sábado, 22 de mayo de 2010

Resolutivo Final y Plan de Acción ANRP y Congreso Social

COMPAÑEROS, ENVIAMOS LOS RESOLUTIVOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR Y EL CONGRESO SOCIAL HACIA UNA NUEVA CONSTITUYENTE, APROBADOS EL 20 DE MAYO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA SU MÁS AMPLIA DIFUSION Y PUESTA EN PRÁCTICA.
FERNANDO AMEZCUA CASTILLO
SECRETARIO DEL EXTERIOR
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

REVOCACIÓN DE MANDATO ¡¡¡ SOLUCIÓN !!!



PUEDES PARTICIPAR EN ESTA GRAN CONSULTA ACERCÁNDOTE EN UNA DE LAS MÁS DE 4 MIL CASILLAS INSTALADAS O EN SU DEFECTO, PUEDES PARTICIPAR DE MANERA ELECTRÓNICA DESDE EL SITIO:

http://www.revocacionmandato.org/

Sobre la votación electrónica

Como podrán probablemente comprobar actualmente el servidor esta ligeramente sobrecargado, estamos tratando de resolverlo. Por ahora se solicita a todos tener paciencia con la votación electrónica, el flujo de votantes es importante y esto causa la inestabilidad del sistema. Les recomendamos mejor votar temprano en la mañana o en la noche y sobretodo no desesperarse.

Les recordamos lo siguiente:
Voto por teléfono en el Distrito Federal: 55 12 38 28 y 55 12 38 42
Voto por teléfono en la toda la República: 01 800 837 30 76 y 01 800 837 30 88
Voto Electrónico en esta página web: AQUI

¿Cómo votar en la Mesa Electrónica?

1. Haz clic en ícono Mesa Electrónica.
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Atenco: cuatro años de impunidad

Periódico La Jornada
Opinión

Miguel Concha
E

l 3 y el 4 de mayo de 2006 fuimos testigos de la brutalidad del gobierno en contra de la protesta social y los habitantes de San Salvador Atenco, una comunidad aguerrida y organizada, dedicada principalmente a la agricultura y el comercio. En 2001 el gobierno de Vicente Fox anunció con bombo y platillo la expropiación de cerca de 5 mil hectáreas de la zona para construir un nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Esta decisión fue tomada sin respetar el derecho a la consulta, incluido en el derecho a la información, de los habitantes de Atenco, quienes de inmediato expresaron su inconformidad. La resistencia tomó el nombre de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, liderado por Ignacio del Valle, entre otras personas, quienes lograron en 2002 la cancelación de esa iniciativa y la anulación del decreto de expropiación. Para los gobiernos del estado de México y el federal nunca resultó fácil olvidar este hecho. El año 2006, en el contexto de un programa de reubicación de comerciantes en Texcoco, elementos municipales y estatales impidieron en diversas ocasiones a floristas y otros comerciantes vender sus productos donde originalmente lo hacían. Ante esto, el 3 de mayo trataron de impedir el desalojo con el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Lo que sucedió los dos días posteriores es de sobra conocido. Policías municipales, estatales y federales reprimieron el movimiento haciendo uso excesivo de la fuerza, y sin respeto alguno a los derechos de las personas. El despliegue policiaco fue de cerca de 4 mil efectivos, número desproporcionado frente la cantidad de personas contra las que se dirigían, y tuvo como saldo dos personas muertas, 207 detenidas arbitrariamente –145 de ellas, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dentro de domicilios–, y 26 mujeres abusadas sexualmente. La respuesta del Estado fue violatoria de los derechos humanos, de esto no quepa ninguna duda. Las personas detenidas fueron privadas de su libertad sin que se cumplieran las normas mínimas del procedimiento ni se respetaran los principios de necesidad y proporcionalidad a los que están obligados los agentes estatales. Muchas de ellas fueron aprehendidas por el simple motivo de encontrarse en el lugar de los hechos; las policías allanaron los hogares sin contar con órdenes de cateo ni de aprehensión, y en el trayecto a los centros de detención, donde los jueces avalaban y maquillaban de "legales" todos esos delitos y violaciones graves a los derechos humanos, continuaron maltratando a la gente. Esto ha sido ampliamente documentado por organizaciones e instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro Pro, la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y ha sido objeto de recomendaciones en diversos espacios de Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La criminalización de la protesta social ha sido, pues, evidente, y a pesar de que la mayor parte de las víctimas de estas violaciones han recuperado su libertad, todavía 12 de ellas siguen presas en los penales de Molino de las Flores y el Altiplano (cárcel de máxima seguridad), con sentencias que van desde 31 hasta 112 años de prisión. Se les acusa de secuestro equiparado, un tipo penal diseñado para reprimir los movimientos sociales, y que más bien equipara la presión social a los casos famosos de secuestro que se muestran en los medios de comunicación. Algo absurdo si se compara con las penas que tuvieron Rafael Caro Quintero, Benjamín Arellano Félix o el mismo Chapo Guzmán (quien por cierto salió caminado y por la puerta grande), de las cuales la máxima fue de 40 años. Hemos sido también testigos del uso faccioso de la justicia, por el que se castiga en forma desmesurada a quien defiende sus derechos, y se deja en total impunidad a quienes se ha comprobado que los han violado, llevando a juicio únicamente a mandos medios o inferiores, sentenciados con penas que resultan ridículas. Además de que no deberían existir delitos como el "secuestro equiparado", las pruebas en contra de los 12 presos de Atenco no son suficientes para acreditar su responsabilidad.

La forma en la que sucedieron los hechos y las deficiencias al integrar las averiguaciones previas debieron ser suficientes para que se dictara su libertad. Se ha comprobado que hay "declaraciones" de policías exactamente iguales entre sí, con las mismas faltas de ortografía y errores de tipografía. Que hay sentencias basadas en lo que se "supuso" que dijeron las personas, y una serie enorme de irregularidades que no fueron consideradas por los jueces en el estado de México. Ello orilló a las defensas de los presos de Atenco a pedir a la SCJN que por el interés y la trascendencia del caso fuera ella quien resolviera los juicios de amparo en contra de las sentencias condenatorias. La Corte conoce el asunto, pues realizó una investigación de los hechos, que a manera de dictamen presentó en febrero de 2009. En él concluye que se violaron derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad sexual, la no discriminación, la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal y el debido proceso, entre otros. En aquella ocasión se reclamó a la Corte que no señalara como responsables a altos mandos. Ahora está en sus manos resolver todas las injusticias que se han cometido.

Fuente

Copala: señales preocupantes y desatendidas

Periódico La Jornada
Opinión

L
os asesinatos del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Timoteo Alejandro Ramírez, y de su esposa, Cleriberta Castro, arrojan elementos adicionales de tensión y de multiplicación de la violencia en el conflicto que se vive en esa región de Oaxaca. Ayer, por medio de un comunicado, el gobierno estatal de Ulises Ruiz sostuvo que estos crímenes pudieron deberse a dos posibles móviles: venganza personal o conflictos con otras organizaciones sociales de la región, en un claro intento por desacreditar a las versiones de integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala, que calificaron los asesinatos del dirigente indígena y su esposa como crimen de Estado.
Acusaciones y deslindes aparte, es claro que existe una responsabilidad ineludible de las autoridades, las cuales han exhibido una actitud cuando menos omisa ante la multiplicación de signos de violencia en la región triqui. Lo anterior se hizo patente con la inacción gubernamental ante las advertencias lanzadas por la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) –organización priísta de corte paramilitar que mantiene un férreo cerco sobre la comunidad de Copala– de que no dejarían pasar la caravana humanitaria, que fue finalmente atacada por un grupo armado el pasado 27 de abril, en un suceso que arrojó varios heridos y en el que perdieron la vida la activista Beatriz Alberta Cariño y el internacionalista finlandés Jyri Antero Jaakkola.
El ataque al convoy referido debió evidenciar a las autoridades de los distintos niveles de gobierno la explosividad del conflicto y el riesgo de que se presentaran nuevos hechos de violencia y más asesinatos. Pero la desatención y la inacción gubernamentales que siguieron a los sucesos mencionados, así como los intentos por minimizar el conflicto e incluso por desacreditar la presencia de extranjeros en la región, sellaron en la opinión pública la percepción de una voluntad oficial de encubrimiento para alguno de los bandos involucrados en el conflicto regional, y de un designio de emplear y fomentar la división del pueblo triqui para minar la viabilidad del municipio autónomo, que ha cumplido ya el primer trienio.
Las consideraciones referidas plantean una disyuntiva preocupante: si se atiende a la versión oficial de que los asesinatos comentados obedecen a pugnas intestinas, se asiste a una expresión de ingobernabilidad y descontrol en Oaxaca que vuelve impresentable el desempeño de las autoridades; si son ciertas, por el contrario, las acusaciones que atribuyen estos crímenes a grupos oficialistas, entonces la actitud omisa mostrada hasta ahora sería la menor de las responsabilidades gubernamentales en esos hechos.
En suma, lo sucedido en esa región pone en relieve la necesidad impostergable de esclarecer estos hechos, y subrayan, asimismo, la obligación de las autoridades estatales y federales de garantizar el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos del pueblo triqui, y no sólo por elementales razones de justicia y legalidad, sino también porque de otra manera difícilmente se podrán conjurar escenarios de violencia aún peores en esa zona de Oaxaca.

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Calderón debe aclarar ante los mexicanos que no protege a ningún cártel: AMLO

Misael Habana de los Santos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 22 de mayo de 2010, p. 10

Acapulco, Gro., 21 de mayo. Es tiempo de que Felipe Calderón aclare ante los mexicanos que en efecto no tiene compromiso con ningún grupo de narcotraficantes y aplica la ley a todos por igual, advirtió Andrés Manuel López Obrador.

Luego de una asamblea de representantes municipales del "gobierno legítimo" se preguntó al ex jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre la especie de que en la lucha contra el narcotráfico el gobierno protege al grupo de Joaquín El Chapo Guzmán, mientras combate a los cárteles rivales de éste.

"Que Calderón aclare este asunto e insista en que en efecto no tiene compromiso con ningún grupo y está aplicando la ley por parejo. Porque existe" esa versión; "no es un asunto mío, es algo que está en el sentir de millones de mexicanos. Entonces lo debe de aclarar", reiteró.

“Cuando él comenzó esta embestida contra del crimen organizado, cuando él le declaró la guerra al narco, no tenía un plan; lo hizo de manera irresponsable, no sabía a lo que iba a enfrentarse, no sabía cuánto de descomposición social había por 27 años de política antipopular que se ha venido imponiendo. No sabía nada, le pegó un palazo al avispero a lo tonto, creando un gran problema a los mexicanos”, abundó.

Aseguró que la especie de que el poder tiene un cártel preferido viene de sexenios atrás. “Siempre se ha hablado de eso, y no sólo ahora durante el sexenio de Calderón, también cuando Vicente Fox (y) desde la época de Carlos Salinas.

“Hay un corrido que cantan los Tigres del Norte que se llama El circo, donde hablan de cómo desde arriba se protege a un grupo y se persigue a otro. Creo que esto es algo que la gente cree.

"Si hacen una encuesta van a encontrar eso que la gente piensa, que no se castiga por parejo, sino que se protege a uno y se castiga a otros."

Horas antes, al descender del avión que lo trajo de la ciudad de México, el ex candidato presidencial habló de la gira de Calderón a Estados Unidos, la cual, señaló, tuvo como finalidad la búsqueda del apoyo y la legitimación que no tiene en el país y es una mala costumbre impuesta por el priísta Carlos Salinas, que tiene que ver con lo mediático y la publicidad.

Añadió que la exaltación de los medios de comunicación de la gira, en particular Televisa, sólo es muestra de agradecimiento de Emilio Azcárraga Jean por la entrega de 26 mil kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la televisora y al consorcio español Telefónica.

"Cómo no va a hablar bien Televisa de Calderón si le acaba de entregar toda, ya sólo es un asunto de trámite, toda la fibra óptica de la CFE. Un jugosísimo negocio. Es un atraco, porque costó instalar la fibra óptica 30 mil millones de pesos. Eso fue lo que invirtió el gobierno. Eso fue lo que se usó del presupuesto público, que es dinero de todos los mexicanos", expresó.

Afirmó que el atraco lo inició Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda del gobierno de Fox, ahora presidente de Telefónica, quien como funcionario autorizó el presupuesto para la instalación de la infraestructura de fibra óptica, que ahora es entregado por el gobierno de Calderón a Televisa y al consorcio español.

En Acapulco, dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) le negaron el uso del salón donde se realizaría la asamblea de los representantes del "gobierno legitimo", a pesar de que existía contrato.

El acto fue trasladado al salón Málaga. Trascendió que la cancelación fue represalia de la dirigencia nacional del SUTERM por el apoyo que López Obrador ha dado a los afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas.

En Cruz Grande, el tabasqueño encabezó una reunión de evaluación en la que participaron más de 300 representantes de los comités del "gobierno legitimo" provenientes de 15 municipios de la Costa Chica.
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"Gracias, estoy listo para morir"

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 22 de mayo de 2010, p. 14

Luis Martínez Monroy trabajó nueve años como instalador en Luz y Fuerza del Centro (LFC). Desde su ayuno en el Zócalo capitalino, este electricista reta a cualquier autoridad a revisar su expediente laboral: ninguna falta, ningún reporte, ningún retardo.

Él, al igual que el resto de sus compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sabe que le quedan pocos meses de servicio médico en el Seguro Social. La prórroga de vigencia de derechos está próxima a concluir, pues sólo se les concedió un año adicional tras el decreto de extinción de LFC, el 11 de octubre pasado.

Desde entonces, los electricistas que no aceptaron su liquidación han pasado de la sorpresa a la angustia y de la tristeza al enojo. Muchos encontraron en la huelga de hambre un camino para manifestar su repudio a la medida gubernamental que los dejó "de un plumazo" sin empleo y sin servicio médico para ellos y sus familias.

Cuando se le pregunta a Luis qué hace ahí, metido en una carpa en el Zócalo capitalino donde el calor sofoca, el frío cala y la lluvia los inunda a cada rato, responde que cuando se siente débil le basta recordar que uno de sus hijos ya no pudo ir a la escuela, pero sobre todo que su esposa, enferma de una variante de Lupus, ya no tendrá Seguro Social.

El coraje, dice, está ahí presente, porque el cierre unilateral de LFC nos dejó sin trabajo y sin proyecto de vida.

–¿No le interesa cobrar su liquidación (en la primera etapa la oferta para él fue de cerca de 200 mil pesos) poner un negocio o integrarse a una empresa de las que están formando los ex trabajadores de LFC? –se le pregunta.

–Quiero seguir siendo electricista, me capacité duro para ello, ¡no quiero poner un changarro! En estos meses he trabajado de taxista para llevar un poco de dinero a casa. Casi todos vivíamos al día; no se podía hacer otra cosa con un sueldo de 6 mil 500 pesos al mes, pero como teníamos un empleo seguro y digno me ilusionaba de que mi hijo entrara a Luz y Fuerza, pero como ingeniero, que pudiera ser mejor que yo.

–Dice el gobierno federal que las fallas en el suministro obedecen a sabotaje…

–¿Sabotaje? Eso es dañar al pueblo y nosotros no haríamos eso. ¿Sabotaje? ¡Nada! Son patadas de ahogado de Gobernación.

Cuando le hicieron los exámenes médicos para ingresar a la huelga de hambre, iniciada hace 27 días, el doctor lo felicitó por su buen estado de salud. Luis le respondió: "Gracias, estoy listo para morir".
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Apremia el SME a la Suprema Corte a resolver de inmediato el amparo solicitado

Gabriel León Zaragoza

Periódico La Jornada
Sábado 22 de mayo de 2010, p. 15

La senadora Rosario Ibarra charla, ayer, con integrantes del SME en el campamento de ayunantes de la agrupación instalado en el Zócalo capitalino Foto Carlos Ramos Mamahua

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) consideró que en vista del "crítico" estado de salud que presentan los agremiados en huelga de hambre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debiera resolver "de inmediato" el amparo que solicitaron contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y contra el despido "injustificado" de más de 40 mil trabajadores sindicalizados.

Luego de reunirse en oficinas del máximo tribunal –por más de hora y media– con el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el líder de los electricistas, Martín Esparza, consideró que el pleno de la Corte "tiene que tomar mucha responsabilidad de este caso", debido a que se han cumplido 27 días de huelga.

Indicó que los miembros del SME tienen la razón legal para que los ministros resuelvan en su favor, ante el decreto que el gobierno federal aplicó sin "ningún antecedente jurídico" en el país para la extinción de un organismo público descentralizado, creado por el Congreso de la Unión.

"En nuestra demanda tenemos la razón; no puede quedar un precedente de esta naturaleza, porque, de lo contrario, estarían en riesgo todos los organismos descentralizados que son estratégicos para el país y prioritarios en el servicio público y social", manifestó.

A su salida de la audiencia detalló que la comisión de integrantes del sindicato fue "muy bien" recibida por el ministro presidente Ortiz Mayagoitia, quien escuchó los razonamientos de los trabajadores afectados.

"Escucho bien. Nos dijo que ellos, en apego a derecho, van a revisar el caso con el ministro ponente, quien tendrá que presentar el proyecto y se tendrá que revisar en el pleno de la Corte", agregó.

Aunque no hay fecha definida para que el máximo tribunal resuelva sobre el amparo requerido por el SME, confió en que esta instancia "velará por los intereses de los electricistas en su justa demanda de recuperar su fuente de trabajo".

Además de que los trabajadores afectados por el decreto continuarán reuniéndose con los ministros para exponerles "nuestros razonamientos" y mantendrán su lucha en el exterior del país ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias.

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El SME expone sus demandas y objetivos a la ONU y a ONG

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 22 de mayo de 2010, p. 14 

Momento en que Roberto Salcedo, miembro del SME que participa en la huelga de hambre emprendida por integrantes del gremio, es trasladado hacia un hospital, este viernesFoto Carlos Ramos Mamahua

Integrantes de asociaciones civiles, académicas y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) escucharon ayer pormenores de las demandas y plan de acción del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Conocieron la situación de los 93 trabajadores en huelga de hambre, seis menos de los que iniciaron esta protesta hace 27 días.

Por la tarde, el dirigente del SME, Martín Esparza, se reunió –en la sede del sindicato– con Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Le pedimos que difunda, en las embajadas acreditadas en México, postura y objetivos del SME, en el marco de una convocatoria internacional para que se conozca la verdad y no sólo la postura del gobierno. Le explicamos acerca de la violación a las garantías básicas, especialmente contra los trabajadores, por el gobierno de Felipe Calderón", señaló Esparza tras la conversación con Brunori.

En tanto, siete abogados e investigadores de diversos países visitaron el campamento del SME instalado en la Plaza de la Constitución; el objetivo fue elaborar un informe que será difundido, afirmaron, a escala internacional.

Mientras los extranjeros (entre ellos Yogesh Sabharwal, ex presidente de la Suprema Corte de India, y Aiustin Reichbach, juez de la Suprema Corte de Nueva York) observaban la situación, uno de los huelguistas, Roberto Salcedo Alemán, presentó un cuadro de taquicardia aguda y fue trasladado a un hospital, porque su vida estaba en riesgo, de acuerdo con los médicos que lo atendían.

Tras la decaída de Salcedo, quedan 80 huelguistas en el Zócalo y 13 en Toluca; los 10 trabajadores que iniciaron esta protesta se acercan ya al mes sin probar sólidos; todos beben sólo agua con miel y suero.

A esa hora de la tarde, con un intenso sol que hacía del campamento un espacio sofocante, también visitaba a los electricistas Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien culpó al gobierno federal de minimizar la situación que padecen no sólo los trabajadores sino los ciudadanos en general, por las condiciones de represión y violencia generalizada.

“Si tuvieran la presteza de estar buscando a los desaparecidos ya los habrían encontrado; Calderón tiene ingenio para lo malo, se le ocurrió inventar la palabra levantón y el crimen organizado, pero son secuestros, desapariciones forzadas de un gobierno desorganizado y perverso”, dijo.

En el libro de registro del campamento del SME, la legisladora –quien desde hace más de tres décadas lucha contra la represión y ahora tiene un recuento de 557 desaparecidos– escribió: "Compañeros huelguistas, recuerden siempre que las fábricas pueden funcionar sin los patrones pero nunca se moverán sin los obreros".

Los electricistas del campamento dijeron a los invitados que les arrebataron el derecho a una vida digna, por lo que continuarán ahí, en ayuno permanente, "con la total certeza de que nuestra lucha es justa. No es justo que de la noche a la mañana nos hayan arrebatado todo".

El diputado Ramón Jiménez López (PRD) les informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó el jueves pasado el recurso de revisión interpuesto por un grupo de siete diputados que iniciaron trámite de controversia constitucional del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

De acuerdo con el legislador, analizará el recurso de revisión (tras la negativa inicial del 13 de mayo) la ministra Olga Sánchez Cordero. Los diputados argumentan que Felipe Calderón no dictó, previo a su decreto, el acuerdo de desincorporación que ordena la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su reglamento. Al aceptar el recurso de revisión, señalaron, procede emplazar y pedir informes a Calderón y al procurador general de la República para que expliquen las razones del decreto.

En la comisión de abogados y especialistas extranjeros se encuentra Jeanne Mirer, presidenta de la Comisión Internacional para los Derechos Laborales, y Juan Guzmán Tapia, ex juez de la Corte de Apelaciones de Chile.


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No darán utilidades a 1,500 sindicalizados

De las 30 empresas que tienen obligación de entregar utilidades a trabajadores adheridos a la Confederación de Trabajadores de México, diez no lo harán, pues demostraron ante el sindicato que no tienen capacidad económica.

El secretario del Trabajo de la CTM en Tampico, Roberto Martínez Balderas, dijo que ya habían dialogado con las empresas, y sus estados financieros demostraron que no había utilidades, argumentando que atravesaban por una fuerte crisis económica.

Precisó que son diez las que no entregarán utilidades a sus empleados, y otras cinco, aproximadamente, que no lo harán en un cien por ciento, sin embargo aseguró que la CTM había ya pactado con las empresas, para no emplazar a huelga.

El secretario del Trabajo explicó que son aproximadamente 1,500 trabajadores los que se quedarán sin recibir el beneficio que marca la Ley del Trabajo y la Constitución, sin embargo, se acordó con las empresas entregarles un bono especial, en cuanto la empresa se recuperara, o ampliar sus prestaciones sociales.

Mientras tanto la Federación de Trabajadores de Tamaulipas (FTT) de la CTM se pronunció en contra de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, ya que “con capítulos lesivos” pretende el Gobierno Federal modificar la Ley de Infonavit, además de que no ha creado los empleos que se demandan.

El secretario general de la FTT, Edmundo García Román, advirtió también que en esas reformas “se esconde” una estrategia de beneficiar económicamente a los amigos del Presidente o de funcionarios federales, incluso observa una política de afectación directa a los sindicatos que se ciñen a las leyes.

“Aprovechar esta oportunidad para mostrar el disgusto, el enojo, el reclamo para el Gobierno Federal que ni ha generado empleos, que pretende reformar la LFT, con capítulos lesivos a las cuestiones que han conquistado los trabajadores; estamos en contra de la reforma de la Ley de Infonavit que pretende que del 5 % del cobro a patrones se destinen 3 % para “constituir” empresas privadas que luego resulta que son amigos de los presidentes o de los funcionarios federales”, precisó García Román.

En este contexto, el líder de la FTT recriminó al gobierno de Felipe Calderón que exista una persecución en contra de los sindicatos que sí cumplen con su función. “Sin tratar defender a aquellos compañeros que han equivocado la ruta como son los del SME, mineros y maestros”, citó.
Anahy Meza
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Desfiladero - México 2010: cada día, Calderón manda menos

Jaime Avilés
P

or motivos de trabajo, escribe un lector, amigo de esta columna desde hace años, “voy con frecuencia de Sinaloa a Jalisco. Siempre en mi cochecito. El miércoles de Semana Santa bloquearon la carretera internacional en el punto de revisión La Concha, entre Sinaloa y Nayarit. Por cinco horas unos 40 hombres fuertemente armados y encapuchados, vestidos de militares, asaltaron a todos los que sumisamente hacíamos fila, esperando turno para ser robados. El viernes santo, esos mismos delincuentes volvieron a hacer de las suyas, rafagueando al personal de revisión y dejando varios heridos.

“El miércoles 18 [de mayo], a las 12 del día, volvió a suceder en la carretera 200, en la única recta que hay en lo alto de la sierra llamada Mesillas, antes de llegar a Las Varas, Nayarit. Estuvieron dos horas asaltando a los viajeros, les quitaron valores y siete vehículos, entre camionetas y coches, dándose el lujo de escoger los más caros, pavoneándose con sus metralletas entre la gente, amedrentando.

"¿Cómo puede un comando fuertemente armado, viajando en varias camionetas, moverse libremente por las carreteras? La Policía Federal se esconde en las bajadas para tomarnos por sorpresa a los ciudadanos comunes, pero a ellos qué, ¿no ve pasar nunca a estos comandos? ¿Son paramilitares, de los que tanto se habla? ¿Los han soltado como perros rabiosos para aterrorizarnos y además les dieron carta libre para que se financien? Quienes sobrevivimos de nuestro trabajo honesto, viajando constantemente, ¿tendremos que seguir soportando estas experiencias pavorosas?"

Promesas y sangre

Al ser interpelado, el lunes en Madrid, por activistas mexicanos y europeos que le exigieron castigo para gatilleros que atacaron una caravana solidaria y mataron a una mexicana y un finlandés, el 27 de abril, cuando se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, Calderón prometió "investigar". Menos de 48 horas después, una organización paramilitar acribilló a Timoteo Alejandro Ramírez, líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), y a su esposa, muy cerca de donde había ocurrido la primera matanza.

Una segunda caravana internacional de solidaridad con los habitantes de San Juan Copala, que desde enero permanecen hambrientos y aislados por los fusiles de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), planea llevar comida y medicinas al municipio autónomo el próximo 6 de junio. Rufino Juárez Hernández, jefe de los paramilitares, envió ayer emisarios a la Secretaría de Gobernación para pedir que el Ejército se haga cargo de la vigilancia en la zona.

Más allá de la violencia estructural del hambre, provocada por el saqueo devastador de los neoliberales que se adueñaron de México, hoy se distinguen, y se desarrollan en forma complementaria, otras dos violencias: la de la guerra civil, que protagonizan los cárteles y las fuerzas armadas, y la violencia política, que corre a cargo exclusivamente de eso que todavía algunos denominan, a saber por qué, las "autoridades".

La violencia política en contra de las comunidades indígenas no ha dejado de estar presente en Chiapas, impulsada por el gobierno racista de Sabines, y en Oaxaca, donde la dirige Ulises Ruiz, el asesino serial que patrocina tanto a la Ubisort como a otras bandas paramilitares, con las que controla a sangre y fuego distintas regiones de la entidad, y en el estado de México, donde Enrique VIII mantiene presos a los líderes de Atenco.

Hay violencia política, asimismo, en Guerrero, contra la Policía Comunitaria y los indígenas y campesinos que la respaldan en la Montaña y la Costa Chica. Y la hay también en el centro de la república, en contra de los trabajadores del SME, y en Chihuahua, en contra de los barreteros de Cananea, que ejercen su derecho constitucional a la huelga, y en San Luis Potosí, donde las guardias blancas de la canadiense Minera San Xavier mantienen bajo constante amenaza a los defensores del emblemático cerro de San Pedro, y de la flora y la fauna del desierto que lo rodea, y de las joyas arquitectónicas de la capital del estado.

Nuevas manifestaciones de violencia política están apareciendo en Monterrey, donde los ecologistas que se oponen a la construcción de un estadio de futbol en la reserva forestal de La Pastora han recibido amenazas de muerte. El terreno fue "obsequiado" por el gobernador Rodrigo García a la embotelladora y distribuidora de cerveza y refrescos Femsa, porque a ésta, en realidad, lo que le interesa no son los espectáculos deportivos, sino los grandes mantos de agua dulce que hay allí en el subsuelo.

Arrinconado por la onda expansiva de la guerra civil que desató unilateralmente y de la manera más irresponsable, Calderón, o mejor dicho, su esperpéntica y sanguinaria caricatura de "gobierno", pierde día tras día el control territorial de nuevas regiones del país. Cada día "manda", por decirlo de alguna manera, en menos ciudades, a menos gente y con menos fuerza pública: ésta disminuye a medida que se pasa al bando de los contrarios. Por eso fue Calderón a Madrid y a Washington, a que le aplaudieran, a repartir condecoraciones y a pronunciar discursos insulsos.

El domingo, en Cantabria, el "socialista" Rodríguez Zapatero le expresó el más "decidido apoyo" a sus "políticas de privatización" en beneficio "de las empresas españolas que son líderes en el mundo". La nota la publicó La Jornada en su edición on line, pero no fue registrada por ningún periódico del reino de Juan Carlos I.

En Madrid, militantes de izquierda opositores tanto al gobierno del PSOE como a la ultraderecha franquista, le explicaron a esta columna que entre Zapatero y Aznar y Rajoy y Calderón y Salinas "no hay diferencias: todos son neoliberales". Poderosos consorcios como Iberdrola, Repsol, BBVA, Santander, Meliá, etcétera, que en México se despachan con la cuchara grande, añadieron, "en España hacen lo mismo y sólo benefician a sus accionistas, mientras miles de trabajadores están en el desempleo, desde que liquidaron los astilleros y los altos hornos de Asturias, para inflar la burbuja de la especulación", que ya reventó y traerá consigo una crisis económica y social mayúscula. Pobre pueblo de España, pobre pueblo de México, pobres pueblos los del mundo todo.

Mientras tanto, desde la Secretaría de Seguridad Pública federal, que mal administra Genaro García Luna –pues según la Cámara de Diputados el año pasado dejó de ejercer 60 por ciento de su presupuesto "en ciertas áreas"–, un grupo de empleados denuncia, en carta al buzón de esta columna, que Verónica Peñuñuri, jefa de comunicación social, tiene un método infalible para obligar a sus subalternos a hacer exactamente lo que ella quiere. "Si alguien la desobedece, nos amenaza con mandarnos a trabajar a Ciudad Juárez. Varios compañeros renunciaron para no tener que irse para allá", confiesan.

En el México de las tres violencias, el caso Fernández de Cevallos huele a tragedia, no a farsa. Su desenlace, el que sea, no traerá nada bueno.

jamastu@gmail.com
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El Estado no debe justificar su falta de acción para atender los hechos perpretados en la zona Triqui: Sosa Maldonado (11:51 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. Repudiamos enérgicamente el asesinato del indígena triqui Timoteo Alejandro Ramírez y el de su esposa Cleriberta Castro en la comunidad de Yosoyuxi, en la Región Triqui, Oaxaca.

Ningún argumento que esgrima el Estado es válido para justificar su falta de acción ante estos hechos tan lamentables, hechos que por décadas se han perpetrado en la zona Triqui y en todas las regiones del estado de Oaxaca.

Muchos políticos aprovechan la ocasión para hacer señalamientos que los visibilicen con miras de favorecer sus posiciones partidistas o personales, por el desarrollo de las campañas políticas. Sin embargo no hacen un juicio imparcial para señalar a todos aquellos que históricamente han sido responsables de esta historia de terror y de muerte que padecen los olvidados de siempre.

De igual modo que como en el caso de los indígenas de la Región Loxicha, se pretende olvidar por los apologistas del diodorismo, que fue él quien impulsó la creación de los “entregadores” y posteriormente a los paramilitares que asolan a los Loxicha, se olvidan también cómo, cuándo y porqué nació la UBISORT y todos los ingredientes que sexenio tras sexenio han generado que lleguemos al actual estado de cosas.

Es indudable la responsabilidad de Ulises Ruiz, de Calderón y sus operadores políticos por omisión o comisión en los crímenes contra el pueblo en estos momentos en Oaxaca y el país, en crímenes que se manifiestan en este tipo de ejecuciones o en las acciones emprendidas contra el SME, por citar sólo dos ejemplos.

Por eso es necesario que, lejos de buscar los reflectores mediáticos para fines personales o de grupo, los actores políticos y sociales emprendamos acciones serias y responsables tendientes a parar la guerra de exterminio étnico que se vive en la Región Triqui, en el Estado y el país.

Que seamos factores de cambio de estas políticas neoliberales que favorecen el quehacer económico de los capitales y sus operadores, pero que destruyen la naturaleza, pero sobre todo, destruyen lo más sagrado para la sobrevivencia del género humano, la vida de los pueblos originarios, la vida de hombres, mujeres, niños y ancianos, la vida de quienes son considerados como productos desechables en un mundo donde lo que más importa es tener, no ser.

Las balas y las armas asesinas son de marcas norteamericanas, así como de estas mismas marcas son los fusiles que asesinan a los indígenas Loxicha. Así la guerra de exterminio, la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, son un jugoso negocio para los que de veras mandan en este país y en el gringo.

Mientras, aquí podemos desgarrarnos las gargantas en gritos de unidad y seguir realizando acciones contrarias a ese propósito, ellos serán los beneficiados.

No. No sigamos más por ese camino.

Que nuestro grito de alto a la barbarie, sea un grito de todas y todos.

Que lo que le suceda a cualquiera de nuestros hermanos, sea algo que nos interese a todos y todas.

Solamente así pararemos el etnocidio, frenaremos la guerra sucia, lograremos la presentación con vida de las y los desaparecidos políticos, la libertad de todas y todos los presos políticos y de conciencia; lograremos el castigo a los responsables de la represión, la miseria, la marginación y la muerte que se vive en las comunidades y en nuestro país todo.

No cejaremos en la exigencia de libertad para los presos políticos y de conciencia del país, por la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo del 2007.

Y aunque las condiciones imperantes en los Loxicha no nos permitieron llevar a cabo la marcha que habíamos anunciado; el próximo 25 de los presentes, quienes podamos llegar, estaremos como en los últimos meses, exigiéndole al Estado Mexicano:

¡Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez!

¡Libertad para los presos políticos y de conciencia del país!

¡Libertad para los presos indígenas de la Región Loxicha!

Respetuosamente:

Juan Sosa Maldonado
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Inicia este sábado Consulta Nacional de la CNTE

MORELIA, Mich., 21 de mayo de 2010.- Agremiados de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aplicarán este sábado la encuesta ciudadana con la que se pretenden exigir la revocación de mandato del presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa.
A decir del líder magisterial en la entidad, Jorge Cázares Torres, se instalarán centros de recepción de opiniones, no sólo en la capital michoacana sino en diversos municipios del estado en los que se abra la Consulta Nacional.
Indicó que los días 22, 23 y 24 de mayo se levantarán encuestas entre la población mediante diversos módulos que sostendrán trabajadores de la educación representantes de las 22 regiones del estado.
Cabe señalar que se trata de una jornada de lucha que pactaron en apoyo a los afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y en protesta a la pretendida reforma laboral anunciada por el gobierno federal.
Y es que a ello se suma el paro de labores de 12 horas que de manera conjunta instalaron los profesores del ala magisterial democrática el pasado lunes 19 de mayo aunque se había convocado a una huelga nacional.
Se espera que desde temprana hora de este sábado, los docentes instalen las mesas para el levantamiento de encuestas, no obstante, se espera que este viernes los agremiados a esta sección sindical, se integren a una asamblea estatal en donde se definirán los puntos a seguir en torno a esta Consulta Nacional así como de la jornada de lucha en contra de las reformas estructurales implementadas por Calderón Hinojosa.
Ello aunado a la demanda de incremento salarial luego de que esta organización rechazara el aumento signado entre la SEP-SNTE del 4.9 por ciento de aumento directo al sueldo base.
A su vez, integrantes de la Dirección Colectiva Estatal Democrática (DCED), anunciaron que desde el pasado lunes levantarían encuestas desde las aulas mediante las cuales se valore el papel de la administración federal y estatal.
Para ello el ala antagónica al interior del propio magisterio democrático, afirmó que no se sumarían a las protestas que en ese sentido anunció el líder de la Sección XVIII de la CNTE.

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Los “charros” calumnian al Sindicato Nacional de Mineros, obedientes a las órdenes de Lozano Alarcón y las empresas Peñoles, Altos Hornos de México y Grupo México

Rebanadas de Realidad - SNTMMSRM, Distrito Federal, 20/05/10.-

* El único y legítimo líder nacional de los mineros es Napoleón Gómez Urrutia, refrendado democráticamente por unanimidad en la 36 Convención General Ordinaria.
* ¿Quién les paga los costosos hoteles para sus ruedas de prensa y los boletos de avión?.
* Se equivocan si creen que las bases trabajadoras los van a apoyar; “charros” y traidores están derrotados de antemano.

Algunos individuos que no son líderes de trabajadores mineros y metalúrgicos, sino “charros” y traidores al servicio vergonzoso del gobierno federal (específicamente de Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social) y de las empresas Peñoles de Alberto Bailleres, Altos Hornos de México de Alonso Ancira Elizondo y Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, organizaron una torpe y deslucida rueda de prensa el día de hoy, en lujoso y caro hotel de la Ciudad de México, para repetir las mismas calumnias que hace tiempo vienen propalando en contra del Sindicato Nacional de Mineros, que encabeza el compañero Napoleón Gómez Urrutia con el apoyo absoluto de los agremiados.

En esta rueda, en la cual no explicaron quién les paga el costoso hotel y los boletos de avión, se lanzaron contra el Sindicato Nacional de Mineros, dóciles a las órdenes que ciegamente obedecen. Insistieron neciamente en sus falsas denuncias y anunciaron que llevarán a cabo una Convención Extraordinaria. Nunca pudieron precisar una fecha para ésta, pues “son muchos trámites los que se deben cubrir”, dijeron, lo cual significa que desde el comienzo están fracasando. Mentiras como ésta afloraron por todas partes de sus exabruptos. Ellos saben que estatutariamente no tiene ninguna validez legal convocar a una Convención General pero lo ocultan y se amparan en la mentira de mayorías inexistentes y, sobre todo, en el visto bueno del actual gobierno a favor de ellos. O sea, esta intención está en contra de la Ley Mayor del Sindicato Minero, que son sus Estatutos y Declaración de Principios, los cuales falsamente invocan.

Naturalmente, ya se habían anticipado a anunciar que Lozano Alarcón les dará la “razón” en su absurda pretensión de declarar “ilegales” la XXXVI Convención y sus acuerdos, lo cual comprueba la rastrera supeditación de esos individuos al susodicho secretario del Trabajo.

La XXXVI Convención General Ordinaria, estatutariamente la máxima autoridad del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, efectuada en los primeros días de este mes, fue un éxito del auténtico sindicalismo minero. Fortaleció la unidad del gremio minero trabajador, otorgó un democrático y unánime voto de confianza al compañero Napoleón Gómez Urrutia para que se mantenga al frente de la Organización, y consolidó la más amplia solidaridad nacional e internacional de organizaciones sindicales, políticas y sociales que jamás se haya visto en México, hacia la lucha que sostenemos hace más de cuatro años, por la autonomía y libertad sindicales, por los derechos obreros fundamentales como el derecho a la huelga y a la contratación colectiva.

Este éxito es producto del prestigio bien ganado por el compañero Gómez Urrutia como líder auténtico de los mineros, por su atinada conducción de nuestro Sindicato, por la unidad y lealtad que en torno a él se ha fraguado y reafirmado en la base trabajadora, por su defensa indeclinable de los derechos obreros y por los beneficios que ha logrado para los agremiados y sus familias, pese a la perversa persecución desatada desde 2006 por el gobierno y esas empresas antisociales.

Los “charros” y traidores no respondieron al hecho de que han estado golpeando a los trabajadores en sus beneficios sociales, en las empresas que los patrocinan, prostituyendo al sindicalismo, entregándoles a aquéllas las conquistas obtenidas por el Sindicato Nacional de Mineros en el pasado reciente. En Peñoles, en Altos Hornos de México y en Grupo México, estos individuos han cedido a las presiones, chantajes e intereses de tales empresas, reduciendo drásticamente los beneficios para sus trabajadores, como lo muestran los remedos de revisiones contractuales que han realizado, en las cuales sólo logran el 6% de aumentos globales, ayudando a esas empresas a reducir drásticamente las prestaciones o simplemente cancelarlas, como es el caso del reparto de utilidades en que de plano han operado como esquiroles de las empresas. Esto lo prueba la virtual cancelación del beneficio de ese reparto de utilidades a que por ley tienen derecho los trabajadores en todas y cada una de las tres empresas señaladas.

El Sindicato Nacional de Mineros, que mantiene relaciones contractuales con más de 70 empresas distintas a las señaladas, ha obtenido en todo 2009 y en lo que va de 2010, aumentos directos al salario del orden del 8 o 9%, y en prestaciones sociales adicionales entre el 6 y el 16%, o sea, aumentos globales entre 10 y 24%, además de otros importantes beneficios para los trabajadores y sus familias. Se ha logrado esto a pesar de la perversa persecución política, judicial y laboral en medio de la cual trabaja el Sindicato Minero, encabezado por el compañero Gómez Urrutia.

Las trayectorias de esos que se dicen “líderes”, pero sólo son “charros” y traidores al Sindicato Minero, indica que son entreguistas hacia esas empresas, o individuos como “la marrana” Pavón Campos que antes llamó “estúpido” a Javier Lozano Alarcón y hoy está a su total servicio, y que inclusive participó en el salvaje asesinato el 16 de junio de 2009 del compañero Juventino Flores Salas en Fresnillo, Zacatecas, crimen del cual este sujeto, su hermano y sus cómplices están consignados penalmente pero siguen en la impunidad, por la protección de Minera Peñoles y de la gobernadora zacatecana Amalia García. O los grupos que se arrebatan como botín el control de las Secciones 147 y 288 de Monclova, Coahuila, colaborando irresponsable y corruptamente con el terrorismo empresarial que practica Alonso Ancira en Altos Hornos de México.

Estos individuos le apuestan, igual que el Secretario del Trabajo Javier Lozano, su jefe, a la división de la base trabajadora minera, metalúrgica y siderúrgica de México, pero no lo conseguirán pues la base trabajadora del Sindicato Nacional de Mineros está más unida y fuerte, más leal y plena en la convicción de que el triunfo nos pertenece.

Estos sujetos debían responder por qué hacen gala de su traición a nuestros compañeros de las Secciones 65 de Cananea, Sonora, 201 de Sombrerete, Zacatecas, y 17 de Taxco, Guerrero, quienes han mantenido heroicamente sus huelgas durante 2 años y 10 meses en absoluta unidad y lealtad hacia el Comité Ejecutivo Nacional y al compañero Napoleón Gómez Urrutia.

Y por qué jamás han expresado ni una sola palabra en solidaridad con los hermanos electricistas del SME agredidos por el gobierno.

Por el contrario, han difamado a los compañeros en huelga o en conflicto, empinándose ante el gobierno y Grupo México. Estos “charros” y traidores sólo ven en su prostituido sindicalismo un botín para beneficio personal, manipulados por las empresas exentas de conciencia social y por el gobierno federal, a quienes se han vendido. Por todo eso están derrotados de antemano.
El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Jorge Campos Miranda.

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