domingo, 7 de noviembre de 2010

La sociedad está enferma; hay que rehacer al país

Domingo 07 de noviembre de 2010 Hilda Fernández Corresponsal | El Universalestados@eluniversal.com.mx
22 comentarios


Crítico de los abusos de poder y defensor de los derechos humanos de indígenas, migrantes y marginados, el obispo Raúl Vera López afirma que el Premio Rafto, que recibe hoy en el Teatro Nacional de Bergen, Noruega, es “una luz de esperanza”.

El prelado, de 65 años y quien presta sus servicios en la Diócesis de Saltillo, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL que ese reconocimiento internacional es una forma de hacer presión al gobierno mexicano “para que corrija las graves violaciones hacia los derechos humanos, que sus políticas injustas provocan”.

En la Casa de Ejercicios Lourdes, asegura que ni el Congreso de la Unión ni los políticos están funcionando y que es necesario “rehacer al país” con apoyo de los ciudadanos.

Sostiene que no se ha frenado la violencia, y que en regiones como Michoacán, Sonora y Tamaulipas, existen “estados fallidos”, donde gobierna el crimen organizado.

“Tenemos adictos porque la sociedad está enferma, estresada, sin libertad, tenemos que reconstruir el país”. Advierte que el problema de la migración no lo resolverán los países por separado.

Monseñor Vera López, quien muchas veces montó mulas hasta 12 horas para llevar la palabra de Dios a las comunidades indígenas, platica que le encanta ver el cielo estrellado del desierto de Coahuila y comer pescado fresco de la costa de Guerrero.

Comparte su más grande anhelo: que haya justicia para los pobres del mundo, para indígenas, migrantes, mujeres, obreros, trabajadores, niños, jóvenes y ancianos.



¿Qué representa el Premio Rafto?

Es un reconocimiento a los luchadores de derechos humanos que hay en México, donde en este momento hay una situación terrible de violencia y de falta de respeto a los derechos humanos; considero que esta es una forma de hacer presión sobre el gobierno mexicano para que corrija las graves violaciones hacia los derechos humanos.

Respecto a la ley SB1070, ¿qué le dice a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer?

Allá hay un exceso de poder y fuerza, porque ahora no sólo impiden que ingresen las personas migrantes, sino que se están yendo contra las personas que radican ahí, están separando las familias, lo que me dice a mí, que es una ley muy inhumana.

Hay toda una protección para los trabajadores migratorios en el campo internacional, entonces es una violación a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales que el día de hoy protegen a los migrantes y en EU todos llegan ahí por trabajo.

¿Qué demanda a los presidentes de México y Estados Unidos para resolver la problemática de la inmigración indocumentada?

El tema de la migración es un tema mundial y la migración no la vamos a resolver los países por separado, se tiene que resolver de manera regional y conjunta; hay que fortalecer los acuerdos internacionales, el derecho internacional, el derecho al refugio, a la protección que tienen personas extranjeras en un país, esto es algo que la iglesia reconoce.



¿Son suficientes las políticas públicas para proteger a los migrantes?

Hay políticas públicas en cuanto a que han quitado la criminalización de los migrantes, eso ya es una ventaja, han creado una visa temporal que incluso da derecho a trabajar para personas migrantes a quienes les han violado sus derechos humanos, pero no hay seguimiento para resarcir el daño si les han violado sus derechos, ni tampoco para reparar la justicia.

La política migratoria en México va dirigida a impedir que los migrantes sigan caminando y sigan viniendo para internarse en Estados Unidos, es un servicio más a los estadounidenses que un servicio a los pobres migrantes.



¿Qué le falta al gobierno de Felipe Calderón para garantizar la seguridad a los indocumentados?

Que se enjuicie a las personas que están secuestrando, torturando y extorsionando a los migrantes, que se acaben las casas de seguridad donde están secuestrados hasta 300 migrantes, que se enjuicie también y que se exijan cuentas a los policías, a los empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) y a los civiles que han violado los derechos y la integridad de los migrantes.

Se necesita que exista una persecución de parte de la justicia para quienes dañan a los migrantes y para quienes los están matando y secuestrando, pero también una cosa importantísima es que se le dé al migrante un documento que le permita no tener que viajar hacia Estados Unidos escondiéndose en los trenes, donde no se les garantiza ninguna seguridad a su vida.



El ex presidente Vicente Fox dijo que ya es tiempo de que el Ejército regrese a los cuarteles, ¿cree usted que ya deben volver?

Por supuesto, México no estaba preparado para enfrentar la violencia que desató la lucha contra el crimen organizado, entonces enfrentar esa violencia a través del Ejército no se puede eternizar.

Las fuerzas castrenses tienen muchas acusaciones de violación a los derechos humanos, ha sido públicos los asesinatos a familias, las desapariciones, nosotros tenemos unas desapariciones en Torreón, donde la gente vio desde sus casas que el Ejército se estaban llevando a las personas, entonces, los militares no pueden, no es su trabajo,

Se tiene que sustituir al Ejército por una lucha con el narcotráfico con prevalencia de la procuración de justicia, ya que es la que hará que se desmantelen todas las alianzas criminales con gobernantes, funcionarios, empresarios, instituciones bancarias que les lavan el dinero, tienen el crimen organizado, solamente vamos a desarticular esa complicidad cuando (los narcotraficantes) sean apresados, sean procesados.



Usted ha dicho que en México estamos en un estado fallido, ¿ya llegamos a la anarquía total?

El término de estado fallido es cuando son sustituidas las autoridades por los mandos del crimen, entonces hay espacios en México en donde las autoridades no tienen nada qué hacer. Nosotros estuvimos en el norte de Michoacán y nos dijeron lo mismo, entonces hay espacios en este momento en México donde la organización política está siendo sustituida por la ley de los criminales.



¿Estado de excepción?

Senadores como Santiago Creel proponen que se revise el artículo 29 constitucional para suspender las garantías individuales y decretar el estado de excepción, en lugares como Ciudad Juárez, Chihuahua, Laredo, Tamaulipas, y en otros municipios donde existe el crimen organizado.







¿Sí o no a la despenalización o la legalización de las drogas

Esto es otra cuestión que no es nada fácil de resolver, ya tenemos la experiencia de Estados Unidos con los alcoholes y con el negocio de los millonarios, todos los que se hicieron ricos con el whisky, creo que el caso de las drogas no solamente es el que se quieran legalizar, el tema es el consumo de la droga porque la sociedad está enferma, porque tenemos a la gente sin trabajo, en un estrés constante, porque se permite todo tipo de abusos a los empresarios, contra sus trabajadores y nadie hace nada.

Es muy alto el grado de corrupción que tenemos en las estructuras oficiales en donde todos impunemente pueden despedir a los obreros, como en el caso del decreto impune del Presidente de la República, (Felipe Calderón) que ha quedado en la impunidad el decreto ilegal con el que desbarató Luz y Fuerza del Centro, todo eso, todo esa gente que está en la calle, 44 mil empleados (desempleados) que deben estar en una situación espantosa, no es que la gente va a dejar, la gente va a seguir consumiendo drogas, o sea, el problema es mucho más integral.

¿Cómo alejamos a la gente de las drogas, con valores humanos y con unión familiar?

Con un mundo en donde el ser humano se sienta a gusto, en donde no tenga que evadirse ni huir a un paraíso falso, en un mundo donde la persona valga, se sienta en paz y viva en armonía con los demás, en un mundo sin el grado de violencia en el que nosotros estamos viviendo.



¿Tenemos participación social?

Yo veo que la gente está tomando conciencia, mucha más conciencia de la que debe ser un México sano.



¿Qué le decide al Presidente, a los funcionarios, a la gente?

Hay que organizar la base social, los ciudadanos son los que tienen que decidir cómo quieren que sea México, en mi concepto tenemos que rehacer el país y yo soy partidario de las opiniones de que tiene que haber una Asamblea Constituyente donde los mexicanos verdaderamente diseñemos el país que queremos.

Los miembros de las cámaras que en este momento están representados fuerzas políticas en donde ellos lo único que hacen es trabajar para sus partidos, para su fuerza política, para estar en el poder y desde ahí hacer todos los negocios que el día de hoy se hacen, como el negocio que se hace con el filamento óptico, en donde éste es concedido a unas compañías de telecomunicación y para que eso quede plenamente a su servicio, sin estorbo alguno.

En este momento ni el Congreso, ni los partidos políticos están funcionando para sacar a México de la situación que está, entonces tenemos que hacer un Congreso Constituyente que parta desde Asambleas Populares, desde donde se vaya recogiendo todo lo que queremos ser y cuando ya tengamos diseñado, el ideal del país que queremos, por la participación popular, entonces sí ese pueblo sin necesidad de los partidos políticos a través de asambleas, de consensos como hacen los indígenas, elegir a los representantes al Congreso.





Uno de sus mayores anhelos es que haya justicia para los indígenas, ¿cree que realmente la vaya a haber en un futuro cercano?

Que haya justicia para los pobres del mundo, entre ellos están los indígenas, los migrantes, las mujeres, los obreros, los trabajadores que el día de hoy son maltratados y despreciados, los jóvenes que no tienen derecho a escuela, no tienen educación, los niños no tienen alimentos, las familias, la pobreza en que vive tanta gente hoy, es muy duro, pero considero que si se realiza un trabajo en conjunto entre los líderes de diversos países podremos conseguir que se haga justicia a los migrantes.


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SME: una decisión de enorme importancia

Guillermo Almeyra


La decisión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de constituir una agrupación política nacional (APN) o si es posible incluso un partido y de llamar a un congreso social tiene una enorme importancia no sólo por el peso de las tradiciones del SME y de la Tendencia Democrática en el SUTERM, de Rafael Galván, y por el aporte de decenas de miles de obreros organizados a una lucha política, sino también porque el SME podría llegar a dar un eje político obrero a un movimiento de masas que arroje a la basura la política neoliberal y la oligarquía mafiosa que la defiende y construya las bases de una verdadera alternativa obrera, nacional y popular, no capitalista, que reanude la vía soñada por los zapatistas de Morelos, por los jacobinos constitucionalistas en la Revolución mexicana y por esa segunda ola de ésta, que fue el gobierno de Lázaro Cárdenas.

Si así fuere, México podría comenzar a completar su Independencia, jamás alcanzada, que el gobierno de Calderón transformó en dependencia extrema, y podría salir de una disputa entre programas y grupos con propuestas capitalistas, de mera alternancia en el poder, para empezar a construir una opción social y política.

Este congreso, con vistas a una Constituyente –si realmente fuese abierto y emprendiese sin cortapisas ni sectarismo una discusión sobre cuál es la fase en el mundo y en el país y cuáles son las tareas de quienes desean luchar por la liberación nacional y social–, podría evitar el fracaso sufrido por anteriores experiencias prometedoras, pero que se hundieron en el pantano de los compromisos o se derrumbaron debido a intereses sectarios.

Iniciativas como los Diálogos Nacionales o la APPO, sus antecedentes directos, deberían ser estudiadas para retomar el hilo de la acción, pero a la luz de las enseñanzas de las derrotas, que no deben amedrentar a nadie ya que, como decía Rosa Luxemburgo, el camino de la victoria está empedrado de fracasos.

El SME siempre ha hecho política y fue un factor importante en el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, robado por el fraude, en la resistencia a éste, en el intento de apoyarse en la población y de apelar a ella para revertir las medidas ilegales, inconstitucionales y represivas del "gobierno" de los grandes capitalistas que México padece. Sus militantes, además, por su energía y abnegación, se cuentan, con sus familias, entre lo mejor de una población mexicana desorganizada y en buena medida desalentada y despolitizada. Es, por tanto, herramienta fundamental de los trabajadores y del pueblo mexicano no sólo para discutir en todo el país los ejes de una política no capitalista para un México no dominado por el gran capital, sino también para construir núcleos y comités de organización, en todas partes, para organizar la lucha por la Constituyente y recoger las aspiraciones populares para producir un cambio radical que haga posible otro proyecto de país.

Hasta ahora el SME ha formado parte de una alianza de hecho entre el sector obrero y un sector desarrollista nacionalista y popular con política capitalista distribucionista, que agrupa vastos sectores de la clase media y sectores burgueses de oposición y sigue las perspectivas electoralistas de AMLO. Pero, después de los fraudes de 1988 y de 2006 y ante la militarización del país, el sometimiento gubernamental a los intereses de Washington y la represión cotidiana, no es sensato esperarlo todo de un mero triunfo electoral, aunque sí hay que luchar por ocupar todos los espacios legales y por combatir en las batallas electorales, pero para educar y organizar a los desorganizados, no para ocupar puestos en las instituciones.

Una APN o un partido basados en el SME y en otros sectores sindicales obreros no puede, por tanto, ser electoralista, aunque tome posiciones y pueda hacer alianzas con vistas a los comicios. Debe tener una política independiente de todas las fracciones burguesas, aunque pueda momentáneamente aliarse con la más democrática y nacional contra la proligárquica y proimperialista, y debe tener su propio programa obrero y nacional. En la alianza social antes citada, su papel, ideológico y organizativo, debe ser estratégico y de dirección, no el de una mera infantería de apoyo. Si acaso se debe diferenciar de sus aliados, sin romper con ellos, debe hacerlo tal como hicieron los campesinos zapatistas morelianos con Madero en la lucha contra la reacción. Esa, por otra parte, es la única forma de convencer a algunos intelectuales perdidos hoy en la esterilidad de la no política, pero no irrecuperables, y de construir una conciencia anticapitalista de masas que pueda movilizar a éstas en una lucha que será dura, porque no enfrentará solamente a Calderón y a la derecha mexicana, sino también y sobre todo a Washington, que en medio de una aguda crisis económica y política, no puede tolerar cambios radicales del otro lado de su frontera.

Hay medios que acostumbrados a la habitual politiquería sin principios, temen que la decisión del SME sea una maniobra para conseguir un aparato de negociación y de presión dentro de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador con el programa y la dirección de éste. Por supuesto, las alianzas entre el SME y el lopezobradorismo son legítimas y hasta necesarias, pero la cuestión central es para qué, con cuál programa y en cuál dirección. A mi juicio, el congreso social debe dejar claro, por su discusión democrática, el radicalismo de sus conclusiones y su manifiesto, que el movimiento obrero marcha lado a lado con los otros sectores populares en la lucha por la democracia y la resistencia al capital, pero con sus propias banderas y consignas inclaudicables. Esta resolución del SME, y el congreso mismo, ofrecen también al EZLN la oportunidad de abandonar su aislamiento y pasividad y de recuperar un papel en la transformación de México, por la que lucharon sus bases en 1994. Ojalá puedan comprenderlo, porque podría ser este, para ese zapatismo que no hace lo que hizo Zapata, el último llamado de la historia.

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Correo Ilustrado de la Jornada - Refiere intolerancia en el gobierno de Felipe Calderón

Una sociedad que no valora su diversidad ni promueve la inclusión y el respeto a todos corre el riesgo de verse amenazada por la desunión sectorial.

Con estas palabras que pronunció el Presidente al inaugurar el Museo de la Memoria y la Tolerancia, está definiendo el rumbo que lleva su gobierno, pues es precisamente la intolerancia y la falta de respeto a todos lo que ha prevalecido desde que se inició su mandato.

Apenas unos días antes de dicha inauguración, calificó como un peligro para México a Andrés Manuel López Obrador, en su afán de eliminarlo de la contienda electoral de 2012, lo cual es una falta de respeto total no sólo a un ciudadano, sino también a quienes piensan como él, que no son sólo un puñado de gente, sino varios millones.

Al igual que se ha mostrado totalmente intolerante con los miles de trabajadores electricistas miembros del SME, al no permitirles hacer uso de su legítima defensa por el despojo que sufrieron de su fuente de trabajo y, por consiguiente, de su proyecto de vida junto con sus familias.

También acotó en el mismo acto que se pueden tener diferencias, pero nunca deben expresarse desde una perspectiva de odio que implique la eliminación de quien piense diferente.

No sólo tira la piedra, sino que ya ni siquiera esconde la mano. ¿No será que padece de algún severo trastorno bipolar?

Héctor Hernández Amezcua


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No imagina el obrero aguascalentense integrarse por su cuenta a un sindicato

Domingo, 07/Nov/10 00:09 Mauricio Navarro


* Demuestra estudio de caso su nula intención
* En 20 años, tres huelgas en la entidad lo respaldan

Los obreros de Aguascalientes no tienen en su subjetividad la intención de organizarse para defender sus derechos, incluso, consideran que el sindicalismo es una forma de fomentar la vagancia. Éste fue el resultado de la investigación realizada por los especialistas, Daniel Gutiérrez Castorena y Pablo Gutiérrez, ambos docentes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

La investigación, según sus autores, no puede catalogarse de manera política ni sociológica, sino que depende de varios factores que intervienen en el perfil de los obreros que radican en Aguascalientes.

Los resultados de este estudio fueron plasmados en el libro “Construcción de la subjetividad obrera en torno al control, resistencia y adaptación en el proceso de trabajo”, el cual contempla dos empresas privadas que fueron el objeto de análisis, tanto SUMMA (Suplementos para Mascotas Muñoz Magaña) como “maquinaria triunfo”, en las que se contemplaron los aspectos que ya anticipa el título del libro y de ahí que hayan surgido las conclusiones respecto a las relacione laborales que forjan los obreros en las empresas.

Con base en el estudio empírico realizado, Daniel Gutiérrez, también decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, destacó que los obreros en Aguascalientes han llegado a una etapa de conformismo al aceptar las condiciones de trabajo que les son expuestas por el patrón, sin oportunidad de contar con los más mínimos derechos, puesto que dentro de los cuestionamientos de este trabajo estuvieron preguntas referentes a si aumentaban la jornada laboral o si el patrón decidía bajar el salario, a lo que la gran mayoría de los trabajadores respondieron que solamente cambiarían de trabajo, “si no me conviene pues me voy”, pensando que su mano de obra podría ser adquirida en otra empresa.

El autor, recordó que el sindicalismo surge de una lucha por defender los derechos de los trabajadores, que en muchas de las ocasiones son la clase económica más desprotegida, haciendo alusión a las constantes momentos de indefensión en los que se han llegado a encontrar los obreros a nivel local, situación muy distinta a la presentada con organizaciones como la del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) o el Sindicato de Mineros en Cananea.

Con un recinto lleno, el libro fue presentado ante la comunidad universitaria, quienes lo recibieron con gran aceptación y tuvieron la oportunidad de entablar una conversación con el autor, concluyendo así varias versiones sobre la vida sindical que existe en México, entre ellas, que Aguascalientes es un estado que a lo largo de 20 años aproximadamente, solamente ha registrado cerca de tres huelgas, las cuales provienen de la UAA.

Esto, habla entonces de la coincidencia y ahora corroborada idea de que los trabajadores a nivel local, no tienen interés en defender lo que les ha venido como un derecho que nadie les puede quitar, mucho menos los patrones o dueños de las empresas en las que trabajan.

Entre las demandas más contadas, estuvieron las quejas contra los mandos medios, que como en toda organización pueden encontrarse diferentes tipos de perfiles, pero pocos fueron los que realmente entendieron que mediante un grupo bien formado de trabajadores, podrían manifestarse para lograr mejor calidad de vida.

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Las nuevas clases medias dominantes de Latinoamérica: Estabilización, crecimiento y desigualdad

Introducción

Las presentes relaciones de América Latina con los Estados Unidos a la vez que su actual configuración política y económica se pueden entender mejor en el contexto de los cambios a gran escala de los últimos veinte años y de la relativa estabilidad de los cinco últimos.

Vamos a proceder destacando esquemáticamente las características más importantes que han llevado al desarrollo y a la crisis de los regímenes y las políticas neoliberales, y al surgimiento de los diversos regímenes “post neoliberales” del momento actual. Analizaremos la naturaleza y la actuación de los “regímenes post neoliberales” para ver sus puntos fuertes y sus debilidades en el contexto de las condiciones del mercado mundial, al mismo tiempo que las contradicciones políticas y sociales que están surgiendo y sus alternativas.

El poder imperial estadounidense y el ascenso y caida de los regímenes neoliberales

El poder imperial y la influencia de los Estados Unidos alcanzaron su esplendor entre 1976 y 1999. Tanto regímenes militares como civiles respaldaron las políticas regionales e internacionales de los Estados Unidos durante ese periodo y adoptaron doctrinas de “libre mercado”. Los dirigentes neoliberales desnacionalizaron y privatizaron todos los sectores económicos estratégicos, desregularon los sistemas bancario y financiero y se sometieron a los dictados del FMI y del Banco Mundial. Casi un billón de dólares 1 en beneficios, incluyendo los intereses y los pagos principales, provenientes de rentas y de fondos ilegales se transfirieron a los bancos y las corporaciones estadounidenses y europeas.

A finales de la década de los 90 el descontento popular se desbordó generalizándose las protestas callejeras y las huelgas promovidas por los sindicatos del sector público y, sobre todo, las movilizaciones en zonas rurales. Con la llegada de la crisis económica y el crash financiero del año 2000 se produjeron grandes convulsiones por todo el continente.

Crisis y levantamientos sociales 2000-2005

Entre el 2000 y el 2005 se sucedieron levantamientos populares de gran magnitud, que desbancaron a casi una docena de presidentes neoliberales, y varios procesos electorales que llevaron al poder a líderes supuestamente de centro-izquierda. En Argentina entre 2001 y 2002 tres presidentes fueron derrocados por los movimientos populares, mientras los bancos cerraban, los ahorros de la clase media fueron congelados, el desempleo aumento con una rapidez vertiginosa de hasta casi el 30 % y los niveles de pobreza traspasaron el 40 %, algo inaudito en un país archiconocido por su trigo y su carne de vacuno. En Ecuador los levantamientos populares de 2000 y 2005 supusieron el fin de los corruptos presidentes neoliberales y la elección del presidente Correa de la centro izquierdista Alianza PAIS.

En Bolivia las revueltas de los jornaleros y los campesinos indios derrocaron a dos presidentes, estrechos aliados de Washington (2003, 2005), y llevaron a la elección de un parlamentario de centro izquierda, campesino cocalero y líder indígena, Evo Morales, en 2005.

En Venezuela el presidente Chavez fue derrocado por un brevísimo periodo por una junta empresarial y militar respaldada por los Estados Unidos y restaurado en su puesto en 48 horas por la movilización popular y de parte del ejército en Abril de 2002.

En otros contextos, presidentes supuestamente de centro-izquierda fueron elegidos en Uruguay en 2005 y 2010, en Paraguay en 2008, en Chile en 2005 y en Brasil en 2002 y 2006.

Habiendo perdido a sus dóciles clientes como consecuencia de crisis profundas y con su principio ideológico propulsor (el neo-liberalismo de libre mercado) totalmente desacreditado y rechazado de forma masiva, el dominio de EE.UU. se deterioró severamente, pero no se extinguió del todo.

En México, el PAN, con respaldo estadounidense, bloqueó cualquier posibilidad de transición hacia un modelo postneoliberal en 2000, y más tarde robó las elecciones de 2006, perpetuando y profundizando la desintegración de México que vive una situación de guerra entre bandas de narcotraficantes aliados con diversas facciones del estado.

Las crisis, las revueltas y el ascenso de los regímenes postneoliberales fueron en esencia un pacto histórico entre las fracasadas y desacreditadas élites neoliberales de los años 90 y los movimientos sociales radicales en ascenso de los primeros años del nuevo milenio. El imperialismo estadounidense, involucrado en dos guerras en Oriente Medio y el sur de Asia, atrapado en una guerra global contra militantes islamistas dirigida por cargos políticos sionistas situados en altas instancias en el gobierno de Washington, fue incapaz de intervenir y cambiar la tendencia favorable al “centro-izquierda”. La política de Washington en la década entre 2000 y 2010 ha sido fundamentalmente “mirar atrás” a la “era de oro del saqueo”, los 90, y ha siso totalmente incapaz de hacer frente a los decisivos cambios de poder dentro de América Latina, los cambios del mercado mundial y el ocaso de la anteriormente hegemónica ideología neoliberal.

El ascenso del postneoliberalismo

Los regímenes postneoliberales, en la medida en que comparten elementos comunes, tienen las siguientes características:

1.

Son producto de movimientos populares que rechazan la ideología neoliberal y a sus élites.

2.

Su ascenso al poder es el resultado de crisis económicas y sociales profundas que afectaron a sectores de la élites empresariales, a la clase media y trabajadora, a los jornaleros sin tierra, a los campesinos y pequeños propietarios, y a las despojadas comunidades indígenas.
3.

Los regímenes postneoliberales han impulsado políticas económicas de estímulo estatal pero sin la expropiación de los bancos ni de las compañías nacionales o foráneas, y sin procesos de renacionalización de las firmas privadas, salvo en el caso de empresas en bancarrota.
4.

El postneoliberalismo (PNL) ha mantenido las desigualdades de clase del neoliberalismo pero introduciendo programas contra la pobreza, subsidios de desempleo, ayudas para las pequeñas y medianas empresas, e inversiones generadoras de empleo.
5.

Se ha obligado a las corporaciones multinacionales a pagar más impuestos en concepto de regalías, se han subido los impuestos a la exportación de productos agro-industriales pero no se ha hecho ningún esfuerzo en redistribuir la tierra y los ingresos.
6.

Empresas mixtas y sociedades comanditarias entre empresas públicas y privadas han sido la norma, poniéndose el acento en establecer alianzas con multinacionales extranjeras, especialmente en el sector de la minería y la energía.
7.

Las instituciones políticas han desplazado a los movimientos populares y los regímenes postneoliberales y se las han apañado para promocionar con éxito procesos de concertación a tres bandas entre el estado, las empresas y los movimientos populares en lo que puede darse por llamar “política corporativista” basada en “pactos sociales” con autoridad para regular los salarios pero no los beneficios.
8.

Estos regímenes han implementado estrategias desarrollistas basadas en la expansión y la diversificación de las exportaciones, en el establecimiento de severas políticas fiscales de cariz monetarista y en el incremento de los ingresos.

En resumen, los regímenes postneoliberales, las nuevas regulaciones, el estado de bienestar, y las medidas de gestión de la crisis se han diseñado en primer lugar para desradicalizar a los movimientos populares, para impulsar la recuperación económica y para apuntalar la estabilidad social y política. La retórica antineoliberal ha tenido como objetivo “normalizar” el crecimiento capitalista y crear un equilibrio sociopolítico entre los trabajadores/campesinos insurgentes, que formaron su base original, y los inversores nacionales y extranjeros que han sido los motores de su crecimiento.

Comportamiento de los regímenes postneoliberales: Estabilidad y crecimiento.

En los últimos cinco años de regímenes neoliberales, no han habido ni revoluciones ni golpes de estado, con la excepción de la toma del poder, con respaldo estadounidense, por parte de los militares en Honduras. 2 Los movimientos sociales se han apaciguado. Como consecuencia de la subida de los salarios, el crecimiento del empleo y el crecimiento económico, ha disminuido el grado de movilización social. El ejército se ha visto recompensado, dejados atrás los castigos por los crímenes contra los derechos humanos del pasado, mimado e incorporado al nuevo modelo "desarrollista" de crecimiento y se ha mostrado poco interesado por volver al antiguo modelo neoliberal liderado por los Estados Unidos. Entre 2004 y 2008 los regímenes postneoliberales han disfrutado de un grado excepcional de crecimiento, de precios muy altos, de la incorporación de capitales a gran escala, de la expansión de nuevos mercados en Asia y de niveles razonables de inversión tanto pública como privada. El resultado ha sido una balanza comercial y fiscal relativamente equilibrada, altos niveles de reservas de divisas y la posibilidad de acceso a los mercados de capital (excepto en el caso de Argentina).

Los regímenes postneoliberales han diversificado sus mercados externos pero no sus productos de exportación, aumentando su dependencia energética y de productos agrícolas y minerales, pero beneficiándose de precios altos.

Al contrario de lo que la experiencia histórica podría invitar a pensar, la crisis económica mundial de 2008-2010 no ha golpeado tan duramente a América Latina como a los Estados Unidos, en parte debido a los controles impuestos después de la crisis neoliberal de 2000-2001 y por sus lazos económicos con Asia, lo cual es decir China, y se ha continuado creciendo un 9% en 2009 y un 11% en 2010. La cuestión principal es si este crecimiento sostenido, y la estabilidad relativa que trae consigo, es producto de las políticas internas y de lo ajustes estructurales o es el resultado de las condiciones favorables del mercado mundial – con precios altos y fuerte aumento de la demanda.

Los “regímenes postneoliberales” varían en su composición política, en sus orígenes sociales y en el grado y el tipo de intervención estatal que promueven. Lo que tienen en común es : (1) su rechazo al capital desregulado, particularmente a las inversiones especulativas; (2) el rechazo a tratados de libre comercio no recíprocos del tipo del ALCA; (3) el aumento de impuestos a los industrias exportadoras agro-minerales; (4) una fuerte tendencia corporativista, es decir, la incorporación de los líderes de los movimientos y de las organizaciones populares al aparato del estado; (5) el apoyo a la formación de organizaciones regionales que excluyen a Estados Unidos como UNASUR; (6) y la tendencia a diversificar sus estrategias comerciales y de inversión. Sobre todo los regímenes postneoliberales han abrazado una ideología y una práctica “desarrollista” que persigue la maximización de las inversiones y el crecimiento económico en detrimento de cualquier tipo de política redistributiva o de cambios fundamentales en el sistema de propiedad. Dicho de otra manera, el cambio del libre mercado neoliberal por el desarrollismo postneoliberal está basado en su mayor parte en alianzas con las élites, tanto nacionales como extranjeras, del sector agro-mineral y manufacturero en vez de con grupos bancarios y financieros.

Los nuevos regímenes desarrollistas nacieron de la mano, principalmente, de políticos populistas y socialdemócratas que obtuvieron el respaldo popular como consecuencia de su rechazo a una variante del capitalismo (el “neoliberalismo”) pero no al capitalismo per se. La ambigüedad ideológica del “antineoliberalismo” permitió a los líderes desarrollistas presentarse como parte de la insurgencia popular e identificarse con las revueltas del periodo 2000-2005 sin comprometerse con ningún programa anticapitalista o con medidas específicas como una reforma agraria integral o la renacionalización de los sectores económicos estratégicos privatizados por las anteriores élites neoliberales.

La excepción es la Venezuela del presidente Chávez que comenzó una reforma agraria y renacionalizó el petróleo y varios sectores económicos estratégicos más.

El reto clave para los regímenes desarrollistas ha sido dar el giro desde una posición social y política radical de apoyo a los movimientos que los alzaron al poder hasta la consecución de una sólida base electoral que apoyara unas políticas que esencialmente favorecen a los grandes inversores nacionales y extranjeros, aunque realicen inversiones a largo plazo.

Ideología, mercados, cooptación

Los regímenes postneoliberales desconcertaron a sus seguidores con una variedad de fórmulas políticas, relacionadas con las particularidades de su origen social y con las características distintivas de sus organizaciones.

Por ejemplo, Evo Morales, ha hecho públicos alardes de su “identidad indígena” aunque por otro lado haya perseguido con ardor acuerdos y firmas de lucrativos contratos de explotación con importantes corporaciones multinacionales del sector minero y energético de la India, Europa, Brasil, Estados Unidos, Canadá y China que totalizan una suma de hasta un centenar de compañías. La estrategia desarrollista de Morales, desde el principio, garantizó seguridad a las cien mayores corporaciones empresariales agrícolas, dueñas de más del 80% de las tierras más fértiles, mientras que invirtieran e incrementaran la producción y las exportaciones. El principal propagandista de Morales, el vice-presidente García Linera, ha proporcionado la cobertura ideológica al mover el foco de atención de los movimientos populares desde una lucha por la transformación socioeconómica a la realización de una “revolución cultural y política”. García Linera proporcionó la retórica sobre la importancia de la “identidad étnica”, en detrimento de la política de clase, que ha servido de elemento de distracción sobre la colaboración del régimen con la oligarquía empresarial, nacional y foranea, del sector minero-extractivo. La “revolución” fue esencialmente la toma del poder por parte del estrato inferior de la clase media mestiza en ascenso, constituido por tecnócratas y dirigentes de los movimientos sociales cooptados, que han promovido la inversión privada y el control social.

Para consumo del “turismo” de izquierdas internacional, (Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica) Morales y García Linera han organizado una conferencia internacional sobre la ”Madre Tierra” ( Pachamama). A su vuelta han difundido un luminoso relato sobre el liderazgo de Morales en su lucha contra el “calentamiento de la tierra”, en la ignorancia más completa de las intenciones del régimen de atraer enormes inversiones de capital del sector minero-extractivo y de la estrategia desarrollista en el sector de la agro-industria basada en la dependencia de productos químicos.

En el caso de Brasil, Lula jugó la carta de sus orígenes sociales, la del hijo de una familia inmigrante pobre del nordeste de Brasil, la de su época de activista sindical, la de su afinidad a las causas populares y la de su condición de líder del Partido de los Trabajadores. Sus propagandistas minimizaron el hecho de que no había pisado una factoría en los 20 años anteriores a su elección. Lo más relevante del régimen de Lula no es su pasado sino sus vínculos actuales con grandes empresas capitalistas del sector de la agro-industria y la extracción mineral, su apoyo a las inversiones que tengan como objetivo prioritario el crecimiento y sus severas políticas monetaristas para satisfacer a la élite financiera internacional. Sus “políticas contra la pobreza” han consistido en las típicas medidas clientelares del gusto de los sectores conservadores: donación de alimentos para los pobres, pero no redistribución de la tierra; subsidios de mera subsistencia para los pobres, pero no creación de empleo industrial. El gasto social anual del régimen de Lula en sanidad, educación y medidas contra la pobreza es inferior a los 100.000 millones de dolares que se pagan como interés a los bancos extranjeros. Los decretos de Lula sobre la disminución de empleados públicos y los recortes de las pensiones públicas han garantizado un superavit presupuestario y han atraido masivamente a las inversiones de capital foráneo. La independencia en política exterior de Lula ha venido como consecuencia de su ideología “desarrollista” y no de ningún tipo de sentimiento “anti-imperialista”. Para Lula el crecimiento económico requería desembarazarse de los restrictivos tratados comerciales con Estados Unidos y firmar nuevos acuerdos comerciales y de inversión con China, India, Irán, Venezuela, Angola etc.

Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador y Paraguay han reforzado sus estrategias económicas de fomento de la exportación de productos agrícolas y minerales y han abierto la puerta a los inversores extranjeros, especialmente en los “sectores productivos”. Su enemigo no es el capitalismo, es el “capital especulativo”. El problema social es cómo aplicar impuestos sobre los beneficios para sufragar los programas de reducción de la pobreza que son la base del mantenimiento de su apoyo electoral.

La clave de la estabilidad social ha estado en cooptar a los dirigentes sindicales y campesinos y en pacificar a sus seguidores con aumentos salariales mínimos y graduales a cambio de su apoyo a la firma de contratos multimillonarios de inversión con las corporaciones multinacionales. Los regímenes PNL han utilizado la ideología antineoliberal y se han beneficiado de las condiciones favorables del mercado mundial. Esto ha llevado a un relativa estabilidad política y al crecimiento económico de los últimos cinco años. La cuestión es si esto es una situación que se pueda mantener en el tiempo o es una mera “situación coyuntural”.

El futuro del capitalismo desarrollista en América Latina

Los últimos cinco años, los regímenes desarrollistas han sido capaces de travestir su colaboración con el gran capital con ataques retóricos al neoliberalismo y han obtenido una clientela electoral sobre la base del establecimiento de programas contra la pobreza a corto plazo.

Están apareciendo señales significativas de que el “progresismo” está empezando a perder su atractivo entre amplios sectores de la clase trabajadora, del campesinado y de la población india ante la evidencia de la ausencia de cambios estructurales sustantivos.

En Bolivia las prolongadas huelgas en el sector público y en la industria en contra del raquítico incremento de los salarios del 5% decidido arbitrariamente por el régimen de Morales son un claro indicador de que la mística del “presidente indígena” que dicta el destino de los excedentes presupuestarios y firma lucrativos contratos con corporaciones empresariales extranjeras del sector de la extracción minera está empezando a agotarse.

En Paraguay más de 15.000 campesinos se manifestaron en las calles de Asunción contra el presidente Lugo en protesta por la parálisis y la impotencia del presidente respecto a la reforma agraria y por su uso de la policía y de la represión militar para expulsar a los campesinos sin tierra de los grandes latifundios.

En Brasil los trabajadores del sector público que se han movilizado para conseguir una subida salarial superior al 5% dictado por Lula, sobre todo a la luz de los 280.000 millones de dolares en reservas y los más de 100.000 millones de dolares del pago de los intereses de la deuda, están viendo sus salarios reducidos.

Tanto Lula como Lugo y Morales han lanzado virulentos ataques verbales contra las organizaciones independientes que demandan una más justa distribución de los beneficios. Lugo ha militarizado el campo en busca de ...”diez movimientos guerrilleros”. Evo Morales y García Linera han acusado a los trabajadores en huelga de las fábricas de ser “agentes de la embajada de Estados Unidos” y a los profesores que se manifiestan de ser “instrumentos del troskismo”. Correa ha acusado al movimiento indígena de “delincuentes” por oponerse a la privatización de facto del acceso al agua.

Dicho de otra manera, las primeras grietas y contradicciones en el modelo desarrollista han provocado un ataque virulento por parte de los regímenes PNL. Es lícito sospechar que la violenta respuesta del régimen ante demandas económicas reformistas es producto del miedo a que la lucha de los movimientos de clase independientes se convierta en un futuro cercano en un ataque político directo al modelo desarrollista.

Aunque el modelo desarrollista parece sólido y las condiciones del mercado mundial son actualmente favorables, estos regímenes dependen de un frágil balance de poder. Los regímenes PNL necesitan de una gran cantidad de insumos de capital que requieren de tasas de beneficio altas lo cual depende a su vez de la capacidad de controlar los costos laborales, de obtener superavits presupuestarios y de establecer rigurosas políticas monetarias. Los sindicatos y la clase obrera, en la medida en que presenten una agenda de reivindicaciones que exija mayor gasto social y una mayor participación en los beneficios a través de huelgas y de la acción directa, pueden debilitar el marco de colaboración de clase que da estabilidad al régimen. Un recrudecimiento de la represión podría conducir a una mayor alienación y al desencanto entre los sectores de la clase obrera y de los movimientos indígenas y campesinos, llevando a divisiones y a la expulsión del poder de los dirigentes sindicales previamente cooptados, y al resurgimiento de movimientos independientes de indígenas y campesinos.

El problema fundamental en algunos países es la fragmentación de los movimientos. Por ejemplo, en Mexico, se celebraron marchas que reunieron a un millón de personas, con López Obrador al frente, que protestaban contra el fraude electoral, precedidas años atrás por masivas manifestaciones de más de 250.000 personas convocadas por los zapatistas que exigían leyes favorables a los indios, continuadas por movilizaciones de decenas de millares de profesores y sectores afines en Oaxaca demandando el cese de un gobernador corrupto, y más recientemente un cuarto de millón de trabajadores convocados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) salieron a la calle para protestar por el despido de 43.000 compañeros. Por separado cada movimiento ha sido finalmente derrotado. Unidos podrían haber paralizado el país y ganado.

Una de las consecuencias desafortunadas de la reciente debilidad de los movimientos sociales radicales y del rechazo a sus propuestas a favor de cambios estructurales es el crecimiento de poderosas narco-bandas basadas en el reclutamiento de jóvenes tanto del campo como de la ciudad. Ante la carencia de tierras producto de la acumulación de los agro-negocios, la libre importación de productos alimenticios que ha arruinado a los pequeños agricultores y la emigración del campo a la ciudad sin empleo industrial, las bandas de narcotraficantes ofrecen una salida de la pobreza por la vía de la “acción armada directa”, respaldada por funcionarios corruptos y con la cooperación de los bancos que lavan sus fondos. En México, en América Central y en los estados andinos, la lucha armada de las bandas de narcotraficantes, compuestas en su mayor parte por jóvenes, por una participación en los beneficios del mercado de la cocaina ha reemplazado a la lucha de clase por la tierra y por el empleo.

Alternativas al Postneoliberalismo (PLN)

El primer paso en la construcción de una alternativa requiere una comprensión y una ruptura con el régimen PNL. Debe abandonarse esa vacua terminología sobre regímenes “progresistas” o de “centro-izquierda” y es esencial el identificarlos como regímenes capitalistas desarrollistas, constitutivamente dependientes de élites dirigentes de los sectores agro-industriales y minero-extractivos integrados en el mercado mundial.

En segundo lugar, para construir una alternativa a los regímenes PNL no se debe tomar como punto de partida el periodo 2000-2005, una época de movimientos populares radicales y de revueltas de clase. Ni tampoco los años 90 en el que los regímenes “neoliberales” sin oposición permitieron el saqueo al por mayor y sin restricciones por parte de los grandes bancos y las corporaciones multinacionales.

En la actualidad los enfrentamientos nacionales y de clase tienen lugar en el contexto de un régimen desarrollista de clase media, que utiliza el estado para promover el crecimiento económico y usa a los movimientos sociales y a los sindicatos como mecanismos para controlar y limitar las demandas populares dentro del marco fijado por las alianzas entre el estado y el capital.

La clave de la fase actual está en recrear movimientos sociales independientes y sindicatos de clase autónomos que puedan enfrentarse con éxito a las políticas de contención salarial impuestas por el régimen desarrollista para atraer inversores extranjeros y prestamos.

Los dirigentes de la izquierda deben tener presente que los regímenes desarrollistas son ricos en divisas , tienen superavit presupuestarios y que sus estrategias de desarrollo están produciendo un crecimiento razonable . Dicho de otro modo, la izquierda debe ser consciente de que el capitalismo latinoamericano, globalmente hablando, no está en crisis , y que el régimen y los dueños del capital deben pagar en forma de sustanciales subidas salariales y con un aumento del gasto social . Los recursos financieros disponibles, los ingresos económicos del estado y los beneficios públicos y privados de los sectores agro-industriales, de los sectores minero-extractivos, del sector bancario y de las élites comerciales y manufactureras pueden permitir el aumento de los salarios y de las prestaciones sociales entre un 10% y un 20% anual.

Los trabajadores y los campesinos ven cada vez más claro que no son ellos los beneficiarios de los éxitos económicos, del crecimiento y de la estabilidad celebrados por los dirigentes de los regímenes desarrollistas. La izquierda debe animar, organizar y capitalizar las crecientes expectativas de las masas por conseguir un nivel de vida más elevado en vista de la subida record de los precios. Demasiado a menudo, la izquierda ha sucumbido recientemente ante la puesta en escena de la autodenominada “nueva izquierda” y su retórica “antineoliberal” aunque la presencia de capital multinacional (CMN) no haya dejado de aumentar. La nueva alianza “estado-CMN” está excluyendo a la clase trabajadora de los beneficios y los ingresos públicos que, por el contrario, se están distribuyendo entre una nueva clase media profesional en ascenso y la tecnocracia, por un lado, y entre los inversores extranjeros, por el otro.

La clase media emergente ha usado su pasado izquierdista y sus conexiones sociales con los movimientos populares para tomar el poder; Está consolidando dicho poder por medio del control del estado y financiando a los dirigentes de los movimientos populares. Para legitimarse, los regímenes de la nueva clase media están organizando encuentros y conferencias izquierdistas, ecologistas e indigenistas. Esta nueva clase media dirigente se está enriqueciendo con un aumento de su participación en los ingresos provenientes del capital agro-industrial y minero-extractivo por medio de sociedades comanditarias, aumento de impuestos y participación en los beneficios.

El estado desarrollista está concentrando la “nueva riqueza” en los estrechos límites de la parte media y alta de la burocracia estatal que se ha convertido de hecho en la nueva burguesía. La esencia burguesa de este régimen se encuentra en la profunda y creciente desigualdad en lo que se refiere a la estructura de propiedad y la cuantía de los salarios, en las transferencias unilaterales de los ingresos del estado a los acreedores bancarios y en las subvenciones y los créditos a las empresas exportadoras agro-minerales, mientras que las ayudas sociales a los pobres siguen siendo minúsculas y el nivel de los salarios mínimos son realmente mezquinos.

La lucha hoy en día es contra los explotadores capitalistas y no contra los “especuladores”; es contra los desarrollistas postneoliberales que controlan el estado para beneficio propio y no contra los promotores inmobiliarios neoliberales pro-libre mercado ni contra los estafadores financieros.

La debilidad estratégica de los dirigentes de la nueva clase media del estado desarrollista está en que no son propietarios – su poder deriva del control político del estado y de los movimientos populares. Eso significa que la lucha económica por salarios más altos y más gasto social se convierte de manera inmediata en una amenaza política a la legitimidad de los nuevos dirigentes. Como consecuencia de ello cualquier exigencia de los campesinos o de la clase trabajadora provoca un ataque desproporcionado, llegándose incluso a la difamación de luchas populares por la obtenención de beneficios económicos con extravagantes acusaciones como la de ser "contrarrevolucionarios".

Dado el apoyo oportunista de los “turistas” de izquierdas de Norte América y Europa a estos regímenes desarrollistas (aunque repriman huelgas y denuncien las luchas de los trabajadores, de los campesinos y de los indios en pos de mejoras económicas), la izquierda consecuente debe adoptar una postura de apoyo solidario a las luchas económicas de los nacientes sindicatos autónomos y de los movimientos étnicos de base social. El resurgimiento de los movimientos populares revolucionarios comienza por rechazar la complicidad con los gobernantes de la nueva clase media que está liderando esta nueva fase de expansión capitalista basada en la alianza entre el estado y el sector privado.

NOTAS DEL TRADUCTOR

1 En el texto original dice trillón. Siendo el autor estadounidense suponemos que se refiere a lo que en España y los países de habla castellana de América Latina denominan billón es decir 1 X 10 12 o 1.000.000.000.000.

2 El texto fue escrito antes del intento de golpe de estado en Ecuador.

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Tribunal por el derecho a la libre movilidad

Miguel Concha


Hoy concluyen los trabajos de la segunda sesión del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. La primera tuvo lugar en Quito, Ecuador, del 8 al 12 de octubre pasados. Junto con la tercera Asamblea de Migrantes, Refugiados/as y Desplazados/as, que se realizará también en esta ciudad los días 7 y 8 de noviembre; el acto cultural de recepción de la Caravana de Madres Hondureñas (que se llevó a cabo el pasado miércoles en el auditorio del SME) y la movilización de migrantes y organizaciones de la sociedad civil (que tendrá lugar en el Hemiciclo a Juárez el próximo 8 de noviembre) para demandar al gobierno verdad, justicia y reparación del daño para las víctimas de la masacre en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, y sus familiares y comunidades de origen, la sesión forma parte de las actividades del Foro Mundial Alternativo rumbo al cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que con el gobierno mexicano como anfitrión, y con financiamiento de la Fundación BBVA Bancomer, tendrá lugar a partir del próximo 10 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco.

En su convocatoria, signada por al menos 136 personalidades y organizaciones de más de 40 países de todo el mundo, se explica que durante la Consulta Regional Latinoamericana, organizada en México en mayo de 2005 por la Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales de la ONU, se sentaron las bases para que el tema de los procesos migratorios, y el de sus sujetos y protagonistas como actores sociales, figurara por primera vez en la agenda del sistema internacional, a través de un "Diálogo de Alto Nivel" convocado como parte de la sesión anual de la Asamblea General en septiembre de ese año. Pero los estados miembros que hegemonizaron ese proceso desecharon la propuesta de los movimientos de base para establecer dentro de la ONU un foro permanente sobre temas migratorios, semejante al Foro Permanente Indígena, con la participación plena y la representación de estos sectores, y se decidió en cambio de manera excluyente poner el asunto en manos de una agrupación informal de estados, con México entre los menos comprometidos con la protección de los derechos de los migrantes, pero más protagónicos en términos retóricos.

Se añade que fue en ese contexto que se estableció el llamado Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que se ha reunido ya en Bruselas, Bélgica, en 2007; en Manila, Filipinas, en 2008, y en Atenas, Grecia, el año pasado, con espacios oficiales destinados a las delegaciones de los estados miembros de la ONU que han decidido participar, y por separado con "representantes" de la sociedad civil elegidos mediante procesos poco transparentes, en los que se ha marginado a los pueblos y sus legítimas organizaciones. Mientras tanto se han incrementado las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los migrantes, refugiados y desplazados, como consecuencias de la subordinación de las políticas migratorias de los estados y sectores hegemónicos del sistema capitalista, a los supuestos imperativos de la explotación, la mercantilización, la militarización, el racismo, la xenofobia y la discriminación hacia las mujeres y la juventud, sin que existan mecanismos vinculantes adecuados que los obliguen a respetar sus derechos.

Por ello, con el propósito de incidir en la conciencia colectiva, denunciar, documentar, juzgar y asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades por parte de los estados, gobiernos, organizaciones, empresas y personas en estas violaciones, se han venido realizando cónclaves alternativas, como el primer Foro Social Mundial de las Migraciones, en Porto Alegre, Brasil, en enero de 2005, y dos más en Rivas Vaciomadrid, España, en 2006 y 2008. Así como foros alternos y simultáneos en Bruselas, Manila y Atenas.

Por ello, también la perspectiva del tribunal es el derecho a la libre movilidad humana, como una garantía indivisible e integral, que necesariamente incluye tanto el derecho a migrar en casos de necesidad, como el de arraigo, que implica no ser forzado a migrar y a no ser desplazado involuntariamente, sustentados, por ejemplo, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en su interpretación por la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2004, sobre el caso del muro israelí construido en los territorios palestinos, así como en los artículos 8 y 10 de la Declaración de 2007 de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y los artículos 40 y 42 de la nueva Constitución ecuatoriana.

Además de su propio estatuto –y del Estatuto del Tribunal Permanente de los Pueblos–, el Tribunal Internacional de Conciencia por los Pueblos en Movimiento ha tenido como principales marcos de referencia la Declaración Universal de Argel de los Derechos de los Pueblos (1976), así como la normatividad y jurisprudencia pertinente de todas las fuentes del derecho internacional, regional y nacional, de conformidad con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sin hacer a un lado los conceptos y las demandas de justicia y derecho alternativo de los pueblos migrantes, sus movimientos y organizaciones, pues sus garantías, al ubicar sus exigencias en el horizonte más amplio de las demandas a su legitimidad insurgente y al reconocimiento universal de su derecho a la libre movilidad humana, y por ende a la legalización o regularización incondicional, así como a la plena realización y defensa de sus derechos laborales, no se agotan en aquel marco necesario, pero insuficiente.

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