lunes, 20 de septiembre de 2010

Contribución - CFE UNA VERGUENZA DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL 50 ANIVERSARIO DE LA NACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA ELECTRICA

Nuestro compañero Mario Navarrete nos envía este interesante artículo.

EL PROXIMO 27 DE SEPTIEMBRE SE CUMPLEN 50 AÑOS DE LA NACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA ELECTRICA EN EL PAIS, LLEVADA A CABO POR EL PRESIDENTE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CON EL PROPOSITO DE TENER UN PATRIMONIO DE LOS MEXICANOS Y PARA LOS MEXICANOS COMO EMANA DE NUESTRA CONSTITUCION, PERO SOBRE CUALQUIER COSA EL CONTAR CON UN SERVICIO ELECTRICO DE CARACTER SOCIAL; HOY ES UNA VERGUENZA QUE LA CFE SEA LA ENTREGUISTA DE ESE PATRIMONIO, QUIEN LES DIJO Ó AUTORIZO ENTREGAR LO QUE NO LES PERTENECE, ACASO FUE NESTOR MORENO DIAZ ?, SU DIRECTOR ALFREDO ELIAS AYUB ?, LA SECRETARIA DE ENERGIA GEORGINA KESSEL ?, LA JUNTA DE GOBIERNO ?, EL PRESIDENTE ?, Ó QUIEN MANEJA EL PAIS ?, LO CIERTO ES QUE LOS INTERESES POR ENRIQUECERSE CON LO QUE ES DEL PUEBLO MEXICANO CADA VEZ SON MAS DESCARADOS, NO SOLO SER COMPLICES SI NO ADEMAS CINICOS, DE DOBLE MORAL Y DISCURSO.
A POCO MAS DE ONCE MESES DEL DECRETO DE EXTINCION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SE DEJA VER QUE LA COMPLICIDAD DE TODOS LOS ACTORES POR DESAPARECER A LYFC (ESQUIROLES-SIRVIENTES, LOZANO, CALDERON, GABINETE EN GRAL. LOS EMPRESARIOS) NO LES A DADO RESULTADO, PUES SU MAYOR OPONENTE "EL SME" DIGNAMENTE A DEFENDIDO EL DERECHO Y LA JUSTICIA DE LOS TRABAJADORES Y DEL PUEBLO EN GENERAL, CON TODO EL PODER Y LA PRENSA CONTROLADA COMO OPOSICION, QUE A TRATADO DE PONER A LOS USUARIOS EN CONTRA DE LA RESISTENCIA SMEITA, SE VEN EN PLENO FRACASO PUES LA OPINION PUBLICA SE LES A VOLTEADO, A PARTE DE LAS CORRUPCIONES, EL SERVICIO ELECTRICO ES DEFICIENTE, CARO Y DE TERCERA; CLASE MUNDIAL ? MENTIRAS Y MAS MENTIRAS, QUE HAN CAMBIADO 3000 TRANSFORMADORES, SI LOS MISMOS Ó MAS QUE HAN QUEMADO, QUE PIENSAN EN TI ASI LLUEVA, TRUENE Ó RELAMPAGUE CLARO QUE SI !!!! PUES EN TODO MOMENTO ESTAN ACOSANDO AL QUE NO PAGUE, SE FROTAN LAS MANOS PARA VER CUANTO SE PUEDEN LLEVAR ANTES DE QUE PRIVATICEN, PERO ESO NO VA A SUCEDER LOS MEXICANOS HEMOS DICHO QUE EN ESTE BICENTENARIO NO HAY NADA QUE FESTEJAR, PERO SI MUCHO QUE RECORDAR EN ESTE AÑO CONMEMORATIVO DEFENDIENDO LO QUE ES NUESTRO, BUSCANDO A TRAVES DE LA LUCHA EL EMPLEO, LA IGUALDAD, LA EQUIDAD, LA SEGURIDAD Y EL DERECHO QUE TODO SER HUMANO TIENE DE VIVIR DIGNAMENTE.
HOY LAS EMPRESAS EXTRANJERAS ESTAN VENDIENDO SU GENERACION Y EN OTROS CASOS SUS EXCEDENTES AL PUEBLO DE MEXICO EN NUESTRO PROPIO TERRITORIO, GRACIAS A CFE QUE COMO SERVIL ESCLAVO OBEDECE A SU PAPA GOBIERNO PARA COMPRAR LO QUE ELLOS DEBERIAN DE ESTAR PRODUCIENDO, GENERANDO DISTRIBUYENDO PARA LOS MEXICANOS, PERO PREFIEREN INUNDAR Ó QUE SE INUNDEN LAS POBLACIONES CERCANAS A LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS, ES FALSO QUE LA CULPA SEAN LOS TORRENCIALES O TEMPORADA DE LLUVIAS CAUSADAS POR LOS HURACANES, POR LO QUE HOY IBERDROLA, UNION FENOSA, ALSTON, ELECTRICITE, GENERAL ELECTRIC, TRACTABEL ENTRE OTRAS MANEJAN EL SECTOR ELECTRICO EN LO QUE A PRODUCCION Y GENERACION MAYORITARIA SE HACE EN EL PAIS, CUANTO MAS TENDREMOS QUE AGUANTAR....... NO YA NO MAS, EL PODER LEGISLATIVO TENDRA QUE HACER LO QUE LE CORRESPONDE SI NO QUIERE QUE EN CORTO TIEMPO EL PAIS SE SALGA DE CONTROL POR COMPLETO, SI SEÑORES SENADORES Y DIPUTADOS TAREAS Y TRABAJOS QUE PONGAN FIN A LOS MALOS MANEJOS QUE SE VIENEN DANDO DESDE EL GOBIERNO FEDERAL PANISTA, QUE LA JUSTICIA LLEGUE DESDE EL TRABAJO LEGISLATIVO, POR QUE DESDE EL PODER JUDICIAL NO VA A SUCEDER, ESTAMOS VIVIENDO EN UN MEXICO DONDE EL ESTADO DE DERECHO NO SE RESPETA O SIMPLEMENTE NO EXISTE, CORRUPCION, MUERTE, HAMBRE, DESEMPLEO Y EL GRAN FESTEJO PARA LOS DUEÑOS DEL PODER.
OJALA QUE ESO DE RENDIR CUENTAS, EL DIALOGO DEL EJECUTIVO CON EL LEGISLATIVO, NO LLEVEN A TAPAR LAS PORQUERIAS COMO EL FOBAPROA, QUE EL DERROCHE DE MILES DE MILLONES DE PESOS PAGADOS POR EL GOBIERNO AL ORGANIZADOR PIROTECNICO DEL 15 DE SEPTIEMBRE NO QUEDE EN EL OLVIDO, DE DONDE SACARON TANTO DINERO ???? QUIEN LO PAGO EN REALIDAD ???? CUANTO ES PARA EL VENCEDOR Y CUANTO PARA EL VENCIDO, POR QUE PARA EL ESPECTADOR NO HAY NADA SOLO CIRCO, MAROMA Y TEATRO. HAY COMO MAREAN AL PUEBLO -DIALOGO- PARA QUE ? JUSTICIA ES LO QUE CLAMA LA NACION, LOS OLVIDADOS, LAS MUERTES DE INOCENTES, LA POBREZA, EL DESEMPLEO Y 60 MILLONES DE POBRES PIDIENDO JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA.......
MUY PRONTO LLEGARA, SI EN REALIDAD HAY VOLUNTAD DE QUIENES PROMETEN UN MEXICO MEJOR, DE QUIENES HACEN LA POLITICA Y EN QUIENES EL PUEBLO CONFIO, PERO DEBERA SER CON LA LUCHA Y LA PARTICIPACION DE LOS MEXICANOS.
NO NOS CANSEMOS DE LUCHAR SIGAMOS ADELANTE...............................................................
LA DIGNIDAD ES LO MAS VALIOSO DEL SER HUMANO................................................................
EL BICENTENARIO SE CONMEMORA CON DIGNIDAD Y LUCHA ................................................
JAMAS VERAN A MEXICO DE RODILLAS ..........................................................................................
LA UNIDAD Y LA ORGANIZACION NOS LLEVARAN AL TRIUNFO...............................................
VIVA LA NACIONALIZACION ELECTRICA EN SU 50 ANIVERSARIO............................................
VIVAN LOS GOBIERNOS NACIONALISTAS COMO EL DEL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS.....
EL SME MAS VIVO QUE NUNCA, VIVA EL SME, VIVA MEXICO....................................................

P.D. PASALO A TUS CONTACTOS Y ORGANICEMONOS A CAMBIER EL RUMBO DEL PAIS.

Corrupción en el contratismo: es delito sólo fuera del país

Ya hablamos, en el artículo del 29 de agosto pasado, del caso de corrupción e impunidad de Néstor Moreno, director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Luego, se ha publicado, o he obtenido, bastante información adicional. Parte de ésta es un reportaje de David Brooks, publicado el 24 de noviembre de 2009 en La Jornada, página 3. Este escrito a su vez se basa en un amplio aviso sobre este tema, que acababa de emitir el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El mencionado Moreno, a raíz de que se hicieron públicas las acusaciones, hizo y firmó una carta negando todos los cargos, la cual se menciona en el mismo Houston Chronicle, pero de fecha posterior a la que habíamos citado; pero en este diario se agrega que la carta fue difundida por la oficina de prensa de la CFE. Es decir, que era la CFE defendiendo a su funcionario y defendiéndose a sí misma.

Pero resulta que el agente de la FBI Gigi Joyner y otros agentes testificaron en el juicio de los que ya están presos, sobre la autenticidad del cheque firmado por la intermediaria, para pagar el coche Ferrari que se entregaría a Moreno, lo mismo que el yate de lujo. También, Moreno tenía, o tiene, una tarjeta American Express a favor de la cual se pagó una parte de los sobornos.

Otro de los encarcelados que ya se declaró culpable, desde noviembre del año pasado, y cooperaba con la parte acusadora, es Fernando Maya Basurto. Éste aceptó su participación en la entrega de sobornos a funcionarios de CFE. Otra fuente afirma que este último fue representante de la ABB en la ciudad de México.

La ABB, trasnacional suiza, también ha jugado un papel importante en relación con los negocios de la CFE. Una filial de ABB, Consorcio Monterrey Power, ganó la construcción de la planta Monterrey II, que según las bases del concurso debía tener entre 405 y 495 megavatios (MW) de potencia. La supuesta ganadora ofreció una planta de 484 MW. Pero a la hora de generar, produjo sólo 40 por ciento de lo ofrecido, aproximadamente 190 MW.

Los funcionarios de la CFE aceptaron la planta y le dieron la certificación a la filial de ABB. En el certificado firmaron que la potencia era de 436 MW, como si estuviera dentro del rango legalmente aceptable; pero también el precio a pagar era como si ésta fuera la potencia efectiva, más del doble de la potencia real ya mencionada. Estos pagos se vienen haciendo por lo menos desde 2002.

Este certificado contradice documentos oficiales de la propia CFE. De acuerdo con los registros de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, el valor alcanzado por la planta Monterrey II está muy abajo de la cifra garantizada, y equivale a 30 por ciento del costo total del proyecto.

Otros contratos con ABB, de 2003, también fueron motivo de sobornos a funcionarios de CFE, con una comisión para los intermediarios. Según el mencionado aviso, hicieron pagos adicionales a Maya Basurto, que fueron trasladados a por lo menos cuatro funcionarios de la CFE. Algunos pagos se depositaron en cuentas de cheques de familiares de quienes los recibían. También se usaron cuentas en Alemania, y empresas ficticias en México. En algunos casos se refirieron a los sobornos como impuestos del tercer mundo.

Entre los otros contratos adjudicados por la CFE a la ABB está el PIF-007/2004, que fue a precio alzado, o sea que los precios ofrecidos debían de ser fijos y que la empresa debía alzar sus precios de antemano porque luego ya no los podría subir si aumentaban sus costos. Sin embargo, a lo largo de la construcción la CFE autorizó tres convenios para aumentar los pagos a ABB por aumentos a precios del acero, contraviniendo no sólo el contrato sino la ley respectiva.

Otro de los acusados en el juicio del que hablamos, por pagar sobornos, es John O’Shea, ex director general de la Sugar Land, subsidiaria de ABB.

ABB, en su informe de 2005 a la Securities and Exchange Commission (SEC, autoridad financiera estadunidense), dice que algunos de sus empleados habían hecho pagos sospechosos a intermediarios de Medio Oriente y de América Latina.

Es el colmo que tengamos que enterarnos de cosas que pasan en nuestro país a través de lo que pasa en el extranjero. Sumadas a la historia de Monterrey II, nos dan una idea de que no sólo abunda la corrupción, sino también la impunidad. Ninguno de los que están en México está en la cárcel. Y acabar con esto es uno de los elementos del cambio que no sólo son necesarios, sino indispensables. De otra manera, no podremos construir el México nuevo que es necesario, ni podremos resolver los problemas de esta y otras industrias.

antonio.gershenson@gmail.com

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Amenazan con tomar la CFE

La SCJN cometió un error al prohibir los amparos, y a que deja en estado de indefensión a los clientes
Miriam Flores
19-09-2010

LOS MOCHIS.- Como un error calificó el Vocero del Comité de Usuarios de Los Mochis la medida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de prohibir los amparos contra la Comisión Federal de Electricidad.
Guillermo Padilla Montiel aseguró que esta determinación deja en estado de indefensión a los usuarios, por lo que amenazó con tomar las instalaciones de la CFE de no dar marcha atrás a dicha resolución.
"Lo único que pueden lograr con estas cosas es que los usuarios se levanten en protesta por estas situaciones porque se pueden dar estos casos. Esto va dar mucho de que hablar y, sobre todo, qué vamos a hacer, tomar las oficinas de comisión en todos lados y el usuario ni siquiera podrá ampararse en contra de comisión. Esto nos pone en una situación muy difícil a todos los usuarios y creo que los resultados a corto plazo pueden ser grandes", advirtió.
Consideró que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo deben analizar a fondo esta situación porque deja en total desamparo a los usuarios.
Padilla Montiel aseguró que la SCJN no está viendo la dimensión de lo que esta aprobando.
"Aquí la corte se ha equivocado rotundamente porque a nosotros se nos hace una tontería esto que esta manifestando porque deja a los usuarios al garete y comisión en un momento dado, te puede decir que le debes 10 mil pesos y sino se los debes estas en estado de indefensión. Estos que esta haciendo la SCJN va en contra de los usuarios porque los deja en un lugar muy lamentable. Si el amparo es un acto jurídico donde la ciudadanía y los usuarios los protegía siempre la Ley Federal, ahora con esto le están dando manga ancha a CFE", manifestó.

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Huelgas en Europa: ¿persiste el declive o hay indicios de resurgimiento?

Lorenzo Bordogna
Sin Permiso, 1-abr-2010

Las poblaciones trabajadoras y sus organizaciones sindicales en los países europeos, y muy señaladamente en el Reino de España, se preparan para una gran jornada de huelga y protesta política y social el próximo 29 de septiembre. Buena parte del futuro político a corto y medio plazo de la Unión Europea dependerá del éxito de esa jornada de movilización contra la radical ofensiva contrarreformadora de las clases rectoras europeas, visiblemente tendente a la destrucción de los restos del Estado democrático y social de derecho en el espacio económico más grande del planeta. El científico social italiano Lorenzo Bordogna describe estadísticamente la imponente decadencia de la acción huelguística en las tres últimas décadas, analiza sus causas y se pregunta si con la actual agudización de la crisis económica empezamos a asistir a un cambio radical de tendencia y a una recuperación de la vitalidad del movimiento obrero organizado en Europa.

Introducción

Al finalizar la primera década del nuevo milenio, sofocada aún por la crisis económica más profunda habida desde la década de 1930, hay indicios que apuntan a que en Europa, tras más de dos décadas de letargo sindical, se experimenta un resurgimiento de distintas formas de malestar empresarial, desde la retención o secuestro de altos ejecutivos hasta motines callejeros y demás episodios violentos. A diferencia de los secuestros de ejecutivos de compañías multinacionales practicados en varios países por bandas criminales con el propósito de obtener dinero a cambio de su liberación, lo característico de los episodios recientes acontecidos en algunos países europeos –señaladamente en Francia, aunque no exclusivamente– es que quienes ejecutan estas acciones son empleados y sindicalistas en protesta por despidos, renegociación de indemnizaciones por rescisión de contratos y, en general, por el cierre de plantas o por su deslocalización a áreas con salarios y niveles de vida más bajos (el nuevo término acuñado para esa actividad es el bossnapping o secuestro de jefes). De los casos ocurridos en los primeros meses de 2009, podríamos referirnos al del holding empresarial PPR SA de París, donde a finales de marzo de ese año el director de la compañía estuvo confinado durante una hora en el interior de un taxi en París rodeado por trabajadores que protestaban contra los planes de despido de 1.200 empleados de las tiendas Fnac y Confora; una fábrica de Caterpillar en Grenoble, donde cuatro ejecutivos pasaron una noche en sus oficinas tomados como rehenes en protesta contra el plan de la empresa de recortar más de 700 puestos de trabajo (un 25% de la fuerza de trabajo de Caterpillar en Francia); las fábricas de 3M Co en Pithiviers y de Sony Corp. en Pontonx-sur-l'Adour, ambas con episodios similares; dos ejecutivos de la fábrica de American Molex Inc. radicada en Lisle. Hay muchos más ejemplos, y cabe señalar que, en una encuesta realizada entre ciudadanos franceses en la primavera de 2009 por encargo de un periódico parisino, un 45% de los entrevistados personas consideraban “aceptable” el secuestro de un jefe en el transcurso de protestas por despidos u otro tipo de acciones iniciadas por una empresa contra sus trabajadores. Sin llegar a este tipo de soluciones extremas, también se han utilizado otras formas de protesta individual o en pequeños grupos, como es el caso de la ocupación de plantas y empresas o el aislamiento por unos cuantos días de uno o varios trabajadores en la cabina de un elevador de mercancías (como ha ocurrido en Italia en más de una ocasión). Finalmente, la prensa también ha dado cuenta de un buen número de casos de suicidio de empleados. Aunque se trata de situaciones de una naturaleza y significado sociales obviamente distintas a las formas de malestar empresarial mencionadas anteriormente, atestiguan muy claramente el drama de las perspectivas de empleo actuales y, más en general, la situación de estrés laboral vinculado a la reestructuración económica. De nuevo, parece que Francia ha sufrido particularmente este fenómeno (1), pero también ha habido casos en Italia y otros países europeos.

Pero, ¿qué ha ocurrido con las huelgas, que sin duda alguna son la principal y más clara expresión del malestar empresarial (Hyman 1972, Cella 1979)? A principios de la década de 1990, dos importantes estudios comparativos (Shalev 1992, Edwards y Hyman 1994) analizaron la evolución de los conflictos laborales colectivos en Europa tras la gran oleada de huelgas de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. Pero llegaron a conclusiones opuestas. Shalev tendió a hacer más hincapié en un declive general de la actividad huelguista en la década de 1980, aunque con algunas salvedades, así como en el trasvase del conflicto empresarial de las manufacturas al sector servicios. Edwards y Hyman (1994) fueron mucho más cautos respecto a los dos fenómenos mencionados, pues consideraron que la disminución de la tasa de huelgas era algo pasajero, no una tendencia consolidada, y que la “terciarización” de los conflictos empresariales posiblemente afectarían sólo a un pequeño número de países, de modo que no sería correcto decir que se trata de un fenómeno generalizado. Estas conclusiones divergentes, como es habitual en la historia de los estudios sobre conflictividad empresarial (2), fueron parcialmente debidas a la utilización que se hizo de los diferentes indicadores de la actividad huelguista y a la consideración analítica de periodos no idénticos (3). Para superar estas dificultades, un estudio realizado diez años más tarde (Bordogna y Cella 2002) trató de contrastar las conclusiones de los anteriores investigaciones mediante la utilización de tres medidas estándar de los conflictos empresariales, ponderadas con el empleo total, y tomando las cinco décadas transcurridas tras la Segunda Guerra mundial, con medias anuales referidas a periodos de cinco y diez años. Las conclusiones de este artículo dan cuenta de un declive de la actividad huelguista en la década de 1990 con respecto a las décadas precedentes, así como un aumento de la importancia de las huelgas en el sector servicios, mucho más agudo en unos países que en otros, con una consiguiente transformación de la lógica del conflicto empresarial (la llamada terciarización de las disputas sindicales).

La posibilidad de examinar una década adicional de evidencias empíricas ofrece ahora la oportunidad de verificar si las tendencias identificadas en los estudios previos consisten en transformaciones duraderas del conflicto empresarial o si, como a menudo ha ocurrido en las oscilaciones históricas de este fenómeno, se ha tratado de cambios efímeros. En concreto, el declive que ha caracterizado las décadas de 1980 y 1990 ¿ha persistido en la del 2000 o se ha invertido en los últimos años tras el repunte reciente del malestar empresarial? Asimismo, ¿cuáles son las perspectivas para los próximos años, a la luz de lo ocurrido en 2009 y 2010, sobre los que aun no disponemos de datos estadísticos detallados?

Actividad huelguista: otra década de declive

El cuadro 1 [véase el Apéndice, más abajo] muestra la evolución del grado de actividad huelguista, ponderado con el empleo total, desde la Segunda Guerra mundial hasta 2008, último año del que se disponen datos procedentes de la OIT. Se opta por considerar promedios anuales en vez de periodos de diez años para que sea posible la comparación con los resultados obtenidos por Bordogna y Cella (2002). Sin embargo, el uso de promedios anuales en vez de quinquenales no conlleva cambios substanciales en nuestros resultados, si bien es un recurso que permite captar con mayor precisión la aparición de brotes en años concretos. Por otro lado, una periodización basada en los momentos de cambio en la historia económica y social, como la elegida por Shalev y otros estudios (Shorter y Tilly 1974, Cella 1979), conlleva el riesgo de sesgar a priori la orientación de las conclusiones, una debilidad que Edwards y Hyman detectaron en los trabajos de Shalev. Los análisis incluyen siete países europeos y Estados Unidos. Lamentablemente, después de 1999 los datos disponibles sobre Francia, que en realidad constituye el caso de estudio más interesante, son incompletos y demasiado fragmentarios como para poder compararlos fiablemente con las series anteriores; por eso sólo se utilizarán de forma ocasional en el presente artículo.

Globalmente, el retrato resultante es el de un declive general de la actividad huelguista agregada durante la primera década del nuevo milenio en todos los países estudiados. Cada uno de los tres indicadores de todos los países, con raras excepciones, muestra la misma tendencia descendente durante la última década, en algunos casos tratándose de un declive muy pronunciado, en otros algo más moderado. Si tomamos la medida más comprehensiva de la actividad huelguista agregada, esto es el volumen de días de trabajo perdidos por cada 1.000 personas empleadas, el descenso ha sido de un 25% en Estados Unidos en relación a la década de 1990 (4), se ha reducido casi a la mitad en Italia, más de la mitad en Alemania, Suecia y Holanda, y ha caído a una quinta parte en Dinamarca. Sólo en el caso de Gran Bretaña el número de días de trabajo perdidos por cada 1.000 empleados es equivalente al de la década de 1990 (un promedio de 25 días laborales anuales), si bien es cierto que supone 12 veces menos que en la década de 1980 y 20 veces menos que en la de 1970. La cantidad de huelguistas ha disminuido ligeramente en Holanda en relación a los años 90’, se ha aminorado entre un tercio y un cuarto en Dinamarca e Italia, ha llegado a la mitad en Alemania, a menos de la mitad en Suecia y Estados Unidos, mientras que se ha doblado en Gran Bretaña, estando sin embargo en este caso muy por debajo de la media de las décadas de 1950, 1960, 1970 y 1980. Finalmente, la frecuencia de las huelgas ha disminuido en todos los países, señaladamente en Suecia, Gran Bretaña e Italia, aun cuando ha aumentado de forma significativa en Dinamarca. Es un hecho incontrovertible que Dinamarca, con más de 280 conflictos anuales por cada millón de empleados, es con mucho el país con mayor propensión a la huelga de todos los estudiados, muy por delante de otros países tradicionalmente considerados como paradigmáticos del conflicto permanente, como los países del área latina y Gran Bretaña en la década de 1970. Esta sorprendente transformación del caso danés se debe en parte a un cambio aplicado en 1995 en este país sobre los criterios de cómputo estadístico (5), pero es importante tener en cuenta que el aumento en el número de huelgas en realidad empezó a mediados de los 70’, antes de que se modificaran los mencionados criterios. Después de todo, las tres excepciones que se han mencionado (la frecuencia en Dinamarca, la participación y el volumen en Gran Bretaña), de las cuales sólo se significa la primera, no bastan para modificar el retrato general de un marcado declive de la actividad huelguista en los países considerados en este artículo.

Esta imagen también se confirma cuando se adopta una perspectiva temporalmente más amplia. Los países exhiben distintos perfiles de actividad huelguista a largo plazo. Si examinamos el número de días laborales perdidos, la mayor parte muestran una curva en forma de parábola, con su momento álgido en la década de 1970 (como Italia, Gran Bretaña, Holanda y Dinamarca) o en la de 1980 (como Suecia). Alemania y Estados Unidos describen dos picos, uno en la década de 1950 –el más elevado– y el otro en la de 1970, mientras que el perfil de Francia está alterado por el hecho de que la fecha de 1968 no está incluida en las series estadísticas. Los perfiles aun son más variados si examinamos el número de huelguistas o la frecuencia de las huelgas. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, no sólo se detecta un descenso general en las últimas tres décadas en relación al momento álgido de cada país, sino que en la última década en casi todos los casos los niveles de actividad huelguista son los más bajos (a menudo extremadamente bajos) de todos los registrados con posterioridad a la Segunda Guerra mundial, incluso en países en los que la actividad huelguista siempre ha tenido escasa relevancia.

Una explicación detallada de estas tendencias iría mucho más allá de los propósitos de este texto y requeriría un análisis más profundo que incluyera técnicas econométricas. Sin embargo, de todo ello puede inferirse convincentemente que estas tendencias difícilmente pueden considerarse caídas pasajeras. Esta dinámica se retrotrae a hace más de treinta años, produciéndose tanto en periodos de recuperación económica y fuerte expansión –como en la excepcionalmente larga e intensa etapa de prosperidad de la década de 1990 cuando el desempleo disminuyó de forma significativa–, como en periodos de contracción económica y recesión: en todos ellos se observa una clara tendencia al declive de la actividad huelguista. Del mismo modo, parecería que los cambios en las condiciones políticas y en las coaliciones gubernamentales pudieran haber ocasionado cambios súbitos, como cuando en la Italia y la Francia de mediados de la década de 1990 hubo movilizaciones contra los intentos de reforma de los sistemas de pensiones, o de nuevo en Italia en 2002 contra el cambio previsto de la normativa que regulaba los despidos, pero lo cierto es que no parecen haberse producido alteraciones de calado en la tendencia declinante de la actividad huelguista. Además de las variaciones pasajeras y a corto plazo de los ciclos económicos o de las condiciones políticas, deben tomarse en consideración las transformaciones estructurales de las economías políticas de los países industrializados avanzados. Transformaciones como la intensificación de las presiones competitivas en los mercados laborales y de mercancías, conectadas con la globalización de la economía, que debilitan la relación de fuerza de los trabajadores respecto de los empresarios y suponen serios desafíos al cometido de las organizaciones sindicales de tratar de “blindar los salarios de la lógica de la competencia”, en palabras de J. Commons. O la transición desde un modo de producción fordista a modelos de producción más flexibles, incluyendo los sistemas just in time, que son extremadamente vulnerables a las disputas sindicales y que por consiguiente requieren que las cúpulas empresariales apliquen cuidadosas medidas de gestión en punto a evitar huelgas. O, de nuevo, las transformaciones en los mercados de trabajo y en la composición sectorial de la fuerza de trabajo, con un declive ocupacional de los sectores tradicionalmente propensos a las huelgas, el crecimiento del número de trabajadores a tiempo parcial y con perfiles atípicos, y el aumento del empleo en empresas de tamaño pequeño y medio. Es razonable esperar que, como han señalado Bordogna y Cella (2002), todos estos factores combinados tengan efectos poderosos y duraderos en la progresiva disminución de los niveles de actividad huelguista.

La cuestión relevante ahora es si estos efectos pueden mitigarse, o incluso invertirse, por mor del espectacular aumento del desempleo y el no menos descomunal quebranto de las condiciones vitales ocasionado por la crisis económica más profunda sufrida por los países industrializados desde la década de 1930. Como es bien sabido, tradicionalmente el aumento del desempleo disuade de la actividad huelguística. Aunque, excepcionalmente, cuando la crisis alcanza un umbral que va más allá de las oscilaciones “normales” de los ciclos económicos, hasta llegar a amenazar las condicionales laborales y vitales de los trabajadores, puede suceder lo contrario, como de hecho ocurrió en diversas ocasiones en la década de 1930 (Cella 1979). ¿Cabe la posibilidad de que esto acabe ocurriendo en algunos países europeos? ¿Es posible que los episodios de malestar empresarial que hemos mencionado al principio de este artículo se transformen en actividad huelguista? Regresaremos a estas preguntas al final del texto, tras examinar brevemente el problema de la posible terciarización del conflicto.

El abandono de los sectores manufactureros

Un segundo rasgo señalado por Shalev (1992) y por Bordogna y Cella (2002) tiene que ver con un cambio en la composición sectorial de la actividad huelguista, con un deslizamiento del conflicto desde los sectores manufactureros tradicionales hacia el sector servicios, aunque no puede decirse que esta transformación sea tan lineal y generalizada como la expuesta anteriormente. No obstante, y con la necesaria prudencia (6), puede decirse, como muestra el cuadro 3 [véase el Apéndice, más abajo], que en la primera década del siglo XXI en relación a la de 1990, en cinco de los siete países los sectores manufactureros han perdido peso en el total de días laborales perdidos en la economía de cada país (de modo significativo en Dinamarca, Italia, Holanda y Estados Unidos, pero de forma muy pronunciada en Gran Bretaña, pasando del 24% al 8,7%). Este porcentaje ha aumentado ligeramente en Suecia, aun cuando hay que señalar que ya había disminuido espectacularmente desde el 40% en la décadas de 1970 y 1980 hasta menos del 6% en la de 1990; la proporción se ha mantenido en Alemania, el país europeo con un mayor peso de los sectores manufactureros en el conjunto de la estructura económica. En una perspectiva a largo plazo, de nuevo en cinco de los siete países el porcentaje de días laborales perdidos en los sectores manufactureros ha disminuido constantemente y en las dos últimas décadas es significativamente más bajo que en las décadas previas (en Dinamarca, Alemania, Suecia, Holanda y Gran Bretaña), lo cual permite detectar una clara transformación, mientras que Italia y Estados Unidos muestran una tendencia menos lineal.

A partir de análisis previos (señaladamente: Kochan 1974, Accornero 1985, Franzosi 1993), Bordogna y Cella (2002) sugieren que este desplazamiento desde los sectores manufactureros al sector servicios es mucho más que una mera reubicación de los conflictos sindicales. Implica una transformación fundamental de la lógica misma del conflicto, y muy en particular cuando ésta atañe a servicios públicos. Cuando esto ocurre, se ven inevitablemente afectadas terceras partes no directamente vinculadas a la disputa, algo que en el conflicto empresarial tradicional ocurría sólo de forma excepcional. Y cuando se trata de servicios esenciales, como así los califica el ordenamiento jurídico de varios países europeos (esto es, que tienen el carácter de expresar los derechos fundamentales de la persona constitucionalmente protegidos en un sistema democrático), esta clase de conflictos se convierte en un problema de interés público, lo que a su vez conlleva la necesidad de que haya una intervención reguladora por parte del Estado. Se trata de una intervención de naturaleza problemática y, en un sistema pluralista de relaciones sectoriales, potencialmente ineficaz, como ha señalado Dunlop (1984) al referirse a los conflictos laborales en el sistema de transportes de la ciudad de Nueva York en la década de 1960, así como también se ha hecho patente en los últimos tiempos en Italia (Bordogna 2008). Pero las implicaciones normativas y regulatorias de la terciarización del conflicto no constituyen el tema principal de este artículo.

Acaso sea más pertinente examinar las consecuencias analíticas del traspaso de los conflictos laborales desde los sectores manufactureros a los servicios públicos. Particularmente (aunque no solamente) cuando los servicios estudiados se caracterizan por tener una estructura reticular (por ejemplo, transportes y sistemas de comunicaciones de todo tipo), cuyo bloqueo no requiere de una gran cantidad de huelguistas o de la pérdida de muchos días laborales para llegar a tener efectos sociales relevantes. Como ya ha sido señalado (Accornero 1985), existe una desproporción estructural entre la acción de protesta y los efectos sobre los usuarios de los servicios y el conjunto de los ciudadanos: lo que importa de veras en este contexto es la cantidad de bloqueos laborales conseguidos, y mucho menos la cantidad de trabajadores implicados o los días laborales perdidos. E incluso pueden resultar extraordinariamente efectivas (Franzosi 1993, Bordogna y Cella 2002) las acciones consistentes en perturbaciones de la actividad laboral normal que no pueden considerarse huelgas en sentido estricto y que, por acción u omisión, ponen en evidencia la dependencia de los jefes de la voluntad de los trabajadores (“short of strikes”). De aquí que la terciarización del conflicto altere radicalmente hasta cierto punto la jerarquía analítica de los indicadores estadísticos tradicionales de la actividad huelguista. La cantidad de días laborales perdidos, que habitualmente se ha considerado la medida más comprehensiva y efectiva de la actividad huelguista agregada, resulta inadecuada –al menos en parte– para captar la existencia de un conflicto laboral que, como va dicho, no tiene que ser cuantitativamente relevante para llegar a tener un fuerte impacto social. Eso ayuda a explicar por qué el cuadro 3 [véase el Apéndice, más abajo], basado en la cantidad de días laborales perdidos, probablemente subestima las tendencias analizadas.

Perspectivas Las dos tendencias principales señaladas por Shaves y por Bordogna y Cella en referencia a periodos que se retrotraen a veinte y diez años vienen confirmadas por los análisis realizados en los epígrafes precedentes. En todos los países tomados en consideración en el presente texto y, con excepciones, en relación con todos los indicadores, los niveles de actividad huelguista han continuado disminuyendo en los diez años del nuevo milenio por tercera década consecutiva tras la gran oleada de huelgas de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. De media, en cada año de la última década la cantidad de días laborales perdidos ha sido de entre 6 (Dinamarca) y 19 (Gran Bretaña) veces menor a la del periodo álgido de cada país (la década de 1970 para la mayoría y la de 1980 para Suecia). En segundo lugar, la actividad huelguista ha continuado trasvasándose desde los sectores manufactureros tradicionales al sector servicios. Mientras que en los 70’ sólo en uno de los países (Suecia) los días perdidos en los sectores manufactureros fueron (ligeramente) inferiores al 50% del total de días perdidos, en la última década el panorama es completamente distinto: sólo en Alemania los sectores manufactureros siguen significando más de la mitad de los días laborales totales perdidos, en comparación con el 40-50% de Dinamarca e Italia, un tercio de Estados Unidos, una quinta parte de Holanda y menos del 10% de Suecia y Gran Bretaña.

Estas tendencias tienen visos de ser sólidas y duraderas. ¿Es probable que persistan en el futuro próximo?
El análisis debe distinguir una tendencia de otra. En relación con la primera, cabe decir que el sector servicios no sólo constituye el mayor sector ocupacional en muchos de los países europeos, y que previsiblemente lo seguirá siendo en el futuro, sino que en muchos países una parte de estos servicios de transporte y de administración pública están siendo seriamente golpeados por algunos de los procesos de reestructuración económica de más calado. Es muy probable que estos sectores continúen siendo focos de huelgas y protestas masivas, como se ha evidenciado en muchos casos en 2009 y 2010 en Francia (huelga general de empleados públicos; controladores del tráfico aéreo), Gran Bretaña (British Airways), Alemania (Lufthansa), Portugal (empleados del sector público) y Grecia (empleados públicos; huelgas generales), entre otros.
Más difícil es responder a la pregunta relacionada con la segunda tendencia. Hay que tomar en consideración los factores que apuntan en direcciones opuestas. Realizar predicciones sobre tendencias huelguistas, particularmente a largo plazo, siempre es arriesgado, como se ha visto por la suerte que corrió la conocida tesis sobre la desaparición de las huelgas elaborada por Ross y Hartman justo antes de la que probablemente fuera la mayor y más generalizada oleada de huelgas del siglo XX. Sin embargo, tras esta impresionante oleada siguieron tres décadas que parecen ser más congruas con su tesis, aun cuando sean importantes las diferencias existentes entre países. Puede que la tesis de Ross y Hartman merezca una revisión más cautelosa que en el pasado, y más teniendo en cuenta las transformaciones estructurales de las economías políticas de los países industrializados avanzados que hemos señalado en las páginas anteriores y los (supuestamente convergentes) rasgos institucionales analizados por los autores estadounidenses. De hecho, mientras los rasgos institucionales pueden explicar variaciones comunes a distintos países (y no tanto una convergencia), las transformaciones estructurales podrían coadyuvar a dar cuenta del declive global de las tres últimas décadas.

Por otro lado, no cabe duda de que los episodios de malestar en la empresa que no se han canalizado mediante huelgas han ido en aumento en los últimos años en varios países europeos, desde los bossnappings hasta la ocupación de fábricas y las revueltas callejeras. ¿Continuarán estas formas de malestar en la empresa manifestándose como algo distinto de la actividad huelguista, convirtiéndose en una especie de sustitutivo de ésta, o por el contrario tomarán la forma de huelgas propiamente dichas? La literatura sobre conflicto empresarial a menudo ha sugerido la existencia de un efecto sustitución, o compensación, entre varias formas de expresión del malestar empresarial (Knowles 1952, Hyman 1972, Cella 1979): cuando una forma (por ejemplo, la convocatoria de huelga) es prohibida o suprimida por alguna razón, automáticamente aumentan otras formas de expresión. Puede que esto esté ocurriendo en algunos países europeos o en algunos sectores: durante las décadas de 1980 y 1990 se promulgaron restricciones generales al ejercicio del derecho de huelga, por ejemplo, en Gran Bretaña, y en 1990 en Italia también se fijaron limitaciones legales especiales en sectores como los servicios públicos (esenciales), las cuales fueron enmendadas y reforzadas en 2000, al igual que se hiciera en Francia en 2007. ¿Podría esto dar cuenta de la combinación reciente de expresiones agudas de malestar laboral combinado con bajos niveles de actividad huelguista en algunos países? Se requiere de un análisis más profundo para responder apropiadamente a esta cuestión. Pero en cualquier caso las medidas mencionadas destinadas a restringir la actividad huelguista no constituyen una práctica generalizada en los países europeos, y por consiguiente no parecen constituir una explicación adecuada de nuestro problema. Más bien parece probable que el descontento de los trabajadores contra los efectos de la crisis económica haya conllevado el hallazgo de un canal de expresión privilegiado en las formas que hemos detallado al principio de este artículo, ya sea porque parecen ser más eficaces a la hora de llamar la atención de la opinión pública y de las autoridades políticas -de algún modo imitando la lógica del conflicto en el sector terciario-, ya sea porque los sindicatos tienen menos capacidad, o voluntad, para canalizar el descontento mediante una actividad huelguista tradicional. Pero los signos de los años 2009 y 2010 que aún no han podido captar nuestras estadísticas, y que aun no están disponibles en las fuentes de la OIT, muestran que las cosas podrían cambiar a causa del empeoramiento de las condiciones laborales y de vida que la crisis económica ha llevado a muchos países europeos. En modo alguno puede descartarse que el desmedido aumento de la inseguridad de los trabajadores (Grecia podría ser el primer ejemplo) pudiera modificar la combinación actual de malestar laboral y bajos niveles de huelga, y transformarla en un resurgimiento significativo de la actividad huelguista, algo similar a lo que ocurrió en algunos países durante la década de 1930.

Por ahora no está muy claro cuál de los dos escenarios prevalecerá. No parece que los efectos depresivos que han operado las transformaciones estructurales en las economías políticas europeas antes mencionadas puedan disiparse fácilmente en un futuro próximo. Pero esto en gran medida va a depender de la evolución de la crisis económica y de la gestión que hagan de la misma los gobiernos europeos. Para decirlo de una forma esquemática, si la globalización de la economía ha conducido a la desactivación sindical, la crisis de la globalización –a menos que se trate de un bajón económico temporal– podría provocar un giro radical de esta tendencia en los países europeos (7). Una vez más se pone de manifiesto lo arriesgado que resulta hacer predicciones sobre la actividad huelguista y sobre los conflictos laborales sectoriales en general.

Apéndice: cuadros 1, 2 y 3, comentados

Cuadro 1: Niveles de actividad huelguista (Medias anuales, 1950-2008)

Frecuencia: huelgas por millón de personas empleadas (Locales y Generales)

Años Dinamarca Francia Alemania Italia
1950-59 12.5 115.5 n.d. 92.6
1960-69 15.9 85.9 n.d. 170.9
1970-79 66.3 168.4 n.d. 192.0
1980-89 92.5 101.2 n.d. 79.5
1990-99 216.3 76.2 n.d. 42.9
2000-08 282.8 n.d. n.d. 31.5

Participación relativa: trabajadores implicados por cada 1.000 personas empleadas

Años Dinamarca Francia Alemania Italia
1950-59 5.7 83.1 6.0 117.9
1960-69 13.6 118.5 3.1 175.9
1970-79 39.6 86.6 7.6 456.9
1980-89 40.0 20.9 5.2 320.2
1990-99 39.3 14.5 6.6 90.7
2000-08 24.4 ** n.d. 3.3 67.8

Volumen: días perdidos por cada 1.000 personas empleadas

Años Dinamarca Francia Alemania Italia
1950-59 62.9 315.5 47.5 301.5
1960-69 129.4 138.5 12.0 730.5
1970-79 212.4 167.8 44.7 1041.0
1980-89 153.3 61.7 22.9 433.3
1990-99 151.5 31.2 10.5 110.6
2000-08 33.8 ** n.d. 4.3 62.9

Frecuencia: huelgas por millón de personas empleadas (Locales y Generales)

Años Suecia Holanda Gran Bretaña EEUU
1950-59 7.1 16.9 89.1 68.6
1960-69 4.9 11.2 100.3 57.6
1970-79 21.7 6.7 105.4 60.6
1980-89 28.3 4.5 45.6 6.9
1990-99 7.0 2.9 10.3 0.3
2000-08 2.4 2.5 5.6 0.2

Participación relativa: trabajadores implicados por cada 1.000 personas empleadas
Años Suecia Holanda Gran Bretaña EEUU
1950-59 2.0 3.6 27.8 35.8
1960-69 1.3 4.1 55.7 25.2
1970-79 5.1 5.9 65.2 26.7
1980-89 28.6 4.1 42.3 5.8
1990-99 7.3 4.7 7.7 2.2
2000-08 2.9 4.2 14.8 1.0

Volumen: días perdidos por cada 1.000 personas empleadas

Años Suecia Holanda Gran Bretaña EEUU
1950-59 49.2 19.4 135.9 550.2
1960-69 14.7 16.7 145.7 382.3
1970-79 41.1 35.7 521.6 457.1
1980-89 167.8 12.8 292.8 132.0
1990-99 44.3 19.3 25.0 37.0
2000-08 20.2 8.0 25.5 27.9

* No se incluyen los datos de 1968.
** 2000-07.

Fuente: OIT, Anuario de estadísticas laborales, Ginebra, varios años (desde 1970 está disponible en: http://laborsta.ilo.org/). Para fechas anteriores a 1970, se han utilizado los resultados elaborados por: Edwards y Hyman (1994, cuadro 10.2).

Comentarios sobre las series de conflictos laborales:

Dinamarca: Hasta el año 1995 no se contabilizaron las interrupciones laborales de menos de 100 días laborales no trabajados. Se excluyen también las huelgas políticas.
Francia: No se incluye en el cómputo lo relativo al sector agrario y a la administración pública (por consiguiente, también France Telecom y el servicio público de correos); desde 1983, los datos acerca de la participación de trabajadores se presenta como “media mensual de los trabajadores implicados en conflictos laborales en curso en cada mes”, de modo que se han multiplicado por 12 (como en Edwards-Hyman, 1994); ubicación de las huelgas: cada llamada a la huelga se refiere sólo a un centro de trabajo; huelgas generales: la llamada a la huelga se extiende a diversas empresas (se ofrecen estas series segregadas desde 1976 para los días laborales perdidos, desde 1982 para el número de trabajadores implicados y desde 1984 para la cantidad de huelgas).
Alemania: Con anterioridad a 1993 las series se refieren al territorio de la República Federal de Alemania hasta el 3/10/1990. Se computan las interrupciones laborales que duran menos de una jornada sólo si ha habido más de 100 días laborales no trabajados; se excluyen los trabajadores que tienen una participación indirecta.
Italia: Se excluyen los trabajadores afectados de forma indirecta; con anterioridad a 1975 y a partir de 2004, se excluyen las huelgas políticas; con anterioridad a 1970, los días no trabajados se computan sobre el supuesto de ocho horas por jornada laboral, y a partir de 1970 sobre el supuesto de siete horas por jornada laboral.
Gran Bretaña: Se computan las interrupciones laborales que duran menos de una jornada sólo si ha habido más de 100 días laborales no trabajados; se incluyen las interrupciones laborales que impliquen a menos de 10 trabajadores sólo si no trabajaron más de 100 trabajadores; se excluyen las huelgas políticas.
Estados Unidos: Series discontinuas desde 1982, excluyen interrupciones laborales que implican a menos de 1.000 trabajadores y que duran menos de una jornada o turno; antes de 1982, se excluyen las interrupciones laborales que implican a menos de seis trabajadores.

Comentarios sobre series de empleo total:

Dinamarca: Personas entre 15 y 66 años; con anterioridad a 1994: personas entre 15 y 74 años; previo a 1984: trabajadores civiles empleados.
Francia: incluye militares profesionales, excluye servicio militar obligatorio; personas a partir de 15 años.
Alemania: personas a partir de 15 años (antes de 1993: a partir de 14 años); incluye reclutas; con anterioridad a 1993 la serie se refiere al territorio de la República Federal de Alemania antes del 3/10/1990.
Italia: Antes de 1993, personas a partir de 14 años; después de 1993, a partir de los 15; incluye reclutas y miembros permanentes de las sedes institucionales; en 1993 se revisó la metodología.
Suecia: Personas entre 16 y 64 años; antes de 1986, 16-74; se incluyen los militares profesionales, se excluye el servicio militar obligatorio; en 1993 se revisó la metodología, por lo que los datos no permiten una comparación estricta.
Gran Bretaña: Personas a partir de los 16 años; se incluyen las fuerzas armadas.
Estados Unidos: Personas a partir de los 16 años; fuerza laboral civil empleada; a principios de 1990 las estimaciones se realizan en base a la referencia del censo de 1990; en 1994 se revisó la metodología, por lo que los datos no permiten una comparación estricta.
Holanda: Personas entre 15 y 64 años; con anterioridad a 1981, a partir de los 14 años; en 1992 se revisó el cuestionario.

Cuadro 2: Cambio porcentual en las décadas de 1990 y 2000 respecto a las décadas precedentes

Frecuencia: huelgas por millón de personas empleadas
Dinamarca Francia * Alemania Italia
Loc+Gen

90s/50s 1630.2 -34.0 0.0 -53.7
90s/60s 1260.2 -11.3 0.0 -74.9
90s/70s 226.3 -54.7 0.0 -77.7
90s/80s 133.8 -24.6 0.0 -46.1
00s/90s 30.8 -26.6

Participación relativa: trabajadores implicados por cada 1.000 personas empleadas

90s/50s 589.6 -82.5 9.6 -23.1
90s/60s 189.0 -87.7 112.0 -48.4
90s/70s -0.8 -83.2 -13.9 -80.1
90s/80s -1.7 -30.6 26.3 -71.7
00s/90s -37.8 -50.5 -25.2

Volumen: días perdidos por cada 1.000 personas empleadas

90s/50s 140.8 -90.1 -77.8 -63.3
90s/60s 17.1 -77.4 -12.4 -84.9
90s/70s -28.7 -81.4 -76.5 -89.4
90s/80s -1.2 -49.4 -54.0 -74.5
00s/90s -77.7 -59.0 -43.2

Suecia Holanda Gran Bretaña EEUU

90s/50s -1.0 -82.8 -88.4 -99.6
90s/60s 44.4 -73.8 -89.7 -99.5
90s/70s -67.6 -56.7 -90.2 -99.5
90s/80s -75.1 -35.2 -77.3 -95.9
00s/90s -65.7 -13.8 -45.6 -33.0

Participación relativa: trabajadores implicados por cada 1.000 personas empleadas

90s/50s 267.2 30.3 -72.4 -93.9
90s/60s 460.8 13.6 -86.2 -91.3
90s/70s 42.7 -20.7 -88.2 -91.8
90s/80s -74.4 14.4 -81.9 -62.3
00s/90s -60.3 -10.6 93.4 -54.5




Volumen: días perdidos por cada 1.000 personas empleadas

90s/50s -9.9 -0.5 -81.6 -93.3
90s/60s 200.7 15.5 -82.9 -90.3
90s/70s 7.8 -45.9 -95.2 -91.9
90s/80s -73.6 50.7 -91.5 -72.0
00s/90s -54.5 -58.6 2.0 -24.4

Cuadro 3: Porcentaje de días perdidos en los sectores manufactureros en el total de días laborales perdidos (medias anuales)

Dinamarca Francia * Alemania Italia

1972-79 79.78 64.05 80.22 54.51
1980-89 75.67 73.32 76.59 48.90
1990-99 69.64 52.29 62.83 53.38
2000-08 48.60 * n.d. 62.04 * 43.55

Suecia Holanda Gran Bretaña EEUU

1972-79 41.87 55.14 54.33 51,42
1980-89 43.24 38.50 47.60 40,87
1990-99 5.67 32.86 23.66 50,59
2000-08 6.06 21.42 8.67 32,13

* 2000-07

Francia: Los datos sobre manufacturas se refieren solo a huelgas ubicadas en centros individuales y los porcentajes se han calculado sobre los días laborales totales perdidos sólo en huelgas en centros individuales.
Alemania: Con anterioridad a 1993 la serie se refiere al territorio de la República Federal de Alemania antes del 3/10/1990. El año 1984 incluye los grupos 9512, 9514 y 9519.
Italia: Con anterioridad a 1975, no se computan las huelgas políticas.
Suecia: Los años 1980, 1981 and 1982 incluyen los sectores de minas y canteras.
Holanda: El año 1987 incluye los sectores de electricidad, gas y agua; el año 1989 incluye agricultura, caza, silvicultura y pesca.

Referencias bibliográficas: Accornero A. (1985), "La 'terziarizzazione' del conflitto e i suoi effetti", in Cella G.P.Regini M. (eds.), Il conflitto industriale in Italia, Il Mulino, Bologna: 275-313. Bordogna L. (2008), "Dispute Regulation in Essential Public Services in Italy: Strengths and Weaknesses of a 'Pluralist Approach'", The Journal of Industrial Relations, 50(4): 595-611. Bordogna L. & Provasi G. (1998), "La conflittualita", in Cella G.P. (ed.): 331-60. Bordogna L. & Cella G.P. (2002), "Decline or Transformation? Change in Industrial Conflict and its Challenges", Transfer, 8(4): 585-607. Cella G.P. (ed.) (1979), Il movimento degli scioperi nel XX secolo, Il Mulino, Bologna. Dunlop J.T. (1984), Dispute Resolution, Dover, MA: Auburn House Publishing Company. Edwards P.K. & Hyman R. (1994), "Strikes and Industrial Conflict: Peace in Europe?", in Hyman R., Ferner A. (eds.), Blackwell, Oxford: 250-80. Franzosi R. (1995), The Puzzle of Strikes, Cambridge University Press, Cambridge. Franzosi R. (1992), "Towards a Model of Conflict in the Service Sector. Some Empirical Evidence from the Italian Case", in Cella G.P. (ed.), Il conflitto. La trasformazione. La prevenzione. Il controllo, Giappichelli, Torino: 7-34. Knowles K.G.J.C. (1952), Strikes. A Study in Industrial Conflict, Blackwell, Oxford. Kochan T.A. (1974), "A Theory of Multilateral Collective Bargaining in City Government", Industrial and Labor Relations Review, 27(4): 325-42. Ross A.M. & Hartman P.T. (1960), Changing Patterns of Industrial Conflict, Wiley and Sons, New York. Shalev M. (1992), "The Resurgence of Labour Quiescence", in Regini M. (ed.), The Future of Labour Movements, Sage, London: 102-32. Shorter E., Tilly Ch. (1974), Strikes in France, 1830-1968, Cambridge University Press, Cambridge.

NOTAS: (1) Desde principios de 2008, France Telecom, la tercera empresa telefónica por tamaño de Europa, ha registrado más de 40 suicidios de empleados, a los que hay que añadir una docena de intentos fallidos, la mayor parte de los cuales relacionados, según los sindicatos, con el estrés laboral y el acoso por parte de los directivos. Aunque la empresa, basándose en datos de la Organización Mundial de la Salud, alega que la tasa de suicidios es muy parecida a la de la media de la población francesa (alrededor de 26 por cada 100.000 hombres en 2008), a principios del año 2009 dimitió el vicepresidente ejecutivo de France Telecom, mientras que su presidente y consejero delegado presentó su renuncia en febrero de 2010. Hasta 1998, la empresa formó parte del sector público y sus empleados tenían la condición contractual de empleados públicos. Hoy, alrededor de dos tercios de los 100.000 trabajadores siguen detentando la condición de empleados públicos, y el Estado francés continua teniendo la propiedad del 27% de las acciones de la empresa. Tras la privatización fueron despedidos 40.000 empleados, muchos de los ellos entre 2006 y 2008. (2) Entre otras, véanse las críticas de Shorter y Tilly (1974, p. 399) al importante libro de Ross y Hartman (1960). Véase, también, Bordogna y Provasi (1998, pp. 334 y ss.) acerca de la debilidad metodológica sobre la que se basó la tesis de Ross y Hartman sobre “el fin de las huelgas”; también: Franzosi (1995). (3) El análisis de Shalev se basaba fundamentalmente en indicadores de “participación relativa” y “duración”, el primero sobre la cantidad de trabajadores involucrados en conflictos laborales en relación a la cantidad total de trabajadores empleados, y el segundo sobre la cantidad media de días que cada trabajador dedica a hacer huelga, que es el número total de días laborales perdidos en relación al número de huelguistas, mientras que Edwards y Hyman utilizaron un paquete más amplio de medidas. Respecto a los periodos temporales considerados, Edwards y Hyman evaluaron promedios quinquenales desde 1950, mientras que Shalev excluyó la década de 1950 y analizó cuatro periodos correspondientes a los momentos en que se produjeron cambios más significativos en la historia económica de las capitalistas avanzadas (1960-67, 1968-73, 1974-79, 1980-89); la comparación con el periodo 1968-73 obviamente acentúa la impresión de zozobra sindical durante la década de 1980. (4) Las series de Estados Unidos se caracterizan por una discontinuidad en los criterios estadísticos desde 1982, cuando no se contabilizaban las interrupciones de la actividad laboral que implicaran a menos de 1.000 trabajadores y que tuvieran una duración inferior a la de una jornada laboral, mientras que antes de 1982 sólo dejaban de registrarse las interrupciones laborales que implicaran a menos de seis trabajadores. Sin embargo, la discontinuidad “técnica” del sistema de registro no provocó una distorsión substancial de la imagen de los cambios ocurridos entre la década de 1980 y las siguientes, y menos aún a los cambios habidos entre la de 1990 y la primera del siglo XXI. (5) Hasta 1995 no se contabilizaban las interrupciones de la actividad laboral que suponían menos de 100 días laborales no trabajados. (6) En relación a Italia hay un motivo de cautela añadido: los conflictos laborales originados fuera de la relación estrictamente laboral (por ejemplo, huelgas contra las políticas gubernamentales) se contabilizaron (entre 1975 y 2003) en el total de datos agregados de días laborales perdidos, pero no se clasificaron según su sector de actividad económica, con el efecto de subestimar el peso de los sectores manufactureros en los años en los que las huelgas por razones políticas tuvieron mucha importancia (como en 2002). (7) Naturalmente, las cosas podrían ser de otro modo en los nuevos países democráticos en vías de desarrollo que sólo han sido parcialmente golpeados por la crisis económica y que aún tienen niveles muy altos de crecimiento, con enormes y rápidos procesos de industrialización y urbanización (una condición parecida a la que muchos países europeos tuvieron durante la primera década posterior a la Segunda Guerra mundial, que culminara con la mayor oleada del huelgas del siglo XX). Sin embargo, este punto requeriría una investigación más amplia y de mayor calado.

Lorenzo Bordogna es director del Departamento de Estudios Laborales de la Universidad de Milán, Italia. Sociólogo económico desde la perspectiva de los factores sociales, institucionales y organizativos del desarrollo. Es un reconocido especialista en relaciones industriales (negociación colectiva y sindicalización), conflictos laborales y problemas regulatorios (con particular interés por la conflictividad laboral en el sector terciario), también en ocupación y gestión de personal en la administración pública en Italia y Europa, así como en problemas asociados a la liberalización y privatización de los servicios públicos.

Traducción para www.sinpermiso.info: Jordi Mundó

La izquierda, la derecha y la huelga general del 29 de septiembre

Litus Alonso
Sinpermiso, 19-sep-2010

Nuestro amigo, el veterano sindicalista y dirigente de CC.OO en el sector bancario Litus Alonso, reflexiona políticamente sobre la Huelga General convocada en el Reino de España para el próximo 29 de septiembre.

La convocatoria de huelga general (HG) para el 29 de septiembre por CCOO y UGT, a la que se han sumado otros sindicatos y organizaciones sociales, puede considerarse un caso de manual, en el sentido de lo que el movimiento sindical tiene que hacer ante un conjunto de medidas tan regresivas para la clase trabajadora y el conjunto de la población como las adoptadas por el gobierno del PSOE a partir del pasado mayo. Tres elementos, sin embargo, diferencian esta convocatoria de otras anteriores: la profundidad y extensión de dichas medidas regresivas, el contexto de crisis internacional y la coordinación de las políticas adoptadas en el conjunto de la Unión Europea (UE) y, finalmente, la actitud que las fuerzas políticas han tomado ante la huelga.

Respecto al primer elemento, y sin pretender hacer un análisis detallado del conjunto de medidas que motivan la HG, hay que recordar que éstas se pueden agrupar en tres campos. El primero, el plan de ajuste, que previsiblemente tendrá continuidad en los Presupuestos Generales del Estado para 2011. El plan, presentado en mayo con el objetivo declarado de reducir el gasto público en 15.000 millones de euros sin incrementar los ingresos, supone una drástica disminución de la inversión pública, el recorte del 5% de los salarios de los funcionarios y empleados públicos y la congelación de las pensiones (excepto las mínimas), como aspectos más destacados. El propio gobierno reconoce, en voz baja, que este plan dificulta la recuperación económica y contribuye a agravar el crecimiento del paro, pero lo presenta como una decisión inevitable para dar confianza a "los mercados" y cumplir con las directrices de la UE.

El segundo campo es la reforma laboral, plasmada en la modificación del Estatuto de los Trabajadores aprobada el pasado 9 de septiembre, cuyas dos principales características son facilitar y abaratar el despido y aumentar el poder unilateral del empresario para modificar las condiciones sustanciales de trabajo, incluso aunque éstas hayan sido pactadas anteriormente. El despido se hace más fácil y barato porque se amplían las razones para considerar un despido, individual o colectivo, como "objetivo", o sea, con una indemnización máxima de 20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades, frente al despido "improcedente" que, en el caso de los contratos indefinidos (el 75% de las y los asalariados actuales), supone una indemnización de 45 días por año y un tope de 42 mensualidades. De hecho, no puede argumentarse que el mercado laboral es "rígido" cuando el número de parados ha aumentado en más de 2 millones en sólo dos años, pero este aumento se ha basado en la eliminación de puestos de trabajo temporales (han pasado del 33 al 25% de la población asalariada) y en los despidos "improcedentes", demasiado caros a juicio de "los mercados", el FMI, la OCDE, el Banco Central Europeo, el Banco de España y otras organizaciones democráticas de similar calaña. El aumento del poder unilateral del empresario se consigue, de forma parecida, ampliando los supuestos para considerar justificada una modificación de condiciones de trabajo (salarios, jornada, etc.), incluyendo la posibilidad de descolgarse de los convenios colectivos.

El tercer campo, aún pendiente de una propuesta gubernamental definitiva y de su tramitación parlamentaria, es el empeoramiento del sistema público de pensiones. Dos son, en este terreno, las principales amenazas: la prolongación de la edad reglamentaria de jubilación de los 65 a los 67 años, y la ampliación del número de años de cotización que se tienen en cuenta para calcular el importe de la pensión (actualmente son los últimos 15 años). Según el mismo gobierno, una ampliación de 15 a 20 años supondría una rebaja media del 3,6% de las pensiones. Así, la combinación de ambas amenazas se traduciría en tener que trabajar dos años más para cobrar un 3,6% menos. Y todo esto, con una Seguridad Social que ha seguido generando superávit tanto en el 2009 como en el 2010, a pesar de los catastrofistas informes y previsiones que, año sí año también, emiten entidades tan objetivas y desinteresadas como la patronal de seguros o los servicios de estudios de los grandes bancos, con el acompañamiento habitual de las democráticas organizaciones citadas antes.

Lo que sería extraño, ante tales medidas, es no convocar una HG para forzar la rectificación de las ya aprobadas y para evitar la aprobación de las aún pendientes.

Pasando al segundo elemento, el contexto internacional y europeo, se ha dicho ya que quienes nos metieron en la crisis, el capitalismo financiero y especulativo y los agentes de la generación de la burbuja inmobiliaria, son los mismos que están dictando las medidas para salir de ella, a costa de la pérdida de rentas y derechos de la mayoría de la población. En este marco, sin embargo, la UE supone un caso específico por dos razones. La primera, porque sólo en la UE se han eliminado de forma súbita y conjunta las políticas de estímulo económico a cargo del sector público que habían caracterizado la primera fase de la crisis. Sin mayores explicaciones, la prioridad deja de ser el crecimiento del PIB y la creación de empleo y pasa a la reducción del déficit y la deuda pública. Y no puede considerarse una explicación que las agencias de calificación de riesgos (Moody's, Standard & Poors,...) decidieran que el Estado griego estaba al borde de la quiebra o que rebajaran la calificación de la deuda pública española; al fin y al cabo, esas mismas agencias, una semana antes de la quiebra hace dos años de Lehman Brothers, le otorgaban la máxima calificación crediticia. Es más plausible una explicación relacionada con la segunda razón que hace la UE un caso específico: la existencia, en unos países más que en otros, de un estado del bienestar.

Un estado del bienestar, con sus sistemas públicos de sanidad, de educación, de pensiones, de protección del desempleo, de atención a personas dependientes, de salarios mínimos, en resumen, de ciertos derechos sociales y laborales mínimos, implica una cierta redistribución de la renta ejercida por el Estado a través de su sistema fiscal. En su ausencia, esa porción de renta estaría en manos del capital. Y todas las políticas acordadas por la UE tienen en común que sus resultados son o serán una reducción del estado de bienestar. En relación al conjunto del planeta, la UE constituye una excepción; los sindicatos latinoamericanos, cuando acuden a congresos sindicales europeos, lo expresan de una forma muy gráfica: "vuestro suelo es nuestro techo". O sea, las condiciones sociales y laborales que consideramos mínimas en un estado del bienestar son las aspiraciones máximas allí donde no existe. Y lo que, desde el movimiento sindical o cualquier movimiento social progresista se ve como un modelo a profundizar y a extender a todo el orbe, se observa desde el otro lado de la barrera, el capital y sus aledaños, como una anomalía a suprimir. Una "anomalía" conseguida fundamentalmente por las luchas del movimiento obrero a partir del siglo XIX y reforzada por muchos otros factores, desde la presencia parlamentaria de partidos de izquierda hasta el temor a la "amenaza soviética" de las clases dirigentes.

Esta hipótesis, la de que estamos ante una gran ofensiva coordinada contra el estado del bienestar con el objetivo de incrementar la porción de renta destinada al capital, casa bien no sólo con lo expresado por "los mercados" y compañía, sino también con la realidad de las mayorías políticas existentes en la UE. Y un somero repaso a los planes adoptados en cada Estado miembro confirma la hipótesis, aunque haya diferencias tanto en la gravedad de dichos planes (Grecia y Rumania como casos más extremos) como en el punto de partida (el grado de desarrollo del estado del bienestar). Así, lo que está en juego no es sólo quien carga con el coste de la salida de la crisis (capital & company o clase trabajadora y mayoría social), sino que modelo socio-económico imperará en la UE a su salida. En este contexto, la HG del 29-S, así como las cinco ya hechas en Grecia o las movilizaciones en Francia, Italia y Alemania adquieren particular relevancia. Lo deseable sería una HG de ámbito europeo, pero esta opción, por diversas razones, no está a la vista, y el 29-S, aunque es una jornada de movilización europea, irá desde la HG a concentraciones o manifestaciones, según decidan los sindicatos de cada país.

El tercer elemento citado al inicio es el de la actitud de las fuerzas políticas ante la HG. Para empezar, sólo tres de ellas con representación parlamentaria (Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y Bloque Nacionalista Galego) dan apoyo a la HG; suman 6 de los 350 diputados y diputadas. Esto no tiene nada de especial, ciertamente. Tampoco es extraño que un partido socialdemócrata, como el PSOE, abrace un programa neoliberal y se encargue de ejecutarlo desde el gobierno; ni es la primera vez ni será la última. Lo relevante, en este caso, es que la nueva política del gobierno PSOE ha supuesto un giro radical, no tanto respecto a su práctica (eliminación o reducción de impuestos como el de patrimonio o sucesiones, medidas nada redistributivas como el cheque bebé, negativa a reformar en un sentido progresivo el sistema fiscal) como a su discurso: aún resuenan los ecos de expresiones de Zapatero como "que no vengan a llamar a mi puerta quienes piden recorte de derechos sociales para salir de la crisis". ¡A principios de 2010! El corolario relevante de este giro es enajenarse el apoyo de buena parte de los sectores en que se basa su mayoría parlamentaria. Porque, si bien es muy discutible la idea de que el PSOE sea un partido realmente de izquierda, lo que no admite duda es que la gran mayoría de personas que le siguen y/o le dan su voto se consideran a sí mismas de izquierda.

El PSOE ha de ser bien consciente de ello. Si antes de mayo ya era más que dudoso que revalidara su mayoría parlamentaria en las próximas elecciones, previstas para el 2012, después del giro es una casi certeza que las perderá. No por los votos que pueda ganar el PP, con una horquilla de entre 9 y 10 millones de votos muy fiel pero difícilmente ampliable, sino por los muchos que perderá el PSOE con su fe de converso ante los dictados neoliberales. Y ésta se ha convertido en una contradicción insalvable: para ganar y mantenerse en el gobierno, necesita movilizar a su base social y electoral apelando a valores de izquierda frente a la derecha ultramontana del PP, pero su política actual constituye una agresión sin precedentes a esa misma base social.

En el intento de reducir el alcance de esta contradicción puede encuadrarse el "perfil bajo" que han tomado gobierno y PSOE ante la convocatoria de la HG. Junto al anuncio de que "la HG no modificará su política", discurso de manual de cualquier jefe de gobierno ante cualquier HG (después ya se verá lo que pasa: hasta ahora, todas las HG han conseguido parcial o totalmente sus objetivos), declaraciones de comprensión y respeto ante los sindicatos y disposición a mantener el diálogo social en el futuro. El PSOE sabe que necesita el voto de muchas y muchos de los que harán huelga el 29-S. La confrontación directa se deriva de su política real, no es conveniente agravarla con un discurso de choque frontal con los sindicatos ni de agresiva belicosidad contra la HG. Sus principales argumentos, defensivos, son que era inevitable tomar las medidas adoptadas y que la HG contribuye a una futura mayoría del PP.

Sin embargo, si esto último fuera cierto, la actitud del PP y de los medios de comunicación de derecha y ultraderecha ante la HG sería muy diferente de la que están teniendo. El PP, que ni siquiera votó a favor del plan de ajuste, a pesar de los ruegos de la mismísima Angela Merkel, a pesar de que el plan sigue con ortodoxia las directrices neoliberales de la UE, sí ha adoptado un "perfil alto": oposición radical a la HG y choque frontal con los sindicatos. ¿No sería más beneficioso limitarse a criticar al gobierno, como ya hacen, y mantener una postura de displicente distancia ante la HG? Si la HG es, entre otras cosas, un enfrentamiento en el PSOE y su propia base social, ¿no le sería más conveniente dedicarse a recoger, sin estridencias, los efectos del desgaste enemigo? Así lo hizo el PP en 1988 y 1994, las anteriores HG contra gobiernos del PSOE.

Pues no. El PP y sus voceros han emprendido una brutal campaña de desprestigio de los sindicatos. No sólo contra la HG, sino contra la misma existencia y actividad de los sindicatos. Y la munición que disparan es de grueso calibre: son unos parásitos del Estado que viven de sus subvenciones, actúan como grupos mafiosos en relación a los propios trabajadores, los "liberados" son una carga para las empresas y administraciones, los dirigentes y cuadros sindicales viven a cuerpo de rey... Es importante notar que, por ejemplo, ante casos de corrupción en cargos públicos, esos mismos medios (y todos los demás) lo atribuyen a pecados personales, no se plantean la necesidad de suprimir los cargos públicos remunerados. O, ante casos de torturas policiales, se tratan también como excesos personales. O, en situaciones de abusos empresariales, es obvio que son casos aislados, que no responden a la voluntad como colectivo de explotar a los asalariados (o a quien haga falta, como el sr. Díaz Ferran, aún presidente de la CEOE, podría explicarnos). No, en este caso se sugiere una conclusión más drástica: CCOO, UGT y el resto de sindicatos tendrían que desaparecer; de la quema podría salvarse algún que otro sindicato corporativo.

La explicación de esta actitud tiene que ver con la hipótesis de una ofensiva en toda la UE contra el estado del bienestar. El PP ya tiene puesta la vista más allá de la HG: concretamente, en el día después de las próximas elecciones, contando con ganarlas. Ese hipotético gobierno del PP sería el encargado de profundizar en el desmantelamiento del estado del bienestar y en el recorte aún más grave de los derechos laborales. Y para esa política, con un PSOE en la oposición después de haber dado los primeros pasos, sólo queda un enemigo a tener en cuenta: los sindicatos. El PP quiere que salgan adelante todas las medidas tomadas ya por el PSOE y unas cuantas más (la práctica privatización de las Cajas de Ahorro, acordada entre PSOE y PP, por ejemplo, ya figuraba en el programa electoral de éste último). Así que la tarea actual del PP es doble: conseguir que la HG sea un fracaso, para que todo lo "avanzado" por el PSOE se mantenga, y destrozar los sindicatos, para eliminar cualquier oposición cuando sea el PP quien gobierne y decida las políticas a aplicar.

Nunca hasta ahora se había dado tamaña campaña de desprestigio de los sindicatos. No hay que olvidar que muchos de esos medios y del propio PP, "exigían", hace menos de un año, que los sindicatos convocaran una HG contra Zapatero por "el aumento del paro". Claro que, entonces, aún no había comenzado la comentada ofensiva de la UE contra el estado del bienestar y se trataba únicamente, con la sencillez de lo clásico, de reclamar que todo el mundo le diera palos al PSOE, con o sin motivo. La situación ahora es diferente, y el PP se comporta de forma responsable y leal con la clase social cuyos intereses defiende: toma nota del objetivo principal que se marca desde la UE, deja que sea el PSOE quien empiece el trabajo sucio y, con visión estratégica, se pone a la labor de despejar obstáculos futuros para conseguir ese objetivo principal.

Así que, también en este aspecto, la HG va más allá de una batalla puntual. Si se quiere acabar con el estado del bienestar, también hay que acabar o neutralizar a quienes más voluntad y capacidad tienen para defenderlo, los sindicatos. Y, precisamente por ello, la HG ha de ser un éxito y los sindicatos han de salir reforzados. Aunque en muchas redacciones, platós y guiones para portavoces políticos ya están preparados los titulares ("fracaso de la HG", el más grande, junto con "actos violentos de los piquetes", "trabajadores privados de su derecho al trabajo", etc.), hay que contar con ello como un elemento más del paisaje.

La foto que la derecha quiere presentar del 29-S ya la sabemos. La realidad, por suerte para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas del Reino de España y de la UE, será bien distinta.

Litus Alonso, colaborador habitual de SINPERMISO, es actualmente miembro de las Ejecutivas estatal y de Catalunya de Comfia-CCOO (Federación de Servicios Financieros y Administrativos); también es delegado sindical en el BBVA.

Importante éxito de la huelga general en Francia: ¿redoble de campanas para Sarkozy?

Hugo Moreno, 12-sep-2010

El martes 7 de septiembre marcó un punto culminante en la resistencia de las clases trabajadoras a la ofensiva reaccionaria del gobierno de Nicolas Sarkozy. La huelga y la movilización convocada por las ocho organizaciones sindicales – CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, UNSA, SOLIDAIRES y FSU – fue un éxito mayor, un contundente rechazo del proyecto de pasar la edad legal de la jubilación de 60 a 62 años (o sea, de 65 a 67 años si se aspira a una pensión completa). En cerca de 250 ciudades, cortejos impresionantes reunieron alrededor de 2.500.000 manifestantes, según las organizaciones sindicales, y 1.120.000 según el Ministerio del Interior (lo cual no deja de ser significativo: la policía, como siempre, rebaja a menos de la mitad el número de manifestantes). Este gran movimiento social supera las grandes manifestaciones de los últimos años, incluida la huelga del 24 de junio pasado, que contó con 1.500.000 participantes. Ha sido una clara expresión del descontento, la rabia y el deseo de las clases populares de frenar la ofensiva del gobierno Sarkozy, el poder político más conservador que ha tenido Francia desde 1940.
Tres años después de haber asumido la presidencia, Sarkozy y su gobierno están confrontados a una situación muy difícil. A las consecuencias de la crisis mundial, la desocupación oficial que llega al 9,6 % de la población activa, según el Insee (poco más de 2,5 millones, aunque la realidad es más próxima de los 4 millones), la caída salarial, se agregan los escándalos político-financieros y la disputa entre diversas fracciones de la derecha. Uno de sus efectos es la continua pérdida de popularidad de Sarkozy: apenas un 34 % de opiniones favorables. Desde 1958, ningún presidente de la V República había caído tan bajo ni tan rápidamente.
Esto acompaña la pérdida de crédito en las instituciones republicanas, la representación bajo la forma de delegación del poder, así como la legitimidad de las élites gobernantes. Se suma la cristalización de la Unión Europea neoliberal con el Tratado de Lisboa – rechazado en Francia en el referéndum de 2005, pero impuesto por la derecha parlamentaria, en una desfachatada violación de la soberanía popular. Se acrecienta en consecuencia el sentimiento que el voto no sirve para nada. La enorme abstención en las elecciones regionales del 14 de marzo (50 %) ha sido un ejemplo. Este quizá sea el dato mayor de la situación actual: la fractura entre el espacio social y el político. El sistema de la V República está cuestionado, acentuándose sus rasgos autoritarios: el presidencialismo ejercido en detrimento de las instituciones, de la separación de poderes, de los partidos y fundamentalmente de la democracia social. La crisis social y política actual, en ese sentido, puede precipitarse rápidamente en una real crisis de régimen.
El 7 de septiembre fue una respuesta masiva frente a esta situación. Se trata, en primer lugar, de impedir la contra-reforma de la edad jubilatoria - justificada con el malicioso “ahora se vive más”, que cubre lo esencial: la continua desposesión de los asalariados, la aumentación de las horas de trabajo, la flexibilización, los contratos precarios. En segundo lugar, representa también una respuesta frente al ataque brutal y sistemático contra conquistas económicas y sociales fundamentales, ganadas por las luchas de varias generaciones. Al mismo tiempo, se generaliza el sentimiento de una profunda injusticia social, frente a los privilegios descomunales de las clases dominantes. El poder sarkozysta aparece insensible, separado y ajeno a esta realidad. Sin embargo, el espectro del 4 de agosto (de 1789) planea en círculos de la derecha parlamentaria, que sostiene a Sarkozy, pero siente el peligro. No es casual la cubertura del Nouvel Observateur, semanario próximo a la derecha liberal y socialdemócrata. Sobre una foto del presidente, una gran interrogación: “¿Este hombre es un peligro?”. Efectivamente, las tradiciones de las clases subalternas no se pierden, aunque a veces no se vean. Persisten en la vieja memoria colectiva forjada en siglos de luchas sociales. La vieja divisa de la República - Libertad, Igualdad, Fraternidad - acuñada en 1789, en las revoluciones del siglo XIX, en las grandes luchas en 1936, 1947 y 1968, sigue vigente. Eso es lo que ha impedido, en Francia, una derrota histórica de la clase obrera, sin la cual la aplicación del proyecto liberal se convierte en más difícil.
Ese es el desafío que se propuso encarar Sarkozy y su banda, representando la derecha conservadora y revanchista. Su expresión más reciente es el tournant securitario del presidente. Su discurso de Grenoble a fines de julio es una pieza maestra en ese sentido. En Grenoble, aprovechando un hecho de bandidismo – un fallido asalto a un casino que terminó con la muerte de un joven gitano abatido por la gendarmería – el presidente proclamó una guerra nacional contra la “delincuencia”, designando “culpables colectivos” a los rumanos y la comunidad gitana, desplegando un arsenal de medidas represivas – pérdida de la nacionalidad para los “franceses de origen extranjero” (sic) implicados en delitos mayores, sanción penal contra las familias de jóvenes delincuentes, estigmatización étnica de los gitanos, etc. O sea la continuidad derechizada de la famosa “guerra contra la canalla”, cuando Sarkozy, entonces ministro del Interior, se propuso “limpiar al kärcher” los barrios pobres de la periferia parisina.
La expulsión de inmigrantes rumanos (8000 en lo que va del año, 1000 solo en el mes de julio), la destrucción brutal de campamentos, forma parte de la estrategia que asimila pobreza/inmigración = delincuencia/criminalidad. Ese es el sentido del discurso de Grenoble: Brice Hortefeux, el ministro del Interior - recientemente condenado, vale recordar, por “injurias raciales” – aplica con celo lo que su jefe manda. Estos acontecimientos han sacudido la opinión pública, no solo manifestando su repudio en una manifestación de 150.000 personas el sábado 4 de septiembre, convocada por algunas asociaciones y sin ninguna cubertura mediática, sino también suscitando duras críticas en el campo de la derecha, la jerarquía católica, hasta en la misma ONU y la Unión Europea, cuyo “parlamento” de Bruselas acaba de pronunciar una severa advertencia al gobierno francés.
Nicolas Sarkozy pretende aparecer como un nuevo “hombre providencial”, apelando con su discurso “securitario” a los viejos reflejos racistas de las capas más atrasadas, como una cortina de humo para ocultar los reales problemas no resueltos. Estos siguen presentes : la desocupación, la pobreza, la crisis cultural, la dislocación de una sociedad sometida a las turbulencias de la (re)mundialización. El resultado es profundamente negativo, pues esta política no hace otra cosa que agudizar los conflictos, enfrentando unos sectores contra otros, poniendo en cuestión los principios republicanos. El poder político aparece así cada vez más “desencantado” : abiertamente como el protector y agente al servicio del gran capital. Y así es, pues el verdadero poder aparece en manos del Medef (Movimiento de las empresas en Francia), la más poderosa corporación patronal. En la crisis social actual, es posible preguntarse ¿hasta cuándo Sarkozy será funcional para su estrategia?
El affaire Woerth-Bettancourt, asociando el ministro del Trabajo, Eric Woerth, ex-ministro del Presupuesto y ex-tesorero de la UMP, con Liliane Bettancourt, heredera del imperio de L’Oreal (una de las más grandes fortunas) no hizo más que revelar esta estrecha relación. El laberinto de éstas, por cierto, es muchísimo más complejo. Mientras una parte importante de la población asalariada disminuye radicalmente su nivel de vida, el gobierno mantiene a todo precio el “escudo fiscal” que favorece la élite más poderosa del país. Este es un gobierno de los ricos para los ricos: eso es lo que está apareciendo cada vez con mayor claridad. Pero también conviene señalar que, en este clima de decadencia política y moral, se generaliza también el fatídico “todos iguales = todos podridos”, caldo de cultivo donde puede germinar cualquier cosa, como es sabido. Ese es otro de los peligros en ciernes.
Los mecanismos democráticos se han debilitado. Se afirma, al contrario, un Estado cuyo eje está centrado en la “seguridad” y el autoritarismo; un Estado que se proyecta como un peligro para las clases populares y la sociedad entera. Sin embargo, la brutal y despiadada ofensiva del sarkozysmo ha encontrado una resistencia tenaz y combativa en las organizaciones del movimiento obrero “tradicional”. La ofensiva de la derecha neoliberal consistió en el desmantelamiento del Estado social, las privatizaciones a ultranza, el alineamiento internacional con la reintegración en la Otan, al mismo tiempo que la destrucción de las fortalezas obreras : el “cinturón rojo” de París, los baluartes obreros tradicionales del Norte y el Este.
Empero, el movimiento sindical, debilitado y con fuertes sectores reformistas que solo esperan obtener migajas con las negociaciones, como la CFDT, por ejemplo, sigue teniendo un enorme poder de convocatoria de masas: las recientes huelgas y manifestaciones lo demuestran. El nivel de sindicalización es uno de los más bajos de la historia, pero cuando las organizaciones convocan a la huelga, millones responden. Si las bases radicalizadas, como es el caso frecuentemente, siguen presionando a las direcciones que titubean, los sindicatos pueden representar el mejor y más sólido instrumento – para no decir el único, al menos por ahora – con capacidad para frenar la ofensiva capitalista.
Otra gran incógnita radica en la juventud de los barrios periféricos, esos que estallaron con violentas acciones, quemas de autos, destrucción de servicios públicos, enfrentamientos con las fuerzas policiales. El relativo “silencio” de esta capa social, que soporta el mayor peso de la crisis capitalista - la desocupación del sector llega al 50 % -, así como su ausencia en la protesta social, por ejemplo, indican otro aspecto de la fractura social. De hecho, no se sienten representados por nadie, ni por los partidos ni por los sindicatos. Sin embargo, los gérmenes de revuelta – la rabia, el odio contenido, la otra cara de la violencia social a que están sometidos - pueden estallar en cualquier momento. El sarkozysmo no ha hecho nada para mejorar esta situación, sino todo lo contrario. El desmembramiento de las relaciones sociales, de la familia y la solidaridad de clase, el deterioro de las condiciones de vida, no dejan mucho margen. Solo queda la marginalidad, el trabajo precario y subterráneo, la atomización social. Al fin de cuentas, la pérdida de toda perspectiva y, peor aún, de toda esperanza. Para la juventud de los banlieues el Estado - o sea todo lo que aparezca con uniforme, cualquiera que represente la “autoridad - se ha convertido en un enemigo. No sorprende, pues, su radicalización, sino lo contrario : lo que sorprende es por qué no estalla con mayor frecuencia y virulencia.

Paradójicamente, la izquierda política en sus variados matices – y con responsabilidades también diversas – no parece estar en condiciones para aprovechar esta coyuntura. El descrédito del Partido Socialista - buena parte de su dirección ganada al social-liberalismo - no representa un proyecto creíble. Sigue siendo la principal fuerza de oposición electoral - basada en sectores de las capas medias – pero no ofrece alternativa alguna: el fracaso de su gestión en el gobierno, el abandono de toda perspectiva aún de reforma del capitalismo, el abanderamiento (con pocas excepciones) por la Unión Europea neoliberal, son un ejemplo. Otra cosa, por cierto, sería minimizar su rol de oposición con el viejo prejuicio: izquierda = derecha. El precio pagado por la política “clase contra clase”, como se la llamaba en otros tiempos, ha tenido siempre nefastas consecuencias.
Por otra parte, los esfuerzos por organizar una “izquierda de la izquierda”, como el caso del Front de Gauche (PCF, Parti de Gauche y Gauche Unitaire) tampoco obtiene los resultados esperados. El Frente de Izquierda no logra polarizar una amplia capa social, ni mucho menos organizarla. Su fuerza principal, el PCF, acaba de recibir un duro golpe con la renuncia colectiva de 40 importantes cuadros, entre ellos Patrick Braouezec, diputado de Saint-Denis, Pierre Mansat, adjunto del alcalde de París, Pierre Zarka, veterano director de L’Humanité, Jacqueline Frayse, diputada de Hauts-de-Seine, el historiador Roger Martelli y el filósofo Lucien Sève. Este núcleo no renuncia a formar parte de la izquierda radical, pero encuentra que la forma “partido” tiene que ser superada. Algunos de sus miembros integran la Federación por una alternativa social y ecológica (Fase), una de las asociaciones que han emergido en este período. Otras fuerzas de la izquierda radical como el NPA, manteniendo una participación en las luchas sociales, no logra aún superar una concepción “vanguardista” que los confina, lamentablemente, en un aislamiento político estéril. Su fracaso en las elecciones regionales de marzo pasado (2,5 %) ha precipitado incluso una nueva crisis, que no deja de ser saludable, al menos si va en el sentido de una política de frente único, válida como nunca.
Es posible que las movilizaciones en curso contribuyan a dinamizar esta perspectiva. Sin esperar el “asalto a los cielos”, al menos para reforzar la resistencia contra la ofensiva de la derecha reaccionaria, reinventando al mismo tiempo formas nuevas de participación política, elaborando una estrategia para el cambio social. El movimiento en curso demuestra que cambios profundos son posibles, mientras dure y se acreciente su permanencia.
En ese sentido, las “concesiones” de Sarkozy luego del 7 de septiembre – manteniendo su intransigencia para imponer los 62 años – no lograron contener la protesta y la revuelta contra su política. Una mayoría de las organizaciones sindicales – seis, con excepción de FO y Solidaires que exigen el retiro total del proyecto – han decidido una movilización el 15 de septiembre, y la Intersindical una huelga y manifestaciones el 23. La presión desde abajo es muy fuerte, como por ejemplo en ferroviarios, donde Sud-Rail, con fuerte presencia, exige un programa de huelga reconductible.
El proyecto de contrarreforma jubilatoria será aprobado por los Diputados el 15 de septiembre, pues disponen de una amplia mayoría, y seguramente el Senado lo confirmará, pero entre la legalidad y la legitimidad el abismo se hace insondable. En una entrevista al diario Le Monde, el responsable de la CGT, Bernard Thibault, lo advierte claramente. La intransigencia del gobierno, dice, puede conducir “de un bloqueo, a una crisis social mayor”. En los próximos tiempos, pues, se juega una partida esencial para el porvenir de Francia y también para el resto de Europa. ¿Habrá llegado quizá la hora del redoble de campanas para Sarkozy y su banda? Es de esperarlo, pues caso contrario, las campanas pueden tocar para otros.- París, 10 de septiembre de 2010.
Hugo Moreno, miembro del Comité de Redacción de SinPermiso, es docente-investigador en Ciencias Políticas en la Universidad de Paris 8 (Vincennes à Saint-Denis).

Las acusaciones de Lozano Alarcón

Néstor de Buen
Leo en Entorno Laboral, una buena revista de información sobre temas de derecho del trabajo (no. 1587, tercera época, p. 2), que Javier Lozano –quien entretiene sus ocios actuando como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)– afirma que los integrantes del sindicato minero son unos delincuentes y arbitrarios al impedir el acceso al yacimiento de Cananea, en Sonora, e impulsar una huelga derivada de un paro ilegal de labores en la mina El Cubo, de Guanajuato.
Me temo que el problema es de Lozano y deriva de su supina ignorancia del derecho del trabajo, lo cual, además de las consignas que recibe o inventa, hace que su conducta y la de su subordinada, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sean absolutamente violatorias de la ley.

En Cananea existe el ejercicio del derecho de huelga desde hace ya mucho tiempo. Lozano promovió en la junta federal de conciliación un conflicto artificial con el propósito de dar por concluidas las relaciones de trabajo, que fue resuelto conforme a sus instrucciones declarándolas terminadas. Pretendió con ello terminar con el estado de huelga, y es ahí donde se manifiesta su ignorancia, si no es que su mala fe.

A Lozano se le olvidó leer la Ley Federal del Trabajo, en particular lo establecido en el artículo 469, que clasifica los motivos de terminación de la huelga, a saber: por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones; si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores; por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes, y por laudo de la junta de conciliación y arbitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisión.

En el caso de Cananea no se ha dado ninguna de esas causales, por lo que el estado de huelga subsiste.

Con respecto a El Cubo, el tema de Cananea no tuvo nada que ver. Aparentemente ya ha sido resuelto, pero en todo caso es un fenómeno que se presenta con frecuencia en el mundo laboral cuando los trabajadores, desconfiados con toda razón del actuar de las autoridades, deciden las cosas por sí mismos y hacen paros. Suelen ser más eficaces que los emplazamientos a huelga. No constituyen delito alguno y, en todo caso, los trabajadores arriesgan la estabilidad en el empleo. Aunque están concientes de que cualquier represalia, como un despido colectivo, lo único que logra es paralizar la empresa.

Es evidente que las declaraciones de Lozano, que se supone es abogado, pueden implicar una responsabilidad penal, ya que está imputando al sindicato la comisión de delitos. No es mi materia y, por tanto, desconozco si el sindicato procederá a denunciarlo.

El conflicto minero es ya de largo alcance. Pone en evidencia una alianza del gobierno con las empresas, en especial en Cananea, y también que la STPS olvida que entre sus funciones, la de conciliar los conflictos es de las más importantes. Sin embargo, no ha intentado ni por casualidad reunir a las partes para concluir el problema. El sindicato minero se ha mostrado siempre propicio a llegar a una conciliación, fundamentalmente mediante la Secretaría del Trabajo, pero también aprovechando las relaciones personales de sus abogados con los que representan a las empresas, sin resultados, hasta ahora.

No conozco abogados que se opongan a resolver los conflictos en forma directa y no mediante juicios eternos y de resultados inciertos. No es tanta la confianza en el Poder Judicial y mucho menos en las juntas de conciliación, que son organismos de claro origen fascista y dependen plenamente de los poderes ejecutivos. Pero, además, es cuestión de tiempos y es bien sabido que la administración de justicia, tanto por razones de observancia de las garantías constitucionales que obliga a jueces, magistrados y ministros a escuchar a los interesados, como por el volumen de los asuntos a su cargo, generan juicios de interminable duración, con la combinación complicada de apelaciones o amparos de dos instancias. Por ello la conciliación es siempre deseada y las autoridades deben procurarla, lo que no hace la STPS.

Javier Lozano debería reconocer que es su deber buscar la conciliación. Pero me temo que su íntimo deseo es dañar al sindicato minero, que ha tenido el atrevimiento de objetar a fondo su conducta. Por supuesto que no lo logra.

Fuente

Los festejos por el bicentenario de la Independencia nacional pasarán a la historia como una fiesta efímera, de la que nada quedó, advierte la historiadora Patricia Galeana

En lugar de ese festejo carísimo habría sido mejor abrir una nueva universidad pública, dijo, y recordó que aun en el régimen dictatorial de Porfirio Díaz se conmemoraron los 100 años de la gesta libertaria nacional con obras importantes, la mayor de ellas la construcción de la Universidad Nacional de México (hoy UNAM).
Aún más, consideró que el gobierno de Felipe Calderón usó la celebración de los 200 años de la Independencia como una cortina de humo. Deploró que se haya montado un circo y un espectáculo de necrolatría sacar los restos de los héroes patrios, entre ellos los de Hidalgo, Morelos y Allende, de la Columna de la Independencia –donde los depositó el entonces presidente Plutarco Elías Calles– para exhibirlos públicamente.
Secretaria técnica de la Comisión del Senado para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, la doctora Galeana precisa que las críticas las formula no como integrante de ese organismo senatorial, sino en su calidad de ciudadana, universitaria y estudiosa de la historia.
Por principio, explica, las actividades en torno al bicentenario comenzaron tarde, ya que otros países del continente crearon desde el año 2000 sus comisiones para celebrar también sus 200 años de independencia de España, además de que establecieron programas muy específicos:
Venezuela se centró en la unión latinoamericana; Bolivia puso el énfasis en la realización de actividades para las comunidades indígenas; Ecuador en alcanzar las metas del milenio. En Argentina se dieron premios a quienes pudieran presentar propuestas encaminadas a resolver los grandes problemas nacionales.
“Eso hubiera sido muy bueno en nuestro país, pero aquí se ha invertido mucho en una fiesta efímera de la que no va a quedar nada. Hay que recordar que el gobierno totalitario de Porfirio Díaz dejó grandes obras públicas, desde el Palacio de Correos y Comunicaciones, hasta la Columna de la Independencia.
Dejó algo importantísimo, la UNAM donde se han formado los cuadros del país en todas las áreas durante esta centuria. Ahora no se está dejando nada y habría sido vital abrir una nueva universidad pública, porque tenemos 6 millones de jóvenes que no tienen acceso ni al trabajo ni al estudio”, pero en el gobierno federal no se les ocurrió.

Eso habría sido una forma digna de celebrar el bicentenario, en lugar de desaprovechar los recursos en una fiesta que tuvo corta vida.
La doctora Galeana lamentó que por un lado la administración de Calderón erogue más de 3 mil millones de pesos en un espectáculo televisivo, donde a falta de pan, circo, y que por otro, el Gobierno del Distrito Federal pretenda construir el monumento al elevador.
El gobierno capitalino, expuso, va a deshacer el Monumento a la Revolución, que es un edificio funerario, para convertirlo en mirador con cafetería. “¡Si eso es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones es verdaderamente lamentable!
“¿Tendrá que ver la aversión a las revoluciones que tiene la derecha con tan pobre celebración a nivel federal?
“Puede ser que por una parte les haya costado trabajo celebrar movimientos revolucionarios porque seguramente no están de acuerdo con todo lo que conllevan, pero también es un reflejo de la situación dramática que está viviendo el país. ‘Se usaron estas festividades como una cortina de humo, como un circo, porque no podemos decir que haya pan, sólo circo”.
En la entrevista, la doctora Galeana recalcó que en contraparte, en el Senado los festejos del bicentenario se han centrado en un proyecto editorial, que incluye hasta el momento la publicación de 20 títulos, uno de ellos la Constitución de 1917 en náhuatl y otras lenguas indígenas, además de la Historia jurídica de las instituciones, una obra en 32 volúmenes, uno por cada estado del país y el Distrito Federal.
Los académicos consideramos que la letra impresa sí perdura. Es una forma de dejar una huella de lo que esta generación pensó e interpretó de su pasado y de los esfuerzos para fortalecer a la ciudadanía, vía el conocimiento del marco jurídico que nos rige y de nuestra historia.

Fuente

Invitación a Presentación de Libro

Contribución - El Hubiera no existe.

Nuestro compañero Santos nos envía lo siguiente:

Despues de negar todo en este pais, desde la extincion de LFC por fines economicos, hasta la gran figura colosal de Benjamin Argumedo,ahora nos mandan propaganda del hubiera no existe. les mando mi singular punto de vista sobre el tema.

saludos a cabina.

Resistencia Km 75 Tepeapulco Hgo.