jueves, 27 de enero de 2011

Cartel para descarga de la Marcha del 31 de Enero

Toquín en Resistencia

Nuestros compañeros de Riesgo Eléctrico nos invitan a la tocada que se llevará a cabo  este Viernes 27 de Enero de 2011 en Calle Miguel Hidalgo #82 Col. Tollotzín a tres cuadras de Plaza Aragón, Costo del Boleto $20.00 pesitos. A partir de las 8:00 P.M. Gracias por la observación.

Los esperamos.

Nuevo AVISO A JUBILADOS

Nuestro compañero Magariño, Representante Principal de Jubilados, nos proporciona la siguiente información referente al trámite de la Supervivencia para compañeros en las Divisiones.

TODOS A LA MARCHA DEL 31 DE ENERO DEL 2011

Cartelón para su distribución.


La USO continúa reivindicando los derechos de los trabajadores de la sísmica

Por la Junta Directiva Nacional

Informaciones de la USO editadas en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - USO, Barrancabermeja, 25/01/11.- A pesar de las acciones intimidatorias a las cuales fue sometida la organización sindical, el día 17 de enero del año en curso, en el marco del proyecto AGUASBLANCAS 3D en los campamentos de GEOESPECTRO ubicados en campo 23 jurisdicción del corregimiento EL CENTRO, municipio de Barrancabermeja; la USO no abandona su decisión de defender la aplicación de la C.C.T.V USO-ECOPETROL y los derechos de los trabajadores al servicio de este proyecto adelantado por ECOPETROL S.A en cumplimiento de su política de alcanzar la producción de UN MILLON DE BARRILES por día de operación.

Después de presentada la agenda de discusión y acordada una reunión para el día viernes 21 de enero, la empresa solicita su aplazamiento con el argumento de querer contar en dicha reunión con el jefe del proyecto, a lo cual accede el sindicato, quedando aplazada para el día sábado 22 de enero a las 07:00 am. La organización sindical puntualmente llega a la cita acordada, con la sorpresa de no contar con la presencia del mencionado jefe del proyecto; agregado a lo anterior se suma lo expresado por los representantes de la empresa, el jefe de campo José Santos Chiquillo y el Abogado Luis Peña de no contar con poder de decisión para responder los puntos de los trabajadores; situación agravada con la actitud desafiante y altanera del asesor laboral de GEOSPECTRO, el pensionado de ECOPETROL Yorgui Benítez, en otrora tiempo negociador de pliegos de peticiones en representación de la USO, que se formo como abogado gracias al plan educacional alcanzado con la lucha de los trabajadores y que hoy coloca sus conocimientos al servicio del patrón para golpear a los obreros.

Ante esta situación la representación sindical decide abandonar el recinto, no sin antes manifestarle a la administración de GEOSESPECTRO su malestar ante el irrespeto contra la USO y las legitimas aspiraciones de los trabajadores. Los puntos más importantes presentados por la organización sindical al patrono son los siguientes:

* -La aplicación de la C.C.T.V USO-ECOPETROL, el acta extraconvencional del 25 de febrero 2010 y las actas firmadas en el reciente pasado con las empresas SISMOPETROL Y CGL SISMICA a todos los trabajadores inmersos en el desarrollo del proyecto AGUASBLANCAS 3D.
* -El mejoramiento del suministro de alimentación en cantidad y calidad; asi mismo el cumplimiento en la entrega del convencional conformado por fruta, leche, postre y jugo con sus respectivos gramajes.
* -Pago del sobretiempo laborado, dominicales y festivos, así como los descansos trabajados y el respeto por las jornadas máximas laborales establecidas en la ley.
* -Solución al problema de hacinamiento y condiciones inseguras en el servicio de transporte hacia los sitios de trabajo.
* -Ventilación adecuada, sabanas, almohadas y colchonetas en los campamentos de los trabajadores en campo 23.
* -Suministro de la dotación adecuada para el desarrollo de la labor; botas caña alta y pantanera, así como la ropa de recambio y los impermeables para la lluvia.
* -Aplicación del Plan Nacional de Salud Ocupacional establecido en el capitulo X, articulo 85 parágrafo 4 de la C.C.T.V (Convención Colectiva) USO-ECOPETROL.
* -Aplicación de la ley 50/1990 ARTICULO 21, en lo concerniente a la recreación, cultura y capacitación de los trabajadores inmersos en este proyecto.
* -Pago del tiempo adicional de viaje en el transporte desde el campamento a los sitios de trabajo y viceversa.
* -Respeto por el derecho de asociación y el libre ejercicio de la actividad sindical.
* -Recibos de pago detallados con todas las especificaciones de ingresos y deducciones a los trabajadores puntualmente.

La UNION SINDICAL OBRERA reitera su disposición para adelantar una negociación seria y responsable en la vía de reivindicar los derechos de los trabajadores y la aplicación de la C.C.T.V USO-ECOPETROL, hacemos un llamado a la administración de GEOSESPECTRO, ECOPETROL S.A Y EL ESTADO COLOMBIANO para que garanticen el libre ejercicio de la actividad sindical, pilar fundamental para alcanzar el equilibrio justo entre explotadores y explotados.

¡VIVA LA UNION SINDICAL OBRERA, ORGANIZACIÓN QUE HIZO POSIBLE LA CREACION DE ECOPETROL, PATRIMONIO COLOMBIANO QUE SEGUIMOS DEFENDIENDO… V I V A…!

¡VIVA LA JUSTA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE GEOSESPECTRO EN EL MAGDALENA MEDIO… VIVA !

¡ATRAS LA PERSECUCION SINDICAL Y LABORAL EN LOS PROYECTOS SISMICOS A NIVEL NACIONAL… ATRÁS !

Cancillería mexicana no condena ataques a civiles

Autor: Nydia Egremy
Sección: Línea Global

25 Enero 2011

Mientras que el Senado de la República reacciona ante las violaciones graves a los derechos humanos en el mundo y a los ataques a la autodeterminación de los pueblos, en la Secretaría de Relaciones Exteriores evitan pronunciarse al respecto. Luego de la presión del Poder Legislativo y varios días después de la condena mundial al ataque sufrido por civiles saharauis, la cancillería mexicana manifestó su “preocupación” por los hechos. La agenda exterior de México espera siempre “visto bueno” de otras naciones

El 8 de noviembre de 2010 era una fecha crucial para el destino de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), cuyo pueblo pugna, en pleno siglo XXI, porque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) finalice con su proceso de descolonización. Ese lunes otoñal, en Manhasset, Estados Unidos, la delegación saharaui buscaría una vez más que Marruecos salga del 60 por ciento del territorio del único pueblo árabe que habla castellano.

La negociación no tuvo éxito. A las 07:00 horas, el campamento Gdeym Izik, cercano a El Aaiún, capital de la RASD, fue atacado por helicópteros de las fuerzas de seguridad marroquíes. Los sobrevivientes vieron cómo ardían sus carpas cuando intentaban librarse de la embestida de gases lacrimógenos y de cañones de agua, antes de que unos 3 mil elementos de las fuerzas armadas ocuparan la zona.

Ante estos hechos, la reacción del Senado de la República y de la Cámara de Diputados antecedió a la del Ejecutivo federal mexicano. El 10 de noviembre, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –en nombre de los diputados federales de Coahuila–, propuso y obtuvo un punto de acuerdo para que esa instancia emitiera una “enérgica condena a los ataques perpetrados a la población de la RASD, por las fuerzas armadas de Marruecos”.

Además, pidió que se exhortara al Ejecutivo federal a pronunciarse en el mismo sentido mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el marco de las disposiciones internacionales y diplomáticas aplicables.

Por su parte, en el Senado de la República, Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional (PAN), y presidente de la mesa directiva de esa instancia, exhortó al gobierno federal para que fijara una postura clara tras los hechos en Gdeym Izik. A su vez, los senadores Francisco Arroyo Vieyra, del PRI, así como Graco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), respaldaron el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y condenaron la actitud “colonialista” de Marruecos.

El presidente de la Comisión para África del Senado, Salomón Jara Cruz, del PRD, presentó el dictamen por el que esa Cámara expresó su pesar por la muerte de ciudadanos saharauis en El Aaiún. Se pronunció porque pronto se encuentre una solución a este conflicto, que se remonta a varias décadas, con el consecuente sufrimiento de las familias que viven en los territorios ocupados.

Asimismo, el Senado llamó a la SRE para que en la ONU impulsara una investigación de lo ocurrido. Pidió que, en consecuencia, se proceda “para preservar el derecho internacional humanitario y la paz en el Sahara Occidental –territorio situado en el extremo Este de África que figura en la lista de 16 “territorios no autónomos” del Comité de Descolonización de la ONU.

La reacción del gobierno de México fue menos contundente y se conoció a través del comunicado 360 de la SRE, el 9 de noviembre de 2010, que dio cuenta de las gestiones que inició el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU, “incluido México”, para convocar a una reunión informativa acerca de los disturbios en el Sahara Occidental y el proceso de paz en curso.

El comunicado agregó que México, como miembro electo del CS, expresó su preocupación por “los incidentes” ocurridos y, junto con el resto de los miembros, acordó solicitar al Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas un informe sobre los hechos.

Días después, el 15 de noviembre de 2010, y a través del comunicado 370, la cancillería informó que en reiteradas ocasiones le ofreció “asistencia consular” al connacional José Antonio Velázquez Díaz para salir del territorio del Sahara Occidental. El ofrecimiento, señala el documento, “fue en virtud de que se consideraba que su integridad física estaba en riesgo, pero el mexicano lo rechazó”.

El retraso en la reacción del gobierno federal para informar el destino y la situación del ciudadano mexicano fue inexplicable. Para entonces, los medios internacionales ya habían dado cuenta del caso del connacional. Antonio Velázquez, presente en la acometida de El Aaiún, denunció a la emisora de FM española Punto Radio que los militares marroquíes entraron al campamento “con gases lacrimógenos, agua caliente, piedras y porras de más de 75 centímetros de largo”.

Velázquez, casado con una catalana, se hallaba en ese lugar y, según la versión de parlamentarios del PRD en el Senado, fue herido. Sólo gracias a los buenos oficios de la cancillería española, se le buscó para poder rescatarlo y ponerlo a salvo.

La voz de la RASD en México

El 21 de noviembre de 2010, desde la capital mexicana, Mohamed Salem, primer secretario de la embajada de la RASD en México, recordaba que, en 1979, este país fue uno de los primeros en reconocer la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación. Tiempo después, el gobierno mexicano admitió que se asentara en su territorio una representación diplomática de esa nación.

“México siempre ha sido congruente con sus principios de política exterior y el derecho a la autodeterminación de los pueblos; ha sido un país amigo que en casi gran parte de los foros internacionales ha planteado el problema de la RASD”, expresa Mohamed Salem en un castellano con acento español. Ésa es una de las herencias del colonialismo ibérico en el Occidente africano. “Somos el único país árabe de habla hispana”, subraya el diplomático.

Afirma que su pueblo siempre ha tenido la expresa solidaridad del pueblo mexicano, así como la “simpatía” por los diferentes gobiernos. Es poco conocido que entre ambos gobiernos existen continuos intercambios académicos y que cada vez más mexicanos viajan a la RASD.

Su optimismo termina cuando se le pregunta en qué nivel está el comercio bilateral. El Sahara Occidental es un territorio rico en fosfatos y yacimientos minerales de los que Marruecos pretende apoderarse. “No hay comercio –responde Salem Mohamed Embarek–, pues desde hace 30 años, tras el retiro español, Marruecos expolia todos nuestros recursos”. Eso es un robo, agrega, y bajo esa situación nuestros recursos le pertenecen a Marruecos, pese a la condena de la comunidad internacional y de la ONU.

La historia misma del diplomático ejemplifica la de miles de sus connacionales. Mohamed nació en El Aaiún, en la zona ocupada. Como gran parte de su pueblo, él salió en 1966 cuando era un niño, huyendo de la guerra y la injusticia. Pero en medio de ese conflicto, quedaron su madre y su padre, quien fue preso político hasta 1991. “Fue maltratado en las prisiones marroquíes y ahora continúa en las zonas ocupadas y sufre las secuelas de la prisión y la humillación”.

En 1991, Mauritania, el vecino país, “reconoció el error” –dice Salem Mohamed– y decidió acogerse al acuerdo de paz que articularon la entonces Organización por la Unidad Africana y la ONU. Conforme a la Resolución 690 del Consejo de Seguridad, el 29 de abril de ese año, se creó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental.

El objetivo de esta fuerza era crear las condiciones idóneas de confianza y una lista de electores para acatar otra resolución, la 1514 de la Asamblea General de la ONU, que proponía la realización de un referendo para que el pueblo saharaui se manifestara libremente sobre su destino. Dice Mohamed: “Como Marruecos sabe que va perdiendo esta batalla, pues comete injusticias y viola el derecho internacional; apoyado por Francia, quiso imponer su decisión sobre Naciones Unidas y se opuso al referendo”.

Sostiene que “siempre hemos pensado que los ingenieros de este conflicto son los franceses. Ellos han sido amigos fieles de Marruecos y difunden que la República Árabe Saharaui Democrática no es un Estado viable”. Detrás de esa posición, se encuentra el interés por los recursos tanto naturales como humanos de que dispone ese pueblo.

“Somos un país pequeño en número con alta formación académica, porque ése fue el interés del gobierno saharaui desde 1975. Además, nuestro territorio posee mucha pesca, se habla de petróleo y otros minerales”, comenta el diplomático; sin mencionar la importante posición estratégica y geográfica del Sahara Occidental. En cambio, estima, España, la exmetrópoli colonial, ya no tiene gran injerencia en la política regional.

Vivir bajo la ocupación marroquí “es inimaginable” para la mitad de la población de los saharauis. La segregación, la humillación, la explotación, el encarcelamiento, la violación de los derechos humanos son constantes. “Es un estado de sitio custodiado por policías, soldados y ni siquiera sabemos cuántos hombres y mujeres viven en esa situación”, describe Mohamed Salem.

Desde que comenzó el conflicto, no se ha permitido realizar un conteo de cuántos hombres, mujeres o infantes sobreviven en esa región, cuántos han huido hacia Argelia o Mauritania desde las zonas ocupadas. Hasta ahora, la RASD espera la celebración del referendo para que se decida su futuro. Con tono grave, el entrevistado enfatiza: “Soy de los niños que formó y crió la Revolución Saharaui. Me siento orgulloso de ser parte de este pueblo”.

Han transcurrido dos meses del ataque contra la población civil para desalojarla del campamento de Gdeym Izik. Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha condenado enfática y enérgicamente esa agresión.

El ataque a Gdeym Izik

En octubre de 2010, grupos de hombres, mujeres y adolescentes saharauis decidieron armar sus carpas para formar el campamento en la zona desértica de Gdeym Izik, a unos 16 kilómetros al Este de El Aaiún, capital del Sahara Occidental, en la zona controlada por Marruecos.

Los integrantes del campamento reclamaban al gobierno marroquí viviendas y empleos, pues su situación era miserable; también pedían ayuda para la población saharaui que malvive en las zonas ocupadas. En el fondo, exigían su derecho a la autodeterminación, señala Mohamed Salem, primer secretario de la embajada de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en México.

El asalto al campamento ocurrió en la oscuridad. Al conocerse la magnitud de la violencia que consumó el desalojo del campamento, los organismos humanitarios y la prensa extranjera cercanos al lugar intentaron ingresar. Todos confirman que las fuerzas armadas marroquíes les impidieron el acceso, lo que dificultó realizar la verificación del número de víctimas mortales y heridos.

El 13 de noviembre de 2010, tres días después del desalojo de miles de saharauis, la versión oficial del gobierno de Marruecos contabilizó 13 muertos: 11 eran ciudadanos de ese país; nueve, elementos de las fuerzas de seguridad; un militar y un funcionario, de la Oficina de Fosfatos. Los dos restantes eran saharauis, entre ellos Baby Hamday Buyema (conocido como el Guerga). Además, el gobierno reportó que había detenido a 163 personas.

Por su parte, el Frente Polisario –que es la fuerza política de la RASD?, en su recuento del 10 de noviembre de 2010, cifró en 19 muertos, 723 heridos y 159 desaparecidos el balance de esa incursión. Además, el ministro saharaui de Exteriores, Mohamed Uld Salek, afirmó que, en las calles de la capital Saharaui, había cuerpos degollados que el ejército marroquí dejó a la vista deliberadamente.

Hasta esa fecha, 24 horas después del ataque, tampoco había ninguna condena de Naciones Unidas. Autoridades de la RASD hicieron notar que, al amanecer del martes, el organismo internacional sólo lamentó los hechos.

El 11 de noviembre de 2010, la organización saharaui de derechos humanos Thawra aseguró que los muertos sumaban un centenar –entre ellos, 18 mujeres y un niño?. Insistió en que había 4 mil 500 heridos y que los detenidos eran 2 mil.

El caso norcoreano

El 23 de noviembre se manifestó con gran intensidad la tensión bélica que existe entre los dos gobiernos situados en la parte Norte (Pyongyang) y Sur (Seúl) de la Península de Corea. Las fuerzas armadas de Corea del Sur realizaban un ejercicio naval militar en la isla de Yeonpyeong, una zona al Sur de la frontera que trazó la Organización de las Naciones Unidas después de la guerra que sostuvieron ambos Estados entre 1950 y 1953.

Esa región fronteriza ha sido escenario de otros incidentes en años pasados, ya que Corea del Norte no reconoce los límites y estima que deben marcarse hacia el Sur, por lo que la isla está dentro de su territorio.

El gobierno norcoreano argumentó que, en sus ejercicios, su vecino del Sur disparó “miles” de obuses que cayeron en sus aguas territoriales. Como respuesta, lanzó un ataque “defensivo” contra la isla, que dejó cuatro muertos y 18 heridos. A pesar de la crítica situación y de que en la zona mantiene 28 mil efectivos, el gobierno estadunidense –afín con el gobierno de Corea del Sur– no condenó ese mismo día el ataque y se abstuvo de tomar represalias.

Hasta el 6 de diciembre de 2010, Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, condenó como un comportamiento “provocador y beligerante” el de Corea del Norte. En cambio, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió, el mismo 23 de noviembre, su comunicado 383, apenas 15 días después de los hechos en El Aaiún, en el que condenaba “enérgicamente” la acción del gobierno de Corea del Norte.

El comunicado El gobierno de México condena el ataque norcoreano contra la isla de Yeonpyong (sic) sostiene que efectivos militares surcoreanos murieron y militares y civiles de ese país recibieron heridas. Por ello, la cancillería, “de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, demanda al gobierno de la República Popular Democrática de Corea el cese inmediato de las hostilidades, así como abstenerse de nuevas provocaciones”.

Al final, advierte que el gobierno de México, en su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad, trabajará en el seno de ese órgano “en la consecución de los objetivos antes mencionados”.

Un tono diferente

El 9 de noviembre de 2010, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió su comunicado 360: El Consejo de Seguridad de la ONU inició gestiones para convocar a una reunión informativa acerca de los disturbios en el Sahara Occidental y el proceso de paz en curso.

El comunicado enuncia que “ante el desalojo realizado por Marruecos del campamento de protesta de Gdeim Izik (sic) a las afueras de El Aaiún, en el territorio no autónomo administrado por ese país, y el inicio de una nueva ronda de pláticas informales entre Marruecos y el Frente Polisario para tratar el futuro del territorio del Sahara Occidental, los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), incluido México, coincidieron en solicitar que las consultas se realicen a la brevedad posible.

“Las pláticas entre Marruecos y el Frente Polisario se llevan a cabo en Manhasset, Nueva York, y son conducidas por el enviado personal del secretario General, embajador Christopher Ross.

“México, en su calidad de miembro electo del Consejo de Seguridad, expresó su preocupación por los incidentes ocurridos y, junto con el resto de los miembros, acordó solicitar al Departamento de Operaciones de Paz de la ONU un informe sobre los hechos y sus posibles consecuencias para las pláticas informales en curso entre Marruecos y el Frente Polisario.

“El pasado 12 de octubre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, por consenso, una resolución en la que se exhorta a las partes a mostrar la voluntad política necesaria para entrar en una fase más intensa de las negociaciones de buena fe y sin condiciones previas, que permitan alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que conduzca a la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental”, termina el comunicado.

Fuente

Norte de Veracruz, desastre social

Autor: Nydia Egremy
Sección: Sociedad

27 Enero 2011

En los poblados de los municipios de Actopan y Alto Lucero –aledaños a la nucleoeléctrica de Laguna Verde– se incrementan los casos de cáncer entre los jóvenes. Además, aumentan los casos de desnutrición infantil, se agudiza la pobreza extrema y escalan la extorsión y el secuestro. Pero sobre miles de pobladores de esa región pende otra amenaza: la destrucción de manantiales y de la biodiversidad a causa del plan minero Caballo Blanco

Alto Lucero, Veracruz. Abel, Santiago y Camila son primos y viven en el Ensueño. Ése es el nombre idílico de un caserío veracruzano situado entre el Golfo de México y la carretera federal que limita al Norte con Tamaulipas y Texas, Estados Unidos, y al Sur con Oaxaca. A 14 kilómetros hacia el Sureste, opera la nucleoeléctrica de Laguna Verde. La noche del 5 de agosto del año pasado, la unidad uno del reactor tuvo una falla de arranque y se dio la alerta de evacuación para los habitantes de Alto Lucero y Actopan, los municipios más cercanos. Luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegurara que los sistemas de seguridad funcionaron adecuadamente, los pobladores volvieron a su vida cotidiana.

La radiación que genera la primera planta nuclear del país podría ser la causa del incremento en casos de jóvenes que enferman y mueren por cáncer en 15 municipios de la zona aledaña. El cáncer cervicouterino, de piel, tiroides y en pulmones se manifiesta con más intensidad en las comunidades que se ubican en un radio de cero a 18 kilómetros alrededor de la nucleoeléctrica.

Hace dos años, hubo 17 casos en la comunidad del Cedro, municipio de Actopan. Recientemente, en Buena Vista, municipio Emiliano Zapata, otras 18 personas manifestaron ese mal. “Hay malformaciones y muertes”, replicaban los representantes de 40 mil familias de esa zona a Rafael Vega Lara, subgerente de Vinculación y Coordinación de la nucleoeléctrica.

El encuentro del 15 de septiembre pasado entre representantes civiles y personal de la nucleoeléctrica se centró en dos ejes: que la CFE “ahora sí” cumpla con el compromiso que asumió hace dos años de enviar a la zona un equipo médico que valore el origen de esa incidencia de cáncer y cumpla con dar mantenimiento a las rutas de evacuación en Alto Lucero en caso de emergencia radioactiva.

Se trata de vías muy deterioradas, laberínticas y sin salida, imposibles de transitar cuando se ordene la evacuación de miles de habitantes de la zona aledaña a la planta. Recuerdan los asistentes a esa reunión que ésta se desbordó cuando Vega Lara sostuvo que no existe peligro de radioactividad, pues él vive con su familia en el Farallón y no han tenido ningún problema.

Los ánimos se caldearon pues nadie los representaba –sus diputados de distrito, Silvio Lagos y Karime Aguilera, no asistieron– ni obtuvieron las garantías de la CFE que esperaban. En el ambiente, flotaba el recuerdo de lo ocurrido apenas un mes atrás, cuando falló el arranque de la unidad uno del reactor.

Veneno nuclear

El funcionamiento de la primera planta nuclear del país siempre ha suscitado polémica por el temor a una fuga de radiación. Su objetivo, desde que se construyó en 1976, fue aumentar la producción de electricidad del país. Ahora genera el 3.6 por ciento de la electricidad del país

La preocupación por los efectos de la radioactividad en la salud de niños, como Abel, Santiago y Camila, se incrementa cuando se conoce el resultado de una investigación que realizó el físico matemático Bernardo Salas Mar sobre la existencia de radionúclidos antropogénicos en aguas del Golfo de México. Esos átomos inestables de cobalto-60 y cesio-137, que producen las plantas nucleares y la medicina nuclear, pueden causar envenenamiento o contaminación en los seres vivos si estuvieron expuestos por largo tiempo o en grandes cantidades.

El estudio de Salas Mar encontró radionúclidos antropogénicos frente a la nucleoeléctrica Laguna Verde y esto tiene efectos en la salud, ya que ambos son agentes cancerígenos, destaca Leslie Cristina Campos, socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, en su tesis Los movimientos ambientalistas contemporáneos: el caso del grupo antinuclear de madres veracruzanas.

En la entrevista que Campos sostuvo con Salas Mar, en noviembre de 2010, el experto sostiene que él y su equipo sí encontraron radionúclidos antropogénicos en las muestras recabadas en arena y agua de mar en Villa Rica y Chachalacas. Sobre todo, en las muestras de Laguna del Llano (a 5 kilómetros de la planta).

Cuando pretendieron tomar muestras a menos de 1.5 kilómetros, los límites de la nucleoeléctrica, se los impidió el teniente de fragata Víctor Ochoa Monroy, pues es zona federal bajo custodia de la Armada de México. El oficial sólo permitió tomar muestras a una distancia más lejana.

Bernardo Salas Mar, crítico de la corrupción y los manejos turbios en la nucleoeléctrica, describe que, como suele ocurrir periódicamente, en la segunda mitad de 2010 repotenciaron los reactores de Laguna Verde. A ese proceso, los habitantes del Ensueño y Palma Sola lo conocen como “la recarga” y trae aparejada una temporada de derrama económica en la región que todos festejan sin profundizar en el significado y riesgos del mismo.

El físico matemático describe que, en esta ocasión, “el costo de la repotenciación fue de 800 millones de dólares”. El objetivo era aumentar 20 por ciento la capacidad del reactor. Subraya que, en cambio, el mismo proceso en la planta estadunidense de Vermont Yankee costó “sólo 120 millones de dólares”.

La diferencia radica en que la licitación para realizar la recarga no la obtuvo General Electric –fabricante de ambos reactores–, sino Iberdrola, “donde es un alto ejecutivo Rafael Fernández Murrieta, hijo de Rafael Fernández de la Garza”. La investigación de Salas Mar, divulgada en congresos de energía nuclear en España, Perú y Portugal, es poco conocida en México.

Oro y devastación

Sobre los habitantes de los municipios del centro y Norte de Veracruz, pende otra amenaza: la degradación ambiental que traerá consigo la operación del plan minero Caballo Blanco, de la empresa canadiense Goldgroup Mining. El objetivo es extraer oro y cobre de los cerros de los Metates y los Atlixcos, situados a unos 3 kilómetros de la planta Laguna Verde y a unos 4 kilómetros de Palma Sola, municipio de Alto Lucero.

Aunque las excavaciones prospectivas en la zona comenzaron desde 1996, se mantuvieron lejos del conocimiento público. Sin embargo, en noviembre de 2010, días antes de concluir su gestión como gobernador, Fidel Herrera Beltrán se reunió con Francisco Escandón Valle, director de esa empresa en México. El clima de ese encuentro se ilustra en una fotografía que publicó un medio local donde el exejecutivo estatal hace una caravana al representante de la multinacional.

Los caminos de terracería se comenzaron a abrir en 1996 y por ahí llegaron después quienes elaboraron los mapeos geológicos, los que hicieron barrenación exploratoria, levantaron las muestras geoquímicas y realizaron estudios geofísicos. Los opositores a este plan de la minera citan que estudios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hablan de “trabajos de exploración minera con base en la NOM-120 Semarnat, Registro y Supervisión Sistemática de 2007 a la fecha”.

El 6 de enero de 2007, en un informe interno, la empresa (entonces era Almaden) reportó su “complacencia” por el resultado de las exploraciones de la víspera: se encontró oro a 33.6 metros de profundidad. En la copia de ese documento –del que Contralínea tiene copia–, se lee el lema de esa firma: “Invertir en nuestras ideas, beneficio por su potencial”.

De acuerdo con datos de la empresa propietaria, en marzo de 2010 Goldgroup compró la firma NGEx’s (anteriormente Canadian Gold Hunter Corporation) con opción de adquirir el 70 por ciento de sus intereses en el proyecto Caballo Blanco. Las excavaciones se extenderán a lo largo de 15 kilómetros, entre el Cerro la Cruz y el Cerro la Paila.

A lo largo de 14 años, la minera obtuvo 18 concesiones para explotar 19 mil 344 hectáreas. Ahora se sabe que por cada tonelada de tierra que remueva, la empresa canadiense apenas extraerá 1.5 gramos de oro. Esa operación requerirá el empleo de sustancias tóxicas (mercurio y cianuro de sodio), así como constantes explosiones, cuyas vibraciones –asegura la Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz– representan un peligro para “la inestable” operación de la nucleoeléctrica Laguna Verde.

La extracción de oro a cielo abierto representa un riesgo ambiental para las comunidades el Viejón, Tinajitas, Farallón y Palmas de Abajo, del municipio de Actopan. La remoción de grandes cantidades de tierra, árboles, pastizales, cultivos de todo tipo y potreros privará de su hábitat natural a las especies endémicas de flora y fauna.

De igual forma, resultará afectada la biodiversidad de las rancherías de Boca Andrea, Arroyo Agrio, Yerbabuena, el Ojital y la Luz, del municipio de Alto Lucero. Las zonas arqueológicas de Zempoala y Quiahuiztlán también sufrirán por el impacto de las explosiones.

El oro que la minera trasnacional extraiga de suelo veracruzano no servirá para construir las escuelas que necesitan los niños de los municipios pobres de Alto Lucero y Actopan; tampoco se utilizará para dotar de clínicas de primer nivel a las comunidades. Este metal viajará los países desarrollados bajo el modelo económico imperante del capitalismo en su vertiente extractiva.

Foco rojo social

A pesar del permanente riesgo de una fuga de radioactividad en Laguna Verde, ningún habitante del Ensueño o Palma Sola –a sólo 7 kilómetros de la única planta nuclear del país y con mayor población de la zona– ha participado, en los últimos años, en simulacros de emergencia radiológica ni se le ha practicado pruebas de contaminación. La mayor preocupación de estos hombres y mujeres es el cobro excesivo de luz, emplearse, aunque sea como peones y sirvientas, y que, en la próxima temporada de calor, sus hijos sufrirán los cíclicos ataques de dengue, difteria, gripes o diarreas hemorrágicas.

El Ensueño pertenece a Alto Lucero, uno de los 212 municipios de Veracruz. De acuerdo con el censo de 2005 (único dato oficial vigente), ese ayuntamiento –de 25 mil 893 habitantes– tiene un índice “alto” de marginalidad. La mayor parte de las casas tiene piso de tierra; persiste la desnutrición y el analfabetismo entre los menores; los jóvenes están desempleados. Las autoridades se muestran incapaces de hacer frente a la escalada de la delincuencia.

Cada vez son más comunes los casos de extorsiones a comerciantes, secuestros y robos a pasajeros de autobuses que recorren el tramo Palma Sola-Santa Ana. Ningún delito se denuncia porque se presume la complicidad entre infractores y autoridades. “Sólo cuando se voltea un carro, ahí sí van corriendo los federales”, afirma sonriente Ernesto García, un antiguo campesino que ahora trabaja para los ganaderos.

Palma Sola tiene la mayor población de la zona y está a 7 kilómetros de la planta nuclear. Su actividad comercial es intensa y ahí los hombres del Ensueño hacen la compra de víveres y después beben alcohol de baja calidad en los burros (burdeles) y consiguen mujer para un rato. Así toleran el calor de unos 28 grados centígrados que, en promedio, tiene ese lugar.

Ese pueblo creció al lado de la carretera federal hace cuatro décadas. Ahora, el paisaje se llena con decenas de tráileres de doble caja estacionados anárquicamente sobre la vía pública, así como camiones repartidores y una que otra flamante camioneta de la CFE que transporta a “los ingenieros” de la planta nuclear cuando se dirigen a comer.

No hay banquetas y los peatones transitan por la tierra para evadir a los autos y las enormes pozas de agua estancada que se formaron desde septiembre por el paso del huracán Karl. Nadie limpia, sacude o barre; ahí predomina la indolencia.

No hay un solo parque, cine, cafetería o lugar de recreación para jóvenes o familias. Además de una clínica para consulta externa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la única obra de infraestructura pública es el Centro de Observación y Adaptación Social para Niños y Niñas en Conflicto con la Ley Penal, que se construyó en 2008 y que costó 61 millones de pesos, según informó Fidel Herrera Beltrán en su Informe de gobierno de ese año.

Luego de que se inauguró este centro, se observó el arribo masivo a Palma Sola de familiares de los internos; decidían vivir ahí para estar más cerca de ellos. La primera reacción fue de rechazo: “¿Qué vienen a hacer acá? Les enseñaron a robar”. Aunque luego triunfó la visión comercial, ya que eran clientes potenciales para las fondas, hoteluchos, tendajones y para los burros.

En Palma Sola hay tres negocios prósperos: el de materiales para construcción con dos locales sobre la “calle principal”; el de las grúas, que creció por los constantes accidentes –frecuentemente mortales?, que ocurren en la curva de Corralillo, a unos 7 kilómetros. Para imponer el orden (o disputar el botín de los accidentados, se burlan los pobladores del Ensueño), hace unos años que se instaló junto a las grúas un destacamento de la Policía Federal.

Otra empresa boyante es la práctica médica particular. Aunque la clínica del IMSS presta sus servicios desde hace dos décadas, los habitantes de Palma Sola y las comunidades cercanas prefieren a los doctores privados, cuya consulta es muy cara y no siempre atinada, además de que son propietarios de la mayoría de las farmacias locales.

En Alto Lucero, el municipio al que pertenece Palma Sola, la delincuencia actúa de forma organizada y certera. El 21 de diciembre de 2010, Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió que el oleoducto de 24 pulgadas del tramo Nuevo Teapa-Cadereyta, en el kilómetro 335, fue objeto de robo. En la zona conocida como rancho Monte Calvario, del ejido Boca de Loma, se localizaron niples, válvulas de cierre rápido y 10 metros de manguera de alta presión; todas, piezas de la instalación.

Insalubridad más pobreza

Aunque Veracruz tiene la mayor reserva de agua dulce, con 35 por ciento, los pobladores del Ensueño batallan por ese recurso. Como lo obtienen de un manantial cercano, muchos la beben sin hervir. Esa falta de higiene se extiende a otros hábitos: en la treintena de viviendas, apenas unas cuatro tienen baño; el resto de los vecinos orina y defeca al aire libre. Además, arrojan alrededor de sus propias casas las bolsas con basura.

Hace unos 15 años, cuadrillas de trabajadores sanitarios visitaban periódicamente ése y otros poblados rodeados de potreros. Orientaban a sus habitantes para construir letrinas, encalar las paredes de sus chozas y así contener la proliferación de garrapatas, mosquitos y otros insectos transmisores de enfermedades. Pasantes de la Universidad Veracruzana los instruyeron para crear compostas. Nada perdura ahora de ese conocimiento.

Para no gastar sus magros ingresos en gas, algunas mujeres cocen el nixtamal con leña y deciden cortar árboles sanos. Los hombres, desempleados o, en su mayoría, peones de los ganaderos locales arremeten contra las palmas para techar palapas “turísticas” y ganarse así el alimento.

A la falta de esos programas de prevención sanitaria y protección ambiental efectiva, se suma la apatía de la propia población. Lo que fue un rico y generoso ecosistema se transforma en tierras baldías y basureros.

Los padres de Abel, Santiago y Camila pertenecen a una generación de veracruzanos que sintetiza las contradicciones sociales de una entidad que hace 25 años no mostraba signos de retraso como ahora, según el seguimiento del investigador Adolfo Sánchez Almanza, del Instituto de Investigaciones Económicas, a la transformación económica y social del país.

Esa evolución socioeconómica se manifiesta en el tejido social del Ensueño. Estela es la madre de Abel; lo tuvo cuando ella tenía 13 años. Ahora, a sus 15 años, es la mujer de un desempleado de 21 años que aspira a ser soldado o elemento de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), porque, según su cuñado Esteban, “ahí es bien fácil tener dinero y ya no te ven menos”.

Alba, madre de Santiago, estudió bachillerato abierto en Palma Sola; en Veracruz, aprendió mecanografía. Nunca encontró un trabajo en el que le fueran útiles sus estudios, ni en el poblado ni en la nucleoeléctrica Laguna Verde. Intentó poner una lonchería, pero no pudo pagar la renta tan alta, por lo que se empleó como niñera con uno de los principales ganaderos de la zona. Tiempo después, se embarazó. Su expectativa de vida es que llegue el fin de semana para encontrarse con el padre de su hijo –un longevo y rico exfuncionario gubernamental– y recibir la magra ayuda que le da.

Julia es la madre de Camila y también estudió bachillerato. Quiso ser maestra del Consejo Nacional de Fomento Educativo y con el esfuerzo económico de sus padres, tomó algunos cursos en Ciudad Cardel, pero enfermó de apendicitis; fue operada y perdió la posibilidad de ingresar al sistema. Sus padres quedaron tan gastados que ella los ayudó trabajando como mesera, hasta que conoció a Esteban y se embarazó. Vive en el Ensueño, el nombre con el que su abuelo bautizó a esta franja de tierra en la que habitan peones de pudientes ganaderos, hombres que fueron campesinos y hoy son albañiles y construyen, a unos 1 mil metros de su caserío, un exclusivo centro recreativo.

La palapa que aloja la escuela primaria del Ensueño sólo recibe a un puñado de alumnos. La mayoría de los niños y niñas de ese caserío prefiere colegios religiosos, como los de Santa Ana o Vega de Alatorre, donde los profesores piden cuotas por todo. A Marisa le pidieron 250 pesos en su práctica de cómputo por una memoria USB para que grabara un archivo en Word La premisa de educación laica y gratuita cada vez se aplica menos en esta entidad.

Peones, albañiles, sirvientas, niñeras o meseras son las únicas ofertas de trabajo digno que tienen los habitantes del Ensueño. No importa su grado escolar o capacitación laboral, no hay otras opciones. Sólo quienes tienen más suerte o alguna recomendación se colocan como dependientes de tiendas en los poblados cercanos. Ninguno de esos oficios les concede derechos laborales como servicio médico, día de descanso, vacaciones, aguinaldos o prima vacacional. En el caso de las mujeres que sirven en las fincas y ranchos, son constantes los acosos sexuales.

El mar como cloaca

Al Sur del caserío, languidece la Laguna de Corralillo, un cuerpo de agua dulce que antaño albergó mojarras, tilapias, ostiones, cangrejos ermitaños y que era la fuente del recurso para los miles de aves que emigran hacia tierras más cálidas en el invierno. Desde que aumentó la población del Ensueño, esta laguna comenzó a sufrir el deterioro por el constante desgaste de su fauna y del flujo acuático.

Mangueras negras de unos 30 centímetros de diámetro que provienen de algunas casas del poblado descargan las aguas negras en esta, otrora, laguna limpia. En los últimos dos años, su potencial se redujo hasta 30 por ciento, y ahora es común que la mayor parte del año los desechos domésticos cierren su salida al mar.

A 100 metros al Sur de esa laguna, se construye lo que algunos vecinos describen como “centro de recreación para unos cuantos”. Entraron aplanadoras que derribaron decenas de robustos árboles que eran refugio de aves (águilas, pájaros carpinteros, guineas y gorriones). Ninguna autoridad municipal o estatal da cuenta de esta depredación, a pesar de que, a unos metros, se sitúa una casa que construyó el Programa de Protección para la Tortuga Marina de la Semarnat. Esa casa vacía simboliza el abandono del Estado.

Infancia desnutrida

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en México se incrementó la pobreza. Uno de sus efectos más notorios fue que las familias no tuvieron acceso a todos los productos de la canasta básica.

La investigación, difundida el 25 de octubre de 2010, refiere que, en México, 4 millones 480 mil 100 niños menores de cinco años presentaron algún grado de desnutrición y de ellos, 800 mil –que equivalen al 25.2 por ciento– ya presentaban desnutrición de alto riesgo. También destaca que las entidades con mayor pobreza presentan mayor incidencia en desnutrición infantil: Chiapas, con 142 mil 561 casos, y Veracruz, con 110 mil 608.

El Reloj de la Desnutrición en México, de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, reportó, en 2010, que esa situación se presenta en los municipios de Actopan, 33; la Antigua; Juchique de Ferrer, 98; Papantla, 2 mil 220, y Paso de Ovejas, 101.

Los doctores Abelardo Ávila Curiel, Adolfo Chávez Villasana, el biólogo Marco Antonio Ávila Arcos y la nutrióloga Marlén García Meza señalan en su evaluación que los municipios de Alto Lucero, Nautla, Úrsulo Galván y Cuitláhuac no registraron casos de desnutrición infantil. En su opinión, esto podría ser porque las remesas contribuyeron a mejorar la alimentación de los niños.

En la década de 1970, se registró un 42 por ciento de pobres en Veracruz; 38 años después, especialistas del Coneval y Consejo Nacional de Población detectaron que 50 por ciento de la población carece de ingresos dignos y acceso a servicios de salud, educación y agua potable, particularmente los indígenas que habitan en zonas rurales.

“La pobreza sigue creciendo”, afirmaron economistas de la Universidad Veracruzana y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo, que examinaron la información en la mesa de diálogo Desigualdad y Pobreza, del Coloquio Veracruz 2010.

Fuente: Contralínea 217 / 23 de enero de 2011

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Arrendadora Ocean y TMM defraudan por 23.5 MDD a Pemex Refinación: SFP

Autor: Nancy Flores
Sección: Capitales

27 Enero 2011

La Secretaría de la Función Pública detecta un fraude en Pemex Refinación por 23.5 millones de dólares, vinculado al arrendamiento de cuatro buquetanques. En la auditoría se presume que Arrendadora Ocean Mexicana –filial de Blue Marine Technology Group– y TMM “se coludieron” para obtener los contratos. La contraloría federal inhabilitó a 14 funcionarios que “manipularon la licitación y contrataron con sobreprecio” las embarcaciones. Las sanciones suman más de 5 mil millones de pesos

Las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y Transportación Marítima Mexicana (TMM) habrían cometido un fraude a las arcas de Pemex Refinación por 23.5 millones de dólares, descubre una auditoría del Órgano Interno de Control en esa subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El caso, ventilado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el pasado 26 de enero, implica la adjudicación “irregular” de contratos para el arrendamiento de cuatro buquetanques a casco desnudo “con sobreprecio de entre 29 y 35 por ciento”, indica el comunicado de prensa 09/2011.
Los contralores detectaron que, en 2006, Arrendadora Ocean Mexicana y TMM “se coludieron” para adjudicarse la licitación pública 18576057-016-05. Además, en sus observaciones presumen que el proceso fue “manipulado” por funcionarios de la paraestatal en beneficio de las dos empresas.
De acuerdo con información oficial extraída de la auditoría, el sobreprecio de 23.5 millones de dólares se originó porque se “manipularon los estudios de costo-beneficio”. Éstos no corresponden a las características del servicio contratado, indica la auditoría en sus conclusiones.
Para los contralores, 14 servidores públicos de Pemex Refinación participaron en el supuesto fraude al “direccionar” las bases de la convocatoria.
“Se presentaron estudios de mercado que justificaban el arrendamiento de buquetanques a tres años; sin embargo, la licitación fue por contratos de cinco años a casco desnudo”, indican los datos a los que tuvo acceso Contralínea.
En estas condiciones de “favoritismo”, TMM arrendó las embarcaciones Amatlán II y Choapas II, y Arrendadora Ocean Mexicana, los buques Faja de Oro II y Potrero del Llano II.
En 2007 y 2008, Contralínea documentó algunas de las irregularidades detectadas en esa contratación, que ahora confirma la Función Pública. Por esas revelaciones, este semanario y sus periodistas Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y su cartonista David Manrique fueron condenados en primera instancia por daño moral.
El 3 de enero de 2011, la jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal, Yassmin Alonso Tolamatl, resolvió que las revistas Contralínea y Fortuna y los reporteros deberán restituir el patrimonio moral a favor de las empresas Blue Marine Technology Group, Arrendadora Ocean Mexicana y Subtec, y de sus accionistas Antonio Juan Marcos Issa, Alfredo Reynoso Durand y Juan Reynoso Durand.
Según la sentencia, los periodistas hicieron “uso abusivo de sus derechos de expresión e información” porque el petróleo y las contrataciones y adquisiciones de Pemex y del gobierno federal “no son de interés público”. La resolución obliga a no publicar más acerca de los demandantes y a pagarles una indemnización aún no determinada.

Sanciones e inhabilitaciones

En 2006, una vez que los contratos fueron asignados a TMM y Arrendadora Ocean Mexicana, el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación inició la auditoría al fletamento de los cuatro buquetanques a casco desnudo por un periodo de cinco años.
Aunque la investigación se concluyó en 2008 y en ella se determinó que había elementos suficientes para citar a proceso sancionatorio a diversos funcionarios de Pemex Refinación, las inhabilitaciones y sanciones se aplicaron hasta el 21 de diciembre de 2010. Según la Función Pública, esto se debió a “los medios de defensa que los inculpados ofrecieron”.
La dilación no sólo retrasó el proceso sancionatorio contra los servidores públicos, también mantuvo a salvo los millonarios negocios de las empresas. Fuentes de la SFP aseguran que, por los tiempos, no se les pudieron rescindir los contratos y, puesto que ya no son vigentes, las compañías tampoco serán inhabilitadas.
En su resolución, la Función Pública señala que 11 funcionarios de la Gerencia de Operaciones Marítimas son responsables de “emitir estudios de costo-beneficio deficientes y tendenciosos, lo que originó la adjudicación de contratos de arrendamiento de buquetanques a tarifas entre un 29 por ciento y 35 por ciento excesivas”.
Otros tres servidores públicos de la Gerencia de Administración fueron sancionados por haber autorizado el pago de las propuestas únicas presentadas, aun cuando dichas propuestas excedían, sin justificación, el estudio de mercado en 18 por ciento.

El negocio de los barcos

De acuerdo con información de la SFP, actualmente Pemex Refinación explora la posibilidad de adquirir buques directamente con las compañías armadoras en lugar de arrendarlos en el mercado nacional. Con ello, se busca evitar sobrecostos por la operación comercial.
El 28 de noviembre de 2010, Contralínea publicó que, para renovar su flota, esa subsidiaria planeaba adquirir cinco buquetanques sin licitación de por medio, por más de 2 mil 700 millones de pesos.
La adquisición beneficiaría a empresas intermediarias, según denuncias hechas por armadoras trasnacionales que habían quedado fuera de la restringida invitación.
Las adjudicaciones directas aún podrían darse, admiten fuentes de la Secretaría de la Función Pública consultadas, pues la licitación pública internacional R0-LP-906-001, que comprometía recursos públicos por 200 millones de dólares (equivalentes a más de 2 mil 700 millones de pesos) se declaró desierta el 8 de octubre de 2010 tras protagonizar un cuestionado proceso.
De acuerdo con las bases, ésta tenía como fin adquirir “hasta cinco buques tanque de doble casco, con año de terminación de construcción de 2007, 2008, 2009 o 2010, para efectuar el transporte de productos petrolíferos de un importe mínimo de 40 mil toneladas de peso muerto, a precio fijo”.
Esas mismas bases impidieron la participación de las compañías que producen y son dueñas de las embarcaciones ofertadas, denunciaron a este semanario fuentes de la propia paraestatal y representantes de armadoras trasnacionales, quienes califican el proceso como “amañado”.
También advirtieron que, cinco días después de declarar desierto el proceso, el 13 de octubre, la Dirección General de Pemex, que encabeza Juan José Suárez Coppel, habría encargado directamente a su filial PMI Comercio Internacional buscar y localizar los navíos con los requerimientos técnicos establecidos en la licitación.
Los sancionados e inhabilitados
Gerencia de Operaciones Marítimas
Nombre Cargo Sanciones
Jorge Armando Basualto Ramírez Gerente de Operación y Mantenimiento Marítimo Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Mario Magallón Cruz Subgerente de Tráfico Marítimo y Fletamento Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Gilberto de Hoyos Peña Jefe de la Unidad de Control de Gestión Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 354 millones 918 mil 409 pesos
Hugo Alfonso Zermeño Díaz Superintendente General de Análisis de Fletamentos Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Alejandro Dorantes Valderrama Superintendente General de Tráfico Marítimo Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Carlos Alberto Martínez de la Fuente Superintendente General de Evaluación Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Antonio Refugio González Martínez Encargo del Despacho de la Unidad de Control de Gestión Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 145 millones 994 mil 323 pesos
José Luis Ortiz Ochoa Gerente de Coordinación de Operaciones Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 354 millones 918 mil 409 pesos
Augusto Guillermo Acosta González Superintendente General de Evaluación de Operación Marítima Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Cruz Jaime Olvera Rico Subgerente de Operaciones Marítimas Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Francisco Guillermo Cuneo Pérez Superintendente General de Evaluación de Operación Marítima Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Gerencia de Administración
Guillermo González Lozano Gerente de Recursos Materiales Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 90 millones 413 mil 190 pesos
Edith Eugenia Blancas García Subgerente de Contratación para Producción y Embarcaciones Marítimas Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 90 millones 413 mil 190 pesos
Juan Antonio Zapata Muñoz Superintendente de Compras 008 Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 90 millones 413 mil 190 pesos
Otros sancionados
Por el supuesto fraude en Pemex Refinación, la Secretaría de la Función Pública abrió un procedimiento en contra del subdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores, y del gerente de Recursos Materiales, Guillermo González Lozano, “por haber adjudicado contratos, sin contar con la suficiencia presupuestal, ni autorización presupuestal multianual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de la totalidad de los recursos comprometidos derivados de la Licitación Pública Nacional 18576057-016-05 para el arrendamiento de buquetanques a casco desnudo con acuerdo técnico”.
Información de la contraloría federal indica que, derivado de este proceso, el 2 de diciembre de 2010 ambos funcionarios fueron inhabilitados por seis meses.
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Ejecuciones de carro a carro, "la moda" en Jalisco

Alberto Osorio


Guadalajara, 27 de enero de 2011 (apro).- La violencia desatada en Jalisco adquiere una nueva modalidad. Durante los últimos días en la zona metropolitana de Guadalajara, son frecuentes las agresiones de carro a carro y el temor de los ciudadanos, ante la posibilidad de quedar en medio de un fuego cruzado, de ser víctima de una “equivocación” o de un pleito de tránsito que termina en homicidio, se incrementa.

El miércoles, en pleno barrio de San Juan de Dios, en la colonia La Perla, sobre el cruce de Aquiles Serdán y Dionisio Rodríguez, una familia que viajaba en una Hummer de color gris, fue acribillada por sujetos que transitaban en una camioneta Ford y una Suburban. En el atentado perdió la vida Claudia Esperanza Ibáñez Hernández, una mujer de 37 años de edad.

Los agresores usaron armas de grueso calibre para llevar a cabo ese crimen en donde también resultó gravemente herido el conductor, quien aparentemente iba a ser secuestrado. En esa balacera, las hijas de la pareja, una niña de ocho años y otra de nueve, resultaron ilesas. Las autoridades no lograron detener a ninguno de los agresores.

La noche del lunes, un hombre identificado como Crispín Frías, fue ejecutado cuando conducía un coche de modelo atrasado. El asesinato ocurrió en Jardines del Valle, en Zapopan. Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recogieron del lugar del crimen más de 10 casquillos percutidos por un rifle, AR 15.

Previó al asesinato, Crispín Frías tuvo un incidente de tránsito y discutió con los tripulantes de un Toyota color negro. Los hechos ocurrieron en avenida Acueducto y Federalistas, en el poniente de la exvilla maicera. A esa agresión sobrevivió una menor, hija del hombre acribillado.

El mismo lunes, tres vehículos que circulaban sobre la carretera Nogales-Guadalajara, a la altura de Rancho Contento, en Zapopan fueron atacados por sicarios que luego de la agresión se dieron a la fuga, sin que nadie los pudiera identificar.

En esa agresión falleció María Magdalena Valle, una mujer mayor de edad, en tanto que otras cuatro personas resultaron heridas a causa de la “lluvia” de balas que desataron los sujetos que dispararon desde varios vehículos en movimiento.

María Magdalena viajaba junto con Javier Guerrero Botello, en una camioneta blanca de la marca Dodge y con placas de circulación JG 33 224. El hombre también resultó gravemente herido por el impacto de las balas.

Otras personas que circulaban en una camioneta Toyota blanca, con placas de circulación JM 36 092, fueron atacadas por los mismos sicarios. En esa unidad quedaron lesionados Carlos Felipe Cruz y María de los Ángeles Álvarez, el primero recibió un impacto de arma de fuego en el tórax, mientras su acompañante fue levantada por los servicios médicos de emergencia, con herida de bala en el cráneo.

Por su parte, José Ozuna Lizárraga tripulante de un Lupo Volkswagen, placas JEX 68-65, recibió un balazo en uno de sus hombros, todo ello ocurrió en una sola acción, durante los primero minutos de la madrugada del lunes.

A propósito de estas agresiones, el procurador Tomas Coronado Olmos, dijo que el atentado contra los tres carros, sobre la carretera a Nogales, pudo deberse a una confusión al momento de abrir fuego, por parte de los agresores. Sin embargo, aclaro que las investigaciones están en proceso. Lo cierto es que en tres días y en tres hechos diferentes hay un saldo de tres muertos y seis heridos, en ataques similares en la zona metropolitana o sus alrededores.

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Función Pública multa con 5 MMDP a 14 exfuncionarios de Pemex Refinación

Arturo Rodríguez García


MÉXICO, DF, 26 de enero (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció en días recientes una serie de casos de corrupción registrados en Petróleos Mexicanos (Pemex), razón por la que aplicó sanciones millonarias e inhabilitaciones para desempeño en el servicio público que van de los 10 a los 20 años.
Aunque la mayoría de los responsables permanecen en el anonimato, las áreas a que hace alusión la SFP reflejan que se trataba de funcionarios menores con amplia discrecionalidad en el manejo de recursos y contratos.
En Pemex Refinación, 14 exfuncionarios fueron sancionados al detectarse irregularidades en la contratación de cuatro buques-tanque, por lo que se les aplicarán multas por un monto superior a los 5 mil millones de pesos.
Luego de cinco años de procesos administrativos, la SFP determinó que habían incurrido en irregularidades en licitaciones, así como en pagos excesivos a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana SA de CV y Grupo TMM.
Esas contrataciones resultaron en escándalo, pues los accionistas de Ocean Mexicana eran los mismos de Blue Marine, empresa vinculada con Oceanografía SA, cuyos vínculos con los hijos de Marta Sahagún de Fox, los hermanos Bibriesca Sahagún, fueron documentados por la periodista Jesusa Cervantes en 2005.
No obstante, la dependencia no dio a conocer los nombres de los exfuncionarios responsables de los ilícitos y el quebranto a la paraestatal.
Las licitaciones amañadas consistieron en favorecer con contratos a dichas empresas, a las que hicieron pagos con sobreprecio por la renta de los mencionados buques-tanque, por espacio de cinco años.
De acuerdo con la SFP, las irregularidades documentadas implicaron a 11 funcionarios de la Gerencia de Operaciones Marítimas y tres de la Gerencia de Administración en Pemex Refinación.
Los 14 responsables fueron inhabilitados en diciembre pasado por un período de 10 años para desempeñar cualquier cargo o comisión gubernamental.
Ocho de los responsables tendrán que pagar 500 millones 913 mil pesos cada uno; dos funcionarios fueron multados con 355 millones, respectivamente, uno más con 145 millones, y otros tres implicados pagarán poco más de 90 millones de pesos.
La investigación y posterior proceso administrativo revelaron que además de manipular la licitación y fijar sobreprecios, los exfuncionarios de Pemex Refinación no contemplaron que la subsidiaria de la paraestatal carecía de solvencia financiera para cumplir el contrato y, por si fuera poco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni siquiera tenía una partida autorizada para esos contratos.
El monto de las multas y la forma en que concluyeron los procesos administrativos respecto del caso de los buques-tanque superan por mucho la sanción aplicada a María Karen Miyazaki Hara, exfuncionaria de la paraestatal pero de su subsidiaria Pemex Internacional, a quien la SFP señala como responsable de una serie de irregularidades relacionadas con la compra venta de diesel en el mercado internacional.
El caso Miyazaki concluyó el pasado 9 de noviembre, cuando un proceso administrativo resolvió su inhabilitación por 20 años y una multa de más de 164 millones de pesos.
La exfuncionaria, quien presuntamente huyó del país, fue señalada responsable de enriquecimiento ilícito y fraude a Pemex, luego de que se detectaran las irregularidades a finales de 2008.
Miyazaki, quien se desempeñaba como subdirectora comercial de Destilados Intermedios, en Pemex Internacional, compró a la empresa nipona Idemitsu Kosan Company, 330 mil barriles de diesel ultra, a un costo de 27 millones 694 mil dólares. Luego, vendió el combustible a Blue Oil Trading, donde su esposo, el inglés Max Miles, era socio y directivo de dicha empresa.
La reventa del diesel a su marido se concretó en unos 28 millones de dólares.
En el fraude estimado en unos 4 millones 500 mil dólares, Secretaría de Hacienda, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), detectaron que Miyazaki poseía 16 millones de pesos, distribuidos en 13 cuentas bancarias que no había registrado en sus declaraciones patrimoniales.
En su caso, existen dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por incurrir en delitos cometidos por servidores públicos, estipulados en el Código Penal Federal; en tanto que en el caso de los buques-tanque, la SFP no precisó si se canalizarían los expedientes a una agencia del Ministerio Público especializada.

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Aprovecha el PAN descontento de vecinos contra obra en Azcapotzalco

Raúl Llanos

Periódico La Jornada
Jueves 27 de enero de 2011, p. 34

En el pueblo de Santa Bárbara, delegación Azcapotzalco, la fachada de numerosas casas lo dice todo. Grandes mantas, cartulinas o improvisadas hojas de papel bond están pegadas o colgadas en puertas, ventanas, rejas o muros exteriores con un solo mensaje: rechazo a la construcción del foro-estadio en terrenos del deportivo Reynosa.

Es un panorama que se repite lo mismo en viviendas de las colonias Nueva España y Santa Inés que en las del Barrio de San Andrés o de las unidades habitacionales Tepaltongo y Ferrería, tal y como lo demuestra un recorrido por esa zona del norponiente del Distrito Federal.

Entre la comunidad hay no sólo reclamos, molestia, rumores al por mayor, amagos de que llegarán "hasta donde sea necesario", sino también una evidente desinformación respecto de ese proyecto inmobiliario, lo cual alimenta todo tipo de escenarios:

"¿Nos van a tirar nuestras casas?, ¿nos van a arrojar a la calle?, ¿van a derribar miles de árboles?, ¿van a acabar con un pulmón de la ciudad?, ¿quieren privatizar el deportivo?, ¿van a abrir ejes viales?, que si no nos salimos van a traer granaderos para sacarnos", alegan insistentemente los vecinos, quienes no tienen más datos que "lo que dicen los periódicos", y el acuerdo publicado en diciembre pasado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, donde se establece la construcción de dicha obra, que tendría financiamiento privado.

Caminar por las calles de Justo Sierra o Rosario; por la avenida San Pablo Xalpa o por los recónditos callejones y cerradas del pueblo de Santa Bárbara es encontrarse con esa protesta ciudadana. Una enorme manta cubre la fachada del domicilio ubicado en la esquina de Privada Díaz Ordaz y Manuel María Contreras con un mensaje y un destinatario: "Marcelo, no a la construcción del (sic) estadio Azcapotzalco ni a la destrucción de la Alameda Norte y deportivo Reynosa".

Atada de lado a lado de la calle en otra manta se lee: "No queremos foro-estadio. Queremos nuestras casas". Otros textos más rebasan los límites de la tolerancia y la consideración.

–Licenciada, ¿a dónde nos vamos a ir; nos quieren tumbar nuestras casas? –cuestiona, preocupada, Carla Buendía a la diputada del PAN Mariana Gómez del Campo.

–¿Ya les han dicho algo, ya les notificaron algo...? –suelta la legisladora.

–No, pero no queremos que toquen nuestros predios –alega la vecina de la calle Justo Sierra.

Así, con una fuerte dosis de pesadumbre, cerca de un centenar de vecinos de la zona aledaña al deportivo Reynosa hicieron manifiesta su inconformidad a Gómez del Campo, quien junto con el diputado local Jorge Palacios recorrió ayer las calles de esa zona para aplicar encuestas con las cuales confirmaban lo que era evidente: rechazo absoluto al foro-estadio Azcapotzalco.


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Bolivianos impulsan despenalización del masticado de hoja de coca

Rosa Rojas
Corresponsal y agencias
Periódico La Jornada
Jueves 27 de enero de 2011, p. 20

La Paz, 26 de enero. Miles de bolivianos participaron hoy en una jornada nacional de acullico o pijcheo (masticado de hoja de coca) en plazas de las principales ciudades del país e incluso frente a la embajada de Estados Unidos en esta ciudad, para impulsar la despenalización de esta costumbre andina por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En la jornada de acullico en las diferentes ciudades, productores de la hoja de coca, tanto de los Yungas de La Paz –la zona productora tradicional– como del Chapare, en el trópico de Cochabamba, donde surgió el liderazgo del presidente Evo Morales como dirigente de los cocaleros, obsequiaron a los transeúntes bolsitas con hojas de coca.

En algunas ciudades se realizaron exposiciones de productos medicinales y alimenticios derivados de la "hoja sagrada", como pomadas, champú, jarabes, galletas e infusiones.

En tanto, el canciller David Choquehuanca sostuvo que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), expulsada por el gobierno en 2008, no volverá al país. Explicó que se analiza una propuesta de Washington para la normalización de las relaciones diplomáticas sobre la base del "respeto muto", pero no incluye el regreso de los agentes antidrogas.

El presidente Morales expulsó ese año, tanto al embajador estadunidense en Bolivia, Philip Goldberg, como a la DEA, acusándolos de coadyuvar con la oposición en las violentas jornadas –que calificó de "golpe cívico-prefectural"– que sucedieron en Santa Cruz, Beni y Pando contra el gobierno nacional.

En 2010 se decomisaron unas 30 toneladas de cocaína

Choquehuanca afirmó que "después de que se ha ido la DEA de Bolivia hemos alcanzado mejores resultados, más favorables, positivos en todo sentido" en el combate contra las drogas.

De acuerdo con informes oficiales, Bolivia destruyó en 2010 la cifra récord de 8 mil 200 hectáreas de cultivos de coca excedentaria, que iban a alimentar el narcotráfico, además de haber decomisado alrededor de 30 toneladas de cocaína.

La embajada estadunidense en Bolivia indicó que “Estados Unidos respeta la cultura de los pueblos indígenas y reconoce que el acullico es una costumbre tradicional en la cultura boliviana”, pero aclaró que mantendrá su postura de no modificar la Convención de la ONU de 1961 en la que se prohíbe el masticado de la hoja de coca, al estar esta planta inscrita en la lista de estupefacientes penalizados.

"La posición del gobierno de los Estados Unidos de no apoyar la enmienda propuesta (por el gobierno boliviano para que cese la prohibición del masticado de hoja de coca), se basa en la importancia de mantener la integridad de la Convención de 1961, que constituye una herramienta importante para la lucha mundial contra el narcotráfico", añadió en un comunicado.

La citada enmienda no entrará en vigor si existe un solo país que la objete.

Ivo Hoefkens, consejero de la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia, declaró a los medios que el acullico es una práctica cultural "legítima" y que lo ha probado. "Entendemos que hay una clara diferencia entre el narcotráfico y la costumbre en Bolivia del masticado, el matecito de coca y varios otros productos", apuntó.

El diplomático explicó que la UE cooperó con el financiamiento de ocho estudios científicos sobre la productividad y el uso de la hoja de coca, que concluirán a mediados de este año, y darán la base para la formulación de políticas públicas en ese ámbito, reportó la estatal Agencia Boliviana de Información.

El gobierno boliviano ha respaldado la ancestral práctica indígena aymara y quechua en otras investigaciones, entre las que destaca una de 1975 de la universidad estadunidense de Harvard sobre el valor nutricional de la hoja de coca.

"El trabajo de investigación probó que la masticación diaria de 100 gramos de hoja de coca satisface la ración alimentaria recomendada tanto para el hombre como para la mujer, mientras que 60 gramos por día colma las necesidades de calcio. Su contenido en vitaminas y determinados oligoelementos hace que al mismo tiempo el mate de coca constituya un complemento nutritivo de la dieta diaria", cita el diario estatal Cambio.

El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, fue uno de los participantes en esta jornada de respaldo a la campaña internacional del gobierno de Morales para conseguir que la ONU apruebe la enmienda para permitir esta milenaria práctica.

El secretario general de Cochabamba, Asterio Romero, productor cocalero, dijo que en el trópico de ese departamento funcionará próximamente una planta industrial de coca que producirá harina, vinos, licores, caramelos, energizantes, alimentos para peces y otros.

En otro orden, el presidente Evo Morales anunció que emitirá una dura ley contra el contrabando, cuyos productos decomisados se entregarán de manera inmediata a las comunidades o personas que denuncien ese delito, sin trámites engorrosos. Estimó que la norma podría concebir que 20 por ciento del valor de la mercadería que se decomise, se haría llegar a las comunidades o a los denunciantes.

Durante una gira por la población de Viacha, donde el Comando Conjunto Andino –integrado por militares y elementos de la policía nacional– entrega desde ahora víveres, combustible y otros artículos decomisados al contrabando, el mandatario anunció que enviará el proyecto de ley respectivo en próximos días a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación. Dijo que con esta medida se buscará evitar la salida ilegal de carburantes y alimentos del país.

Subrayó que el contrabando es un "cáncer de la economía" y explicó que “el denunciante no necesitará esperar que un juez determine la entrega del porcentaje, sino que "será de manera inmediata incluso en especie, es decir, si tras la denuncia se decomisa un camión con cien quintales de azúcar, 20 quintales beneficiarán de inmediato al denunciante o a la comunidad, lo mismo pasará con otros productos".


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Nos defenderemos como tú nos enseñaste, dicen indígenas al Tatic

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 27 de enero de 2011, p. 16

San Cristóbal de las Casas, Chis., 26 de enero. "Aquí venimos a verte, venimos a visitar tu cuerpo, a hablar a tu alma. Tú ya te fuiste, dejaste la Tierra, ya no comerás más lo dulce y lo agrio". Con estas palabras, Las Abejas de Chenalhó expresan inmejorablemente el momento, pero, ¿no será que el jTatic Samuel Ruiz todavía hubo de llevarse una última probada de "lo dulce y lo agrio" el mero día de su entierro?

Hay una dulce y legítima tristeza en miles de personas en el atrio de la Catedral de San Cristóbal que despiden con amor, admiración y agradecimiento al obispo católico emérito de esta ciudad y de los pueblos indígenas de Chiapas. Estuvo con ellos medio siglo.

Tampoco faltan lo agrio, lo frío y paradójico. Las exequias de don Samuel fueron lo más oficial ocurrido en su larga vida pública, frecuentemente combativa. Coordinadas de principio a fin por los operadores del gobierno estatal, transcurrieron en presencia continua del gobernador Juan Sabines Guerrero. Él trajo el féretro la madrugada del martes, él lo acompañó hasta la cripta atrás del altar mayor. Y todo pudo verse por la televisión en el canal oficial.

En cambio, no se dio la multitudinaria concentración indígena que muchos esperaban. No llegaron las comunidades, sólo grupos parroquiales; eso sí, de todas partes. Hoy en la plaza estuvieron los mismos de ayer, no más. En el pasado, cuántas veces al sólo llamado del jTatic las calles de San Cristóbal se llenaban de indígenas, cánticos y flores de los distintos pueblos. Este reportero recabó hoy testimonios de la gran pena que causó el deceso de don Samuel en comunidades enteras. Pero no vinieron a despedirlo. Ni siquiera se llenó el atrio de la catedral, donde se realizó la ceremonia última.

Numerosos asistentes comentaron espontáneamente que "esperaban más gente". Con algo de orfandad, de abandono, de soledad en la voz. El frío mensaje del Vaticano y el tardío reconocimiento del episcopado mexicano al legado de Ruiz García parecieron llevarse la tarde.

Sólo las voces indígenas podían dar intensidad al momento, aunque con un acento filial desconcertante, como el de Antonio Gutiérrez, en nombre de Las Abejas: “Hiciste lo que tenías qué hacer. jTatik Samuel, aquí quedamos todavía tus hijos, tus hijas. Nosotros seguiremos caminando, vamos a seguir luchando por nuestros derechos, por la paz y la justicia. Claro, si no nos hubieras enseñado, si no hubieras vivido con nosotros no sabríamos defendernos. Si no hubieras venido a Chiapas, seguiríamos viviendo como esclavos, ciegos y subordinados por el mal gobierno”.

Allí está el féretro de madera pulida, con un ramo de flores blancas surtidas y cubierto con un rebozo ceremonial de Chenalhó de flores rojas. En el altar erigido frente a la catedral oficia una larga hilera de prelados en sotanas blancas, algunos con tiaras. Hay un sitial dorado. En las primeras filas del público se encuentran "las autoridades civiles", como higiénicamente llama el obispo auxiliar al gabinete estatal, sus guardaespaldas y cámaras de televisión.

El cielo está algo nublado y hace un poco de frío; todo está como que a medias. Cierta tensión. ¿Será eso lo que expresan las salomónicas palabras del actual obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel?: "Terminó su paso por esta tierra don Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, quien presidió esta diócesis de 1960 a 2000. Idolatrado por unos y aborrecido por otros, ya concluyó su misión y pedimos su descanso en la paz eterna".

Y revela: "Cuando llegué aquí como su sucesor, hace ya casi 11 años, unos me exigían que nada cambiara, que en todo siguiera sus pasos, que hiciera todo exactamente como él. Otros, al contrario, esperaban que barriera con cuanto le recordara y que no quedara huella de sus 40 años episcopales en esta región de Chiapas. ¡Vaya reto tan desgastante! ¡Cuánto cuesta ser puente que pueda unir orillas tan extremas! Unos y otros te pisan; los de aquí y los de allá. Pero sólo así puedes construir unidad, en medio de una enorme y rica diversidad de actitudes y criterios humanos, teológicos, eclesiales y pas- torales. Mi oración, entonces y ahora, es pedir la luz del discernimiento evangélico para no competir ni destruir, sino complementar".

Arizmendi no desaprovecha la ocasión para pintar su raya. Luego de reconocer el rico legado de su antecesor, matiza: "Varios de estos aspectos son de frontera y, por tanto, delicados, tanto para entenderlos conforme al Evangelio como para aplicarlos en comunión eclesial. No es fácil abrir caminos para responder a los retos de la nueva evangelización, porque a veces no guardamos el equilibrio necesario y podemos saltarnos o relativizar algunas normas; pero es más pecaminoso no intentar nuevas respuestas; es egoísta, comodino y farisaico sólo juzgar y condenar desde lejos, sin estar insertos en una realidad muy diferente a otras".

Cuando no hay "apertura para dialogar sobre estos puntos, sino sólo desconfianza y descalificación, nos desgastamos unos a otros y no discernimos los signos de los tiempos". Y concede: "La Teología India y el Diaconado Permanente entre los indígenas tienen sus complicaciones, pero son una búsqueda digna de ser valorada".

Su tono no es el del jTatic. Se siente obligado a explicar: "¿Quién puede negar el talante evangélico de la opción por los pobres? ¿Quién puede no involucrarse en la liberación integral de los marginados? ¿A quién pueden dejar indiferente las violaciones a los derechos humanos? ¿Puedes voltear la cara y dejar frío el corazón, cuando ves las injusticias contra los indígenas, contra la mujer, contra los diferentes?"

Otro extremo de dicha tensión lo manifiesta el párroco de Tila, Heriberto Cruz Vera, quien se encarga de animar a la multitud que permanece en el atrio mientras las autoridades eclesiásticas y civiles ingresan a la catedral para depositar al jTatic en su última morada. Suena una dramática música de marimba y orquestación electrónica. “Viva jTatic, amigo del pueblo humilde. Su triunfo está confirmado. Devolvió la dignidad a los pueblos indios. Queremos obispos al lado de los pobres”, insiste Vera, y la multitud lo sigue con vivas.

La gente agita una mano en alto. El "padre Heriberto", como le dicen, es vencido por las lágrimas. Se recupera: “jTatic vive, la lucha sigue”.


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Policías federales, "gavilla de inexpertos pistoleros", dice el edil de Ciudad Juárez

Rubén Villalpando y Miroslava Breach; Gustavo Castillo
Corresponsales y reportero
Periódico La Jornada
Jueves 27 de enero de 2011, p. 8

Ciudad Juárez, Chih., 26 de enero. El alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, aseguró que los policías federales son una "gavilla de inexpertos pistoleros con rifles AR-15", que asesinó "arteramente" a uno de sus escoltas y dejó herido de gravedad a otro. Dijo que él se salvó "de milagro", pues también fue "apuntado y encañonado" por los uniformados.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal aseveró que el guardaespaldas muerto, Jorge Humberto Muñoz Pérez, de 29 años de edad, fue abatido a tiros por adoptar una "actitud ofensiva", no identificarse y negarse a deponer sus armas, además de que vestía ropa de civil.

Señaló que para esclarecer el caso, los cuatro elementos de la Unidad de Reacción Inmediata vinculados con los hechos que derivaron en la muerte del escolta fueron entregados al Ministerio Público Federal para que determine su situación jurídica. La Procuraduría General de la República (PGR) participará en la investigación.

En conferencia de prensa, el edil priísta sostuvo que Muñoz Pérez recibió dos tiros a corta distancia, después de que descendió de la camioneta, bajó las armas y se identificó como parte del equipo de seguridad del alcalde, al igual que el otro guardaespaldas que resultó herido.

"Lo que más indigna y preocupa es el procedimiento que se utilizó, porque si (los policías federales) hicieron eso con el escolta de un alcalde, qué no estarán haciendo con la ciudadanía de Juárez, con la gente humilde que lo único que tiene es pánico y pavor y no tiene manera de defenderse", expresó.

Demandó justicia y adelantó que solicitará a las autoridades correspondientes que los federales se quiten las capuchas cuando patrullan las calles. Agregó que su gobierno apoyará con todo lo necesario a los familiares de Jorge Humberto Muñoz, a quien le sobreviven su esposa y una niña de cuatro meses de nacida. Aseguró que a la viuda se le dará una vivienda, pensión económica y gastos funerarios.

La Fiscalía General de Chihuahua en la Zona Norte informó que tres escoltas de Murguía fueron citados a declarar en torno a la muerte de su compañero. Precisó que también se practicó la necropsia de ley al cuerpo del guardaespaldas y se escuchó en declaración a los otros tres, a quienes se les practicaron exámenes toxicológicos, así como la prueba de radizonato.

En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una queja de oficio en relación con el caso de la muerte de Muñoz Pérez. El visitador de la dependencia, Gustavo de la Rosa Hickerson, señaló que se está requiriendo toda la información a las dependencias involucradas.

Versión oficial

La versión de la SSP señala que “a las 21:30 horas del martes policías federales que se encontraban en el hotel Santa Fe recibieron el reporte de un taxista, quien les manifestó que gente vestida de civil y armada estaba parada a dos cuadras, por lo que de manera inmediata los elementos procedieron a realizar una revisión en la zona.

"Al llegar al lugar observaron a varias personas con armas largas, a quienes les indicaron que las depusieran; estas personas, de acuerdo con lo manifestado por los federales, hicieron caso omiso y adoptaron una actitud ofensiva al dirigir su armamento contra ellos, quienes en reacción dispararon hiriendo de gravedad a uno de los civiles armados, quien minutos más tarde perdió la vida."

Saldo rojo

Entre el martes y el miércoles, 12 personas fueron ejecutadas en Chihuahua, seis de ellas en Ciudad Juárez, producto de la disputa que sostienen los cárteles de Juárez y Sinaloa por el control de territorios; tres muertes ocurrieron en la capital del estado y otras tantas en Ciudad Delicias.

En Chihuahua capital trascendió que fueron liberados cinco policías municipales a los que la PGR arraigó por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Mario González, hermano de la ex procuradora Patricia González Rodríguez.

Con información de Notimex


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Igual que el narco, recluta el Ejército a menores de edad

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada
Jueves 27 de enero de 2011, p. 9

No sólo la delincuencia organizada esta cooptando a menores de edad para incluirlos en sus filas, sino también las fuerzas armadas llevan a cabo esta práctica, y en ambos casos se recluta a jóvenes que viven en la pobreza y no tienen expectativas de futuro, señaló el padre Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Al participar en la presentación del informe Infancia y conflicto armado, elaborado por la Red de los Derechos de la Infancia en México, destacó que en el caso de las fuerzas castrenses esto se hace por medio de "prebendas y beneficios para quienes entran a las academias y escuelas militares", que en su mayoría son hijos de campesinos o viven en barrios pobres.

Agregó que el informe documenta casos como el reclutamiento de 314 adolescentes de Michoacán, que fueron integrados a un curso de erradicación de cultivos de amapola y mariguana en 2009, a cambio de cumplir con el servicio militar en tres meses, en lugar de tres años, según informes públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Concha Malo cuestionó que los adolescentes que se encuentran en colegios militares y cometen una falta, son juzgados de acuerdo con las leyes castrenses, con la única diferencia de que las penas son recortadas a la mitad.

Resaltó que, según las cifras presentadas por el informe, en el combate contra la delincuencia organizada emprendida por la administración federal, al menos 900 menores de entre 15 y 17 años han sido víctimas de la violencia; sin embargo, agregó, es necesario exigir al gobierno la entrega de información detallada sobre el número de niños que han sido asesinados, heridos o detenidos desde el año 2000 al 2006.

Asimismo, se pronunció porque deje de criminalizarse y estigmatizarse a los adolescentes presuntamente vinculados al crimen organizado, pues con esto se impide la investigación parcial de los hechos.

Por su parte, Juan Martín Pérez García señaló que se tienen detectados tres métodos que utilizan grupos de la delincuencia organizada para reclutar a menores de edad: por el atractivo económico que puede generarles; por vínculos familiares –es decir, que personas cercanas a ellos se dedican a actividades ilícitas– y porque son forzados a prestar servicios a estos grupos por medio de amenazas.

Con estas características, se han detectado cuatro casos en la periferia de Monterrey, dos en Tamaulipas y uno más en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que las víctimas son estudiantes de secundaria y aunque se trata de situaciones emergentes, estos casos pueden marcar una nueva tendencia.

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Tradoc, presentó el libro `Ellos sí pudieron mirar al cielo´

Francisco Lemus
Miércoles 26 de Enero de 2011

Morelia, Michoacán.- A casi seis años de distancia, la cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc) hoy se reivindica no sólo como un referente de la lucha sindical a nivel nacional e internacional, sino que además ha logrado triunfar en términos productivos al generar 13 millones de llantas al año, 70 por ciento de las cuales se exportan al exigente mercado estadounidense.

El aula mater del Colegio de san Nicolás fue el escenario donde este miércoles se presentó la tercera edición del libro “Ellos sí pudieron mirar al cielo” de Enrique Gómez, que además de narrar el proceso a través del cual los sindicalistas lograron mantener la propiedad de una buena parte de la empresa, narra el turbio pasado de la transnacional Continental.

En este marco, el presidente del Consejo Administrativo y ex secretario general del sindicato de Euzkadi, Jesús Torres Nuño apuntó que esta es una muestra de que “las empresas pueden funcionar sin patrones pero no sin los trabajadores”, pues ellos están a punto de llegar al record de cuatro millones de llantas fabricadas en un año de cuando la llantera era propiedad de grandes industriales como Carlos Slim.

Además Torres Nuño señaló que así como ellos recibieron apoyo de otras cooperativas y sindicatos en los mil 100 días de resistencia que mantuvieron, ahora ellos refrendan este compromiso apoyando al Sindicato Mexicano de Electricistas y a los mineros de Cananea.

La presentación del texto corrió a cago de Eduardo Nava Hernández, de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana; Antonio García Ahumada, de Enlace Socialista y Lenin Contreras Piña del Movimiento de Izquierda Revolucionaria; a la vez que por parte de Tradoc asistieron Torres Nuño y el cooperativista, Rosendo Castillo.

Los tres presentadores reseñaron el libro y ubicaron la importancia que este proceso ha tenido en la historia actual de la clase trabajadora mexicana al considerar que este triunfo no sólo ha sido un ejemplo para los trabajadores nacionales, sino también para los internacionales y para los jóvenes, sobre todo para quienes no conocieron las luchas socialistas previas al neoliberalismo.

Tanto Eduardo Nava como Lenin Contreras puntualizaron que esto es una muestra de que “se le puede ganar a las grandes empresas transnacionales”, pues Continental de origen alemán es una de las empresas más grandes de este rubro y posee 25 grandes plantas distribuidas en todo el mundo, una de ellas en Ecuador, donde han solicitado asesoría de Tradoc.

El título de libro está inspirado en una frase de Juan Rulfo quien trabajó para la llantera como supervisor, situación que como señaló Rosendo Castillo, agobiaba al escritor quien afirmaba que “no era necesaria supervisión alguna, pues las máquinas mantenían atados a los obreros a su labor”, a la vez que afirmaba que debido a la nube de hollín no podían siquiera distraerse “mirando al cielo”.

De acurdo con los trabajadores, uno de los grandes retos que ahora tiene la empresa es que los nuevos integrantes se sientan inmersos en el compromiso histórico que tiene la cooperativa hacia con la clase trabajadora de México y de todo el globo. Desde 2005 que nació Tradoc, la cooperativa pasó de poco más de 600 asociados a 850 que la integran actualmente.

Por cuestiones ajenas a él, el autor Enrique Gómez, asesor del sindicato, militante y cronista del movimiento, no pudo asistir a dicha presentación.

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CFE acredita autoridad en zona centro del país

Jueves 27 de enero de 2011 Horacio Jiménez | El Universal
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horacio.jimenez@eluniversal.com.mx

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) acreditó que de acuerdo con “ordenamientos legales” es la entidad facultada en nuestro país para “suministrar y/o cancelar” el servicio de energía eléctrica en la zonas donde operaba la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Esta información la brindó la dependencia que encabeza Alfredo Elías Ayub a un ciudadano que solicitó: “copias de los documentos que explican porque los capitalinos o su servidor (el solicitante) estamos obligados a pagar un recibo (de luz) a una empresa con la que no se tiene contrato”.

Además solicitó conocer las facultades o atribuciones que tiene la CFE para cortar el suministro de energía eléctrica a un ciudadano con el cual no ha firmado compromisos legales en ningún momento.

En respuesta, la paraestatal proporcionó al ciudadano el Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado LyFC, publicado en el diario Oficial de la Federación, el pasado 11 de octubre del 2009.

Además le sugirió visitar los vínculos en internet para acceder a los documentos u ordenamientos legales que le solicitó, es decir, los artículos 4, 7 y 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y el Manual de Disposiciones Relativas al Suministro y Venta de Energía Eléctrica Destinada al Servicio público.

El recurrente se inconformó con la respuesta y presentó un recurso de revisión ante el IFAI, mediante el cual señaló que no sólo pidió las atribuciones o facultades de la Comisión Federal de Electricidad, sino también el procedimiento por el cual su contrato con la compañía de LyFC pasó a ser responsabilidad de esa entidad.

El IFAI responde

Por su parte, la comisionada presidenta del IFAI, Jaqueline Peschard, señaló que los documentos entregados por la Comisión Federal de Electricidad dan respuesta a los planteamientos del solicitante y explicó que la petición, con el numeral uno, se atiende con la entrega del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado la compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Indicó que en dicho Decreto se establece que, ante la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador, intervino para tomar el control y disponer de todos los bienes, activos, contratos (incluyendo los de los usuarios) y convenios, entre otros.

Asimismo, Peschard puntualizó que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la CFE tiene a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica que da la nación.

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Falta de pericia de CFE ocasionó apagón: SME

Agencia MVT
Gustavo Maya Anaya, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas en el Valle de Toluca, explicó que aún cuando los globos metálicos sí pueden causar apagones, la suspensión de energía eléctrica que el pasado lunes se registró en gran parte del centro de ciudad de Toluca se debe ante todo a que el personal de Comisión Federal de Electricidad desconoce el funcionamiento de las subestaciones eléctricas.
Refirió que CFE procedió a contratar a cuadrillas externas de trabajadores que, aunque son muy buenos para la colocación de postes y el tendido de líneas de electricidad, no conocen la forma en que operan las estaciones eléctricas ni el suministro de las líneas que abastecen al Valle de Toluca y en este caso a la capital mexiquense.
Maya Anaya consideró que el apagón del pasado lunes se debió a que el personal de CFE y el personal externo que los apoya no saben cómo seccionar la energía y en lugar de focalizar a una zona pequeña lo que están haciendo es utilizar un perímetro urbano muy grande y de ahí que miles de casas y establecimientos se hayan visto afectadas por la suspensión de electricidad.
“Ante todo es falta de pericia” resaltó al tiempo que dijo que la CFE tiene todavía la opción de recontratar a trabajadores de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro para subsanar este tipo de errores que afectan a miles de personas.


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