SME enfrentan no sólo "la criminal política gubernamental, sino también la soberbia e intolerancia de un régimen que no acepta ceñir sus actos al mandato constitucional y sólo confirma su carácter de espurio".

Se refirió sobre todo a un trabajador ilegalmente detenido dentro de las instalaciones de LFC en Cerro Gordo (vía Morelos y calle Industrias, en Ecatepec), al cual la Policía Federal se negó a entregar, "a pesar de que estaba muy golpeado".

Agregó que esta acción represiva fue a todas luces "coordinada desde las oficinas presidenciales", y añadió que si el gobierno pretende meter a la cárcel a todos los trabajadores que luchan por sus derechos, "estará dando un paso más en el autoritarismo dictatorial", por lo que demandó la inmediata libertad de todos los detenidos.

En nombre del SME, el secretario del exterior, Fernando Amezcua, solicitó a los gremios solidarios y a los organismos defensores de los derechos humanos su intervención para "documentar uno más de los agravios cometidos por el gobierno".

Patricia Muñoz Ríos, reportera. Israel Dávila, Silvia Chávez, Javier Salinas, René Ramón, Rubicela Morelos y Carlos Camacho, corresponsales
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Policía Federal saquea instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en Nuevo Necaxa: SME

ARTURO ALFARO GALÁN

Elementos de la Policía Federal (PF) saquean las instalaciones de las subestaciones de “El Salto” y “La Mesa” de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), ubicadas en la localidad de Nuevo Necaxa del municipio de Juan Galindo, de donde han sido extraídos cables de cobre, equipos eléctricos, herramientas y documentos, revelaron integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Además, responsabilizaron a la Policía Federal del “saqueo millonario”, pues indicaron que los uniformados también han permitido que contratistas de Comisión Federal de Electricidad (CFE) roben el material. Incluso señalaron que en diversas ocasiones reportaron a la Policía Estatal la venta clandestina de cobre y herramientas de electricidad en la región de la Sierra Norte de Puebla, pero ningún agente del Ministerio Público procede legalmente contra las personas detenidas.

Ayer, durante el segundo día de la huelga política nacional –instalada el pasado martes como medida de presión para exigir al gobierno federal la reinstalación de sus puestos de trabajo en la paraestatal– los electricistas exhibieron a La Jornada de Oriente un video grabado con un teléfono celular donde se observa que en distintos puntos de las paraestatales de “El Salto” y “La Mesa” fueron robados los cables de cobre y equipos de transmisión de energía eléctrica, cuyos restos –que se aprecian en el material visual– se encuentran abandonados en medio de un paraje dentro de las instalaciones de LFC.

Ante ello, propondrán al Congreso de la Unión la creación de una comisión de vigilancia y revisión para realizar una inspección en las 17 subestaciones eléctricas de LFC, con la intención de confirmar el saqueo a cargo de los uniformados, quienes “deben cuidar los bienes que el gobierno federal nos arrebató y no sabotearlos”.

Asimismo, Miguel Márquez Ríos, prosecretario de Divisiones del comité central del SME, señaló que las 17 subestaciones de la paraestatal están siendo desmanteladas, por lo que interpondrán una denuncia contra los elementos de la Policía Federal, pues los casos de robo han existido desde el pasado 11 de octubre, cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa emitió el decreto de extinción de LFC.

El líder del SME en la región de Nuevo Necaxa señaló que existe una “obvia complicidad” de quienes “supuestamente” están resguardando las instalaciones de LFC, “esquiroles del sindicato” y “algunos policías federales”, quienes mientras se resuelve la cuestión legal del conflicto, persiste el descontrol en los centros de trabajo.

“Están haciendo ‘su agosto’ con materiales y equipo que le pertenece a la paraestatal. No es para que se esté comercializando aquí mismo, en la región, con tanta impunidad. Nosotros mismos hemos denunciado esos actos, pero no existe algún agente del Ministerio Público que quiera tomar el proceso”, señaló en entrevista.

Márquez Ríos puntualizó que la Policía Federal ha saqueado las oficinas de mantenimiento y administrativas, donde existen documentos relacionados con las nóminas, lista de deudores a la empresa, inventarios y reportes de gastos, por lo que exigirán a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión crear una comisión para revisar los abusos en los que han caído los uniformados en la región de la Sierra Norte de Puebla.

El punto de acuerdo será discutido este día, abundó, durante la reunión que sostendrán el secretario general del SME, Martín Esparza, y los representantes de las diferentes bancadas en la Cámara Baja, quienes han manifestado su respaldo hacia el movimiento de electricistas en el país.



Personal de CFE,

encubierto como PF



Durante la madrugada de ayer, una persona que se identificó como trabajador de Comisión Federal de Electricidad (CFE) solicitó a los electricistas que se encuentran en la subestación eléctrica “El Salto”, ubicada en Nuevo Necaxa, permitir la salida de uno de sus compañeros, ya que su estado de salud no era óptimo para permanecer “encerrado y operando las máquinas” de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

De acuerdo con la persona, quien se negó a identificarse y presentar sus credenciales como trabajador de CFE, su compañero ingresó a la subestación de la paraestatal de manera encubierta, auxiliado por elementos de la Policía Federal, “porque aquí la gente sólo permitía el acceso a los policías y a nosotros no, así que tuvo que uniformarse y entrar como uno de ellos para poder estar allá adentro”.

Sin embargo, luego de haber cumplido más de 30 horas dentro de las instalaciones, a causa del bloqueo a cargo de los ex empleados de LFC, el trabajador de CFE argumentó que necesitaban cambiar de guardia, “por las buenas o por las malas”.

En respuesta, los electricistas –quienes negaron la petición de entrada del supuesto trabajador de CFE– arguyeron que “si sale alguien de las instalaciones no es para volver a entrar, sino para quedarse afuera”, por lo que insistieron en mantener el bloqueo en los 17 accesos a las subestaciones eléctricas de la región de Huauchinango, Juan Galindo, Chignahuapan y Xicotepec de Juárez, en Puebla, y Tulancingo, en Hidalgo.

En tanto, los elementos de la PF, quienes se encuentran dentro de las subestaciones eléctricas, continúan recibiendo dotaciones de alimento y artículos personales. Entre las pertenencias entregadas por los uniformados destacan cajas completas de 360 huevos, jabón de limpieza, dotaciones de aceite, refresco, bebidas energéticas, jamón, tortillas de harina y maíz, salchichas en paquete, entre otras cosas.

“Ellos saben que no pueden hacer nada, que ahí se van a quedar mucho tiempo”.



Ordenan retirar campamentos



Al cierre de la edición, el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas ordenó a las bases del país, incluidas las 17 subestaciones eléctricas de la región de Nuevo Necaxa, levantar la huelga nacional que inició este martes, ante los intentos del gobierno federal “de exterminar el movimiento de resistencia pacífica”.

En un breve comunicado –que fue difundido en la subestación eléctrica de “El Salto” de Nuevo Necaxa– los líderes del SME convocaron a todos los ex trabajadores de la extinta LFC a congregarse este día en la sede sindical, ubicada en la calle Insurgentes número 98, en el Distrito Federal.

“!No dejaremos que este gobierno fascista pretenda por la fuerza terminar con la legítima defensa de nuestro empleo!”, concluyó el documento.

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Especialistas en energía se oponen a la privatización

Julio Reyna Quiroz

Periódico La Jornada
Viernes 19 de marzo de 2010, p. 7

La Estrategia Nacional de Energía es un engaño del presidente Felipe Calderón para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró Mario Galicia Yépez, coordinador del Comité Nacional de Estudios de la Energía, durante un encuentro de egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

"De nada sirvieron los debates sobre la reforma energética" realizados en el Congreso, porque hay una nueva propuesta para despojar de ese sector a la nación, sostuvo el especialista.

Aseguró que los profesionales técnicos están preocupados por la nueva propuesta para "legalizar" la entrega de Pemex a la iniciativa privada nacional o extranjera.

Los recientes gobiernos federales han hecho de Pemex una "administradora de contratos" y han "borrado" por completo el uso de tecnología nacional para el desarrollo de la paraestatal, indicó Galicia Yépez en la reunión.

Agregó que la administración federal otorga el desarrollo de obras del sector petrolero a empresas privadas, y 50 por ciento de los trabajos que se efectúan en la zona de Campeche están a cargo de esas compañías.

Galicia Yépez aseveró que los trabajadores de esas empresas son contratados sin prestaciones sociales, lo que impide el desarrollo de las cadenas productivas del país.

Explicó que las empresas a las que se adjudican contratos prefieren traer tecnología del extranjero, en detrimento de los profesionistas mexicanos.

El coordinador del Comité Nacional de Estudios de la Energía lamentó que esa práctica sea respaldada por el gobierno federal, que argumenta la falta de personal capacitado en el sector.

En México hay tecnología e ingeniería; prueba de ello son los egresados del IPN, dijo Galicia Yépez, y exigió al gobierno que "rectifique" la política energética, cesar los intentos de privatizar Pemex y garantizar la soberanía energética en beneficio de los mexicanos.

Destacó la necesidad de "rescatar" el Instituto Mexicano del Petróleo como desarrollador de tecnología e ingeniería, suspender las exportaciones a Estados Unidos para generar valor agregado en la refinación del hidrocarburo y construir otras refinerías.

Aseveró que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro fue un "golpe artero anticonstitucional", y advirtió que una medida similar puede aplicarse en la Comisión Federal de Electricidad o en Pemex.
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Megacable, Telefónica y Televisa se asocian para licitación de CFE

Competirán como consorcio por la nueva red de fibra óptica para ofrecer servicios de Internet.

Notimex
Publicado: 19/03/2010 11:07

México, DF. Telefónica Móviles de México, Grupo Televisa y Megacable participarán como consorcio en la licitación del par de hilos de fibra oscura que realizará este año la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En un comunicado conjunto señalan que "las tres empresas participarán como consorcio en la licitación y que la conformación definitiva del mismo está sujeta a que el resultado de la licitación sea exitoso. La composición accionaria del consorcio será en partes iguales para las tres empresas".

Destaca que esta nueva red de fibra óptica representará tanto para Televisa, Telefónica y Megacable, como para terceros, una alternativa de acceso a transporte de datos al generar mayor competencia en el mercado de telecomunicaciones en México y, por lo tanto, una mejora en la calidad de los servicios ofrecidos.

"Esta red buscará incrementar el acceso a Internet de banda ancha tanto a las empresas como a los hogares en México, lo cual es un factor fundamental para aumentar la competitividad del país a nivel internacional".
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Reforma laboral incierta

Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron ayer, en la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma de la ley laboral que busca, a decir del blanquiazul, colocar al país en la modernidad en materia de trabajo sin afectar los derechos consagrados en el artículo 123 de la Constitución.

Entre otros puntos, la iniciativa panista propone regular la figura de la subcontratación o outsourcing; contempla incluir en la legislación modalidades de contratación por hora y temporada; plantea limitar el pago de salarios caídos; incorpora la multihabilidad obligatoria –a efectos de que los empleados desarrollen diversas funciones–, e incluye la obligatoriedad del arbitraje en los conflictos de huelga, así como nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga. También plantea obligar a las dirigencias gremiales a difundir información sobre la administración de sus recursos y sus estatutos.

Sin soslayar la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral que contribuya a mejorar la situación laboral del país –en la que convergen la escasez de empleos formales, el ensanchamiento de la informalidad, el pago de salarios insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas y el despojo sistemático de los derechos más elementales de los trabajadores– y sin soslayar la pertinencia de algunos de los puntos de esta iniciativa –difícilmente se podría estar en desacuerdo con la proscripción del trabajo de menores de edad, la democratización sindical y las medidas orientadas a la equidad de género en el ámbito laboral–, cabe preguntarse hasta qué punto esta iniciativa contribuirá al bienestar de los asalariados. Llama la atención, en primer lugar, que se pretenda incluir en estas reformas el reconocimiento de la subcontratación, el pago por horas, los contratos por trabajo a prueba y por capacitación, el establecimiento de la figura de multihabilidad y demás medidas que parecen orientadas, más que a proteger a los empleados, a quitar responsabilidades patronales, profundizar la precarización y la incertidumbre laboral que privan en el país e incentivar la proliferación de empleos eventuales y mal remunerados.
Por otra parte, no puede escapar al análisis el hecho de que la presentación de esta iniciativa tiene dos elementos de contexto insoslayables: por un lado, el refrendo y las alianzas del grupo en el poder con algunas de las expresiones más recalcitrantes y antidemocráticas del sindicalismo charro –como las cúpulas que controlan los sindicatos de maestros y petroleros, o la propia CTM, alabada en días recientes por el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, como una de las organizaciones obreras más serias, responsables y sensatas– y, por el otro, una cruzada oficial contra el sindicalismo independiente, como se ha visto con la embestida gubernamental en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y su entorno social de apoyo tras la extinción, por decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro. En ese sentido, es obligado preguntarse si, de ser aprobada esta reforma, los mecanismos de transparencia y democratización sindicales no se aplicarán en realidad de manera selectiva, como medio de golpeteo político en perjuicio de gremios considerados opositores.

Otro aspecto criticable del proyecto de reforma es que los legisladores panistas planteen elevar los requisitos necesarios para el emplazamiento a huelga y el establecimiento del arbitraje obligatorio en los conflictos –lo que abriría la oportunidad para que la autoridad respectiva dé por terminados los paros a su criterio– y no hagan lo propio con la creación de un verdadero órgano jurisdiccional en materia laboral que esté bajo control de jueces autónomos. Tal omisión es improcedente no sólo porque deja de lado una añeja demanda de sindicalistas, juristas y especialistas de la academia, sino porque de esa forma mantiene la facultad de la resolución de los conflictos laborales en manos las juntas de Conciliación y Arbitraje, instancias alineadas bajo la mascarada de un falso tripartidismo, a los designios del grupo político-empresarial que gobierna el país.

En suma, y a reserva de lo que ocurra en el debate legislativo sobre las reformas comentadas, es claro que éstas encierran, en su formulación presente, elementos que agudizan la incertidumbre y precariedad laboral en el país.
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Elaborará Sergio Valls dictamen sobre juicio de amparo promovido por SME

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 19 de marzo de 2010, p. 9
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls Hernández elaborará el dictamen sobre el juicio de amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de la “sustitución patronal” en la que incurrió el gobierno federal al privar de sus derechos laborales a los 40 mil afiliados al gremio.

Fuentes judiciales confirmaron lo anterior y agregaron que Valls Hernández ya encargó la redacción del proyecto de dictamen a uno de sus secretarios de estudio y cuenta para que, en su momento, el documento sea discutido por la segunda sala de la Corte.

La semana pasada, los ministros Sergio Aguirre Anguiano, Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y el propio Valls acordaron –a propuesta del primero– que la segunda sala ejerciera su facultad de atracción para conocer el amparo del sindicato de electricistas en contra del gobierno federal por la desaparición de LFC, el cual fue desechado por un juzgado de distrito administrativo.

Los electricistas demandan declarar la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestales, el cual señala: “cuando un organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo federal la disolución, liquidación o extinción de aquél.
“Asimismo, podrá sugerir su fusión, cuando su actividad combinada redunde en aumento de eficiencia y productividad.”

También cuestionan si fue jurídicamente correcto que la juez de primera instancia –quien negó el amparo– considerara que el decreto de extinción de LFC no fue un acto privativo de derechos laborales de más de 40 mil trabajadores, porque no tenía tal finalidad, sino extinguir a LFC por considerar que era una empresa improductiva, ineficiente y cara.

La segunda sala no tiene un plazo determinado para resolver, y según fuentes judiciales puede determinar lo siguiente: ratificar el desechamiento del amparo; resolver únicamente lo relativo a los temas de constitucionalidad y enviar el expediente a un tribunal colegiado para que dictamine en definitiva, o bien, entrar a fondo del asunto y resolver el amparo.
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Profesores, electricistas y petroleros recuerdan expropiación con marchas

Hiram Moreno y Jesús Lastra
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 19 de marzo de 2010, p. 7
Más de 10 mil profesores afiliados a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon este jueves en Salina Cruz, Oaxaca, para conmemorar la expropiación petrolera y repudiar las políticas del gobierno de Felipe Calderón, que son, señalaron, continuación de las que aplicó Vicente Fox.

El secretario general de la sección 22, Azael Santiago Chepi, encabezó la marcha de profesores provenientes de los municipios Reforma de Pineda, Matías Romero, Juchitán, Ixtepec, Tehuantepec y Salina Cruz.

Al concluir la movilización, sostuvo que Petróleos Mexicanos (Pemex) podría ser una empresa autónoma y autosustentable, pero el gobierno federal pretende privatizarla.

Agregó que México está al borde de un colapso por la crisis económica y política, cuya muestra más clara son los recientes pactos entre las dirigencias nacionales de PAN y PRI.

Acerca de la inseguridad, Santiago Chepi refirió que es resultado de la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico, que hace imposible una vida normal en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Michoacán, Guerrero e incluso en Oaxaca.

Aseguró que la sección 22 representa un sindicalismo independiente y autónomo, que representa “un peligro para el Estado”, por lo cual “intereses oscuros” buscan desestabilizarla por conducto de la sección 59 del SNTE.

Sobre las elecciones para renovar gubernatura, Congreso estatal y ayuntamientos en Oaxaca, que se celebrarán en julio, Azael Santiago señaló que el magisterio no se prestará a ser botín político.
Cese al acoso contra sindicatos democráticos, exige el SME

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por Martín Esparza, y mineros marcharon este jueves para conmemorar el 72 aniversario de la expropiación petrolera en Coatzacoalcos, Veracruz.

Exigieron que cese el acoso contra agrupaciones sindicales independientes y la destitución del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a quien señalaron de ser el artífice de los ataques contra las agrupaciones democráticas.

El dirigente del SME, Martín Esparza, afirmó que los principales enemigos de los trabajadores son el presidente Felipe Calderón y Javier Lozano, quien debe “dejar el puesto que ocupa”.

Agregó que México es víctima de un saqueo desde la llegada al gobierno federal de una gavilla de panistas afiliados a la organización de ultraderecha El Yunque, que promueven la militarización del país para imponer las reformas y los compromisos que hicieron con empresas trasnacionales.

Con los electricistas marcharon integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros; el dirigente Didier Marquiña denunció que padecen despidos y represalias en Pemex. También participaron indígenas popolucas de la Red nacional contra las altas tarifas eléctricas, quienes exigieron la libertad de tres de sus compañeros, presos en Campeche por encabezar movilizaciones para que la Comisión Federal de Electricidad aplicara cobros justos.
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“Favorece a patrones”, acusa Cilas

Viernes, 19 de Marzo de 2010 00:33
MEXICO, DF (Apro).— El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) denunció que la iniciativa de reforma laboral, que hoy presentaron diputados panistas, “es abiertamente favorable a los patrones”.

En un comunicado, señaló que con esa acción el Gobierno Federal muestra claramente su carácter de enemigo de los trabajadores mexicanos.Y mientras los diputados panistas exponían en San Lázaro las presuntas “bondades” de la iniciativa, fuerzas policiacas reprimían en Ecatepec y Toluca a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que se mantenían en plantón pacífico en defensa de sus derechos laborales.“En la propuesta de reforma laboral, que se materializa después de múltiples amagos, los legisladores del PAN pretenden hacer creer que se trata de democratizar y transparentar la vida sindical mexicana y de promover el empleo; no obstante, en realidad se avanza hacia la legalización de los abusos patronales, los bajos salarios, la precarización del empleo y la obstaculización de la organización sindical”, acusa el Cilas.La iniciativa panista, añade, a tono con las posiciones emitidas repetidamente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), promueve el trabajo por temporada y por “capacitación inicial”, así como el pago por horas, con lo que se contravienen las disposiciones constitucionales que tienen que ver con la estabilidad en el trabajo y la obligatoriedad de la seguridad social.Además, indica, se promueve una “flexibilización salvaje” encaminada a la total precarización del empleo y a la evasión de las obligaciones laborales por parte de los patrones.Asimismo, “se pretenden incorporar nuevos requisitos para el ejercicio del derecho de huelga, con lo que de fondo se busca prácticamente hacerlo nugatorio o, en el mejor de los casos, dejarlo sujeto a la calificación discrecional de las autoridades para negar la validez de los emplazamientos”.Una de las más abiertas agresiones al derecho de los asalariados, sostiene, es la intención de limitar en los conflictos laborales el pago de los salarios caídos a un máximo de seis meses; “si actualmente los juicios llegan a durar varios años por culpa de las autoridades laborales, con esa nueva disposición es obvio que se prolongarían todavía por más tiempo y siempre en beneficio de la parte empleadora”.No obstante, el Cilas considera pertinente “estudiar a fondo la iniciativa”, que refleja la tendencia del Gobierno mexicano a “actuar como vocero de los empresarios”, pues ataca todo lo que signifique organización y lucha de los trabajadores en defensa de sus derechos, ya sea por la vía legal, “con una reforma regresiva, o en las calles mediante la represión física”.

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Marcha en apoyo a Luz y Fuerza del Centro.

En una desalentada manifestación de la disidencia petrolera alrededor de 100 trabajadores de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros de Coatzacoalcos marcharon por las principales calles de la ciudad para reunirse en el parque independencia para manifestarse en contra del gobierno federal y en apoyo al sindicato mexicano de electricistas de luz y fuerza de México.

Dicha movilización fue encabezada por el líder de la unión de trabajadores petroleros, Didier Marquina Cárdenas.
El disperso contingente arribó a la plaza central de esta ciudad, en donde era esperado por el líder nacional del extinto SME, Martín Esparza Flores quien exigió la derogación del decreto de extinción de luz y fuerza del centro y la reinstalación de todos los trabajadores del sindicato mexicano.

Indicó que están recorriendo en todo el país para exigir el respeto el estado de derecho de los trabajadores

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La batalla está en el tema laboral

Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info)


“Que el fraude electoral jamás se olvide”


El régimen espurio, a través del troglodita a cargo de la secretaría del trabajo, anuncia que, ahora sí, se llevarán al congreso las propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo que atenderán al reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para “flexibilizar” las condiciones del mercado laboral.


En la reunión de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO) Javier Lozano Alarcón, alias el Porro o el Perro, formuló el anuncio flanqueado por el inefable Claudio X. González, preclaro prestanombres de la muy desprestigiada Kimberly Clark y por el no menos desprestigiado líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) el multimillonario Joaquín Gamboa Pascoe. En su brillante exposición, Alarcón (también conocido como el “coopelas o cuello”) advirtió que la propuesta no sería aprobada por consenso, sino por mayoría sumando los votos de PRI, PAN, Verde y PANAL, pero que ya había sido “consensuada” con las organizaciones sindicales “más serias, responsables y sensatas, que han ayudado a mantener la paz laboral, como la CTM y la CROC.” Desde luego que lo dicho supone que las organizaciones “rijosas” que han despertado del sueño de los justos y roto la paz de los sepulcros, así como los partidos de la misma índole que los acompañan, harán sus acostumbrados berrinches, incluidas las tomas de tribuna, para tratar de rehuir a la modernidad.


Nuevamente, y también por casualidad, el Grupo de Directores del FMI publica su análisis anual sobre la economía mexicana, en el que felicita al régimen por su atinada gestión ante la crisis mundial y por el golpe a Luz y Fuerza del Centro, y le insta para seguir adelante en la flexibilización de la ley laboral y en la privatización de la energía, al efecto de lograr la tan anhelada competitividad. Por lo menos eso se entiende de la declaración que aparece en la página electrónica del FMI que, por cierto, está etiquetada como “versión pública”. Vaya usted a saber lo que diga la versión privada del documento, pero es de advertirse que lo que aparece como recomendación adquiera tintes de mandato. Vale la pena anotar que, a diferencia de lo hecho por los gobiernos de Argentina Brasil y Venezuela, México se mantiene como deudor y, por tanto, esclavo, del FMI.


Considero relevante comentar ambas informaciones como antecedente para comprender lo que está sucediendo en el medio laboral mexicano; son importantes para interpretar lo que sucede con los sindicatos de electricistas y mineros, no sólo como capricho del régimen espurio y obsecuencia a los caprichos de empresarios voraces, sino como una decisión política de allanarse a los dictados del gran capital internacional expresados por la vía del FMI.


El gran objetivo global es abaratar el costo de la mano de obra de manera de potenciar la capacidad de la economía para recuperar el terreno perdido en la velocidad y magnitud de la acumulación de capital. La llamada competitividad no significa otra cosa que la aplicación de medidas que reduzcan el costo laboral de manera de competir en el mercado internacional sin merma del nivel de rentabilidad del capital. Ello lleva implícito el abandono del objetivo del pleno empleo y del estado de bienestar, para colocar a la gran masa trabajadora en condición de desventaja ante la clase patronal, a quien ahora tiene que mendigar para obtener una oportunidad de trabajo decente y, como consecuencia, la destrucción de los instrumentos de defensa de los trabajadores: el sindicato y el derecho de huelga. Es el regreso a las condiciones decimonónicas de explotación de los trabajadores.


Cuando Alarcón elogia a la CTM y a la CROC como organizaciones serias, responsables y sensatas, que han ayudado a mantener la paz laboral, no está haciendo más que destacar su capacidad de desvirtuar su finalidad de defensa de los intereses legítimos de sus agremiados, en términos de allanarse a los afanes que los violentan. En contrapartida, emplea todo el peso del estado para perseguir a los líderes que expresan una actitud diferente y que se mantienen en el “obsoleto” afán de procurar un equilibrio eficaz en las relaciones obrero patronales. Para los primeros, las tomas de nota se otorgan sin chistar a manera de ahogar la disidencia contra los líderes charros (Gordillo, Deschamps, etc.) mientras que para los segundos son negadas en beneficio de las disidencias que garanticen “seriedad”.


Este martes se entabló la huelga del SME por la revisión del contrato colectivo de trabajo con LyFC en razón de su vencimiento. Es una medida política, amparada en la legalidad y en la legitimidad. La materia de trabajo persiste, independientemente de la ilegal extinción por decreto de la empresa; el patrón sustituto es quien absorbió la prestación del servicio público y, por consiguiente, las obligaciones en materia laboral. Están en lo justo y en lo legal. En respuesta, el régimen lo desconoce y lo reprime en descarada violación del estado de derecho por el que tanto propugnan. Entre la fuerza de la represión y la de las triquiñuelas extralegales, el perro de Calderón (ambas acepciones son válidas) se solaza convocando a la unidad nacional. Igual sucede con los mineros, a cuyo sindicato pretende, hasta ahora infructuosamente, destroncar.


Lo importante es que el pueblo está despertando y acompaña a los trabajadores en sus luchas. Me llama la atención que los estudiantes universitarios y politécnicos están retomando su vocación libertaria y de lucha. La cosa está caliente.
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SME, AGUANTA!... LA BANDA ARTISTICA TE LEVANTA!

Represión en vez de solución

Polimnia Romana Envía.18 de Marzo, 2010 - 09:37 | 8 comentarios
El gobierno federal se equivoca si piensa que amedrentando y reprimiendo a los electricistas, a quienes despojó de su trabajo y sus derechos laborales, va a lograr que se desistan de su lucha.
En la capital intentó disolver la manifestación PACÍFICA con gases lacrimógenos que llegaron hasta una Guardería, de esas subrogadas por el IMSS, en la que tuvieron que sacar a los niños y trasladarlos a un centro de salud por la intoxicación que sufrieron.

La población de Juandhó fue prácticamente sitiada por más de mil militares vestidos con uniformes de la policía federal, que realizaron cateos sin orden judicial y despojaron a la gente de documentos y pertenencias de índole personal. Los electricistas Diego Sánchez Mendoza, Sergio Mendoza Rivera y Adrían Monroy Mejía, entre otros, fueron detenidos y golpeados frente a la población civil que participó en la protesta. Desde la madrugada de ayer, 17 de marzo, el pueblo de Juandhó está viviendo un episodio de terror, amanecieron sin servicio de luz eléctrica, con patrullajes constantes y sobrevuelos de helicópteros de la policía federal y del ejército.


Este gobierno fascista no ha hecho otra cosa que generar violencia. No sabe ni quiere escuchar los reclamos de la población, que hasta ahora sólo ha realizado acciones pacíficas para denunciar los abusos, la corrupción y la ilegalidad con las que se conduce el gobierno federal, encabezado por un personaje siniestro.


A Calderón se le olvida que la lucha de los trabajadores electricistas agremiados en un sindicato democrático está apoyada no sólo por la población y muchas organizaciones sindicales, sociales y políticas nacionales, sino que cuenta con el apoyo de importantes organismos internacionales de derechos humanos que han tomado cartas en el asunto y responzabilizan al “gobierno” de Felipe Calderón de la integridad de Martín Esparza Flores, Secretario General del SME, así como de los trabajadores, sus familiares y la población civil que participan en las acciones pacíficas que buscan una solución al problema que ha generado una decisión por demás equivocada por parte del gobierno.


La Huelga Política Nacional que se llevó a cabo en distintos estados de la república el pasado martes 16, no debe ser considerada como una afrenta, al contrario, es una gran oportunidad para que Calderón, y los grandes consorcios que buscan privatizar por completo lo que queda de la industria eléctrica nacional, rectifiquen el rumbo y devuelvan a los despojados el empleo que les arrebataron.
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Marcha 20 de Marzo del 2010

Imágenes de la represión en Juandhó

Una de nuestras amigas radioescuchas nos envía estas imágenes que muestran parte de la represión sufrida en esa localidad.

Fotos: Josefina
CHEQUEN LAS FOTOS DE LOS HECHOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2010 EN LADIVISION JUANDO Y SE VE EL HUMO DEL GAS LACRIMOGENO (DE PIMIENTA) QUENO ESTA PERMITIDA PARA USARCE EN CONTRA DE MANIFESTACIONES CIUDADANAS,SI NO PARA SOMETER AL NARCOTRAFICO O MAFIAS YA QUE SU FABRICACION ESEN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA PARA EL PLANMERIDA.............. . . . . . . .





















Video - Represión en Indios Verdes

Este es el mismo momento en el que los compañeros al intentar negociar la permanencia de las banderas rojinegra, reciben la represión de los pefepos en donde algunos compañeros resultaron heridos.


Represión en Indios Verdes from Radio SME on Vimeo.