lunes, 2 de agosto de 2010

Plantea Mexicana bajar 40% salarios de pilotos y sobrecargos

Otra propuesta es que empleados compren la aerolínea, no la marca, dijo el director Manuel Borja.

Notimex y Reuters
Publicado: 02/08/2010 14:03

México, DF. El director general de la compañía Mexicana de Aviación, Manuel Borja propuso reducir de 216 mil a 127 mil dólares al año el salario de los pilotos; aunque este ingreso pudiera ascender a 148 mil dólares si la línea aérea obtiene utilidades del 10 por ciento.

En tanto que, planteó bajar de 53 a 32 mil dólares anuales la percepción de los ingresos de sobrecargos.

Como segundo escenario, para dar viabilidad financiera a la empresa, la aerolínea evalúa vender a los empleados las acciones de Mexicana de Aviación; más no la marca "porque no puede haber dos empresas con el mismo nombre".

El costo por acción sería de un peso, detalló en conferencia de prensa.

Antes, en entrevista telefónica, Borja dijo que Mexicana debe reducir sus costos laborales o está destinada a desaparecer.

"La alternativa real es tener contratos colectivos que sean competitivos. Y si ellos (los sindicatos) dicen 'no', entonces la empresa no es viable y no puede seguir existiendo", advirtió Borja en entrevista radiofónica.

Las modificaciones contractuales son parte de una reestructuración más amplia propuesta a sus sindicatos, que incluye ajustes a la plantilla laboral, rutas e itinerarios.

Los pilotos rechazan cambiar sus contratos y salarios debido a que desde 2006 firmaron acuerdos para elevar la productividad con ahorros anuales por 50 millones de dólares.

Borja dijo que las otras alternativas que analiza Mexicana son vender la aerolínea a los sindicatos de pilotos y sobrecargos o solicitar a una corte protección por bancarrota, un procedimiento llamado "concurso mercantil".

La firma, que vuela a 50 ciudades en México, Centro y Sudamérica, el Caribe y Europa, transportó 11.1 millones de pasajeros en 2009.

Por la tarde, el directivo reiteró la importancia de Mexicana de Aviación al señalar que “somos la columna vertebral de América”.

Afirmó que en los últimos años la transformación de Mexicana los ha llevado a obtener premios como los “World Travel Award”.

Señaló que en los últimos años, del 2002 al 2010, el ingreso ha caído 20 por ciento en términos nominales, el ingreso por pasajero-kilómetro -que es la medida unitaria que se maneja- se ha caído porque hay una nueva realidad, “porque hoy en México hay proveedores que están dispuestos a vender su producto (viajes) a un precio menor”.

“Esto pasa porque tienen una estructura de costos más sana, tienen una estructura, contratos laborales principalmente más eficientes, en los cuales sus pilotos y sobrecargos ganan sustancialmente menos que los nuestros y eso permite que den precios más atractivos al mercado”, afirmó.

Sostuvo que Mexicana ha tenido que ajustarse, que seguir esa tendencia y “hemos tenido un efecto en nuestro ingreso. Ese 20 por ciento de caída en el ingreso significa una reducción de 400 millones de dólares”.

Rechazan comprar

Borja indicó que dos ofertas que se presentaron a los sindicatos de pilotos y sobrecargos para venderles la aerolínea fueron rechazadas el fin de semana.

El rechazo se debió principalmente a que las ofertas no incluían ceder a los sindicatos la marca "Mexicana", con 89 años en el mercado, afirmó por su parte el líder del sindicato de pilotos, Fernando Perfecto.

El dirigente argumentó que la difícil situación de la aerolínea se debe a una mala administración y a que los accionistas no han realizado las inversiones de capital que prometieron cuando compraron la compañía.

Mexicana y otros activos fueron vendidos por el gobierno en 2005 al grupo hotelero local Posadas en 165 millones de dólares.

Más tarde, el grupo fue vendiendo participaciones accionarias a varios empresarios mexicanos.

El directivo comentó que inversionistas locales y extranjeros desean participar en la aerolínea siempre y cuando baje sus costos laborales, que representan 20 por ciento del total.

Grupo Mexicana, que también controla a las aerolíneas filiales Click y Link, buscó colocar este año un bono por 250 millones de dólares garantizado en parte por el banco estatal de fomento Bancomext, pero la entidad no respaldó la emisión y el plan se vino abajo.

Mexicana de Aviación tiene una deuda total de 10 mil millones de pesos (796 millones de dólares) y activos por 11 mil millones de pesos, afirmó Borja.
Fuente

Aún pueden llamar a la huelga los mineros y el SME: Esparza

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 15
Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aseguró que aunque hoy se viven otras condiciones políticas para buscar una solución al conflicto con el gobierno, a raíz del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, prevalece la advertencia de que el SME, junto con los mineros, convoquen a una huelga nacional para el primero de septiembre si no hay avance en las negociaciones de ambos gremios.

Informó que este domingo se comunicó con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, para acordar hora y lugar en que se reunirá la mesa de negociaciones que dio inicio el 22 de julio.

Luego que su adversario Alejandro Muñoz señaló en un comunicado que el grupo de Esparza pretende quedarse con los recursos del sindicato, respondió: “habrá que ver quién lo manda ahora a generar incertidumbre”.

Según Muñoz, el patrimonio del SME “debe ser defendido por todos los grupos disidentes a Martín Esparza y no permitir que quede en manos de unos cuantos dirigentes corruptos”. Consideró que los bienes sindicales deben ser liquidados y los recursos “ser repartidos en forma equitativa entre los afiliados al sindicato”.
Llamó a todos los grupos y corrientes opositoras a la actual dirigencia a unirse en la lucha “para evitar la pérdida de este patrimonio, en la búsqueda de más y mejores oportunidades para todos los ex trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro”. Inclusive se pronunció por la creación de un nuevo sindicato.

Muñoz sostiene que el patrimonio del sindicato, integrado por bienes inmuebles, recursos en cuentas bancarias, fondos en poder del gobierno y otros valores, “dividido entre cada socio del SME sería superior a 300 mil pesos por agremiado, lo que les permitiría encontrar una alternativa de negocio o la conformación de cooperativas para prestar servicio a la CFE”.

Esparza recordó que “asesorado por Muñoz, un grupo de electricistas firmó renuncias voluntarias, de manera que ya no son militantes del sindicato en activo, sino en receso, por lo tanto no tienen ni voz ni voto”. Asimismo pidió a Muñoz entregar el informe financiero que desde diciembre de 2008 se niega a dar y recordó que pesan contra Muñoz demandas, incluso de índole penal.
Fuente

Colonos de Lindavista piden auxilio al SME

Josefina Quintero

Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 40
Ante la incapacidad de las empresas contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para resolver los problema de sobrecarga de energía en la subestación 20 de la unidad habitacional Lindavista Vallejo, los vecinos acordaron recurrir a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro para reparar las fallas en la planta.

Hace una semana fue inhabilitada la subestación, la cual genera energía para activar el sistema de bombeo de agua potable. Sin embargo, el riesgo de un cortocircuito sigue latente, ya que ahora la carga recae en una sola planta, de un total de cinco. El peligro no sólo es para los habitantes de la unidad, sino para los de colonias aledañas, informó Ricardo Serna, administrador del conjunto habitacional.

El acercamiento con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se acordó porque en la unidad habitan ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, quienes alertaron de la sobrecarga y el daño que ocasionó al sistema de bombeo que suministra el agua potable a la unidad.

El contacto se dio con Hugo Ortega y Fernando Amezcua, integrantes del comité ejecutivo del SME, quienes aceptaron reparar la subestación 20. Sólo “piden garantías de seguridad durante su trabajo”, expusieron vecinos.

En un recorrido el viernes pasado, los integrantes del SME identificaron las fallas y aseguraron que se pueden reparar, pero también advirtieron sobre el peligro de colapso por un cortocircuito, que dañaría la energía de las colonias Nueva Vallejo y las manzanas 1 y 2 de la unidad Lindavista Vallejo, donde se calcula que viven alrededor de 10 mil familias.
Serna agregó que esperarán hasta el próximo miércoles, cuando habrá una asamblea de condóminos y se tiene prevista la presencia de representantes de la Procuraduría Social y de la Comisión Federal de Electricidad. “Si para entonces la CFE no ha reparado la avería, se hará la solicitud formal al SME para que arregle la subestación”, señaló.

Hoy y mañana se hará una evaluación del trabajo de las empresas contratadas por la CFE, las cuales desde el 25 de julio pasado no han logrado arreglar el problema de sobrecarga en la subestación 20.

Para evitar enfrentamientos, indicó Serna, se buscará crear las condiciones para que los ex trabajadores de cables subterráneos de Luz y Fuerza puedan realizar el trabajo con todas las garantías de seguridad.

El administrador se dijo seguro que será el SME el que repare la subestación, porque “las empresas que envió CFE no resolvieron el problema. Ni siquiera saben qué lo originó”.

Sobre los daños al sistema de bombeo, Eduardo Saravia Loo, encargado de atención a clientes de la paraestatal, afirmó que “se pagarán los daños generados por la sobrecarga, porque la CFE cuenta con un seguro para ello. Sólo se requiere hacer la solicitud para que se haga la reparación del sistema de bombeo”.

Los vecinos acudieron también ante autoridades de la delegación Gustavo A. Madero para que pueda intervenir el SME, porque los problemas en el suministro de agua para las mil familias que habitan en dicha unidad se agudizaron el pasado fin de semana.
Fuente

Escrito contra movimiento, una embestida del Grupo México, califica el dirigente

CORRESPONSALÍA

Taxco, 1º de agosto. Ante un escrito anónimo que circuló en algunos puntos mineros de Taxco, después de la conmemoración por los tres años de huelga, donde se señala que el movimiento de la sección 17 no es válido, el secretario general del sindicato, Roberto Hernández Mojica, aseguró que son las primeras embestidas del Grupo México, para “tratar de desinformar a la población sobre nuestro problema, pero eso no detendrá nuestras movilizaciones que realizaremos en Guerrero, a partir de esta semana”.

Después de las actividades, el viernes pasado, con una marcha para recordar los tres años de huelga, al siguiente día en algunos puntos donde se ubican los campamentos de las minas, aparecieron volantes donde señalan “que sólo se persiguen intereses personales y no de grupo”.

El documento anónima, fue adjudicado a “un minero que quiere a su pueblo verdaderamente y su trabajo también”, el líder de la sección 17, Hernández Mojica, detalló que no es más que la primera acción de la empresa contra ellos, “porque les dolió que estemos recibiendo el respaldo de más de 37 organizaciones”.

Afirmó que el documento fue encontrado en varios puntos donde hacen las guardias los trabajadores; “no fueron repartidos sino los tiraron”.

Dijo que se identifican a las personas que los hicieron “y no son más que los disidentes, o los charros que están en favor de la empresa, así se manejan y es cómo trabajan”.

Señaló que los disidentes “tratan de desinformar a la población sobre nuestro problema, pero eso no detendrá nuestras movilizaciones que realizaremos en Guerrero, a partir de esta semana”.

Explicó que el pacto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y los mineros es de ejecutar movilizaciones, como la toma de carreteras de la manera conjunta “y eso lo estaremos realizando en Guerrero como en el resto del país, donde hay sindicatos”.

Indicó que se actuará de acuerdo con la dirigencia local y nacional, sobre este tipo de anónimos “que sabemos son de la empresa”.

El documento precisa: “las gentes que han renunciado a su sindicato fue para ya no seguirles este juego absurdo lleno de amenazas dentro de ellos mismos”.

Fuente

Predominan en el DF movilizaciones por demandas del ámbito federal: Gobierno

Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 33
La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal reportó que del 1O de enero al 30 de junio de este año se realizaron mil 585 movilizaciones en las calles de la ciudad de México, lo que significa un promedio de 8.8 por día, cifra ligeramente menor a la del año pasado.

De acuerdo con el informe semestral de la dependencia, persiste el hecho de que las afectaciones de mayor impacto en la ciudad son originadas por grupos sociales que se movilizan por demandas de competencia federal.

Algunas de esas manifestaciones “tienen un alto grado de complejidad social; están relacionadas con problemáticas no resueltas por el gobierno federal, que es directamente responsable de la atención, por medio de sus dependencias, de, por ejemplo, escasez de agua y demanda de suministro de energía eléctrica”, enfatiza en el documento la citada dependencia capitalina.

En 2009, la cifra de manifestaciones públicas durante el periodo de referencia fue de mil 634, lo que da como resultado 3 por ciento menos de las que se dieron en el primer semestre de este año, añade el último reporte emitido por la Secretaría de Gobierno local.

Advierte que este año las movilizaciones del ámbito federal fueron 787, lo que sgnifica 50 por ciento del total que se tuvo en las calles de Distrito Federal, con una asistencia de 111 mil 119 manifestantes.

En cuanto a las manifestaciones vinculadas a demandas del ámbito local se presentaron 553, 35 por ciento del total, tres por día, con una participación de 448 mil 881 personas, la cuales fueron atendidas mediante mesas de concertación, “que permiten reducir el impacto en la vía pública, canalizando las demandas a las instituciones correspondientes”.
El informe agrega que la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana instaló mil 557 mesas de concertación en el primer semestre de este año, de las cuales 49 por ciento incidieron de manera directa para evitar que se llevaran a cabo movilizaciones con impacto en vía pública.

De los actos registrados, 629 fueron concentraciones, 439 bloqueos, 255 marchas, 79 mítines, 31 deportivos, 27 plantones, siete de tipo religiosos, tres culturales y 115 con diversos motivos.

La organización con mayor número de movilizaciones de carácter federal en el periodo que se informa fue el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que además mantuvo un plantón de varias semanas en el Zócalo.

Le sigue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con 48 movilizaciones. La Central Campesina Cardenista (CCC) es la tercera organización con más movilizaciones y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en cuarto lugar.

Del ámbito local se encuentran la Asamblea de Barrios, con 11; vecinos de las colonias La Malinche y El Tanque, con 9, así como el Frente Popular Francisco Villa Independiente, vecinos de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco y la Central de Unitaria de Trabajadores.
Fuente

Realizadores de Canalseisdejulio imparten por primera vez en la Angelópolis el Taller de Cine Documental

YADIRA LLAVEN

Entre los géneros cinematográficos el documental es, posiblemente, el menos popular, y con total seguridad, el de menor difusión. Sin embargo, es un excelente instrumento para la construcción audiovisual de la realidad y un legado para la memoria colectiva. Por tal razón, José Luis Mariño y Mario Viveros, realizadores de la casa productora de mayor trayectoria en México, Canalseisdejulio, impartirán, por vez primera en Puebla, el Taller de Cine Documental.

El curso busca profundizar su mirada estética, política y teórica, sobre temas presentes en la cotidianidad. Y será dictado en cinco sesiones sabatinas hasta el 21 de agosto. Las inscripciones siguen abiertas. La sede es el Instituto de Comunicación Especializada (ICE), ubicado en la calle Rosas 236, de la colonia Bugambilias.

Temáticas sobre el discurso audiovisual y el proceso de construcción conjunta serán impartidas para dar una idea contextual y generativa en la producción de documentales. También se hablará acerca del uso de recursos técnicos del lenguaje cinematográfico.

El propósito del taller, de acuerdo a los organizadores, es ofrecer a videastas, estudiantes, periodistas visuales y el público interesado pautas para la realización de un documental propio, enfatizando el trabajo desde el quehacer del realizador, hasta las consideraciones técnicas y económicas.

Además del producto audiovisual, los participantes obtendrán una constancia de participación con valor curricular.

Viveros Barragán es realizador, camarógrafo, editor y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con estudios en periodismo y en cinematografía en el CUEC. Entre sus trabajos documentales está En los cuernos de la luna (2001), Zapatistas, crónica de una rebelión (2003), Democracia para imbéciles (2004), Romper el Cerco (2006), Los dueños de la democracia (2007), Digna Ochoa (2007). Actualmente, está terminando el documental sobre la Extinción de Luz y Fuerza y el movimiento del SME.

En tanto, Mariño, quien también es investigador y profesor den la UNAM, estudió cinematografía en el CUEC. Ha trabajado como director, guionista, editor y fotógrafo en diversos cortometrajes. En video, ha colaborado como productor, guionista, director y fotógrafo en diversos programas de televisión para la UNAM y la Universidad de las Américas; en programas institucionales para la Universidad Autónoma de Puebla, y para Canalseisdejulio.

El cupo es de 15 participantes, mayores informes al teléfono: 2 64 10 64; o bien en la página: www.icepuebla.edu.mx.

Fuente

Solucionar el conflicto del SME, entre las prioridades de Blake

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 1º de agosto de 2010, p. 13
En sus primeros 15 días de gestión, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), José Francisco Blake Mora (sucesor de Fernando Gómez Mont), avanza en la integración de su equipo y en la definición de una agenda de temas prioritarios que incluye la solución del conflicto con los electricistas.

Para el primer punto optó por uno de sus ex compañeros en el gobierno de Baja California, José Óscar Vega Marín, para ocupar la Oficialía Mayor de la SG, dependencia que ejercerá este año un presupuesto de 8 mil 370 millones de pesos.

Como segundo enroque eligió a Felipe de Jesús Zamora Castro, ex abogado general de la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN, para ocupar la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

No se descartan más movimientos en Bucareli, incluso en otras subsecretarías. Blake Mora fue secretario de Gobierno de Baja California; con esa experiencia en la solución de conflictos, busca avanzar en la negociación con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Como primer paso, logró que el gremio encabezado por Martín Esparza levantara la huelga de hambre colectiva que tenía este sindicato en el Zócalo capitalino. A cambio, el sindicato espera respuesta acerca de la solicitud de toma de nota (reconocimiento oficial) para su comité central, paso fundamental para avanzar en un amplio acuerdo relativo a la posible reinserción laboral de los 17 mil electricistas en resistencia.

En la semana que inicia se realizará otra reunión de diálogo encabezada por Blake y en la cual participa también el secretario del Trabajo, Javier Lozano.
Fuente

Mineros de Taxco y SME, para la presea Sentimientos de la Nación

Sería un reconocimiento del pueblo a su trabajo por los derechos laborales, indica Nicolás Chávez

“Nos sentimos orgullosos de que se vuelvan a reivindicar los principios democráticos de lucha”

CORRESPONSALÍA

Taxco, 31 de julio. La sección 17 del sindicato minero y el Sindicato de Mexicano de Electricistas (SME) están propuestos para que reciban en Chilpancingo la presea popular Sentimientos de la Nación, que las organizaciones sociales entregan en un acto alterno al del gobierno del estado por la promulgación del documento alusivo, anunció uno de los dirigentes de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.

Dijo que su presencia en la ciudad, además de respaldar la huelga que el sábado cumplió tres años, es para proponerle a los mineros que reciban un reconocimiento real de la izquierda, el día en que se conmemoran los Sentimientos de la Nación, redactado por el general José María Morelos en Chilpancingo.

El dirigente explicó que la distinción que hacen a los mineros es el reconocimiento “legítimo a sus demandas, por lo que nos sentimos orgullosos de que se vuelvan a reivindicar los principios democráticos de la lucha”.

Dijo que se trabaja para la consolidación de la lucha social en la entidad, por eso acudieron a Taxco

Señaló que mientras el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y los diputados locales se encierran en la catedral de Santa María de la Asunción, la mitad del zócalo de Chilpancingo estará cubierta por la verdadera izquierda, como por los luchadores sociales.

Informó que será la cuarta ocasión que se entregue la presea, y en esta ocasión están propuestos el SME y los mineros de Taxco.

Consideró que además de los sindicalistas mineros y electricistas, la presea también la recibirá Abel Barrera Hernández, director del centro de derechos humanos Tlachinollan, “porque han dado una lucha digna por el pueblo de México”.

“Además de Ignacio del Valle, de Atenco, Estado de México recibirá el reconocimiento que es realmente de los pueblos”, agregó

Precisó que a diferencia de lo que hace el gobierno zeferinista, la presea la entrega el pueblo “y la explanada es para el pueblo, mientras que Torreblanca Galindo se encierra para entregar la presea Sentimientos de la Nación a sus amigos”.

Aseguró que ha sido digna la lucha de los mineros, por eso se continuará dándole apoyo.

En cuanto al reconocimiento, informó que será elaborado nuevamente por el artista nahua Nicolás de Jesús.

Adelantó que el próximo 9 de agosto se realizará una concentración en la Normal de Ayotzinapa, donde se clausurará el busto de Lucio Cabañas que intentó establecer el diputado local priísta Héctor Vicario Castrejón.

Fuente

Proponen electricistas integrarse al área de distribución de CFE

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 1º de agosto de 2010, p. 13
En la mesa de diálogo entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) la discusión central será si existen alternativas para dar empleo a los 17 mil trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) que se mantienen en resistencia.

En su propuesta, entregada en la mesa de la Secretaría de Gobernación, el sindicato tomó como base los requerimientos operativos y de personal para la zona central del país diseñados por la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con base en ello, los electricistas serían integrados, básicamente, en el área de distribución, lo cual alienta al SME porque la mayoría de quienes no han aceptado su finiquito es personal operativo.

Por ejemplo, los linieros de torres de alta tensión representan el bloque más compacto, con el menor número de bajas después de 10 meses de la extinción de LFC, lapso durante el cual han aceptado su liquidación, bajo la forma de “renuncia voluntaria” poco más de 28 mil trabajadores de una plantilla original de 44 mil.

El caso de los linieros es especial: de un grupo de mil 200, sólo se liquidaron 150, es decir, la desbandada hacia el finiquito no fue del personal operativo, sino de las áreas administrativas con un retiro de 85 por ciento. En este sector es donde, además, se manifestó el mayor apoyo a Alejandro Muñoz, del grupo antagónico al líder Martín Esparza.

De acuerdo con un análisis del SME, del grupo de 17 mil 300 en resistencia (hay que restarle algunos cientos que aceptaron su renuncia voluntaria en la tercera etapa de liquidación ofrecida por el gobierno) hay 9 mil 282 trabajadores operativos, 5 mil 400 de labores administrativas diversas (ahí están incluidos ingenieros y dibujantes, por ejemplo) y el resto, unos 2 mil 589, son del área comercial de lo que fue LFC.

Del grupo operativo hay una subclasificación en la que se precisa que hay 800 electricistas de líneas aéreas (adicionales a los de alta tensión), 812 de las zonas foráneas y 340 de la “red aérea”. El retiro de trabajadores de LFC ocurrió principalmente en las oficinas, subestaciones y otras instalaciones ubicadas en el Distrito Federal, toda vez que de las divisiones foráneas, operadores de los municipios circundantes a la capital, el retiro fue en menor porcentaje; de 8 mil empleados, quedan 4 mil aproximadamente.
El SME insiste en adoptar la figura del patrón sustituto, u otra similar, pero ligada a recuperar el empleo en el sector público, fundamentalmente.

“Una opción es que la CFE nos contrate para operar una estructura que ya existe. La mayoría de nuestros compañeros estarían entonces en el área de distribución de comisión”, señaló un dirigente sindical consultado.

Entre los argumentos del SME figura que la CFE debe contratarlos porque es esta empresa la que opera actualmente lo que fue el área de influencia de LFC.

Como se ha difundido, el día de la extinción del organismo, el 11 de octubre pasado, la Secretaría de Energía envió al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, el oficio 300.250/2009 en el cual le indica que solicitó al organismo liquidador “ponga inmediatamente a disposición de la CFE” los bienes de la empresa que se extingue, así como los derechos accesorios y asociados a dichos bienes.

Si bien la Suprema Corte de Justicia dio validez al decreto de extinción, queda pendiente el litigio respecto a los derechos laborales y una eventual reinserción o reinstalación. Al respecto, sindicato y Secretaría del Trabajo coinciden en que actualmente hay más de 30 mil demandas por despido injustificado que analiza la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El problema jurídico que aprecia el gobierno, comentaron fuentes del SME, es que ese grupo de demandantes está integrado por miles de quienes ya cobraron su finiquito de “renuncia voluntaria”, pero también de otros tantos miles que se niegan a hacerlo.

La mesa de diálogo se anunció el pasado 22 de julio y de inmediato el SME levantó la huelga de hambre colectiva que mantenía desde hacía tres meses en el Zócalo capitalino. Derivado de ello, el lunes 26 de julio se realizó la primera reunión de trabajo de esa mesa, en la cual se detalla que el objetivo “será explorar y encontrar alternativas laborales en el sector eléctrico, conforme a derecho, a los objetivos de la política pública que orientan al sector y, en su caso, a la disponibilidad presupuestal”.

Los trabajadores buscan además, de manera alterna, avanzar en un objetivo trazado desde antes del decreto de extinción de LFC: formar una empresa de telecomunicaciones para dar servicio de fibra óptica.
Fuente

Clase social, lucha, represión y auge del poder del narcotráfico

James Petras
Rebelión


Traducido para Rebelión por Ricardo García




«Estamos enfrentando a un monstruo; una fuerza que se ríe, se burla y nos quiere aplastar.»


Miguel Ángel Ibarra, miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al cumplir 80 días en huelga de hambre. (La Jornada, 18 de julio de 2010).


Existe relación directa entre el auge de las bandas delictivas, la profundización del neoliberalismo y la represión de los movimientos sociales y los sindicatos.

El despido llevado a cabo por el Presidente Calderón de más de 44.000 electricistas sindicados es el último de una serie de actos de represión que ha hecho pedazos el tejido social. La negación de un puesto de trabajo coherente y bien remunerado y la criminalización de organizaciones sindicales legítimas como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) han desembocado en emigración masiva y en un incremento del número de jóvenes que se incorporan a bandas dedicadas al narcotráfico. La represión estatal y la corrupción electoral han impedido que los trabajadores mexicanos canalicen sus quejas por vías legales y han contribuido y fomentado la aparición de un narco-Estado paralelo que controla grandes regiones del país y recluta a los hombres y mujeres jóvenes que pretenden huir de la pobreza.

En los últimos 25 años, México ha retrocedido desde el punto de vista social, económico y político como consecuencia de la ofensiva neoliberal iniciada con las elecciones fraudulentas de 1988, en las que Carlos Salinas arrebató la presidencia a Chuahtemoc Cárdenas. A continuación, Salinas suscribió el tratado de libre comercio, el NAFTA, que llevó a la quiebra a más de 10 millones de agricultores, campesinos y pequeños comerciantes mexicanos, lo que impulsó a muchos de ellos a emigrar, a otros a unirse a movimientos sociales y, a algunos, a rebelarse, como sucedió con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde la firma del NAFTA han emigrado más de 10 millones de mexicanos.

La represión estatal y el aislamiento forzoso del EZLN, en Chiapas, y de otros movimientos de ámbito rural en Guerrero, Michoacán y otras zonas, y la denegación de justicia agraria obligaron a muchos campesinos a huir a suburbios urbanos donde finalmente algunos ingresaron en las bandas emergentes dedicadas al narcotráfico.

A principios del nuevo milenio, el experimento de México con las «reformas» neoliberales agravó las crisis sistémicas: las desigualdades se agudizaron, la economía se estancó y la pobreza aumentó. En consecuencia, millones de mexicanos huyeron cruzando la frontera para penetrar en Norteamérica o se unieron a movimientos populares que pretendían transformar el sistema.

Surgieron dos movimientos sociales y políticos poderosos que trataron de invertir el deslizamiento de México hacia la descomposición política y la desintegración social. En el frente político, Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de una amplia coalición ciudadana, condujo a millones de ellos a una victoria electoral en el año 2006, que le negaron mediante el fraude electoral masivo perpetrado por los partidarios de Calderón. El segundo movimiento, una coalición de sindicatos y movimientos sociales liderada por el SME, luchó para preservar el sistema público de seguridad social y evitar la privatización y explotación de la red eléctrica de la voraz depredación de la clase capitalista nacional y extranjera.

En Ciudad de México y en todas las demás provincias hubo movilizaciones masivas en las que se manifestaron miles de personas, mientras millones de consumidores expresaban su solidaridad, como hicieron todos los principales sindicatos de Europa, América Latina y otras regiones.

Lo que estaba en juego no era sólo el empleo de los trabajadores sindicados del sector eléctrico y el sistema de seguridad social, sino uno de los movimientos sociales más eficaces a la hora de defender una red de protección social para la clase trabajadora.

Al atacar al SME y al sistema de seguridad social, una de las últimas grandes instituciones sociales que proporciona cohesión social, Calderón y el sistema judicial estaban negando además a los mexicanos instrumentos sociales y políticos legales mediante los cuales pudieran aspirar a defender su nivel de vida.

Al desbaratar la red social a través de la privatización de programas e instituciones públicos mediante la represión de movimientos sociales esenciales como el de los zapatistas de Chiapas, los maestros y sindicatos de Oaxaca o el SME de Ciudad de México, el Estado mexicano está negando de hecho las esperanzas de mejora a través de procesos políticos democráticos.

El estancamiento neoliberal, la represión que sufren los movimientos populares democráticos a manos del Estado y el robo reiterado de victorias electorales obtenidas por movimientos populares en 1987 y 2006 se ha traducido, como siempre, en un desencanto profundo y generalizado hacia la política. Y lo que resulta aún más amenazador: ha convertido a miles de jóvenes mexicanos en enemigos del Estado y los ha impulsado a integrarse en las numerosas bandas violentas dedicadas al tráfico de droga. El rechazo de los estados de México a los cambios electorales pacíficos, su insistencia en reprimirlos y la negación de los derechos de los movimientos sociales como el SME han dejado pocas salidas a la frustración generalizada que se filtra bajo la superficie de la sociedad.

En los últimos cuatro años han sido asesinados en el conjunto de las regiones del país más de 25.000 policías, soldados, civiles y narcotraficantes. Pese a la militarización impuesta por Calderón en todo el territorio nacional, los 40.000 soldados presentes en las calles no han logrado impedir la escalada de violencia, lo que demuestra con claridad el fracaso de la opción represora para poner fin a la violencia e impedir en México una desmembración que lo convierta en «Estado fallido».

La recuperación y reconstrucción de México pasa por el fortalecimiento del tejido social mexicano: la promoción de los movimientos sociales y urbanos y, concretamente, de los sindicatos democráticos de masas como el SME.

Estos movimientos y sindicatos son los ladrillos fundamentales para la transformación de la sociedad mexicana: el fin del neoliberalismo, la anulación del NAFTA y la reconstrucción de un sector público pujante bajo el control de los trabajadores. Para combatir los males gemelos que representan el Estado neoliberal corrupto y militarizado y su versión paralela, el narco-Estado violento que estalla de forma recurrente y aterroriza al país, se debe aglutinar un nuevo movimiento político y social de masas que aúne la solidaridad con los sindicatos como el SME y el carisma popular de líderes políticos como López Obrador para presentar un programa radical de reconstrucción nacional y justicia social. La alternativa es una desintegración mayor del Estado mexicano y una degradación que deje sumido al país en una situación de violencia generalizada e interminable, donde los ricos vivan en fortalezas armadas y los pobres queden sometidos a la depredación violenta del Ejército y de los narco-terroristas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente

Problemas sin solución

Domingo, 01 de Agosto de 2010 00:00
Escrito por Rafael Cordera Campos De verdad que lo que está haciéndole falta al país es rumbo y claridad. No hay para dónde hacerse, primero se habló de guerra y ahora solamente de lucha contra la inseguridad aunque, al parecer, se sigue haciendo lo mismo, es decir, las mismas tácticas y las mismas acciones que cuando se empezó con esa guerra que ha encontrado otro nombre.
El lío del SME es eso: un verdadero problema que no se ha sabido enfrentar desde el gobierno federal. Sus acompañantes en los medios, desde el inicio, se han dedicado a centrar el asunto en la personalidad y la biografía de Martín Esparza.
Que si es corrupto, que no se pone en huelga de hambre y manda al matadero a sus incondicionales… que el sindicato es un “monopolio”, así a secas y sin explicación alguna. Antes, en la economía y la vida social, los monopolios o los duopolios u oligopolios eran conceptos que se referían a las empresas, la actividad económica y la falta de competencia. Hoy, instalados en la llamada posmodernidad o más allá, el concepto da para todo y todos.
Pero de la huelga como instrumento (desesperado) de lucha, poco se ha hablado. Adolfo Sánchez Rebolledo en las páginas de La Jornada, dio toda una lección política y de moral a propósito del tema.
Lo demás o la mayoría de los agitados de la televisión y la radio, se han dedicado a lo que les sale bien, a perseguir y señalar a los “culpables”: qué casualidad, en estos días (casi todas) las televisoras en sus noticiarios han coincidido en lo mismo, aunque ahora con el supuesto cierre del aeropuerto de la ciudad de México, tema que es muy difícil de entender salvo como que haya habido consigna.
Del secretario del Trabajo, no tengo nada más que decir que lo dicho con anterioridad, que representa la opción de la aniquilación o reducción de los derechos laborales y, hasta la franca derrota de sus organizaciones. Lo ha salvado que pocos hayan hablado del despido de más de 40 mil trabajadores como el centro del problema.
Por otro lado, la educación está por los suelos o, al menos eso han dicho diversos organismos nacionales e internacionales y, la discusión al respecto, siempre inicia con el tema sindical como obstáculo. Como si no existieran rutas o caminos en donde se puede hacer mucho para mejorar y servirle al país.
Se ha dicho también desde hace décadas, que México requiere que de manera diferente y sustantiva se invierta en la educación superior y en el desarrollo científico y tecnológico.
Y eso, convertir en estratégico para el desarrollo nacional el tema educativo, científico y tecnológico, invirtiéndole cada vez más, puede ser un argumento y una serie de políticas y programas para el largo plazo, que ha demostrado en otras latitudes de la geografía universal, éxitos reconocidos.
Además, si existiera la voluntad política necesaria, la educación superior puede servir para impulsar y actualizar a la educación básica y la media superior. De ahí pueden surgir los profesores que enseñen a enseñar a sus pares de los diferentes niveles inferiores y, al mismo tiempo, las aportaciones científicas y tecnológicas logradas en las instituciones de educación superior pueden ser materia para la actualización del conocimiento (y la información) de todos.
Con voluntad política y la elaboración de los programas adecuados y posibles, el tema puede ser materia de un desarrollo que no se ve precisamente porque no se admite su necesidad y posibilidad.
Otra cuestión importante es el que se refiere a la juventud, a nuestra juventud. Ese tema representa una verdadera catástrofe. Los números que nos hablan de sus condiciones de existencia son toda una constatación de que estamos por perder, en vida, una generación. O. si se quiere ser riguroso, una buena parte de ella.
Todos los números de las estadísticas oficiales y de organizaciones sociales coinciden en que el déficit en empleo, educación, salud y otros rubros más, afectan a la mayoría de los jóvenes mexicanos de entre 14 y 29 años. Y esto, el gran tema de la problemática nacional, no ha merecido un solo foro nacional de la proyección que han tenido otros como el de la energía, el petróleo, etcétera.
Estos y otros temas van de la mano. Ahora, habrá que añadir el de las pensiones de los trabajadores. Ellos han ahorrado parte de sus sueldos y salarios a lo largo de sus vidas para garantizarse una vejez digna y ahora, cuando no se necesitan más problemas, la SCJN asesta su jurisprudencia al respecto: castigar a los trabajadores en esa materia puede ser una causa que verdaderamente alebreste a muchos ¿De eso se trata?
¿Se tratará de engrosar o engordar el cúmulo de problemas que ha producido el gobierno en sus más de tres años de vida y que no tienen visos de solución?
O ¿se trata de crear un nuevo ambiente social y político que afecte aún más a una estabilidad colgada de alfileres?
Fuente

Tres situaciones para leer el momento actual en México

Andrés Avila Armella
Rebelión




En esta ocasión he de tomar tres ejemplos para situarnos en la situación actual de la política mexicana, sobre todo encaminado a comprender cómo está haciendo ahora mismo, su política el Estado mexicano. Para ello es importante destacar que si bien el gobierno calderonista ha formado y forma parte de dichos acontecimientos, en estos ejemplos podemos ver la importancia de otros instrumentos del Estado; en el primer caso, las elecciones, juegan un papel importante los partidos políticos, los Institutos Electorales y el poder judicial, en el caso del decreto de desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro podemos ver el papel del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en el tercer caso, el de los presos políticos, se destaca el papel del gobierno federal, del gobierno del Estado de México y del poder judicial.

Aunque suelo subrayar que para comprender la forma en que se hace la política oficial es necesario insistir en el carácter burgués del Estado mexicano, y de ahí sus características esenciales, hemos de reconocer también que existen contradicciones en su seno que provocan constantes choques políticos entre las fuerzas que lo administran y disputan. En la realidad concreta, la política nacional no es reflejo nítido de ninguna fuerza o partido político en particular, sino el resultado contradictorio de la resolución de convergencias y diferencias entre grupos de poder, muchos de los cuales se manifiestan o se expresan a través de partidos políticos o de personajes de la política.

Naturalmente existen diferencias en la correlación de fuerzas que explican que algunas fuerzas políticas logren imponerse más que otras. Por lo tanto, tenemos que destacar el hecho que agrupa dentro del Estado a las diferentes instituciones y agrupaciones políticas aún siendo contradictorias; el reconocimiento del mismo, de sus leyes, sus instituciones y procedimientos como los únicos válidos para dirimir las diferencias y para concursar políticamente. Esto significa que asumir la posición de Estado no es lo mismo que asumir la posición política del presidente de la república, sino aceptar que la única forma posible de discernir con él es la que indican los procedimientos legales. Así funciona el consenso del poder burgués.

Las elecciones estatales

El proceso electoral del presente año en donde se disputaron algunas gobernaturas, estuvo caracterizado por las siempre polémicas alianzas entre el PAN y el PRD (en algunos casos junto con PT y Convergencia)[2], ante el hecho inminente de que el PRI tenía amplias posibilidades de ganar cada elección. Finalmente no ocurrió mayor sorpresa, cada partido utilizó a su favor los puestos gubernamentales con que cuenta y de ahí se desviaron recursos, se manipularon los medios de comunicación y se practicó el acostumbrado acarreo; esto le bastó al PRI para mantenerse como la fuerza política con mayor influencia mientras el PAN y PRD ocuparon nuevos puestos y perdieron otros[3].

Pero como nosotros no representamos ni nos sentimos representados por ninguno de estos partidos sino que lo que nos preocupa es cómo queda parado el pueblo trabajador después de estos resultados, simplemente hemos de observar que no existen elementos sustanciales para pensar que como resultado de alguna elección van a mejorar las condiciones de vida de los pobres y trabajadores del país, mucho menos para pensar que como resultado de alguna elección mejorarán las condiciones políticas para hacer trabajo revolucionario. La correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo no se ha alterado significativamente como producto de este proceso electoral, pero tampoco la correlación de fuerzas entre los distintos partidos y fuerzas políticas que administran el Estado mexicano.

Nuevamente se mantiene la constante de una alta abstención y desilusión del pueblo para con la política burguesa por un lado, y por el otro el reforzamiento del consenso de las fuerzas políticas burguesas que refrendan su compromiso para con la institucionalidad del Estado y la voluntad de no entorpecer en lo más mínimo el proceso de acumulación capitalista[4]. De manera singular destaca el papel del Partido de la Revolución Democrática quien parece cambiar cada tres años, cuando más, su concepción de “enemigo”, pues ya en el pasado habría realizado alianzas con el PAN para algunas candidaturas estatales con el argumento de que el enemigo fundamental era el PRI, pero hace tres años hablaba de el PAN como el enemigo fundamental de los cambios que necesita el país, hoy ha vuelto a presentarlo como su aliado en contra del PRI.

El caso más notable es lo ocurrido en Oaxaca con el triunfo de la candidatura de Gabino Cué quien contendió por segunda vez por la gobernatura del estado abanderado por el PRD, PT y Convergencia, sólo que esta vez también fue abanderado por el PAN. Cué había concursado en el período pasado en contra del priísta Ulises Ruíz Ortíz, quien resultó vencedor tras un amañado proceso electoral. Cué acusó al PRI y a Ulises Ruíz de haber hecho fraude electoral y promovió una serie de movilizaciones para revertirlo, sin embargo, una vez que los tribunales electorales ratificaron la victoria del PRI, asumió con férrea disciplina de hombre de Estado, que lo cierto es lo que digan las instituciones y cesó las movilizaciones.

Sin embargo durante el 2006 ocurrió un hecho muy importante que cimbró a todo el estado de Oaxaca y a México entero, la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, quien tras una serie de sucesos represivos entre los que destacó el desalojo con lujo de violencia de un plantón de los maestros de la sección 22 del SNTE en el centro de Oaxaca, conformó una fuerza popular cuya principal demanda fue la renuncia del gobernador Ulises Ruíz. En la APPO confluyeron distintas organizaciones políticas, gremiales, sociales, de campesinos, pueblos originarios y oaxaqueños que a nivel individual se incorporaron al movimiento, tomaron prácticamente toda la ciudad de Oaxaca y puntos importantes de dicho Estado, logrando, en los hechos, la expulsión del gobierno priísta; sin embargo el Estado mexicano, a todos los niveles siempre reconoció a Ulises como el único representante del gobierno oaxaqueño y negó la interlocución a la APPO.

Está claro que para cambiar significativamente las condiciones de vida de los oaxaqueños hace falta mucho más que cambiar a un gobernador, y la mayoría de quienes integraban la APPO lo tenían claro, sin embargo hubiera resultado muy importante que el pueblo organizado lograra la renuncia de Ulises Ruíz, pues esto hubiera potencializado la organización de los oprimidos a varios niveles, no sólo en Oaxaca sino en todo el país. La decisión de Estado, en torno a la cual cerraron filas todos los partidos políticos burgueses fue la de impedir que la política se definiera en espacios tan alejados de su influencia y control, por lo que había que reprimir a la APPO y restituir a Ulises Ruíz.

Esto sólo fue posible a través de la intervención policíaco militar de las fuerzas federales, que en ese caso fue la Policía Federal Preventiva, el Ejército y la Marina, apoyadas por grupos de choque y paramilitares al servicio de la oligarquía local. La APPO había vencido a las fuerzas represivas del estado de Oaxaca, y prácticamente había derrocado a Ulises Ruíz, fue el poder federal en cuya cabeza estaba el PAN, quien logró devolver el poder a los priístas. Pero más que devolver a los priístas, el papel de las fuerzas federales era garantizar los espacios de poder para la oligarquía local y para la burguesía, y en ese momento juzgaron que el enemigo del Estado y de la burguesía era la APPO y no Ulises Ruíz.

Ahora, el Estado mexicano en su conjunto pretende culminar la lección para quienes formaron y lucharon en la APPO; si no les gusta un gobernador, sólo podrán cambiarlo por los métodos y procedimientos establecidos por la normatividad del Estado. Y así, después de cuatro años, Ulises Ruíz deja la gobernatura de Oaxaca habiendo terminado su período constitucional, y entregando con sus propias manos el mando a Gabino Cué. La esperanza de la oligarquía local es que el nuevo gobernador, respaldado por los supuestos partidos de izquierda, por un lado, y el partido en el ejecutivo federal, por otro, tengan la capacidad de garantizar su sobrevivencia y contener, al mismo tiempo la movilización popular. De ahora en adelante, los oportunistas del PRD que decían apoyar a la APPO, serán los encargados de convencer a sus antiguos compañeros de que es posible la interlocución con el nuevo gobierno y conminarlos a evitar movilizaciones independientes.[5]

Por otra parte, la dirigencia nacional del PRD, se vanagloria del triunfo de su estrategia política y pretende convencer a sus detractores internos y simpatizantes radicalizados, de que la única forma posible de conquistar espacios de poder para su partido y para los inconformes, es jurando y demostrando lealtad a todas las instituciones del Estado. Por su parte, PT y Convergencia critican la posición aliancista del PRD en los otros estados, pero callan en el caso de Oaxaca.

El martillo de la SCJN cayó sobre el SME

La desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el abatimiento de uno de los sindicatos con mayor trayectoria de lucha política sindical en el país fue sin duda una decisión de Estado que ha servido y seguramente seguirá sirviendo como bandera del bloque hegemónico en el poder para demostrar que los opositores al régimen pueden ser vencidos con la violencia y sin mayor mediación. Todo inició con un dictamen atípico de la Junta de Conciliación y Arbitraje que desconoció a la dirigencia del sindicato como interlocutor, a lo cual siguió un decreto presidencial que declaraba la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y por tanto dejaba sin personalidad jurídica al Sindicato Mexicano de Electricistas.

Ante esta situación irrumpió la indignación de cientos de miles de personas que se solidarizaron con los electricistas en una de las movilizaciones más grandes de la historia de México, la medida constituye sin duda un golpe en contra de los trabajadores y a favor del capital, cuyo principal argumento fue abatir las conquistas laborales de los electricistas, su salario, prestaciones y condiciones de trabajo por ser estas un obstáculo a la desmedida acumulación capitalista. La inconformidad fue manifiesta por parte de prácticamente toda la izquierda, algunos sindicatos e incluso de las fuerzas políticas de la “izquierda parlamentaria”.

Sin embargo la disyuntiva que enfrentó la dirigencia del SME fue; tomar las calles, movilizarse y presionar con la fuerza de los trabajadores al Estado mexicano para retractarse de la decisión tomada, o bien, utilizar los canales institucionales con la esperanza de que en última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminara el carácter inconstitucional del decreto y devolviera a los trabajadores su materia de trabajo.

Nótese bien que la disyuntiva no está en mantener la lucha legal e institucional a la par de las movilizaciones o no hacerlo, sino entre dos concepciones contrapuestas; sostener la lucha política y la movilización como eje de la lucha, respaldada con los recursos legales, o bien depositar las esperanzas en las instituciones y procedimientos legales, a la vez que se respaldaba dicha estrategia con algunas movilizaciones.

Todas las fuerzas oportunistas se encargaron de convencer a la dirigencia del SME de que lo conducente era lo segundo, y aceptaron que el SME se movilizara discretamente mientras en las instituciones corría el tiempo de revisión de distintos tipos de recursos. A este respecto se promovieron medidas a diferentes niveles de gobierno e institucionales; por un lado abriendo una supuesta negociación entre la dirigencia del SME y la Secretaría de Gobernación en donde sólo se le ofrecía a los trabajadores condiciones de rendición, por otro lado impulsando dictámenes en la Cámara de Diputados, acompañadas por el ya acostumbrado teatro de la toma de tribuna, y por otro acudiendo al poder judicial para que declarara inválida la decisión del ejecutivo.

Mientras el tiempo pasaba, la dirigencia del SME sólo convocó a discretas movilizaciones cuyos tiempos y modos se encontraban subordinadas a los tiempos y modos de las instituciones del estado que habrían de resolver sus demandas; y mientras el tiempo transcurría, los operadores del gobierno fueron ganando adeptos a su postura, se fue desgastando la moral de lucha de los trabajadores y el SME fue perdiendo paulatinamente la capacidad de movilización con que contaba.

Las negociaciones en la secretaría de gobernación no derivaron en nada, en el poder legislativo se respaldó el decreto presidencial, y lo único que restaba era la resolución de la SCJN. Finalmente la resolución llegó y fue contraria al sindicato.

Es cierto que durante años el SME contó con una tradición de lucha, distinta a la de la mayoría de los sindicatos plegados a los designios del régimen, pero también es cierto que el SME se durmió en sus laureles y no logró ser un verdadero sindicato de clase que estuviera dispuesto a fortalecer la conciencia obrera dentro y fuera de su gremio para promover la lucha revolucionaria. Finalmente sus alcances y limitaciones estaban determinados por un tipo de práctica sindical enraizada desde hace muchos años. Siendo así, es difícil decir si el SME como sindicato hubiera podido hacer más de lo que hizo.

Lo importante a destacar aquí es el papel que jugaron ciertas fuerzas políticas y ciertas instituciones supuestamente democráticas. Principalmente los partidos PRD, PT y Convergencia y las dirigencias sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores. Su principal papel fue el de dilatar y rebajar el carácter de la movilización, convenciendo a la dirigencia del SME de la posibilidad de obtener sus demandas acudiendo a las instituciones, principalmente en la cámara de diputados y en el poder judicial. Aquí ocurre algo parecido a lo citado anteriormente con el caso de Oaxaca; los personajes de dichos partidos pueden aceptar manifestarse, hacer declaraciones públicas en los medios de comunicación, promover una resolución en la cámara de diputados y un amparo en la Suprema Corte, pero jamás podrían sacrificar sus objetivos electorales o su compromiso con la normatividad del Estado a favor de la movilización independiente de los trabajadores; así pues, el papel de dichas fuerzas políticas consiste en la contención de la movilización independiente para, en todo caso, capitalizar el descontento para sus propios fines llegado el tiempo de las próximas elecciones.

Ahora, la última opinión para consolidar la verdad de Estado acerca de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza y el golpe al sindicalismo, está dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de ahora en adelante quedará cada vez más claro la verdadera posición de los mencionados partidos autodenominados de izquierda al respecto, aceptar la verdad de Estado. En todo caso se limitarán en algunos foros, a criticar la decisión tomada por Felipe Calderón, pero dándola por irreversible, lo mismo que han criticado el fraude electoral del 2006 a la vez que lo validan en los hechos.

Pero más significativo aún es que la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro era un paso importante para la privatización, paulatina o de golpe de la energía eléctrica. Con ello la clase dominante se encuentra congraciada prácticamente en su conjunto, por lo que difícilmente alguno de los partidos electorales lanzará en su próxima plataforma política para el 2012 la reconstitución de la Compañía y la restitución de todos sus derechos al SME, en todo caso manifestarán su rechazo a una futura privatización de la energía eléctrica pero dando por válidos los pasos dados hasta hoy en ese camino. Y por supuesto, de ninguna manera podríamos descartar que a la vez que se oponen discursivamente a la privatización, sean ellos mismos capaces de llevarla a cabo una vez en el gobierno. Finalmente es probable que ofrezcan a los actuales dirigentes del SME puestos en la cámara de diputados o en algún gobierno bajo su control a cambio de su respaldo; ya estará en ellos si lo aceptan o si se mantienen al lado de los trabajadores en su lucha.

De alguna futura negociación entre la dirigencia del SME y la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, puede esperarse la obtención de algún acuerdo, pero queda prácticamente descartado que el Estado cambie el curso definitivo de su decisión de extinguir la Compañía y desaparecer al SME. Tal vez pueda negociarse la recontratación de algunos trabajadores, primas a las liquidaciones o préstamos para que inicien alguna cooperativa que venda servicios a la Comisión Federal de Electricidad. Pero en lo fundamental el golpe está dado al sindicalismo, y la capacidad de resistencia fue insuficiente para revertirlo por ahora.

El caso de los presos políticos de Atenco

No podemos explicar la liberación de los 12 presos políticos de Atenco sin remontarnos a lo ocurrido hace cuatro años. En ese entonces el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, impulsaba junto con muchas otras organizaciones la iniciativa que el EZLN lanzaba en su Sexta Declaración de la Selva Lacandona, la cual llamaba a construir otra política distinta a la practicada por los partidos políticos que administran el Estado mexicano, se trataba de un intento de ofensiva de la resistencia popular en donde ya no bastaba resistir a los embates del neoliberalismo sino a emprender la lucha abierta contra el capitalismo y por tanto a la clase en el poder. La Otra Campaña avanzaba con éxito agrupando a distintas organizaciones políticas y sociales, además de individuos y colectivos a lo largo del país, quienes coincidíamos en el agotamiento de la política electorera y la necesidad de hacer política con nuestros propios recursos con un rumbo anti capitalista. Después de importantes movilizaciones a lo largo del país, sobre todo a finales de abril y principios de mayo en la Ciudad de México, vino la respuesta de Estado.

En ella participaron órganos represivos municipales, estatales y federales quienes dependían sucesivamente del PRD, en Texcoco, PRI en el Estado de México y PAN en el ejecutivo federal, además del protagonismo de los medios masivos de comunicación, cámaras empresariales, alto clero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procuradurías y autoridades carcelarias. Todo el sello de una operación de Estado.

El 3 y 4 de mayo del 2006 se reprimió a una de las organizaciones emblemáticas de la resistencia popular de los últimos años, el FPDT, y a los individuos y organizaciones que formaban parte de La Otra Campaña con singular violencia. El asesinato de dos jóvenes, Javier Cortés y Alexis Benhumea, las golpizas multitudinarias, el copamiento del pueblo de San Salvador Atenco y la aprehensión de cientos de activistas fue el saldo de la operación. Tras la misma permanecieron recluidos por varios meses varias decenas de activistas y tres compañeros identificados como dirigentes del FPDT fueron trasladados al penal de máxima seguridad de “el Altiplano” en Almoloya de Juárez, Edo. Mex. Estos últimos, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, fueron sentenciados a más de cien años de prisión acusados del delito de secuestro equiparado, por supuestamente haber retenido de manera ilegal a funcionarios de Estado.

La operación cumplió su objetivo pues La Otra Campaña no pudo rearticularse eficientemente y fue mermada considerablemente la capacidad de movilización del FPDT, dando un mensaje muy claro al resto de la población inconforme, la rebeldía sería reprimida con toda energía por parte del Aparato represivo de Estado.
En esta ocasión, el bloque hegemónico en el poder también fortaleció su posición de que a los rebeldes se les puede vencer por la fuerza. A partir de ese hecho, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México por el PRI, ha ganado la simpatía de buena parte de la burguesía quien ahora lo perfila como su candidato preferido rumbo a las elecciones del 2012.

El proceso jurídico que se ha llevado en contra de los atenquenses estuvo amañado desde el principio, se presentaron testimonios y pruebas falsas en su contra y se les negaron muchos de sus beneficios constitucionales, además de en los casos mencionados, darles un trato peor que el que reciben los grandes capos del narcotráfico y los jefes de las bandas de secuestradores.

Finalmente, después de cuatro años de prisión inhumana y a todas luces injusta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que la prisión de los integrantes del FPDT era improcedente y ordenó su liberación.
Es importante señalar que los presos no estuvieron solos, pues durante estos cuatro años se mantuvieron distintas acciones por iniciativa del FPDT y otras organizaciones para su liberación, pero también es importante señalar las diferencias entre el momento de su reclusión y el de su liberación.

Como ya se dijo, los objetivos de la operación de Estado del 3 y 4 de mayo del 2006, ya se habían cumplido y en ella participaron prácticamente todas las instituciones de Estado, el mensaje a los rebeldes ya fue plenamente transmitido y el castigo para los activistas y dirigentes del FPDT para nada fue moderado, ¿Quién puede decir que es poco pasar cuatro años preso, y más aún en una prisión como “El Altiplano”? Es muy probable que de su gusto, la burguesía y los funcionarios hubieran dejado para siempre a los atenquenses en prisión, pero también es cierto que a estas alturas resultaba un tanto ambicioso y que un hecho tan ilegítimo restaba credibilidad y legitimidad a las instituciones de Estado.

Es decir, el consenso de Estado, y de clase burguesa que implicó la represión en contra del FPDT, la resistencia popular y La Otra Campaña en el 2006, no tenían el mismo nivel de cohesión que el cumplimiento cabal de la condena de los presos, es por ello que la SCJN pudo decidir su liberación. Aún así, Peña Nieto no perdió la oportunidad de decirle a la burguesía que lo respalda que si por él hubiera sido, los atenquenses seguirían presos, pues hasta el final la Procuraduría del Estado de México movió recursos legales para hacerlo de esa manera, y actualmente mantiene procesos abiertos en su contra. Es probable que el propio Peña Nieto supiera que esos recursos estaban destinados al fracaso, pero no por ello deja de ser significativo que los haya intentado pues sirve para transmitir un mensaje para sus seguidores y patrocinadores de la burguesía: bajo mi gobierno no se tendrá compasión para con los que se rebelen en contra de sus intereses y no vacilaré en hacer cumplir los designios del capital.

Por otra parte, el Estado mexicano aprovechará la situación para promover una de sus grandes falsedades, la división de poderes y la imparcialidad del poder judicial, y pretenderá con esto dotar de legitimidad a sus instituciones; por su parte, los oportunistas tratarán de capitalizar el caso para en el futuro argumentar que sólo a través de los recursos legales es como se puede lograr la liberación de los presos políticos. Le darán el mérito a los ministros de la Corte y a la ley, en lugar de ver que Nacho del Valle, Felipe Álvarez y el resto del FPDT se habían ganado desde hace muchos años su propia legitimidad, lo cual hacía notoriamente injusta su reclusión y permitía sumar adeptos para liberarlos.

La situación actual

Legalidad y transgresión, represión y conciliación, prisión y liberación, son hechos contradictorios pero que forman parte de lo mismo, en su conjunto sirven para caracterizar la política del Estado Mexicano.
Por un lado encontramos un consenso claro de la clase en el poder; los únicos mecanismos tolerados para buscar obtener algo, son los que la legalidad burguesa ofrece, y estos sólo funcionan bajo la tutela y observancia de las fuerzas políticas que forman parte de la administración estatal.

Todas las fuerzas políticas burguesas aceptan como válidas algunas transgresiones a la legalidad burguesa, pero solo aquellas que son realizadas por la clase dominante y por las fuerzas y partidos políticos que detentan el poder, principalmente cuando favorecen en lo general al bloque hegemónico en el poder.

Así pues, está penado luchar por el derrocamiento popular de un gobernante, por la construcción de un sindicalismo independiente, por la defensa de la tierra o por el derrocamiento del régimen capitalista, pero no está penado el fraude electoral, la violación a las garantías individuales y sociales perpetradas por el Estado. Los defensores de su tierra y luchadores sociales pueden pasar cuando menos cuatro años presos, pero los especuladores que pretendían despojarlos no serán castigados, como tampoco lo serán, según otra resolución de la corte, los policías y funcionarios que ordenaron las torturas y violaciones el 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco[6]. De igual manera, los electricistas viven bajo amenaza de que si escalan a formas más radicales de lucha serán reprimidos con la fuerza con que se reprimió a oaxaqueños y atenquenses, a la vez que los causes legales los han condenado a perderlo todo, mientras los funcionarios y capitalistas que han dejado a decenas de familias sin sustento económico no verán la menor acusación legal en su contra.

Mientras tanto los partidos políticos de la burguesía (PRI, PAN, PRD, principalmente) debaten sobre el uso del garrote y la zanahoria, a la vez que en cierta medida todos reconocen la validez de tan utilizada combinación, y piensan como ganar los favores de la burguesía para las próximas elecciones así como también en las formas en cómo mediáticamente utilizarán la desgracia de cada vez más mexicanos para acarrearlos a las urnas.

Algo importante a cuestionarnos es ¿Qué necesitaría pasar para que una instancia de poder popular pueda realmente gobernar un estado como Oaxaca, para que se castigue a los responsables de más alto nivel por el terrorismo de Estado practicado en Atenco y para que el Sindicato Mexicano de Electricistas vuelva a ser la instancia de participación política principal de sus agremiados? ¿Es posible que esto ocurra dentro del Estado actual? ¿Podría suceder en caso de que algún candidato de la izquierda electorera llegue al poder ejecutivo? Mi opinión es que no, estamos hablando de decisiones de Estado y por tanto no están sujetas a ser modificadas a capricho de personajes y partidos políticos en el gobierno. Para que se juzgue a criminales como Fox y Peña Nieto o se de una escalada de restitución de derechos sociales y sindicales, se requeriría cuando menos un verdadero cambio en las estructuras de poder económico y político, que cuando menos el bloque hegemónico de la clase dominante cambie radicalmente. Y no se puede pensar que un Estado burgués, y dentro del modo de producción capitalista se permita que una instancia de poder popular gobierne un estado de la república, un objetivo como ese sólo puede ser realizado por un proceso revolucionario, son formas que pueden adaptarse al socialismo pero nunca al capitalismo.

Por nuestra parte, la izquierda revolucionaria debe preguntarse si vamos a hacer nuestra la lógica de aceptar haber perdido todo lo que nos han quitado y sólo conformarnos con pedir que no nos quiten más, o bien, cuándo y cómo vamos a retomar la ofensiva, si vamos a dotarnos de nuestros propios instrumentos y métodos históricos de lucha, o vamos a confiar en que el Estado, a través de alguno de sus mecanismos, nos prometa algo y nos distraiga de nuestras tareas organizativas y de lucha fundamentales, sobre las cuales descansa la posibilidad de algún día arrebatarle el poder al capital y construir el de los trabajadores.

[1] El autor es militante del Comité de Lucha por el Movimiento de Emancipación Nacional (COLMENA). Es Maestro en Estudios Latinoamericanos y Licenciado en Sociología por la UNAM. Actualmente estudia el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM.
[2] Así fue en las elecciones de Oaxaca.[3] El PRI conservó Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Veracruz, además de ganar Zacatecas hasta hoy gobernado por Amalia García del PRD; mientras tanto PAN y PRD en alianza ganaron Sinaloa y Puebla, y junto con PT y Convergencia ganaron con la candidatura de Gabino Cué la gobernatura en Oaxaca.
[4] En las pasadas elecciones el más alto índice de abstención lo registró Tamaulipas con más del 60% y en Sinaloa que fue donde menos abstención hubo ésta fue del 42%. En Oaxaca fue del 44%, Veracruz del 43% y Zacatecas del 42% por mencionar algunos.
[5] En realidad el PRD nunca fijó una posición a favor de la APPO, e incluso en instancias tales como el congreso local, alcanzó acuerdos de unidad con los demás partidos para atacarla, así que en este caso me refiero a los miembros del PRD que de manera individual, pero ligados a la política de su partido, declaraban su apoyo e incluso participación en la APPO.
[6] La resolución de la SCJN del 20 de agosto de 2007, dice que en efecto se cometieron abusos en el operativo del 3 y 4 de Mayo en Atenco y que se nombraría una comisión investigadora, pero no obliga a ningún funcionario a responder por los hechos. www.scjn.gob.mx


Fuente

Reportan 100 apagones en una semana

El Sol de Hidalgo
1 de agosto de 2010


Por José Luis Rico

Pachuca, Hidalgo.- En solamente una semana, fueron reportados 100 apagones que afectaron diversas localidades de Pachuca, Tulancingo, Actopan y Tula, lo que pone evidencia el mal estado de las redes de distribución, informó Luis Espinosa, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Durante el fuerte temporal que azotó al estado de Hidalgo, las suspensiones del fluido fueron más continuas y prolongadas, pues, en algunas localidades del sur de la capital hidalguense y en la región de Zempoala, la falta de electricidad llegó a durar hasta 12 horas, precisó.

Durante la temporada de lluvias aumentan las averías porque el viento y la humedad afectan las instalaciones.

Pero, en lo general, afirmó el secretario del SME, es latente el riesgo de un colapso eléctrico en todo el Valle de México, donde se ubica Hidalgo, debido a que faltan trabajos de mantenimiento en las líneas, además de que el equipo es antiguo y obsoleto.

Durante lo más crítico de las lluvias de la semana anterior, se supo de al menos 100 apagones que incluso afectaron la zona de pozos mediante los cuales se abastece de agua a la capital del estado, comentó.

"Sí se han producido disturbios importantes no sólo por el clima, sino, además, por la falta de trabajos preventivos y correctivos".

Añadió: "Sin duda, hay peligro de una grave crisis no sólo en ciudades hidalguenses, sino en toda la región central del país, incluidos el Estado de México y el Distrito Federal donde se concentra la cuarta parte de la población nacional".

Luis Espinosa opinó que debe promoverse la renovación integral del equipo, reforzar y crear nuevas subestaciones, tener más líneas de transmisión y distribución.

Comentó que las zonas más afectadas por las suspensiones del fluido han sido Pachuca, Tulancingo y Tula.

En la capital hidalguense, resultó afectada la zona de los pozos Téllez. "Desde Matilde hasta el Arco Norte, toda esa área quedó a oscuras durante 10 y 12 horas".

Igualmente, desde el trébol de la Paz hasta la región de Zempoala, no hubo electricidad en la madrugada del domingo.

Los apagones han sido intermitentes, aunque breves, en gran parte de la capital hidalguense, situación que podría empeorar durante la actual temporada de huracanes, alertó el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Fuente

A la Mitad del Foro

El vuelo de los cangrejos

León García Soler


Mucho antes del lodazal, del arribo al eufemístico pluralismo. Luis Cabrera dijo que sólo han habido dos partidos a lo largo de la historia: el conservador y el del progreso. Derecha e izquierda; reaccionarios y radicales; ultramontanos y jacobinos. Vino el sufragio efectivo y se abotonaron las camisas azules, las camisas rojas son de seda y ya ni la desmesura tropical de Garrido Canabal asusta a las ranas que insisten en pedir rey.

Rey que ni siquiera puede llegar hasta el Parlamento acompañado de sus hombres de armas, como lo hacían los de España antes de Cádiz; como los del cesarismo sexenal hasta que el presidencialismo ilustrado soltó el llanto y aflojaron el poder los del priato tardío. Felipe Calderón vive rodeado de sus hombres de armas. Aunque parecieran marchar al compás de los cangrejos inmortalizados por Guillermo Prieto, no son pretorianos con uniformes del Estado Mayor Presidencial. Son las tropas de asalto de la guerra de Calderón; guerra de todos, dice el que convoca a la unidad nacional con el mismo tono triunfalista y paradójicamente lastimero que han usado los gobernantes de esta república nuestra desde el día en que Pío Marcha salió a las calles a gritar: ¡Viva Agustín Primero!

Si sobrevivimos al diluvio veraniego, el Congreso iniciará septiembre con la patética entrega del informe enviado por el Presidente que debiera asistir a la apertura de sesiones. El mensajero fatal será el nuevo secretario de Gobernación, recién traído desde Baja California para sustituir presurosamente al prosopopéyico Fernando Gómez Mont, el abogado litigante empeñado en negociar con los huérfanos del PRI y en retar a duelo a los malandrines del crimen organizado. Francisco Blake se llama. Y no Sir Francis Drake como quiso el estro retórico del inmarcesible Porfirio Muñoz Ledo. Felipe, su jefe, quiso hacerlo procurador general de la República y no pudo. Ahora despacha Blake asuntos de seguridad pública en Bucareli y nadie sabe si también los de seguridad nacional. O si le sucede lo que a Vicente Fox, de quien diría Diódoro Carrasco Altamirano, antes de su conversión al panismo, que nunca pudo distinguir entre una y otra.

Viene a cuento porque el Macabeo abajeño es valedor de Manuel Espino, quien acusó a Felipe Calderón de intervenir indebidamente en la elección del nuevo presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Y resulta que ganó el gallo del de Los Pinos a pesar de los lamentos del valido, quien comparó a Calderón con el bolivariano Chávez, el colmo de los colmos desde la estrecha y oscurantista visión de los que acarician el Yunque. Espino amenazó con hablar y aseguró que a Felipe no le iba a gustar lo que va a decir. Pero ya preside la OCDE el ultraconservador Jorge Ocejo Moreno, de origen poblano, elegido por unanimidad y felicitado in situ por César Nava, el de las coaliciones que ponen uno del PRI en lugar de otro del PRI.

La derecha que llama a la unidad en el interior, alcanza la unanimidad entre sus cofrades del continente. Blake, mientras tanto, tiende una cortina de incumplibles promesas entre el SME y el verdugo del sindicalismo a quien la ley impone la obligación de tutelar el derecho de los trabajadores. Pero el único que festeja el fin de la huelga de hambre y del campamento de electricistas en el Zócalo es Marcelo Ebrard: le urgía el espacio para la asamblea del movimiento en la que Andrés Manuel López Obrador lanzó su candidatura, le preguntó a los fieles si iban o no tras la elección presidencial de 2012. Vamos, respondieron los que habían resistido treinta y tantos discursos en espera de las palabras del estratega de Nacajuca, quien redescubrió el valor político de los amorosos. Dicho sea con el debido respeto a Jaime Sabines.

Ha habido periodistas secuestrados por los del crimen organizado y el nuevo secretario de Gobernación ofreció “máxima firmeza”: el gobierno, dijo, “no permitirá las amenazas a cualquier miembro de la sociedad, especialmente a los periodistas y a los medios de comunicación que, siendo promotores de la libertad de expresión pretendan ser utilizados por el crimen organizado”. Hay más de una docena de periodistas desaparecidos o asesinados por los matones del crimen organizado y rampante al amparo de la impunidad. No es culpa del nuevo secretario, a quien hay que agradecer el compromiso contraído, el intento de asumir una responsabilidad expresa en las facultades de su cargo. Pero tampoco hay certeza en el recuento de víctimas en el ejercicio de la libertad de expresión.

Se hunde el país. Y el señor Blake llevará a San Lázaro un voluminoso recuento de impresiones, visiones de la realidad bajo el influjo cegador del poder y la desesperación de ver la tormenta de sangre, los desastres naturales que se suceden sin interrupción; los desastres de la guerra; los de la reacción aferrada a sus dogmas y fetiches, capaz de trastocar la despenalización del aborto y criminalizarlo con leyes oscurantistas, mal encubiertas como defensa a la vida, puerta falsa para que ministerios públicos y jueces de Guanajuato acusen de homicidio y sentencien a veinte y veinticinco años de cárcel a mujeres pobres; siempre pobres, víctimas de la estulticia criminal. Se hunde el país y el señor Blake llevará a San Lázaro las cuentas del Gran Capitán: misas y repiques de campanas... picos, palas y azadones ...

Total, el señor Cordero encabeza la caballada de Hacienda. Seis millones de mexicanos cayeron a la pobreza extrema, peor estuvo lo de 1995, cuando fueron 15 millones. Ya no está México entre los veinte países que atraen más inversión extranjera: ah, pero las reservas de divisas son las más altas de la historia, miles de millones de dólares y aferrados a la ortodoxia neoconservadora tendremos presupuesto y gasto público aprobados por unanimidad y los de la pluralidad dirán a coro: volverán los capitales golondrinos. Amenaza la quiebra a Mexicana de Aviación y la FAA decide bajar a la aeronáutica civil de México de la categoría uno a la dos. No importa: “Si las aerolíneas mexicanas quisieran poner una nueva ruta a una nueva ciudad, o un nuevo equipo o una nueva cosa, eso sí se suspendería...”

Pero no afecta inversiones ni planes, porque el sector no ha logrado recuperarse de las afectaciones que sufrió por la crisis económica nacional, según el subsecretario de Transporte. Será por eso. O por las percepciones perspicaces de la pluralidad renuente a la unidad. No comparece ante el Congreso el secretario del ramo, el ilustre intelectual que estuvo en el IMSS y no lo afectaron las denuncias y demandas de las madres de los niños muertos en la guardería ABC; el que hoy tira de la cobija para no destapar a ninguno de los combatientes del duelo entre oligarcas y plutócratas que se disputan los tesoros del espectro de la radiotelefonía, el cable óptico y la Internet ubicua. Y la cismática izquierda aparece en los enredos plurales como protectora del árbitro y de los ricos. De eso acusan al senador Carlos Navarrete, aspirante a disputar la candidatura presidencial con Marcelo Ebrard y el mismísimo Andrés Manuel López Obrador.

Festejos de bicentenario y centenario en septiembre, “mes de la Patria”. Y los sonámbulos avanzan rumbo al despeñadero. En el fragor de la guerra, la locura de los secuestros; el maniqueísmo democristiano; la manipulación de imágenes de Diego Fernández de Ceballos. Y la fantasmagórica memoria de Aldo Moro.

Fuente