lunes, 17 de enero de 2011

AVISO URGENTE A JUBILADOS - REUNIÒN INFORMATIVA

A TODOS NUESTROS COMPAÑEROS JUBILADOS, SE LES COMUNICA QUE EL DÌA MARTES 18 DE ENERO DE 2010 HABRÀ REUNIÒN INFORMATIVA A LAS 12:00 P.M. EN INSURGENTES 98 PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SUSPENSIÒN TEMPORAL DEL TRÀMITE DE SUPERVIVENCIA.

ES MUY IMPORTANTE SU ASISTENCIA.

GRACIAS.

México: Basta de sangre, a movilizarse contra el gobierno de Calderón

La sociedad mexicana ha comenzado a movilizarse contra la política del presidente de facto, para expresar su rechazo a la narcoguerra y demandando un cambio del modelo económico.
Tomás Oropeza | Para Kaos en la Red | Hoy a las 17:26 | 148 lecturas

El año 2011 ha comenzado con una oleada inflacionaria y de violencia criminal y gubernamental que al parecer superará la del año pasado, cuando según datos del gobierno panista perecieron en la narcoguerra más de 12 mil 500 personas.

Desde diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón declaró el inicio de su guerra contra el narcotráfico, hasta diciembre del 2010 habían caído más de 36 mil supuestos delincuentes, principalmente jóvenes, en los enfrentamientos entre las bandas criminales y de estas con las corporaciones policíacas y el ejército.

El año pasado en el estado de Chihuahua ocurrieron 5 mil 212 asesinatos, de los que 442 fueron contra mujeres. Allá terminó el 2010 con la ejecución frente a la puerta del Palacio de Gobierno, de Marisela Escobedo Ortiz, una madre de familia que reclamaba la aplicación de la justicia contra el asesino de su hija Rubi Marisol Freire.

Y el 2011 comenzó con la muerte violenta de Susana Chávez, 36 años, luchadora social y poetisa, cuyo cuerpo fue encontrado el 6 de enero en una calle de la militarizada CD. Juárez, Chihuahua, con la mano izquierda mutilada. De inmediato el fiscal del estado, Carlos Manuel Salas, minimizó el hecho, sin que mediara una investigación sobre los autores del crimen, tres menores de edad.

En Acapulco, Guerrero, el año comenzó con 27 ejecutados, de los cuales 15 fueron decapitados. Y en los 16 días que lleva el año ya son tres los alcaldes ejecutados por el narcotráfico: Abraham Ortiz Rosales, en Temoac, Morelos; Saúl Vara Rivera, de Zaragoza, Coahuila y Luis Jiménez Mata, en Santiago Amoltepec, Oaxaca. Desde 2008 el número de presidentes municipales victimados por las bandas delincuenciales suman 21.

Y de acuerdo con el Ejecutómetro del Diario Reforma en los primeros 14 días del año murieron por causas imputables a la narcoguerra 507 personas, 18 por ciento más que en el mismo lapso de 2010.

A pesar de que la violencia está creciendo, igual que el consumo de las drogas en el país, el presidente de facto Felipe Calderón, sigue sosteniendo que no variará su estrategia. Porque según él los carteles de la droga están “más debilitados que nunca”

En su agenda pública el gobierno de ultraderecha panista pretende erradicar las manifestaciones de un fenómeno cuyas causas se encuentran en la miseria del pueblo mexicano, carencia de empleos, de educación, bajos salarios, etc., solo con la persecución de las corruptas corporaciones policíacas y castrenses que nunca tocan el poder financiero de los carteles del hampa.

Pero en su agenda oculta, en la verdadera, el grupo de Felipe Calderón esta cumpliendo con los compromisos adquiridos con grupos de la ultraderecha de Estados Unidos para desmantelar al Estado mexicano y destruir el tejido social del país con la militarización y el accionar de las bandas criminales, sometiendo a la sociedad mexicana al terror para impedir su organización.

Pese a ello la parálisis que ha provocado el miedo en la sociedad ya comienza a ser superado por algunos sectores sociales. Como en Chihuahua, donde desde hace 26 semanas el grupo de activistas de la revista La Gota y Doble Resistencia llevan a cabo cada viernes una Kaminata kontra la muerte por las calles de la ciudad bajo el lema: “La indiferencia engendra violencia”

También el llamado de Eduardo del Río, Rius, creador de los Supermachos y Los agachados y del periodista Julio Scherer, fundador del semanario Proceso, así como otros famosos caricaturistas entre los que destacan los del diario La Jornada ( Fisgón, Hernández, Helguera, Rocha) a participar en la campaña ¡No más sangre! para aglutinar a quienes no están de acuerdo en que el país siga siendo el escenario de una guerra criminal con el pretexto de combatir al “crimen organizado”, esta comenzando a romper la parálisis que el miedo ha generado en las mentes de millones de mexicanos gracias a la campaña de la prensa y los medios electrónicos al servicio del panismo en el poder.

No más sangre y las Caminatas contra la muerte, pretenden generar la reflexión sobre la situación del país, sobre las causas verdaderas de la sangrienta campaña de Calderón dizque para combatir a puro balazo la delincuencia.

Esto ocurre en el contexto de una economía deprimida donde todos los precios están subiendo, menos el de la fuerza de trabajo (salario), cuyo mínimo es de 59 pesos diarios, mientras el de la canasta básica esta muy por encima de esa cifra.

Los incrementos mensuales de los combustibles: gasolinas, diessel, gas, electricidad. Y de los servicios del sector público e impuestos como el agua, tarifas del transporte público, impuesto predial, etc., generan una cascada de incrementos en los precios de bienes y servicio del sector privado a pesar de que los economistas gubernamentales lo nieguen.

El aumento del precio del kilogramo de la tortilla, pan, pollo, carne de res, frutas y verduras, fríjol, huevo y pollo es una realidad que conoce cualquier ama de casa.

Hoy urge organizarse para luchar no solo para detener el baño de sangre que sufre el país. También hay que lograr la renuncia de los responsables de la situación actual, comenzando por Felipe Calderón y su gabinete.
http://hormigarebelde.blogspot.com

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AVISO URGENTE A JUBILADOS

AVISO URGENTE - JUBILADOS. PRUEBA DE SUPERVIVENCIA 2011

A TODOS LOS COMPAÑEROS JUBILADOS, POR DISPOSICIÓN DE NUESTRO COMITÉ CENTRAL, EL PROCESO DE PRUEBA DE SUPERVIVENCIA QUEDA SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO.

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON LA REPRESENTACIÓN DE JUBILADOS.

POR FAVOR ESTAR ATENTOS A NUEVAS DISPOSICIONES.

Dinero - El sospechoso proyecto de fichar a niños

¿Para qué quiere Gobernación sus datos?
Enrique Galván Ochoa
Llegó tarde a la mesa. Antes que él Francisco Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño y Fernando Gómez Mont habían fileteado el presupuesto de la Secretaría de Gobernación. Así que el nuevo titular, Francisco Blake, hubo de resucitar un negocio (nada despreciable) que ya se daba por muerto. Se trata del carnet de identidad. Sólo que topa con la oposición de algunos consejeros del IFE que defienden la vigencia de la credencial de elector y también tiene el tiempo en contra: no sería posible credencializar a todos los ciudadanos del país antes de la elección de 2012. Pero Blake encontró un camino aparentemente sin resistencia: comenzar con los niños, los adolescentes y los jóvenes. Es necesario recordar que este millonario negocio tuvo un mal inicio. Cuando se conoció el resultado del concurso para la adquisición de los equipos se coló por ahí el inconfundible hedor de la corrupción. La empresa Cosmocolor, por conducto de su representante legal, Víctor Manuel Alderete Castelán, solicitó la nulidad del fallo que declaró como ganadora a una compañía internacional llamada Smartmatic, con registro en Holanda y antecedentes confusos. El escándalo que se de-sató aquellos días –era diciembre de 2009– parece que ya se olvidó gracias al siempre eficaz efecto Alzhaimer. Así que Blake no tuvo necesidad de dar explicaciones sobre el resultado final del impugnado concurso cuando anunció la barbaridad que se propone cometer el gobierno panista: fichar a niños desde 4 años de edad hasta jóvenes de 17. Tal vez supone que la desmemoria es colectiva, pero muchos mexicanos siguen teniendo presente que en el sexenio pasado fue vendida la base de datos completa del padrón electoral –no cayó ningún "pez gordo", como es usual–, lo que tiempo después influiría en el fracaso del Renaut, la base de datos de los celulares. Centenares de miles de personas suministraron datos erróneos a fin de dar una pista falsa si más adelante quería usarse su celular para una extorsión telefónica. No es un dato menor que este delito ha crecido exponencialmente del Renaut para acá. Supuestamente el fichaje de niños y jóvenes comenzará en escuelas públicas y privadas el día 24 de este mes, en Tijuana, ciudad de la que es originario el secretario de Gobernación y posiblemente espera encontrar apoyo en el gobierno estatal panista, aunque no es seguro que lo tenga en el municipal, que recientemente fue retomado por los priístas. Nunca, ni en los peores tiempos del PRI, nuestros niños, adolescentes y jóvenes habían sido usados como carne de cañon para un negocio de políticos y sus empresarios favorecidos. ¿Para qué quieren la foto de nuestros niños de 4 años, incluso del iris y huellas digitales? ¿En qué manos van a ir a parar?

@Vox Populi

Asunto: no pagan en Oportunidades

Somos un grupo de médicos y enfermeras que laboramos para la Secretaría de Salud del estado de Puebla en el programa Oportunidades, brindando atención médico-asistencial en las 10 jurisdicciones sanitarias desde el primero de octubre de 2007. Hasta 2009 nuestro pago fue puntual; incluso nos dieron vales a fin de año, pero en 2010 nos retrasaron tres quincenas, las cuales fuimos cobrando hasta mediados del mes de febrero, y en este año 2011 ya ni fue sorpresa comprobar que también nos han retenido nuestro sueldo. Según rumores, nos retrasarán dos meses el pago. Por eso queremos preguntar por medio de tu columna a nuestro secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos; al secretario de Salud de Puebla, José Alfredo Arango García, y al coordinador nacional del programa Oportunidades, Salvador Escobedo Zoletto, ¿por qué nuestro pago se sigue retrasando? Tenemos que enfrentar la cuesta de enero junto con nuestras familias y sin dinero. ¿Cómo le vamos a hacer?.

Personal médico de Oportunidades en Puebla

R: Si algo tiene de sobra el gobierno federal es dinero, sólo que no lo sabe administrar. El doctor Córdova es de los pocos miembros del gabinete presidencial al que no se le ha subido el chango a la cabeza. Voy a hacerme cargo, amigos poblanos, de que le llegue su queja.

Asunto: el gran negocio de la miseria

El pasado domingo 9 de enero algunos medios escritos publicaron fotografías de las personas decapitadas en el estado de Guerrero. Las escenas son verdaderamente escalofriantes. Ante tanta violencia, la insensibilidad de la clase política es indignante. La actuación de algunos medios es vergonzosa y la indiferencia de la sociedad es preocupante. Esta irracional guerra que destruye al país nos empieza a alcanzar a todos y ahora todos estamos atemorizados. Vencer este temor será más fácil si no nos sentimos solos, si no dejamos solo al maestro Rius.

Armando de la Huerta/Distrito Federal

R: ¿Sabes cuál fue el mensaje que México envió al mundo en los últimos minutos de 2010? Estaban las cadenas de televisión internacionales siguiendo la fiesta de Times Square, en Nueva York, cuando hicieron un corte para presentar a una mujer colgada en un puente de Monterrey, desnuda de la cintura para arriba. Eso no es amarillismo, es una terrible página arrancada a la realidad. Debemos estar claros de lo que ocurre: así como el gobierno central promueve la inflación aumentando constantemente el precio de la gasolina, el gas, la electricidad y el diesel, también promueve la narcoviolencia con su política económica orientada a fomentar la miseria. ¿Hemos visto a algún personaje de Forbes en las balaceras? No, para nada, la mayoría de las víctimas son jóvenes pobres y sin educación. Ni hablar: apoyemos a los moneros del "no + sangre" de Rius.

Asunto: Bancomer

Gracias por su valiosa intervención. Se han comunicado conmigo dos amabilísimos funcionarios de Bancomer, quienes me han asegurado que mi problema ya está resuelto.

Maestra Cristina Aguirre Beltrán/Puebla

R: Enterado.

(Esta es una selección de mensajes resumidos. En el Foro aparecen todos en su versión original.)

galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://dinero.tv/foro/index.php

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En un año se encareció 150% la energía eléctrica: SME

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Lunes 17 de enero de 2011, p. 21

Entre los servicios públicos uno de los que más se ha encarecido es la energía eléctrica para la zona centro del país, donde se ha "desdibujado" totalmente el esquema de subsidios que había para los millones de usuarios desde que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reemplazó a Luz y Fuerza del Centro.

Además, los cobros se aplican de forma discrecional sin sustento sobre el consumo real, porque no se lleva a cabo la lectura de forma regular y el costo kilovatio-hora ya no se respeta.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), apuntó lo anterior y sostuvo que se puede estimar que el costo para los usuarios de la zona centro en promedio se ha elevado entre 100 y 150 por ciento en promedio en un año, según las quejas que han llegado a esta organización por parte de usuarios.

Incluso a gran parte de la población los recibos no les llegande manera bimestral, sino mensual, lo que representa otro incremento real al servicio.

A raíz de que la CFE se encargó del servicio en el DF, estado de México y regiones de Morelos, Hidalgo y Puebla, prácticamente ha sido un "caos", no sólo la prestación del mismo, sino el cobro, indicó el SME.

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Irán, Venezuela y Libia no apoyan elevar cuotas de OPEP

Reuters

Periódico La Jornada
Lunes 17 de enero de 2011, p. 25

Teherán, 16 de enero. Irán se unió el domingo a Venezuela y Libia al decir que no ve necesidad de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) considere elevar sus cuotas de producción de petróleo para disminuir los precios, cercanos a 100 dólares por barril.

El ministro de Petróleo de Irán, Massoud Mirkazemi, informó que algunos miembros de la OPEP no encuentran necesario que las naciones productoras actúen, incluso si los precios del combustible llegan a 120 dólares por barril.

Esta declaración se da en momentos en que Irán explora un nuevo yacimiento de gas en tierra al sur de su territorio, que podría tener un valor de 50 mil millones de dólares, anunció el domingo el ministro del Petróleo Massoud Mirkazemi. "El nuevo campo tiene 260 mil millones de metros cúbicos de gas (...) 210 millones de ellos son recuperables y están en tierra", declaró Mirkazemi en conferencia de prensa.

Las declaraciones preocuparán a países consumidores, temerosos de que los elevados precios de las materias primas desaten la inflación y pongan en peligro la recuperación económica.

No preocupan 100 dólares

"Ninguno de los miembros de la OPEP considera que 100 dólares es una preocupación", expresó Mirkazemi, y agregó que algunos miembros del grupo de naciones exportadoras todavía no ven la necesidad de sostener un encuentro de emergencia si los precios del petróleo llegaran a 110 o 120 dólares el barril.

Irán ocupa ahora la presidencia rotativa de la OPEP. "Ninguno de los miembros ha solicitado una reunión de emergencia y creo que no verán un pedido de ese tipo por largo tiempo", señaló.

Como presidente de la OPEP, Irán tiene la responsabilidad de coordinar cualquier encuentro de emergencia con el secretariado de la entidad en Viena.

El ministro venezolano del Petróleo, Rafael Ramírez, dijo que 100 dólares es un "valor justo" para el crudo, posición que apoya Libia.

La semana pasada los precios del crudo Brent se acercaron a 98 dólares el barril, mientras los futuros del petróleo estadunidense rondaron los 91 dólares, cifra muy superior al rango de entre 70 y 80 dólares que según Arabia Saudita es adecuado para productores y consumidores.

Las declaraciones de Irán dejarán a países consumidores preguntándose si productores más moderados Arabia Saudita están preparados para evitar una mayor alza de los precios.

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Sobrecargos de Mexicana votan si se mantiene la actual dirigencia sindical

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Lunes 17 de enero de 2011, p. 25

A fin de evitar el riesgo de que se puedan perder los acuerdos laborales para rescatar a Mexicana de Aviación, los sobrecargos de la aerolínea continuaron este domingo con su proceso de votaciones para aprobar una reforma estatutaria que permitiría prorrogar la dirigencia del gremio y otras carteras por seis meses, a fin de que haya representación jurídica del gremio hasta amarrar convenios con los nuevos inversionistas de la aerolínea.

Lizette Clavel, actual secretaria general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), apuntó en breve entrevista que las votaciones continuarán hoy lunes. Varias carteras del actual comité ejecutivo terminan su periodo el 31 de enero y no se pudo llevar a cabo el proceso electoral por la situación en que se encuentra el gremio. Esto podría generar que a partir del primer minuto del próximo mes ASSA se quedara sin representación jurídica laboral ante las negociaciones que se llevan a cabo para volver a poner en el aire a Mexicana, y se correría el riesgo de que se perdieran los acuerdos a los que se llegó con los sobrecargos.

Por esta razón se propuso llevar a votaciones un artículo transitorio, en el que se plantea que 51 por ciento de los integrantes del comité ejecutivo, y las comisiones de hacienda y vigilancia y de honor y justicia, nombren a los sustitutos en todas las carteras que se quedarán sin toma de nota a partir del 31 de enero. Esto podría permitir que quienes tienen algunas carteras, incluida la secretaría general, pudieran prorrogar su mandato por seis meses, si así lo deciden los trabajadores.

Según explicó Clavel, de inmediato y a más tardar en dos meses la nueva representación sindical está obligada a convocar a elecciones para renovar todo el comité.

Lo anterior se propone a fin de que en las negociaciones con los inversionistas, acreedores de Mexicana de Aviación y las autoridades gubernamentales, ASSA pudiera tener la representación legal para firmar cualquier acuerdo que se pueda concretar.

La dirigente destacó que primero tienen que concluir las votaciones que llevaban una tendencia de 2 mil 194 votos a favor de la reforma y 651 en contra; luego de inmediato se presentaría la solicitud de registro de nota para la representación que sea elegida, para tener la formalidad necesaria en caso de concretar los acuerdos finales para salvar la empresa.


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Prioritaria, la confidencialidad de datos para la nueva cédula: IFAI (SÍ COMO NO...)

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Lunes 17 de enero de 2011, p. 11

Para dar fundamento normativo a la cédula de identidad personal (CIP) se requiere una reforma al reglamento de la Ley General de Población (LGP) que garantice el principio de "licitud" y precise los datos personales a recabar de ciudadanos en el país y mexicanos residentes en el exterior, advierte en un posicionamiento el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Como adelantó La Jornada, la Secretaría de Gobernación (SG), como responsable de la emisión de la cédula, debe cuidar por ley la "proporcionalidad" en el tratamiento de los datos personales.

Sobre ese tema, el IFAI indicó que Gobernación ya le hizo llegar el proyecto de reformas al reglamento de la Ley General de Población, "a efecto de garantizar el principio de licitud", y lo revisará para que los datos que se recaben estén "sujetos a las adecuadas medidas de seguridad".

En ese sentido, el instituto sostuvo que velará porque en la cédula de identidad se garantice "seguridad en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales".

Recordó las recomendaciones que el año pasado emitió a esa dependencia federal, sobre la necesidad de hacer una "revisión de lo que se recabaría", pues "el tratamiento de datos biométricos (iris, huellas dactilares y el rostro) debe restringirse a los mínimos indispensables".

El IFAI, entidad responsable de cuidar la seguridad en el manejo de los datos personales en poder de organismos privados y entes públicos, reiteró que ha sugerido a los encargados de la política interna del país "medidas de seguridad" que garanticen el adecuado "tratamiento de los datos".

Las recomendaciones se hicieron a partir de los resultados del estudio de una consultora de España, especializada en el tema, donde se advierte que no hay disposiciones normativas en la LGP que permitan a Gobernación recabar el iris de ambos ojos. El IFAI destacó que es importante que se garantice la identidad de las personas en el país, pues con ello se trata de evitar delitos como fraude o suplantación de identidad, o que se comercialicen datos personales sin el conocimiento o aprobación de los poseedores, quienes tienen "derecho a la privacidad y a la autodeterminación informativa", según la ley federal en la materia aprobada en julio de 2010.

Respecto del otorgamiento de la cédula de identidad, el IFAI precisó que la Secretaría de Gobernación está facultada para emitir los registros oficiales de identidad de los ciudadanos, según lo establecido en la Ley General de Población. Sin embargo, esa ley, aunque indica los datos mínimos que debe contener la cédula, "fue expedida con anterioridad al establecimiento de un régimen de protección de datos".

Por último, el IFAI se comprometió a garantizar que en los "datos que se recaben con motivo de la cédula de identidad personal se observen los principios y derechos reconocidos por la Constitución".


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Sempra logró tejer vínculos con políticos de alto nivel para establecerse en México

Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 17 de enero de 2011, p. 12






Aspecto de la termoeléctrica de Mexicali, Baja CaliforniaFoto Francisco Olvera


Tijuana, BC, 16 de enero. En la década reciente la carta de presentación de la trasnacional Sempra Energy ante funcionarios y empresarios mexicanos se ha enfocado en el desarrollo y operación de plantas de generación de energía limpia o alterna. Con los años, la empresa logró tejer con los grupos de poder del país una maraña de vínculos que sobrepasan la esfera directa de negocios.

El Instituto de las Américas, con sede en la Universidad del Sur de California en San Diego, se fundó en 1983 con el propósito de estudiar y promover las relaciones de Estados Unidos con los países de América Latina. Desde hace más de una década Sempra Energy también lo ha utilizado como trampolín para vincularse con la región latinoamericana, especialmente con México.

En 2003 el embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, asumió la presidencia del instituto. Sus ocupaciones diplomáticas no le impidieron impulsar los intereses de Sempra en México.

Precisamente tocó al ex embajador y al empresario mexicano Gastón Luken Aguilar premiar por sus cualidades democráticas a Ernesto Zedillo en 2001, y a Vicente Fox en 2007, con el premio Award for Democracy and Peace. Subyacía el reconocimiento a ambos ex presidentes por la promoción e impulso de reformas en el sector energético que permitieron la participación de trasnacionales en actividades hasta entonces reservadas a la nación.

Los beneficiarios de la participación de Ernesto Zedillo y Vicente Fox en la apertura energética, y que participan en la junta directiva del Instituto de las Américas con carácter de donadores, son Darcel L. Hulse, presidente de Sempra LNG Corporation; Jeffrey Davidow, y los empresarios mexicanos Gastón Luken Aguilar y Enrique Robinson Bours Almada.

El 2 de febrero de 1999, Davidow organizó en la residencia oficial de Los Pinos un encuentro entre el gobernador de California, Gray Davis, y Ernesto Zedillo. En la reducida comitiva de Davis figuraba Richard D. Farman, presidente entonces de Sempra Energy. Para esa época la empresa contemplaba invertir en dos proyectos en México: un ducto de gas de Chihuahua a California, y un contrato multimillonario (que finalmente ascendió a 20 mil millones de pesos) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para suministro de gas natural a la planta termoeléctrica Presidente Juárez, en playas de Rosarito.

El mismo 2 de febrero por la noche Zedillo anunció en un mensaje a la nación que al día siguiente enviaría al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma constitucional para permitir la participación de la iniciativa privada en la industria eléctrica.

La iniciativa de Zedillo no fructificó, pero abrió el camino para que Vicente Fox la impulsara y materializara. El 20 de mayo de 1999 Zedillo fue agasajado con una comida en el edificio central de Sempra Energy, en San Diego, California. Richard D. Farman reconoció la iniciativa del jefe del Ejecutivo mexicano en materia eléctrica.

A la reunión asistieron Eduardo Bours Castelo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), quien estaba asociado con Gastón Luken en la distribuidora de gas mexicana llamada Próxima Gas, SA de CV. Para entonces dicha empresa ya operaba en sociedad con Sempra Energy.

Desde 1996 la trasnacional californiana y Próxima Gas compartían acciones de la distribuidora Gas Natural de Mexicali, que a partir de 1999 contó con permisos de la Comisión Reguladora de Energía para distribuir su producto en Baja California, Chihuahua y Durango.

En la partida número 5123396 del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Baja California, con fecha de 27 de junio de 1997, se señala que el consejo de administración de Próxima Gas es presidido por Gastón Luken; como secretario aparece Enrique Robinson Bours, (pariente de Eduardo Bours Castelo), y el tesorero Rodolfo Cabañas Vildosola. En 2004, Luken y Robinson Bours vendieron sus acciones de Próxima Gas a Sempra Energy.

Sempra desde entonces no ha dejado de contratar los servicios o asesorías de políticos mexicanos, como Luis Téllez, Érika Elorduy Blackaller (hija de Eugenio Elorduy, gobernador de Baja California de 2001 a 2007), Bernardo Martínez Aguirre –ex secretario de Gobierno de la entidad– y Roberto Curiel –socio del ex mandatario estatal Ernesto Ruffo.

Dionisio Pérez Jácome aprobó, como presidente de la Comisión Reguladora de Energía, todos los permisos para Sempra Energy: el tendido de gasoductos, la edificación de la termoeléctrica y la construcción de la planta de gas natural.

Este funcionario es partidario de abrir el sector energético a la inversión privada. Antes de ser presidente de la Comisión Reguladora, fue jefe de Unidad de Promoción de Inversiones de la Secretaría de Energía, en la administración de Zedillo. Hoy ha sido promovido por Felipe Calderón a secretario de Estado.

Luis Téllez fue contratado para integrar el consejo consultivo de Sempra, donde permaneció cinco meses, porque Felipe Calderón lo nombró al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese casi medio año cobró 63 mil 166 dólares.

La empresa Especialistas Ambientales, propiedad de José Antonio Ortega Rivero, fue la elegida por Sempra para realizar los estudios de impacto ambiental del tendido de los gasoductos y la construcción de la planta almacenadora de gas en Ensenada. Los estudios fueron aprobados por la Secretaría del Medio Ambiente: José Antonio Ortega era socio de Víctor Lichtinger, secretario de Medio Ambiente, y Rodolfo Lacy Tamayo, coordinador de Asesores de la mencionada secretaría.

Érika Elorduy fue apoderada de las empresas DGN Servicios y Próxima Gas. En el Registro Público de la Propiedad de Baja California, partidas 5152907 y 5116060, se detalla su participación en el entramado de Sempra. Además, Bernardo Martínez, ex secretario de Gobierno de Elorduy, es ahora empleado de la trasnacional.

A su vez, el antiguo secretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán es desde 2007 integrante de la junta directiva de Sempra. Para asuntos legales, la empresa recurre al despacho Creel, García Cuéllar y Muggenburg (cuyo fundador y principal dirigente es el senador panista Santiago Creel).

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En BCS, el Panal reparte a escolares propaganda política

Karina Avilés

Periódico La Jornada
Lunes 17 de enero de 2011, p. 5

El Partido Nueva Alianza (Panal), de Elba Esther Gordillo, aprovecha el espacio público en el interior de las escuelas para repartir, con la complicidad de directivos, maestros y la estructura sindical del magisterio, miles de cuadernillos, loncheras y mochilas con propaganda electoral de ese organismo político, los cuales son entregados a niños desde tres años de edad, en prescolar, hasta adolescentes de 15, en secundaria. Así, los escolares son utilizados como vehículo para llevar el mensaje político de los candidatos y obtener los datos confidenciales de sus padres.

Lo anterior es constitutivo de varios delitos de carácter electoral y penal, cuyas sanciones van desde el retiro del registro al organismo político, hasta la pena de uno a nueve años de prisión a los responsables, advierte el especialista en derecho electoral e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Ackerman.

Al conocer el contenido de dicha propaganda –en poder de La Jornada–, pedagogos y politólogos coinciden en un llamado a terminar con la impunidad en este tipo de acciones, mismas que consideran "un abuso" y un "atentado educativo" por parte de la estructura de Gordillo.

El reparto se realiza con la probable complicidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dicen. “Sería ingenuo pensar que (la dependencia) no lo sabe… Y si no fuera así, es muy grave, porque es la autoridad y debe estar enterada; pero si lo sabe es aún más grave, porque hay complicidad. Por otra parte, todos sabemos quién está al frente de la Subsecretaría de Educación Básica (Fernando González Sánchez, yerno de la maestra) y quién es la dueña del Panal”, expresa la investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Etelvina Sandoval.

El Panal imprimió diferentes tipos de cuadernillos –incluso hay uno que lleva por título Los derechos de los niños– para repartir a cerca de 30 mil infantes y adolescentes en mil 100 escuelas de enseñanza básica en Baja California Sur, donde el próximo 6 de febrero los ciudadanos elegirán gobernador, diputados y presidentes municipales, afirma Esteban Ojeda Ramírez, secretario del comité democrático de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en aquella entidad.

La propaganda, destinada a los niños más pequeños, es un cuaderno para colorear que consta de 29 páginas. El libro introduce a Nueva Alianza como "un nuevo partido político y nuestro trabajo consiste en apoyar las aspiraciones y deseos de los jóvenes". Así, se invita a los niños a "que conozcan un poquito más de cómo vemos las cosas y qué es lo que proponemos". Pero desde las primeras páginas, el Panal les hace una sola petición: "Queremos saber más de ti y de tu familia. Si tienes alguna duda o comentario, llena el cupón que se encuentra al final del libro y háznoslo llegar".

En efecto, al final de las ilustraciones viene un cupón donde se les solicita nombres, apellidos, calle, número exterior e interior, colonia, estado, delegación, lada, teléfono 1 y 2 y hasta e-mail, de ellos "o de alguno de tus papás". El instructivo les dice que después de llenar el cupón lo entreguen en las oficinas de "Nueva Alianza en tu estado".

Esto indica que se trata de un cuaderno cuyo formato puede ser utilizable en cualquier entidad. De hecho, en su portada hay una pegatina con los nombres de los candidatos del Panal. Sin embargo, las denominaciones cambian de acuerdo con el distrito electoral en donde se ubica la escuela; de tal modo, algunos promocionan al aspirante a la alcaldía de La Paz, Jorge Miguel Cota Katzenstein –ex secretario de la sección 3 del SNTE–; al candidato a diputado por el quinto distrito, Guillermo Aguilar Villavicencio –actual secretario general de la sección 3 del SNTE–, o a la candidata a gobernadora, la profesora Blanca Meza Torres, entre otros.

Esteban Ojeda Ramírez sostiene que dicha propaganda es y ha sido repartida a los menores de edad por dos vías: en los propios salones de clase, por medio de maestros y directivos de escuelas afines al charrismo sindical, y en el interior de los planteles, mediante un contingente de comisionados del sindicato y de un grupo de jóvenes a quienes les pagan de 100 a 300 pesos diarios por realizar esa tarea.

El especialista John Ackerman explica que los maestros que se han prestado para entregar esta propaganda electoral son, ante todo, funcionarios públicos –y no actúan como integrantes del SNTE–, por lo que tienen prohibido utilizar un cargo y un espacio público para hacer proselitismo en favor de un partido o candidato en horas laborables.

El artículo 407 del Código Penal establece que se "se impondrán de 200 a 400 días de multa, y prisión de uno a nueve años, al servidor público" que, entre otras acciones, "destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado" o "proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores de manera ilegal".

Afiliación corporativa

Por otro lado, añade, el artículo 41 constitucional señala que "quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa", de tal forma que las organizaciones gremiales, como el SNTE, no pueden afiliarse o hacer trabajo para los partidos.

Esta es una evidencia más, apunta Ackerman, de "la relación orgánica, íntima, entre el SNTE y el Panal". Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE) se ha "hecho de la vista gorda al respecto, pero de comprobarse esta vinculación lo que procede es el retiro del registro de ese partido".

También existe una violación a los artículos 134 y tercero de la Constitución. Con respecto al primero, porque los servidores públicos tienen "la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos" y, por otra parte, el artículo tercero habla de una educación democrática e imparcial, principios que se violan en tanto el docente aprovecha la relación con el alumno para difundir una determinada ideología y hacer propaganda.

Asimismo, para la coordinadora de Investigación del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Martha Singer, este caso revela "una estrategia de adoctrinamiento que se ha utilizado en regímenes autoritarios para obligar a un compromiso de manera irracional, ya que no pasa por una actividad crítica de quien lo lee", porque el Panal aprovecha la ingenuidad de los destinatarios de esa información.

Es el equivalente a la repartición de tortas para llevar a la gente a un mitin, con la diferencia de que "aquí se meten con una población que no se puede defender, que no tiene la capacidad de decidir qué hacer con lo que se le está distribuyendo".

Rosa María Torres, docente de la UPN, considera que lo cuestionable es el procedimiento que utiliza el SNTE-Panal para repartir estos materiales. El buen sentido que pudiera existir para que los niños conozcan –como ocurre en otros países– sobre la función de los partidos políticos, se pierde porque la estructura escolar actúa en paralelo a una organización sindical. Y no es lo mismo que cualquier persona entregue a los estudiantes este tipo de cuadernos a que lo haga un maestro; este último tiene un "peso moral".

Desde la óptica pedagógica, apunta por su parte Etelvina Sandoval, los niños confían en la escuela, creen que lo que les dicen y entregan sus maestros como materiales es positivo y forma parte de sus obligaciones. Aprovecharse de los menores de edad para difundir propaganda es una traición a la confianza de los estudiantes, es un abuso hacia los niños y hacia la escuela.

“¡Ya basta. Esto es indignante. Se deben tomar, ya, medidas muy fuertes contra quienes han participado en estas acciones… No es posible que el SNTE se aproveche de los niños y de la educación para adoctrinarlos hacia un partido. Es un atentado educativo!”, concluyó.

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Trabajadores de filial de Femsa en Venezuela comenzaron una huelga

Reuters y Notimex

Periódico La Jornada
Domingo 16 de enero de 2011, p. 26

Caracas, 15 de enero. Los trabajadores de la empresa Coca-Cola Femsa Venezuela, filial de la mexicana Coca-Cola Femsa (KOF), iniciaron una huelga en su planta embotelladora y distribuidora, ubicada en el estado central Carabobo, principal sitio de producción de estas bebidas en Venezuela.

La firma explicó que el pasado viernes se inició la protesta de trabajadores en su planta en el central estado Carabobo, la mayor productora de las bebidas que la compañía fabrica y distribuye en Venezuela, aunque desde diciembre viene enfrentando paros que han afectado su producción.

En un comunicado dijo que los daños económicos ocasionados por la huelga ya superan los 34.8 millones de dólares, además de poner en riesgo la estabilidad laboral de las miles de personas que trabajan directamente en la empresa. Coca Cola señaló que emplea a unas 8 mil personas directamente y genera unos 20 mil empleos indirectos en este país sudamericano.

La paralización "generará desabastecimiento a nivel nacional de los productos, afectará significativamente la adquisición de materias primas y alterará los procesos productivos", dijo la empresa en el comunicado. Añadió que la huelga "agudiza" el conflicto laboral e incrementa aún más el riesgo de desabastecimiento de agua, jugos, gaseosas, té y otras bebidas a nivel nacional.

Agregó que impide además que más de 25 millones de personas de todo el país accedan a productos elaborados por la compañía, e impacta los ingresos de más de 180 mil puntos de venta.

La huelga por reivindicaciones salariales tiene lugar en la planta de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo (centro norte), principal sitio de producción de estas bebidas en Venezuela, donde desde diciembre ya se registraban paralizaciones que han afectado parcial o totalmente la producción, según la empresa.

Coca Cola dijo que "ha presentado una propuesta que representa una importante mejora salarial real para sus trabajadores" en el marco de las negociaciones por la convención colectiva, pero que ésta fue rechazada por el sindicato, que ha hecho propuestas que elevarían el costo laboral por encima de 150 por ciento sin justificaciones ni argumentos que lo sustenten. El gremio laboral no pudo ser contactado de inmediato.

KOF, propiedad de la gigante de bebidas mexicana Femsa, tiene operaciones en México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Brasil y Argentina. En Venezuela, Coca-Cola Femsa posee cuatro plantas.

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Es un monopolio con influencia en la oficina del presidente de EU

Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 16 de enero de 2011, p. 3

Tijuana, BC. Las actividades de Sempra Energy que hacen caso omiso de las leyes mexicanas se extienden a los centros del poder político estadunidense. Funcionarios de diversos niveles en el país vecino "convalidan" la participación fraudulenta de esa empresa en el principal proyecto de infraestructura energética del sur de Estados Unidos.

Dianne Jacob, supervisora del segundo distrito del condado de San Diego, California, da cuenta en entrevista que la trasnacional –acogida por las autoridades mexicanas– es ejemplo de las que se hacen llamar industrias limpias, pero poseen un historial negro de multas y castigos por su desempeño fuera de toda norma.

Desde su oficina como supervisora en el condado de San Diego, Jacob insiste en revelar la maquinaria corruptora de Sempra en sus tratos con funcionarios y organizaciones, así como para doblegar las voluntades de personas opuestas a sus intereses.

"Los donativos de Sempra han sido estratégicamente diseñados para callar a sus detractores". A la trasnacional le "interesa hacer dinero y la línea final es el dinero. Un ejemplo es el proyecto Sunrise (el más grande en infraestructura de energía en la región). ¡No necesitamos Sunrise! Hace unos días el (entonces aún) gobernador Arnold Schwarzenegger ordenó a sus allegados dentro de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) que votaran para mantenerlo vigente, ¡y esto es el fraude más grande en California!"

El pasado 7 de diciembre, Dianne Jacob solicitó a la Comisión Federal Reguladora de Energía y a la CPUC investigar el desvío de 17 millones de dólares que Sempra Energy dispuso para la construcción de una mansión en el litoral mexicano, y el pago de sobornos a funcionarios locales con la finalidad de favorecer sus intereses comerciales, que comprenden una planta regasificadora en Ensenada, una termoeléctrica en Mexicali, un gasoducto tendido bajo la autopista Bicentenario (que comienza en Ensenada, cruza Tecate y llega a Mexicali) y un parque eólico a instalarse en la sierra de Juárez.

"Leí sobre los 17 millones de dólares que Sempra gastó para edificar la extravagante Casa Azul, y me pregunté de inmediato si ese dinero era del contribuyente de Estados Unidos. Y al estudiar el historial de Sempra Energy y sus subsidiarias San Diego Gas and Electric (SDG&E) y Southern California Gas me percaté de que no tienen muy buen cartel", apunta Jacob.

La desconfianza pública hacia ambas empresas se inició con la crisis energética de California, al descubrirse la manipulación financiera de los mercados con objeto de elevar precios y tarifas. Por ese delito Sempra fue obligada a pagar una multa de 800 millones de dólares.

"Con el tiempo también encontré que Sempra ha dado dinero para callar a sus críticos e influye en la región fronteriza para poder mantener el silencio de diversos grupos. Presiona a las cámaras de comercio y otras organizaciones para que básicamente entreguen su apoyo. Esto también incluye a funcionarios que cuando la empresa lo necesita le dan su apoyo con testimonios favorables ante las autoridades de la CPUC."

–Asimismo se abrió un debate público en California en torno a las actividades poco claras de Sempra en el proyecto Sunrise –se le recordó.

–El proyecto de infraestructura Sunrise debería traer 33 por ciento de energía renovable del Valle Imperial al condado de San Diego a través de la planta ubicada en Mexicali, para distribuirla a esa área y quizá hasta el norte del estado. Aun así, SDG&E se negó a cumplir con el requerimiento de 33 por ciento de energía renovable que había impuesto la CPUC.

–¿El lema de Sempra Energy es empresa limpia, energía renovable y honestidad?

–Ellos nos dijeron que no iban a responder al requerimiento. Vendieron Sunrise con intenciones falsas, y a pesar de las demandas federales y estatales Sempra continúa con el proyecto de tendido de las líneas de transmisión desde Mexicali.

–La de Sempra es una historia ligada al poder político en Estados Unidos y México.

–Otro ejemplo: durante los incendios que hubo aquí en San Diego, en 2007, los más graves, en tres de ellos se comprobó la negligencia de SDG&E por el escaso mantenimiento de sus líneas y se les multó con casi mil millones de dólares, y aún hay demandas pendientes. La única forma de llegar a ellos es mediante una iniciativa legal. Lo único que pido al nuevo gobernador (Jerry Brown) es que cambiemos la composición de la CPUC de California. Vamos a ver si a este gobernador también lo compra y le paga Sempra. Estoy frustrada porque esta empresa compra influencias –señala.

Prosigue: "Esta empresa es un monopolio, y lo he visto de primera mano: tiene influencia desde la oficina del gobernador hasta la del presidente de Estados Unidos".

–¿Cómo interpreta usted la posición de Schwarzenegger?

–Yo digo que se le compró. Él lo va a negar y va a decir que está apoyando lo que es la energía renovable para California, pero no está en su línea ayudarnos para que seamos independientes energéticamente.

–En México la corrupción facilita prácticas como las de Sempra –se le expone.

–Lo que sucede en relación con México es la legalización de los sobornos. En México mi impresión es que el soborno es mucho más abierto y no se limita a cantidades de dinero.

–¿Es posible que el Congreso acepte la investigación? Sempra cotiza en Nueva York...

–Sempra sí puede ser investigada en el Congreso. Se necesita un miembro del Congreso dispuesto a hacerlo. Yo me reuní en Washington con la senadora Dianne Feinstein en relación con el asunto de Sunrise, y vi que no quiso tener nada que ver con esto. Podría ser que el Congreso mexicano pida al de Estados Unidos que investigue. Es importante que el público de su diario sepa de las actividades de esta empresa, y no creo que Sempra tenga la intención de parar, a menos que alguien los pueda frenar.

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Sancionada en EU por actos ilegales, Sempra pretende instalar campo eólico en BC

Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 16 de enero de 2011, p. 2

Tijuana, BC. La trasnacional estadunidense Sempra Energy se estableció en México al amparo de empresarios y políticos panistas y priístas, pese a que en su país ha sido identificada por alentar actos de corrupción, malversar recursos de los contribuyentes y actuar negligentemente en los mayores incendios en la historia de San Diego, California.

Con la aquiescencia oficial, fue la primera empresa extranjera en producir energía eléctrica en territorio mexicano. Aprovechó la construcción –con recursos públicos– de la autopista Bicentenario para tender debajo un gasoducto entre Ensenada y Mexicali. Pasó por alto las leyes civil y ecológica del país al levantar la única planta regasificadora de producto licuado natural en el litoral de la península de Baja California, y ahora pretende instalar un campo eólico en la sierra de Juárez.

En la región sur de California, Sempra es la encargada de los servicios público y privado de electricidad. Durante la crisis energética de 2001 fue responsable –junto con Enron– de maniobrar el mercado con objeto de allegarse ganancias récord.

Cinco años después manipuló el suministro de gas natural para subir su precio, desviándolo de sus plantas en San Diego a una termoeléctrica –también de su propiedad– en Mexicali. Por esos actos ilegales debió pagar multas en su país por un monto superior a 800 millones de dólares.

Durante los pasados 15 años extendió su influencia en México. En los gobiernos de los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, los principales directivos de la firma han recibido trato preferente y gozado de derecho de picaporte. Consiguieron las "lealtades" de Eugenio Elorduy, ex gobernador de Baja California, y de su hija, Érika Elorduy, quien fue contratada como apoderada legal de una filial de la trasnacional.

La empresa también se asoció con reconocidos empresarios, como Gastón Luken y Eduardo Bours Castelo –ex gobernador de Sonora–, quienes, dada su pertenencia al poder político mexicano, le abrieron la puerta de éste.

En ese entorno, la trasnacional "aprovecha sus relaciones inconfesables con el ex gobernador Eugenio Elorduy para convertir a Baja California en el cuarto de máquinas del sur de Estados Unidos; ambos socios utilizaron los bienes de la nación para favorecer sus intereses por encima de la colectividad", refiere Jaime Martínez Veloz, ex candidato perredista a la gubernatura de Baja California, integrante de la Comisión para la Concordia y la Pacificación y en la actualidad interesado en revelar la verdad histórica en el caso del daño ecológico y social que Sempra Energy provoca en suelo mexicano.

La consolidación de la empresa en el país se dio en medio de la transición política del priísmo al panismo. Ernesto Zedillo les prometió la participación en el mercado mexicano de energía eléctrica desde febrero de 1999. Vicente Fox impulsó y consiguió la aprobación en el Congreso para la apertura al sector privado en la industria eléctrica, y Felipe Calderón inauguró la planta regasificadora de Sempra en Ensenada.

Hace siete años, la trasnacional comenzó a operar la termoeléctrica de Mexicali (planta de ciclo combinado que utiliza tanto gas natural como combustible líquido) con el fin de producir 625 megavatios de energía, suficiente para abastecer 470 mil hogares estadunidenses.

En 2004 los gobiernos federal y estatal dieron el visto bueno final para la construcción de la planta de almacenamiento de gas natural licuado. Ubicada 78 kilómetros al sur de Tijuana, la obra violó el Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, que impide erigir industrias de alto riesgo en la zona.

El interés sustancial de Sempra Energy por instalar la planta regasificadora en territorio mexicano –en la zona más cercana a Estados Unidos– se desvela al entenderse que la Comisión de Servicios Públicos de California impide la construcción de ese tipo de industrias en el litoral de la entidad estadunidense. El argumento está centrado en la peligrosidad que representa el elevado almacenaje de gas licuado natural –procedente de Indonesia– para los asentamientos urbanos aledaños.

Pese a conocer lo anterior, las autoridades permitieron la construcción de la planta, inaugurada el 28 de agosto de 2008 por Felipe Calderón, Donald E. Felsinger –presidente de Sempra–, Luis Téllez, Carlos Ruiz Sacristán y Gastón Luken.

Se pretendía entonces que la regasificadora generara cientos de empleos, pero la realidad es muy distinta: la plantilla laboral es de 80 trabajadores, incluyendo funcionarios y operadores.

La expansión de Sempra Energy también tocó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE): se firmaron dos contratos para el abastecimiento de gas natural a plantas generadoras de energía de la paraestatal, por un monto superior a 20 mil millones de pesos, pagaderos entre 1998 y 2022.

A lo anterior se suma el nuevo proyecto para instalar un complejo de rehiletes aerogeneradores de energía en la sierra de Juárez. A pesar de la oposición de grupos ecologistas y académicos, que denuncian el grave deterioro ecológico y social que sufrirá la zona, las autoridades federales y estatales mantienen su respaldo a la trasnacional.

La falta de transparencia y el desorden legal que persiste en Baja California acerca de estos temas fueron eludidos por el ex gobernador Elorduy cuando justificó la construcción de la planta regasificadora en el litoral conocido como Costa Azul, en el municipio de Ensenada.

"Por lo que se refiere al almacenamiento, regasificación y conducción de gas natural licuado en Costa Azul, se ha cumplido con la planeación urbana y la normatividad de protección al ambiente, contando con las autorizaciones necesarias de los gobiernos federal, estatal y municipal", afirmó entonces.

Ahora, el área protegida del corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada se encuentra en riesgo de consolidarse como el cuarto de máquinas no sólo de California, sino de México, y va en camino de serlo: en la zona de Costa Azul ya se construye una planta de la empresa Z Gas y se proyecta una nueva central generadora de energía eléctrica de la CFE.

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Bolivia: hay alternativa a los aumentos

Guillermo Almeyra
Evo Morales, a último momento y tras unas primeras vacilaciones, respondió a las movilizaciones que crecían anulando el aumentazo a los combustibles, largamente madurado aunque lanzado en forma abrupta y sin preparación ni preocupación por sus consecuencias sociales y políticas. Pero el gobierno insiste en que volverá a imponer un aumento, esta vez negociado (y seguramente más moderado). Hay pues una gran inquietud en la población, que siente que sobre su cabeza se cierne el peligro de una fuerte reducción de sus ingresos, y hay también crisis en el equipo gobernante. Sin embargo, la protesta contra los aumentos y contra la concepción capitalista tradicional de la economía sometida a las leyes del mercado y del Estado verticalista y decisionista que se refleja en la decisión de imponer esos aumentos a rajatabla no va más allá del No y de las acusaciones (erróneas) de aplicar, como antes, una política neoliberal. No se discute una alternativa concreta salvo, de modo muy general, la aplicación de la Constitución, que garantiza el carácter plurinacional del Estado y las autonomías. Sin embargo, dicha alternativa es política y económicamente factible.

Si las empresas petroleras, ante los bajos precios que obtienen en Bolivia, no invierten en la producción y en mejorar la distribución, es posible rescindirles los contratos pues la nación es propietaria de los bienes del subsuelo, y realizar una verdadera estatización del sector energético, reclutando expertos en otros países hermanos, mientras se forman cuadros bolivianos, y evitar el despilfarro y la corrupción mediante el control de los sindicatos y organizaciones sociales. La Constitución, además, establece que las autonomías indígenas y comunitarias deben ser forzosamente consultadas en todo lo que atañe al uso de los bienes naturales y sobre las políticas del Estado, que es plurinacional. Aunque la misma Constitución establezca que el régimen del país es unitario (por lo tanto, centralizado y verticalista), también da amplios márgenes a las autonomías, sobre todo indígenas y comunitarias, en contradicción con ese unitarismo de origen histórico liberal. Entonces, si el mismo vicepresidente habla de que el país marcha hacia un socialismo comunitario, ¿cómo es posible dejar de lado en las decisiones a las comunidades y organizaciones sociales, que son las que impusieron la Constitución y el actual gobierno y lo sostienen? ¿Cómo es posible confundir las críticas y protestas de los movimientos sociales y de izquierda y centroizquierda con las maniobras siempre golpistas de la derecha fascista, que busca sacar agua para su molino precisamente del repudio generalizado a la medida inconsulta adoptada por el gobierno? En Bolivia, mucho menos que en cualquier otro país, el gobierno no es el Estado sino apenas un órgano del mismo: el pueblo boliviano es protagonista de su destino y no piensa ceder ese protagonismo a Salvadores Iluminados ni a tecnócratas preocupados por las cuentas y no por el ingreso de la población, a cuyo servicio esas cuentas deben estar.

Es obvio que allí donde el Estado ha sido siempre debilísimo y prebendario, hay que reforzarlo. Que Bolivia no puede prescindir de sus relaciones con el mercado mundial y necesita inversiones extranjeras, que estén controladas y no sean dañinas. Que hay pendientes tareas de modernización, industrialización, desarrollo económico que habrá que pagar con el retraso del desarrollo humano y daños al ambiente. Pero ese verdadero impuesto que se paga por la descolonización y el atraso de siglos causado por los gobiernos oligárquicos y corruptos debe ser limitado y consentido, según la lógica política del proceso revolucionario y según la Constitución tan laboriosamente elaborada e impuesta. ¿Por qué no respetar las autonomías y hacer un censo de las necesidades, puestos de trabajo posibles y recursos disponibles o potenciales, promovido directamente por las organizaciones populares, campesinas, sindicatos, grupos de expertos en cada localidad, comunidad, región, y fijar por acuerdo popular las prioridades económicas (cuándo invertir, dónde invertir, en qué invertir)? ¿Por qué no establecer el presupuesto nacional sobre la base de esta participación y discusión colectiva, dirimiendo entre diversos proyectos, enseñando a pensar en escala nacional y no sólo regional, pero a partir de lo local, del territorio y de la democracia en éste? Si en la Constitución existe la figura del referéndum, ¿por qué no informar sobre las opciones técnicas y económicas que está estudiando el gobierno y apoyarse, antes de adoptarlas, en el consenso de las mayorías, aislando así y desenmascarando a la derecha y explicando las razones que podrían obligar a ser realistas si la relación de fuerzas local e internacional no es favorable? ¿Por qué no formar y educar en forma autonómica, alternativa?

La arrogancia y las decisiones autocráticas no construyen una base política sólida para nadie. La crítica, incluso la errónea o desproporcionada, debe ser escuchada para corregir lo que sea susceptible de ser corregido y convencer a quien no está convencido de la voluntad del equipo gobernante de avanzar con las mayorías y de su capacidad de hacerlo. Si se quiere socialismo, hay que construirlo con una educación política democrática colectiva en la práctica cotidiana Si se quiere mantener los restos de las comunidades y crear un espíritu comunitario y solidario, rompiendo con el corporativismo, los localismos, los intereses de grupo, hay que hacer participar a todos los explotados y oprimidos y todos los socialistas de Bolivia en un proceso que no puede ser monopolio de un pequeño grupo de mujeres y hombres delegados para gobernar, el cual está lejos de ser omnisciente e infalible. La democracia y la participación son la principal herramienta económica y política para la transformación de Bolivia y para equilibrar de la mejor manera posible (y de la única tolerable) la contradicción entre, por un lado, la necesidad de reforzar el Estado que la derecha quiere desguazar y de modernizar de modo capitalista un país que es capitalista dependiente y, por el otro lado, un proceso de liberación que tiene aspectos anticapitalistas y precapitalistas muy marcados. La democracia, por otra parte, limitará la extensión del consumismo, resultante inevitable de la urbanización de los indígenas, y permitirá encontrar modos alternativos de producir y de desarrollar consumos racionales y que no dañen el ambiente ni estén inducidos por la publicidad capitalista.

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Duplica presupuesto para educación costo económico de la inseguridad

Israel Rodríguez J.

Periódico La Jornada
Domingo 16 de enero de 2011, p. 23

El costo económico de la inseguridad en México carece de una medición oficial pero diversas metodologías aplicadas por instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales lo ubican hasta en 15 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) anual del país, esto es, un billón 950 mil millones de pesos.

La violencia afecta el crecimiento de la economía mexicana porque aumenta los costos de producción, transacción y seguridad. Las empresas tienen que contratar seguros contra robos, cuyas primas han ido en ascenso, escoltas, equipos de radiolocalización para sus flotillas de transporte, entre otros, además de que reduce la acumulación de capital físico y humano y deteriora el entorno institucional.

Jorge Sicilia, economista en jefe para México y Estados Unidos de BBVA, en la presentación del Informe situación México, realizada a principios de noviembre del año pasado, comentó: "Existe una percepción creciente de que la violencia puede estar suponiendo un freno al desempeño actual de la economía mexicana".

El reporte establece que de 2006 al cierre de 2010, el incremento de la inseguridad ha restado un punto porcentual cada año al crecimiento de la economía mexicana. En 2010, con un PIB calculado oficialmente en 13 billones 94 mil millones de pesos, un punto porcentual equivale a 130 mil 940 millones, a precios de 2010.

La Heritage Foundation cifra el costo económico de la inseguridad que prevalece en México, y de manera más acentuada en algunas regiones del territorio, es el equivalente a 1.2 por ciento del PIB porque además vulnera la libertad económica entendida como el derecho fundamental de todo ser humano a tener bajo su control sus obligaciones laborales y propiedades.

Para el Instituto Ciudadano de Estudios de la Inseguridad (Icesi), la inseguridad en México se debe segmentar en tres grandes componentes que son: el gasto en el sector público –federal, estatal y municipal–; el gasto privado –tanto de personas en lo individual o familiar como las empresas, incluyendo las gubernamentales–; y los costos indirectos.

El gasto público es el monto de la inversión gubernamental que se destina para atender el problema. Mientras que el gasto privado es entendido como el impacto que la inseguridad tiene sobre las personas físicas o morales que son víctimas de un delito sin soslayarse el que se genera cuando los delincuentes son capturados y pierden la oportunidad de tener una vida productiva en el mercado laboral.

El costo indirecto se refiere a las pérdidas económicas originadas por el temor de la gente a ser víctima de un delito que, por ejemplo, se manifiesta en una negativa a asistir al cine, teatro o a un restaurante por las noches; o, por otro lado, las que se producen por causa de un homicidio de una persona que cumplía un rol productivo en la población.

La suma de estos tres factores arroja que en 2007, de acuerdo con el Icesi, el costo de la inseguridad se elevó a 826 mil 400 millones de pesos, que representaron 7.4 por ciento del PIB de ese año y equivalen a 36.6 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para 2008, el costo ascendió a 952 mil millones de pesos, 7.9 por ciento del PIB y 37.1 del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo de la inseguridad en México se calcula en 14.8 por ciento del PIB, equivalente a unos 130 mil millones de dólares a precios de 2006.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CESSP) afirma que, según instituciones nacionales e internacionales, el costo de la inseguridad en México sobrepasa 15 por ciento del PIB, lo que para efectos comparativos significa que dicha problemática genera costos que equivalen a más del doble de lo que el país gasta en educación en un año.


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Provoca la movilización popular la caída y huida del dictador tunecino

Tanya María Pedersen Sierra
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Sábado 15 de enero de 2011, p. 18

Túnez, 14 de enero. El presidente tunecino Zine Abidine Ben Ali, líder de un régimen autoritario en el poder desde 1987, huyó hoy del país en la noche presionado por protestas masivas en la capital y en varias provincias. Los manifestantes, desafiando la represión policiaca del régimen, demandaron la dimisión del gobierno, reformas políticas, apertura mediática, empleo y mejores condiciones de vida.

Las protestas iniciaron el 17 de diciembre, cuando un joven diplomado desempleado de 26 años se inmoló en un acto de desesperación frente a la alcadía de la ciudad de Sidi Bouzid, después de que oficiales gubernamentales le confiscaron la carreta de verduras que vendía para ganarse la vida. Rápidamente este joven se convirtió en símbolo de protesta de las frustraciones de los miles de jóvenes tunecinos, que viven en el desempleo y enfrentan un futuro sin esperanzas de mejora.

Movilizaciones espontáneas se gestaron primero en Sidi Bouzid y rápidamente se expandieron a todo el país, sumando a las demandas, reformas políticas, denunciando al régimen de Ben Ali, la corrupción de la elite cercana al presidente, la falta de libertades políticas y el control total de los medios. Según la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, se calcula un total de 66 muertos en las confrontaciones con la policía.

En un intento por calmar las protestas, Ben Ali declaró ayer, en un discurso transmitido en la televisión nacional, que no se presentaría como candidato en las elecciones presidenciales de 2014, decretó la total libertad de expresión y de prensa, y el acceso, antes restringido, a todos los medios de comunicación y la creación de una comisión independiente anticorrupción.

Hoy por la mañana, los tunecinos podían, por primera vez, acceder a páginas de Internet como YouTube y de periódicos críticos extranjeros. Asimismo, Ben Ali declaró que se realizarían elecciones legislativas en seis meses. Sin embargo, las concesiones públicas del presidente no calmaron las ansias de cambio de los tunecinos y este viernes se produjo la movilización de miles de manifestantes. Ya no sólo jóvenes, sino también mujeres y hombres de las clases pobres y medias llenaban la avenida Bourguiba, en el centro de la ciudad de Túnez, con consignas y pancartas de "fuera Ben Ali", "el levantamiento continúa", "No a Ben Ali" y "Libertad".

El régimen volvió a reprimir a los manifestantes con balas y gas lacrimógeno, y decretó el estado de sitio en el país. No obstante, pocas horas después, se difundió el anuncio oficial de la dimisión del presidente, y el primer ministro Mohammed Ganouchi tomó posesión como presidente interino.

Sin duda los eventos de las últimas semanas, y especialmente los drásticos cambios sucedidos hoy en Túnez, dan muestran del potencial de las movilizaciones populares que expresan la protesta y la inconformidad reprimida de las clases pobres y medias. Sin embargo, sigue abierta la pregunta sobre si se logrará afianzar un proceso de cambio democrático en Túnez. Al haber sido reprimida y prácticamente aniquilada durante 23 años, no existe una oposición lo suficientemente fuerte y articulada para defender las derechos adquiridos hoy con las protestas. Algunos temen que la historia se repita y que el primer ministro se apodere del gobierno, como lo hizo Ben Ali hace 23 años, cuando era primer ministro y se impuso con promesas de cambio, después de la dimisión forzada del antiguo presidente.

También el papel del ejército está por definirse, que hasta ahora ha dado muestras de prudencia hacia los manifestantes, y ha declarado que defiende la Constitución.

Los eventos de hoy en Túnez servirán de lección a los países europeos, y en particular a Francia, que hasta el último momento no supo formular una crítica contundente al régimen de Ben Ali, con el pretexto de que éste combatía con mano firme el surgimiento de grupos islamitas en el país. La insensibilidad hacia las denuncias contra el gobierno de Ben Ali y la brutalidad de la represión contra los manifestantes, revelan el oportunismo del discurso de defensa de derechos humanos y de la libertad tan frecuentamente manejado por los antiguos poderes coloniales en el Magreb y en África.

Sin embargo, y aún más importante, los sorprendentes logros de las movilizaciones populares vividas en Túnez en las últimas semanas sin duda servirán de ejemplo a las poblaciones de otros países magrebinos y africanos, y probablemente también a naciones más allá de este continente, que viven situaciones muy similares de alto desempleo, decadentes condiciones de vida y falta de libertades.

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Dinero - El responsable de que suba el transporte es el gobierno


Enrique Galván Ochoa

¿Quién es el responsable del alza de los transportes –taxis, autobuses, camiones de carga–? En nuestra encuesta de esta semana, en la que participaron 2 mil 590 personas, 95 por ciento coincidió en responsabilizar al gobierno federal por el incremento de los energéticos; 2 por ciento a los especuladores del mercado internacional y otro 2 por ciento a los transportistas.

Sondeo por Internet

Encuestamos a 3 mil personas que forman parte de El Foro México. Se obtuvo la respuesta de 86 por ciento. Tienen su residencia en distintas partes de la República. Lean sus puntos de vista en el foro. Enseguida aparecen algunos fragmentos.

Opiniones

El aumento a la gasolina y otros combustibles fue iniciativa del Ejecutivo y aprobada en el Legislativo. ¡Caramba, no hay diputado ni senador con tantita vergüenza! Saben bien que ese aumento afecta a toda la cadena productiva y con ello a familias muy pobres. Se hacen tontejos. ¡Y nosotros tan dejados!

Yolanda Robles Garnica/Morelia

Los únicos responsables de la situación que vivimos en México son los políticos, llámense como se llamen. Pero, bueno, cada pueblo tiene el gobierno que merece y así estamos contentos.

Arnol Ruiz Ruiz/Oaxaca

El gobierno es el responsable. Aquí siempre nos friegan: si sube el precio del petróleo en el mercado internacional, o baja, de todas maneras sube el combustible.

Luis Mauricio Martínez Merino/Puebla

Claro que la responsabilidad del alto costo de la vida es el gobierno panista, su plan económico basado aún en el modelo neoliberal de los ex priístas, principalmente De la Madrid y Salinas. Definitivamente se requiere otro esquema de gobernar. Nada de eso cambiará si no votamos por verdaderos líderes que quieran el cambio y deseen pasar a la posteridad como reformadores del Estado mexicano.

Alberto Ruelas Villasana/ciudad de México

El precio del barril de petróleo sigue aumentando, actualmente el cuesta 83 dólares, muy por arriba de lo presupuestado fiscalmente. Se está tendiendo una ganancia de 14 dólares por barril y las reservas son las más altas de la historia del país. Está bien esto, le da estabilidad al peso, mantiene el nivel de inflación, etc. Esto lo escuchamos todos lo días de nuestra clase política, pero lo que no escuchamos es en dónde se ven reflejados estos beneficios. Los problemas del pueblo siguen empeorando; pobreza, desempleo, inseguridad, falta de educación, malos servicios... hasta cuándo aguantaremos esto.

Isaías Gómez de la Rosa/Toluca

Definitivamente el gobierno, con sus gasolinazos mensuales para subir el precio de la gasolina a niveles internacionales. Sin embargo se hacen tontos, ya que los sueldos están muy por debajo de otros países. En Puebla, Moreno Valle y Marín se pusieron de acuerdo para el incremento en el transporte a cambio de impunidad para Marín. ¡Ya basta!

María Rodríguez Rodríguez/Puebla

El mal gobierno es el causante de la escalada de aumentos en todos los servicios, hasta es el causante del aumento en la violencia imperante en el país. No más sangre.

Patricio Pineda Arredondo/ciudad de México

Son varios factores. Uno de estos es el aumento al precio de los combustibles, otro es la maniobra política que intentan realizar los aspirantes presidenciales para las próximas elecciones en puerta; buscan ganarse el apoyo de los transportistas a expensas de los usuarios. Véase el caso del estado de México, donde la tarifa mínima de los microbuses es de siete pesos. Esto es criminal.

Javier García González/ciudad de México

El haberme limitado en la utilización "ya lujosa" de un automóvil, ahora me tiene sujeto al pánico de ser asaltado por querer ahorrar unos pesos para dirigirme al trabajo caminando. La billetera sin dinero ahora debe ser portada con copias de documentos oficiales, para que, si me asaltan y roban, me puedan identificar si me llegaran a matar. (Por cierto, ya puse en venta el auto y nadie lo compra, no sé si por el costo de la gasolina o porque no hay dinero).

José Gabriel Ávila Rivera/Puebla

¿Y la refinería apá? Calderón giro "sus apreciables" y, según esto, iban a construir una refinería para dejar de depender de las del extranjero. Incluso, recordarán, se andaban peleando por el lugar en donde iba a construirse. AMLO en una de sus conferencias dijo que se terminaría el sexenio y que de la refinería no íbamos a ver ni un tornillo. Es algo ciento por ciento cierto. Les recomiendo leer el libro Camisas azules manos negras, de Ana Lilia Pérez, que habla acerca del saqueo que se hace todos los días en Pemex.

Alejandro Cardiel Sánchez/ciudad de México

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Prevén emitir 6.8 millones de cédulas de identidad

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 15 de enero de 2011, p. 15

En la primera fase para la expedición de la cédula de identidad, el Registro Nacional de Población pretende producir, registrar y entregar 6.8 millones de estos documentos a menores de edad que viven en entidades donde hay bajo rezago en materia de actualización y captura (mediante escáner) de actas de nacimiento.

Con la campaña Identifícate como los grandes. Avísale a tus papás para que soliciten tu cédula de identidad, el gobierno federal invertirá este año 700 millones de pesos. En los carteles, que serán distribuidos en todos los planteles educativos del país (públicos y privados), se anuncia que el documento será tan seguro que será imposible su falsificación, con lo que se facilitarán los trámites escolares y en centros de salud.

El registro es voluntario y el documento contendrá los datos del menor (su nombre y de sus padres, clave única de población, así como fecha de nacimiento y vigencia del documento). La cédula tendrá una fotografía y al reverso el código de barras, cuya información contiene el registro del iris de ambos ojos y de las diez huellas dactilares de las manos.

No portará datos ajenos a la identidad (como el domicilio) y supuestamente sólo tendrá acceso a la información que acredita la identidad de las personas un equipo autorizado por el Registro Nacional de Población.

En la primera etapa, que se inicia el 24 de enero, se pretende registrar y expedir la cédula a medio millón de menores en Baja California; dos millones de Jalisco; 1.2 millones de Nuevo León; cien mil niños y jóvenes de Colima; 1.5 millones de Guanajuato y una cantidad similar en Chiapas.

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Exigen opositores que se elimine toma de nota a líder del sindicato del IMSS

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Sábado 15 de enero de 2011, p. 12

Integrantes de la Asamblea Nacional de Trabajadores Activos y Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron que la primera semana de febrero interpondrán ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) una "demanda de nulidad" a la toma de nota del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Valdemar Gutiérrez Fragoso.

Durante una manifestación realizada afuera de las oficinas centrales del IMSS, Eduardo Pérez Saucedo, integrante de dicha coalición, la cual aglutina a diversos movimientos opositores al líder sindical, señaló que se debe llamar a nuevas elecciones para renovar la dirigencia y criticó la determinación de Gutiérrez Fragoso de extender su gestión dos años, y luego haber concretado una prórroga, con la que busca mantenerse al frente del gremio hasta 2018.

"Quiere permanecer en el cargo hasta 2018, lo que es irregular, porque hay múltiples violaciones estatutarias, como el hecho de que hizo la propuesta en el congreso de octubre pasado en el punto de asuntos generales, y un tema de esa trascendencia no puede tratarse de esa manera; además, manipulando la estructura de las secciones hizo que votaran para prorrogar su cargo y luego meter la documentación a la Secretaría del Trabajo, y ésta le dio la toma de nota".

Indicó que previendo que el PAN pueda perder las elecciones, y como él es diputado panista, el líder del SNTSS busca acomodarse y prorroga su mandato hasta 2018, lo que es irregular.

Indicó que la manifestación de ayer es el "inicio de una serie de movilizaciones para volver a la legalidad en el sindicato y que en 2012 sea electo el representate que estimen conveniente los trabajadores".


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Debe Sae explicar destinos de los decomisos a la CLyF

Organización Editorial Mexicana
17 de enero de 2011


Doina García / El Sol de México

Ciudad de México.- Será esta semana cuando diputados esperan reunirse con el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), Sergio Hidalgo Monroy, para que explique los montos y destinos de los decomisos que hiciera la PGR a la extinta Compañía Luz y Fuerza.

En esta reunión, el funcionario deberá explica también el proceso de recepción de bienes, activos, sumas e importes de esta compañía, aseveró Francisco Javier Orduño, presidente de la Tercera Comisión de la Permanente, diputado Valdez (PAN).

"Los legisladores quieren saber dónde están todos los bienes de la extinta Compañía de Luz y Fuerza, ya que hay alguna inquietud por parte del dirigente sindical respecto de algunos bienes que no aparecen y que son de ellos, además de que señalan que la Policía llegó y los sustrajo", señaló.

Orduño añadió que en este encuentro también se le cuestionará a la autoridad sobre el proceso de subasta de los decomisos que hace la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Administración General de Aduanas.

Explicó que tal como lo establece el Punto de Acuerdo que dio origen a esta reunión, la meta es despejar toda duda en cuanto al manejo discrecional de bienes, activos, sumas, y otros efectos por parte del Sae.

Al respecto agregó que "resulta inadmisible la sospecha que prevalece en la opinión pública de que se ha venido disponiendo de mobiliario de oficina en provecho de municipios o instancias, respecto de activos que aún son susceptibles de aprovechamiento en la prestación del servicio público".

Asimismo el panista recordó que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado en muchas ocasiones que no pudo concluir la revisión de la Cuenta Pública 2008 a Luz y Fuerza debido a que la Policía Federal impidió a los auditores el ingreso al edificio de la compañía.

En ese sentido, otros miembros de la Tercera Comisión como Esthela Damián del PRD, subrayaron la necesidad de que Monroy asista a dar explicaciones; "tiene que venir a decirnos cómo, en qué y para qué utilizó los recursos que le quitaron al Sindicato Mexicano de Electricistas."

"Lo que sabemos es que se pudieron haber regalado, se pudieron haber otorgado a asociaciones civiles que no tenían sentido o que pudieron ir a parar a algunas oficinas del PAN. ¿Dónde están, queremos saber dónde están?", solicitó la legisladora.

Asimismo reconoció que esta reunión responde a un reclamo permanente de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, por lo que se decidió citar al funcionario para que dé cuentas de lo qué ha sucedido con el mobiliario del organismo extinto.

"Me parece que incluso esta Comisión Permanente tiene una deuda urgente que saldar con ellos -los trabajadores de luz y fuerza del centro-, porque lamentablemente se extinguió su compañía y nunca supimos dónde quedaron los bienes que les incautaron" subrayó.

Finalmente sostuvo que sobre estos bienes hasta ahora de lo que se tiene conocimiento es de que no les dieron un buen uso y por ello el Gobierno federal debe explicar en qué y para qué utilizó los recursos que le quitaron al Sindicato de esta compañía extinta.

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Organizan protesta por alza de precios

Lunes 17 de enero de 2011 Julián Sánchez | El Universal
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julian.sanchez@eluniversal.com.mx

Organizaciones campesinas, sindicales y populares se movilizarán en varias ciudades el próximo 31 de enero para protestar, entre otras cosas, por el alza a los precios de los productos básicos y los combustibles, y demandarán al gobierno federal un cambio de rumbo a la política social y económica.

En la ciudad de México, organizaciones marcharán por la tarde del 31 de enero de la glorieta del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde se espera la concentración de integrantes de sindicatos como el Mexicano de Electricistas, telefonistas, de la UNAM, UAM, así como de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Central Campesina Cardenista (CCC).

Las movilizaciones “sintetizarán una serie de propuestas que, en esta necesidad de cambio, el gobierno federal y el Estado deben considerar para revertir el bajo crecimiento económico, la política fiscal, la creación de empleos precarios e informales y buscar elevar los salarios y, en general, subsanar la carestía social.

“Se abordará, ante los mínimos resultados y la creciente inconformidad social por ello, la obligada corrección de la estrategia del combate frontal al narcotráfico”, según los acuerdos de las organizaciones de la protesta concentradas en el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Llaman a huelga nacional

Agustín Rodríguez, presidente colegiado de esta última organización y dirigente del sindicato de la UNAM, dijo que ante la mala estrategia del gobierno de Felipe Calderón y la ausencia de resultados que han derivado en que los salarios que actualmente se otorgan son cada vez más insuficientes, se debe concretar una huelga nacional para exigir mejores condiciones.

Gerardo Sánchez García, líder de la CNC, aseguró que la irritación social en contra del gobierno de AN va en aumento de acuerdo a como se encarece la canasta básica por los incrementos a la gasolina y el diesel agropecuario, por lo que desde ahora adelanta que la “ultraderecha” perderá la Presidencia en 2012. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM afirma que desde 1987 el salario mínimo ha tenido una pérdida acumulada de cerca de 80%.

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AVISO URGENTE A JUBILADOS

A TODOS LOS COMPAÑEROS JUBILADOS, POR DISPOSICIÓN DE NUESTRO COMITÉ CENTRAL, EL PROCESO DE PRUEBA DE SUPERVIVENCIA QUEDA SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO.


PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON LA REPRESENTACIÓN DE JUBILADOS.


POR FAVOR ESTAR ATENTOS A LOS DETALLES.