martes, 30 de marzo de 2010

Irlanda recapitaliza 3 bancos y nacionaliza 2 entidades mutualistas

"Después de haber estabilizado nuestras finanzas públicas, debemos avanzar hacia la etapa final de la estabilización de nuestro sistema bancario", explicó el ministro de Finanzas irlandés, Brian Lenihan.

AFP
Publicado: 30/03/2010 11:02

Dublín. El ministro de Finanzas irlandés, Brian Lenihan, anunció este martes un plan de rescate bancario que incluye la inyección de 8 mil 300 millones de euros en el nacionalizado Anglo Irish Bank, la recapitalización de otras dos entidades y la nacionalización de dos organismos mutualistas.

"Después de haber estabilizado nuestras finanzas públicas, debemos avanzar hacia la etapa final de la estabilización de nuestro sistema bancario", explicó el ministro ante el parlamento argumentando que la nacionalización parcial o total de cinco bancos era "la solución menos mala".

Según el plan, Anglo Irish Bank, que fue nacionalizado en 2009, recibirá otros 8 mil 300 millones de dólares (11 mil 100 millones de euros).

El Estado también recapitalizará los bancos Allied Irish Banks (AIB), el más importante del país, y Bank of Ireland (BofI), en los que tenía hasta ahora participaciones de 25 por ciento y de 16 por ciento, respectivamente. En el primer caso, debería pasar a ser el "accionista mayoritario".

Además, el banco recapitalizará dos entidades de crédito mutualistas más modestas, el Irish Nationwide y el l'EBS, lo que acarreará su nacionalización completa, agregó Lenihan.

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Inician marcha y huelga de hambre en Chiapas

Ángeles Mariscal, corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 27
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Representantes de diversas organizaciones denunciaron ayer desalojos y otros actos de represión, durante una protesta que antecedió el inicio de su marcha rumbo al Distrito Federal, donde exigirán la liberación de una docena de “presos políticos” acusados de “delitos prefabricados”, quienes iniciaron ayer una huelga de hambre en diferentes cárceles del estado. Entre los manifestantes figuran Alberto Pathistán, Erik Becerra y Ángel Hidalgo Espinosa, recluidos en los penales San Cristóbal, Copainalá y Cintalapa, respectivamente.

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Impiden construcción de presa en Michoacán

Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 26
Morelia, Mich., 29 de marzo. Aproximadamente mil ejidatarios del municipio de La Huacana paralizaron la construcción de la presa Francisco J. Múgica, inconformes porque, dijeron, no se beneficiarán de la obra, que estará terminada en tres meses y tendrá un costo de 2 mil 314 millones de pesos.

Los manifestantes dijeron que no fueron convocados por autoridades agrarias para discutir la construcción de canales de riego y demandaron a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Michoacán que los incluyan en el padrón de beneficiarios. La presa tendrá capacidad para irrigar 27 mil hectáreas y atender a más de 15 mil familias campesinas.
La construcción del embalse comenzó en 2007 y lleva un avance de 85 por ciento. Se espera que dé servicio a productores de frutas, especialmente cítricos, en los municipios de Múgica, Parácuaro, La Huacana, Apatzingán y Gabriel Zamora.

El bloqueo de los trabajos comenzó a las seis de la mañana de este lunes. Los ejidatarios de las comunidades citadas señalaron que tienen problemas para llevar agua a sus cultivos, pero sólo han recibido evasivas de las autoridades.

Añadieron que si bien parte de sus tierras está en zonas más altas que la presa, debe haber alternativas para que dispongan de agua para la siembra de al menos 5 mil hectáreas de árboles frutales.
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Acusan al gobierno de bajar la calidad del café mexicano

Andrés Timoteo Morales y Javier Salinas Cesáreo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 25
El gobierno federal pretende multiplicar las plantaciones de café robusta y reducir las de arábigo para beneficiar a la trasnacional Nestlé, que busca producto barato y de baja calidad, afirmaron dirigentes de organizaciones cafetaleras.

“Las autoridades decidieron ampliar la producción de café robusta en complicidad con la Nestlé, y para lograrlo dispondrán de más de 500 millones de pesos del Programa para el Desarrollo Sustentable de la Región Sur-Sureste”, denunciaron Fernando Celis Callejas, de la Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), y Javier Galván Suenaga, de la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (Unorca).

Los inconformes dijeron ayer en Jalapa, Veracruz, que como parte del proyecto, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) presionan para renovar los comités locales y regionales de la Asociación Mexicana de la Cadena Producto-Café (Amecafe), con gente “dócil y a modo”.

En conferencia de prensa, indicaron: “Nestlé se propuso incrementar sus ganancias con café barato de baja calidad, y obtuvo apoyo del gobierno para lograrlo a costa de los productores nacionales, que ahora se ven amenazados por otra crisis como la de 2000-2004, cuando la cotización del robusta se vino abajo en el mercado internacional y fueron rebasados por no generar grano de calidad”.

Galván Suenaga sostuvo que las autoridades “apostaron a multiplicar los beneficios de Nestlé y se le sometieron sin importar el futuro de la cafeticultura nacional”. Más aún, a fin de incrementar la producción de café robusta por hectárea, la Sagarpa “impulsa la introducción de plantas modificadas genéticamente, lo que representa un riesgo para los cultivos tradicionales”.
Celis Callejas explicó que el precio de los cafés arábigos alcanza 140 dólares por quintal, pero el gobierno pretende reducir la producción de granos de calidad para favorecer la del tipo robusta, que está en declive en todo el mundo y se cotiza a la mitad, pero es más barato para Nestlé. “La intención oficial a corto y mediano plazos es que México pase de cosechar 150 mil sacos de café robusta por ciclo a medio millón”, refirió.

Los dirigentes de ambas organizaciones demandaron que se ejerzan los 530 millones de pesos del Programa de Fomento Productivo y Mejoramiento del Café, recursos que retiene la Federación, pues hay un subejercicio de 330 millones desde 2009.

Por otra parte, Dalmasio Jiménez Martínez, representante los productores de la montaña del Ixtla, dijo que la producción de café en Puebla se verá sensiblemente afectada este año por el cambio climático.

De visita en la Universidad Autónoma Chapingo, en el municipio mexiquense de Texcoco, el dirigente informó que las heladas atípicas de febrero afectaron 3 mil hectáreas de café, lo que significará una pérdida de 27 mil toneladas del grano en municipios de la sierra Negra como Huetamalco, San José Cateano, Francisco Z. Mina, Limontitla, Pantepec y la franja del Plan de María.

Jiménez Martínez calculó que los 3 mil 500 productores cafetaleros de la región y otros 2 mil 500 dedicados a otros cultivos sufrirán un quebranto de 50 millones de pesos, pues el daño abarca 3 mil 500 hectáreas de platanares, que producen 40 mil toneladas, así como 10 mil 500 hectáreas donde se cultivan 7 mil 500 toneladas de naranja, limón persa y mandarina.
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Todavía están fuera del Renaut unos 36 millones de celulares

Miriam Posada y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 22
A 12 días de que concluya el plazo para inscribirse al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), alrededor de 36 millones de líneas siguen sin registrarse, los senadores continúan en pugna por la ampliación de la prórroga, no existe el reglamento correspondiente y persiste la incertidumbre sobre la manera en la que deberán conducirse los operadores.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones informó que hasta ayer se habían incorporado al Renaut 47 millones 319 mil 384 usuarios, que representan 57 por ciento de los 83 millones 500 mil números en operación.

El regulador insistió en que los más de 36 millones de usuarios que permanecen fuera del registro deberán inscribirse antes del 10 de abril, sin importar si tienen el servicio bajo el esquema de prepago o postpago, ya que el cualquiera de los casos el proveedor tiene la obligación de cortar la línea si no están en el Renaut.

Aunque las disposiciones de la Cofetel se mantienen en el tono de que hay que cumplir la ley para no quedarse sin línea de celular, ni este organismo ni el Legislativo han emitido reglas claras sobre lo que pasará después del 10 de abril, como por ejemplo, si se podrán restituir la líneas suspendidas, si los proveedores seguirán cobrando las mensualidades de los contratos tarifarios, o si tendrán que dejar de hacer esos cobros y no percibir los que tenían pactado con sus clientes por plazos de 18 meses, en la mayoría de los casos.
La incertidumbre para proveedores y usuarios de telefonía móvil se mantendrá por lo pronto hasta que concluya el periodo vacacional de Semana Santa, apenas cuatro días antes de que concluya el registro, ya que antes de salir de vacaciones los diputados votaron a favor una iniciativa para ampliar el plazo de inscripción un año, pero en el Senado no hubo consenso y legisladores de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática advirtieron que no aprobarían la ampliación porque es obligación de todos los mexicanos cumplir con las disposiciones legales.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, dijo: “estamos valorando la propuesta de las empresas telefónicas y de los usuarios, y puedo adelantar que vamos a aprobar la minuta que aprobó la Cámara de Diputados para prorrogar el registro de celulares”.

En contraste, el senador panista Ramón Galindo Noriega reiteró en conferencia de prensa que el grupo parlamentario al que pertenece votará en contra de la prórroga, como señaló la semana pasada el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero.
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Censuran decisiones de la JLCA

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 11
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) declaró la inexistencia de la huelga de trabajadores de la gasolinera Belem, ubicada en calzada de Tlalpan y Coruña, tras permitir que fuera la dueña del establecimiento quien impusiera la lista de trabajadores con derecho a voto en el proceso para decidir cuáles empleados apoyaban el paro. Ante las irregularidades cometidas se interpuso un amparo en contra de la resolución de esta instancia.

Trabajadores de esta gasolinera informaron que luego de que iniciaron una huelga legal por una serie de violaciones laborales, como el hecho de que no les pagaban salario y tenían que mantenerse de las “propinas”, así como el despido injustificado de siete trabajadores que tenían más de 10 años de laborar en ese establecimiento, han encontrado trabas para lograr justicia laboral, precisamente de la autoridad encargada de impartirla: que es la JLCA. A decir de estos operarios, las violaciones laborales por parte de la propietaria, Rosario Rashed, son múltiples, ya que la mayoría de los trabajadores no están inscritos en el Seguro Social.
Luego de estallada la huelga, la empresaria reclamó la inexistencia de la misma. Sin embargo, al llevarse a cabo el recuento de trabajadores que apoyan el paro, la junta aceptó una “chicanada” de la empresa, ya que sólo permitió que “votaran” los trabajadores inscritos en el Seguro Social y no todos.

La junta tiene la atribución de elaborar la lista de los trabajadores que pueden votar en un recuento, lo cual “no hizo”, y el proceso se llevó a cabo conforme la lista de la empresa, que prácticamente impidió votar a la mitad de los trabajadores.
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Burócratas arremeten contra la propuesta panista de reforma laboral

Patricia Muñoz Ríos y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 11
“Transgrede la autonomía de los sindicatos” la propuesta de reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), señaló el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Luis Rodríguez Camacho, luego de sostener que esta iniciativa propone aspectos jurídicos que afectan a los trabajadores del apartado B, es decir, a los que están al servicio del Estado.

En cambio, para el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, la reforma a la Ley Federal del Trabajo busca modernizar el marco regulatorio para los sectores laboral y productivo, para generar mejores oportunidades de crecimiento, y sostuvo que el artículo 123 constitucional “es intocable”.

El dirigente sindical señaló que se creó un grupo de trabajo que analizará a fondo la iniciativa, para ver el alcance de las repercusiones jurídicas que tendría para los trabajadores del sector gubernamental los cambios que plantean los legisladores panistas, y no descartó que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) presente su propia propuesta de ley.

Tras informar que el ISSSTE autorizará la contratación de 2 mil 500 nuevas plazas para este año, Rodríguez Camacho expuso que no están dadas las condiciones para que la reforma propuesta por legisladores de Acción Nacional pueda discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados.
El plan del PAN “toca aspectos como los estatutos de las organizaciones sindicales, con lo que obviamente no estamos de acuerdo” y consideró difícil que se concrete pronto una nueva reforma laboral.

Madero, por su lado, llamó a no confundir a la opinión pública, ya que, dijo, la reforma propuesta no contiene ningún apartado de modificaciones al 123 constitucional, por ello no permitiremos que “los detractores de esta modificación, traten de confundir a la población con argumentos sin sustento”.

La reforma laboral “es precisa y transparente”, los posicionamientos de los diputados federales de Acción Nacional son claros y congruentes con la propuesta y sólo se busca modernizar el marco legal para mejorar las condiciones de empleo y de competitividad”.

Sostuvo que por lo que respecta a los trabajadores sindicalizados, la reforma incluye mecanismos de transparencia para que los agremiados tengan acceso e información de la situación que guardan las aportaciones de sus cuotas y para que tengan plena certeza del destino final que se les da.
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Convenio entre mineros y Arcelor Mittal

De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10
El sindicato nacional de mineros firmó un convenio de “racionalidad y eficiencia económica” con la empresa Arcelor Mittal, con sede en Lázaro Cardenas, ya que esta empresa decidió fusionar las cuatro compañías que dentro de la misma firma operan en esa localidad.

El acuerdo plantea respeto total a la planta productiva de trabajo, y lejos de poner en riesgo los empleos en la empresas, se buscará la mayor productividad sin reducir el número de plazas. Asimismo, se acordó respetar el contrato colectivo y los intereses de los trabajadores y a la representación sindical de los mismos, cuya titularidad la tiene el sindicato nacional minero.
A la empresa, por su parte, el acuerdo le permitirá tener mayor eficiencia y racionalidad económica, así como “un aprovechamiento mayor de los recursos de que dispone, ya que mediante el convenio se hace posible incrementar la eficiencia, la racionalidad económica y la generación de empleos en el sector minero, metalúrgico y siderúrgico del país”.

Según informó el sindicato, con esta firma se demuestra que se pueden construir acuerdos constructivos entre las partes, con respeto a los derechos de los trabajadores, al sindicato y a sus dirigentes.
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El gobierno de Calderón mantiene a la baja la generación de energía eléctrica

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10
El gobierno de Felipe Calderón ha reducido la generación de energía eléctrica por conducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que sólo en 2008 incrementó 6.9 por ciento la ociosidad de sus plantas instaladas en el país, mientras que los productores privados aumentaron su participación en el mercado, al generar la mitad de gigavatios distribuidos por la paraestatal, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como resultado de la revisión al Informe de la cuenta pública 2008, la auditoría encontró que, en ese año, 87.5 por ciento de la capacidad instalada de la CFE estuvo disponible para generar energía, pero sólo operó 45.4 por ciento, lo cual refleja que 42.1 por ciento no se utilizó.

Al respecto, el diputado José Narro Céspedes (PRD) refirió que la administración calderonista persiste en la práctica iniciada en el sexenio de Vicente Fox Quesada de privatizar la generación de energía eléctrica.

“De acuerdo con la capacidad de generación comprometida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en el periodo 2003-2008 la capacidad de generación comprometida disminuyó 74.1 por ciento”, refirió en entrevista.

En una revisión de los informes de la ASF, a partir de las auditorías practicadas a la CFE y a la extinta Luz y Fuerza del Centro, Narro Céspedes sostuvo que a pesar de la deliberada disminución en la generación de energía, el sector eléctrico mexicano “se encuentra operando con niveles altos de márgenes de reserva”.

En el periodo enero-junio de 2008 se registró un margen de reserva de 42.5 por ciento, mientras que el operativo fue 15.4 por ciento, lo cual representa –dijo– un superávit en la disponibilidad de capacidad de generación de electricidad. Esa situación, explicó, implica capacidad instalada ociosa que puede representar altos costos de producción.

Sobre este punto, en la auditoría que practicó la ASF a la disponibilidad de centrales de generación de la CFE, se detalló que durante 2008 la demanda de energía eléctrica no evolucionó conforme a las perspectivas del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual explica los márgenes de reserva.
En una gráfica incluida en el informe, el órgano fiscalizador refirió que el consumo de energía programada para ese año fue de 206 mil 704 gigavatios, y el consumo fue de 196 mil 381.

Aun así, refirió, el gobierno echó a andar la construcción de cinco proyectos más de centrales generadoras de energía, con lo cual la CFE incrementará en 2 mil 239.2 megavatios su capacidad de producción, 4.4 por ciento más, entre marzo de 2009 y junio de 2012.

Durante 2008, refirió la auditoría, la CFE contó con un presupuesto de 79 mil 36 millones 920 mil pesos, con la finalidad de “contar con suficiente capacidad de generación de energía eléctrica, mediante un adecuado mantenimiento en su infraestructura para garantizar su operación en el SEN”.

En el desagregado por tipo de generación, la ASF informó que las unidades hidroeléctricas tuvieron una eficiencia de 42.6 por ciento, las térmicas de 56.1 y las eólicas 34.2 por ciento.

En el caso de las hidroeléctricas, tuvieron una capacidad efectiva de generación de 88 mil 735.5 megavatios y sólo generó 37 mil 839, por lo que sólo utilizó 42.6 por ciento de la energía disponible.

Las centrales térmicas tuvieron una capacidad de generación de 194 mil 893.3 megavatios y generaron 109 mil 267, 56.1 por ciento; las eoloeléctricas 745.3 gigavatios y sólo produjeron 245, 34.2 por ciento. En total, la Subdirección de Generación de la CFE reportó una generación de 137 mil 13.7 gigavatios.

En contraste, los productores independientes –que además de generar la energía que consumen venden sus excedentes a la CFE– contaron con una capacidad de generación de 88 mil 108.01 gigavatios y produjeron 74 mil 232, una utilización de 84.3 por ciento.

Esto representó 50.4 por ciento de los gigavatios reportados por la Subdirección de Generación de CFE.
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México SA - Un deudor en cada hijo te dio

¡Felicidades!, mexicanos creyentes del discurso sobre la recuperación” (léase “lo peor ya pasó”), porque su deuda por cabeza aumentó la friolera de 83 por ciento sólo en el primer trienio del calderonato, es decir, cuando la promesa electoral de “para vivir mejor” es más tangible que nunca. Así es: por cortesía del inquilino de Los Pinos y su “muy buen equipo económico, tal vez el mejor” (adivinen de quién es la frase), cada una de las 107 millones de personas (en números cerrados) que habita esta gloriosa República sobre su espalda obligadamente carga un débito que no solicitó, del que no fue notificado y, lo que es peor, cuyo potencial beneficio no se registra por ninguna parte.

Cómo no recordar a cierto candidato panista que histérico advertía a los electores sobre “el peligro” que para el país representaba “el creciente saldo” de la deuda pública del Distrito Federal. Pues bien, ese mismo personaje terminó en Los Pinos (haiga sido como haiga sido), y por completo “olvidó” aquello de la “enorme deuda”, toda vez que a cada peso que los mexicanos ya debían él hizo la hombrada de aumentarles otros 83 centavos en sólo tres años con el fin, se supone, de “vivir mejor”. (No se incluyen la contratación de una línea de crédito “preventiva” –léase por si las moscas– de 48 mil millones de dólares con el FMI).

Las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda (diciembre de 2009, el año del “catarrito”) revelan que cada uno de los 107 millones de mexicanos (incluidos los recién nacidos) debe 34 mil 577 pesos por concepto de deuda del sector público federal, es decir, 83 por ciento más con respecto a los 18 mil 912 pesos que adeudaba el primer día de diciembre de 2006 (en aquel entonces se contabilizaban 105 millones de paisanos), cuando el histérico candidato panista devino inquilino de Los Pinos. Así es, en tres años este personaje de la zarzuela política mexicana muy cerca estuvo de lograr la duplicación del débito del sector público: de un billón 985 mil 730 millones de pesos aquel primer día de diciembre de 2006, a 3 billones 708.37 millones el último día de 2009 (y contando), sin que para efectos de crecimiento económico y bienestar social de los pagadores se registre para qué se contrató y dónde quedó.

Para efectos de medición, en diciembre de 2006 el débito del sector público federal representó alrededor de 20 por ciento del producto interno bruto; tres años después, esa proporción creció a 30 por ciento, un récord nada despreciable para un histérico que gritaba a los cuatro vientos sobre el “peligro del creciente saldo” de la deuda del Distrito Federal, la cual, dicho sea de paso, se ha incrementado algo así como 7 por ciento en igual periodo, contra 83 por ciento de la relativa al sector público federal. Tan sólo en el año del “catarrito” el saldo de la deuda del sector público federal (sin incluir Pidiregas, que significan poco más de 850 mil millones de pesos) se incrementó en 260 mil millones de pesos, algo así como 2 mil 430 pesos por mexicano. De 2008 a 2009 el débito total –interno y externo– se incrementó en casi 10 puntos porcentuales del PIB; la deuda externa aumentó de 2.7 a 9.8 por ciento como proporción del producto interno bruto.
Por lo que toca al costo financiero de la deuda del sector público federal, en 2009 de las arcas nacionales salieron 263 mil 45.4 millones de pesos (16 por ciento más que en 2008), de los que 88 por ciento (88 centavos por cada peso) se destinó al pago de intereses, comisiones y gastos. Por esta gracia, cada mexicano aportó –con gusto o sin él– casi 2 mil 460 pesos, monto 28 por ciento superior a los mil 933 que por el mismo concepto pagaron en 2006.

Con el espléndido resultado que en materia de endeudamiento público ofrece el inquilino de Los Pinos, con base en la más reciente numeralia de la Secretaría de Hacienda, cada uno de los mexicanos, amén de feliz, debe apartar 94.73 pesos diarios (incluyendo sábados, domingos y días festivos) para cubrir “su parte” en lo que se refiere a débito del sector público federal (que incluye la deuda neta del gobierno federal, los organismos y empresas controladas y la banca de desarrollo; aparte hay que considerar su rebanada por endeudamiento estatal y municipal). La mayoría de los habitantes de este país no tiene para comer, comprar calzones, pagar sus propias deudas, o vivir medianamente, pero eso sí el susodicho histérico los obliga a destinar una gruesa rebanada de su enclenque ingreso para que el señor pueda repetir incansablemente que la “recuperación” ya llegó, ya está aquí” y que “lo peor ya pasó”. Ustedes dirán.

Desde aquella pomposa ceremonia de febrero de 1990, cuando la dupla Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe anunció la “renegociación definitiva de la deuda” y que ésta, por lo mismo, era “un problema superado” (frase que repitió Vicente Fox hasta el cansancio), el saldo del débito público no ha dejado de crecer, mucho menos el pago por concepto de intereses. El problema
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El norte, fuera de control

La masacre de 10 niños y jóvenes perpetrada antier en el municipio duranguense de Pueblo Nuevo es el más reciente episodio de los fenómenos de violencia y descontrol que han cundido en la franja norte del país con una velocidad escalofriante. Los combates y las masacres ocurren, con días u horas de diferencia, en un amplio arco territorial que va de Sinaloa a Tamaulipas, pasando por Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, y dejan al descubierto la extrema debilidad –si no es que la ausencia– de los poderes federales, estatales y municipales.

La carencia de autoridades funcionales no sólo se evidencia en el accionar impune de grupos armados que masacran a decenas de jóvenes en Ciudad Juárez, Torreón o Durango, que paralizan Monterrey y sus zonas conurbadas y que, según los reportes gubernamentales, lanzan acciones ofensivas contra unidades de las fuerzas armadas; el vacío de poder también se pone de manifiesto en la confusión y la impunidad que suelen suceder a atropellos de las fuerzas del orden –civiles y militares– contra la población y la proliferación de violaciones graves a los derechos humanos.

Así ha ocurrido, entre otros casos, con los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) muertos, a decir del gobierno, en una balacera entre efectivos del Ejército y presuntos sicarios, en un hecho trágico que ha dado pie a versiones incoherentes de las autoridades, así como a sospechas de que los jóvenes pudieron ser asesinados por los uniformados. Igualmente grave es el homicidio de un presunto narcomenudista, detenido la semana pasada por efectivos de la Marina en Santa Catarina, y hallado muerto un día después en un baldío de San Nicolás de los Garza.

Otro ejemplo del desgobierno es el desparpajo con que el presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, ha anunciado acciones fuera de la ley para, supuestamente, combatir a los grupos delictivos en su demarcación, y su admisión posterior de que ha mantenido contactos institucionales con presuntos delincuentes. La tolerancia del gobierno federal para con este funcionario contrasta con la dureza injustificada con que el año pasado se detuvo e incomunicó a varios alcaldes de Michoacán a los que se acusó, sin sustento, de mantener vínculos con la delincuencia organizada; no puede eludirse el hecho de que mientras Fernández es miembro de Acción Nacional, sus homólogos michoacanos son de militancia perredista, lo que denota una doble moral contraria al más elemental sentido republicano.
La doble moral también ha proliferado, según puede verse, en los medios y en la sociedad. Mientras que las muertes de los estudiantes del Tec, el pasado viernes 19, han generado una gran masa informativa, movilizaciones y expresiones de repudio, sin duda compartibles, otros homicidios de inocentes ocurridos ese mismo día pasaron prácticamente inadvertidos: el de una mujer que murió en el fuego cruzado de una balacera en Monterrey y los de seis campesinos sinaloenses ultimados en el municipio de Elota. No puede haber raseros distintos para hechos similares.

En otro sentido, el más reciente asesinato masivo de inocentes, ocurrido en Durango, se inscribe en un patrón alarmante de ataques contra jóvenes y estudiantes del todo ajenos a los conflictos generados por la delincuencia, así como por las erráticas y equívocas respuestas de las autoridades. Es positivo que el gobierno federal haya depuesto su tendencia a acusar en automático a esa clase de víctimas –40 jóvenes en lo que va de 2010, según mandos militares citados en la edición de este diario del pasado domingo– de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Pero no bastan el silencio ni los pésames oficiales; dos de las responsabilidades básicas del Estado –garantizar la vida y la integridad física de la población y procurar justicia– son incumplidas en forma cada vez más frecuente en diversas zonas del país, y esas omisiones aceleran la descomposición institucional y la fractura creciente entre las autoridades y la sociedad afectada.
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El taxi, tabla de salvación para profesionistas, amas de casa y ex trabajadores de LFC

Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 32
El taxi se convirtió en refugio o tabla de salvación para profesionistas, amas de casa y, más recientemente, ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), que encontraron en este medio de transporte una forma de salir adelante o completar sus ingresos, señaló la directora del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes), Rocío Mejía Flores.

La crisis económica provocó que en los meses recientes decenas de personas de entre 18 y 80 años de edad se incorporarán a este sector “pulverizado y ninguneado”, ante el continúo cierre de empresas, despidos o rotación de personal, aunque su número fue menor respecto del universo de solicitantes, al presentar problemas de obesidad, sobrepeso, presión alta, colesterol y/o consumir mariguana o cocaína.

La evaluación médica integral que se les realiza en el módulo de la Secretaría de Transporte y Vialidad de El Coyol permitió detectar esos problemas y canalizarlos a instituciones de salud acreditadas para atenderse o integrarse a un proceso de rehabilitación.

Los que cumplieron con su tratamiento pudieron continuar su proceso de capacitación en desarrollo humano, educación vial, funcionamiento de los vehículos, salud laboral y normatividad, en el módulo de La Virgen, y de habilidades en el paradero de Santa Anita, donde algunos de los aspirantes tuvieron que presentarlo hasta tres veces, sin costo extra.

Hasta el momento, destacó, 76 mil 738 operadores de taxis, colectivos, especializados, carga, transporte escolar y de valores –de un total de 250 mil– han cumplido con este proceso para obtener su licencia tarjetón, que les ha implicado “estar en las aulas entre ocho y 14 horas, dependiendo si se trata de su expedición por primera vez o revalidación, y un pago promedio de tres mil pesos entre derechos y evaluaciones”.
Con ello se garantiza que son aptos para conducir y reducir el número de accidentes viales, lo cual se ha logrado, y el primer grupo de taxistas egresados de este sistema de valoración pionero en el país, que regresará en octubre por su nuevo tarjetón, podrá acceder a una certificación de competencia laboral, documento que “les permitirá ingresar a una empresa o simplemente que su labor de 10 o 25 años sea reconocida por las autoridades”.

En muchos casos, comentó, “ser taxista es una tradición familiar, en otros una necesidad para salir adelante, ante la falta de oportunidades en el mercado laboral, por falta de experiencia o estudios, pues 67 por ciento cuentan con primaria y secundaria; 25 por ciento, preparatoria, y sólo ocho por ciento tiene una carrera técnica o universitaria, y requieren completar sus ingresos”.

Tan sólo en los meses recientes se detectó un número importante de ex trabajadores de Luz y Fuerza que solicitaron su licencia tarjetón, para conducir un taxi, que “se ha convertido en un escape laboral para cientos de personas, lo que nos obliga a elevar su autoestima. Estar detrás del volante hasta 18 horas al día ha permitido a cientos de familias que dependen de esta actividad darles una carrera a sus hijos y permitirles que sobresalgan en el ámbito financiero, cultural o industrial. Por lo que no debe ser ninguneada nunca mas”, afirmó.
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SME denuncia acoso de federales en Hidalgo

Dinorath Mota
El Universal
Pachuca, Hgo. Lunes 29 de marzo de 2010
15:50

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), denunció el acoso y amenazas que enfrentan sus integrantes de parte de la Secretaria de Gobernación y de la Policía Federal Preventiva, que en Hidalgo ya detuvo a dos lideres sindicales la semana pasada y un número importante de ex trabajadores mantienen averiguaciones previas en su contra.

La detención de Joel Pérez, representante propietario de los jubilados de la extinta Luz y Fuerza en la zona de Tulancingo y de Justo Miranda, representante del departamento de líneas de transmisión, se realizó la semana pasada y después de mantenerlos 12 horas declarando fueron puestos en libertad mediante el pago de una fianza.

Ante ello Luis Espinosa, secretario general del SME, refirió que existe temor entre los ex trabajadores, “en primer lugar no somos delincuentes y porque vamos a pisar una cárcel o pagar una fianza, si lo único que estamos haciendo es defender nuestro trabajo”. Dijo que se conoce que existen averiguaciones previas abiertas para casi todos los líderes sindicales.

Lamentó, el doble discurso de la Secretaría de Gobernación que por un lado se sienta a la mesa del diálogo y por otro mantiene un acoso constante a través de la PFP, una prueba de ello destacó, se dio durante la huelga nacional en la que fueron detenidos varios integrantes de Luz y Fuerza, “se les detuvo por parte de los federales, se les dio su paseado y después de horas los volvieron a soltar”, destacó.

En el caso de la comunidad de Juandho en el municipio de Tetepango, el líder sindical denunció que pese a que se ha retirado el 40 por ciento de los federales, y sólo quedan unos 300 efectivos en resguardo de las instalaciones de la subestación, la ciudadanía aún no puede realizar si vida de manera cotidiana.

Espinosa, dio a conocer que han tenido reportes que además de la presencia de los federales han sido desplazados grupos militares vestidos de civil, “la comunidad ya no es la misma, no existe la seguridad que tenían y sólo por una causa, defender su fuente de empleo”, señaló.

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La CFE corrompe al SUTERM para lograr la privatización: Martín Esparza

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrega al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que dirige Víctor Fuentes del Villar, montos equivalentes a 2 por ciento de cada contrato que firma con las empresas “contratistas”, con la finalidad de que deje operar a estas compañías y se fomente la privatización.

Se trata de una “compensación monetaria” a ese sindicato por aceptar la privatización del sector eléctrico en el país, denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores. En conferencia de prensa ofrecida en la sede del SME planteó que “el actual secretario general del SUTERM, Víctor Fuentes, acepta la cantidad de 2 por ciento sobre el monto de cada obra, así como 2 por ciento del costo de los 773 permisos otorgados a las empresas trasnacionales para la generación de energía eléctrica, siendo cómplice de la privatización, junto con el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub”.

Esparza dijo que de esta acción fue informado por el anterior subsecretario de Gobernación Gerónimo Gutiérrez, quien incluso señaló que la entrega de estos recursos no está admitidos en el contrato colectivo de trabajo y se brinda de manera directa al sindicato. Pero sobre todo, le dijo que “se puede legalizar el contratismo”.
El dirigente dio a conocer ayer fotografías con las que quiere demostrar que una de las instalaciones donde están las secciones 57, 123 y 186 del SUTERM en el estado de Hidalgo, ubicadas en la colonia Montecillo, en Tula, se ha convertido en el centro de operación de empresas contratistas y tienen ahí un amplio parque vehicular de camionetas que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Además de las camionetas, también hay material y equipo de LFC, según sostuvo.

Calificó de “esquirolaje” lo que está haciendo el SUTERM y dijo que este sindicato está permitiendo el robo de la materia de trabajo del SME; además de que está vigente el convenio de delimitación de zonas firmado desde 1985 entre la CFE y LFC. Responsabilizó al secretario del Trabajo, Javier Lozano, de las confrontaciones entre los grupos de trabajadores de ambos gremios, por la defensa de la materia de trabajo.

En su opinión, la serie de violaciones laborales cometidas por el gobierno contra los trabajadores de LFC, no tienen otra motivación que los intereses económicos de grupos empresariales sobre las áreas de distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica, de la fibra óptica y del power light comunication en el centro del país.
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