lunes, 3 de enero de 2011

SME Taller de usuarios de Energía Eléctrica LYFC ¿Porqué no pagar luz?

PRI acusa al Gobierno Federal de prentender frenar demanda contra CFE

Organización Editorial Mexicana
3 de enero de 2011


Guillermo Ríos/El Sol de México

Ciudad de México.- El PRI en la Cámara de Diputados acusó al gobierno federal y su partido Acción Nacional de pretender frenar la queja colectiva interpuesta ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el alza abusiva de las tarifas del servicio de energía eléctrica.

El diputado César Augusto Santiago, responsable del grupo de trabajo especial encargado de investigar los casos de corrupción en la CFE, informó que a un mes de que se presentó la queja, la Profeco se ha limitado a llamar a audiencias a los usuarios pero no ha resuelto nada, como si pretendiera cansarlos hasta que desistan de su queja.

"Parece que la PROFECO está en el ánimo de disimular el problema, está poniendo largas, llamando a los directamente afectados, exigiendo que haya un sinnúmero de audiencias, lo que me da la impresión de que hay más la intención de dilatar el asunto que de resolverlo".

El legislador expresó su preocupación porque en la misma Cámara de Diputados, "el PAN está frontalmente opuesto a que sigamos trabajando en el tema. Hemos presionado dos ó tres veces a efecto de que nos den la oportunidad de continuar trabajando en la investigación. Se ha aprobado el Punto de Acuerdo y luego no lo pasan a consideración del Pleno por razones que ignoro".

Fuente

La realidad desmiente en 2010 el discurso oficial sobre recuperación

Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Viernes 31 de diciembre de 2010, p. 5

En 2010, una vez más la realidad social y económica de México se impuso al discurso de recuperación difundido por el gobierno del presidente Felipe Calderón.

En los últimos 12 meses, la pobreza se profundizó y los niveles de bienestar de la mayoría de los mexicanos se redujeron. El aumento en precios de productos y servicios de consumo generalizado afectó aún más el poder adquisitivo de los trabajadores.

Por ejemplo, el valor de la gasolina y el diesel se incrementan cada mes desde 2009, lo que continuará en 2011, mientras el precio de la harina de trigo ha aumentado alrededor de 40 por ciento.

De julio de 2009 al mismo mes de 2010, el transporte subió 7.8 por ciento y los alimentos y bebidas 15 por ciento, lo cual impacta a más de la mitad de la población en edad de trabajar que tiene un ingreso de entre uno y tres salarios mínimos y gasta la mitad de sus percepciones en alimentación y 13 por ciento en transporte.

De 2000 a 2009, productos de la canasta básica como el azúcar y el frijol tuvieron aumentos de 169 y 142 por ciento, respectivamente, mientras los salarios apenas se incrementaron 51.4 por ciento en igual periodo, según cifras del Banco de México, el Inegi y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

"Es claro que la política económica de México está orientada a la búsqueda de un crecimiento hacia fuera", advierten Reyna Vergara y Miguel Ángel Díaz, investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

El pasado sábado 18, los representantes de organismos empresariales y de centrales obreras, así como los funcionarios que ocupan lugares en el consejo de la Conasami, aprobaron un aumento de 4.1 por ciento a este sueldo base; esto es, dos pesos con 30 centavos.

A partir del primero de enero, el salario mínimo será de mil 794 pesos al mes (unos 138 dólares) para la zona "A", considerada de vida cara, y de mil 702 para la zona "C".

Análisis elaborados por instancias públicas y privadas, con base en cifras oficiales, confirman el deterioro del nivel de vida de millones de mexicanos y la precaria generación de empleos mal remunerados, eventuales y sin prestaciones sociales.

Aunque en 2010 la cifra de nuevas plazas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ubica en cerca de 960 mil, aún no se restituyen las perdidas en el bienio 2008-2009 y, mucho menos, el rezago histórico de ocupación. Además, la recuperación es más lenta en las entidades del sur, con menor o ínfima actividad de exportación a Estados Unidos.

"Queda en evidencia que la mayoría de las nuevas plazas son principalmente eventuales", señalaron los investigadores Leobardo de Jesús y Yolanda Carbajal, también de la Facultad de Economía de la UAEM.

Un reporte del Inegi emitido en enero pasado precisó que casi 60 por ciento de la población en edad de trabajar (25.7 millones de mexicanos) laboraba en la economía informal. Meses después, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) informó que de septiembre de 2009 al mismo mes de 2010 el número de mexicanos sin seguridad social pasó de 28.2 a 28.4 millones.

Este año cierra con una tasa de desocupación cercana a 5.2 por ciento de la población económicamente activa (equivalente a 2.5 millones de mexicanos).

Sin embargo, si se aplica la medición utilizada por la Organización Internacional del Trabajo, que incorpora a las personas que se encuentran en edad y condición de laborar, pero desisten de buscar un puesto ante la falta de oportunidades, el nivel se eleva a cerca de 17 por ciento; es decir, alrededor de 8 millones de personas.

En el último cuatrienio, correspondiente al sexenio de Calderón, la población desempleada se disparó 65 por ciento, al pasar de 1.6 a 2.6 millones (La Jornada, 26 de diciembre de 2010).

Uno de los sectores más desprotegidos es el juvenil, con 7 millones de personas que ni estudian ni trabajan (denominados ninis), según el universo documentado por la UNAM.

En cambio, para las estadísticas promovidas por el gobierno federal (la ENOE), sólo 1.4 por ciento de los jóvenes se encuentra en esa situación, mientras 17.1 por ciento tampoco trabaja ni estudia, pero está clasificado como población "en trabajo doméstico".

Respecto a la pobreza, en el país hay al menos 50 millones de personas en esa condición, de las cuales 19 millones sufren "pobreza alimentaria" (sus ingresos son insuficientes para comprar comida), aunque algunos académicos refutan la metodología oficial y afirman que este indicador en realidad se ubica en 23 millones y el año entrante llegará a 25.5 millones, en un contexto de mercado interno deprimido.

En tanto, la política laboral de Calderón se mantuvo inamovible frente a las exigencias de mineros y electricistas, conflictos en los que se ha utilizado la fuerza pública para tratar de diluirlos.

Un botón de muestra son los desalojos de las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, consumados por fuerzas policiales en junio pasado, casos en los que hasta ahora los trabajadores siguen exigiendo justicia.

Catorce meses después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sigue en resistencia, pese a las ofertas a los trabajadores para que acepten su liquidación. De 44 mil, continúan en lucha más de 16 mil.

En el transcurso de este año, los electricistas encabezados por Martín Esparza abrieron diversos caminos para tratar de revertir la decisión presidencial del 11 de octubre de 2009.

La acción con mayor difusión –por su carácter inusual– fue la huelga de hambre colectiva en el Zócalo, con la participación de casi un centenar de electricistas que mantuvieron esta protesta por más de 90 días.

El 5 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad del decreto presidencial de extinción de LFC. Los ministros no se pronunciaron en el ámbito laboral, por lo que dejaron abierta la puerta para la promoción de demandas por reinstalación.

El movimiento de resistencia del SME sigue en pie y, apenas hace 15 días, luego de una larga negociación política en la Secretaría de Gobernación y de la reposición del proceso electoral en este gremio, se otorgó la "toma de nota" a Esparza como secretario general y a parte de su comité central.

Se gestiona además con las fuerzas políticas representadas en el Congreso la creación de una empresa que haga posible la reinstalación de los más de 16 mil trabajadores en resistencia.

Mientras, el gobierno sigue invirtiendo miles de millones de pesos (la cantidad exacta aún se desconoce) en contratar a particulares para suplir a los electricistas despedidos, en un proceso en el que son constantes los apagones en la zona central del país.

Aunque funcionarios niegan que exista una política hostil hacia los movimientos sociales y sindicales, lo cierto es que este año la movilización callejera fue la única opción para miles de trabajadores.

Así ocurrió con la mayoría de los empleados de Mexicana de Aviación, luego de que los problemas financieros orillaron a la aerolínea a suspender operaciones en agosto pasado. En noviembre confirmó el interés de nuevos inversionistas para relanzar la empresa, sólo que el plan de negocios, avalado por el gobierno, incluye el despido de más de 70 por ciento del personal. Los pocos que logren ser recontratados tendrán salarios y prestaciones precarios.

En lo social, el Ejecutivo promovió, sin éxito, litigios para revertir leyes que durante mucho tiempo promovieron sectores de la población, como la unión legal entre personas del mismo sexo. En tanto, organismos internacionales señalaron al Estado mexicano como responsable de violaciones a los derechos humanos.


Fuente

Bajo la lupa contratos de CFE

Lunes, 03 de Enero de 2011

Indagan más corrupción, revisan contrataciones millonarias sin licitación de la Comisión de Luz, además de sobreprecios y uso de materiales de baja calidad
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública ha puesto la lupa sobre los contratos de obra otorgados por la Comisión Federal de Electricidad en la Central Geotermoeléctrica de Cerro Prieto, Baja California, por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con fuentes de la dependencia, en el primer trimestre de este 2011 la Contraloría Federal arrancará una revisión a las diversas contrataciones en esta planta generadora que es la segunda más grande del mundo en su tipo.

La decisión fue tomada debido a que de 2007 al 2010 llegaron varias denuncias sobre corrupción de altos funcionarios, contrataciones millonarias sin licitación, uso de materiales de baja calidad, sobreprecios, retrasos en el cumplimiento de las obras y no aplicación de sanciones a contratistas.

Uno de los antecedentes es un caso de 2007 donde la CFE pagó 39 millones de dólares a Maquinaria Igsa por la reparación de una turbina de 30 megawatts, en un convenio para rehabilitar y modernizar la Unidad 5 de la mencionada Central, suma que según una queja es superior al valor de un motor nuevo.

"La investigación de 2007 concluyó sin sanciones, pero denuncias presentadas este año (2010) hicieron que la SFP decidiera auditar diversos contratos en la planta.

"Son denuncias por trabajos que hizo Igsa y la investigación dirá a dónde apunta (y quiénes son) los responsables, si a los funcionarios o a la empresa, eso no se sabe aún", dijo una fuente de la Función Pública.

El primer caso de 2007, que concluyó sin fincar responsabilidad a funcionarios, derivó de la licitación pública internacional LPI-18164093-021-03- CFE para la rehabilitación y modernización de la Unidad 5 de Cerro Prieto.

El contrato fue asignado a Power & Industrial Products (PIP), pero le fue rescindido por incumplimiento.

El 30 de marzo de 2006 la CFE contrató a Maquinaria Igsa, por haber sido la segunda mejor propuesta en la licitación, con un monto de 27 millones 475 mil 837 dólares y con el compromiso de concluir la obra el 8 de enero de 2008.

Según documentos oficiales, el 23 de octubre de 2007 la SFP recibió una denuncia que señala que cuando los funcionarios de la CFE realizaron el análisis de rentabilidad para rehabilitar la turbina usada, de manera extraña no incluyeron todos sus componentes.

De acuerdo con la denuncia, que dio lugar a la apertura del expediente DE-000028-2007-BC, lo anterior supuestamente se tradujo en dos nuevos contratos de trabajos adicionales para Igsa, sin licitación pública de por medio.

Por asignación directa, el primer convenio se otorgó el 26 de marzo de 2007 por 4 millones 997 mil 750 dólares y el segundo fue suscrito en septiembre de 2007 por 20 millones 958 mil 500 pesos.

Los contratos ocurrieron cuando el Superintendente de la Central Geotermoeléctrica era Ricardo Cervantes Pérez, y el gerente Regional de Producción Noroeste, era Luis Gonzalo Murrieta, hoy Coordinador Nacional del Área Termoeléctrica de la Subdirección de Generación.

Ambos tenían como superior jerárquico a Néstor Moreno Díaz, entonces director de Operaciones de la CFE y hoy investigado por presuntamente recibir sobornos millonarios con un yate y un Ferrari incluidos, a cambio de contratos de la paraestatal.

La SFP revisó en total dos denuncias por este caso, y una de ellas cuestionaba la asignación de tres contratos a la misma empresa para ejecutar una sola obra que resultó más cara que la compra de la propia turbina y sin concurso de licitación de por medio.

A diferencia de PIP, el convenio no fue rescindido pese a que la obra tuvo un retraso de más de un año.

En la queja, se menciona que la CFE realizó contratos modificatorios que anularon las multas al contratista y permitieron que la paraestatal perdiera ante Bureau Veritas un peritaje con Igsa que le significó pagar 6 millones de dólares adicionales a los contratos.

Agrega que la paraestatal negoció con Igsa cambios de proveedores, hecho que algunas fuentes estiman que dio lugar al uso de materiales con calidad menor a la especificada.

El Órgano Interno de Control de la CFE, que depende de la SFP, pidió en aquel momento "señalar por qué el contratista rehabilitó válvulas de control de admisión de vapor, de control y paro, así como chumaceras, entregadas por CFE para realizar la ingeniería inversa, en lugar de adquirir equipos nuevos".

De acuerdo con información de la SFP, tras revisar el caso, se concluyó que no hubo faltas administrativas de gravedad en las modificaciones de los contratos ni el peritaje al que se sometieron las partes.

(Abel Barajas / Agencia Reforma)

Fuente

Las privatizaciones han afectado la capacidad de enfrentar los fenómenos de la naturaleza

x James Petras - La Haine :: Más articulos de esta autora/or: Más artículos Cuando hay un huracán en EE.UU. mueren decenas de personas mientras en Cuba, donde hay una defensa civil y grandes inversiones públicas, casi nadie muere

Comentarios para CX36 Radio Centenario del sociólogo norteamericano, Prof. James Petras desde Estados Unidos. Lunes 27 de diciembre de 2010. www.radio36.com.uy

Chury: Petras, buenos días, ¿cómo estás?

Petras: Hay una noticia que debemos comentar,y es el asesinato de Julio Ramírez, que dio testimonio importante sobre los cementerios y los desaparecidos muertos durante la dictadura en Uruguay. Debemos comentar sobre eso porque revela que la transición democrática es muy limitada porque todavía existen estos escuadrones de la muerte que asesinan personas que quieren revelar los crímenes de la dictadura.

Ahora, el diario de Uruguay La República, comenta que tal vez fue un comando de Argentina. Eso me parece que es una forma de disfrazar lo que existe en Uruguay. Porque el comando que mató a Ramírez opera con impunidad en Uruguay. Mientras el gobierno no investiga los crímenes, a los implicados y a los que siguen en puestos importantes, este tipo de asesinatos van a seguir.

Chury: Muy bien. Es un tema por demás relevante pero coincido totalmente con el juicio que tú haces al final. No creo que haya sido ningún elemento argentino el que participó sino que aquí los había, elementos de esa naturaleza del escuadrón de la muerte y muy efectivos así que no creo que tuvieran que recurrir a países vecinos.

Petras: El segundo punto es el juicio contra el ex multimillonario ruso Mikhail Khodorkovsky, un gran oligarca durante los 90 en el gobierno de Yeltsin. Acumuló una fortuna estimada en 20 mil millones de dólares a partir del saqueo de varias empresas privatizadas, con un ejército de gangsters y vínculos con la red internacional de Bancos para lavar dinero y rentabilizar los enormes robos que hizo. Ahora, lo interesante del caso es que recibe la solidaridad internacional del gran capital en el mundo occidental. Cada vez que publican un artículo sobre el juicio, la condena y su culpabilidad, dicen que es simplemente un juicio político. No quieren tomar en cuenta las pruebas de saqueo, de lavado de dinero y lo demás.

Si uno lee por ejemplo el Wall Street Journal o el Financial Times y toda la prensa internacional, siempre defienden a este gran ladrón. Eso implica el nivel de solidaridad internacional que existe entre los capitales, que no les importa un pito cuáles sean las pruebas, cuál es el efecto extensivo y cómo perjudicó a millones de rusos que los dejó en la pobreza, en la miseria, con suicidios, alcoholismo. Defienden el principio de que los gobernantes, cualquiera que sean, no deben tocar a sus socios en el mundo de las finanzas y los capitales. Debemos notar que cuando se trata de uno de ellos siempre encuentran una excusa para defender al miembro de su clase.

Chury: Petras, otros temas que estés tratando actualmente?

Petras: Quiero tocar el caso de los grandes efectos de la naturaleza que estamos teniendo. Hay una enorme nevada en Europa y en Estados Unidos sobre la costa atlántica ahora, y cómo uno puede investigar las consecuencias.

Por ejemplo en Inglaterra y los países del continente hay una paralización total de ferrocarriles, aviones y transporte. Mientras, en los países nórdicos, Escandinavia, Finlandia, Suecia, hay eficiencia en el manejo de las condiciones del transporte.

En Inglaterra y Estados Unidos particularmente, siempre es un desastre. La diferencia es que en los países nórdicos tienen planificación, tienen inversión, tienen dirección pública. Mientras en Inglaterra y Estados Unidos cuando ocurre una tormenta natural no están preparados. El sector privado que controla los ferrocarriles y los aeropuertos no hace la suficiente inversión para prepararse y poder solucionar estos problemas con rapidez.

Y esa es una cosa que debemos tomar en cuenta: las privatizaciones han hecho mucho daño sobre la capacidad de enfrentar estos actos de la naturaleza. Y lo mismo pasa con los huracanes. Cuando hay un huracán en Estados Unidos mueren decenas de personas mientras en Cuba, donde hay una defensa civil y grandes preparaciones e inversiones públicas, casi nadie muere. Hay gente que es afectada en sus cosechas, sus casas, pero no hay muertos, mientras que en Estados Unidos siempre por la falta de gestión pública ocurre lo contrario. Y lo mismo podemos decir sobre Colombia, Venezuela. Últimamente tenemos grandes tormentas y damnificados. En Colombia murieron más de 250 personas mientras en Venezuela fueron menos de 50. Y más allá de eso, las inversiones para ayudar a las víctimas en Venezuela son diez veces más que las inversiones del gobierno colombiano.

En otras palabras, si las tormentas son iguales, las consecuencias son diferentes y dependen del grado en que hay un control público, inversión pública, en vez del sector privado. Y es otra defensa de la gestión pública y la regulación y controles del sector público sobre los medios de transporte y sobre la capacidad de intervenir en estas crisis.

Chury: Hemos recibido informaciones que hemos divulgado por aquí, de que el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y la corona realmente han evidenciado en estas últimas semanas el sistema de tortura que caracteriza al gobierno español contra los disidentes políticos vascos. ¿Esto se ha comentado por allí?

Petras: No, casi nada. No hemos visto ninguna noticia sobre este tema. Pero recuerdo años atrás durante el régimen de Felipe González, otro autotitulado socialista, que durante esa época se formaron escuadrones de asesinos con miembros de la policía y raptaban vascos y los asesinaban. Incluso fue un gran escándalo contra el régimen. Hay una historia aquí que tal vez siga siendo una realidad: con los socialistas casi no hay distinción con la derecha dura cuando se trata del tema del tratamiento de los vascos.

Chury: Petras, ¿cómo está actualmente, cómo se ve desde allí la situación haitiana y su ocupación?

Petras: Sigue siendo un gran desastre como hemos comentado; siguen muriendo docenas de personas cada semana, la extensión del cólera sigue siendo un fenómeno masificado. La ayuda externa no llega o llega de una forma más limitada y no pasa hacia abajo. La gente después de casi un año sigue viviendo en carpas y enfrentando los elementos, las tormentas... Y los soldados de ocupación siguen reprimiendo cualquier expresión política.

Las últimas elecciones, donde excluyeron a 16 partidos de la oposición, muestra que la dictadura del gobierno actual sigue siendo el elemento nefasto. Esta combinación de fraude, corrupción e influencia imperial, a partir de los generales brasileños y la participación uruguaya, boliviana y otros en este ejército, es una gran vergüenza e indica que el grado de independencia de los países en América Latina sigue siendo muy relativo cuando se toca un tema como Haití.

Chury: Fue noticia esta mañana por aquí que Videla y Luciano Benjamín Menéndez, dos militares argentinos asesinos, comparecieron nuevamente ante la justicia y recibieron perpetua.

Petras: Sí, eso es un regalo para todos nosotros que defendemos los derechos humanos y es un buen punto de referencia para todos los asesinos, dictadores, que hemos visto en el mundo. La mayoría siguen viviendo en Miami, en Florida con sus fortunas robadas, con la protección de los Estados Unidos y muestra qué hipócritas son en la Casa Blanca cuando se trata de los dictadores pro norteamericanos. Pero en Argentina tuvieron la valentía de agarrarlos, ponerlos en juicio y ponerlos en la cárcel hasta que mueran.

Extractado por La Haine

Fuente

Bolivia: Perder la confianza

Jenny Ybarnegaray Ortiz

En política, como en cualquier otra relación, las cosas funcionan –entre otros factores– por un principio básico de confianza y eso es precisamente lo que el gobierno viene perdiendo a paso acelerado. La confianza depositada por el pueblo boliviano en el gobierno de Evo Morales, a través de los sucesivos eventos electorales de los últimos años, viene siendo socavada por acción del propio gobierno, y lo que éste no debe perder de vista es que él mismo también es resultado –entre otros factores, reitero– de un largo proceso de pérdida de confianza en el sistema de partidos que tomaron a su cargo la responsabilidad del estado desde 1982.

Para no ir demasiado lejos en la historia, hay que recordar que Bolivia recuperó la democracia en ese año después de casi dos décadas de dictaduras militares que se sucedieron en el poder desde 1964, con breves interrupciones democratizantes. Por entonces –me refiero a fines de los años setenta y principios de los ochenta– el pueblo boliviano ansiaba democracia, con sus múltiples diferencias todas las fuerzas sociales percibían que ya era hora de que los militares se retiraran a los cuartales para dar paso a un proceso donde se implantara un estado de derecho fundado en la democracia. Ello costó al pueblo mucha sangre, no fue decisión de los militares retirarse a los cuarteles, fue el resultado de la lucha del pueblo boliviano al lado de la generación de condiciones internacionales que contribuyeron a un paulatino proceso de democratización en Latinoamérica.

Esas dictaduras dejaron al país en bancarrota, como efecto de la misma los inicios del proceso democrático no fueron fáciles, muy por el contrario, significó una escalada inflacionaria que terminó desestabilizando el gobierno de Siles Zuazo quien tuvo que adelantar en un año la convocatoria a elecciones nacionales. Contra toda previsión, el resultado de esas elecciones favoreció a la derecha, y Paz Estenssoro tuvo la “audacia” de deshacer con el codo lo que hizo con la mano en los años de la revolución de 1952. La desestatización de la economía y la liberalización del mercado fueron aceptadas a regañadientes por el pueblo boliviano, atemorizado por esa horrenda inestabilidad que significó la hiperinflación, y comenzó el periodo “neoliberal”.

Las promesas que venían aparejadas a la “solución” a la hiperinflación fueron largamente esperadas por el pueblo boliviano que, en quince años de aplicación del modelo, no vio superadas las graves deficiencias que lo aquejan. Se abrieron las brechas de la desigualdad, las cifras de la reducción de la pobreza mostraban avances de a milímetro, el mayor acceso a la educación no significó mejores oportunidades para nadie, se instaló el principio del “sálvese quien pueda” y, pese a todos los discursos y acciones de esos gobiernos, ninguno podría negar hoy –hablando con honestidad, que es mucho pedirles– que el modelo no se “sostuvo” sobre el colchón del narcotráfico y el contrabando.

Para el año 2000 el pueblo vino saliendo lentamente de su letargo, ya no temía la hiperinflación y comenzó a reclamar el cumplimiento de promesas largamente postergadas, se inició el oleaje de movimientos sociales que terminaron defenestrando a ese sistema político en el que había perdido la confianza. ¿Qué otra cosa, si no, significó la reacción de la población al anuncio de la exportación del gas por Chile? A mi juicio, ninguna cosa que propusiera cualquiera de los partidos en posición de gobierno en ese periodo, fueran solos o a través de coaliciones espurias, merecía ya la confianza popular. Y es que fueron tantos años de engaños, de mentiras, de pudrición de la política, que ya no cabía un ápice de confianza en la acertividad de sus decisiones, en que ésas estuviesen orientadas a procurar el bien común, sino todo lo contrario.

El campanazo de febrero de 2003 no fue escuchado por el gobierno de entonces, creyeron que realizando pequeños cambios en la estructura del gobierno, poniendo un parche aquí y otro más allá sostendrían el “modelo”, y con él se perpetuarían ellos mismos en el poder. Y así les fue, no la vieron venir porque estaban convencidos de que eran imprescindibles; pero llegó octubre y se les fue todo encima, Goni y sus íntimos tuvieron que salir del país en estampida.

Sin embargo, aún quedaba un resquicio de confianza, Meza asumió las riendas del gobierno teniendo por detrás una altísima aceptación popular; pero, se portó timorato, no se puso a la altura de los acontecimientos ni de la historia. Quiso salvar las formas de la democracia sin percatarse de que a esas alturas habían perdido contenido, quiso gobernar manteniendo el sistema político, manteniendo un Congreso que representaba lo más abyecto de la “democracia pactada”. No tuvo el valor suficiente para cerrar ese Congreso y convocar a la Asamblea Constituyente, que era la primera y más importante demanda de la “agenda de octubre”. Prefirió “marear la perdiz” con el “referendo del gas” y la subsecuente modificación de la Ley de Hidrocarburos y se le acabó el tiempo, porque ese Congreso que mantuvo y defendió contra toda lógica política se ocupó tenazmente de hacerle un gobierno imposible. Y ¿cómo no lo iban a hacer si lo consideraban un traidor a Goni?

Mientras tanto, se fue gestando “la alternativa”. El MAS, que en 1997 apenas llegó al parlamento con cuatro diputados, para 2002 ya contaba con una bancada de veintisiete diputados/as y cuatro senadores, ubicándose en el segundo lugar de la preferencia electoral. De ahí en adelante, para arriba, ¿qué partido alcanzó antes del MAS el 52% (2005) o el 63% (2009) del voto en elecciones nacionales? Con semejante capital de confianza, el MAS estaba en posición de hacer lo que mejor debía: poner en marcha un programa de gobierno capaz de revertir el rezago de décadas de atraso, desigualdad, pobreza, miseria, exclusión, racismo, machismo. Por supuesto que nadie esperaba que lo hiciera “de la noche a la mañana”, se sabía que ello llevaría lustros e incluso décadas en concretarse.

La primera gestión estuvo marcada por la política, el viejo régimen se negaba a espirar, utilizó todos los mecanismos a su alcance para desestabilizar al gobierno y sólo logró fortalecerlo, mientras cavaba su propia sepultura. También estuvo marcado por la construcción de un discurso orientado a dar contenido a algo que hasta 2005 apenas eran consignas, discurso que quedó plasmado en la Constitución Política del Estado. Constitución que pocos conocen y menos entienden, plagada como está de múltiples contradicciones, conciliaciones y adjetivos, donde serpentea el sueño de un país pluri-multi sin exclusiones denominado “Estado Plurinacional” y que tiene como fundamento el reconocimiento de la pre-existencia de 36 pueblos y naciones “indígenas-originarios-campesinos” que constituyen su sustento y su razón de ser y existir.

Pero a la hora de la verdad, cuando se inició el segundo periodo de gobierno, el proyecto comenzó a “hacer aguas” por todas partes. El año 2010 estuvo marcado por la elaboración de leyes destinadas a dar contenido y realidad al Estado Plurinacional, tarea necesaria, por cierto. Leyes “estructurales” denominaron a algunas y “coyunturales” a otras; pero, el mayor error del legislativo fue elaborarlas a puerta cerrada o, al menos, solamente abiertas para aquellos sectores y actores que el gobierno considera “su base”. Por su parte, el ejecutivo, en lugar de concentrarse en la gestión gubernamental, aprovechando de una coyuntura económica de extraordinaria bonanza, continuó adelante con su proyecto político hegemónico, como si no creyese en su propia constatación de que había “derrocado a la oposición”, se empeña en encontrar el “pelo en la leche” de cualquier gestión que no sea la suya propia, aunque para ganar crédito en este propósito hubiese tenido que “sacrificar” a los más avezados pillos del propio gobierno.

Si en este primer periodo cualquier crítica constructiva a la gestión gubernamental era auto-censurada a fin de no entrar en la “bolsa” de esa oposición obtusa, en este segundo periodo el paulatino alejamiento de las dirigencias de las organizaciones sociales, cada vez menos expresión de sus sectores, cada vez más “afines” –lo pongo entre comillas porque tengo la sensación de que esa afinidad es más prebendal que ideológica– al gobierno, amainó cualquier alternativa de cuestionamiento al gobierno y éste se creó la ilusión de que no existía, de que no existe crítica a su acción, que lo están haciendo “muy bien”. Quizás a ello se deba ese empeño enfermizo por descalificar cualquier expresión de visión, ya no contraria sino distinta de la suya propia.

Y la “cereza en la torta” la pusieron el 26 de diciembre con el sorpresivo anuncio del alza de los carburantes líquidos en un promedio del 74,5%. No se requiere ser economista para saber que esta decisión afecta directamente al bolsillo de la gente y lo afecta en escalada porque cualquier producto de la canasta familiar se transporta y quienes comercializan los productos aplican ese porcentaje de incremento al precio de cualquier producto, aunque ello sea absolutamente irracional.

La gente aguanta todo, la gente puede sentirse “enamorada del proceso”, identificada con la imagen y figura de Evo, esperanzada en un “cambio” –aunque no sepa con certeza para dónde va ese cambio–, la gente puede creer en cualquier discurso que provenga de alguien en quien deposita su confianza; pero, cuando le tocan el bolsillo, cuando le afectan su precaria economía, como lo es la de la mayoría de los bolivianos, se acaba el enamoramiento. La gente necesita llenar la olla y si, para llenarla a duras penas, tiene que hacer cualquier sacrificio, lo hace; pero si ningún sacrificio ayuda a llenar la olla, se le acaba la paciencia, porque con discursos ideológicos no se sostiene la economía familiar.

Y eso es precisamente lo que está pasando en este momento, la gente está manifestando su rabia, su impotencia, se siente traicionada por un gobierno que le prometió “cambio” y que le aseguró que la cuidaría como el mejor “padre de familia”. Pueden desgañitarse explicando que la medida era “necesaria”, pero ya nadie les cree, porque esa “necesidad” no es la suya propia, la suya es mucho más simple, más cotidiana, más de corto plazo. Con esta medida el gobierno está rifando su principal capital: la confianza de la gente. Y cuando un gobierno pierde la confianza de la gente las cosas se le ponen muy difíciles porque, más allá de cualquier otra consideración, entre pueblo y gobierno prima una relación subjetiva que pocos tienen en cuenta.

La Paz, 30 de diciembre de 2010

Jenny Ybarnegaray Ortiz es Psicóloga Social.

Fuente

El presidente boliviano obedece al pueblo con anulación de "gasolinazo"

René Quenallata Paredes (XINHUA)

El alza a los precios de los carburantes en Bolivia, conocido como "gasolinazo", unió a derechistas, izquierdistas, progresistas, neoliberales, disidentes oficialistas y a la gran mayoría de la población pobre para el rechazo de esta medida impopular.

El presidente boliviano Evo Morales rectificó y dejó sin efecto la medida, luego de sentir el alejamiento de sus bases más disciplinadas, a las cuales les debe el triunfo en cinco elecciones consecutivas con porcentajes históricos de 54 a 68 por ciento de aceptación en comicios presidenciales, gobernadores, alcaldes y referendos.

El más popular de los líderes políticos sintió en carne propia la desaprobación del pueblo unido, que en días pasados salió a las calles para protestar e incluso para solicitar su renuncia.

El analista político Marco Antezana consideró que en un país con índices de 35 por ciento de extrema pobreza y un promedio de 50 por ciento de pobreza, la medida adoptada por el gobierno está fuera de la realidad.

Puso como ejemplo al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se vio obligado a huir de Bolivia para refugiarse en Estados Unidos y alejarse de la ira del pueblo que vio caer en sus protestas más de 60 muertos y tres centenares de heridos en septiembre y octubre de 2003.

El presidente Morales admitió el descontento popular y resolvió la noche del viernes 31 de enero anular el decreto 748 que ordenaba el alza de los precios de la gasolina y diesel, medida que provocó violentas protestas en el país.

Todos los anuncios, producto de esta medida, quedaron sin efecto. Morales apeló a la sabiduría del pueblo, cuando le recomendó escuchar las voces de su electorado.

El mandatario recordó su compromiso de gobernar obedeciendo al pueblo, por lo cual decidió anular el decreto.

La decisión también revoca el aumento salarial de 20 por ciento para la Policía, las Fuerzas Armadas, los sectores de salud y educación, lo cual abrió las puertas al sector privado para negociar con sus empleados un ajuste de los sueldos en ese parámetro.

Razones de la medida

El economista Juan Carlos Ruiz cuestionó si era necesaria una medida tan dura para castigar a la inmensa cantidad de pobres, cuando los indicadores económicos muestran que Bolivia vive una bonanza alentadora, con un crecimiento promedio de los últimos cinco años de 4 por ciento.

A esto se suma una cifra récord de reservas internacionales netas cercana a 10.00 millones de dólares, sin déficit y con superávit.

Además los récords de exportaciones de casi 7.000 millones de dólares, un sistema financiero sólido con ahorros que casi equiparan a las reservas en un promedio de 9.000 millones de dólares, una mora bancaria que descendió en cinco años de 18 a 2,7 por ciento, con un fortalecimiento de la moneda boliviana de 50 por ciento frente al dólar.

Con todas estas cifras macroeconómicas, la pregunta de Ruiz es si era necesaria una medida tan dura.

"Eso lo saben sólo los gobernantes y sus asesores más cercanos, porque algo no cuadra en las cifras macroeconómicas para asumir una medida impopular que acorraló a un gobernante tan popular y arriesgó o dejó mal herido a un proceso de cambio del pueblo, liderado por Evo Morales", indicó.

La justificación para emitir el decreto fue el contrabando de carburantes, sin embargo la población exige que los militares, considerados improductivos y sector que deja grandes gastos al Estado, se trasladen a las fronteras para controlar, lo que llamó Morales el "desangramiento del país".

Saldo de la medida y su rectificación

"Morales sintió que el poder estaba cuestionado duramente y que podía ser el inicio del fin de su gestión por su medida económica", señaló el líder máximo de los Chóferes de Bolivia, Franklin Durán, quien destacó la rectificación de la medida.

Una acción impopular que para una gran mayoría, entre analistas, políticos, empresarios y trabajadores, era el elemento vital que precisaban los detractores y el reducido porcentaje de opositores al gobierno del primer mandatario indígena de Bolivia para reagruparse en el descontento popular.

"¿Qué saldos quedaron de esta medida? Sin duda el tiempo se encargará de mostrarlo, pero que a priori debe iniciarse con una reflexión profunda en el entorno de poder del gobernante", recomendó el dirigente.

Marco Antezana consideró que el gobierno debe encarar a los grandes consejeros del "gasolinazo", porque sin duda afectó la imagen del líder indiscutible de las masas en cinco elecciones de Bolivia.

La pregunta es si Evo Morales será capaza de sostener más de 50 por ciento de la votación tras el descontento generado por el decreto.

Para algunos analistas políticos, el gobierno debe trabajar mucho para recuperar su popularidad, al tomar en cuenta que de abril a junio próximo se realizarán elecciones para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El analista Roberto Gutiérrez señaló que esta experiencia amarga para el gobierno de Bolivia develó el talón de Quiles de Morales, que son precisamente medidas impopulares.

Los opositores, en concomitancia con los intereses de sectores de poder afectados, saben ahora cómo neutralizar al líder boliviano.

La oposición constató que Morales no ha sido el "gran líder indestructible" que perfilaba quedarse en el poder por más de 20 años, afirmó el representante del opositor Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado.

El mandatario indígena y su partido Movimiento Al Socialismo (MAS) resultaron afectados en cuanto al respaldo popular, que es el sostén de este proceso revolucionario.

Para algunos políticos del MAS, opositores y dirigentes sociales, el presidente Morales debe comenzar 2011 con un nuevo rostro político, realizar ajustes en su gabinete para demostrar al país criterios de recambio interno y dejar en el olvido el "gasolinazo" con obras, no con palabras.

Según el analista económico Luis Ballivián, la base económica sufrió un temblor por efecto del alza de precios de la gasolina y diesel, con la especulación de precios en el mercado y el retiro de depósitos que la Asociación de Bancos de Bolivia calculó en casi 100 millones de dólares.

Estas acciones demuestran caos, desconfianza e inestabilidad, lo cual generó una inflación inusual y descontroló la solidez financiera.

Ballivián dijo que el gobierno debe mostrar firmeza y solvencia para dejar las cosas como estaban antes de la elevación de precios de carburantes.

La medida necesaria, obligada, inoportuna, desacertada o como se la quiera llamar, dejó una lección política a Morales, quien no puede gobernar con disposiciones que van contra corriente por más obligadas que sean, coincidieron analistas, dirigentes sindicales y opositores, añadió Ballivián.

Fuente

Poder adquisitivo, poco favorable en 2011 para los michoacanos

Se avizora una caída del 80% y un cierre de inflación más alta que afectará a la economía familiar
Francisco Lemus
Viernes 31 de Diciembre de 2010

Morelia, Michoacán.- Poco favorable, el panorama en términos del poder adquisitivo de los michoacanos, ya que se avecinan sensibles aumentos en los precios en bienes básico como el pan, que ya ha aumentado de 50 centavos a 1.50 pesos en varios establecimientos. Cabe señalar que en los últimos cuatro años este poder adquisitivo ha caído en más de un 80 por ciento.

Para el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Carlos Francisco Ortiz Paniagua, a esta baja en el poder adquisitivo hay que sumarle una posible inflación subyacente elevada para 2011 y que la recuperación económica en 2010 no ha permitido aún alcanzar ni siquiera los niveles de enero de 2008.

Además de las constantes alzas de combustibles que se han registrado a lo largo de 2010, en 2011 se espera otra alza global, de acuerdo con Ortiz Aguirre, ésto golpeará a la economía de los mexicanos, a la vez que un aumento en el costo de los granos básicos de igual forma tendrá un impacto directo en la inflación subyacente.

Caída del poder adquisitivo

De acuerdo al Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre diciembre de 2006 y abril de 2010, el poder adquisitivo de los mexicanos ha caído en un 82 por ciento, ya que la Canasta Alimenticia Recomendable, pasó de 80.83 a 156.76 pesos, casi el doble.

En cambio, desde enero de 2007 a enero próximo, el salario mínimo ha aumentado en 19.11 por ciento al pasar de 47.60 a 56.70 pesos en la zona C, el monto que predomina en la mayor parte del país.

La Canasta Alimenticia Recomendable fue ponderada para el consumo diario de una familia mexicana conformada por cinco personas: dos adultos, un joven y dos niños. De acuerdo con el CAM, fue integrada considerando los aspectos nutritivos, de dieta; aspectos culturales, de tradición, y aspectos económicos. Además fue definida por Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”.

Como el mismo CAM reconoce, también se debe considerar el gasto en vivienda, transporte, educación, salud, vestido, calzado y recreación, los cuales no cubre esta Canasta Alimenticia Recomendable. Las encuestas son levantadas directamente por Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM.

Salario Mínimo e inflación

Aunque hay quienes pedían un salario mínimo de 200 pesos o más, como un mínimo factible para el cumplimiento de la Constitución mexicana, en la que se estipula que el salario mínimo debe ser lo suficiente para cubrir todas las necesidades de los trabajadores y sus familias, hubo quienes consideraron que ésto es demasiado ambicioso.

En opinión de Eduardo Nava, investigador de la Facultad de Economía de la UMSNH, una exigencia no tan radical para el aumento al salario mínimo es de por puntos porcentuales por encima de la inflación, hasta reducir la disparidad que actualmente existe entre el elevado costo de la canasta básica y el bajo ingreso de los trabajadores.

Si México cerrará el año con una inflación de 4.4 por ciento, lo ideal sería que el aumento en el salario mínimo hubiera sido de 6.4 por ciento. La realidad ha sido muy distinta, pues el incremento aprobado para 2011 es de apenas 4.1 por ciento, incluso por debajo de la inflación estimada para este 2011.

Es así que el salario no sólo tiene avances, sino incluso retrocesos, a los que hay que sumar los históricos, que se vienen arrastrando desde hace casi 30 años, pues desde 1982 los niveles de ingreso promedio de los mexicanos han ido disminuyendo progresivamente.

Aumentos en combustibles y granos

Francisco Ortiz Paniagua advierte que el panorama para 2011 es poco alentador, si se toma en consideración que el cierre de la inflación será más alto que el aumento en el salario mínimo, “que es un indicador que funciona como referencia de los ingresos de los trabajadores”, pues ésto incidirá directamente en una baja en el consumo.

“Lo que nos espera para el año que entra es otra vez reprimir el consumo para las familias que ganan en términos de sueldos y salarios, ésto nuevamente reprime lo que pudiera ser crecimiento económico. En la parte de los salarios hay un deterioro nuevamente, que se suma a un acumulado de casi 30 años”.

“Se espera que tanto granos básicos, principalmente el trigo, como combustibles, tengan un alza fuerte el año que entra. Esta última nos va a pegar aún más por los aumentos constantes que se han dado en gasolinas a lo largo de este año que termina”.

La inflación subyacente se refiere al aumento en el precio de aquellos bienes que son considerados básicos, “los que consumimos más frecuentemente”, explica el investigador.

A mitad de la recuperación

A dichas repercusiones en la inflación, habría que sumarle el hecho de que México al finalizar 2010 “no vamos ni a la mitad”, advierte Ortiz Paniagua, “el año que entra apenas nos estaríamos poniendo al nivel de como estuvimos a principios de 2008”.

Esto se ve más claramente en el alto grado de empleo informal que existe en el país, así como el desempleo. “La cantidad de desempleados, cercana al 6 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), es la más baja de los últimos diez o quince años”, situación que el investigador considera preocupante.

Aumento al salario ni para “otro bolillo”

El aumento en los precios de los granos básicos empieza a notarse ya en los bolsillos de los michoacanos, pues precisamente el pan que se realiza de forma industrial ha comenzado a subir de precio en algunas tienditas.

Hace unos días en una visita a Morelia, Fernando Amezcua, secretario del interior del Sindicato Mexicano de Electricistas, ironizaba que el aumento nominal de 1.20 pesos al salario mínimo serviría en Michoacán para comprar “otro bolillo”, la realidad un bolillo es demasiado ambicioso, pues no servirá siquiera para cubrir el aumento de una bolsa de pan Bimbo grande.

Aunque en muchas tiendas aún no se ha dado el aumento, sus propietarios dicen estar informados de que éste se va a llevar a cabo, mientras que otros pequeños comerciantes ya han hecho los ajustes, por lo que el aumento en galletas, pan dulce y pan blanco e integral ya es una realidad en estos establecimientos.

Dichos aumentos, como señala María Elena, propietaria de una tiendita ubicada cerca de la Comercial Mexicana del centro, van de los 50 centavos en las galletas, hasta 1.50 en el caso del pan integral y pan blanco. Desde luego los aumentos deben tener como mínimo 50 centavos, pues las monedas de menor denominación ya ni siquiera existen.

María Elena comenta que en un año, las utilidades para ellos como pequeños comerciantes se han visto considerablemente mermadas, por los aumentos en los costos de vida, mientras que ellos no pueden subir los precios, “no por el gobierno o las normas, sino porque si yo le subo el precio a algo, ¿quién me lo va a comprar?”, pregunta con desdén.

En el caso de su tienda, los precios de galletas Marinela, pan dulce Tía Rosa y toda la línea de Bimbo ya han aumentado su costo en promedio de un peso por pieza. Desde luego ella tiene poco que celebrar de este aumento, pues comenta que su principal problema no es la utilidad sino la baja en las ventas.

Señala a la calle y dice: “mire, las calles están solas. Antes esta era una temporada buena y ahora no se vendió nada”. Prueba de ello es el surtidor de Sabritas en el que las frituras se desbordan, dando cuenta de las pocas personas que salieron a surtirse de botanas previo al recalentado navideño.

Taxistas piden aumentar tarifa

En una situación similar se consideran los prestadores de servicios de transporte público, quienes, como la mayoría de la ciudadanía, se han visto afectados de forma directa por los aumentos en el precio de los combustibles y consideran necesario ya aumentar las tarifas que han estado vigentes por los últimos tres años.

Alfonso León Pérez, de Radio Taxi Morelia, considera que ya no es posible soportar las mismas tarifas, pues con los actuales precios de la gasolina ya debería de haberse aprobado un nuevo tope. De acuerdo con él, esta compañía sigue teniendo como cuota base la de 25 pesos, al ir de una colonia a otra.

Sin embargo, actualmente es difícil que una “llevada” baje de 35 pesos; aún así, el taxista lamenta que ellos ya difícilmente pueden cobrar lo que marca la tarifa, pues la gente “nos paga lo que ellos quieren”.

Aumento a cigarros

En las tiendas, de forma automática, al hablar de aumentos, lo primero que les viene a la cabeza a los propietarios son los cigarrillos, que han pasado de 30 a 37 pesos en el caso de una de las marcas más comunes, Marlboro, esto se debe a disposiciones fiscales aprobadas por el congreso de la unión en meses pasados para aplicarse en enero de 2011.

Sin embargo, la tabacalera Philip Morris, encargada de la distribución de estos cigarros, ha aumentado su precio prácticamente desde mediados de noviembre; los productos de la tabacalera British American Tobacco se mantienen constantes, por lo que los cigarros de la marca Raleigh, Camel y Viceroy no han subido su precio, por lo menos no lo harán hasta el primero de enero.

De acuerdo a las disposiciones fiscalesm, tanto cigarrillos como bebidas energéticas serán sujetas de una mayor carga fiscal; pero como oportunamente informó Cambio de Michoacán, el especialista en finanzas públicas de la UMSNH, Israel Hernández Torres, dudó que esto en verdad vaya a tener efectos notables en la recaudación.

Así mismo, empresarios michoacanos desestimaron que esto vaya a verse reflejado en una disminución en el consumo de sustancias que son dañinas para la salud como es el caso del tabaco.

Recuadro  Opiniones de sociedad

Para la ciudadanía aún no se recienten los aumentos de forma notable, pues aunque las personas sondeadas por Cambio de Michoacán consideraron que sí se resiente un alza en general, no señalaron que hubiera un producto específico que ya hubiera aumentado su precio.

Productos como el limón, que rebasa los 30 pesos por kilo en algunos establecimientos, fueron señalados reiteradamente, sin embargo, como ya ha informado este periódico, se espera que para la segunda mitad de enero el precio vuelva a la estabilidad, cosa que no se puede esperar de otros productos como el ya mencionado pan Bimbo.

Para Martha Vargas, los aumentos han sido graduales y desde luego ella percibe una baja en el valor de su dinero cuando acude a hacer las compras; sin embargo, no señaló a ningún producto en particular que hubiese subido de precio, menos aún en los últimos días, a menos que fuera el limón, que nada más de recordar lo caro que está se indigna.

Por otra parte, Adriana Cervantes, quien acude en compañía de sus dos hijos casi adolecentes al mercado de San Juan, tampoco hay un aumento que pueda considerar preocupante, pero coincide en que la vida está bastante cara y que difícilmente se puede hacer el mismo “mandado”con el mismo dinero.

Sin embargo, a su parecer sí ha habido aumentos notables en el precio del servicio de taxi, pues recuerda que por llevarla a Tarímbaro, en donde se ubican un número importante de colonias, le han querido cobrar hasta 100 pesos, lo que ella califica de un abuso.

En el mismo mercado, pero no como compradora, sino como oferente de comida corrida, Karina Urrutia comenta que los precios de sus insumos se han mantenido estables y aunque está en el mercado comenta que ella se surte en Chedraui, donde según ella “todo está más barato”.

Por eso mismo valía la pena preguntar en dicha tienda; saliendo de ella con un par de bolsas, Ramón de la Fuente López, que iba con su esposa y un hijo pequeño, comenta que no ha habido aumentos notables en los precios y menos en esta tienda, pues “compran en grandes cantidades y mantienen los precios más o menos estables”.

Fuente

2010, el año de la decepción

* Por: Israel Pérez Valencia
* 31-Diciembre-2010
*

*

Estamos a unas horas de terminar el 2010, un año que para los mexicanos resultará para el olvido a pesar de que hubo muchas oportunidades de hacerlo grande y memorable. Por desgracia la violencia, el escándalo y el panorama económico pudieron más que las celebraciones nacionales, la cuales también causaron la decepción que implica las expectativas no cumplidas. Por una parte, en este 2010 se agregaron 10 000 muertos más a la guerra contra el narcotráfico, conflicto que ya superó, por mucho, el número de bajas ocurridas en otros momentos históricos de nuestro país, como la Independencia, la Reforma o la llamada “guerra sucia” emprendida en los setentas por el gobierno en contra de los líderes sociales y grupos guerrilleros de la época. En este año resultó verdaderamente lamentable que el número de víctimas inocentes (llamados oficiosamente “daños colaterales” por el presidente Felipe Calderón) aumentó significativamente, desde familias asesinadas en los retenes, migrantes y todos aquellos que les tocó la mala fortuna de estar en algún fuego cruzado. Lo peor del caso es que al parecer, la guerra contra el narco no tendrá fin en un corto plazo; la información filtrada por Wikileaks respecto a los errores de cálculo del presidente Calderón, la desconfianza y falta de organización entre el Ejército y la Policía Federal, así como las revelaciones de Anabel Hernández en su libro “Los Señores del Narco”, pusieron en evidencia el alcance real del gobierno en una organización de mil cabezas en la que algunas autoridades y delincuentes hacen trabajar esa maquinaria llamada “crimen organizado”. En este 2010, la justicia en México fue noticia más por sus escándalos que por su efectividad. Personajes como la niña Paulette Gevara, Salvador Cabañas, Julio César Godoy Toscano, Isabel Miranda de Wallace, Diego Fernández de Cevallos la fallecida Marisela Escobedo, los Legionarios de Cristo, Martín Esparza del Sindicato Mexicano de Electricistas y el desenlace del llamado “michoacanazo”, exhibieron no sólo las carencias que tenemos en materia de justicia, sino también la corrupción e ineficacia de los cuerpos de seguridad pública y persecución del delito en todos los niveles a nivel nacional; esto a pesar de los grandes presupuestos destinados por el congreso al gobierno federal, los estados y la Suprema Corte de Justicia, lo que ha dejado un mal sabor de boca en la ciudadanía. En materia económica, el 2010 fue un año inclinado hacia la decepción, el desempleo aumentó respecto del año pasado y el poder adquisitivo de las familias mexicanas se vio mermado gracias al aumento de precios y los impuestos. Aunque el gobierno federal anunció con bombo y platillo durante el año que el sexenio calderonista es en el que más créditos a la vivienda ha otorgado en la historia, la falta de empleo ha generado que muchos mexicanos no tengan los recursos para seguirla pagando, lo que los ha llevado a perder ese patrimonio. 2010, fue el año de la decepción política, las alianzas entre el PAN y el PRD, partidos de ideologías completamente enfrentadas son la muestra de que en México se persigue el poder por el poder mismo, y que en el congreso los diputados y senadores de todos los partidos practican el deporte legislativo por excelencia, que se llama “tortuguismo político”, este año que termina es en el que más iniciativas de ley quedaron en la congeladora, muchas de ellas indispensables para el progreso del país en materia de salud, reforma política y fiscal. La decepción en este 2010 también vino de las desviaciones institucionalizadas en las que el mexicano desahoga sus pesares cotidianos. Los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución se quedaron muy cortos en referencia a los sucesos históricos que se conmemoraban. Se gastaron más de 500 millones de pesos en espectáculos estilo Cirque du Solei que ciertamente les dio espectacularidad, pero poco valor histórico. Por si fuera poco, la Selección Mexicana de Fútbol fracasó rotundamente en el Mundial Sudáfrica 2010, a pesar de las grandes expectativas sembradas por el director técnico Javier Aguirre, quien se quiso convertir en un estandarte del éxito y el cambio de actitud. ¿Cuáles son las expectativas del 2011? Este año quedó en evidencia que la solución a los retos en materia económica, política y social dependen más de la ciudadanía que de los políticos y los hombres del poder, por lo que las expectativas de cambio deben venir más del corazón de los mexicanos que de la cámara de diputados o la residencia oficial de Los Pinos. Se requiere retomar el espíritu de los hombres y mujeres del 85, el recuperar el alcance de la sociedad civil comprometida y exigente con sus autoridades, de otra manera, el 2011 será parte del espiral descendente que se ha convertido el sistema político que actualmente gobierna este país. Que este 2011 esté lleno de logros y satisfacciones para todos ustedes.

Fuente

En 2011 continuará el SME su lucha

*Pese a persecución que sufren sus miembros
El Sol de Cuernavaca
31 de diciembre de 2010



Andrés Lagunas

Cuernavaca, Morelos.- Ante una persecución política y penal en contra de dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, el inicio de 2011 será de marchas, protesta y resistencia con dignidad, advirtió el subsecretario general del sindicato en Morelos, Héctor Salazar Porcayo, al lamentar la politización de la justicia.

En conferencia de prensa Héctor Salazar Procayo y Marco Antonio García Barrera, integrante del sindicato mencionado, denunciaron irregularidades y contradicciones por parte del juzgado federal del cuarto distrito en Cuernavaca y también de la juez Griselda Sáenz Horta, bajo el expediente 63/2010.

El líder de los electricistas, refirió que no ha existido una equidad de la parte acusadora como la de los propios procesados, que tal parece que existe una orden para reprimirlos, puesto que existe una serie de contradicciones de acuerdo a las declaraciones que hiciera la parte acusadora, que estas no coinciden en los señalamientos que les imputan.

Recordar que en el mes de junio de este año se giraron órdenes de aprehensión en contra de García Barrera y posteriormente de Salazar Porcayo, por presunto de delito de privación ilegal de la libertad.

Aseveró que tampoco las declaraciones de los testigos se ha alineado con lo que pasó el pasado 17 de febrero en el que autoridades federales entraron a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, También, dio a conocer que ahora quieren hacer firme una prueba en la que se presenta un video a fin de sentenciarlos, además de que los acusantes no acuden a los desahogos.

En entrevista el ex trabajador de Luz y Fuerza del Centro, aseveró que interpondrán una denuncia en próximos días ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, debido a que son tratados enérgicamente y los hacen esperar horas, entre otras situaciones.

"Haremos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que tengan conocimiento sobre como se nos lleva este proceso", enfatizó Salazar Porcayo.

Agregó que para enero iniciarán con más movilizaciones y protestas entre otras actividades, añadió que esperan que para febrero los diputados tomen las iniciativas planteadas por ellos una de ellas es la de crear un nuevo organismo parecido al de la empresa extinta.

Fuente

Liquidan a 28 mil trabajadores del SME

Publicado el Sábado 1 de Enero de 2011

México 1 de Enero, Notimex .- De los más de 28 mil trabajadores que cobraron su liquidación tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro sólo 350 lograron emplearse en las empresas que ofreció apoyar el gobierno federal, y a más de un año de la desaparición de la paraestatal están por perder nuevamente su empleo y la inversión que realizaron en sus negocios.

Cuando se dio a conocer la extinción, se propuso a los 44 mil agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas que podían optar por mantener un movimiento de resistencia sin cobrar su liquidación, o aceptar las condiciones ofrecidas por el gobierno federal, entre las que destaca la creación de empresas que serían apoyadas a través de financiamientos y contratos de adjudicación directa.

Los encargados de las cinco empresas que lograron obtener un contrato para dar servicios a la Comisión Federal de Electricidad detallaron las dificultades a las que se enfrentan debido a lo que consideraron “el incumplimiento del gobierno federal al compromiso de apoyarlos para emprender”.

Miguel Quiroz y José Luis Olivares, dos ex trabajadores de LFC con más de 15 años de antigüedad, se asociaron con algunos de sus compañeros para establecer su negocio; dos empresas para brindar servicios de mantenimiento de redes, subestaciones, y poda de árboles que interfieran con el cableado.

Ambos trabajadores refirieron que a pesar de tener capacidad y experiencia para brindar una gama de servicios, sólo se les ha permitido realizar labores de poda de árboles, y se les han otorgado dos contratos por seis meses, los cuales finalizaron antes de ese periodo, sin que se los hayan renovado por lo que podrían quedar nuevamente en el desempleo.

La empresa encabezada por Quiroz se encuentra en el estado de Morelos, se constituyó el 29 de abril, pero fue hasta el mes de agosto que entró en operaciones debido a dificultades financieras, pues los créditos comprometidos para otorgarse a través de la Secretaría de Economía (SE) no se entregaron a tiempo, por lo que tuvieron que invertir la totalidad de sus liquidaciones para el pago de renta o compra de equipo, de salarios y para costear los cursos de certificación de trabajadores, requisito obligatorio para operar.

Asimismo, los trabajadores de ambas empresas no sólo han tenido que lidiar con el retraso en la entrega de créditos y la falta de nuevos contratos, además, durante sus labores son víctimas de las agresiones de sus ex compañeros que se mantienen en la resistencia.

En este sentido, Olivares comentó que su empresa obtuvo contratos de “poda” para dos zonas del Distrito Federal, y además de que tuvieron que invertir sus liquidaciones y comprometer sus bienes patrimoniales para adquirir las herramientas, deben mantenerse alerta de las agresiones de sus ex compañeros.

Dijo que los agremiados que rechazaron cobrar su liquidación, han averiado sus vehículos, los amenazan, persiguen e inclusive los han golpeado, por lo que algunos días se vieron obligados a suspender operaciones.

“En muchas ocasiones pedimos apoyo a la policía capitalina, pero ellos te dicen que mejor corras y dejes las unidades, pues no pueden hacer nada por ayudarte”.

La situación de Claudia Bravo no es mejor, pues la empresa que conformó con sus compañeros y que se encarga de digitalizar postes eléctricos para su localización vía satélite comenzó con 69 empleados, pero por falta de un nuevo contrato se redujo a 14.

Bravo comenta que en dos ocasiones se tuvo que sustituir a la plantilla, pues por haber sido la primer empresa de este tipo, su conformación se hizo pública y los grupos en resistencia los agredían constantemente.

“En el primer mes de operaciones renunció la mitad de la plantilla por el miedo a represalias y por que algunos fueron golpeados, pero nosotros sí presentamos denuncias”.

Ángel Fernando Reyes, analista de LFC por 12 años, inició un call center en diciembre de 2009; en abril inició operaciones con una plantilla de 112 operadoras, todas ex trabajadores de la paraestatal, a quienes se tuvo que brindar un curso de capacitación por dos meses, el cual costeó con el financiamiento de la SE, entregado de manera tardía, y con recursos propios.

Actualmente, el call center se redujo a 71 trabajadores, pues en los ocho meses de sus operaciones no se les ha canalizado la derrama de llamadas telefónicas que requieren para solventar los gastos de operación, y sólo han registrado pérdidas.

Comentó, que el financiamiento fue insuficiente para cubrir los gastos iniciales de la empresa, pues tan sólo para dar la capacitación tuvo que rentar aulas, instructores y pagar salarios durante dos meses, sin recibir ingresos.

Finalmente, la empresa encabezada por Gabriel Aguilar, en el Estado de México, es la única que ha logrado generar utilidades a través de la poda de árboles.

“A nosotros nos ha ido bien. Aunque el gobierno nos prometió mucho y cumplió con muy poco, pues las empresas se conformaron para dar varios servicios y sólo se nos limita a poda de árboles, además de que se comprometieron a darnos contratos de obra pública, y nunca se dio”.

Fuente