lunes, 12 de abril de 2010

SME llama a huelga de hambre en el Zócalo

El dirigente nacional de los electricistas, Martín Esparza, informa que ante la nula respuesta del gobierno del presidente Felipe Calderón a sus peticiones, decidieron radicalizar sus acciones

Emilio Fernández Román
El Universal
ATIZAPÁN, Méx. Lunes 12 de abril de 2010
21:45



El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) convocó a una huelga de hambre colectiva en el Zócalo de la ciudad de México, que iniciará antes del 1 de mayo, Día del Trabajo, para presionar al gobierno de la República de que regrese miles de fuentes de empleo de ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Durante un mitin realizado en la plaza principal de la colonia Lomas de Atizapán, el dirigente nacional del SME, Martín Esparza, ante más de 500 empleados de LyFC, informó que ante la nula respuesta del gobierno del presidente Felipe Calderón a sus peticiones, decidieron radicalizar sus acciones.

Una de ellas, dijo, será la de comenzar una huelga de hambre la próxima semana en la plaza más importante del país.

Antes del Día del Trabajo, advirtió, Esparza el Zócalo capitalino estará tomado por los miembros del SME.

"Y a ver qué cuentas rinde el gobierno de Felipe Calderón al mundo, su gobierno no tiene nada que festejar ese día", expresó.

El líder nacional del SME no precisó el día en el que iniciará la huelga de hambre, pero pidió a los ex trabajadores de LyFC que ocupen plazas y calles, y que inicien huelgas de hambre simultáneas.

El 22, 23 y 24 de mayo próximos, dijo, se realizará una consulta ciudadana a nivel nacional para pedir la revocación del mandato del presidente Felipe Calderón.

fml

Fuente

ACCIÓN EN APOYO A LOS JUBILADOS FERROCARRILEROS

Nuestos compañeros jubilados ferrocarrileros requieren nuestro apoyo y hemos sido convocados a acompañarlos en la movilización-mitin que se llevará a cabo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ubicada en Eje Central y Xola a las 10:00 a.m. Para el 2011 ya no habrá fondo de pensiones para ellos, algo que porsupuesto es una verdadera INJUSTICIA.

POR UN PORVENIR DIGNO DE LOS JUBILADOS FERROCARRILEROS, PORQUE ELLOS TAMBIÉN HAN SIDO PISOTEADOS POR EL MAL GOBIERNO!!!


NO FALTES

Caso Cuba: Defenderemos la verdad con nuestra

El imperio y sus aliados se han lanzado a una nueva cruzada para intentar
demonizar a Cuba. Su poderosa maquinaria política y mediática ha puesto en
marcha una colosal operación de engaño con el objetivo de desacreditar el
proceso revolucionario, desestabilizar el país y provocar las condiciones
para la destrucción de nuestro sistema social.

En la febril campaña usan a sus mercenarios al antojo. Para obtener
bochornosos dividendos políticos, los lanzan a la muerte, sin importarles un
ápice verdaderamente esos seres humanos; como no les ha importado nunca
tampoco la muerte de más de 3 mil cubanos por actos terroristas organizados
y financiados desde Estados Unidos, ni el destino de los más de 2 mil
compatriotas mutilados por esos actos abominables, ni los ciudadanos que han
perecido en el Estrecho de la Florida al lanzarse en infaustas aventuras
tras los cantos de sirena de la asesina Ley de Ajuste Cubano.

Invocan cínicamente los derechos humanos que han pisoteado y pisotean hoy
impunemente en diversas partes del mundo. Acusan hipócritamente a la
Revolución de la muerte de una persona, preso común al que vistieron de
político por obra y gracia de las campañas anticubanas y los cuantiosos
recursos y medios que a ella se dedican, a quien sacrificaron para servir de
punta de lanza en el propósito de denigrar a la nación que más esfuerzos ha
hecho por salvar vidas en el mundo, al enviar a decenas de miles de sus
abnegados trabajadores de la salud a colaborar con más de un centenar de
países, en los lugares más difíciles; a la Revolución que no dudó un segundo
en ofrecer sus médicos para socorrer a las ciudadanos norteamericanos en New
Orleans y otras ciudades del sur tras el paso devastador del huracán
Katrina; la que brinda estudios superiores a jóvenes que no hubieran podido
graduarse en sus naciones, incluyendo a varios de los Estados Unidos; a la
que ha puesto a disposición internacional un novedoso método de
alfabetización que ha permitido a millones de personas en diversos países de
América Latina y el Caribe, Europa, África y Oceanía acceder al sagrado
derecho humano de la educación y el conocimiento.
La Revolución Cubana ha actuado consecuentemente bajo principios éticos,
políticos y morales siguiendo las enseñanzas de Fidel. El respeto al ser
humano es la esencia de nuestro sistema y ha sido una de las claves del
apoyo popular al proceso desde los días heroicos de la Sierra Maestra,
cuando siempre se respetó la vida de los prisioneros enemigos.

Pese a la invariable política de hostilidad y agresión constante del
Imperio, desde la invasión armada, los sabotajes terroristas y los planes de
atentados contra Fidel y nuestros dirigentes, hasta la promoción de la
subversión y el genocida bloqueo económico, comercial y financiero que dura
ya cinco décadas, la Revolución jamás ha asesinado, torturado o desaparecido
a uno solo de sus enemigos.

¿Pueden decir lo mismo los gobiernos de Estados Unidos y de los países
europeos que se desgañitan criticando a Cuba y condenándola cual si fueran
vírgenes vestales? ¿Qué pueden decir del millón de muertos en Iraq y las
decenas de miles de víctimas en Afganistán por las guerras ilegales allí
ejecutadas? ¿Cómo pueden explicar las cárceles secretas y las torturas para
los supuestos terroristas? ¿Qué basamento legal sustenta los asesinatos
selectivos que Estados Unidos ha ejecutado contra sus enemigos en diversas
partes del mundo con una fuerza especial dirigida en estos años por el mismo
General que ahora comanda las tropas en Afganistán? ¿Cómo pueden justificar
la muerte en los últimos 5 años de más de 100 inmigrantes que estaban bajo
la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados
Unidos? ¿Qué derecho humano sustenta las palizas brutales contra los
representantes de los movimientos sociales que protestaban cuando la Cumbre
del Clima en Copenhague o contra los estudiantes californianos que
reclamaban más presupuesto y menos cobros por la educación? ¿Quién supervisa
el trato vejatorio que se le da a los inmigrantes en los cientos de centros
de detención que están diseminados por Europa? ¿Se han alarmado, han
denunciado o han condenado estas escandalosas violaciones de los derechos
humanos el Congreso de Estados Unidos, el Parlamento Europeo y los partidos
de la derecha del Viejo Continente que hoy se muestran tan preocupados con
Cuba?

Lo que les inquieta verdaderamente es la fortaleza moral de la Revolución,
su fidelidad a los principios, su creciente prestigio en nuestra región,
donde se ha convertido en importante actor de impulso al proceso de
integración, su actuar inteligente y sereno para enfrentar las duras
consecuencias de la crisis económica internacional y del bloqueo, su
claridad en que hay que cambiar lo que deba ser cambiado en pos de
conquistar para nuestro pueblo toda la justicia como nos han pedido Fidel y
Raúl.

Por ello el imperio y sus aliados europeos concertan planes, coordinan el
trabajo de sus servicios especiales, envían a sus diplomáticos a las calles
a monitorear el trabajo de sus asalariados en la isla, incrementan los
fondos para la subversión en Cuba. Solo la USAID tiene asignado 20 millones
de dólares este año para suministrarle a los grupúsculos
contrarrevolucionarios y para financiar el acoso mediático contra Cuba.

Ahora centran su cínica campaña en un nuevo huelguista —cuyos delitos
comunes y actos contrarrevolucionarios fueron denunciados en Granma el
pasado 8 de marzo— a quien se le brinda toda la atención médica calificada.

Se mundializa su show mientras se silencian cínicamente su crueldad y
antecedentes criminales, sus agresiones y amenazas de muerte a una doctora,
directora del hospital donde trabajó, y la golpiza a un anciano indefenso al
que hubo que operar de urgencia por las lesiones recibidas.

Arman alharaca también alrededor de las autodenominadas Damas de Blanco,
quienes se prestan al juego enemigo y se sustentan con dólares salpicados de
sangre cubana, suministrados entre otros por el terrorista Santiago Álvarez
Fernández Magriñá, quien pretendió volar el Cabaret "Tropicana" y es el
"benefactor" en Miami de Luis Posada Carriles. No es de extrañar por eso que
el autor de la voladura de un avión de pasajeros de Cubana de Aviación y de
otros execrables actos saliera hace unos días en Miami a expresar su apoyo a
estas "damas", cuya única sanción hasta hoy ha sido el repudio contundente y
enérgico de nuestro pueblo en las calles.
Recibir dinero de una organización terrorista es una felonía severamente
castigada en Estados Unidos. Actuar al servicio de una potencia extranjera
lo es también. Los delitos de los llamados "disidentes" no tienen nada que
ver con la libertad de opinar, sino con la colaboración a sueldo de la
superpotencia enemiga en sus planes contra nuestra nación. A todos se les ha
probado la recepción, directa o indirecta, de fondos del gobierno de Estados
Unidos y de no pocas fundaciones europeas que colaboran con la política de
guerra contra Cuba.

¿Qué les pasaría a estos "disidentes" si hicieran en el país de su amo las
acciones que realizan en Cuba? El Código Penal de Estados Unidos prevé una
pena de 20 años para quien preconice el derrocamiento del gobierno o del
orden establecido; 10 años para quien emita falsas declaraciones con el
objetivo de atentar contra los intereses nacionales en sus relaciones con
otra nación, y 3 años a quien mantenga "correspondencia o relación con un
gobierno extranjero (¼ ) con la intención de influir en su conducta (...)
respecto a un conflicto o una controversia con Estados Unidos".
El enemigo usa todas las armas de presión. Utiliza el chantaje político y
ordena el aniquilamiento mediático de quienes pretendan ser solidarios con
Cuba. Intenta acallar cualquier voz que discrepe de su dictado. Olvida hasta
su cacareada "Libertad de expresión" para obligar a Google a cerrar el blog
digital de un intelectual cubano que ha denunciado con irrebatibles
argumentos los verdaderos propósitos políticos de la campaña contra nuestra
Patria.

Nada nos sorprende. Son los mismos métodos perversos puestos en práctica
desde hace 50 años cuando el presidente Eisenhower aprobó el Plan de
acciones encubiertas contra Cuba.

Como dijo el compañero Raúl en la clausura del IX Congreso de la UJC:

"Más de medio siglo de combate permanente ha enseñado a nuestro pueblo que
la vacilación es sinónimo de derrota.

"No cederemos jamás al chantaje, de ningún país o conjunto de naciones por
poderosas que sean, pase lo que pase. Tenemos derecho a defendernos. Si
pretenden acorralarnos, sepan que sabremos parapetarnos, en primer lugar en
la verdad y los principios". "¡Sobran los ejemplos en nuestra historia!"

Daremos la pelea con nuestras ideas, en nuestras calles y en todos los
escenarios internacionales.

¡El próximo 1º de Mayo recibirán de nuestro pueblo y sus trabajadores una
contundente e inequívoca respuesta del apoyo a la Revolución!

¡Defenderemos la verdad con nuestra moral y nuestros principios!

CONCENTRADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES RALIZADAS EN LA JORNADA DEL 10 DE ABRIL DE LA COORDINADORA PROVISIONAL DE ORGANIZACIONES

MUNICIPIO ACCIONES


TUXTLA Bloqueo de la avenida y calle central

SAN CRISTOBAL Bloqueo carretera san cristobal comitan

COMITAN Bloque de walmart, aurrera, compartamos banco, Bancomer y banamex

COMALAPA Bloqueo Bancomer, Banamex, aurrera.

MOTOZINTLA PLANTON FRENE A LA DELEGACION DE GOBIERNO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL

TAPACHULA Bloqueo carretero en el km 10

ACACOYAHUA Bloqueo carretero

ESCUINTLA Bloque carretero k

MALPASO BLOQUEO CARRETERO

A todos los camaradas,

Salud:
Les informamos que quienes deseen asistir al Foro de Análisis sobre el Proyecto de Reforma Laboral del Partido Acción Nacional, solo podrán ingresar quienes presenten Credencial de Elector (IFE) y anuncien que asisten al evento organizado por la Diputada Federal Laura Itzel Castillo.
Sin más por el momento, quedamos de ustedes.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia y del Trabajador”
México D.F. a 9 de abril de 2010
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior
Sindicato Mexicano de Electricistas

Correo RadioEscuchas. Y ESTO ES UNA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL‏

HOLA
NUEVAMENTE SOLO LES ESCRIBO PARA BALCONERAR A LA EMPRESA
DE CLASE MUNNDIAL

EN MI COMUNIDAD HAY UN PUEBLO QUE SE LLAMA CASA BLANCA
PERTENECE AL MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA Y LLEVAN OCHO DIAS SIN LUZ EN TODA LA COMUNIDAD.

POR FAVOR DIGALE A LA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL DONDE LOS REPORTAMOS

GRACIAS


Respuesta RadioSME: Así es compañero, sin embargo, sabemos que como nos monitorean los arrastrados trabajadores de Gobernación, creemos que por este medio por lo menos tratarán de avisarles a los incompetentes trabajadores de CFE.

Saludos cordiales.

El año de Hidalgo en Luz y Fuerza del Centro

El año de Hidalgo en Luz y Fuerza del Centro

11 Abril 2010

Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a particulares, revela la Auditoría Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la extinta paraestatal




La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.


En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.


Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”.


La ocupación policiaca de las instalaciones administrativas y operativas impidió que los auditores concluyeran su trabajo: sus equipos de cómputo, papelería, así como la documentación que revisaban a LFC quedaron incautados. Aunque para esos momentos los fiscalizadores ya habían logrado concluir algunas auditorías en las oficinas centrales del llamado Edificio Verónica (en la avenida Melchor Ocampo), las cuales la ASF incluyó dentro de su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 recientemente publicado.


El resultado de tales auditorías evidencia la responsabilidad de la administración de Jorge Gutiérrez Vera en millonarios quebrantos a LFC. Revela lo costoso de la mala planeación en los proyectos medulares, un desmedido sobreejercicio presupuestal, pagos en demasía a terceros, desvío de recursos y peculado, un uso y abuso de millonarios recursos de la paraestatal que, sin duda, contribuyeron a la “quiebra” aludida por Felipe Calderón.


Ante tales hallazgos, el órgano máximo de fiscalización del país solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir las investigaciones en contra de los funcionarios responsables, en su mayoría, directivos “de confianza” encabezados por Gutiérrez Vera.


Las auditorías
La ASF auditó los recursos en efectivo y las inversiones temporales que manejó la Subdirección de Finanzas de LFC, a cargo de José María Rivera. En 2008, manejó 3 mil 703 millones de pesos en cuatro cuentas: una de inversión por 3 mil 666 millones, otra de fondos fijos por 2 millones 554 mil pesos, una de fondo remesas extraordinarias por 13 millones 369 mil pesos, y una “caja confidencial” por 20 millones 704 mil pesos.


A juicio de la ASF, el subdirector manejó los recursos con deficiencias en el control interno e irregularidades administrativas. Por ejemplo, descubrió que la Subdirección de Finanzas utilizó cuentas contables que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda: para “Préstamo de Garantía Antigüedad Sindicalizada, “Anticipos gastos funeral”, “Otros anticipos”, “Salarios no cobrados”, “Anticipos por vacaciones”.


En esta área, la Coordinación de Remuneraciones y Presentaciones al Personal de Confianza manejaba una “caja confidencial” –que a diciembre de 2008, tenía un saldo de 20 mil 704 millones de pesos–. De ésta se hacían transferencias bancarias a personal activo y jubilados, préstamos a cuenta de antigüedad, pensiones alimenticias, finiquitos, liquidaciones y laudos, principalmente. En tales operaciones, la ASF acreditó transferencias irregulares que contravienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por ello, solicitó al Órgano Interno de Control abrir las indagatorias respectivas.


La auditoría evidencia un verdadero caos fiscal en el manejo financiero de LFC. Por ejemplo, ninguno de sus registros contables ni estados financieros recibió el visto bueno de la SHCP. Apenas intervenida LFC, Felipe Calderón dispuso clasificar como confidencial toda la información y documentación de la compañía.


La misma Subdirección manejó una cuenta de “Bancos Fondos de Inversión”, en la cual el dinero de LFC se invirtió sin que hubiese una estrategia financiera. Para el 31 de diciembre de 2008, presentaba un saldo de 3 mil 666 millones de pesos en 10 cuentas en HSBC, Santander, Banorte, Ixe, Bancomext, y en las instituciones financieras Monex Inversiones, ING Inversiones, Accival y GB.


Descubrió que no había documento ni análisis que justificara la estrategia financiera de los directivos de LFC para tales inversiones. Tampoco información sobre tasas de liquidez, interés, solvencia, incertidumbre, inflación, condiciones de mercado y vialidad de las inversiones en las instituciones financieras.


Tampoco había indicadores que permitieran verificar en qué medida la estrategia financiera, adoptada por la Subdirección de Finanzas, fue adecuada, considerando la naturaleza de la operación, factores externos objetivos cualitativos y cuantitativos, y cumplimiento de metas. Por ello, la ASF determinó que el subdirector violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.


En algunos fondos se hizo uso de recursos bajo el argumento de que se trataba de “gastos menores, urgentes e inaplazables”, sin que existiera el soporte documental que lo acreditara. Respecto del uso de chequeras, se encontró que no había una actualización de autorizaciones para de fondos, destinadas a pagos menores de proveedores.


De la “caja chica”, utilizada para cubrir sueldos no reclamados, gastos de trabajo, anticipos de salario, pensión alimenticia, entre otros, se encontraron erogaciones sin la comprobación debida.


Por ejemplo, sin tener la autorización correspondiente, el 29 de octubre de 2008 los directivos dispusieron de 1 millón de pesos para un “operativo emergente llevado a cabo con motivo de la posible suspensión de labores masivas de los operativos de clase A”. En el manejo de estos recursos, no hubo evidencia operativa ni control de los gastos; en algunas facturas que se presentaron a cuenta de este gasto, se encontraron artículos no justificados; por ello, la ASF pidió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), en su carácter de liquidador de LFC, revisar este caso.


Sobreejercicio presupuestal
Dentro de los proyectos de inversión de LFC, la SHCP le autorizó 467 millones de pesos para “desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal”. El proyecto consistía en instalar transformadores, construir alimentadores para la red de distribución y sustituir equipo obsoleto. Los directivos gastaron 580 millones de pesos, por lo que la ASF determinó un sobreejercicio de 113 millones de pesos “como resultado de una mala planeación del ejercicio del gasto”.


Pidió a la SFP fincar responsabilidades a los funcionarios que violaron la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque además, a cuenta de este mismo proyecto, se pagaron 14 contratos de adquisiciones sin la autorización presupuestal correspondiente.


En el proyecto de desarrollo y construcción de los sistemas de distribución en el Estado de México, se descubrieron irregularidades en el manejo presupuestal, en los procesos de licitación, en la adjudicación de los contratos y un daño patrimonial de 127 millones de pesos.


El proyecto costaría 267 millones de pesos, según explicaron los directivos de LFC ante la SHCP, la cual les autorizó dicho monto. LFC comprobó un gasto de 189 millones, pero no pudo acreditar el destino de los otros 78 millones 406 mil 868 pesos. La ASF dictaminó daño patrimonial por esa cantidad.


El proyecto para “Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México” consistió en instalar transformadores y construir alimentadores para la red de distribución, además de sustituir el equipo obsoleto. Durante su desarrollo, hubo mala planeación, subejercicio, sobreprecios, entre otras irregularidades. En 26 contratos con terceros para adquisiciones y obra relacionadas con este proyecto, no se incluyó la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso de pagos.


Ya en la ejecución hubo gastos “inflados”. Por ejemplo, el “cambio de voltaje” costaría 3 millones 110 mil pesos, pero los directivos de LFC dijeron que gastaron 8 millones 401 mil pesos. La mano de obra costaría 110 millones de pesos, pero se gastaron 180 millones 706 mil pesos; de éstos no hubo comprobación documental por 48 millones 808 mil 262 pesos; por ello, la ASF determinó un daño patrimonial por esta última cantidad y pidió a la SFP fincar las responsabilidades administrativas sancionatorias.


El proyecto de sustitución y blindaje de la red -que tenía por objeto disminuir las pérdidas de energía por medio de la sustitución de transformadores aéreos de gran capacidad por transformadores de bajas capacidades asociados con la reducción de la longitud de las redes de baja tensión-, costaría 97 millones de pesos, que autorizó la SHCP. Los directivos de LFC gastaron 119 millones 705 mil pesos.


La ASF dictaminó que hubo un sobreejercicio de 21 millones 798 mil pesos, “derivado de una mala planeación del ejercicio del gasto sin la autorización correspondiente y sin la acreditación de haberlo informado en su oportunidad a la Secretaría de Hacienda”.


Además, al auditar el pagó por mano de obra, la ASF no pudo comprobar tales pagos, así que se determinó que hubo un daño patrimonial por los 59 millones 383 mil 164 pesos. En este caso se acreditaron violaciones a la Ley de Obra Pública y a la LFPRH.


En las adquisiciones que LFC hizo en 2008, se detectaron siete contratos que se habían pactado un año atrás, cuyo monto ascendió a 4 millones 129 mil pesos, con fecha de compromiso de entrega para ese mismo año. LFC no pudo justificar el atraso, que en algunos casos debieron rescindirse. En otros, no impuso las penalizaciones correspondientes. Por ejemplo, por los atrasos en sus entregas, a Prolec GE Internacional, se le penalizó por sólo siete días, en lugar de 21.


Compras sospechosas
De los gastos que a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de la liquidación de LFC se hicieron a cuenta de los “Fondos fijos”, se descubrieron numerosas compras realizadas por adjudicación directa, aunque el monto obligaba a los funcionarios a licitarlas, pero además, en muchas de ellas se pagó dos y hasta tres veces más de lo autorizado.


Por ejemplo, en papelería y artículos de oficina se gastaron 8 millones 393 mil 100 pesos, contra 2 millones 300 mil pesos autorizados, es decir, gastaron 300 por ciento más de lo aprobado por Hacienda. En artículos de cómputo, 776 mil 300 pesos, contra lo autorizado de 330 mil. Compra de garrafones de agua por 4 millones 377 mil pesos, cuando era de 2 millones 300 mil.


En utensilios de limpieza, 3 millones 402 mil 800 pesos, contra 2 millones 300 mil autorizados. Compra de refacciones por 2 millones 819 mil 400 pesos, 500 mil pesos más. En lubricantes y aditivos de vehículos, 773 mil pesos, contra 330 mil.


Más pérdidas


El 14 de noviembre de 2005, Luz y Fuerza compró a General Electric International Operations Company 14 plantas generadoras de energía eléctrica. La adquisición incluía el mantenimiento “en garantía” (preventivo y correctivo), por el que se pagaron 770 millones de pesos. Hasta el momento de auditar el contrato (agosto de 2009), el mantenimiento no se había proporcionado.


Dos de las 14 plantas (Coapa y Aragón), no entraron en operación comercial, ello por deficiencias acreditadas a General Electric, ya que los estudios de suelo “no fueron los adecuados”, para ambos casos, porque al instalarse, la planta no funcionó.


Al analizar los egresos del rubro “Servicios generales”, que durante el último año de operación de LFC manejó 1 mil 391 millones de pesos, se detectaron “debilidades y deficiencias” en el control interno.


A cuenta de éste, se compraron licencias de software a Microsoft, pero los auditores de la ASF no pudieron identificar en qué equipos de instalaron. De la misma partida se pagaron los seguros de bienes muebles e inmuebles contratados con Inbursa; Grupo Financiero Inbursa, y Axxa. Se descubrió que, irregularmente, se adquirieron tomando como base un avalúo de los bienes muebles e inmuebles en 2005 y no al 2008, que era el que correspondía, lo cual repercutirá, a juicio de la ASF, “en una recuperación menor de los bienes asegurados”.


Vigilancia, fuga de recursos
De la partida presupuestal de “Servicios generales” se pagó también el servicio de vigilancia contratado a corporaciones policiacas. En nueve contratos vigentes desde 2007, se aplicaron montos adicionales “sin la debida justificación”, hasta por el 45 por ciento más del pactado en el contrato inicial.


En abril de 2006, Contralínea (número 53) documentó diversas irregularidades en los servicios de vigilancia que LFC contrataba a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal para todas sus instalaciones. En los años posteriores, las deficiencias continuaron, según lo documentó la ASF en sus auditorías.


Los manuales mediante los que se contrataba el servicio carecían de validez oficial y no contaban con el visto bueno de la “Sugerencia de normatividad” de la Subdirección de Abastecimiento y Transporte ni con la autorización respectiva de la Comisión de Mejora Regulatoria Interna. El programa de supervisión, con el cual operaban las corporaciones policiacas para LFC, tampoco estaba autorizado.


Respecto de los pagos por servicios se revisaron sólo algunos, cuyo monto ascendía a 146 millones de pesos. Se encontró que dicho pago no había sido validado por la Gerencia de Contabilidad de LFC. Los servicios en las instalaciones de LFC en Morelos, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal no habían sido aprobados ni validados para su pago. Además, al revisar algunas pólizas se detectaron pagos en demasía. Por ejemplo, en la subestación Nonoalco, la SSP cobraba por 21 elementos, y sólo laboraban 10. Ante ello, la ASF dictaminó un daño patrimonial que deberá ser investigado por la SFP.


En los últimos años, LFC también contrató a terceros la custodia de valores. La última fue con Banco Santander Mexicano, mediante el contrato SS-013/2008, vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008. Se encontró que se le pagó el mismo servicio para los meses de enero a marzo, es decir, cuando el servicio aún no se licitaba.


Al revisar el contrato, los auditores detectaron que carecía de cláusulas relativas a la prohibición de hacer transferencias a cuentas de terceros y la obligación del custodio de enviar mensualmente el detalle de todos los valores gubernamentales a su cargo, es decir, se operó sin que el custodio (Banco Santander) tuviera ninguna responsabilidad sobre los valores que custodiaba. Ante la gravedad, la ASF pidió a la SFP abrir la investigación y fincar las responsabilidades correspondientes.


Irregularidades en inmuebles
Al momento de su extinción, LFC era propietaria de 489 inmuebles. La ASF alcanzó a revisar los expedientes relativos a 75 de ellos, es decir, apenas el 15 por ciento de las propiedades. Algunas de las irregularidades encontradas fueron: la mitad tenía incompleta la escrituración; sólo 47 estaban a nombre de LFC; 31 a nombre de LM Guibara Sucesores Sociedad en Comandita; tres a nombre de la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, uno a nombre de la compañía Hidroeléctrica del Río Alameda.


Todas ellas son las empresas propietarias de los inmuebles antes de que se nacionalizara la industria eléctrica, lo que significa que, pese a que hubo contratos de compra venta, nunca se formalizó la propiedad de todos los inmuebles a nombre de Luz y Fuerza del Centro, incluso tres de ellos estaban a nombre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).


Las escrituras de 34 bienes inmuebles de LFC no contaban con el sello del Registro Público de la Propiedad, y 69 no fueron inscritas al Registro, por lo que los directivos de LFC violaron la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil Federal y el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, dictaminó la ASF.


El mismo desorden era extensivo a todo el registro e inventarios de inmuebles, muebles y plantas de LFC. Al auditar el Programa para la Elaboración de Inventarios, el cual tenía como objetivo acreditar la propiedad, actualizar registros y resguardo de bienes y el inventario de plantas, instalaciones y equipos en operación valuados en 80 mil 806 millones de pesos, la ASF detectó “debilidades” y “deficiencias” en el control interno, ya que la Gerencia de Contabilidad no tenía los inventarios físicos de bienes inmuebles, líneas de distribución y transmisión, equipo de cómputo y telecomunicaciones, y plantas de generación.


Al respecto, en julio de 2008 la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza había señalado la necesidad de que el titular de la dependencia tuviera al día los inventarios en cumplimiento al programa; sin embargo, éstos no se efectuaron, por lo que “se determinó que no se cumplió con las actividades”.


Decreto de opacidad
El carácter de confidencialidad que Calderón Hinojosa le dio a las operaciones administrativas y financieras de LFC tras su extinción contribuyó a la opacidad en torno al manejo que Jorge Gutiérrez Vera dio a los millonarios recursos públicos de la paraestatal y el destino del dinero que no pudo acreditarse. Quedó en el aire información tan relevante como el destino de 2 mil 960 millones de pesos que LFC manejó en el Programa de Distribución de Energía Eléctrica en el ejercicio fiscal 2008.


La ocupación de la PFP impidió también que la ASF auditara las operaciones, registros y movimientos de los 16 mil 35 millones de pesos que ingresaron a la compañía LFC por el pago del suministro de energía eléctrica. La ASF había planteado que constataría si la recaudación se había efectuado oportunamente y si los particulares pagaron el monto correspondiente, cotejándolo con la documentación que LFC poseía en las instalaciones de Melchor Ocampo.


Sobre este tema, en noviembre pasado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, denunció la existencia de 6 mil 500 “cuentas especiales” de empresas, compañías, embajadas, y diversas áreas de gobierno federal, incluida la residencial oficial de Los Pinos, secretarías de Estado, además de dependencias de gobiernos estatales y municipales que desde hacía años no pagaban energía eléctrica, y reveló los nombres de algunos de los beneficiados.


Éste sería precisamente uno de los rubros que auditaría la ASF, de acuerdo con un oficio que el 2 de septiembre la Auditoría le envió a Gutiérrez Vera. La revisión incluiría identificar a unas 500 empresas a las cuales, según información que poseía la ASF, extraoficialmente se les permitía conectarse a las redes de LFC sin pagar el suministro.


La auditoría comenzó a finales de septiembre. Dos semanas después sería interrumpida por la ocupación policiaca. Dada la relevancia del tema, la directora general jurídica de la ASF solicitó al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se les permitiera a los auditores concluir su revisión, de acuerdo con documentos remitidos por la ASF el 18 de noviembre. Se les permitió rescatar sus equipos de cómputo, pero no continuar la fiscalización.


La ASF destaca que “no se dieron las condiciones” para auditar las aportaciones de particulares. El decreto de Calderón y la reticencia a la transparencia por parte del equipo, designado por su gobierno para el “Proceso de desincorporación del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, impidieron tener claridad sobre el manejo que Gutiérrez Vera dio a los 16 mil 35 millones que en 2008 ingresaron a las arcas de LFC vía pagos del suministro de energía eléctrica.


Pero no fue el único rubro sin auditar. Durante la ocupación policiaca, el personal de la ASF fiscalizaba los 2 mil 52 millones de pesos que ingresaron por producción y servicios de fábricas y talleres de LFC. La víspera de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación se detuvo la auditoría. Aunque el jurídico de la ASF pugnó también porque el Sae le permitiera auditar tales recursos, éste se negó. De tal manera que “no se contó con los elementos para cumplir con el objetivo de la auditoría”, resolvió el órgano de vigilancia.


Otra revisión no realizada fue la de los 334 millones 760 mil pesos que se gastaron en la renovación del parque vehicular y el equipo pesado.


Extrañamente Calderón no permitió a la ASF concluir las auditorías y dictámenes para identificar a los responsables de la quiebra que, según dijo, motivó la decisión de liquidarla. Por el contrario, a Gutiérrez Vera y otros directivos de la compañía, como José Antonio Prado Carranza, titular jurídico (excompañero de César Nava Vázquez en la Universidad Panamericana y su exsubordinado en Petróleos Mexicanos), responsables de las observaciones dictaminadas por la ASF, se les otorgaron jugosas liquidaciones.




FUENTE: CONTRALÍNEA 177 / 11 DE ABRIL DE 2010
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¿Qué solución eléctrica a la zona central?

Antonio Gershenson

Llevamos décadas sin nuevas plantas de generación en la zona central del sistema eléctrico. Luz y Fuerza del Centro (LFC) no instaló centrales generadoras desde 1974, año en que entraron en servicio las plantas de turbogás de Nonoalco, Lechería y valle de México. Éstas, más que aumentar la potencia, cubren momentos difíciles.

LFC informó en diferentes momentos que la generación “cercana”, de menos de 200 kilómetros, ha sido la tercera parte del total, o menos. Ha señalado que con menos de 50 por ciento de generación cercana hay un riesgo permanente de colapso de voltaje.

Para generar electricidad en la zona central con las fuentes existentes de energía para este propósito, tenemos una primera limitación: la insuficiencia de las fuentes hidráulica, eólica y en general renovable.

Hay más problemas para la intención de usar en el valle de México plantas de gas natural, ciclo combinado. Además de los problemas generales, como las fluctuaciones de precios y el porcentaje de importaciones, están las pérdidas derivadas de la altura sobre el nivel del mar y de la temperatura, y la contaminación del gas natural de Pemex con nitrógeno, que resta potencia al metro cúbico del gas.

Hay un antecedente: la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llamada Samalayuca II, muy cerca de Ciudad Juárez. Está a 1,127 metros sobre el nivel del mar. La potencia nominal de la planta es de 690 megavatios. La potencia efectiva, por los factores mencionados, ya medida, es de 505.8 megavatios, o sea, 74 por ciento de la nominal; 26 por ciento de pérdida de potencia. ¿Cómo estarán las cosas en el valle de México, a más de 2,000 metros de altura?

Si se van a Cuernavaca, algo ganan en altura, pero pierden al subir considerablemente la temperatura. Necaxa, en los límites de los 200 kilómetros, está a 1,338 metros, más alta que Samalayuca. De modo que este tipo de plantas, en el altiplano u otras áreas de la zona central, no representa ninguna solución.

La alternativa que se propone es el uso de un tipo de planta con caldera y turbina de vapor tipo ultra supercrítica. Esta alternativa no es sólo un avance técnico y económico, sino una necesidad ante la situación crítica del sistema eléctrico en la parte central del país. Es parte de una serie de plantas que se basan en una caldera y luego una turbina de vapor. Se usan combustibles relativamente baratos, como carbón y los residuales de las refinerías, como el combustóleo, pero no sólo éste.
En plantas llamadas subcríticas, ya puede haber avances. Se eleva la temperatura, frente a los 538 grados centígrados convencionales, se llegó a un rango de 540 a 565 grados, y la presión hasta 180 bars (un bar es aproximadamente una atmósfera de presión). Los cambios en la planta son menores. La eficiencia va subiendo hasta 36 por ciento. Luego, se usan las plantas supercríticas, reinyectando el vapor de salida de la planta y aumentando con ello la eficiencia. El rango de temperaturas no cambia con el anterior, pero la presión sí aumenta hasta 240 bars. La eficiencia va subiendo hasta 41 por ciento.

Las plantas ultra supercríticas ya usan aleaciones más resistentes, en lo químico y en lo mecánico. Su rango de temperaturas de operación es ya de 585 a 620 grados, y el rango de presiones, de 250 a 280 bars. La eficiencia ya va de 43 a 45 por ciento. Ya rebasan a las plantas de gas ciclo combinado, especialmente con nuestras alturas sobre el nivel del mar.

Entrarían en operación en unos años más las ultra supercríticas avanzadas. Estas últimas trabajarán a mayores presiones y temperaturas, y usarán superaleaciones más resistentes. El fierro desaparecerá de las aleaciones, y los elementos más usados, pero junto con otros, serán el níquel y el cromo. La eficiencia llegaría hasta 60 por ciento, rebasando a cualquier otra termoeléctrica.

Es preciso tomar en cuenta la cuestión ambiental y usar los medios necesarios. Pero el que la combustión se produzca a temperaturas más altas hace que sea más completa y que los residuos sean menores.

Nos resultan varias ventajas. Uso de combustóleo u otros residuales, ambos de producción nacional. Tenemos la posibilidad de fabricación nacional de componentes importantes de las plantas. No dependemos de gas natural en parte importado, ni contaminado con nitrógeno si es nacional, ni con otras pérdidas.

En general, es positivo que se conozca en México esta alternativa, superior frente a los medios convencionales termoeléctricos. Y es una alternativa, primero, para la zona central.

gershen@servidor.unam.mx


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Cierre de LFC genera ola de apagones que ha costado millones al sector productivo

Laura Gómez y Alejandro Cruz

Periódico La Jornada
Domingo 11 de abril de 2010, p. 31
Desde que el gobierno federal decidió liquidar a Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace seis meses, los problemas de apagones, que van de horas a hasta más de una semana, se agudizaron en toda la ciudad de México, que han provocado pérdidas por 350 millones de pesos en el sector productivo, además de la inconformidad de los vecinos quienes han cerrado vialidades por la falta del servicio.

Los sectores más afectados han sido servicios financieros, restaurantes y comercios, ante la imposibilidad de efectuar transacciones bancarias, pérdida de información en sistemas informáticos, además del caos vial e inseguridad que provoca carecer de energía eléctrica.

El presidente de Coparmex-DF, Juan de Dios Barba Nava, explicó que a raíz de la liquidación en octubre pasado de LFC, en 30 por ciento de los días han habido apagones, que van desde una a más de seis de horas, lo cual ha derivado en pérdidas para el sector productivo de hasta 20 millones de pesos, sin que proceda una indemnización.

Dicho pago, consideró en entrevista, debería cubrirlo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la precariedad del suministro de energía, que ha sido evidente en toda la ciudad, pero con mayor impacto en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa, donde se concentran los servicios financieros, restaurantes, tiendas comerciales, centros de entretenimiento y la industria.

Los más afectados son los micro, pequeños y medianos negocios que carecen de recursos económicos para adquirir una planta de emergencia. En enero pasado, recordó, los vientos que azotaron a la ciudad interrumpieron el servicio eléctrico, afectaron y dañaron instalaciones y equipos, lo cual se tradujo en una pérdida de 100 millones de pesos.
Hoy, las pérdidas derivadas de estas fallas suman 350 millones de pesos, 250 por ciento más respecto a enero, como resultado de cinco eventos importantes que dejaron en penumbras los negocios y los afectaron económicamente. No existe ningún apoyo económico, cuando un verdadero servicio de calidad mundial debe comprender la garantía de indemnización o pago de daños y perjuicios ocasionados a las empresas como consecuencia de problemas en el suministro eléctrico.

En tanto, los usuarios se quejan de que la CFE ha sido rebasada, al no contar con la infraestructura y por la falta de capacitación de sus trabajadores para resolver la problemática, lo que ha provocado que pierdan aparatos electrodomésticos, además de que se generan cortes de agua potable, pues se requiere de la energía eléctrica para bombear el líquido hasta los tinacos.

Según datos del Sindicato Mexicano de Electricistas, 70 por ciento de las llamadas que se reciben en el 071 son para reportar fallas en el suministro. Tan sólo durante el primer mes del cierre de la paraestatal, en el Gobierno del DF se contabilizaron más de 360 apagones que han afectado a cientos de miles de personas; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un informe oficial sobre los reportes de apagones que se han recibido.
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Huelga de hambre masiva, nueva acción del SME contra el decreto de extinción

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 11 de abril de 2010, p. 15
Hoy se cumplen seis meses de la publicación del decreto presidencial que ordenó el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Alrededor de 17 mil trabajadores (de una plantilla de 44 mil) no han cobrado su liquidación y, para continuar su lucha, cientos de ellos iniciarán en los próximos días una huelga de hambre en el Zócalo capitalino.

“La huelga será indefinida. Unos 2 mil 300 compañeros se realizan análisis de laboratorio para definir si su estado de salud les permite participar en este esfuerzo, que no es un acto desesperado, sino muestra de que los electricistas lucharemos hasta el final”, señaló Eduardo Bobadilla, secretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Este nuevo plan se suma a otras acciones que han emprendido, como los juicios y análisis que se realizan en tribunales laborales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la validez constitucional del decreto del 11 de octubre de 2009.

En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se han interpuesto miles de demandas por despido injustificado y otras tantas para exigir que se cumpla la ley en términos de “patrón sustituto”.

Es decir, que los integrantes del SME sean recontratados –en bloque– en la Comisión Federal de Electricidad, empresa que hace medio año tomó la operación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país.

Después de decenas de marchas, asambleas, mítines y otras protestas, los 17 mil 247 trabajadores que no han cobrado su liquidación realizaron asambleas departamentales, seccionales, divisionales y una general para definir nuevas formas de protesta, las cuales, definieron ellos mismos, serán “acciones contundentes y riesgosas”.

De acuerdo con la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza, hubo una respuesta muy amplia a la determinación de realizar una huelga de hambre masiva. En principio se dijo que, durante las asambleas, más de 5 mil habían manifestado su interés por participar, aunque en la fase de inscripción de interesados, para proceder a exámenes médicos, se apuntaron alrededor de 2 mil 300.
Eduardo Bobadilla dijo que un laboratorio particular –del cual se reservó el nombre– otorgó al SME un crédito, pagadero a fecha posterior al término del conflicto, para la realización de exámenes médicos y de química sanguínea a los interesados en participar en la huelga de hambre.

Precisó que hay trabajadores de diversas áreas y puestos inscritos; sin embargo, dijo, han demostrado un ímpetu especial y solidaridad los compañeros de los departamentos y funcionarios de menor nivel salarial en LFC.

Tras medio año sin cobrar salario, los agremiados acordaron realizar la huelga de hambre en la Plaza de la Constitución y, en ese sentido, Bobadilla aseveró que el mandato de las asambleas, desde las departamentales hasta la general, es que esta forma de protesta tenga carácter indefinido pese a los riesgos a la salud que ello implica.

“Los trabajadores dijeron en las asambleas que no se retirarán de la huelga hasta que se resuelva el problema”, precisó.

En tanto, comentó, ha iniciado el contacto con ministros de la SCJN, cuya segunda sala tiene a su cargo el análisis del amparo promovido por el SME en contra del decreto presidencial en referencia, luego de que Guillermina Coutiño Mata, titular del juzgado primero de distrito, resolvió no conceder este recurso a los electricistas, por considerar que el decreto no viola ninguna disposición constitucional.

“A todos, trabajadores y abogados, nos sorprendió la decisión de la juez Coutiño, porque cuando le explicábamos los puntos que demuestran la ilegalidad del decreto, ella movía la cabeza en señal afirmativa, dando la razón a nuestros argumentos”, dijo.

“Nos queda claro que tenemos que seguir hasta el final. Si le dan palo al SME, seguro que mañana seguirá el sindicato del Seguro Social, luego el de los universitarios y así sucesivamente”, señaló, quien ha firmado casi todas las gestiones, amparos y demás litigios porque a este conflicto se agrega que la autoridad laboral no reconoce a Esparza como dirigente del SME.
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Liberan a líder del SME tras pagar fianza de 30 mil pesos

Por Efraín Núñez Calderón
sábado, 10 de abril de 2010
Tras pagar una fianza de 30 mil pesos, el juez Décimo de Distrito ordenó la noche de este viernes la liberación de Domingo Aguilar Vázquez, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (División Necaxa), quien fue detenido por policías federales por presuntamente detener el curso de la correspondencia del Servicio Postal Mexicano.


Tras ofrecer un discurso en el mitin organizado para conmemorar 91 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, Aguilar Vázquez reveló que fue liberado cerca de las 23:30 horas, tras la presión ejercida por sus compañeros del SME.

Manifestó que existen inconsistencias en esta nueva demanda en su contra, debido a que se le acusa de impedir las actividades en las oficinas de Sepomex, ubicadas en Nuevo Necaxa, los días 22, 23,24 y 25 de febrero: “pero el 22 yo fui detenido por Policías Federales e ingresado al penal de San Miguel”, destacó.

En su opinión, esta nueva acusación responde a sus protestas en contra de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Relató que fue detenido por agentes federales, después de acudir al Tribunal Superior de Justicia a firmar, como cada viernes, su libertad condicional correspondiente al proceso que se le sigue por el presunto robo de recibos de CFE en la Sierra Norte.

Dijo que posteriormente fue trasladado a la delegación de la Procuraduría General de la República, donde permaneció hasta ser liberado: “el ministerio público no quería otorgar la libertad condicional, sin embargo, se pagó la fianza y por la presión de los compañeros se obtuvo la orden judicial”, subrayó.

Cabe aclarar que el proceso por el presunto robo de recibos a CFE lo sigue el Juzgado Noveno de Distrito, mientras que esta nueva denuncia quedó radicada en el Juzgado Décimo de Distrito.

En la marcha y mitin por la muerte de Zapata participaron 5 mil personas afiliadas a la organización de comerciantes 28 de octubre, el SME, el Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua, así como el Frente Democrático Magisterial Poblano.

La marcha salió del mercado Emilianto Zapata y se desarrolló sobre las avenidas 11 sur y 16 de septiembre, hasta llegar al zócalo de la ciudad.


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Grupos campesinos e indígenas demandan nuevo modelo económico, político y social

Gabriel León y Emir Olivares

Periódico La Jornada
Domingo 11 de abril de 2010, p. 7
Con un llamado a recuperar México, organizaciones campesinas e indígenas del país se pronunciaron por un nuevo modelo económico, político y social que permita superar el rezago agrario y restablezca en la Constitución la propiedad social y el derecho a la tierra para quienes la trabajan.

En el 91 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, las agrupaciones que conforman el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros concluyeron la tarde de ayer en el Zócalo del Distrito Federal la Marcha Caravana Chiapas-México por la Dignidad y Respeto de los Pueblos, que partió de Tuxtla Gutiérrez el primero de abril.

Antes de llegar a la Plaza de la Constitución, se concentraron en el punto donde el 4 de diciembre de 1914 el Caudillo del Sur y Francisco Villa firmaron el Pacto de Xochimilco, en el que plantearon que la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur unirían fuerzas contra Venustiano Carranza. Ahí, los labriegos se pronunciaron en contra del modelo neoliberal que por tres décadas ha ampliado la desigualdad en México.

Posteriormente avanzaron hasta las inmediaciones del Centro Histórico (a la altura del Metro Chabacano) desde donde marcharon hacia el Zócalo. En su recorrido se pronunciaron por la liberación de los “presos políticos” en el país, como los 12 detenidos por los hechos en San Salvador Atenco, y por Francisco Jiménez Pablo, del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, detenido el miércoles pasado tras una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, leyó un manifiesto en el que las agrupaciones demandan “una agenda de asuntos prioritarios a resolver, entre otros, la soberanía y seguridad alimentaria de los mexicanos, que hoy dependen en 40 por ciento de la importación de productos del extranjero, cuando en México poseemos tierras, climas, agua y mano de obra suficientes para producir lo que necesitamos y exportar excedentes”.

Consideraron que de alcanzar esa demanda se resolverá la creación de empleos e ingresos económicos para el sector rural, incluidos los más de 5 millones de jóvenes que hasta el momento han emigrado hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones que el país no les ofrece.

“Urge un nuevo modelo económico, político y social para el país, con políticos honestos y comprometidos con el pueblo. Urge resolver el rezago social agrario y restablecer en la Constitución la propiedad social y el derecho a la tierra para quienes la trabajan.

“Urge atender las demandas sociales y económicas del pueblo, sin criminalizar la protesta. Urge liberar a todas y todos los presos por conflictos sociales y políticos en el país. Urge acabar con los asesinatos de líderes sociales, periodistas y pueblo en general.”

Frentes sindicales y sociales como la Unión Nacional de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI asistieron al mitin.

Por el SME, Fernando Lima aseveró que “en el México de hoy, como en el de hace 100 años, las demandas son las mismas. Las prácticas del porfiriato son reproducidas por el calderonismo: intenta dominar al pueblo con los militares y los medios de comunicación. Si no hacemos algo, penosamente vamos a llegar a lo mismo que hace una centuria”.

Durante 10 días, la caravana campesina recorrió Chiapas, Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, México y Distrito Federal.

Adherentes a la otra campaña

Previo al mitin, integrantes de la otra campaña se instalaron en el Zócalo para también conmemorar la muerte de Zapata y denunciar los actos de “agresión y hostigamiento” ejercidos por los gobiernos federal y local contra comunidades zapatistas en Chiapas. Cuando intentaron instalarse fueron agredidos por policías capitalinos, quienes golpearon a Pedro Suárez, del Colectivo de Abogados Zapatistas. Les fueron decomisados carpas y equipo de sonido.
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Denuncia contra el Gobierno federal por violación a los derechos laborales

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA (SNTMMSRM)
Denuncia contra el Gobierno federal por violación a los derechos laborales



Rebanadas de Realidad - SNTMMSRM, Distrito Federal, 08/04/10.- El Tribunal Internacional de Libertad Sindical alista una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno federal por violación a los derechos laborales de trabajadores.

"Se trata de una condena al Gobierno mexicano, queremos dar a conocer las graves violaciones que cometen para que México esté en la lista de los gobiernos que más violaciones comete", dijo Héctor de la Cueva, coordinador del Tribunal.

La asociación, integrada por alrededor de 20 organizaciones sindicales de varios países y expertos nacionales y extranjeros en materia laboral, tendrá una sesión concluyente el 28, 29 y 30 de abril, donde dará a conocer casos de violaciones contra distintas organizaciones de trabajadores.

Acompañados por el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, y representantes de otros sindicatos, los miembros de la organización destacaron que el Gobierno debe poner en marcha acciones efectivas y urgentes que garanticen el respeto a los trabajadores.

Mencionaron algunos casos, como el conflicto del SME, el de los mineros en Cananea, Sonora, el despido de Técnicos y Profesionistas Petroleros, las denuncias de profesores de la sección IX de la CNTE-SNTE, entre otros.

Asimismo, manifestaron su rechazo a la reforma laboral presentada por el PAN en la Cámara de Diputados