martes, 19 de octubre de 2010

CAMBIO DE FECHA DEL "AZTECAZO"

A todos nuestros compañeros, les avisamos que el Festival de la Resistencia. Estadio Azteca se ha cambiado de fecha.

AHORA SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2010.

NO FALTES!!!!

Responden electricistas a un artículo de Lozano Alarcón

El decreto de extinción de LFC violó la Constitución, insisten

Señor director:



Le solicitamos publicar en las páginas del semanario Proceso las siguientes apreciaciones y precisiones a los puntos de vista expresados por el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en un texto difundido el 11 de octubre con el título Artículo 16 (El Universal).

Lozano Alarcón reconoce que la base jurídica del inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) es una ley secundaria, particularmente el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Dice que para extinguir un organismo descentralizado como éste “no se requería, pues, de autorización del Congreso ni de ley que ordenase esa trascendente decisión. Era una paraestatal creada por decreto presidencial y, por decreto también, habría de extinguirse y liquidarse. Fue un acto de congruencia del Ejecutivo”.

Para luego agregar: “Mienten aquellos que afirman que atrás del decreto está la intención de privatizar la energía eléctrica”.

Dos incongruencias estallan.

En relación con la extinción de LFC, Lozano omite mencionar que Felipe Calderón violentó lo establecido en el artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el cual señala:

“En las leyes o decretos relativos que se expidan por el Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal para la creación de un organismo descentralizado se establecerán, entre otros elementos, (que) en la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación.”

LFC fue creada por el Congreso conforme a las facultades que le otorga la fracción X del artículo 73 de la Constitución, no como afirma Lozano en el sentido de que fue “una paraestatal creada por decreto presidencial”. Fue producto de una reforma al artículo cuarto transitorio de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), realizada por el Congreso en diciembre de 1989, el cual dispone concluir la liquidación de la antigua Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la creación de un nuevo organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo a su cargo la prestación del servicio público en la zona central del país. Esto lo ejecutó Carlos Salinas de Gortari el 8 de febrero de 1994, por mandato del Legislativo.

–Los hechos muestran que el principal objetivo de extinguir a LFC fue el despido injustificado de los más de 44 mil trabajadores, así como destruir al SME y, por consiguiente, no tener obstáculo alguno para la privatización de la industria eléctrica en la zona central del país. Hay dos hechos que confirman esta afirmación.

–Calderón, Lozano y las secretarías de Hacienda y de Energía violaron el derecho de audiencia de los trabajadores agremiados al SME, establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución, por cuanto que los trabajadores no fuimos oídos y vencidos en juicio, sino que de manera inconstitucional el gobierno asaltó con el Ejército y la Policía Federal las instalaciones, despidiendo injustificadamente y sin previo juicio a más de 44 mil trabajadores electricistas.

–Asimismo, en mayo de 2010, en el marco de la Cumbre Unión Europea-Latinoamérica realizada en España, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, empresa eléctrica trasnacional española, presentó un pliego petitorio denominado Declaración de Madrid, donde no tuvo empacho en demandar a Felipe Calderón “que se resuelvan los pequeños escollos” para la construcción de más plantas de generación eléctrica en nuestro país. Esos escollos para los empresarios son, por supuesto, los que representa el SME, el cual detuvo en 1999 y en 2002 las iniciativas presidenciales de Zedillo y Fox, respectivamente.

–Estas son algunas de las razones que motivaron la inconstitucional extinción de LFC. Lozano debería leer y entender el artículo 133 de la Constitución y enterarse de que las leyes secundarias no pueden contradecirla. LFC es una empresa propiedad de la nación, de acuerdo con lo establecido en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, por lo que el gobierno violó la misma al extinguir a esta empresa fundando su acción en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Ni siquiera esta ley secundaria la aplicaron con pulcritud, pues violentaron el artículo 15, como lo hemos demostrado.

Recomendamos a Lozano que al escribir su próximo artículo, como un ejercicio didáctico, lo titule Artículo 15.



Atentamente



José Manuel Pérez Vázquez,
Alberto González Bárcenas,
Óscar Leslee Figueroa,
Jorge Luis Vargas Carrasco,
José Luis Hernández Ayala,
Iván F. Amezcua Cano
y David Miranda Pérez
(responsable de la publicación)

México: El arco del triunfo

Laura M. López Murillo (especial para ARGENPRESS.info)


En algún lugar de la prepotencia, en el territorio inhóspito de la heroica República del Gandallismo pululan los energúmenos infrahumanos que envestidos de cinismo se pasean bajo el Arco del Triunfo...

En los albores de la civilización, cuando el poder se adquiría luchando, invadiendo y conquistando, la admiración y la gratitud de los pueblos condujeron a la exaltación de las victorias militares; ese fue el origen de los arcos triunfales que honraban a los generales romanos.


Pero nada es para siempre. Y los héroes son cada vez más escasos y las victorias militares son devastadoras y deleznables. Y la gloria excelsa de los héroes victoriosos que desfilaron ante la aclamación popular ha devenido en un eufemismo que describe una vulgar costumbre de la clase política que ejerce el atributo auto-conferido de burlar las leyes. Ungidos con la impunidad, esta élite aborrecible posterga, elude y burla las leyes. Desfilaron por el Arco del triunfo los preceptos jurídicos ignorados y eludidos por todos los involucrados en la misteriosa aparición en el Congreso del diputado Julio César Godoy, en la descarada ceremonia de su toma de protesta y en la asunción del fuero que ahora lo sobreprotege.


Deambula por arcos triunfales la procuración de justicia, demeritada por todos los que usan, y abusan, del poder judicial para defender intereses partidistas , reduciendo la procuración de justicia a la ejecutoria de los caprichos y obsesiones del Ejecutivo. Vgrs: Las controversias interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Procuraduría General de la República impugnando la constitucionalidad de la despenalización del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo y del derecho de adopción por parejas homosexuales, entre otros casos, exhibe a este órgano como un apéndice del ejecutivo, como la espada de fuego que defiende al criterio obtuso y anacrónico de una elite que no gobierna, administra.


La pasarela triunfal se repite una y otra vez, trastornando varios rubros del erario y en circunstancias tan inverosímiles como el carnaval deportivo montado en el Paseo de la Reforma para conmemorar el bicentenario de la Independencia que reprodujo la estampa de una república bananera extraída del surrealismo; dicen que el gran ausente fue Melquiades con su exhibición de hielos danzantes.
Hoy por hoy, la parte siniestra de la condición humana ha derrotado a los afanes sublimes, y ahora, lo que alguna vez representó el agradecimiento y la honra de los pueblos se interpreta como una vulgar costumbre de eludir las leyes y pitorrearse de ellas, porque es aquí, en el territorio inhóspito del Gandallismo donde pululan los energúmenos infrahumanos que envestidos de cinismo pasan por el Arco del Triunfo todo aquello que juraron respetar y defender...


Laura M. López Murillo es Licenciada en Contaduría por la UNAM. Con Maestría en Estudios Humanísticos, Especializada en Literatura en el Itesm.

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México: “Alianzas transas”

Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)


Las llamadas “alianzas antinatura”, porque obvio no pueden ayuntar la izquierda con la derecha, ya lo dijo Perogrullo: el agua y el aceite no se mezclan, o “alianzas con ofensas”, porque desde que salieron y pese a que hayan ganado en tres estados con candidatos prestados de militancia priísta, a diario se incomodan, se insultan y se ofenden, ahora ya se les conoce como las “alianzas transas”, que todo lo trastocan, lo congestionan y lo difuminan.

Lo grave es que toda esta acción diseñada en propio y exclusivo beneficio de las dirigencias de los partidos de la Revolución Democrática, con “Los Chuchos” a la cabeza y como director de orquesta Manuel Camacho Solís, y Acción Nacional, con la égida del propio Felipe Calderón Hinojosa y su gerente en turno, por ahora César Nava Vázquez, va en agravio directamente de las instituciones, de los partidos mismos, de la incipiente democracia y en consecuencia del pueblo que con sus impuestos se le obliga a pagar todo este desorden impulsado por el interés del poder por el poder mismo.


Las baterías de los aliancistas, muy disminuidas por la actitud de congruencia de los líderes morales históricos del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador quienes se mantienen firmes en no aparejarse con la derecha, van ahora dirigidas contra el gobernador Enrique Peña Nieto y no les importa llevarse entre las patas al Congreso del Estado de México, hoy por hoy modelo en todo el país.


Expliquémonos: en entrevista televisiva con “Libertas, periodismo por un México nuevo”, Ernesto Nemer Álvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que de poco más de 400 iniciativas que se han presentado, 330 han sido aprobadas, de las cuales 240, que representan el 80 por ciento, por unanimidad de votos, es decir, la mayoría priísta ha marginado su maquinaria de fuerza para dar preferencia al diálogo y a la negociación.


Este punto de equilibrio en el Congreso mexiquense ha sufrido cuando menos un quebranto con el albazo dado al diputado perredista de amplia y limpia trayectoria, Ricardo Moreno Bastida quien a mansalva y en ausencia fue destituido como líder legislativo de la bancada del PRD por oponerse a una alianza entre el PRD y el PAN, además de identificarse con el grupo que respalda el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, acción ordenada desde el centro por Jesús Ortega Martínez, presidente formal del Sol Azteca.


Además el PRD pierde a un líder de esa naturaleza, ya que Ricardo Moreno Bastida de inmediato envió su carta-renuncia al dirigente nacional perredista, Ortega Martínez, a quien le subrayó que la decisión de aliarse con el blanquiazul en varias entidades incumple los acuerdos del último Congreso Nacional del PRD y “trastoca tanto el objeto como la lucha de nuestro partido”.


Andrés Manuel López Obrador, además, acusó a los dirigentes nacionales del PRD de que “transaron con Calderón la alianza con el PAN” en el estado de México, porque quieren hacernos a un lado para que en 2012 sean en los hechos, PRI y PAN. “Nada más que no nos vamos a rajar ni nos vamos dejar”.


López Obrador, es en consecuencia el autor del nuevo calificativo a las “alianzas antinatura” o “alianzas con ofensas”, son en verdad “alianzas transas” que no respetan acuerdos, principios, ideologías, luchas, historia, sangre derramada de sus mártires. Si no son capaces de respetar a sus militantes mucho menos al pueblo sufragante.


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México deberá responder por negligencia en Pasta de Conchos

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)


En un plazo de dos meses, el Estado mexicano tendrá que explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las violaciones a los derechos humanos de los 63 mineros caídos en el yacimiento Pasta de Conchos, Coahuila y de sus familias.

El director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Carlos Rodríguez, informó que el pasado 24 de septiembre, la CIDH notificó que “ha corrido traslado al gobierno de México”, es decir que solicita las observaciones del Estado acerca de la queja que presentaron ante este tribunal, viudas y familiares de los mineros caídos.


La CIDH le dio un plazo de dos meses al Estado mexicano para que “responda a las pruebas, evidencias y documentos que hemos presentado, mismos que muestran la negligencia de las autoridades y de la empresa Minera México”, no sólo en el momento del rescate, sino en el acceso a la justicia de las víctimas, dijo a CIMACNOTICIAS.


Además de la rendición de cuentas ante la CIDH, el Estado mexicano tendrá que presentarse, del 25 de noviembre al 10 de diciembre en la OIT, durante la reunión de Comisión de Expertos, para informar acerca de lo que ocurre en la “minería informal” en la región carbonífera del norte del país.


Carlos Rodríguez calificó estas fechas, como la oportunidad de que Felipe Calderón realice el rescate de los restos de los mineros atrapados desde el 19 de febrero de 2006, “que ponga el mismo empeño que tiene en su guerra contra el narcotráfico, en esta causa humanitaria, para que, con ello, se coloque a la estatura del presidente de Chile, Sebastián Piñeira”.


Desprecio por mineros y sus familias


El director de Cereal afirmó que la diferencia entre las empresas y autoridades chilenas y mexicanas, se sintetiza en que “allá mostraron su solidaridad para con los trabajadores y aquí su desprecio”, ejemplo de ello es que ni el mandatario Vicente Fox, ni Felipe Calderón encabezaron los trabajos del rescate.


Con el rescate de los 33 trabajadores de la mina San José, en Chile, las familias de los carboneros fallecidos en Coahuila, “tuvieron una reacción de pesar y enojo, pues se cuestionan ¿porqué en México no ocurrió lo mismo? ¿porqué no barrenaron para liberar metano y localizarlos?”, mencionó Carlos Rodríguez.


También, les indigna que la política de Minera México se basó en mentiras, “simularon un rescate, cuando en realidad no sabían dónde estaban los mineros”.


De acuerdo con el director de Cereal, para las viudas y familiares el sufrimiento no ha cesado, “primero por el accidente, después porque los dieron por muertos y decidieron no rescatarlos, y cuando ya llevaban un tercio de los trabajos para recuperar los restos, la empresa decidió parar”.


Además de los 65 mineros muertos, de los que sólo dos fueron rescatados, entre las víctimas del siniestro están más de 160 huérfanos, que en ese momento eran menores de edad, así como alrededor de 10 personas afectadas por cada uno de los carboneros caídos.


“Diferencias abismales”


La disparidad entre el actuar de las autoridades chilenas y las mexicanas frente a un siniestro como el que ocurrió en agosto pasado en Sudamérica, son “abismales”, señalan en comunicado de prensa organizaciones solidarias con las víctimas de Pasta de Conchos.


En principio, Minera México, propiedad de Germán Larrea, agotó la búsqueda de los mineros en menos de dos días y los declaró muertos en menos de cinco, sin haber instalado “equipo de monitoreo sísmico que ubicara a los mineros con precisión”.


La empresa, cuyas ventas sumaron 14 mil 98 millones de dólares entre 2006 y 2007, no entregó a las cuadrillas de rescate “información confiable y temprana como planos digitales actualizados, una red de sensores de gas y señales de comunicación y rastreo de los mineros”, mencionan las organizaciones con base en el dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.


Y aseguran que en el país se rescató a la empresa, presidida por Javier García de Quevedo y, en Chile, a los trabajadores, ya que el gobierno no emplazó a Minera México a cumplir con su obligación constitucional de hacerse responsable del accidente de trabajo, como lo señala el artículo 123.


De igual modo, en abril de 2007, cuando la empresa unilateralmente suspendió las labores de recuperación de los restos, Javier Lozano, secretario del Trabajo, “jamás pidió a la empresa probar su dicho”.


Además de su determinación de no rescatar a los mineros, el Estado mexicano se opuso a todos los recursos jurídicos empleados por las familias en busca del esclarecimiento de los hechos y la recuperación de los restos de sus seres queridos.


Otra diferencia es que Minera México no invirtió sus utilidades netas, que entre 2006 y 2007, fueron de 3 mil 422 millones de dólares, en rescatar a los 63 trabajadores del carbón, pero sí los destinó para “intentar callar a las familias”.


Las organizaciones, entre ellas Cereal y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, refieren que el salvamento de los mineros en Chile fue “más barato y eficaz”, ya que mientras en ese país destinaron 22 millones de dólares para el rescate, Minera México designó 29.3 millones de dólares (.85 por ciento de las utilidades netas de la empresa del par de años referidos) en “reparación del daño por minero muerto” y “ayuda humanitaria”.


Por último, aclararon que es falso el dicho del secretario del Trabajo, quien asegura que por el gas en las minas de carbón es imposible realizar el rescate, pues antes y después de Pasta de Conchos, se han rescatado a todos los mineros fallecidos desde 1902, después de explosiones, inundaciones, o derrumbes en las mina de este tipo.

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Bloquean maestros de Guerrero la Autopista del Sol

Sergio Ocampo Arista,, corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 19 de octubre de 2010, p. 34
Chilpancingo, Gro., 18 de octubre. Alrededor de 5 mil integrantes de la disidente Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) bloquearon cuatro horas la Autopista del Sol México-Acapulco para exigir al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo respuesta a su pliego petitorio, que incluye la demanda de 90 días de aguinaldo a jubilados.

Los inconformes marcharon desde el del sur de esta capital, entregaron un documento con sus peticiones en el Congreso local y durante más de 40 minutos caminaron por la Autopista del Sol, donde al mediodía cerraron los cuatro carriles y dejaron decenas de vehículos varados.

El dirigente de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, dijo que sus principales demandas son el pago de 40 millones de pesos del plan de Previsión Social destinados a préstamos para vivienda; aumento de 12 por ciento al presupuesto para educación, y cancelación de órdenes de aprehensión contra dirigentes del magisterio.

En entrevista, mencionó otras peticiones: suspensión del pago de salarios con tarjeta electrónica, mejor atención en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creación de la Subsecretaría de los Pueblos Indígenas como parte de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) y el otorgamiento de plazas de maestro para decenas de escuelas que están cerradas, principalmente en la región de la Montaña.
Aproximadamente a las 16 horas los manifestantes concluyeron su protesta y se trasladaron al local de la CETEG, donde discutirían su plan de acción para presionar a las autoridades educativas, que según Juárez Ocampo carecen de voluntad política para resolver el conflicto.

Desalojan a 17 jóvenes de la casa de estudiante de la UAG

Al menos 17 moradores de la casa del estudiante 10 de Junio, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), fueron desalojados en el primer minuto de este lunes por unos 50 simpatizantes de la Coordinadora de Lucha Universitaria (CLU), que iban encapuchados, denunció Lenin Vázquez Ramírez, uno de los afectados. Responsabilizó a Aurelio Vázquez Villanueva, uno de los líderes de la CLU, y pidió la intervención del rector de la UAG, Ascencio Villegas Arrizón.

En tanto, dirigentes estudiantiles de la Normal Rural de Ayotzinapa anunciaron el reinicio de movilizaciones porque la SEE redujo el cupo de 140 a 130 alumnos y se niega a reconocer 13 matrículas para estudiantes de nuevo ingreso. Además acusaron al titular de la SSE, José Luis González de la Vega, de “jinetear” recursos que envía la Federación para la alimentación de los 522 estudiantes

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Chávez firma acuerdos con el presidente de Ucrania en materia energética y aeronáutica

Afp y Dpa

Periódico La Jornada
Martes 19 de octubre de 2010, p. 26
Kiev, 18 de octubre. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firmó este lunes con su homólogo de Ucrania, Viktor Yanukovich, una serie de acuerdos en materia energética y aeronáutica, así como para la apertura de sedes diplomáticas en cada territorio, con lo cual concluyó su vista a este país e inició su gira por Irán.

Uno de los convenios firmados facilitará el transporte de crudo venezolano hacia Bielorrusia, a la vez que permitirá a Kiev participar en la producción de hidrocarburos en el país sudamericano.

“El presidente Hugo Chávez y yo hemos convenido que Ucrania va a extraer petróleo y gas en territorio venezolano”, declaró Yanukovich durante una rueda de prensa con su invitado.

Ambos mandatarios abordaron además el tema del transporte de petróleo venezolano a través de Ucrania hacia Bielorrusia, su vecina, que comenzó en mayo.

Actualmente el transporte de crudo se hace con cisternas desde Odessa, en el Mar Negro, pero Venezuela espera utilizar en breve el oleoducto ucraniano que comienza en ese puerto y discurre por territorio ucraniano.

Un contrato firmado el sábado con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, estipula la compra a Venezuela de 30 millones de toneladas de petróleo durante el periodo 2011-2013.
La visita de Chávez también tuvo como objetivos profundizar la cooperación bilateral en las áreas de aeronáutica, defensa, alimentación y educación.

Chávez y Yanukovich acordaron iniciar relaciones bilaterales con la próxima apertura de embajadas en ambos países. El presidente venezolano precisó que la sede diplomática de su país en Kiev abrirá “en los próximos días”.

Por la noche, presidente venezolano llegó a Irán, país con el que, aseguró, las relaciones son sólidas y profundas. Agregó que con su par iraní, Mahmud Ahmadinejad, conversará sobre “las tensiones que el imperialismo genera” en la república islámica por su presión sobre el plan de energía pacífica de Teherán.

En otro orden, Petróleos de Venezuela (PDVSA) indicó en Caracas que la venta de sus acciones en la alemana Ruhr Oël al conglomerado ruso Rosnett obedece a que ese era un “mal negocio” que “nunca rindió ganancias”.

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Proyecto Censurado 2011 # 22: India identifica biométricamente a 1.200 millones de ciudadanos

Randeep Ramesh (GUARDIAN), Anjana Pasricha (VOANEWS) y Rama Lakshmi (WASHINGTON POST). Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)


1.200 millones de ciudadanos de la India están cerca de recibir tarjetas biométricas de identificación, que contendrán su nombre, edad, fecha de nacimiento, así como muestras de huellas dactilares o del iris, aunque no la casta ni la identidad religiosa. En el plazo de los próximos cinco años, un ordenador gigante procesará los detalles personales de por lo menos 600 millones de habitantes, convirtiendo a este nuevo sistema de tecnología de la información en el más grande del mundo, a un costo estimado de 3.500 millones dólares para el proyecto. Altos funcionarios dijeron que 600 millones de indios recibirán un número de identidad de 16 dígitos antes de 2014, en la primera fase del proyecto.

El país burocrático indio es legendario: Los ciudadanos tienen docenas de tipos de verificación de identidad, extendiéndose desde los censos electorales a las tarjetas de racionamiento, pero casi ninguno puede tener validez universal. El nuevo sistema será una prueba nacional de identidad eficaz para todo, desde beneficios sociales a la puesta al día de registros de tierras, en una nación donde el 42% de su población está por debajo del umbral de pobreza y los ciudadanos se mueven con frecuencia en busca de trabajo. El gobierno cree que el sistema de identificación ayudará a la población a reducir sus problemas al identificarse con un número biométrico de identidad para requerir los servicios de departamentos gubernamentales, oficinas, hospitales, compañías bancarias, así como seguros, licencias de conducir, tarjetas de crédito y de telecomunicaciones. Los funcionarios indios también esperan atraer a más gente al sistema bancario para aumentar el número de personas que paga impuestos sobre la renta, que actualmente se colocan en el 5%.


La jefa de la ONG Oxfam en India, Nisha Agarwal, dijo que la falta de verificación de identidad es un problema grave, especialmente para los nómadas urbanos. Como consecuencia, quedan excluidos de docenas de programas gubernamentales que ofrecen comida más barata, trabajos y otras ventajas para la gente pobre. “Siguen tratados como nómadas temporales y, sin ese trozo de papel, o cierta forma de identificación, no pueden tener acceso a muchos esquemas de ayuda social del gobierno que existen ahora y están dotados de importantes fondos que realmente podrían diferenciar mucho las vidas de la gente pobre”.


El esquema fue creado por Nandan Nilekani, uno de los magnates del software de la India y ahora el muy conocido jefe del único servicio de identificación de la nación. “Vamos a tener que construir algo a la escala de Google, pero cambiará el país… cada persona, por primera vez [será] capaz de probar quién es él o ella”. “No estamos prontuariando a mil millones de personas. Esto proporcionará una base de datos de identificación que posibilitará al gobierno el acceso en línea. Habrá controles y equilibrios para proteger identidades”, aseguró Nilekani, quien también ha estado en negociaciones para crear una cuenta personalizada de carbono, de modo que todos los habitantes indios puedan llegar a comprar “tecnologías verdes” usando un subsidio estatal.


El gobierno también planea utilizar la base de datos para supervisar transacciones bancarias, compras por teléfono celular y movimientos de individuos y de grupos sospechosos de fomentar el terrorismo. En enero de 2010, el ministerio de Asuntos del Interior comenzó a recoger detalles biométricos de la gente de pueblos costeros para impulsar la seguridad, porque los autores de los ataques de 2008 en Bombay, que mataron a 165 personas, se escabulleron del país por el mar.


Los críticos dicen que el proyecto convertirá a la India en un estado policial de tipo orwelliano que espiará las vidas privadas de los ciudadanos. “No queremos un intruso, ni un estado de vigilancia en la India”, dijo Usha Ramanathan, abogado que ha escrito y hecho lobby contra el proyecto. La “información sobre la gente será compartida con agencias de inteligencia, bancos y compañías, y no tendremos ninguna idea de cómo se interpreta y utiliza nuestra información”. Los luchadores por la libertad civil temen que la tarjeta se convierta en una herramienta de represión. Nandita Haskar, abogado de derechos humanos, dijo: “Ya no hay responsabilidad respecto a violaciones de los derechos humanos y civiles. En esta atmósfera, ¿cuál es el mecanismo omitido para esta clase de vigilancia?”


La inmersión de la India en la identificación biométrica aparece cuando otros países alrededor del globo están haciendo exactamente lo mismo. En 2006, Gran Bretaña aprobó un sistema de identificación nacional obligatorio con huellas dactilares de sus ciudadanos enfrentando la oposición que condujo al gobierno a reducir sus planes a un programa piloto voluntario que comenzaría en Manchester. Senadores de EEUU han propuesto exigir que todos los ciudadanos e inmigrantes que quieran trabajar en el país porten consigo una nueva tarjeta de Seguridad Social de alta tecnología, con huellas dactilares como parte de un control exhaustivo de inmigración.


Fuentes:
– Randeep Ramesh, “1.2 billion People in India to be Given Biometric ID Cards,” Guardian UK, September 16, 2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/16/india-population-biometric-id-cards
– Anjana Pasricha, “India Begins Project to Issue Biometric Identity Cards to All Citizens,” Voice of America News, September 24, 2009,
http://www1.voanews.com/english/news/a-13-2009-09-24-voa18-68709357.html
– Cobertura de medios corporativos:
Rama Lakshmi, “Biometric identity project in India aims to provide for poor, end corruption” Washington Post, March 28, 2010; page, A-8


Estudiante investigador:
Danielle Caruso, Sonoma State University


Evaluador académico:
Rashmi Singh, Sonoma State University

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Se agota el tiempo para Mexicana; difícil, reanudar en diciembre

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Martes 19 de octubre de 2010, p. 31
Cada vez se ve más difícil que Mexicana de Aviación reinicie operaciones en diciembre, como se había previsto, estimó el subsecretario de Transportes, Humberto Treviño Landois, quien dijo que esta semana será “crucial”, pues “el tiempo se agota”. El funcionario de la SCT explicó además que la falta de acuerdos con los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra, así como con los inversionistas, han complicado la situación para capitalizar la aerolínea, y con ello el eventual reinicio de operaciones. “Digamos (que las condiciones actuales) son desfavorables para reiniciar las operaciones en diciembre, eso no lo podemos ocultar. El tiempo prácticamente se nos acaba y a lo mejor sólo nos queda esta semana para hacerlo (en ese tiempo), pero cada vez se ve más difícil que en noviembre se pueda salir a vender boletos y en diciembre a operar”, dijo Treviño. Entrevistado luego de participar en la inauguración de la consulta pública para elaborar una nueva política aeronáutica, en la sede de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el subsecretario dijo sin embargo que “noviembre tiene 30 días y diciembre 31. Estamos estirando la liga para encontrar algún acuerdo; todos los días estamos en el tema, tratando se buscar alternativas. Esta semana será crucial”. La dependencia, aseguró, trabaja en buscar otras alternativas, pero el problema es la capitalización de la aerolínea. Por el momento, con los inversionistas las negociaciones están suspendidas; “el interés sigue ahí, pero no hay condiciones”, afirmó.

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El SME someterá al Congreso iniciativa que crea comisión de electricidad del centro

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Martes 19 de octubre de 2010, p. 41
Durante casi un año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha ejercido presupuesto de manera discrecional, “poco ortodoxa” y sin control, por el esquema confuso de contratación de empresas privadas que ha llevado a cabo para dar la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, advirtió el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Indicó que el uso de presupuesto sin control ha permitido a la paraestatal generar una “extendida trama de proveedores y contratistas provenientes de varios estados de la República que operan simultáneamente bajo su propia denominación comercial y de la CFE, y actúan como dependientes y gestores de una entidad pública sin mediar concesión”.

Además del uso ilegal de recursos públicos, ha dejado a los usuarios domésticos e industriales sujetos a malos servicios y cobros sin control, de los cuales nadie se hace responsable.

En su iniciativa de decreto para reformar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y crear la comisión de electricidad del centro –que será defendida por el gremio este martes en la Cámara de Diputados–, el SME sostiene que son cuantiosas las inversiones que la República ha realizado, por lo que es inadmisible que intereses privados determinen el crecimiento, rutas o expansión del sistema, y menos cuando se hace un uso poco claro del presupuesto para otorgar dichos contratos.
El SME advierte del riesgo de que la CFE otorgue contratos de largo plazo a consorcios internacionales para la prestación de servicios del sector eléctrico, los cuales “manipulan” las variables del mercado, u obligan a someter la infraestructura nacional a la planeación de consejos de administración extranjeros, lo que abre las puertas a un nuevo colonialismo energético y financiero.

Señala que la extinción de Luz y Fuerza del Centro no ha derivado en la creación de un organismo sustituto, por lo que la CFE operara con un esquema inaceptable desde el punto de vista constitucional, ya que una red de empresas privadas atiende instalaciones, infraestructura y solicitudes de servicio de la colectividad, cuando se trata de funciones exclusivas del Estado, “con cargo a recursos presupuestarios”.

El sindicato propone crear la comisión de electricidad del centro, regida por una junta de gobierno integrada por los secretarios de Hacienda, Desarrollo Social, Economía, Agricultura y Energía, y que las relaciones laborales se rijan por el contrato colectivo, suscrito por LFC con el SME, esto es, con los trabajadores que aún mantienen la relación laboral.

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Los de abajo

Gloria Muñoz Ramírez
San Luis Acatlán, Gro. La policía comunitaria de Guerrero llegó jubilosa a su 15 aniversario. No es para menos, pues aunque los retos y la problemática que enfrentan son muchos, se saben fuertes y apoyados por 69 comunidades de 10 municipios de la Costa Chica y La Montaña. El pasado día 15 esos pueblos salieron a las calles a aplaudir a su policía en su sede central, en San Luis Acatlán, cuna y sepultura del legendario guerrillero Génaro Vázquez.

Un desfile de 600 comunitarios, acompañados por más de 2 mil personas de localidades vecinas y miembros de organizaciones y luchas sociales, como los de Atenco, los triques del municipio autónomo de San Juan Copala, adherentes a la otra campaña, representantes purépechas de Cherán, Michoacán; ex trabajadores del SME y decenas de estudiantes y académicos que acompañan el proceso, catalogado como una de las más sobresalientes experiencias autonómicas en el país.

La práctica de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es ejemplo de “que los aparatos de seguridad y justicia del Estado están permeados por la corrupción, siendo incapaces de brindar seguridad e impartir justicia; y que su utilización ha sido facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales que levantan la voz para denunciar abusos y atropellos del gobierno y el sistema capitalista”.
El aniversario se aprovechó para reflexionar sobre problemáticas que enfrenta no sólo la policía comunitaria, sino gran parte del movimiento social que tiene como referente la autonomía: salud, educación, defensa del territorio, medios de comunicación, la participación de la mujer y soberanía alimentaria, entre otros. El eje central, sin embargo, fue la justicia y la seguridad comunitaria.

La celebración fue un acto que convocó a diversas organizaciones sociales. En ese contexto, a algunos sorprendió e indignó la presencia de Adolfo Orive, ex asesor de Francisco Labastida, secretario de Gobernación en los tiempos de Ernesto Zedillo en uno de los peores momentos de la represión contra las comunidades zapatistas. De Orive, el subcomandante Marcos dijo en 1998: “Y hablando de ex maoístas y ex radicales de ex izquierda, hoy flamantes asesores de los criminales de derecha (que iniciaron hablando como cacatúas y ahora, para esconderse, imitan al avestruz), el viejo Antonio tenía su propia versión de aquello del revolucionario y las masas y el símil con el pez en el agua, además de la estrategia de contrainsurgencia de ‘quitarle el agua al pez’ que hoy recomiendan los azorados asesores gubernamentales…”

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