miércoles, 5 de enero de 2011

La doble moral de Calderón es la que México rechaza: CNC

miércoles, 05 de enero de 2011
Revista EMET
El nuevo dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez García propino duras críticas al gobierno de Felipe Calderon al afirmar que “resulta patético escuchar una y otra vez sus decálogos de logros y sus promesas incumplidas”.

"En un mundo que ya cambió y que pareciera que al gobierno panista les sigue pasando de noche o nunca asimilaron que ya son gobierno, el Presidente de la República que siempre saca sus decálogos de logros, promesas de incumplimientos de palabras y de oídos sordos, cada vez que se erige como el dirigente de su partido político y no como el gobernante que debiera ser…esa es la doble moral que México rechaza… Resulta realmente patético escuchar una y otra vez su monserga".

Cabe destacar que a la toma de protesta del nuevo dirigente de la CNC asistieron gobernadores priistas, los coordinadores parlamentarios y líderes campesinos y sindicales como Martín Esparza y Francisco Hernández Juárez.

Fuente de información, Rossy Ahuactzin

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Extinción de LFC: opacidad proverbial

Editorial
Priódico La Jornada

Por lo visto, el asalto policiaco a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y su posterior extinción por decreto presidencial no sólo constituyeron un duro e injustificable golpe a los miles de trabajadores de ese organismo descentralizado y a la propiedad pública: representaron, también, un sello de falta de transparencia para presumibles malos manejos de las finanzas de esa compañía.

Son reveladoras, en ese sentido, las declaraciones formuladas ayer por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados: tras la ocupación de las instalaciones del organismo, en octubre de 2009, los efectivos de la Policía Federal impidieron el ingreso de auditores; se sustrajeron archivos y unidades de disco duro de las computadoras, por lo que "no hubo manera física de concluir la revisión de la cuenta pública 2008 a Luz y Fuerza", y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que cualquier tipo de observaciones o conclusiones que pudiera haber hecho sobre la compañía "no son aplicables a un organismo descentralizado extinto".

Tales señalamientos están antecedidos por diversas acusaciones de presuntos casos de corrupción y desfalco a la compañía, cometidos por sus propios adminstradores. Ayer, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, señaló que las indagatorias de la propia ASF contra ex funcionarios del organismo son sólo la punta del iceberg de la forma como se administraban los recursos en dicha paraestatal, y denunció la proliferación de prácticas opacas y presumiblemente ilegales que derivaron en la pérdida de miles de millones de pesos. Así pues, y de acuerdo con la información disponible, existen elementos de sospecha suficientes para emprender pesquisas orientadas a esclarecer estas y otras acusaciones y, en su caso, fijar las responsabilidades administrativas o penales correspondientes. Sin embargo, con la acción concretada el 11 de octubre de 2009 el gobierno federal estableció obstáculos en apariencia insalvables para desarrollar, con éxito, tales indagaciones.

La consideración anterior –lamentable desde cualquier óptica que privilegie la transparencia y la rendición de cuentas– resulta particularmente grave en el caso de LFC. Debe recordarse que uno de los principales argumentos para su extinción fue la supuesta inviabilidad operativa y financiera del organismo. En el primero de esos aspectos, la versión oficial ha quedado desacreditada con el paso de los meses ante las evidencias de que que las fallas técnicas no eran atribuibles a los trabajadores de la compañía, sino al abandono deliberado de la vasta y compleja red que abastece de energía a la zona centro del país. Ahora hay elementos adicionales en favor de la posición del SME de que las supuestas dificultades financieras de la empresa no eran, en todo caso, culpa de los trabajadores, sino de los malos manejos administrativos.

En suma, la actitud desaseada y autoritaria con que el gobierno calderonista actuó en la ofensiva contra LFC y su sindicato alimenta las sospechas legislativas, gremiales y sociales de un designio por impedir que se haga pública información relevante sobre la situación financiera y administrativa de ese organismo en los meses previos a su extinción. Dicha percepción, por supuesto, en nada ayuda al Poder Ejecutivo y ésta debería ser la primera interesada en aclararla: de lo contrario, el régimen actual se mostrará ante la opinión pública como encubridor del desaseo en el ejercicio del poder; deteriorará aún más la imagen del conjunto de la clase política y de las instituciones ante la población, y contribuirá a que éstas sean percibidas como un espacio de impunidad, ineficacia y corrupción.

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Arte SME

Nuestro compañero Druida JVC publicó en Twitter esta singular y simpática imagen que nos pareció excelente, fue elaborada por compañeros de Taller Mecánico a quienes les enviamos un combativo saludo:
Gracias por su contribución.

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El obrero que no lee, no es digno de ser llamado obrero.

Bolivianos dirán cuándo anular subvención a combustibles, dice presidente

El presidente boliviano, Evo Morales, afirmó hoy que el pueblo, a través de los movimientos sociales, será quien defina cuándo debe suprimirse la subvención estatal a los combustibles, que desangra la economía nacional.

“Los movimientos sociales nos dirán cuándo ,si son responsables con Bolivia. Yo salvo mi responsabilidad ente el Estado, ante el pueblo, ante la historia”, expresó, al ser interrogado al respecto por Prensa Latina.

En diálogo con los corresponsales de prensa extranjeros, Morales reafirmó que continúan las consultas con dirigentes intermedios, no nacionales, para conocer sus opiniones sobre el mejor modo de nivelar el precio de los carburantes.

Igual, evalúan cómo pueden evitar reacciones al estilo de las registradas tras anunciar el Decreto Supremo 748 sobre el tema, derogado el 31 de diciembre por mandato popular.

Morales aseguró que en esos diálogos constatan siempre el respaldo mayoritario de los distintos sectores populares a la medida. De modo similar, acotó, todos concuerdan en la necesidad de trazar estrategias paralelas más efectivas para evitar afectaciones peores a lo bolivianos.

Con antelación, el presidente informó que el costo de la importación de naftas aumentó de 108 millones de dólares en 2005 a 660 millones, en 2010, de los cuales 380 quedaron en la subvención y 150 escaparon del país por el contrabando.

Si prosigue el alza de los precios del petróleo, enfatizó este martes, el Estado tendrá que erogar hasta 100 millones de dólares más cada año para comprar gasolina y diesel y privarse de recursos útiles a la industrialización en la rama.

El Decreto Supremo 748 pretendía acabar con esas erogaciones dañinas al erario e incentivar inversiones para extraer el crudo boliviano, ratificó.

“Ahora corresponde al pueblo boliviano y a los movimientos sociales decir cuándo. Nosotros dijimos ahora, pero escuchamos al pueblo, somos muy respetuosos de su opinión; ahora toca a los movimientos sociales, a los dirigentes nacionales y al pueblo boliviano”, subrayó Morales.

(Con información de Prensa Latina)

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Condiciona Pemex indemnizaciones en Puebla a otorgamiento de perdón

Javier Puga Martínez
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de enero de 2011, p. 23

Puebla, Pue., 4 de enero. A fin de recibir la indemnización por el estallido de un ducto, ocurrido el 19 de diciembre, familiares de 24 de las 29 personas muertas en San Martín Texmelucan debieron otorgar el perdón de Petróleos Mexicanos (Pemex), que sólo ha entregado seis de los pagos.

Previamente, el titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Rodolfo Archundia Sierra, declaró que Pemex no había entregado "un solo peso" a los familiares de quienes perecieron en el incidente, debido a "trámites burocráticos y demoras en los peritajes". Ayer por la tarde la paraestatal solicitó a los beneficiarios firmar los respectivos desistimientos.

Este martes sólo seis de las familias que aceptaron las condiciones de Pemex recibieron las indemnizaciones, cuyo monto no fue revelado.

La Procuraduría estatal informó que esta semana continuará el procedimiento para cubrir el pago a todos los afectados por lo ocurrido el pasado 19 de diciembre en el municipio de San Martín Texmelucan.

Este martes el municipio se quedó sin policías ni bomberos debido a una protesta de más de 200 trabajadores contra el alcalde Noé Peñaloza Hernández, a quien acusan de no pagarles aguinaldo pese a haber recibido las partidas federales correspondientes.

El jefe de bomberos, José Luis Martínez Rosas, dijo en representación de los inconformes que la negociación se rompió y los empleados del municipio no cederán a presiones.

Pemex dio a conocer que después de la explosión en Puebla ha detectado 17 tomas clandestinas de combustible en diversas entidades. Este martes descubrió una en el poliducto Mexicali-Tijuana, en el poblado El Centinela.

La pararestatal reportó que, con apoyo de la Policía Federal, se detuvo a tres personas y se decomisó un autotanque con 19 mil litros de diesel que estaba en la carretera Mexicali-Tijuana. Además, recordó que el año pasado se descubrieron 673 tomas clandestinas y en lo que va del año se han encontrado 11.

Notimex reportó que cuatro de las tomas ilegales están en el poliducto de 10 pulgadas Topolobampo-Guamúchil-Culiacán: una en el poblado de Bellavista, municipio de Culiacán, y las otras en Mocorito.

Con información de Víctor Cardoso


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Con Calderón, sólo uno de cada 3 jóvenes halló empleo formal: STPS

Juan Antonio Zúñiga

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de enero de 2011, p. 19

Sólo uno de cada tres jóvenes incorporados a la población económicamente activa en los cuatro años de gobierno del presidente Felipe Calderón encontró empleo en el sector formal de la economía, según datos dados a conocer ayer por el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. Los dos restantes se ocuparon en la informalidad o no encuentran trabajo, en proporciones casi iguales.

En conferencia de prensa conjunta con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, Lozano Alarcón precisó que entre enero de 2007 y diciembre de 2010 se crearon un millón 36 mil 928 puestos de trabajo "netos" en el sector formal de la economía. Con esto se cubrió menos de una tercera parte de los nuevos empleos requeridos para atender la demanda planteada por la incorporación de 3.2 millones de jóvenes en ese lapso a la población económicamente activa del país.

Así, de 2007 a 2010 se abrieron 259 mil 232 empleos "netos" en promedio anual, con los cuales se cubrió 32.4 por ciento de los 800 mil puestos de trabajo que anualmente constituyen la nueva demanda laboral, según el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Calderón, indicó el funcionario.

Las cifras presentadas por el secretario del Trabajo parecen coincidir con los informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el comportamiento del empleo y la desocupación en México durante los cuatro años de esta administración gubernamental.

Entre 2007 y 2010 alrededor de un millón de personas más encontraron ocupación en el sector informal de la economía, al pasar de un universo de 11.4 a 12.4 millones de trabajadores en esta situación que, al comenzar el gobierno del presidente Felipe Calderón representaban 26.6 por ciento de la población con empleo, y ahora implican a 28 por ciento de ésta.

En el mismo periodo, la población desocupada tuvo un incremento de 65.6 por ciento, al incorporarse más de un millón de personas más a la cesantía. El universo de desocupados se elevó de un millón 600 mil a 2 millones 650 mil personas que buscan infructuosamente empleo.

El secretario del Trabajo indicó que durante el último mes de 2010 se despidieron a 232 mil 115 trabajadores que estaban inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social; por ello, el número de nuevos empleos formales, que hasta noviembre ascendía 962 mil, se redujo a 730 mil 348 al término de diciembre del año pasado por este fenómeno "estacional" presente cada fin de año.

Mientras manipulaba su Ipad, Javier Lozano puntualizó que "los meses de diciembre cíclicamente, y lo tenemos aquí en esta serie estadística que ustedes pueden consultar (pero que sólo él pudo ver), tenemos una caída promedio de 231 mil 755 en los últimos 15 años; siempre en los meses de diciembre ocurre. Sea un buen año o un mal año tenemos ese comportamiento. De ahí que con esta disminución en este mes de diciembre fue de 232 mil 115, y ya al restar de esos 962 mil, es que nos queda la de 730 mil 348 nuevos empleos que acabamos de mencionar".

En este contexto, el secretario del Trabajo manifestó su confianza de que este año será aprobada por la Cámara de Diputados una reforma laboral sustentada en las propuestas de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y con ello elevar el número de nuevos empleos.

"Se espera que muy pronto tengamos en México una reforma laboral en los términos que se apunta, no solamente por la iniciativa que se presentó el 18 de marzo por el Partido Acción Nacional, sino por la propuesta que ha planteado el PRI por las pláticas que hemos tenido", dijo.

Sobre el tema insistió: "Estoy convencido de que las cosas están dadas, las condiciones están dadas, los acuerdos están también ya al alcance para tener esa reforma en este año".

–¿Está optimista? –se le preguntó y respondió: –Me siento muy optimista para sacar la reforma laboral este año.

Sobre las negociaciones para salvar la quiebra de Mexicana de Aviación, Javier Lozano informó que hoy se llevará a cabo una reunión en la que participará el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, el administrador general de la línea aérea, el conciliador, el banco de inversión y la Secretaría del Trabajo para revisar el proceso. Hasta el momento no hay cambio en el calendario, dijo, por lo que se sostiene el plan inicial de salir el próximo 24 de enero.

Desde diciembre pasado "el tema laboral quedó resuelto, dejó de ser un obstáculo, y es hoy un factor que contribuye a que salga adelante Compañía Mexicana de Aviación", planteó, por lo que ahora se verán los aspectos relacionados con el plan de negocios, lo relativo a los inversionistas, y el acuerdo con acreedores.

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Se deben investigar a fondo los malos manejos en Luz y Fuerza, exige el SME

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de enero de 2011, p. 8

Desde 2000 el "desaseo" en el manejo de los recursos públicos en que incurrieron los directivos de Luz y Fuerza del Centro (LFC) llevó a subejercicios y sobrejercicios de miles de millones de pesos, señaló Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quien se pronunció porque Jorge Gutiérrez Vera, el último director de la extinta paraestatal, sea "citado a rendir cuentas".

Indicó en entrevista que "los malos manejos que se están reportando son una parte muy pequeña de los quebrantos realizados, son la punta de un iceberg, prácticamente no son nada, y hay responsables, entre ellos Jorge Gutiérrez Vera, la subdirección de LFC y también el órgano interno de control. Hay más de 120 auditorías pendientes de resolverse, subejercicios por más de 5 mil millones de pesos en los últimos cuatro años y sobrejercicios por más de 8 mil millones de pesos desde 2000, y todos estos fueron malos manejos".

Detalló que el Congreso de la Unión etiquetó dinero para obras que no se ejecutaron. Hay contratos con General Electric para la compra de 14 plantas de generación de energía eléctrica con un costo de 5 mil millones de dólares, y varias de ellas no funcionaron, tienen defectos”.

Martín Esparza insistió en que todas estas situaciones deben aclararse y que el liquidador de LFC, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes "tendrá que presentarse a comparecer la próxima semana ante la Comisión Permanente, porque a la fecha no han informado sobre el patrimonio del organismo público descentralizado. Se tiene que saber a cuánto equivalen los activos de la infraestructura; cuántos adeudos hay por cobrar con organismos operadores de agua, con municipios, los contratos con proveedores y el presupuesto que no ejercieron en 2009 (de octubre a diciembre), entre otros muchos asuntos".

Apuntó que pese a los "desaseos" financieros LFC era viable económicamente, dado que "facturaba 55 mil millones de pesos al año", además de que recibía transferencias gubernamentales y descartó que la carga fueran los trabajadores.

"El problema financiero de la empresa no eran los trabajadores, pues la nómina anual para los 44 mil 300 trabajadores era de 7 mil 800 millones de pesos, y LFC facturaba 55 mil millones de pesos al año por pagos y venta de electricidad, no debería haber estado mal, y a eso se suman las transferencias que dicen eran por 42 mil millones. Entonces había un ejercicio de más de 90 mil millones de pesos por año".

Esparza subrayó que no obstante los "quebrantos" LFC era un empresa "autosuficiente gracias a los pagos de los usuarios, eso alcanza para pagar nómina y hacer obras de infraestructura que se requieren, el problema era la administración por parte del gobierno", y ante esto refirió que es posible financiar una nueva estructura que otorgue energía eléctrica al centro del país.

Dijo que el gremio insistirá en que se "restablezca la legalidad y nos regresen nuestra fuente de trabajo", porque "hay cómo financiar una nueva estructura".

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La PF impidió a auditores conocer el verdadero estado financiero de LFC

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de enero de 2011, p. 8

El estado financiero de Luz y Fuerza del Centro, al momento de que el presidente Felipe Calderón decretó su extinción, ya no podrá conocerse, debido a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no pudo concluir las auditorías que realizaba a la empresa.

Debido a que la Policía Federal impidió a los auditores el ingreso al edificio de la compañía, y a que se sustrajeron bienes, archivos y unidades de disco duro de las computadoras, "no hubo manera física de concluir la revisión de la cuenta pública 2008 a Luz y Fuerza", expuso la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Esthela Damián (PRD).

Incluso, en el reporte presentado a la Cámara de Diputados el año pasado sobre la cuenta 2008, la ASF detalló que cualquier tipo de observaciones o conclusiones que pudiera haber hecho sobre Luz y Fuerza del Centro "no son aplicables a un organismo descentralizado extinto".

En entrevista, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refirió que el documento entregado a la Comisión de Vigilancia señala como no concluida la intervención del órgano fiscalizador en Luz y Fuerza.

"El último ejercicio fiscal en que se iniciaron auditorías fue justo en 2009, para la Cuenta Pública de 2008. Y en 2010, lo que nos informaron en la Auditoría Superior fue que la Cuenta Pública que correspondía a Luz y Fuerza, ya no se pudo concluir porque se liquidó la compañía", refirió.

Damián Peralta recordó que cuando la Policía Federal ocupó las oficinas centrales de la paraestatal, en la ciudad de México, "hubo un momento de conflicto, porque no se permitía el acceso, y cuando llegaron los auditores nadie les entregó la información y simplemente no había ningún responsable con el que desahogar la auditoría".

Explicó que se presentó a la Comisión de Vigilancia un análisis "bastante generoso con los números" de cierre de la empresa por parte del gobierno federal, que realizó un despacho externo, pero que posteriormente el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, entregó un análisis en el que se documenta que la crisis en Luz y Fuerza no era atribuible a los trabajadores.

"En las gráficas se detallaba que el desfalco en Luz y Fuerza no se debía a mal manejo de recursos por parte del sindicato, sino a la falta de pago de empresas y del gobierno federal" en sus consumos de energía eléctrica.

No obstante, la Cámara de Diputados no podrá encontrar la verdad histórica sobre el estado económico en que se encontraba la extinta compañía, debido a que la ASF sólo está facultada para realizar investigaciones sobre el ejercicio del presupuesto del año anterior al ejercicio en que las inicia.

"Lo único que podemos hacer como Comisión de Vigilancia es, y lo tenemos pendiente, las preguntas que le vamos a hacer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Álvarez Alonso, para que explique el uso y destino que se dio a los bienes que eran de Luz y Fuerza", expresó.

Asimismo, resaltó que los probables casos de corrupción en la extinta empresa no pueden atribuirse sólo a ex funcionarios de confianza o a trabajadores de base.

"La corrupción es un problema de cultura en México, no excluye a basificados y no sindicalizados, ni a la izquierda de México. No se hace un cálculo de pérdidas como país. Y la impunidad prevalece porque no se castiga y la osadía de robar se replica, porque no pasa nada", lamentó.


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