jueves, 15 de abril de 2010

Padres de niños asesinados reiteran demanda de justicia

Carlos Figueroa, corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 12
Nuevo Laredo, Tamps., 14 de abril. Luego de recibir una llamada telefónica de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, los padres de dos menores asesinados a balazos por militares no han recibido el apoyo que ella les prometió.

Martín Almanza Rodríguez y su esposa, Cinthya Josefina Salazar Castillo, así como Carlos Alfredo Rangel Delgado y su cónyuge, Vanessa Viridiana Velazquez Carmona, quienes sobrevivieron al ataque perpetrado por los soldados, exigieron justicia y castigo a los homicidas.

“El lunes me hablo por teléfono la señora Margarita Zavala de Calderón, quien me dio las condolencias por las muertes de mis hijos, Bryan, de cinco años, y Martín, de nueve, además de ofrecerme becas para mis hijas, ayuda económica y el pago de los gastos hospitalarios”, afirmó Salazar Castillo.
Sin embargo, hasta la tarde del miércoles la familia Almanza Salazar no había recibido ninguna ayuda del gobierno federal, apuntó.

El incidente es investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que enviará el viernes a personal para entrevistar a todos los sobrevivientes.

“Exigimos justicia, castigo para los militares que dispararon en nuestra contra y mataron a dos niños. No pueden decir que fue un fuego cruzado, ya que los balazos fueron directos contra nosotros”, aseveró el padre de los menores, quien resultó herido.

Mientras, Raymundo Ramos Vázquez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, señaló que se exige al gobierno federal ordenar que los soldados que asesinaron a los niños sean puestos a disposición de las autoridades civiles para ser sancionados conforme a derecho.
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Pierde Calderón guerra anticrimen, opinan 39% de mexicanos: encuesta

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 12
Treinta y nueve por ciento de los ciudadanos consideran que el crimen organizado va ganando la guerra declarada por el presidente Felipe Calderón a la delincuencia, mientras 64 por ciento estiman que al final del sexenio el problema seguirá igual o empeorará, de acuerdo con una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, la cual fue presentada por la organización México Unido Contra la Delincuencia.

En conferencia de prensa, dicha asociación civil, que dirige Ana Franco de Wattnem, dio a conocer que cuatro de cada cinco ciudadanos “consideran que las condiciones en que vivimos son menos seguras que las que teníamos hace un año en México”.

Franco de Wattnem aseveró que “la percepción ciudadana es un indicador de que se necesita mayor cooperación y responsabilidad entre los tres niveles de gobierno”.

Señaló que “el Ejército Mexicano fue desplegado por el gobierno federal ante la falta de cuerpos policiacos efectivos, pero se tiene que trabajar para que no se registren más bajas de ciudadanos ajenos a las bandas criminales durante los operativos”, aunque aclaró que no opinarán si las fuerzas armadas deben seguir en funciones de seguridad pública.
En tanto, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, explicó que el estudio fue elaborado a partir de las respuestas dadas por 3 mil personas mayores de 18 años en todo el país, y refiere que “27 por ciento de los encuestados dijeron haber vivido de cerca un delito en los últimos tres meses.

“Setenta y ocho por ciento dijeron temer ser víctimas de robo a mano armada y 72 por ciento a ser víctimas de un secuestro; esos temores se incrementan en la zona norte del país. Cabe destacar que 54 por ciento de los mexicanos de clase baja temen a ser plagiados.”

Setenta y dos por ciento de los encuestados consideraron peligroso ayudar a la policía en su ciudad, y 36 por ciento opinaron que los operativos contra la inseguridad han fracasado.

Sobre si es correcto el uso del Ejército en el combate al crimen organizado, “la aceptación por la ciudadanía sigue siendo muy clara, aunque es de reconocerse que en el último año ha disminuido en 10 puntos porcentuales, pasando de 84 por ciento en enero de 2007 a 74 por ciento en marzo de este año”.
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Rezagos sociales incubaron la violencia en Juárez: el alcalde

Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 12
Ciudad Juárez, Chih., 14 de abril. La militarización de Ciudad Juárez nunca fue la solución definitiva al problema de la violencia generada por el crimen organizado, pues se dejó de lado la aplicación de políticas sociales, afirmó hoy el presidente municipal de esta urbe, José Reyes Ferriz.

Durante la intervención en el foro Ciudad Juárez, atrapada en el fuego cruzado, que se efectuó en la Universidad de Texas, en El Paso, el edil ubicó la incubación del problema de inseguridad en los rezagos sociales y la marginación de los jóvenes, que ahora son utilizados por las mafias de las drogas, así como en la grave corrupción que penetró la policía municipal.

Sobre la efectividad del Operativo Conjunto Chihuahua, indicó que ante un grave problema que se dejó crecer a lo largo de más de 15 años, se trabajó con el Ejército bajo un esquema de contención ante la emergencia y se cumplió cabalmente la misión.

Precisó que el Ejército llegó a Juárez para fortalecer la secretaría de seguridad pública municipal, lo que permitió la formación de la nueva policía, con 3 mil elementos capacitados con academia universitaria e instrucción militar.
La administración municipal abrió una oficina especial para atender quejas por violaciones de los derechos humanos cometidas por la milicia. El titular de dicha dependencia, Javier González Mocken, dio seguimiento puntual a cada denuncia, informó.

A pesar de que la violencia sigue, aunque con menores índices que en 2008 y 2009, “podemos decir que hemos avanzado en estos dos años porque la situación que encontramos en 2008 ya no es la misma que prevalece actualmente en las calles juarenses”, agregó.

Reyes Ferriz hizo énfasis en la importancia de la colaboración multinacional, en los respectivos ámbitos de competencia, “para enfrentar la grave amenaza del narcotráfico en el mundo”.

Reiteró su rechazo al programa de deportaciones de delincuentes por la frontera de Juárez, reclamo que ya tuvo eco positivo, pues a partir de marzo el gobierno federal estadunidense dejó de hacer repatriaciones por esta región.

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Reprochan diputados excesivo gasto en la burocracia panista

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 5



El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, sostuvo que en México existe “la mitad de los mexicanos pobres que había a la mitad de los noventa” del siglo pasado, aunque, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, 60 millones de personas sufren algún grado de pobreza.

El funcionario condicionó la “salida de la pobreza” en que vivena esos mexicanos a crear tasas de crecimiento de 5 a 6 por ciento “de manera sostenida por algunos años”.

Para este año, las previsiones de crecimiento de Hacienda son de 4.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), y de 4 puntos para 2011, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica.

El funcionario dijo en la Cámara de Diputados que una reforma hacendaria se basa en la ampliación de la base de contribuyentes.

Cuestionado por no responder las preguntas de los legisladores, que lo acusaron de manipular las cifras, Cordero rechazó reducir el gasto corriente y los beneficios de la alta burocracia.

Justificó el trato fiscal preferencial para las grandes empresas y advirtió que no se frenará el aumento mensual del precio de las gasolinas y el diesel.

En respuesta, diputados de PRI, PRD y PVEM advirtieron que harán lo necesario para reducir las partidas destinadas a esos rubros, mientras los priístas que avalaron el aumento de las tasas de IVA e ISR para este año amagaron con no votar en favor de nuevos incrementos.

Gobierno “malo y caro”: PRI

Durante una comparecencia en la que en el salón de plenos no había más de cien diputados de todos los partidos, Sebastián Lerdo de Tejada, del PRI, sostuvo que el gobierno de Felipe Calderón es “malo y caro”, y reprochó las omisiones de Cordero Arroyo en las respuestas, aun cuando los temas habían sido pactados con él.

“Lo que queda claro es que el gasto no se ejerce bien, que se recauda mal; el avance del patrimonio público no es evidente, y en materia de deuda y estímulos fiscales ha prevalecido la inercia”, puntualizó.

Tanto en los posicionamientos de cada grupo parlamentario como en las preguntas, los diputados de todos los partidos cuestionaron los subejercicios, la transferencia de entre 300 mil y 500 mil millones de pesos a fideicomisos y el incremento del gasto corriente para la alta burocracia panista.

Cordero respondió que el gobierno utilizó 99 por ciento del gasto programable, y que el uno por ciento restante equivale a sólo 8 mil 400 millones de pesos. Aseguró que en 2000 había 83 subsecretarios y ahora hay 70, “¡una reducción de 13!”

Lerdo de Tejada refirió que el número de funcionarios con sueldo igual al de un subsecretario es de mil 11. “Las cifras son de ustedes, del analítico de plazas. Lo invitamos a que ajusten de fondo el gasto y dejemos las justificaciones para otro día”.
Oscar Levín reprochó el aumento “sorpresivo y con dolo” de los precios de las gasolinas y el diesel, e insistió en la “incapacidad sistémica del PAN para el ejercicio del presupuesto”.

Armando Ríos Piter, del PRD, exigió detener “el aumento desmedido y unilateral” de los gasolinazos, Cordero insistió en que los aumentos se deben a una decisión “responsable” del gobierno.

En tribuna, Luis Enrique Mercado, del PAN, sostuvo: “se necesita ser caradura para hablar y calificar a un gobierno de caro y malo. ¿Qué gobiernos? ¿Los que no han generado crisis o los que las provocaron en 1976, 1982, 1985 y 1995? Esos sí eran gobiernos caros; tanto, que seguimos pagando lo malo que fueron”.

Marcos Pérez, del PAN, calificó de exitosa la política económica de Calderón. Aludió a Lerdo de Tejada, quien reviró, sin mencionar al panista: “No acaban de llegar, ¿eh? Tienen diez años en la Presidencia. Es la década perdida”.

El presidente de la mesa directiva, el panista Francisco Ramírez Acuña, quien había negado la palabra a Jaime Cárdenas, del PT, para responder por alusiones, sí la concedió a Marcos Pérez.

Cuando el vicecoordinador priísta, Jorge Carlos Ramírez Marín, advirtió a Ramírez que con esa actitud ponía en peligro la comparecencia; éste reviró, en medio de las carcajadas que provocó su frase: “Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”.

Víctor Manuel Báez Ceja, del PRD, y David Penchyna, del PRI, exigieron a Cordero aclarar el rescate de Metrofinanciera y Crédito y Casa por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal. El funcionario afirmó que los créditos a ambas financiadoras de vivienda se entregaron contra activos. Y no respondió la pregunta de Báez acerca de quién controla el capital de ambas empresas.

“Hay acciones oscuras en la inyección de recursos” a compañías de ese tipo, insistió Penchyna.

El coordinador del PT, Pedro Vázquez, sostuvo que no hay un solo factor objetivo en el que pueda sustentarse la perspectiva de crecimiento de 4.1 por ciento del PIB para este año, y su compañero Óscar González Yáñez aseveró que Hacienda no tiene rumbo.

“El modelo neoliberal está agotado. Se insiste en transferir capital al sistema financiero y no a las áreas productivas. Hay un poco de desorientación de la secretaría. Si el secretario fuera boy scout, necesitaría una brújula, pero como es cordero, necesita un pastor, pero su pastor son los dictados de Washington.”
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México SA - Para “vivir mejor”, otra década perdida

Con la novedad, por si alguien no lo hubiera registrado, de que en medio sexenio (el de Calderón) la caída del poder adquisitivo del salario es mayor que (la observada) en la década pérdida”, es decir, la de los 80, cuando la tecnocracia se instaló en Los Pinos y comenzó la fiesta neoliberal. Y lo anterior no lo documenta un espontáneo, sino el calificado equipo universitario que integra el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el cual adelantó a México SA su más reciente reporte de investigación, el número 86.

Así de contundente, y el citado equipo universitario documenta: “si sumamos la pérdida del poder adquisitivo del salario en alimentos y en servicios, la pérdida acumulada en el poder adquisitivo de los trabajadores es de 47.1 por ciento. La caída en el poder adquisitivo durante el gobierno de Felipe Calderón es mayor que la sufrida en todo el sexenio de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. En sólo tres años y cuatro meses (primero de diciembre de 2006 al primero de abril de 2010), prácticamente se ha dado una caída en las condiciones de vida de los trabajadores similar a la sufrida en la llamada década perdida, mostrando así un retroceso. De continuar la tendencia, el salario mínimo presentaría una pérdida mayor a la registrada en el sexenio de Ernesto Zedillo, que fue de 51.1 por ciento, y podría alcanzar 62 por ciento, la mayor caída desde los años 40”.

El más reciente incremento al salario mínimo de los trabajadores, a partir del primero de enero de 2010 (4.85 por ciento), se mantiene anclado al aumento esperado para la inflación. Sin embargo, los incrementos sistemáticos en los precios de productos como gasolina, electricidad, gas y otros han provocado que el mini ingreso siga acumulando pérdida del poder adquisitivo como ha sido durante los últimos decenios. “Lo anterior ha contribuido a un deterioro constante desde 1982, que a la fecha significa 82.2 por ciento de pérdida de poder adquisitivo. El precio de la canasta alimenticia recomendable (CAR)1 pasó de 80.83 a 156.76 pesos del primero de diciembre de 2006 al primero de abril de 2010, con un incremento acumulado de 93.9 por ciento sólo en alimentos. Sin tomar en cuenta el aumento en otros renglones (servicios, gas doméstico, renta, aseo personal y del hogar). En el mismo lapso el salario mínimo únicamente creció 17 por ciento, sufriendo una pérdida en su poder adquisitivo de 47.1 por ciento. Los resultados muestran claramente la política salarial que el capital ha impuesto a los trabajadores, condenándolos a enfrentar un sistemático y cada vez mayor deterioro en el nivel de vida y de trabajo. La gestión de Felipe Calderón Hinojosa, a más de tres años de iniciada, ha agravado el problema de la precarización de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores mexicanos”.

El CAM indica que el primero de diciembre de 2006 el salario mínimo era de 48.67 pesos diarios –área geográfica A– y el precio de la canasta alimenticia recomendable de 80.83 pesos; en ese entonces se podía comprar 60.21 por ciento de la CAR. Para el primero de abril de 2010, con un salario mínimo diario de 57.46 pesos (para igual área geográfica) y un precio de 156.76 pesos de la canasta únicamente se puede adquirir 36.65 por ciento. Las familias trabajadoras en México hoy pueden adquirir 39 por ciento menos alimentos que al comienzo del actual gobierno, lo que ha implicado el incremento de la pobreza en el país.
Ante la notoria insuficiencia del poder adquisitivo del salario, señala el CAM, “¿qué alternativas han asumido las familias trabajadoras en México? El primero de diciembre de 2006 los trabajadores tenían que laborar 13 horas 17 minutos para poder adquirir la CAR. En cambio, para el primero de abril de 2010 tenían que trabajar 21 horas 50 minutos (63.25 por ciento de incremento). Actualmente para poder acceder únicamente a la canasta alimenticia recomendable con un salario mínimo el trabajador y su familia tienen necesariamente que sumar jornadas laborales de más horas. Y es que con el actual salario mínimo, 17 millones 776 mil personas, que representan 41 por ciento de las trabajadoras y trabajadores (de la población económicamente activa) en México no tienen los suficientes ingresos para adquirir la citada canasta (incluye la población trabajadora que no percibe ingresos y a los que perciben hasta dos salarios mínimos diarios)”.

La pérdida del poder adquisitivo del salario es más clara si se compara lo que se podía comprar con un salario mínimo 27 años atrás (cuando arrancó el actual modelo neoliberal en México) y lo que se puede adquirir hoy en el gobierno de Felipe Calderón; “se hace una comparación, bajo el supuesto de que un salario mínimo se dedicara íntegramente a la compra de un solo artículo de la CAR, para ver cuánto se puede adquirir del mismo y ejemplificar de forma clara la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores mexicanos”.

En este contexto, el primero de diciembre de 2006 –fecha de comienzo del gobierno de Felipe Calderón– con un salario mínimo de 48.67 pesos se podían comprar 7.22 kilogramos de tortillas de maíz; al primero de abril de 2010 con el salario vigente de 57.46 pesos sólo se adquieren 6.04 kilogramos, es decir, 1.18 kilogramos menos. Históricamente, desde la aplicación del modelo neoliberal los trabajadores mexicanos han dejado de consumir 44.87 kilogramos de tortillas. El primero de enero de 1982 con el salario mínimo se compraban casi 51 kilogramos, y 9.47 kilogramos en el arranque del gobierno foxista. Ahora sólo 6.04.

El CAM define que la CAR es una canasta de alimentos recomendable ponderada para el consumo diario de una familia mexicana conformada por cinco personas (dos adultos, un joven y dos niños). Fue integrada considerando los aspectos nutritivos, de dieta, culturales, de tradición, económicos, y fue definida en su estructura, contenido y ponderación por el doctor Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, “pero es importante indicar que las familias trabajadoras tienen que considerar el gasto en vivienda, transporte, educación, salud, vestido y calzado, recreación, que no cubre la canasta alimenticia recomendable. Las encuestas son levantadas directamente por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM”.

Las rebanadas del pastel

En síntesis, con los blanquiazules y “para vivir mejor”, otra década perdida.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
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Costos y cinismo del gobierno

Ayer, durante la comparecencia del secretario de Hacienda del gobierno calderonista, Ernesto Cordero, el diputado priísta Oscar Levín criticó el desorden administrativo que impera en el Ejecutivo federal, cargó contra los subejercicios que caracterizan a la actual administración, fustigó el ofensivo dispendio el sueldos que se destinan a la alta burocracia” y señaló la incongruencia del discurso oficial, que hace unos meses presentaba “cifras que preconizaban la catástrofe” y que actualmente “presenta cuentas alegres que sólo documentan la confusión, alientan dudas”. Asimismo, el representante tricolor advirtió que “si todos los recursos presupuestados no se aplican para promover el desarrollo, la Cámara de Diputados está facultada para bajar los impuestos que subimos”.

Los señalamientos de Levín son sin duda certeros; más aún, no sólo describen con precisión lo ocurrido con los dineros públicos en los meses recientes, sino el desmanejo financiero en que ha incurrido el PAN desde que detenta la Presidencia. Baste recordar que, durante la presidencia foxista, el gobierno ejerció más de 70 mil millones de dólares procedentes de los excedentes de los precios petroleros sin que hasta la fecha se tenga una noción exacta del destino de esos recursos, malbaratados presumiblemente en un gasto corriente inflado e innecesario y en arreglos político-monetarios discrecionales y arbitrarios por medio de los cuales el Ejecutivo federal distribuyó partidas a gobiernos estatales, priístas en su mayoría.

La alternancia ocurrida hace una década significó, entre otras cosas, un cambio de actitudes en la forma en que las autoridades federales manejan los dineros públicos: se pasó de la exasperante opacidad que impedía a la sociedad conocer el manejo financiero oficial al cinismo bautizado como “transparencia”, en el que los altos funcionarios de los tres poderes se asignan percepciones insultantes, gastan el dinero público para dotarse de condiciones de trabajo faraónicas, expanden sus equipos de colaboradores sin control alguno y publican sin empacho los costos altísimos que tales prácticas tienen para el conjunto de la población.
No hay en rigor, pues, ninguna novedad en lo dicho por Levín. Efectivamente, el costo astronómico del Ejecutivo federal es injustificable, no sólo si se le compara con las cifras correspondientes a países industrializados y más prósperos que el nuestro, sino, sobre todo, si se coteja lo invertido con los nulos resultados del ejercicio gubernamental en materia económica, de seguridad pública y de bienestar social; y sin duda, los alegatos oficiales por medio de los cuales el gobierno calderonista ha elevado los impuestos han resultado incongruentes y contradictorios.

Pero cabe preguntarse si no hay también incoherencia en el grupo parlamentario priísta, el cual aprobó los incrementos impositivos injustificados e innecesarios incluso a sabiendas de lo ocurrido en años anteriores, y que ahora amenaza con recortar los ingresos fiscales del gobierno federal. Como quedó demostrado tras la revelación del pacto entre el PRI, el PAN y la Secretaría de Gobernación, la aprobación tricolor fue obtenida a cambio de la promesa de que los blanquiazules no establecerían alianzas electorales con otras fuerzas en las entidades bajo control priísta. Por ello resulta cuestionable, por decir lo menos, esta súbita preocupación del Revolucionario Institucional por la salud de las finanzas públicas.

Otro aspecto que pone de manifiesto la inconsistencia de la postura de Levín es el hecho de que el derroche y la frivolidad no son rasgos únicos del Ejecutivo federal, sino compartidos por el Judicial y por el propio Legislativo, cuyos integrantes perciben salarios y otras percepciones tan insultantes para la mayoría depauperada de la población como las que se otorgan en las cúpulas de los otros poderes.

La clase política en su conjunto, y especialmente los altos funcionarios, los magistrados y los legisladores, no tienen, en suma, motivos para sorprenderse ante el desprestigio generalizado que experimentan las instituciones en la opinión pública.
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Aceptamos la liquidación para “no agravar” la crisis del país

Disidentes del SME envían carta a diputados


Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 15
La Coalición de Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezada por Alejando Muñoz, envió una carta al diputado federal Amador Monroy, presidente de la comisión plural que da seguimiento al caso de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en la que expone que si la mayor parte de los trabajadores despedidos optó por su liquidación fue para “no agravar, con una posible desestabilización social”, la situación del país.

En la misiva, firmada por Muñoz como secretario tesorero del SME, se plantea que los electricistas que perdieron su empleo tras la decisión del Ejecutivo federal de extinguir LFC solicitan a esta representación de la Cámara de Diputados “que se tomen en cuenta todas las posturas y propuestas de las partes involucradas en el asunto, a fin de que los trabajos de la comisión sean equitativos y equilibrados”.

Expone que el cierre de la fuente laboral “sorprendió a todos por igual”, sin embargo, un grupo mayoritario optó por emprender acciones propositivas para mantener su fuentes de ingresos y reinsertarse en la actividad laboral, “con el propósito de evitar un conflicto de mayores consecuencias en el país y tomando en cuenta que México enfrentaba los estragos de una crisis económica y sanitaria”, por lo que la mayoría de los trabajadores optó por no agravar esta situación.
Muñoz plantea que, por ello, esta coalición hace un llamado a que se reconozcan sus propuestas y no se atienda la problemática en forma parcial, ya que existe el riesgo de que “se envíe una señal negativa de que sólo mediante la protesta se pueden conseguir objetivos”.

Sostiene que luego de seis meses de la extinción de LFC, es indispensable que se valore que “no todos los agremiados al SME pretendemos eludir la responsabilidad que nos toca en la desaparición de la paraestatal”.

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Frenar a toda costa plan panista de reforma laboral, acuerdan gremios

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 15
Frenar “a toda costa” la iniciativa de reforma laboral del PAN, defender la Ley Federal del Trabajo y exigir la inmediata renuncia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, “por ser factor de confrontación” con el sector obrero, son algunos de los resolutivos tomados por gremios y organizaciones independientes, en el foro que para analizar dicha iniciativa coordinó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la Cámara de Diputados.

En tanto, Francisco Hernández Juárez, líder de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), informó que este miércoles se presentará en San Lázaro la propuesta perredista de reforma laboral, la cual será apoyada por diversas organizaciones de esta central sindical.

Adelantó que dicha iniciativa propone medidas como seguro de desempleo y eliminación del requisito de “toma de nota” que otorga la STPS a los gremios. En la mesa de la UNT, el también presidente colegiado y líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez, tomó distancia de la propuesta que presentará el PRD. Señaló que para el gremio que representa “no hay condiciones para impulsar ninguna reforma progresista”.

Mientras esta discusión ocurría en el seno de la UNT, en el SME se dieron a conocer los resolutivos tomados durante el foro de análisis de la propuesta panista de reforma laboral, entre los que también destaca el acuerdo de diversas organizaciones sindicales de unificarse en una gran movilización este primero de mayo, en defensa de los derechos laborales y contra la iniciativa “armada y elaborada por el secretario del Trabajo”; mantener la solidaridad con los mineros de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, así como reclamar que se solucionen los conflictos con el SME y con el sindicato minero.
Fernando Amezcua, secretario del exterior del gremio electricista, dio a conocer los acuerdos del foro en el que participaron organizaciones del Frente Sindical Mexicano, de la UNT, centrales campesinas, abogados laboralistas, organizaciones sociales y civiles, así como diputados de PRI y PRD. Señaló que los gremios coinciden en que “la reforma laboral, antes Abascal, ahora Lozano-PAN, sintetiza todas las aspiraciones de la Coparmex. Es una intentona por legalizar la subcontratación, pretende abaratar más los salarios de los mexicanos, contraviene el texto constitucional y esconde la intención de ofrecer en charola de plata a los patrones las conquistas logradas por los trabajadores en décadas de lucha.

En la UNT, cada gremio manifestó su postura sobre el proyecto de reforma laboral que presentará hoy el PRD. Hernández Juárez comentó que los legisladores perredistas coinciden en que se debe parar a toda costa la iniciativa presentada por el PAN, la cual “ya no tiene ninguna posibilidad de que se discuta y analice en este periodo legislativo”. En torno al proyecto del PRD, aclaró que participaron los abogados Héctor Barba, Arturo Alcalde y Alfonso Bouzas, así como la catedrática Graciela Bensusán.
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Sería muy lamentable si Marcelo Ebrard respalda a Moreno Valle: Etcheverry

TANIA DAMIAN JIMÉNEZ

El candidato a gobernador por el Partido del Trabajo (PT), Armando Etcheverry Beltrán, señaló que sería lamentable que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, respalde la campaña política del aspirante de la coalición Compromiso Por Puebla, Rafael Moreno Valle, ya que no existe afinidad ideológica del PRD con el PAN.

En entrevista, opinó, ante el anuncio que el candidato de dicha coalición hizo acerca de que el jefe de gobierno de la ciudad de México apoyará su campaña, que si ello se lleva a cabo, Marcelo Ebrard perdería la confianza de la gente que lo veía como un personaje de izquierda y comprometido con las causas sociales.

Explicó que el proyecto de Moreno Valle no es de izquierda, sino busca intereses propios, pues impulsará la privatización de las instituciones públicas educativas y de seguridad social, así como impondrá el cobro de más impuestos.

Agregó que sería incongruente que el jefe de gobierno del Distrito Federal avalé el proyecto de Rafael Moreno Valle, pues el candidato de la coalición Compromiso Por Puebla fue de los primeros que deslegitimó la lucha que emprendió en 2006 Andrés Manuel López Obrador en contra del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

En otro tema, indicó que a más tardar este jueves definirá en donde inicia su campaña política, si en el zócalo de la ciudad de Puebla o en Nuevo Necaxa, a lado de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Comentó que el pasado fin de semana se reunió con casi 50 investigadores de diversas universidades del país, quienes respaldaron su candidatura y le ofrecieron sus investigaciones para conformar un plan de desarrollo integral del estado.

Etcheverry Beltrán agregó que entre los estudios que presentaron en dicha reunión había sobre desarrollo rural, seguridad alimentaria, ahorro de energía eléctrica, planeación urbana y conservación del medio ambiente.

Indicó que su coordinador de campaña será Carlos Alfonso Andrade Vázquez, quien fue presidente municipal de Amixtlán por el PRD.

Finalmente, señaló que este domingo acompañará al acto de campaña que realizará por la tarde el candidato a presidente municipal por el PT de San Martín Texmelucan, José Rafael Muñoz Ramírez.
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Convocan a votar para destituir a Calderón

En Colima, del 22 al 24 de mayo se instalarán módulos en 10 municipios
Mario Alberto Solís Espinosa

Integrantes del Comité Nacional para la Revocación del Mandato estuvieron en Colima para ofrecer los pormenores del ejercicio que se realizará en todo el país los próximos días 22, 23 y 24 de mayo, con la finalidad de preguntarle a la sociedad si quieren que el presidente Felipe Calderón siga en su cargo.
Armando Avilés se reunió ayer con integrantes del Partido de la Revolución Democrática, con la finalidad de organizar la elección en Colima, misma que se realizará a la par que en el resto del país, a través de la ubicación de casillas en las presidencias de los 10 municipios de la entidad.
Explicó que están convocando a la sociedad a participar en una consulta nacional, a través de la cual están buscando la revocación del mandato del presidente Felipe Calderón, “en una figura legal que actualmente no contempla la Constitución General de la República”.
Indicó que con los resultados de la encuesta, en la que esperan una participación de 5 millones de mexicanos, acudirán al Congreso de la Unión para solicitar que la revocación de mandato sea incluida en el esquema jurídico mexicano.
Señaló que cuentan con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y otro millar de organizaciones de carácter civil, “gracias a ese respaldo, ya tenemos un comité en 10 entidades del país”.
Abundó que a través de las redes sociales, concretamente del Facebook, se lanzó una campaña paralela, a la que se han inscrito alrededor de 300 mil personas que se manifestaron en contra del gobierno de Felipe Calderón, “y lo más destacado es que un 80 por ciento son jóvenes”.
Finalmente, Armando Avilés convocó a todos los ciudadanos para que participen en el sentido que consideren pertinente, “lo importante es que la sociedad comience a organizarse para hacer escuchar sus demandas”.
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