viernes, 30 de abril de 2010

MARCHA DEL 1 DE MAYO DE 2010

Diputado falla en apoyo a SME con ayuno

Eduardo Alonso /corresponsal
El Universal
Toluca, estado de México Viernes 30 de abril de 2010
16:24

Pese a que diputados locales de la bancada del PRD aseguraron solidaridad con la huelga de hambre que iniciaron ayer trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Plaza de los Mártires, sumándose a ésta con un diputado, en relevos de veinticuatro horas, la secuencia se rompió luego de que esta mañana el legislador Ricardo Moreno Bastida, se retiró del campamento y no llegó su reemplazo.
"El diputado Moreno Bastida que siempre y en todo momento nos ha apoyado, se retiró en la mañana y pues hasta el momento no ha llegado su relevo", comentó uno de los trabajadores del SME de la extinta Compañía de Luz y Fuerza (CLyF).

Los legisladores perredistas que en teoría se estarían sumando al ayuno son Juan Hugo de la Rosa, Víctor Manuel Bautista López, Constanzo de la Vega Membrillo, Antonio Franco y Ricardo Moreno Bastida.

Éste último que permaneció en la carpa por alrededor de 17 horas -según algunos electricistas--, fue el que junto con diez trabajadores del SME, entre los cuales se encuentra una mujer, a las 18:30 horas del jueves dejaron de comer alimentos sólidos.

Acción de electricistas y diputado local perredista que tiene como objetivo, exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la resolución a su demanda colectiva judicial que busca la reinstalación de su fuente laboral.

La tarde de ayer, Gustavo Anaya Maya, secretario general del SME en el valle de Toluca, recordó en conferencia que a 203 días de que el decreto presidencial dejo sin trabajo a todos los sindicalizados de la -extinta-- CLyF, más de 17 mil de sus compañeros siguen a la espera de que se les puedas restablecer en sus puestos de trabajo.

"Después de 203 días de estar fuera de nuestro empleo, sin tener un sustento económico para llevar a nuestras familias, estamos defendiendo la soberanía y los derechos laborales, no nada más de los trabajadores del SME, sino de todo el país. Es una tristeza que nuestros compañeros y familiares salgan a las calles a pedir empleo y se les cierren las puertas", comentó.

Ahí, Moreno Bastida, habría comentado que cada uno de sus compañeros, al igual que trabajadores del SME, estarían en la carpa que instalada frente a Palacio de Gobierno estatal, y por un lapso de veinticuatro horas no comerían nada y sólo se mantendrían con líquidos, para luego ser relevado por otro diputado.



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Estiman que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical dará fallo adverso

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Viernes 30 de abril de 2010, p. 42
“La intervención de sindicatos, la violación a la libertad de asociación y al derecho de huelga, la existencia de negociaciones colectivas manipuladas y de represión” hacia los trabajadores, hacen prever que el fallo que emitirá el Tribunal Internacional de Libertad Sindical mañana primero de mayo en torno al caso mexicano será “condenatorio”, aseguró Horacio Meguira, integrante de dicho organismo.

Durante la realización de una sesión pública en la que se presentaron los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del gremio minero, entre otros, Meguira precisó que el tribunal ha constatado que en México “se producen violaciones flagrantes en contra de la libertad sindical”, aunque acotó que muchas de éstas “no son patrimonio exclusivo” del país, pues en diversas naciones ocurren situaciones similares.

No obstante, señaló que algo que llama la atención es que en México se “vulnera el derecho a de asociación” con base en la ley, mediante la toma de nota.

“El sistema mexicano es incompatible con la jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un sindicato se constituye libremente, y lo es a partir de que se conforma y no a partir del reconocimiento del gobierno, la toma de nota es una forma de intervención y viola el Convenio 87 OIT; el Estado no puede tener injerencia en la vida interna de un sindicato”, consideró.
Luego de especificar que el tribunal está conformado por juristas de América Latina, España y Estados Unidos, y que esta instancia “no es una ficción, aunque no tiene fuerza coercitiva”, Meguira resaltó que pese a no tener la capacidad de sancionar “sí tiene fuerza moral y ética para juzgar”, y precisó que en ese contexto, de resultar un veredicto adverso, hará un llamado al gobierno mexicano a rectificar la situación.

La sesión fue inaugurada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien sostuvo que la clase trabajadora del país experimenta condiciones de “esclavitud moderna autorizada desde el Estado”, con salarios que no alcanzan, y que a buena parte de los trabajadores los condena a “vivir como parias”. Ante esto, llamó a los trabajadores a unirse y a “luchar” para “rescatar de esta esclavitud a tantas personas, que ya no tienen para dónde voltear ni quién los escuche”. Apuntó que este entorno de injusticia “tiene solución” pero ésta debe partir “del ser humano como sujeto de cambio” y criticó que se pretendan plasmar modificaciones legales que acentuarán la “esclavitud”.

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Navarrete pide evitar inanición de huelguistas

Elena Michel
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO Jueves 29 de abril de 2010
15:22

El líder del Sindicato Mexicano Electricista, Martín Esparza, se reunió esta mañana con el presidente del Senado, Carlos Navarrete Ruiz, y los presidentes de la Comisión para la Reforma del Estado, Graco Ramírez, y de Gobernación, Jesús Murillo Karam, para exponer la situación jurídica de los jubilados de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro.

Carlos Navarrete llamó al gobierno federal a "afinar su sensibilidad" y a abrir los canales de diálogo con el SME para evitar la muerte de los trabajadores que realizan una huelga de hambre en el Zócalo.

"Hago votos para que la SCJN resuelva rápidamente el amparo", dijo.

elc
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Las cuentas alegres (para abusos) de CFE

Álvaro Cepeda Neri
Tras la atropellada liquidación de Luz y Fuerza del Centro, más como venganza de Calderón contra la cúpula sindical, que para racionalizar el servicio de la Comisión Federal de Electricidad, los usuarios de todo el país sufrimos la ineficacia (cortes, lentas reparaciones y, sobre todo, cobros abusivos), y sin otras opciones para contratar electricidad, debemos someternos a ese monopolio... ¡cuando Calderón acaba de expedir nuevas normas para la competencia! Estas medidas son para molestar a Carlos Slim Helú, el multimillonario número uno del mundo capitalista, pero ni siquiera le ha causado un raspón a su imponente imperio, que se extiende desde Washington a la Patagonia.
Pues bien. El enloquecido secretario del Trabajo (administrando a favor de patrones y empresarios que tienen a los trabajadores, por los miserables salarios, como esclavos) y el inquilino de Los Pinos, tramaron en sigilo, liquidar a la empresa paraestatal LyFC, entregándole a la CFE lo que hacía aquella. No les importó llevarse entre las patas a quienes laboraban en la primeramente citada, dizque planteándoles la alternativa de entregarles su liquidación y, a los que la rechazaran se fueran a la huelga. Se trataba del clásico garrote y la zanahoria. Menos de la mitad optó por aceptar la liquidación y los otros continúan en pie de lucha.
Tampoco les importó que los cautivos usuarios quedaran al garete en medio del picadísimo conflicto. Empezaron los cortes de energía y las tardanzas en restituirla, ya que la Comisión Federal de Electricidad no se daba abasto por la falta de personal y porque éstos ignoraban dónde localizar las fallas, no obstante su pericia. No llegaron, en dos meses los recibos para pagar (con cortes y fallas) el consumo. A los tres meses empezaron, sin tomar el registro en los medidores, la CFE envió los cobros al arbitrio de los nuevos concesionarios. Van ya entre cuatro y cinco de ellos que llegan a los domicilios y son cobros excesivos.
Y para aclarar deben los usuarios desempeñarse como empleados de la CFE, tratando de que la empresa (al parecer de Calderón y Lozano) frene sus abusos con sus cuentas alegres en sus tarifas. Con todo, no hay manera de que CFE pare esos abusos que llevan implícitas las amenazas cumplidas de cortes en el suministro del servicio que sigue con súbitas interrupciones que llevan pérdidas mayores en los usuarios (con la falta de refrigeración de alimentos y medicinas; horas perdidas en las oficinas por la falta del fluido eléctrico y oscuridad en los hogares en las horas más urgidas de luz artificial y otras más como la carencia del servicio en hospitales y comercios. CFE como patrón sustituto de más de 30 mil trabajadores que fueron de LyFC, no ha cumplido y sus movilizaciones se suman al hervidero de manifestaciones que irrumpen por todo el país. Los usuarios de CFE no tienen más salida que pagar los cobros abusivos, que se suman a las alzas de precios, que están irritando a los mexicanos para aumentar lo explosivo de la crisis general.

cepedaneri@prodigy.net.mx

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Ahora son 46 los miembros del SME en huelga de hambre

Patricia Muñoz, Andrea Becerril y Carolina Gómez

Periódico La Jornada
Viernes 30 de abril de 2010, p. 42
En el quinto día de huelga de hambre de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, líder del gremio, denunció ante dirigentes de centrales obreras y abogados laborales de Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y España, que continúa el acoso policial, penal, fiscal y moral del gobierno federal contra los trabajadores, y pidió a los senadores que así como se preocuparon por la salud de huelguistas cubanos, lo hagan por las decenas que están en el Zócalo.

En el mitin en el que estuvieron presentes los representantes de organizaciones como el Sindicato de Trabajadores del Transporte de América o de la Central de Trabajadores de Argentina se sumaron otros 10 trabajadores a la huelga de hambre. En total son ya 46 los electricistas en ayuno en este campamento.

Los dirigentes internacionales se comprometieron a difundir en sus países y en todo el mundo las violaciones a los derechos humanos que se cometen en México, mientras atestiguaron cómo se sumaron ayer a la huelga de hambre Rodrigo Gutiérrez Villegas, Juan Carlos Fonseca Sánchez, Gustavo Martínez Ortiz, Martín Mendiola Ocampo, Enrique Martínez Rojas, Celestino Ovando, Isaías Vázquez, Andrés Vázquez, Rubén Martínez y Juan Olmedo.

Tras el mitin, Esparza acudió al Senado, donde entregó a los legisladores un documento en el que denuncia que el presidente Felipe Calderón ha lanzado un nuevo golpe a ese gremio, ya que pretende que los 22 mil jubilados de Luz y Fuerza del Centro (LFC) pasen al régimen del Seguro Social, desconociendo derechos adquiridos y plasmados en su contrato colectivo de trabajo.

También pidió a los senadores que “así como se preocuparon por los disidentes cubanos que están en huelga de hambre en La Habana, lo hagan también con nosotros”.

El dirigente demandó ante Carlos Navarrete, presidente del Senado, y otros representantes del PRD y el priísta Jesús Murillo Karam, “que intervengan a fin de que se encuentre una solución digna a la problemática social que enfrentan, luego de la decisión del gobierno de Calderón de liquidar Luz y Fuerza”.
Navarrete expresó la preocupación que hay “desde la presidencia del Senado” por el estado de salud de decenas de trabajadores que se encuentran en el Zócalo en huelga de hambre, se comprometió ayer a estar al pendiente del conflicto que protagonizan los trabajadores del SME y de la huelga de hambre que un grupo de ellos lleva a cabo.

También formuló “un llamado al gobierno de Felipe Calderón para que afine su sensibilidad y los huelguistas del SME no se conviertan en parte de la geografía diaria que no conmueve a nadie, sino que se abran los canales de diálogo y se escuchen sus demandas”.

Esparza también asistió a una sesión pública del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, en la que dijo que el próximo primero de mayo los trabajadores de México, particularmente los de LFC, no tienen nada qué celebrar, pero sí mucho que reclamar, particularmente la salida de Javier Lozano Alarcón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Sostuvo que la remoción del funcionario sería un buen presente para la clase trabajadora del país, pues él se ha “convertido en parte del problema”, a diferencia de los sindicatos que “somos parte de la solución”. Durante su intervención en el tribunal, conformado por expertos nacionales y extranjeros, narró lo ocurrido con LFC y dijo que si Calderón quitara a Lozano “se lo aplaudiría”.

También denunció que ahora a cerca de 5 mil de los 18 mil trabajadores que no aceptaron su liquidación en LFC se les está presionando vía la Secretaría de Hacienda, demandándoles el pago de un monto en impuestos que no corresponde a sus ingresos reales. “A mí me ponen con ingresos de 800 mil pesos al año y tengo que pagar cerca de 300 mil en impuestos, ingreso que es absolutamente falso”, dijo.
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Delinean organización para marcha del Día del Trabajo

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 30 de abril de 2010, p. 41
Este primero de mayo, en el Zócalo capitalino se concentrarán las principales centrales obreras de todo el país en la conmemoración del Día del Trabajo, pero en actos separados: mientras los sindicatos independientes convocaron a una amplia movilización, que partirá en tres caravanas por Reforma, en las cuales participarán también organizaciones campesinas y sociales; el Congreso del Trabajo (CT) realizará en la plancha un mitin formal y tempranero.

El CT, al que están afiliadas la Confederación de Trabajadores de México y gremios como el azucarero, petrolero y bancario, entre otros, retomará la celebración que suspendió el año pasado por la “influenza”. Lo celebrará a su modo, con uniformes nuevos y vistosos para los trabajadores, banderines y un mitin amenizado por el sindicato de músicos.

Asistirán, según adelantaron, “la mayoría de los dirigentes del sector corporativo, menos el del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps”, e iniciará en punto de las nueve de la mañana; está programado que concluya a las 10, para dar tiempo a que desalojen la plancha pronto e ingresen los contingentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Federación de Sindicato Universitarios, el Frente Sindical Mexicano (con el Sindicato Mexicano de Electricistas [SME] al frente); la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y todos los que integran el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.

Este año, la peculiaridad es que parte del Zócalo estará ocupado por la carpa que alberga a los trabajadores del SME en huelga de hambre.
De las tres columnas que se conformarán en esta parada. La descubierta y el primer contingente saldrá de avenida Hidalgo, a la altura de Bellas Artes, marchará por la calle 5 de Mayo y en ella irán los sindicatos del transporte aéreo, el de trabajadores de la industria nuclear; Perinatología, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Metro, mineros y otros.

La segunda columna, saldrá de avenida Madero, y estará encabezada por organizaciones campesinas, sindicatos del Monte de Piedad, la banca, telefonistas, Notimex, de los trabajadores de La Jornada; bomberos y la policía bancaria.

Un tercer contingente partirá del Ángel de la Independencia, en el que marcharán la mayoría de las organizaciones sociales. Incluso está confirmado que asistirán organizaciones como el Frente de Desempleados de México, el cual será la primera vez que haga presencia en esta movilización.

Según la UNT, en diversos estados del país se tiene prevista la realización de marchas, movilizaciones y otros actos.

La concentración de los contingentes iniciará a las nueve de la mañana y a las 10 empezará la marcha de la primera columna, sin embargo, ya se coordinaron representantes de estas organizaciones con los de las centrales corporativas y evitar que se traslapen las dos conmemoraciones.

Otro acuerdo es que se evitarán las pintas, lanzamiento de cohetes o cualquier clase de provocación. Y que cada sindicato se responsabilizará de sus propios contingentes, llevando sus mantas, estandarte y cordón de seguridad.
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Renuncia de Lozano, buen presente para el 1° de mayo: Esparza

Carolina Gómez
Publicado: 29/04/2010 17:07


México, DF. Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) precisó que el próximo 1 de mayo los trabajadores de México, particularmente los de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no tienen nada qué celebrar, pero sí mucho que reclamar, particularmente la salida de Javier Lozano Alarcón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Su remoción, consideró, sería un buen presente para los trabajadores, pues él se ha “convertido en parte del problema”, a diferencia de los sindicatos que son parte de la solución.

Denunció que ahora a cerca de 5 mil de los 18 mil trabajadores que no se liquidaron en LFC, se los está presionando vía la Secretaría de Hacienda, demandándoles el pago de un monto en impuestos que no corresponde a sus ingresos reales.

Esparza presentó el caso del SME ante el Tribunal Internacional de Libertad Sindical.

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Denunciarán atropellos contra las y los electricistas

Por Guadalupe Cruz Jaimes



México, DF. 29 abr 10 (CIMAC).- A cinco días de que 46 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro iniciaron una huelga de hambre para recuperar sus empleos, integrantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, se comprometieron a denunciar ante autoridades europeas y latinoamericanas, la violación a los derechos laborales cometida por el gobierno federal en contra de 4 mil mujeres y 40 mil hombres electricistas.



Así lo señaló Héctor Castellano, de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Mercosur, quien desde el campamento electricista manifestó que la solidaridad del Tribunal con el movimiento que en octubre pasado emprendió el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), se traducirá en acciones concretas.



Refirió que presentarán ante la quinta Cumbre Sindical Unión Europea-América Latina y Caribe, la Cumbre de presidentes del Mercosur, y la reunión de ministros de trabajo de la Organización de Estados Americanos, el documento que realiza el Tribunal en el que denunciarán “los atropellos a la libertad sindical” que cometió el gobierno federal en contra de las y los electricistas.



Desde el zócalo de la Ciudad de México, donde se ubica el campamento de los huelguistas, la abogada laboral española, Laura Mora Cabello de Alba, integrante del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, refirió que la sentencia que emitirá este organismo el próximo 1 de mayo, condenará la violación sistemática de los derechos laborales en el país.



La experta en el tema laboral y sindical adelantó a Cimacnoticias que el Tribunal emitirá una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano porque en el territorio nacional “se viola el derecho internacional al trabajo, y también las leyes mexicanas”.



Laura Mora, también docente de la Universidad de Castilla, en Toledo, España, refirió que la libertad sindical es “la columna vertical de los derechos de ciudadanía, y si se violan los derechos fundamentales del trabajo, no se puede hablar de democracia”.



En este sentido, señaló que la importancia del Tribunal consiste en “reapropiarse democráticamente de la idea de justicia, porque quienes deberían hacerlo no defienden los derechos de las y los trabajadores sino los patronales”.



El Tribunal Internacional de Libertad Sindical, conformado en septiembre de 2009 por más de 20 organizaciones sindicales, civiles, jurídicas y de la academia, mexicanas y del extranjero, analiza hoy en sesión pública más de 14 casos de violaciones al derecho de libertad sindical en el país.



Entre ellos, están los casos de las trabajadoras de Avon, empleadas de la maquila, y de las y los empleados de gasolineras del Distrito Federal, así como de los sindicatos Minero, Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, entre otros.



En la sesión abierta, representantes de dichos sindicatos, entre quienes está Martín Esparza Flores, secretario general del SME, aportarán más elementos con los que este organismo sustentará su fallo final, el cual dará a conocer el próximo sábado, Día Internacional del Trabajo.



ESPOSAS DE ELECTRICISTAS



Durante la visita de sindicalistas, y de las y los abogados laboralistas nacionales y extranjeros al campamento Smeita, las esposas de los más de 40 huelguistas también manifestaron su apoyo a los trabajadores de LyFC en resistencia.



Lourdes Hernández Ángeles, trabajadora de la compañía del Estado, leyó una carta escrita por la esposa del trabajador Marco Antonio Olvera, en la que a nombre de las esposas de los electricistas refiere: “nos ha tocado la injusticia… pero no nos vendemos, ni nos rendimos, estamos dispuestas a hacer lo que sea para que se haga justicia”.



“Ahora más que nunca vamos a pelear al lado de nuestros esposos huelguistas. Exijo respeto a este movimiento, que sólo tiene como armas, la unión y la resistencia”, concluyó.



Las esposas solicitaron al Tribunal, que además del fallo final, presenten ante las distintas autoridades esta carta, la cual fue firmada por decenas de personas.



Al respecto, Esparza Flores reconoció el apoyo de las esposas y las familias de los electricistas, sin el cual, aseveró, el movimiento del SME se hubiera “caído” desde hace varios días.



CORRUPCIÓN EN CFE



No obstante, se congratuló porque tras seis meses del decreto presidencial, continúan en la lucha, evidenciando la corrupción de la Comisión Federal de Electricidad, ya que refirió con un “documento en mano”, que Néstor Moreno Díaz, director de operación de esta empresa, tenía “negocios” al interior de ella.



Ayer, dijo, se aprobó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, mediante el cual se cita a comparecer a Luis Álvarez Alonso, director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que detalle y explique el proceso de recepción, valuación y custodia de bienes, derechos y recursos presupuestarios asignados a LyFC.



El punto de acuerdo, presentado por Miguel Ernesto Pompa Corella, diputado del Partido Revolucionario Institucional, se turnó a la Junta de Coordinación Política, de San Lázaro.




10/GCJ/LR/LGL


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SNTE realizará mega marcha contra la reforma laboral

15:08



Que prohíbe los sindicatos


Carolina Hernández



Miguel Guerra Castillo, vocero del Consejo Democrático Magisterial de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, anunció la mega marcha del próximo sábado primero de mayo para manifestar su profundo rechazo a una reforma laboral que prohíba los sindicatos: “Los maestros junto con otras organizaciones sindicales, sociales y campesinas rechazamos la reforma Calderón-Lozano, aunque está por verse si pasa al pleno, queremos acabar con ella”.



Además, Guerra Castillo informó sobre la huelga de hambre que diez profesores realizarán en el zócalo de la ciudad por 24 horas el próximo sábado primero de mayo en solidaridad con los extrabajadores del SME: “Lo menos que podemos hacer es unirnos a su causa para que sean recontratados”.


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Apoya Martín Esparza exhorto para destituir al titular de economía

Organización Editorial Mexicana
30 de abril de 2010




Juan Garciaheredia / El Sol de México

Ciudad de México.- Si el presidente Felipe Calderón ignora el exhorto de los senadores para destituir al secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, por afectar la economía popular, quedaría demostrado que el mandatario no quiere sacar adelante al país, consideró el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, quien por otra parte desmintió que él vaya a ser candidato del Partido del Trabajo (PT) a una diputación local en Hidalgo y aclaró que el pasado miércoles un juez determinó que no procede una denuncia en su contra por la supuesta falsificación de una factura por 128 mil pesos.

Según informes, senadores del PRI, PRD, PT y Convergencia presentaron un punto de acuerdo en el que exhortan al Ejecutivo federal a destituir a Ruiz Mateos por afectar la economía popular y la planta y cadena productiva de la agroindustria de la caña de azúcar, ya que autorizó la importación de cupos del endulzante.

Martín Esparza aprobó esa petición y añadió que los representantes populares "se quedaron cortos" porque también debería hacer lo mismo con los titulares de Hacienda, la Secretaría del Trabajo y Turismo, pues "han hecho pedazos la economía".

* NO HAY ELEMENTOS PARA APREHENSIÓN

Por otra parte, el dirigente sindical explicó que el Juzgado 32 de Paz determinó que no hay elementos para una demanda en su contra por una supuesta falsificación de una factura de 128 mil pesos.
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Los medios en el debate público

Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)


En dos vertientes del debate público se encuentra los medios electrónicos, radio y televisión: la constitución por decreto presidencial de un organismo que engloba a todos los medios del Estado, que se supone no son de Gobierno, y la nuevamente frustrada Ley de Medios en el Senado de la República.

El 23 de marzo de 1983, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación sendos decretos que crearon los entes: Instituto Mexicano de la Radio, Instituto Mexicano de la Televisión e Instituto Mexicano de Cinematografía. Desde sus prolegómenos que en mucho se basaron en la más importante y concurrida consulta pública nacional que sobre el tema se haya llevado a cabo, en efecto se diseñaron de Estado y así trabajaron, en forma preponderante el de la radio.


A la vuelta de los años, todo ese esfuerzo que inclusive movió sintonías de canales o frecuencias a pesar de las reticencias de algunos concesionarios, se tiró a la borda. En el tiempo del “salinato”, se vendió al mejor postor IMEVISIÓN, IMCINE apenas funciona y el IMER es que más se salva.
Ahora el reclamo es que el Ejecutivo federal se apañó los medios del Estado: IMER, IMCINE, Canales 11 y 22, entre otros; pese a ello el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, rechazó ante el Poder Legislativo que el gobierno, a través del nuevo Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, a cargo de un ex funcionario del CISEN, intente “censurar o manipular” los contenidos de los medios públicos que tiene a su cargo con propósitos de propaganda oficial o electorera a favor del Partido Acción Nacional.


En ese mismo sentido se hunde la Ley de Medios en el Senado de la República, y el Partido de la Revolución Democrática acusó que la bancada del Partido Acción Nacional “se echó para atrás", por lo que no se cuenta con el respaldo suficiente para avalar ni una reforma integral ni parcial, en este periodo ordinario de sesiones. Se va la posible aprobación hasta septiembre próximo.


El diputado perredista y presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Carlos Sotelo, por segunda ocasión en menos de dos meses declara que le volvieron a boicotear los acuerdos y confirmó que no hay condiciones para subirla al pleno para su posible aprobación: la “Ley de Medios” ya no es de este periodo de sesiones que acaba el viernes. Es culpa del PAN, acusó Sotelo.


El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que mucho sabe de este cabildeo, llamó al Congreso a construir, sin albazos ni en “fast track”, una ley de medios electrónicos, en la que se escuche a la industria y se definan los alcances de las estaciones públicas.


Y también ante la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, defendió la creación del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, que fue publicada el 31 de marzo pasado en el Diario Oficial de la Federación. Advirtió que mientras no haya una definición legal sobre medios públicos, la administración federal seguirá adelante en el objetivo del órgano.


Esto a pesar de que los diputados de oposición ven interés electoral en creación del OPMA. El priista Canek Vázquez calificó la publicación del decreto como un acto injusto, ilegal, dispendioso, inmoral y hasta clandestino, por sacarlo en Semana Santa.


“Se nos presenta un medio de producción y de divulgación de contenidos al servicio del Presidente”, acusó. “¿No será, señor Secretario, que al final de cuentas el Gobierno no quiere comunicar? Porque lo que quiere es otra cosa, y en todo caso lo que quiere es hacer persuasión electoral, propaganda política”, cuestionó a su vez, Carlos Flores Rico, también del PRI.


El debate está abierto, es de esperarse que la nueva Ley de Medios se ajuste al interés público y que el mismo evite que naufraguen lo poco que queda de los medios de Estado.
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Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación la libertad para indígenas otomíes Alberta y Teresa

Anayeli García Martínez (CIMAC)


Por unanimidad, cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron hoy revocar la sentencia dictada el 19 de febrero del 2010 contra Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas otomíes acusadas de “secuestrar” a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

La sesión pública, en la que ambas indígenas fueron absueltas, convocó a una gran cantidad de medios de comunicación, quienes estuvieron pendientes del dictamen de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien concluyó que no hay elementos suficientes para acreditar el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro ni acreditar la responsabilidad de Alberta por delitos contra la salud, es decir, posesión de cocaína.
Por tanto, José de Jesús Gudiño Pelayo, presidente de la Primera Sala de la SCJN resolvió que de inmediato se mandaría un telegrama al juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, para que este a su vez gire la orden de liberación.
Caber recordar que Pedraza Longi, impuso a Alberta y Teresa una pena de 21 años de prisión y el pago de una multa de 91 mil pesos, más 70 mil pesos por concepto de “reparación del daño”, luego de responsabilizarlas de haber “secuestrado” a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Argumentos de la SCJN
El pasado 17 de marzo, el ministro Juan Silva Meza ejerció la facultad del máximo tribunal del país para atraer, de oficio, el recurso de apelación contra la segunda sentencia hacia Alberta y Teresa, encarceladas desde hace casi cuatro años en el penal de San José El Alto, Querétaro.
Fue la ministra Olga Sánchez Cordero quien decidió estudiar el caso, por lo que este día se discutió la apelación penal 2/2010. Al iniciar la discusión, la ministra hizo una reflexión personal en relación a la función de los juzgadores.
Afirmó que “todos los juzgadores, estamos compenetrados de una cultura recursal; es decir, las resoluciones de nuestros jueces, de los jueces de Distrito, de los jueces de Proceso en el Poder Judicial, o bien, en los Poderes locales, son revisables por las instancias superiores”.
Luego de aludir a la autonomía e independencia de los juzgadores; valoró las pruebas y expresó que en el caso de Alberta y Teresa las declaraciones de los agentes presuntamente secuestrados se contraponían: no coincidían en el lugar de los hechos ni en la descripción de las indígenas, por tanto, dijo “no pueden constituir un indicio suficiente para otorgarles la validez probatoria”.
Al tomar la palabra, el ministro Juan Silva Meza, expresó su conformidad con la propuesta del proyecto y manifestó su satisfacción por conocer este caso. Destacó que el caso de Alberta y Teresa tiene importancia por involucrar “valores fundamentales que deberían tener protección: la libertad y la administración de justicia por un Tribunal revisor”.
Grave, el trato para dos mujeres indígenas
Por su parte el ministro Arturo Zaldívar coincidió en que este asunto tuvo un trato especial porque desde un principio “olía a injusticia”. Señaló que es de especial gravedad el trato injusto y discriminatorio del que fueron víctimas dos mujeres indígenas.
Cuando una persona inocente permanece en prisión, ese hecho es “una vergüenza” para el sistema de justicia y cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables, lo es aún más”, y estos hechos injustos nos muestran la práctica reiterada en la que incurre nuestro sistema penal, reflexionó el ministro Arturo Zaldívar.
Ante ello consideró que la discusión tenía dos efectos: la inmediata libertad de Alberta y Teresa, y el valor del precedente y el mensaje que la Primera Sala envía a las autoridades del país, “coadyuvando de manera muy clara a decir: queremos que este tipo de prácticas no sigan ocurriendo en nuestro país, y cuando ocurran debe haber jueces para remediarlas”.
En tanto el ministro presidente de la sala, José de Jesús Gudiño Pelayo, destacó la condición de verosimilitud (que sean creíbles los hechos), una condición que no existió en este caso. En el supuesto secuestro, los agentes no reportaron el evento a sus superiores pero salieron a pedir una cooperación para pagar los 70 mil pesos de rescate, recurriendo a la “buena voluntad” de la gente.
Después de dirigir una pregunta a los agentes -¿por qué no se emplearon estrategias policíacas para su liberación?- dijo que se dio prioridad a las acusaciones de los agentes y a su visión de los hechos, mientras que no se dio mayor importancia a las declaraciones preparatorias de las inculpadas.
“No se cometió secuestro”
En 2006 Alberta y Teresa fueron acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta AFI, luego de que el 26 de marzo de 2006, un grupo de elementos de dicha corporación, sin uniforme, realizaron un operativo contra la piratería en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
Durante los hechos, destruyeron mercancía de los vendedores porque los comerciantes se oponían al despojo. Luego del descontento social los agentes dijeron que pagarían los daños, pero no cumplieron. Cuatro meses después se aprehendió a tres mujeres: Alberta, Teresa y Jacinta (quién fue liberada el 16 septiembre de 2009) acusadas de privación ilegal de la libertad.
Finalizada la discusión en la SCJN, donde la y los ministros Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo, Arturo Zaldívar y José Ramón Cossío Díaz, exoneraron a ambas indígenas, mientras que Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) manifestó su beneplácito por la resolución.
Cuestionado por los medios, afirmó que “el 26 de marzo de 2006 no se cometió ningún secuestro” y destacó que la resolución de la SCJN podría sentar precedentes para que no se repitan estos hechos e insistió en que la Procuraduría General de la República (PGR) y el juez que las condenó deben responder por este caso lleno de irregularidades.
Finalmente comentó que después de la liberación de las indígenas otomíes, pensarán en la forma de pedir la reparación del daño y buscar que los culpables de las irregularidades en el proceso de Alberta y Teresa sean castigados.
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