miércoles, 29 de diciembre de 2010

Dinero - El negocio Bimbo-CFE

Enrique Galván Ochoa

¿De dónde sale el dinero para que los señores gobernadores de los tres partidos puedan comprar los aviones jet, los helicópteros y las camionetas blindadas en las que se transportan con sus escoltas? ¿Cómo obtienen los fondos para pagar sus ostentosos viajes a Estados Unidos, Asia y Europa, como el de aquella Navidad en que Peña Nieto llevó a su hoy primera gaviota a presentarla al Papa, y se hizo acompañar de un séquito de obispos? ¿Cómo financian sus campañas de propaganda, inclusive en Televisa, para hacer creer a los ciudadanos que están haciendo maravillas? ¿Cómo es que en sólo seis años salen con su problema económico resuelto por varias generaciones? Los gobernadores tienen múltiples ingresos pero uno muy importante son las participaciones federales. Es dinero fresco que el gobierno central suministra a los estatales, como participación de gravámenes federales, incluyendo el impuesto adicionado al precio de la gasolina. Manejan estos recursos a su libre albedrío, casi como un cheque en blanco. Aún así, no son suficientes y piden prestado a la banca comercial o empeñan en la Bolsa de Valores los ingresos que recibirán en el futuro. Las deudas de los 18 estados que tuvieron elecciones entre 2009 y 2010 crecieron más de 200 por ciento. Algunos están en bancarrota. Un ejemplo es Veracruz: aunque Fidel Herrera dijo que dejaba una deuda de sólo 9 mil millones de dólares, la carga que hereda a su sustituto, Javier Duarte, alcanza la cifra de 25 mil millones, de acuerdo con la denuncia de la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso local, la diputada Karime Aguilera Guzmán, con base en un informe de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Pero Fidel astutamente puso a Duarte en su lugar porque fue su secretario de Finanzas, van juntos en la polla. Otra entidad que está en bancarrota es Chihuahua. José Reyes Baeza lega una deuda mayor a 13 mil millones. El pueblo chihuahuense sufre una doble violencia: la del narco y la del mal manejo de los recursos públicos. En la gráfica aparece la lista de las participaciones que recibieron los dos años anteriores. Adviértase la ausencia del estado de México, Hacienda no contestó el mensaje con el que le pregunté el motivo.

@Vox Populi

Asunto: la transparencia en el DF

Solo en un país como este, donde impera la corrupción y la impunidad, puede suceder que el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor del Distrito Federal clasifique como documento restringido en la modalidad de confidencial la información relativa a los nombres de los socios de las empresas constructoras de la Supervía. ¿Acaso el Lic. Marcelo Ebrard ya vive también en un mundo al revés?

Alfonso Belmar Bohigas/Distrito Federal

R: ¿Al revés por qué? El Lic. Ebrard es un priísta embotellado de origen que hoy está al frente de un gobierno supuestamente de izquierda. Por eso se les llama políticos perrepripánicos, caben en todos lados.

Asunto: ‘cidí’ no existe

La palabra "cidí" no existe. Ya que La Jornada se precia de ser tan cuidadosa (es un decir) en el uso del lenguaje, al menos debería exigir el mismo cuidado a sus tendenciosos editorialistas. “CD. Sigla del inglés compact disc (‘disco compacto’[...] Se usa en masculino, pues éste es el género del sustantivo disco, equivalente español del inglés disc [...]. En español debe leerse [sedé, zedé]; se desaconseja la pronunciación [sidí], propia del inglés, a pesar de su extensión en algunas zonas de América. [...] Se desaconseja la forma cidí, por corresponder a la lectura inglesa de la sigla. En cualquier caso, se recomienda usar con preferencia el equivalente español (disco) compacto”.

Carlos Rivera/Inglaterra
University of Essex
Centre for Brain Science

R: ¿Deveras tomaste en serio la inocentada que publicó ayer esta irreverente sección, y te irritó el texto? ¡Inocente palomita!

Asunto: el negocio Bimbo-CFE

Respecto a la duda de Carlos Mendoza sobre la forma en que se va a distribuir la energía generada por Bimbo. La energía se va a entregar directamente a la red de la CFE y ésta la va tomar a cuenta de la facturación que tiene Bimbo en todo el país. Aquí es donde a mí me brinca otra duda: ¿a qué precio le va a salir la luz a Bimbo?, porque recordemos que los señores de Bimbo son miembros de consejo de administración del país.

Javier González G.
Zamora

R: A Bimbo nunca le cortarán la luz. Con unos Gansitos que le mande a Elías Ayub se arregla cualquier problema.

Asunto: subieron el pan

Leí en tu columna que el Grupo Bimbo anunció el inicio de la construcción de un parque eólico en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca. Ahora entiendo el por qué del alza en el precio de sus productos, como el pan blanco grande, de $20 a $ 22.50 y el pan tostado de $13.50 a $ 16. Quieren financiar con dinero de nosotros, los consumidores, esta obra; no cabe duda que estos hambreadres no tiene llenadera. Sólo con estos aumentos ya valió m… el aumento de 4 por ciento a los minisalarios. ¡Hasta cuándo Dios mío!

Juan José Mendoza
Istmo de Tehuantepec

R: Dios suele ser tardadón para enojarse. Pero cuidado cuando saca el látigo.

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Inseguridad: violencia criminal y violencia institucional en espiral creciente

Miércoles, 29 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por Marco Aurelio Palma Apodaca y Roberto Mendoza Delgado La causa de la crisis de inseguridad en el estado son la impunidad y la corrupción. EL 95 por ciento de quienes cometen delitos permanecen sin castigo. Ha crecido el índice delictivo en 22 áreas que van desde asaltos, robos (casa y vehículos), fraudes, secuestros, homicidios, violaciones, lesiones, extorsiones, entre otros y quienes son detenidos, consignados y sentenciados son una cantidad mínima.
El incremento de penas en nada ayuda a prevenir el delito cuando quien lo comete no recibe el castigo. Lo fundamental es abatir la impunidad no aumentar las penas. La nula atención para combatir los delitos del fuero común indica la crisis del sistema de procuración de justicia y de seguridad ciudadana.
Las “ejecuciones” y los “levantones”: hasta mediados del mes de diciembre se contabilizaron 330 ejecuciones extrajudiciales en lo que ya es el año más violento en décadas en Morelos.
El término “levantón” encubre el delito de desaparición forzada porque este implica responsabilidad del Estado por acción u omisión.
La criminalización de la protesta social: la descalificación del derecho a protestar y la cerrazón a resolver graves conflictos sociales, sindicales, ambientales y políticos ha sido la tónica del gobierno que sólo ha agudizado conflictos como el de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del centro por los ataques al SME, el de la zona del Texcal, el del agua entre Hueyapan y Tetela, para mencionar algunos.
La falta de capacitación de jueces y personal que administran justicia: con el nuevo sistema de impartición de justicia, juicios orales, vemos la cara más clara de la impunidad porque los fiscales no están suficientemente preparados para sustentar sus acusaciones, sujetar a proceso y tener una sentencia que lleve al delincuente a tener un castigo, así hemos sido testigos de la forma en que violadores, homicidas, quedan en libertad por “falta de pruebas”.
El silencio cómplice de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos: ante la violación a los derechos humanos de las y los habitantes de Morelos, la postura asumida por este organismo deja mucho que desear. Ante las violaciones al derecho humano a la paz de todas y todos los que viven en Morelos, de nueva cuenta el silencio es la respuesta.
La falta de atención a las denuncias hechas por delitos cometidos por policías y/o militares: los casos denunciados se pretenden llevar a la justicia militar, en la que se es juez y parte y en la que nunca los civiles alcanzan justicia, por el contrario, lo que obtienen es persecución, hostigamiento, acusaciones de todo tipo.
Los cateos ilegales: la policía federal y los militares han hecho de los cateos una práctica común, sin que medie una orden, mucho menos una denuncia formal, bajo el argumento de “una llamada anónima”, se introducen a los domicilios, roban, abusan de las personas que ahí encuentran, los detienen y presentan, golpeados, a los medios de comunicación. La denuncia de los afectados nunca tiene éxito, la impunidad los protege, el estado, también.
Las detenciones ilegales: cuando el nuevo sistema de justicia en Morelos, tiene como eje la presunción de inocencia, las detenciones ilegales siguen siendo regulares, primero te detengo, después busco por qué te detuve.
La militarización del estado: la vida de las y los habitantes de Morelos ha tomado una nueva cara, se ha vestido de olivo.
La vida cotidiana de las personas en Morelos, se ha militarizado, ahora es común ver a los militares en todos lados, haciendo labores policiacas o vigilando edificios públicos, cateando domicilio o presentando a presuntos delincuentes, arribando en operativos impresionantes y disparando a diestra y siniestra sin que le importe la población civil, recordemos los hechos de los limoneros y de altitud.
Ataques a la libertad de expresión y amenazas a periodistas y defensores y defensoras: En un ambiente crispado por la violencia e inseguridad, quienes sufren en primer lugar son quienes transmiten la realidad, quienes ejercen el periodismo. Amenazas telefónicas y electrónicas, intimidaciones en retenes, hostigamiento y represión laboral, han ido en aumento, lo que hace más difícil ejercer una ya de por si peligrosa profesión.
Y en segundo lugar la libertad de expresión, y lo ponemos en ese orden por que en primer término el derecho la seguridad de las y los periodistas es básico, aunque también la libertad de expresión debe ser protegido.
La defensa de los derechos humanos está consagrada en la declaración aprobada por la ONU en consonancia con esta Declaración Universal, sin embargo, diversas autoridades bloquean, limitan, obstaculizan la labor de defensa de los derechos humanos y se han presentado casos graves de intimidación y hostigamiento a quienes tienen como ocupación la defensa de estos derechos.
Pese a este sombrío panorama en el año 2010 que termina, mujeres y hombres, defensoras y defensores de los derechos humanos, seguimos comprometidos en hacer de la justicia y el respeto a la dignidad de todas y de todos los seres humanos una realidad en Morelos.
cidhmorelos@gmail.com


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AMLO: injusticias a los trabajadores del país marcaron el 2010

Citó la negativa de recontratar a electricistas del SME y el caso de los trabajadores de Mexicana.

La Jornada en línea
Publicado: 27/12/2010 17:01


México, DF. En el último mensaje semanal del año, Andrés Manuel López Obrador instó a una transformación de la vida pública del país a partir de la organización de la gente.

“Sólo el pueblo puede salvar al pueblo y sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación” de la pobreza, inseguridad, violencia, miedo y temor en que se encuentra a causa de “una minoría rapaz”, dijo.

“Hay muchos que piensan que no hay salidas, pero sí se puede, sí hay de otra, necesitamos esta transformación del país”, señaló el autollamado presidente legítimo y destacó que durante el año se constituyeron 15 mil comités territoriales del Gobierno Legítimo en colonias, barrios, pueblos, unidades habitacionales y rancherías de México.

Señaló que el año que está por concluir se caracterizó por diversos casos de injusticias e impunidad, entre los que citó la negativa de recontratar a electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, los mineros de Cananea y de Pasta de Conchos y los trabajadores de Mexicana de Aviación.

“Sinceramente no creo que con las mismas estrategias que una y otra vez han fracasado, que con la misma política neoliberal que ha ocasionado el sufrimiento del pueblo para beneficio de unos cuantos, México vaya a resurgir”, dijo en el mensaje transmitido vía internet (http://www.youtube.com/watch?v=IoIqCvb9yvY) y en el que deseó un feliz 2011 a todos.


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Pierden pobladores de Nuevo Necaxa poder adquisitivo a un año del cierre de LFC

ARTURO ALFARO GALÁN

La “cuna electricista” de la Sierra Norte de Puebla vivió este año el peor suceso en su historia, luego de que el gobierno federal decretó el 10 de noviembre de 2009 la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC). La decisión provocó que al menos 2 mil trabajadores –activos y jubilados– de las subestaciones de las localidades de Nuevo Necaxa, pertenecientes al municipio de Juan Galindo y Huauchinango, perdieran más de 70 por ciento de su poder adquisitivo.

Aunado a ello, el comercio de la región, que sostiene a más de 5 mil familias de la Sierra Norte, se desplomó prácticamente por la disolución y el enfrentamiento de ex empleados de LFC con el gobierno de Felipe Calderón, lo que arrebató el legado familiar a cientos de trabajadores, el futuro de sus hijos y, en síntesis, la vida de una población entera.

En entrevista, Domingo Aguilar Vázquez, secretario general de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), acusó que detrás del cierre de LFC están las intenciones de la Federación para privatizar la industria energética, y así dejarla en manos de los grandes consorcios que comercializarán en los próximos años con el uso de la fibra óptica.

El líder sindical confió en que al cierre de este año, al menos 420 integrantes, de los 2 mil ex trabajadores de LFC, continúan en resistencia civil y política; es decir, 79 por ciento de los trabajadores aceptó su liquidación y un bono extra por parte del gobierno federal.

Abundó que los electricistas que rechazaron las ofertas de la Federación han subsistido con aportaciones quincenales de los trabajadores jubilados, quienes entregan 3 por ciento de sus ingresos cada 14 días.

Los recursos obtenidos –que llegan a sumar los 170 mil pesos– son utilizados en la mayoría de los casos en un Fondo de Subsidio, en el comedor comunitario del sindicato y en gastos de operación y transportación de los obreros en resistencia; sin embargo, el apoyo ha sido insuficiente para solventar los gastos y la manutención necesaria de decenas de familias.

En entrevista, el dirigente del SME previó que en los próximos meses los ex trabajadores de LFC tendrán “un severo problema”, ya que como parte de las acciones para la desaparición de la paraestatal, el gobierno federal dejará de ofrecer el servicio médico a los trabajadores en resistencia, lo cual afectará a los pobladores.

Puntualizó que en los últimos meses los cuadros médicos de depresión, diabetes, problemas cardiovasculares y nerviosos han aumentado su prevalencia entre los trabajadores activos y jubilados de LFC.

“Existen algunos casos en que los compañeros recaen tanto en salud que no se pueden ni levantar, están muy deprimidos, y al menos cuatro trabajadores jubilados han fallecido en los últimos meses y otros más se mantienen en sus casas sin la posibilidad de hacer algo por el movimiento”, acotó en una entrevista.

El principal problema en la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, consideró Domingo Aguilar, es la falta de disposición al diálogo del gobierno federal con los electricistas, así como la nula participación de las autoridades estatales y locales para mejorar las condiciones de vida de los más de 2 mil ex trabajadores que quedaron desempleados hace un año.

Domingo Aguilar Vázquez ha sido detenido por elementos de la Policía Federal en dos ocasiones, acusado de cometer delitos contra el patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y obstruir las vías de comunicación durante las recientes protestas en la región. En ambas ocasiones se han fijado fianzas de hasta 20 mil pesos.

Ante ello, el líder del SME en Nuevo Necaxa no descartó que el gobierno federal quiera atentar contra su seguridad personal y aprehenderlo, de nueva cuenta, por delitos del orden federal.



La resistencia femenina



Domingo Aguilar señaló que los electricistas eran las únicas personas con empleos formales en la región, junto con cerca de 900 trabajadores jubilados, que proporcionaban ingresos en la economía de la población, por lo que ahora “las cosas están negras de verdad, porque tenemos que vivir de lo que nuestros jubilados y donantes nos apoyen”.

Asimismo, las mujeres trabajadoras y amas de casa –esposas de los electricistas– realizan manualidades, postres y venden productos que cosechan como el café y mole; incluso, colaboran en la preparación de alimentos en el comedor comunitario, instalado en las afueras de las oficinas centrales de la división Nuevo Necaxa del SME.

La desolación no tiene cabida entre las las mujeres de la división Necaxa; “nos damos ánimo”, señalan las personas que llegan hambrientas a solicitar una ración del día a cambio de una cuota de recuperación de 20 pesos.

“Hasta ahora hemos podido cubrir lo básico, comemos en las guardias, les llevamos a nuestras hijas, hijos, pero mañana que se queden sin tenis, sin zapatos, ¿qué les voy a dar?”, mencionó Rosalinda González, de 38 años, madre soltera de dos menores de edad.

Además de haber desaparecido la posibilidad de comprarles el calzado y la vestimenta que en un corto plazo necesitarán sus hijos, se desvanece la intención de estudiar más allá de los límites con los municipios de Huauchinango, Xicotepec de Juárez, Hidalgo, Tlaxcala o Veracruz, ya que en la localidad de Nuevo Necaxa no existen preparatorias públicas y mucho menos universidad.

Reunida con decenas de sus compañeras de oficinas y del área de comedor, frente a la entrada de la subestación El Salto, donde se ubica una de las tres guardias de trabajadoras y de trabajadores de LFC, Rosalinda manifestó que hasta el 11 de octubre tenían un trabajo estable, ahorraban para tener una vejez apacible.

Ahora “no tenemos más que la confianza de que ganaremos esta lucha y de que nos devuelvan nuestro empleo, ese empleo que nos arrebataron por culpa de los intereses de controlar esta planta de luz que nos vio nacer”.

Las electricistas, junto con otros seis grupos de trabajadores, realizan guardias durante todo el día, en turnos rotativos de ocho horas en la subestación de El Salto, así como en la planta hidroeléctrica de Nuevo Necaxa y en la Escuela de Capacitación de LFC, con el propósito de evitar que los elementos de la Policía Federal (PF) saqueen las instalaciones de la empresa.

Además de vigilar las inmediaciones, alrededor de cinco trabajadoras cocinan para que coman entre 70 y 100 electricistas que permanecen en las guardias. Los alimentos que preparan provienen de las despensas que les envía el SME desde la ciudad de México, así como del apoyo económico y en especie que les da la comunidad, pues aunque no sean familias electricistas también guardan la esperanza de que los trabajadores de la compañía sean recontratados para que la economía de su pueblo se levante.

Ante esta situación la petición de los electricistas y de la comunidad de Nuevo Necaxa es constante: la restitución de sus trabajos y el respeto a sus derechos laborales.



El golpe político



Tras las movilizaciones y los bloqueos que los miembros del SME realizaron en la junta auxiliar de Nuevo Necaxa del municipio de Juan Galindo, uno de los principales “golpes políticos” fue la detención arbitraria contra Miguel Márquez Ríos, prosecretario de Divisiones del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, quien fue arremetido con violencia por elementos de la Policía Federal el pasado 21 de octubre.

En su detención, los uniformados omitieron mostrar la orden de aprehensión correspondiente, además que fue trasladado en automóviles particulares–sin rótulos de la Procuraduría General de la República– hacia el Centro de Rehabilitación Social de Puebla, donde aún permanece como presunto responsable a los delitos de privación de la libertad personal, daño en propiedad de la CFE y contra la transportación y consumo de los bienes nacionales e internacionales.

El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas impulsa, desde la región de Nuevo Necaxa, un movimiento sindical y de resistencia civil para exigir al gobierno federal la cancelación del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

De manera extraoficial se informó que la detención de Márquez responde a las denuncias interpuestas por la obstrucción de vías federales de comunicación, realizada durante la noche del pasado 17 de marzo, cuando se realizó la huelga nacional electricista. Mientras que la segunda denuncia está relacionada con la presunta privación de la libertad personal a policías federales, cuando el 26 de agosto los electricistas –encabezados por Martín Esparza– ingresaron a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Necaxa, donde se registraron empujones, insultos y daños en vehículos.

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