sábado, 3 de julio de 2010

Resolver el amparo sobre LFC, apremia el SME a la Corte

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 16

El ingeniero Cayetano Cabrera Esteva, quien cumple este sábado 69 días en huelga de hambreFoto Francisco Olvera

El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver de inmediato la solicitud de amparo de este gremio.

El líder considera que los ministros ya tienen los elementos necesarios para dictaminar, a pesar de que persiste una férrea negativa por parte del gobierno a entregar los documentos con base en los cuales procedió a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el 11 de octubre pasado.

Este lunes una comisión de dirigentes del SME se reunirá con el ministro ponente del caso, Juan Silva Meza, a quien entregarán diversos documentos derivados de un foro de análisis en el Senado, así como reportes de la postura de diversas organizaciones nacionales e internacionales, ante el decreto presidencial relacionado con la operación de LFC.

En tanto, la mañana de este viernes no se permitió el acceso de visitantes o reporteros al campamento del SME, instalado frente a Palacio Nacional el 25 de abril pasado. Los encargados del lugar argumentaron que algunos de los trabajadores que se encuentran en huelga de hambre están muy débiles, en especial aquellos que están por cumplir 70 días de protesta.

Hasta ayer se contabilizan 24 huelguistas en el campamento (entre ellos 5 mujeres), luego de la salida del ingeniero Ugaldo Salgado, quien llevaba 63 días en ayuno.

En ese contexto, Martín Esparza informó que expondrá al ministro los argumentos que ha dado el gobierno federal para mantener en reserva los últimos informes de la junta de gobierno de la empresa extinta, en los cuales se reconocía que había un problema presupuestal derivado de la compra en bloque de energía a la Comisión Federal de Electricidad y no a un gasto laboral.

Tras la liberación de los dirigentes de Atenco y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), la dirigencia del SME confía en que el siguiente asunto que aborde la Corte sea el de los trabajadores de LFC, a fin de encontrar solución antes de que los ministros salgan de vacaciones.

Comentó que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, mantiene una actitud de opacidad y de ataque, no sólo contra este gremio, sino en general contra los trabajadores del país y "se hace de la vista gorda" con el despilfarro que ha documentado la SEP en el caso del SNTE o del propio Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, gremio al que el Poder Judicial ordenó la cancelación de la toma de nota al dirigente Carlos Romero Deschamps. Sin embargo –afirmó Esparza–, Javier Lozano le extendió otra al siguiente día.

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Amenazan a los empleados de Atento: telefonistas

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 17

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) denunció múltiples irregularidades durante la votación de los trabajadores de la empresa Atento (subsidiaria de la española Telefónica) para elegir a la organización gremial que los representará.

Atento es un call center en el que laboran cerca de 18 mil personas –la mayoría en el Distrito Federal–, la cual se instaló en México desde hace una década y otorgó el contrato colectivo al Sindicato Progresista de Comunicaciones y Transportes, integrante de una federación encabezada por Ramón Gámez, conocido en el sector sindical como el rey de los contratos de protección, es decir, aquellos simulados o fantasmas para evitar que los empleados se organicen y reclamen sus derechos.

Al momento de la votación aparecieron otros gremios en calidad de demandantes, uno afiliado a la Confederación Regional Obrera Mexicana y otro a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

El STRM dijo que los trabajadores fueron amenazados y cooptados para que no votaran por esta organización, encabezada por Francisco Hernández Juárez. El "hostigamiento" no fue sólo verbal, dijo María Xelhuantzi, especialista en materia laboral y asesora del gremio de telefonistas.

"Llevaron autobuses a los centros de trabajo para traer a los empleados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, amedrentados por golpeadores del sindicato de Gámez, quienes portan armas de fuego y cuchillos. Adentro están ofreciendo a los trabajadores dinero y días de descanso con goce de sueldo, para que por ningún motivo voten por el Sindicato de Telefonistas", señaló.

La subsidiaria de Telefónica tiene presencia en alrededor de 17 países. La empresa presentó a la autoridad laboral un padrón con irregularidades, principalmente porque incorporó a personal de confianza que no tiene derecho de voto en este recuento.

"El nivel de presión y la amenaza de violencia son increíbles. Fue necesario pedir apoyo a la policía capitalina. Son auténticos golpeadores amedrentando y obstaculizando el derecho de los trabajadores de cambiar de representación sindical", agregó Xelhuantzi.


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Tonto, aval de Lozano al cierre de minas en Guanajuato: Sindicato

Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 17

Guanajuato, Gto., 2 de julio. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, muestra una política "entreguista" al avalar el cierre de tres minas en Guanajuato por la empresa canadiense Gammon Gold y cuando descalifica la huelga en una de ellas, acusó Javier Zúñiga García, secretario del trabajo del sindicato minero.

En entrevista para un noticiero radiofónico, Lozano Alarcón acusó a los obreros del yacimiento El Cubo de empezar un paro ilegal como "chantaje" para obtener un bono de 50 mil pesos a cambio de las utilidades que se les han negado por 10 años.

"La huelga no es ningún chantaje, es resultado de años de arbitrariedades y explotación de los empresarios canadienses hacia los mineros de Guanajuato. ¿Por qué no habla de las 10 horas que implantaron?; eso no lo dice Lozano", recriminó.

Jornadas diarias de 10 horas

En abril de 2009, los mineros de El Cubo suspendieron labores porque los empresarios querían imponerles jornadas de 10 horas diarias, con el argumento de que con la medida se incrementaría la productividad.

El conflicto terminó 46 días después, cuando los trabajadores aceptaron laborar 10 horas diarias durante dos años, con la promesa de que así se les repartirían las utilidades. Sin embargo, en mayo pasado se les informó que no habría tal prestación de ley.

Ante el incumplimiento de la patronal, el pasado 3 de junio los mineros empezaron un paro. En respuesta, los inversionistas decidieron cerrar las minas El Cubo, Las Torres y Peregrina porque "los precios del oro y la plata van a la baja", dijo Lozano Alarcón en la entrevista radiofónica.

Pero Zúñiga García afirma que "la cotización de la onza de oro y de plata está en niveles históricos, nunca vistos, lo que quiere decir que Lozano carece de conocimientos para poder equilibrar los factores productivos con los trabajadores. Es un tonto", señaló Zúñiga García.

Después de 27 días de paro y sin que los empresarios dieran una respuesta positiva, los trabajadores formalizaron la huelga, pero el actuario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no acudió a dar fe del movimiento, lo que hizo suponer que las autoridades la declararían "inexistente".

Ni siquiera Marco Antonio Rodríguez (delegado de la STPS) ha acudido con los mineros a buscar una conciliación entre las partes, se quejó el dirigente.

"A pesar de ello, la huelga estalló y nuestro movimiento de lucha se mantiene tan legítimo como es; seguimos exhortando a la empresa a que se siente a negociar, pero continúa en la cerrazón", sostuvo.

Agregó que la intención de Gammon Gold de llevarse la maquinaria y golpear a un minero cuando los trabajadores evitaron que sacaran 12 toneladas de explosivos molestó al gremio.


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Sin libertad sindical no hay democracia

Arturo Alcalde Justiniani
La libertad sindical continúa siendo una asignatura pendiente en la agenda democrática del país. Más allá de declaraciones oficiales, organizarse gremialmente es toda una odisea. Cualquier iniciativa suele enfrentarse a toda clase de obstáculos, empezando por el patrón, quien considera un agravio que sin autorización suya los trabajadores se reúnan y decidan con autonomía constituir un gremio o cambiar de directiva. También, las autoridades se sienten con el derecho de otorgar y quitar "tomas de nota" atendiendo a sus intereses. Los líderes, cuya corrupción se exhibe en su ostentosa forma de vida, complementan el cerco con su complicidad; la libertad sindical pondría en riesgo su negocio, por cierto el más detestable: traficar con los derechos, el futuro y los sueños de los hombres y mujeres que trabajan.

La imposibilidad práctica de los trabajadores mexicanos de organizarse libremente limita la existencia de una contratación colectiva auténtica, que es clave en cualquier sistema laboral moderno, obstaculizando el diálogo social, considerado en el mundo como un medio privilegiado para el desarrollo de las sociedades. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiriéndose a la libertad sindical, ha señalado: "...reconocida como fundamental por todas las cartas de derechos humanos... la libertad de asociación garantiza a los trabajadores y empleadores el derecho de trabajar conjuntamente en la consecución de sus intereses comunes y laborales. Su máxima expresión es la negociación libre y voluntaria de las condiciones de trabajo...".

La libertad sindical no es un valor abstracto o un ideal inalcanzable; al contrario, es normal en países democráticos y su ausencia se refleja en la precariedad laboral. Basta mirar nuestro propio entorno. El salario en México está ubicado entre los más bajos del mundo, las jornadas de trabajo crecen y en muchos centros laborales llegan a las 12 horas diarias, la contratación por honorarios se convierte en práctica común de los gobiernos y, cuando aplican recortes presupuestales, la primera medida es sacrificar el ingreso de estos indocumentados laborales. Podemos confirmarlo en la iniciativa privada, en las dependencias federales y en los gobiernos de los estados y del Distrito Federal.

La degradación laboral se recrudece en las últimas décadas, afectando a trabajadores de distintos sectores. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia no se reconoce relación laboral, ni el derecho a la seguridad social a varios miles de trabajadores, a pesar de que vienen laborando durante muchos años. Quienes se desempeñan en la banca de desarrollo sufren acoso por tener la osadía de intentar formar una federación democrática. Su dirigente, Ángel Romo Lazo, hace unos días denunció valientemente la persecución que sufren de la gerencia de Banobras por "el pecado" de tomar en serio su derecho a la libertad de asociación. Como respuesta a la presión ejercida, los trabajadores del sector han hecho un frente común. A nivel de la pequeña y mediana empresa, la indefensión es la regla general. Ante la escasez de empleo, se impone a los solicitantes condiciones indignas, como la firma en blanco de renuncias y pagarés; verdaderas mafias se han apoderado de las compañías de limpieza y de servicios, el acoso sexual y los despidos por embarazo son cosa de todos los días. La afiliación al Seguro Social con el salario real es un verdadero triunfo. El pasado jueves cumplieron 100 días en huelga los despachadores de gasolina de la estación Belem en esta ciudad; reclaman a su patrón, Salvador Guerrero Alonso, sólo salario mínimo profesional y seguridad social. Se resisten a ser únicamente propineros.

En contraste a los verdaderos problemas de la gente, mañana asistiremos a una jornada electoral plagada de promesas demagógicas, ausente de compromisos concretos en temas como recuperación salarial, cambio en los sistemas de justicia y protección social universal. La población bien sabe que las vagas referencias al empleo sólo se concretan en los parientes y amigos de los candidatos. Obviamente, el tema de los derechos civiles, políticos y económicos, incluido el de libre asociación gremial, no aparece. La lógica de los partidos anda en otro lado.

La condición de la libertad sindical en México se acredita con el hecho de que sólo uno de cada 100 trabajadores tiene el privilegio de contar con un sindicato democrático. La pregunta es: ¿qué hacer para superar esta postración? No cabe duda de que la organización social y política es un medio de defensa insustituible y que uno de sus caminos es el uso de los mecanismos internacionales de defensa, entre ellos, la presión de organizaciones de todo el mundo para que el gobierno mexicano respete las normas de convivencia internacional, como el Convenio 87 de la OIT, que, por cierto, mañana cumple 60 años. Este valioso instrumento forma parte del orden jurídico mexicano, por disposición del artículo 133 constitucional, con jerarquía superior a la propia Ley Federal del Trabajo, atendiendo la tesis aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en abril de 2007. Este convenio señala que los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho a organizarse con absoluta libertad, y "las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal". Una vía internacional para presionar a su cumplimiento son las quejas presentadas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, del cual el gobierno mexicano es cliente frecuente.

En estos días, la SCJN definirá la suerte de la "toma de nota" y la posibilidad de un nuevo criterio que impida la intromisión de las autoridades en la vida de los gremios, revisando la jurisprudencia 86/2000. Emitir una sentencia ajustada al Convenio 87 de la OIT sería un paso congruente con otras decisiones dictadas en el pasado en favor de la libertad sindical.

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SFP: Calderón sí atiende a empresarios

Susana González G.

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 26

El subsecretario de la Función Pública, Rogelio Carbajal Tejada, aseguró a representantes empresariales y consultores privados que el presidente Felipe Calderón ha ejecutado acciones que responden a reclamos que durante años ha hecho el sector privado, como la desaparición de Luz y Fuerza del Centro o las recientes medidas de desregulación, entre otras.

Con tal afirmación, el funcionario desestimó los resultados obtenidos por México en el sondeo Las relaciones empresa-gobierno en América Latina y España, los cuales revelaron que 55 por ciento de los hombres de negocios considera que hay poco contacto con el gobierno y 71 por ciento indica que la influencia del sector privado en las políticas públicas va de regular a escasa o nula.

Los empresarios sienten que el gobierno "los escucha, pero no les hace caso", resumió José Antonio Llorente, presidente de la consultoría Llorente y Cuenca, que realizó el sondeo por segundo año consecutivo.

El consultor precisó que las relaciones entre empresarios y políticos en México son "buenas" y el país se ubica a la mitad del listado de las naciones analizadas, ya que otras como Ecuador y Argentina reportaron menor contacto, mientras que en España y Colombia tienen más acercamiento.

Reclamos del sector privado

Enfatizó que para los empresarios mexicanos, igual que el resto de América Latina, las principales demandas que hacen a las autoridades son de índole fiscal para enfrentar la crisis financiera, mientras que en España son de tipo laboral.

La seguridad jurídica es el segundo tema más demandado por empresarios mexicanos, como lo expresó 40 por ciento de los entrevistados, rubro que alcanzó mayor porcentaje en Ecuador y Argentina, con 83 y 60 puntos porcentuales, respectivamente, mientras en España y Colombia sólo lo hace 7 y 8 por ciento, en ese orden.

Ante estas comparaciones, el subsecretario pidió "contextualizar" el sondeo, pues dijo que fue aplicado entre octubre de 2008 y enero de 2009 cuando se anunciaba la crisis financiera, por lo que ahora no son entendibles las opiniones recabadas en ese momento.

En meses recientes, ponderó, el Presidente ha tomado diversas decisiones que corresponden a reclamos del sector privado y que hoy valdría la pena conocer si cambiaron las percepciones de los empresarios en cuando a sus vínculos con el gobierno.

El anuncio de simplificación fiscal en esta semana es también una "vieja demanda" de empresarios, lo mismo que el aumento de apoyos económicos para pequeñas y medianas empresas.

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Prohibido elegir o revocar

Griselda Martínez Martínez

“El responsable máximo de la derrota soy yo, creo que tengo que dejar el cargo, es lo más honesto y lo más obligado... yo diría que no tuve la capacidad… es una pena, pero es una realidad… no cumplí el objetivo… todos los que no hemos cumplido… tienen nombres propios… los últimos estaremos en deuda permanente… Todos, nadie se salva.” Usted amable lector@ se preguntará quien dijo esto, quizá lo sepa, pero si no, le diré. No, no lo dijo Lipe Calderón, tampoco los secretarios de (des)gobernación, de (in)seguridad pública federal, de la defensa nacional, mucho menos el del desempleo ó algún funcionario federal de algún nivel, dirigente de cualquier partido político; tampoco algún gobernador, presidente municipal etc. Quien esto dijo (palabras más palabras menos) fue Javier Aguirre, hoy ex director técnico de la Selección Mexicana de Futbol. Por lo menos el instructor de superación personal, (recordemos que teníamos que pasar del México del no se puede y quedamos en el mismo México del no se pudo.) En un ánimo de contrición, asumió que el responsable máximo de la derrota era él. Desde luego que Aguirre no tiene que responderle a los mexicanos, si no a sus empleadores, a la federación mexicana de futbol. Por ello se va, porque al final no cumplió con las expectativas y los intereses de la mafia futbolera. Pero nuestros “ilustres” gobernantes, funcionaros de todos los niveles de gobierno, representantes “populares”, y dirigentes de todos los partidos políticos, serían incapaces de renunciar. Aún que les exijan la renuncia, los exhiban como lo que son o lo que no son. Es lamentable que la Selección Mexicana ya no esté en Sudáfrica, y es que ya no se llevarán acabo las protestas por fuera de los estadios donde la selección jugaba, protestas muy bien ocultadas por las televisoras que cubrieron los partidos de la selección. Y es que el congresos de sindicatos de Sudáfrica (EL COSATU), en el que confluyen trabajadores del (trasporte, electricidad, minería, madera, metalurgia, etc.) organización fuerte y con amplio apoyo social, llevaron acabo en cada partido de la Selección Mexicana, protestas fuera de los estadios, lanzaron consignas contra “el régimen fascista y contrarrevolucionario del gobierno de México”. El pasado 28 de Junio el COSATU llevó acabo una fuerte protesta frente en la embajada de México en su país, para solidarizarse con los trabajadores mexicanos desalojados de sus centros de trabajo y violentados en sus derechos laborales. Y entregar un memorándum con 6 peticiones. 1.- Reconocer a Napoleón Gómez Urrutia, como el democráticamente electo secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, y similares de la República Mexicana. 2.- Se retiren los cargos falsos por corrupción en contra de Gómez Urrutia y otros líderes sindicales 3.- Se devuelvan de inmediato las cuentas del sindicato que fueron congeladas, y los bienes que fueron incautados en 2006 y 2008. 4.- Se restituyan a los trabajadores su derecho de emprender acciones de huelga. 5.- Liberación incondicional de todos los líderes sindicales y activistas encarcelados. 6.- Que el régimen fascista detenga los acosos y torturas continuas a los activistas de los Sindicatos Mexicanos. El COSATU afirmó: “Queremos mandar un mensaje de que no estamos de acuerdo con la represión y brutalidad con la que han sido tratados los trabajadores mexicanos. Nos solidarizamos con los trabajadores que han sufrido un acoso continuo por parte del gobierno fascista de México”. Cinco días antes de esta manifestación en Sudáfrica, en el DF, el miércoles 23 por la noche, fue asesinado José Juan Rosales Pérez, trabajador del SME, activista valiente en la lucha por recuperar su empleo y encargado del campamento de resistencia instalado frente a la CFE en el DF. El trabajador había recibido amenazas para que dejara el plantón. En el DF, el pasado jueves 01 de Julio, la UNT (Unión Nacional de Trabajadores) que aglutina a varios sindicatos, el frente sindical mexicano, el SME (Sindicato Mexicano de Electricista), el gremio minero, y las principales centrales campesinas del país, así como diversas organizaciones, marcharon contra la reforma laboral planteada por el PAN y avalada por el sector empresarial y la secretaria del “Trabajo”, así como en contra de la política económica aplicada por Calderón y sus antecesores priístas. En sus discursos dijeron: “El gobierno trata a los trabajadores como delincuentes, y resuelve los conflictos sociales con la represión”. El objetivo de la marcha fue denunciar la actuación del gobierno y sus políticas; El apoyo a: Los integrantes del SME que tienen más de 70 días en huelga de hambre en el Zócalo del DF, al sindicato minero y a la CNTE. Exigieron alto a la represión y al asesinato de dirigentes sindicales y sociales.
Mientras los asesinatos se incrementan en todo el país, los granadazos, balaceras y asesinatos se recrudecen en el “estado seguro de Colima.” Que venga el 04 de julio, y las “elecciones” en los diversos estados, en un México que no tiene derecho a elegir.
* Secretaria de formación política del PRD


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Memoriales de amicus curiae en México

Miguel Concha
El amicus curiae ("amigo de la corte") es una institución jurídica de origen romano que forma parte de la práctica judicial anglosajona y se considera incluso comprendida en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Ha sido recogida en los reglamentos del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana (CIDH), ambos de Derechos Humanos.

En los últimos años se ha hecho costumbre en muchos países que antes no la reconocían, sobre todo en causas de derechos humanos y cuando un litigio es fundamental para la existencia de un Estado de derecho democrático. Surge entonces como medio de participación ciudadana en torno a temas y problemas de interés público, con el que personas o grupos expertos e interesados en un proceso aportan a los jueces elementos sustantivos, sobre todo cuando se trata de proteger garantías fundamentales.

En México no está garantizada por la ley, y por eso, en 2004 el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria propuso introducirla en nuestra práctica judicial, durante la consulta nacional sobre una reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano, que ese año y durante 2005 abrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De manera sucinta, la SCJN la asumió dentro de las 30 propuestas que publicó el 11 de septiembre de 2006 en el Libro blanco de la reforma judicial (una agenda para la justicia en México), aclarando que "su implementación también puede lograrse en el corto plazo mediante una decisión de la Corte en esta dirección".

En su motivación expresa que las funciones de un tribunal constitucional trascienden el interés de las partes y que, por ello, “para lograr mayor acceso a la justicia y promover una mejor y más amplia participación social en la defensa de los derechos fundamentales y las controversias políticas, se debe introducir en algunos mecanismos procesales existentes (e.g. controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, contradicciones de tesis e, incluso en ciertas hipótesis, el propio amparo)”. Desde entonces, que sepamos, han sido presentados a la SCJN ocho memoriales de amicus curiae, y sólo uno a un tribunal de Acapulco.

En mayo de 2007 la Clínica Legal de Interés Público de ITAM presentó uno a propósito de la discriminación de los medios públicos y comunitarios en la ley Televisa. En agosto de 2009, 26 organizaciones universitarias y de derechos humanos de 13 países, así como la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y la Comisión Internacional de Juristas, entregaron por separado otros tres documentos bajo la figura de amicus curiae, afirmando que el derecho internacional prohíbe la aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos. Este año, la SCJN ha recibido por lo menos otras seis presentaciones de amicus curiae, lo que también manifiesta el compromiso de la sociedad por un verdadero estado de derecho democrático. A comienzos de este año, el grupo plural del Senado que da seguimiento al caso de los ex funcionarios de Michoacán detenidos el 26 de mayo de 2009 por presuntos nexos con el narcotráfico, entregaron también uno con el fin de aportar pruebas que aceleren la liberación de los 19 que entonces seguían detenidos en el penal de Mil Cumbres.

En mayo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) presentaron a su vez bajo esta figura dos documentos en relación con los presos de San Salvador Atenco. Y el 9 de junio, el Prodh y los padres de familia del Movimiento 5 de Junio entregaron otro que acredita la falta de debida diligencia del Estado en materia de lucha contra la corrupción, dentro del deber de garantizar el derecho de acceso a la salud y la seguridad social, así como la conculcación, entre otros, de los derechos de la infancia y el derecho al acceso a la información pública.

El 10 de junio, una delegación del Tribunal Internacional por la Libertad Sindical hizo lo propio, al presentar al presidente de la SCJN los resolutivos de esa instancia internacional ciudadana de justicia laboral. El 25 de junio, la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos presentó un amicus curiae manifestando su acuerdo y aprobación al proyecto del ministro Sergio Valls, en el que concluye que los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción no son violatorios de la Constitución ni de ningún tratado internacional ratificado por México. Y por fin, esa misma semana, la Red Solidaria Década contra la Impunidad, que preside el obispo Raúl Vera, conjuntamente con otras organizaciones civiles y sociales, así como personajes del mundo académico y eclesial, como el obispo Samuel Ruiz, presentaron otro memorial de amicus curiae contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y las graves violaciones a los derechos civiles y sociales de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por parte del gobierno federal.

En forma más que bien fundamentada en el marco jurídico nacional y en la CADH, así como en su protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y en la jurisprudencia internacional, en particular la de la CIDH –a las que, por cierto, está jurídicamente obligada la propia SCJN–, pide a la Corte, entre otras cosas, que se consideren los argumentos allí expresados en el momento de resolver el amparo indirecto interpuesto por el SME, se haga efectivo el principio de igualdad ante la ley y el cumplimiento del artículo 25 de la CADH, así como que se les garantice un juicio justo.La sociedad está en espera de esa respuesta.

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PRD, PT y Convergencia piden diálogo con Calderón

W Radio | Julio 2 de 2010

Por Verónica Rangel

México.- Las dirigencias nacionales del PRD, PT y Convergencia propusieron al Ejecutivo Federal que sea la próxima semana cuando se realice el encuentro para reducir la violencia en el país y restablecer el estado de Derecho.

Confiaron en que en dos semanas, las fuerzas políticas y los poderes públicos logren establecer compromisos, pues lo fundamental hoy, es la visión, la orientación política, y la necesaria unidad de propósitos.

El frente de izquierda "Diálogo para la Reconstrucción de México" propuso una agenda nacional basada en:

Primero: Convenir la orientación consensuada en la política de seguridad a partir de un compromiso con la Constitución y el respeto a los derechos humanos, y con nuevo componente de políticas sociales y educativas que favorezcan a los jóvenes y la inclusión social.

Segundo: Convenir las acciones básicas que impidan la vinculación de la política con las organizaciones criminales.

Tercero: Cerrar por completo el recurso de la criminalización de la lucha social y de la utilización del combate al narcotráfico, con propósitos electorales, en este marco solicitaron al Jefe del Ejecutivo que -en concordancia con lo que decidió la Suprema Corte- se elimine la orden de aprehensión contra América del Valle y que, para contribuir a la distensión social, se reanude y active el dialogo con los trabajadores del SME y con el sindicato minero.

El líder nacional del PRD, Jesús Ortega recordó que el DIA convocó a este diálogo nacional para hacer frente a la emergencia que provocó el asesinato del candidato a gobernador del PRI por el estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, y el Ejecutivo Federal aceptó y convocó.

El dirigente perredista recordó que las fuerzas de izquierda han aceptado dialogar y harán sus propuestas, ya que el combate al crimen requiere de nuevas fórmulas de coordinación institucional y entre los tres niveles de gobierno.

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Atenco o el castigo a la protesta

Viernes, 02 de Julio de 2010

La Suprema Corte de Justicia dictaminó que contra los líderes de la comunidad mexiquense de San Salvador Atenco se dictaron sentencias como una forma “maquilladamente institucional” de criminalizar la protesta social y de “castigar el ser oposición”. Esta verdad jurídica inapelable del máximo tribunal desnuda, por lo tanto, a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón como cabezas de gobiernos que castigan la protesta social. Da la razón, además, a quienes han sostenido que la militarización del país para combatir al narcotráfico y las modificaciones legales que el gobierno federal promueve para disponer de más herramientas que la inclinen a su favor aunque resten libertades fundamentales y faciliten la instauración de estados de excepción, tienen también entre sus objetivos castigar a quienes están inconformes con el cada vez más grave deterioro de la vida nacional. La Corte reparó una terrible injusticia al ordenar la liberación inmediata de los 12 dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) detenidos en los violentos enfrentamientos de 2006. Aquella protesta era secuela de una lucha emprendida contra el despojo de tierras de su comunidad para la construcción de un aeropuerto internacional para la ciudad de México. En esa lucha, indudablemente, se cometieron delitos pero no tales como para que fueran sentenciados, como ocurrió, con cárcel de 31 a 112 años, ni para que los líderes Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo quedaran encerrados en un penal de máxima seguridad porque sus acusadores y juzgadores equipararon con secuestro la retención de funcionarios que realizaron como un recurso de presión. Aunque la Corte desechó que hubiera secuestro equiparado y ordenó su liberación, estos tres dirigentes sociales no serán excarcelados, pues se les sigue proceso por otros delitos. El gobierno se resiste a dejar sin castigo la protesta social. El hecho es que, en palabras del ministro Juan Silva Meza, quedó en entredicho la forma en la que el Estado trata la libertad personal y la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales. Y el aserto no es cosa menor en medio del creciente número de denuncias por violaciones de los derechos humanos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y de protestas como las de la APPO en Oaxaca o como las que mantienen los electricistas de SME o los mineros. Instantáneas 1. CAYETANO. Cumplió 67 días en huelga de hambre el electricista del SME Cayetano Cabrera Esteva. Nada indica que vaya a desistir de su protesta contra la extinción de Luz y Fuerza y la pérdida de su empleo. Existe la expectativa que la Corte dictamine sobre este otro asunto antes del próximo 15 de julio que inicia su receso vacacional de verano. Mientras, la salud de Cayetano va en franco deterioro. Pero que más da otro muerto, han de pensar en el gobierno de Felipe Calderón. 2. ¡CUIDADO! Evidenciada por grabaciones telefónicas la connivencia en Oaxaca del gobernador Ulises Ruiz con el presidente del Instituto Estatal Electoral, José Luis Echeverría Morales, habrá que estar muy pendientes el domingo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el famoso PREP. Quedó en manos de la empresa Grupo Proisi, de los coahuilenses Carlos y Abel Treviño, quienes han sido contratados en otras entidades donde ha habido caídas del sistema. Ahí podría estar la clave de una manipulación fraudulenta o a lo mejor lo esté en las boletas electorales, mismas que no se mandaron a hacer a los Talleres Gráficos de la Nación sino en la empresa Lith Formas. Ojo, mucho ojo. 3. ADECUACIONES. Al menos 3 mil 900 servidores públicos, incluidos magistrados de Circuito, jueces de Distrito, secretarios y actuarios han sido capacitados ya en 40 actividades académicas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, informó el magistrado Óscar Vázquez Marín, consejero de la Judicatura Federal. 4. ISLAS MARÍAS. Por cierto que inició operaciones el juzgado de Distrito de ese complejo penitenciario, cuya instalación fue atestiguada por los consejeros de la Judicatura Federal Jorge Moreno Collado, Óscar Vázquez Marín y Juan Carlos Cruz Razo. Los funcionarios de ese juzgado de Distrito trabajarán periodos de dos meses por 15 días de descanso y no estarán más de un año en el cargo.

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Plantea DIA diálogo con Calderón la próxima semana

Proceso
La redacción


MÉXICO, D.F., 2 de julio (apro).- Los partidos que conforman el Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA), PRD, PT y Convergencia, propusieron hoy reunirse con el presidente Felipe Calderón, con el propósito de definir los compromisos fundamentales para “reducir la violencia y fortalecer el estado de Derecho".

En conferencia de prensa, el líder nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, habló en nombre del DIA y dijo que, en caso de que Calderón acepte la reunión, llevarán una agenda de tres puntos para iniciar el diálogo nacional convocado por el Ejecutivo federal.

Estos son:

--Orientación consensuada de la política de seguridad que respete los derechos humanos, con un nuevo componente de políticas sociales y educativas que favorezcan a los jóvenes y la inclusión social.

--Convenir acciones básicas que impidan la vinculación de la política con las organizaciones criminales.

--Cerrar por completo el recurso de la criminalización de la lucha social y de la utilización del combate al narcotráfico con propósitos electorales.

Es necesario, señaló Ortega, que se inicie el diálogo con el Ejecutivo con el fin de que, lo antes posible, los partidos políticos y el gobierno federal acuerden los “compromisos fundamentales para reducir la violencia y fortalecer el estado de derecho".

Ortega Martínez consideró también que como una muestra del interés gubernamental por contribuir a la distensión social, se elimine la orden de aprehensión en contra de América del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en concordancia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, que se reanude el diálogo con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y con los mineros.

Luego, se refirió a la postura del PRI respecto del llamado al diálogo nacional. Consideró que éste no puede condicionarse al resultado de las elecciones del próximo domingo.

En ese sentido, instó al PRI a aceptar, sin exclusiones ni condicionamientos, el diálogo con el gobierno federal; mientras que a éste, abrirse y escuchar, para corregir su política de seguridad”. Mientras que a cada una de las fuerzas políticas les pidió comprometerse con México.

En ese sentido, Jesús Ortega consideró que el combate al crimen requiere nuevas fórmulas de coordinación institucional y entre los tres niveles de gobierno, “pero también de un componente social de mayor profundidad”.

“Es momento propicio –sostuvo--, para impulsar correctivos en la política económica que faciliten la generación de empleos, sobre todo para los jóvenes, y también en la política social, para potenciar la educación y abrir nuevas oportunidades a la juventud.”

Finalmente, dijo que la inseguridad afecta a todos y ningún gobierno puede asegurar que no está en riesgo, por lo que "considerar que una sola fuerza política es capaz de resolver el problema es un error”.
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Desfiladero - México 2010: la crisis, a las puertas de la olinarquía

Jaime Avilés
México está destruido. País presidencialista, carece de presidente. República ilusoria, no puede recuperar su estabilidad por medio del equilibrio de poderes, pues en el Ejecutivo no hay nadie; el Legislativo es una sala de espera, donde todas y todos afilan cuchillos, y el Judicial, un teatro, bastante sórdido, que se limita a dar espectáculos pornográficos. Esto se derrumba: necesitamos construir una salida de emergencia.

Junio fue el mes más sanguinario del felipato: mil 200 personas fueron asesinadas y, con sus restos, la pila de cadáveres rebasó la barrera sicológica de los 25 mil muertos. La ONU puso de relieve que, al margen de esta carnicería, a lo largo del año pasado el narcotráfico metió al país alrededor de 25 mil millones de dólares (cifra mil veces mayor a la que ganó el Vasco por darnos cuatro gloriosos puntos en Sudáfrica), mientras los traficantes de indocumentados, en el mismo periodo y según la misma fuente, aportaron 6 mil millones de dólares a las cuentas bancarias del hampa.

La alianza histórica del PRI y del PAN, sellada en 1988 con el fraude electoral que llevó a la Presidencia a Salinas, ratificada en 1998 entre Zedillo y Calderón con la aprobación del Fobaproa, refrendada en 2000 con el ascenso de Fox al poder, en 2004 con el desafuero de López Obrador, en 2006 con el golpe de Estado que incrustó a Calderón en Los Pinos, y en 2008 con la privatización encubierta de Pemex, es la causante de esta catástrofe.

La destrucción del régimen de bienestar social, iniciada en 1982 por De la Madrid, arrojó a la pobreza a millones de personas, en las ciudades y en el campo, y preparó las condiciones ideales para el auge del narcotráfico; el traspaso de las riquezas de la nación a las manos de unos cuantos, que consumaron Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, auspició el nacimiento de la oligarquía que hoy nos domina y nos desangra, pero que, dados sus estrechos vínculos de negocios con el crimen organizado, debe, en justicia, ser caracterizada como olinarquía.

A escasas horas de las elecciones que se celebrarán mañana en 14 estados del país, la olinarquía mexicana se encuentra a las puertas de una crisis de cúpula, que puede atizar aun más la violencia y poner en riesgo la permanencia de Calderón al frente de eso que algunos todavía llaman "gobierno federal". ¿En qué consiste esta crisis?

El PRI ganará de calle en Quintana Roo (por falta de candidato opositor), en Chihuahua (donde se dará la abstención más alta, debido al terror que existe), y en Tamaulipas (donde el triunfo será del recién asesinado doctor Rodolfo Torre); además, tendrá una ventaja menor, pero que no pondrá en duda sus victorias, en Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo y Veracruz, mientras, por lo contrario, sudará la gota gorda en Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

En Oaxaca, la intromisión del gobierno de Ulises Ruiz ha contaminado el proceso desde su origen; las cuatro veces que han echado a andar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no ha funcionado; existen múltiples anomalías en los nombramientos de funcionarios de casillas, lo que aunado a la compra de votos, reparto de despensas y materiales de construcción garantiza, desde ya, que la contienda no será equitativa, transparente ni justa, y asegura de antemano un conflicto poselectoral profundo y duradero.

En Puebla, los pronósticos no son menos apacibles. Mario Marín, el góber precioso, se defenderá como gato bocarriba contra el ataque de la poderosa maquinaria electoral que manejará en su contra Elba Esther Gordillo. Como en Oaxaca, donde las huestes de Jesús Ortega han cometido tantas tropelías como las de Ulises (los chuchos no saben hacer otra cosa que pudrir elecciones), en Puebla habrá también una batalla campal de mapaches: fraude contra fraude.

Por último, en Sinaloa, el riesgo estriba en que el desenlace de los comicios provoque una ruptura en la clase política estatal, que podría tener gravísimos efectos en el panorama nacional, pues la alianza PRI-Vizcarra-Toledo Corro tiene en contra la que apoyan Calderón y los ex gobernadores priístas Juan S. Millán y Francisco Labastida en favor del neopanista, y priísta de toda la vida, Mario López Valdez, alias Malova.

Las repercusiones de estos tres escenarios de conflicto serán distintas, mas no por ello menos delicadas. A los conflictos poselectorales que estallarán en Oaxaca y Puebla se añadirá la absoluta falta de autoridad moral, que desde el sainete de Iztapalapa arrastran consigo la presidenta del tribunal federal electoral, María del Carmen Alanís, y los seis magistrados que bailan al son que ella toque, dependiendo de lo que Manlio Fabio Beltrones pida.

Si el órgano electoral de Oaxaca no funciona, y si el tribunal federal no goza de credibilidad ninguna, ¿cómo se va a resolver la lucha de fraudes contra fraudes en aquella entidad, donde el vacío de poder puede propiciar que resurja la violencia y con ella la represión de las corporaciones armadas? Estas previsiones cuentan igual para Puebla. En cambio, en Sinaloa, una eventual escisión en el bloque del Pacífico podría redibujar, con un costo en vidas humanas enorme, el mapa de la lucha contra los cárteles de la otra costa del país.

Ulises Ruiz y Mario Marín ocultan numerosos esqueletos en los roperos de sus respectivas casas de gobierno, y Calderón fue más que tolerante con ellos y les permitió hacer y deshacer a su antojo, mientras lo reconocieran como supuesto ganador de las elecciones de 2006 y lo respaldaran en todas sus acciones de "gobierno", a cambio de una impunidad que hoy amenaza con arrebatarles para dejarlos al desnudo.

Esa posibilidad fue la que le puso los nervios de punta a Beatriz Paredes, cuando en su discurso del martes tronó contra Calderón, al recordarle su origen espurio y amenazarlo con que sólo dialogará con "liderazgos legítimos"? ¿Quiso decirnos que si el PRI no gana las 12 gubernaturas que están en juego mañana lo desconocerá como titular del Ejecutivo? ¿Y entonces?

¿A qué liderazgos legítimos pretendió referirse? ¿Al de Enrique Peña Nieto, gobernador de la entidad que cuenta con el más alto número de asesinatos de mujeres (incluido el de Paulette) y la burocracia más corrupta de la República?

El país está destruido y necesita una salida de emergencia, que sólo puede abrirse con un acuerdo de fondo entre todos los actores políticos y la sociedad civil. Una salida de emergencia que no fuimos capaces de instalar a tiempo y que, sin embargo, habremos de diseñar sobre la marcha si, después de lo que suceda en las elecciones de mañana, la olinarquía se embarca en una guerra de todos contra todos.

Muy puntuales, por su parte, después de resolver mal (sin señalar culpables) el caso de Atenco, los 11 ministros de la Suprema Corte se fueron ayer un largo mes de vacaciones, a comer y beber en los mejores hoteles del mundo, azotando la puerta en las narices de los militantes del SME, que llevan casi 60 días en huelga de hambre, en espera de que el máximo tribunal anule la extinción de Luz y Fuerza del Centro y les restituya sus fuentes de trabajo. ¿Cómo será el México que encontrarán a su regreso?

¿Quedará piedra sobre piedra?

jamastu@gmail.com

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Rechazan política laboral Sindicatos piden renuncia de Calderón

Viernes, 02 de Julio de 2010 08:42
MEXICO, DF (Apro).— Miles de trabajadores integrantes de diferentes sindicatos marcharon ayer del Angel de la Independencia al Zócalo para expresar su rechazo a la iniciativa de reforma laboral y en contra de la actual política en el sector.

Miembros de los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME), de Minero, de la UNAM, y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de la Confederación Nacional Campesina (CNC) demandaron que se garanticen y respeten sus derechos laborales.El contingente partió poco después de las 16:00 horas con una gran pancarta en la que se pedía la renuncia del Presidente Felipe Calderón. Las diferentes organizaciones, en abierto rechazo a la política laboral del Gobierno Federal, realizaron un mitin en la Plaza de la Constitución.

Los sindicalistas acusaron al gobierno de Felipe Calderón de tratar a los trabajadores como delincuentes y denunciaron que pretende resolver los conflictos sociales con acciones represivas.La movilización mostró abiertamente la solidaridad con los integrantes del SME que han cumplido más de 60 días en huelga de hambre; con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y con el Sindicato Minero. Demandaron el cese de la represión y del asesinato de dirigentes sociales.“Este Gobierno de derecha sólo ha promovido la polarización y la desigualdad, y ha permitido que los ciudadanos mexicanos sean impunemente asesinados en la frontera, que la organización social sea criminalizada y que las propuestas de los sectores campesino, sindical y civil se topen con oídos sordos, pues el Gobierno no sabe negociar”.

Por otra parte, rechazaron “las cuentas alegres” del Presidente Felipe Calderón, quien presumió que en lo que va del año se han generado 513 mil empleos.Francisco Hernández Juárez y Martín Esparza, dirigentes de los telefonistas y de electricistas, criticaron que mientras Calderón presume la creación de empleos, miles de trabajadores de Luz y Fuerza protestaban en la Plaza de la Constitución por haberse quedado sin fuente de trabajo desde octubre pasado.
   



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