viernes, 18 de marzo de 2011

Telenovelas, “instrumento importante” para abatir rezago educativo: Lujambio

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 42
Las telenovelas pueden ser un instrumento importante para abatir el analfabetismo y el rezago educativo, aseguró el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, quien reconoció públicamente al productor de telenovelas de Televisa, Juan Osorio, por ser un promotor de la educación al incluir en sus series televisivas dichos temas.

“Yo he dicho muchas veces en privado, y lo digo en público, que la televisión, que muchas veces se le llama la ‘caja tonta’, puede también ser la ‘caja más lista’, el instrumento más poderoso para la educación de millones y millones de personas”, dijo ante los representantes de los medios de comunicación –incluidas Televisa y TV Azteca–, de empresas y de organizaciones e instituciones públicas que recibieron el Reconocimiento al Compromiso con el Futuro de México 2011.

En el contexto del 30 aniversario del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), Lujambio insistió en que los medios de comunicación son un instrumento importante en esta lucha contra el rezago educativo. “Y Juan Osorio (quien fue uno de los que recibió reconocimiento) dentro de sus novelas promueve al INEA, qué instrumento más poderoso que ése”, enfatizó el titular de la SEP.

En el acto, realizado en el patio de trabajo del edificio de la SEP, dijo que en el combate al analfabetismo y el rezago educativo, México va por el camino correcto, “pero no a la velocidad que quisiéramos”. Señaló que en los 10 años recientes la tasa de analfabetismo se redujo 2.6 por ciento, para ubicarse en 6.9 por ciento en 2010, según datos del pasado censo general de población. Falta mucho por hacer, agregó, pues el rezago se acumula con el tiempo.

El secretario de Educación insistió en que el gobierno federal avanza en el combate al analfabetismo. Prueba de ello es que en estas tres décadas el INEA ha cambiado la vida a 20.3 millones de personas mayores de 15 años que han aprendido a leer y escribir, concluir su primaria y/o secundaria, de los cuales 2.8 millones lo han logrado en este gobierno.
Explicó que en la actualidad sólo 1.9 por ciento de jóvenes de entre 15 y 29 años son analfabetas, por lo que el mayor porcentaje de quienes no saber leer ni escribir se concentra entre las personas mayores de 29 años; esto representa un reto, porque muchas viven en zonas apartadas y dispersas en todo el territorio nacional, pero además enfrentan responsabilidades de vida adulta como mantener a la familia.

“Estamos avanzando en la lucha contra el rezago educativo; son muchos años de rezago acumulado, es una tarea que requiere de persistencia, de terquedad, de años de esfuerzo”, subrayó.

Por su parte, el director del INEA, Juan de Dios Castro Muñoz, en entrevista posterior, reconoció que las personas en rezago educativo se encuentran en situación de vulnerabilidad social, económica y de adicciones, e incluso en riesgo de enrolarse en las filas del crimen organizado.

Señaló que la insuficiencia de recursos para este rubro impide avanzar más rápido en la lucha contra el rezago educativo. De hecho, dijo, si se incrementaran al doble los recursos actuales del instituto y disminuyeran los índices de deserción escolar –estimado en 600 mil educandos–, en unos 15 años podría resolverse el rezago educativo.

“El INEA tiene más de 100 mil personas trabajando en sacar a mexicanos del rezago educativo; no tenemos hasta ahorita ninguna denuncia que refleje este riesgo y seguimos poniendo y promoviendo los candados para evitar ese tipo de riesgos”, puntualizó.

La SEP entregó 27 reconocimientos por el compromiso en favor de la educación, entre las cuales estuvieron Televisa y TV Azteca, varios grupos radiofónicos, empresas como Wal-Mart e ICA Constructores, Infonavit e IMSS, así como periodistas y productores de televisión.

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Demanda Narro propuestas más inteligentes para abatir analfabetismo

Al referirse a la opinión que hizo el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, en el sentido de que "las telenovelas son un buen elemento para combatir el analfabetismo".

Emir Olivares, enviado y Rubicela Morelos, corresponsal
Publicado: 18/03/2011 15:16



Temixco, Mor. El rector de Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, demandó propuestas más inteligentes para abatir el analfabetismo que tiene el país.


Al referirse a la opinión que hizo el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, en el sentido de que "las telenovelas son un buen elemento para combatir el analfabetismo", el funcionario universitario dijo: "Para combatir el analfabetismo hay maneras más prácticas, interesantes y con todo respeto inteligentes".

El rector de la UNAM insistió en que existen otros instrumentos más eficaces para combatir el rezago educativo. Indicó que si se invirtieran 26 mil millones de pesos (cantidad que se deducirá de impuestos durante dos años a las colegiaturas de escuelas privadas), el analfabetismo podría abatirse en tres años.


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Lujambio, el secretario Telenovela

Escrito por Jenaro Villamil el 18 marzo 2011 a las 9:36 am en Televisión


Ahora ya no sólo hay gobernadores de telenovela sino también secretarios de Estado telenoveleros. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, precandidato presidencial del PAN, dio una muestra de este fenómeno cuando alabó los melodramas que produce Juan Osorio, de Televisa, por considerar que son un mecanismo para combatir el rezago educativo.

Durante un evento titulado Entrega de Reconocimiento al Compromiso con el Futuro de México 2011, el principal responsable de la educación pública del país lanzó alabanzas así a Juan Osorio:

“Osiorio dentro de sus novelas promueve el INEA; qué instrumento más poderoso es ése. No sé cuántos valores podríamos estar promoviendo a través de las telenovelas que millones de personas ven, pero estoy seguro que Juan nos ayuda, y eso es valiosísimo”.

“Yo he dicho muchas veces en privado, y lo digo hoy en público: que la televisión, que muchas veces se llama la caja tonta, puede ser la caja más lista, el instrumento más poderoso para la educación de millones de personas”, afirmó Lujambio.

Por supuesto, el titular de la SEP no se atrevió a deslizar ninguna crítica hacia la corrupción del lenguaje, hacia la baja calidad de los actuales melodramas televisivos, a la imagen racista y sexista que predomina en buena parte de ellas y mucho menos al hecho de que los jóvenes menores de 15 años se pasan en promedio más de 4 horas frente al televisor.

La senadora Teresa Ortuño, del PAN, quiso matizar el optimismo telenovelero de Lujambio y afirmó que “de hecho, algunas telenovelas en los años 70, las de Miguel Sabido, dieron un despegue enorme al INEA (el Instituto Nacional de Educación para Adultos), eran tramas específicamente diseñados para que la gente se inscribiera en el INEA”.

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México, el país de la OCDE con las pensiones más bajas

Notimex y Reuters

Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 30

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde las personas reciben, en promedio, las pensiones más bajas y se quedan más tiempo en el mercado laboral.

En su informe Panorama de las pensiones 2011, el organismo detalla que el promedio de pensión en los 34 países que lo integran es de 436 mil dólares para los hombres y de 504 mil dólares para las mujeres, con un promedio de 470 mil dólares.

Señala que, de acuerdo con el centro de la OCDE en México para América Latina, Luxemburgo tiene las pensiones más altas, con un millón 542 mil dólares para los hombres y un millón 789 mil dólares para las mujeres, con un promedio de un millón 665 mil 500 dólares.

En contraste, detalla en un comunicado, México es el país de la OCDE con las pensiones más bajas, con no más de 50 mil dólares para los hombres y 55 mil para las mujeres, lo que da un promedio de 52 mil 500 dólares.

La OCDE menciona en penúltimo sitio a Chile, país de reciente ingreso al grupo, con 86 mil dólares para los hombres y 89 mil para las mujeres, con un promedio de 87 mil 500 dólares, lo que refleja los bajos ingresos que todavía permanecen en la región.

Ancianos, en riesgo de pobreza

Añade que México es el país de la OCDE donde la gente se queda más tiempo en el mercado laboral, pues aunque la edad oficial de jubilación es de 65 años, las mujeres trabajan hasta los 69.5 y los hombres hasta los 72.2 años.

Asimismo, en México el riesgo de pobreza es un tercio más grande para los ancianos que para la población en general, pues 28 por ciento de la gente mayor de 65 años vive en esa situación.

"Con esta cifra, México está en tercer lugar de los países con más gente mayor en pobreza de la OCDE. Los dos países donde se encuentra más pobreza entre la gente mayor son Irlanda, con un porcentaje de 30.6, y Corea, con 45.1", refiere.

En el documento la OCDE señala que elevar la edad de jubilación es la única forma en que los gobiernos podrán mantener los sistemas de pensiones sin reducir los beneficios, al punto de dejar a los más ancianos en la pobreza. Ello debido al crecimiento en la esperanza de vida.

En su edición de 2011, el reporte de la OCDE considera que a pesar del incremento en la edad de jubilación en la mitad de los países del organismo, aún serán insuficientes para cubrir el aumento en los costos de las pensiones en el futuro.


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Pide Calderón a diputados aprobar Ley de Asociaciones Público-Privadas

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 29

Con motivo de la toma de protesta de la nueva directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el presidente Felipe Calderón exhortó a la Cámara de Diputados a aprobar la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, así como la legislación concerniente a la banca de desarrollo para generar "esquemas novedosos" en la relación entre la iniciativa privada y el sector público que garanticen inversiones seguras y rentables.

Al hacer un "respetuoso llamado" a la Cámara, cuyo presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, estaba en Los Pinos, el Presidente calificó esta legislación de "muy importante" para agilizar el crecimiento de la economía.

Poco antes, durante su intervención, Ramírez Marín dijo que los legisladores "diseñan" un mejor marco jurídico para la interacción entre iniciativa privada y gobierno federal a fin de permitir mayor certidumbre a las inversiones. Para el efecto, dijo que se realizó ya un primer Foro de Asociaciones Público-Privadas para que los empresarios y funcionarios del sector público expusieran sus propuestas y analizar todas las posturas al respecto.

Al referirse a la política de construcción de infraestructura, el legislador priísta elogió los "acertados cambios" efectuados en la cabeza de este sector, que colocó "en este sector a la gente necesaria y adecuada para alentar en este sector el desarrollo al punto más alto que nuestra economía lo permite".

En su oportunidad, el nuevo presidente de la CMIC, José Eduardo Correa, demandó que se generaran mejores condiciones para que se pudiera obtener financiamiento accesible para invertir en infraestructura.

Poco después, Calderón destacó el papel importante que jugó la industria de la construcción durante la crisis de 2009, toda vez que, como parte de las medidas contracíclicas aplicadas por el gobierno federal, se aceleró la inversión pública en infraestructura carretera, hidráulica y portuaria, al tiempo que se favoreció el crédito para vivienda.

Calderón destacó que la industria de la construcción actualmente crece a un ritmo de 8.3 por ciento, por arriba del promedio a que crece el resto de la economía mexicana. Subrayó que ha sido un sector importante para la generación de empleos, pues en 2010 aportó 85 mil empleos y en el primer bimestre del año ha generado 23 mil puestos de trabajo.

Finalmente mencionó que su gobierno mantendrá su política de inversión en infraestructura para ampliar la competitividad y contribuir al crecimiento económico. Mencionó que entre 2007 y 2010 se han invertido, por ejemplo, 180 mil millones de pesos en la modernización de 15 mil 500 kilómetros de carreteras.

Entre las inversiones públicas que se contemplan, el mandatario subrayó la obra hidráulica para evitar inundaciones y citó la edificación de 12 nuevos penales, toda vez, que si bien antes de que se emprendiera la lucha contra el crimen organizado había una saturación en las cárceles, ahora se requieren mayores espacios por efecto de esta estrategia de seguridad.


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Impunidad sin remedio en casos de corrupción en Pemex

Roberto González Amador e Israel Rodríguez

Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 28

Fue una de las multas más altas impuestas por el gobierno para castigar un hecho probado de corrupción entre directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal que aporta uno de cada tres pesos del gasto público. Un castigo que la autoridad buscó fuera ejemplar y restituyera el quebranto, pero que hasta ahora, tres meses después de concluida la investigación y encontrados los culpables, no ha pasado de las palabras.

"No tenemos noticia de que las multas hayan sido pagadas", respondió a La Jornada la Secretaría de la Función Pública (SFP), entidad gubernamental encargada de investigar y sancionar a funcionarios corruptos, cuando fue solicitada información respecto del castigo económico que anunció en enero pasado. Los sancionados fueron 14 funcionarios de Pemex que se coludieron con empresas privadas, según la propia SFP, para contratar con sobreprecio cinco buques para el transporte de petróleo.

El 26 de enero pasado, la SFP informó que 14 funcionarios de Pemex fueron castigados con una multa conjunta de 5 mil 134 millones de pesos y la inhabilitación para ocupar cualquier empleo en el gobierno federal durante 10 años. La dependencia dijo entonces que una investigación iniciada en 2006 y concluida en diciembre de 2010 los encontró responsables de haber manipulado procesos de licitación y de contratar con sobreprecio el arrendamiento de cuatro buques tanques que fueron usados por la paraestatal. Los contratos, por cinco años, fueron adjudicados a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y al Grupo TMM, según la investigación de la SFP. Hasta ahora no se ha informado de sanciones a directivos de las compañías privadas que participaron en las licitaciones.

Ninguno de los 14 funcionarios de Pemex ha realizado el pago de la multa que le fue impuesta, informó la SFP, dependencia que además de fijar el monto de la sanción, que en este caso fue equivalente al daño patrimonial causado a la paraestatal, es responsable de dar seguimiento al pago de las penalizaciones económicas.

El caso ilustra los incentivos que pueden tener los funcionarios corruptos para hurtar dinero público o coludirse con empresas privadas en procesos de licitación de obras públicas o adquisición de bienes y suministros, de acuerdo con especialistas.

"Pemex está percudido de corrupción", comentó Miriam Grunstein, profesora-investigadora titular de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al comentar el caso.

Para castigar a los funcionarios corruptos debería haber una pena pecuniaria y otra de corte penal, consideró. Si la autoridad sólo impone una multa en la que el funcionario es condenado a pagar cientos de millones de pesos –como ocurrió en el caso reportado por la SFP en enero pasado– el sancionado puede decir: "debo no niego, pago no tengo", añadió la especialista.

"Si no hay un bolsillo lo suficientemente profundo para cubrir con la penalización, entonces el Estado se queda sin la retribución monetaria", apuntó.

La multa de 5 mil 134 millones de pesos impuesta por la SFP a los 14 funcionarios de Pemex equivale al monto del quebranto que, según la investigación, provocaron a la empresa estatal. El dinero recuperado por la sanción serviría, si es pagado, para restituir el daño patrimonial.

Pero es muy probable que esas multas no sean cubiertas, si se atienden las estadísticas de recuperación de las sanciones impuestas por la SFP. En los últimos 11 años han ingresado al erario sólo 69.3 millones de pesos, cantidad que equivale a 0.17 por ciento de las sanciones económicas impuestas en ese periodo a funcionarios federales corruptos, que rondaron 40 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la propia dependencia. Esto significa que sólo se han recuperado 17 centavos por cada 100 pesos de multas impuestas.

Créditos fiscales irrecuperables

El monto de multas que no es pagado por los funcionarios señalados por actos de corrupción pasa a formar parte del dinero que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), organismo encargado de la recaudación de impuestos, considera como "créditos fiscales irrecuperables". Es decir, pasan a una suerte de cuentas incobrables.

La Jornada solicitó la opinión del SAT sobre qué ocurre cuando un funcionario público sancionado no paga la multa y qué acciones emprende para cobrar esos recursos, pero el organismo se negó a responder.

Sin embargo, la SFP confirmó a este diario que las multas no pagadas se convierten en "créditos fiscales irrecuperables".

Al final, son recursos que el SAT debería cobrar para restituir a la Tesorería de la Federación, pero que no son pagados por los sancionados, sin que el SAT emprenda acciones, como las que lleva a cabo, incluso a través de tribunales, para cobrar impuestos no pagados a empresas y personas físicas.

Este diario solicitó una entrevista con Fortunato Álvarez, miembro del consejo de administración de Pemex y presidente del Comité de Auditoría de la paraestatal, para conocer los avances en los casos de corrupción identificados en la empresa. "Por motivos de agenda", explicaron en su oficina, el consejero no tuvo tiempo de atender la petición, realizada hace 10 días.

Los funcionarios de Pemex tienen suficientes incentivos para no caer en actos de corrupción, dijo Miriam Grunstein, del CIDE: "devengan salarios muy generosos, tienen seguros de gastos médicos mayores, atención en el hospital de Pemex, modernización de su auto, créditos hipotecarios con intereses bajisímos. En teoría no deberían tener un incentivo de lucrar a costa de la nación, entonces tal vez lo hacen porque es algo penosamente cultural", mencionó.

Para la especialista las sanciones sólo llegan a funcionarios menores, pues nunca caen los que verdaderamente propician las redes de corrupción y que son los directivos que definitivamente deciden qué proveedores van a ser favorecidos con las licitaciones públicas o con las adjudicaciones directas, que también las hay constantemente, comentó.

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Agradece el embajador de EU a Osuna Millán intervención en planta de Sempra

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 22

El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, envió una carta al gobernador José Guadalupe Osuna Millán para "agradecerle" su intervención en la reapertura, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la policía estatal, de la planta regasificadora Costa Azul, propiedad de la trasnacional Sempra Energy.

El diplomático advierte que la intervención de Osuna pone de manifiesto el apoyo al estado de derecho y mantiene abiertas las puertas a la inversión extranjera en Baja California. El texto –del que se tiene copia– califica de "desafortunado incidente" la clausura –que ya fue avalada y respaldada por el Congreso mexicano– de la regasificadora y pondera que Sempra colabora de forma muy importante a la generación de empleos en el estado (aunque sólo cuenta con 80 empleados divididos entre Ensenada y Mexicali).

En tanto, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, encabezada por Ninfa Salinas, nombró a ocho legisladores federales que integran la subcomisión especial que analizará el entramado irregular en que participaron tanto la trasnacional estadunidense como el gobierno panista de Baja California.

La misiva del embajador Carlos Pascual pone en evidencia al gobernador Osuna Millán, al señalarlo como responsable de la intervención militar y policiaca en la planta regasificadora, una vez que la autoridad municipal de Ensenada decidió clausurar las instalaciones por haber incurrido en violaciones al estado de derecho.

Las líneas del diplomático señalan al gobernador como responsable del operativo que descalificó la autoridad del municipio de Ensenada.

El contenido de la carta de Pascual es la siguiente:

“Con estas líneas deseo agradecerle el apoyo brindado a Sempra durante el desafortunado incidente del 4 de febrero pasado. Me dio mucho gusto ver la importancia que dio al asunto y las medidas positivas que el gobierno estatal tomó para prevenir el intento de clausura de la Terminal LNG de Sempra Energy Costa Azul, que pretendía llevar a cabo el presidente municipal (Enrique) Pelayo.

“Los beneficios de la inversión de Sempra, de mil 200 millones de dólares, son diversos para Baja California, amén de la energía para ambos lados de la frontera, en Baja y en el sur de California, y sirve como un símbolo importante de la colaboración transfronteriza. Sé que usted está consciente de la historia de la oposición local a la Terminal LNG Costa Azul, y agradezco en gran medida su apoyo al estado de derecho.

“Usted siempre ha sido un buen apoyo de medidas que motiven la inversión en Baja California. Confío en que las acciones que su gobierno ofrece llevarán a una resolución final de esta cuestión pendiente. La seguridad de los derechos de propiedad y el estado de derecho continuarán siendo un factor crítico en la capacidad de Baja California para atraer inversión extranjera no solamente de Estados Unidos, sino de otros grandes inversionistas también.

"Las empresas generan empleos y prosperidad para todos los ciudadanos. Su pronta respuesta a la situación de las instalaciones de Sempra mostró que se brinda un ambiente de seguridad operativa en Baja California, mismo que contribuirá a una inversión continua. Le reitero mi agradecimiento por el apoyo brindado a Sempra."

A la par en la Cámara de Diputados, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales asumió el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución aprobado por el pleno para nombrar una subcomisión especial de legisladores que se “traslade a Ensenada, Baja California, para reunirse con las autoridades y conocer en detalle la situación relacionada con las autorizaciones para la operación de la empresa regasificadora Energía-Costa Azul S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.

"Que la representación de legisladores referida en el resolutivo anterior, con el apoyo de la autoridad municipal, y en su caso estatal y federal, verifique documentalmente el cumplimiento de toda la legislación, reglamentación y normas oficiales mexicanas, estatales y municipales aplicables en la construcción y operación de la planta regasificadora de la empresa Sempra Energy en el municipio de Ensenada, Baja California; e investigue en qué forma, bajo qué criterios, en cuánto tiempo y por quiénes fueron otorgados los permisos, licencias y documentos necesarios, a fin de detectar si hubo irregularidades, incumplimientos u omisiones al respecto; e informen a esta soberanía el resultado de su investigación y consultas."


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Alto a la guerra y la violencia, exigen activistas a Calderón

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 20

San Cristóbal de las Casas, Chis., 17 de marzo. Organizaciones y representantes comunitarios de derechos humanos que participaron en el encuentro "Con la memoria los pueblos construimos justicia y verdad" demandaron hoy "alto a la guerra y la violencia generalizada que mantiene Felipe Calderón Hinojosa".

Asimismo, rechazaron la "imposición de proyectos y programas que despojan el territorio de los pueblos de México" y ponen en peligro la integridad del país.

Coincidieron en que el sistema de justicia "intimidatorio y corrupto" funciona "para que no podamos seguir adelante" en el ejercicio de las garantías y su protección, y pone sus vidas "en riesgo". La impartición de justicia "obedece a intereses económicos y políticos del poder".

Ante las "agresiones, amenazas y persecuciones" que enfrentan actualmente en el desempeño de sus labores (y procedentes de Chiapas, Chihuahua, estado de México, Guerrero, Coahuila, Colima y Morelos), responsables comunitarios de pueblos indígenas, abogados y activistas exigieron cese al hostigamiento contra defensoras y defensores, garantías para realizar su trabajo y atención a las demandas de justicia y verdad para los que se movilizan en la defensa de sus derechos”, así como libertad a todas las presas y presos políticos del país.

En sus conclusiones destacan que "las acciones de resistencia y construcción de autonomía que hoy están presentes en nuestros pueblos son producto de la memoria. Los proyectos oficiales de desarrollo no tienen que ver con nuestras necesidades; vienen a contaminar y llenar de tiendas comerciales, buscan nuestras aguas y tierras, acabar las montañas para buscar oro y plata sin respetar la tierra que nuestros abuelos nos dejaron a fuerza de la Revolución y la Independencia. Quieren que negociemos nuestros sueños".

Ofreciendo "el sueño de una vida mejor, nos quieren desplazar, dividir y enfrentar entre hermanos". La actuación del gobierno "siempre es la misma": primero reprime y después ofrece dialogo para "acabar" con el problema que provocó. "Pero ejercer la autonomía y libre determinación de los pueblos no se negocia".

Declararon que las comunidades de Chiapas y México que han vivido la violencia contrainsurgente y la represión contra la sociedad civil organizada, "recordamos muy bien cómo han sufrido nuestras abuelas y abuelos, padres, hermanas y hermanos". La memoria –añadieron– “nos trae al presente a las personas desaparecidas, asesinadas, encarceladas, exiliadas: no olvidamos que existen una guerra sucia, el terrorismo de Estado y la guerra contrainsurgente; tampoco olvidamos a los responsables, aún en impunidad”.

Señalaron que "los empresarios disputan nuestras tierras, ríos y manantiales; también quieren controlar el aire". Proyectos mineros, construcción de carreteras privadas, represas y centros ecoturísticos, plantación de monocultivos, construcción de fábricas y ocupación policiaca y militar "son el proyecto del gobierno que busca despojarnos mediante dinero, engaño, división, alcoholismo, discriminación hacia las mujeres, persecución y encarcelamiento de luchadores sociales, fabricación de delitos, programas de gobierno, abuso del poder y de la ley".

Se manifestaron "conscientes de que la lucha por los derechos humanos nos lleva a cambiar de raíz las cosas", y que el neoliberalismo "busca destruir las raíces de nuestros pueblos, nuestra historia, nuestra madre tierra, perder la identidad, despojar nuestros lugares sagrados".

La desinformación, la manipulación y la división "son retos que tenemos enfrente". Las garantías fundamentales "sólo se hacen respetar en la lucha; aunque estén en leyes, tratados y convenios, si no los ejercemos nadie los va a respetar".

Los proyectos asistenciales "son usados como herramientas de la contrainsurgencia, para dividir a los pueblos y acallar las voces que exigen sus derechos". Sostuvieron: "Aquí no hay ley, no hay justicia, no hay democracia. No las que los pueblos queremos y exigimos". Y ante "la violencia generalizada que el Estado impone", propusieron "generar movimientos por la paz y contra la guerra".

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Impulsan dictamen de reforma a la ley sobre escudo, bandera e himno

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 18

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados impulsó un dictamen de reforma –avalado por todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Gobernación– a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El dictamen de reforma, que será votado el miércoles 23 de marzo en el pleno –porque los diputados se dieron cinco días de puente–, adiciona el artículo 18, inciso a, de dicha ley, para incluir la fecha de conmemoración propuesta en el orden cronológico correspondiente –y recorrer las fechas posteriores– para quedar como sigue:

"Artículo 18. En los términos del artículo 15 de esta ley, la bandera nacional deberá izarse: a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones: 11 de septiembre: Aniversario de la victoria sobre el ejército español en Tampico, en 1829."

Los legisladores ponderan un hecho, la primera victoria de México como nación independiente frente a una invasión extranjera, y evaden nombrar al general Antonio López de Santa Anna, partícipe en el triunfo mexicano.

Esa victoria fue conseguida el 11 de septiembre de 1829, cuando culminaron las escaramuzas en las que el Ejército Mexicano rechazó, en el puerto de Tampico, a la armada peninsular.

La derrota del ejército invasor, comandado por Isidro Barradas, lo llevó a su capitulación. En el Pueblo Viejo de Tampico, el Real Ejército de Vanguardia Español se declaró vencido por las fuerzas nacionales. El documento en el que se reconoce el éxito mexicano se firmó en la Casa Fuerte de Castilla, ubicada frente a la Plaza de la Libertad, en aquella ciudad.

En el dictamen avalado en la Comisión de Gobernación de San Lázaro se menciona al presidente Vicente Guerrero y se evade citar a Antonio López de Santa Anna, quien encabezó la estrategia militar junto con los generales Manuel Mier y Terán y Felipe de la Garza.

Los senadores priístas Gricelda Gómez Tueme y Melquiades Morales Flores y sus correligionarios en la Cámara de Diputados Morelos Canseco Gómez –actual secretario de Gobierno en Tamaulipas– y José Francisco Rábago Castillo presentaron en enero de 2010 ante la Comisión Permanente del Congreso la propuesta de reforma de ley.

Tuvieron el cuidado de no citar a López de Santa Anna, quien posteriormente a ese hecho de armas fue presidente de la República en 11 ocasiones y fue derrotado por las fuerzas texanas y estadunidenses, lo que costó a la postre la pérdida de una enorme porción de territorio nacional.

La argumentación de los legisladores dice que en los años posteriores a la consumación de la Independencia, el gobierno de la República enfrentó la amenaza de las tropas españolas acantonadas en el fuerte de San Juan de Ulúa, que hostilizaban el puerto de Veracruz, hecho que negaba la independencia de la nación mexicana de la corona española.

"Reforzar la identidad"

El documento de los legisladores apunta que “la invasión española era una amenaza efectiva (...) En 1829, España dispuso una empresa militar junto con la difusión de proclamas a través de manifiestos dirigidos a los habitantes de la República, donde no quedaba duda sobre sus intenciones de reconquista del antiguo virreinato.

"El presidente Vicente Guerrero tuvo conocimiento del desembarco de las fuerzas españolas. Para dirigirse a Tampico, solicitó poderes extraordinarios al Congreso con el fin de hacer frente a la invasión, lanzando una proclama a todos los habitantes de la República para repeler la acción del enemigo y en defensa de la patria. Esta fecha debe reforzar nuestra identidad a través del conocimiento de la historia, y la victoria sobre el ejército español en 1829 es uno de los momentos históricos más importantes de nuestro país, pues con ello se evitó la reconquista de la República Mexicana por el reino de España."


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Congelan propuesta de crear nueva empresa eléctrica en el centro del país

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 14

La Secretaría de Gobernación (SG) informó que producto de la mesa de diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hay un compromiso de legisladores, sindicato y gobierno para que no se dictamine la iniciativa de ley que propone la creación de una nueva empresa eléctrica el centro del país.

"Esta mesa de diálogo incluye a legisladores y uno de los acuerdos fue de que mientras la mesa estuviera instalada, no se movería el dictamen en ningún sentido", señaló el subsecretario de Gobierno de la SG, Juan Marcos Gutiérrez.

El funcionario se mostró más flexible que sus antecesores respecto de las opciones para que los electricistas vuelvan a tener un empleo y dijo que a esta dependencia no toca determinar si ello es o no a través de una contratación colectiva.

La necesidad, dijo, es fomentar una reinserción laboral. “Hay cerca de 3 mil ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, ya liquidados, que están trabajando en la Comisión Federal de Electricidad. La premisa fundamental es el trabajo, que sea colectivo o individual, si ello es un asunto complejo es un (análisis) secundario.

"Mientras subsista el interés superior de encontrarles, con creatividad y voluntad, alguna solución de empleo. En este momento no puedo hablar de contrataciones colectivas. A mí lo que me corresponde es generar un consenso", en esta situación, señaló el subsecretario Gutiérrez.

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La iniciativa es un robo a los obreros: expertos

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 14

La iniciativa de reforma laboral presentada por el PRI legaliza el outsourcing, facilita a los patrones el despido injustificado de trabajadores a su libre arbitrio, evitándoles el pago de las indemnizaciones mínimas de ley; limita el pago de salarios caídos a un año; da manga ancha a la flexibilización laboral con contratos a prueba o "por temporada" y precariza la mano de obra mexicana, por lo que es un robo a los derechos de los trabajadores, que quedarán totalmente desprotegidos.

Con esta iniciativa el PRI "da la espalda a las luchas obreras y populares que le dieron vida", además de que es "aberrante" que esta iniciativa cuente con la anuencia y la "traición de mafias" como las dirigencias de Confederación de Trabajadores de México el Congreso del Trabajo y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

Tras analizar la reforma priísta, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) apuntaron lo anterior y señalaron que la premura con la que se busca su aprobación da cuenta los obscuros intereses que la promueven.

Señalaron incluso que también "resulta muy significativo y sospechoso que un día antes de entregar su propuesta, el presidente del PRI, Humberto Moreira, se haya reunido con Felipe Calderón. ¿Qué negociaron? Ahora, en coro, empresarios, políticos panistas y hasta el secretario del Trabajo, Javier Lozano, la avalan y aplauden con bombo y platillo, luego de esperar por ella más de 20 años".

Estos organismos llamaron la atención respecto de que el pretexto de definir y normar el outsourcing, lo que en realidad hace la propuesta priísta es legalizar la tolerancia a esta práctica perversa de la subcontratación que, de facto, arrebata a las y los empleados sus prerrogativas a un salario justo, beneficios sociales y al derecho de organización, señalo el Cilas.

Planteó que el pueblo mexicano es, nuevamente, víctima de una negociación turbia, pues en contubernio y haciéndole el juego sucio a Felipe Calderón, Javier Lozano y Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado una iniciativa de reforma laboral propatronal que abarata la mano de obra y pone fin a la estabilidad en el empleo, por lo que se hace urgente que las y los trabajadores, especialmente los jóvenes, que son los más afectados, se movilicen y rebelen de forma masiva contra quienes buscan legalizar la violación de su derechos laborales.


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Utilizaremos la aplanadora para aprobar la reforma laboral, advierte el tricolor

Enrique Méndez y Roberto garduño

Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 14

La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados –instancia en la que predominan los líderes de la CTM– comenzó a revisar el proyecto de dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que legaliza la subcontratación o outsourcing, introduce la modalidad de contratación temporal, facilita el despido de los trabajadores, pero mantiene la estructura de control y de manejo poco claro de los recursos de los sindicatos.

Aun cuando la intención del PRI y del PAN era votar ayer mismo el dictamen o declarar la comisión en sesión permanente para recabar sólo las firmas de los diputados y presentarlo para su votación en el pleno, la presión que ejercieron los grupos parlamentarios del PRD y del PT aplazó el debate.

La comisión se reunió ayer a partir de las 8:30 horas, y ante las protestas de la bancada del PT, diputados de PRI y PAN afirmaron que el encuentro no tenía como objeto votar el dictamen, pero el proyecto fue distribuido entre priístas y panistas.

Para reforzar el interés del tricolor en abordar el tema, se presentó el vicecoordinador, José Ramón Martel, quien lleva la negociación de la reforma con los empresarios y el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.

Cuando Martel defendía que no había intención "de un albazo legislativo" y que la reforma busca "garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas", la diputada Florentina Ocegueda Silva (PRD) objetó que debía reponerse la convocatoria. Entonces el priísta se irritó y le gritó: "¡Yo soy diputado federal y nadie tiene derecho a interrumpirme ni a reconvenirme!"

Ocegueda Silva aclaró que ella también es diputada –suplente de Martha Elena García Gómez–, y que ayer asistía por primera vez a una reunión de la Comisión de Trabajo. Martel no se disculpó.

Aunque sólo se votaron cuatro puntos de acuerdo y se citó el miércoles para aprobar el dictamen, el líder de la CTM en el estado de México, Armando Neyra, advirtió que tanto en la comisión como en el pleno los priístas son mayoría y votarán en favor del documento.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) cuestionó que el proyecto del PRI, que coincide en 90 por ciento en su contenido con la llamada ley Lozano, sólo beneficia "a los líderes charros".

El comentario encendió al líder ferrocarrilero Víctor Flores, integrante de la comisión, quien le espetó: "¡Más charro eres tú! ¡Tú ni a un sindicato perteneces!"

Jaime Cárdenas aprovechó para salir al baño, pero Flores todavía le soltó: "¡No te vayas! ¿O tienes miedo?"

Francisco Hernández Juárez, dirigente del sindicato de telefonistas, exigió a la comisión limpiar el procedimiento, debido a que se convocó a la reunión sin las formalidades que exige el reglamento, entre otras, detallar el contenido del orden del día.

Refirió que él pertenece a una central obrera, la Unión Nacional de Trabajadores, que estará "muy pendiente" de que la presunta modernización de la ley laboral no afecte los intereses de los trabajadores.

Las diputadas Laura Itzel Castillo y Teresa Guadalupe Reyes desplegaron cartulinas en las que se leía: "la verdadera alianza es la del PRI y el PAN", y "Reforma laboral es = a iniciativa PRIvada".

El contenido de las cartulinas incomodó al líder cetemista de Jalisco, David Hernández Pérez (PRI), quien desde el otro lado de la mesa las increpó: “¡La alianza es de los chuchos con el PAN!”

La discusión se trasladó al salón de plenos. Ahí, Jaime Cárdenas insistió en que la comisión fue convocada de manera irregular, y el priísta Martel afirmó que el encuentro sólo tuvo carácter informativo, mientras el panista Gerardo de los Cobos dijo que la reforma busca crear "un modelo laboral en favor de México".

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Llama SME a formar Organización Política Nacional

SDP Jalisco
2011-03-17 15:59:00



Para salir del Desastre Nacional

¡Gobierno Popular y Asamblea Nacional Constituyente!

¡Fuera Calderón ya!

¡A construir la Organización Política Nacional de l@s Trabajador@s y el Pueblo!

Al pueblo de México

El 30 de octubre de 2010 el Sindicato Mexicano de Electricistas llamó a construir una fuerza política nacional para expulsar del gobierno y de la conducción del país a los responsables del desastre nacional. A ese llamado, realizado en el Estadio Azteca ante más de 60 mil personas, nos hemos adherido dirigentes y activistas de organizaciones obreras, campesinas, indígenas, populares y políticas de todas las entidades de la República para dar paso a la fundación de una Organización Política Nacional de los trabajadores y el pueblo.

Hoy, como hace 100 y 200 años, la acumulación de afrentas a la dignidad nacional, el grado de podredumbre e impunidad de quienes usurpan la conducción del país y la pobreza acumulada producto de la explotación, el despojo y la violencia, han llegado a extremos tales que no podrán ser mitigados, revertidos y superados sin una nueva revolución popular.

Los motivos para nuestra determinación están a la vista. Al drama social heredado por 500 años de saqueo y explotación colonial e imperialista, debemos sumar la crisis social provocada por el capitalismo neoliberal. Crisis que ha llegado a niveles que rayan en la catástrofe durante los últimos cuatro años de usurpación. En ese lapso nuestros ingresos cayeron entre 30 y 40 por ciento; aumentaron en 10 millones el número de nuevos pobres, en 4 millones los desempleados y se acumularon 8 millones de jóvenes sin escuela y sin empleo. En este momento, la pobreza afecta ya al 70 por ciento de la población nacional. La vida en las comunidades indígenas y los cinturones de miseria es un infierno.

En tanto los oligarcas han acumulado riquezas inauditas a costa de la explotación de los trabajadores y el saqueo de los bienes naturales y la propiedad pública y social. Slim, Larrea, Salinas Pliego y Azcárraga, entre otros, son algunos de los grandes ladrones que han causado la ruina de la nación y la miseria de nuestro pueblo.

Ellos y los políticos que están a su servicio terminaron de convertir la soberanía nacional en una caricatura. La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, formalizó el sometimiento de nuestro país a los intereses de las corporaciones trasnacionales. La industria nacional y la producción agropecuaria fueron desmanteladas. La dependencia económica hacia las potencias imperialistas se ha transformado cada vez más en ocupación colonial.

Así, el 90 por ciento del sistema financiero pasó a manos extranjeras y el monto de la deuda nacional se disparó. En clara violación al orden constitucional el 43 por ciento de la producción de energía eléctrica está en manos privadas; al igual que buena parte de los procesos de exploración, producción y refinación de PEMEX, empresa pública que durante el calderonato ha registrado pérdidas por 273 mil millones de pesos, a pesar de los altos precios del crudo en los mercados internacionales. Al ritmo que vamos México se convertirá en importador de crudo en 2017.

Qué decir de las minas y el agua que han sido asaltadas por empresas extranjeras y por la oligarquía mexicana, o de la soberanía alimentaria cuando México importa la mitad de la comida que consume; cuando los monopolios del agronegocio especulan con los precios de los alimentos e imponen patrones de producción y consumo que multiplican la diabetes, el cáncer y todo tipo de enfermedades.

En tanto, la desarticulación y la precarización de la clase obrera y de la pequeña y mediana producción siguen su marcha. Los derechos laborales, producto de la Revolución Mexicana y de las luchas de los trabajadores durante la última centuria, prácticamente han sido anulados. El grueso de la clase política y de los empresarios están empeñados en liquidar los artículos de Ley Federal del Trabajo que favorecen a los trabajadores y en desaparecer a las organizaciones obreras más antiguas y combativas: al Sindicato Mexicano de Electricistas y al Sindicato Minero, entre otras.

Las cámaras legislativas y el poder judicial están corrompidos hasta la medula y se ofertan al mejor postor. La dictadura mediática es total. La camarilla golpista y ultraderechista del señor Calderón, transgrediendo la Constitución, dispone de las fuerzas policiales y militares a capricho y en función de los designios del Gobierno Yanqui que habla de invadir militarmente a nuestro país. No hay duda, el bloque oligárquico-imperialista está configurando un escenario de violencia y guerra que facilite la instalación de una dictadura civil-militar que, de ser necesario, haga imposible la salida pacífica a la crisis política del régimen. La violencia empieza a ser la opción prioritaria de los neoliberales para mantenerse en el poder.

La crisis de legitimidad del gobierno usurpador amenaza con transformarse en una crisis de estado. El desprestigio y el desgate de Calderón han llegado a su máximo nivel desde que consumó el Golpe de Estado Técnico en 2006. Cada vez gana más consenso que Calderón y su pandilla deben ser juzgados por traición a la patria, por usurpar las instituciones y por su responsabilidad en la violación masiva de derechos humanos y la violencia generalizada que ha dejado hasta ahora 40 mil personas asesinadas, entre ellas más de mil niños. La guerra entre la delincuencia organizada, de la que forma parte el gobierno usurpador, terminó por sumir en el desprestigio a las fuerzas militares y policiales.

Si los grandes empresarios, la corrupta clase política y la alta burocracia siguen gobernando, el caos y la violencia terminaran de hundir al pueblo de México en una larga y sangrienta dictadura; en una interminable escalada de asaltos a los derechos conquistados, al patrimonio familiar y a los bienes públicos y naturales. La ocupación del territorio nacional por parte de las potencias y empresas extranjeras proseguirá hasta arrebatarnos lo poco que nos queda, haciendo imposible la democracia desde el pueblo, la justicia social y la soberanía nacional. En este momento el gobierno de Obama discute de forma pública la posible invasión militar del territorio nacional.

No existe más salida para el pueblo y la nación: o son ellos o somos nosotros. ¡Calderón debe irse ya! Las rebeliones populares en el Norte de África, en el Medio Oriente, el Mediterráneo y en Wisconsin son ejemplos a seguir, las tiranías pueden ser derrotadas.

En tales circunstancias ya no bastan nuestras viejas organizaciones gremiales o las añejas estrategias de movilización y negociación. Ahora, la única forma de defender nuestros derechos económicos y sociales es luchando para echar del gobierno y del poder a los neoliberales. Ese es el primer paso que nos proponemos dar en la ruta de la liberación nacional y social de los mexicanos, en el camino de nuestra segunda independencia.

Ante la inexistencia de una organización política de izquierda representativa del pueblo trabajador, se hace indispensable que organicemos una nueva fuerza basada directamente en los movimientos sociales, con un proyecto claramente clasista, popular y de izquierda para desde ahora y sin esperar a los “tiempos políticos” que el propio sistema marca, combatir con efectividad al régimen oligárquico y sus comparsas.

Estamos llamando a construir el instrumento político de l@s trabajador@s y el pueblo, una fuerza política que posibilite la construcción del poder popular y social que habrá de reemplazar al viejo y anacrónico régimen político. Que apoye y aliente el desarrollo de las fuerzas productivas, políticas y culturales regeneradoras que ya se abren paso en las comunidades y los pueblos originarios y en las organizaciones del trabajo; en los movimientos urbanos, de mujeres, de la diversidad sexual, de los pequeños empresarios, de los ciudadanos; en fin, de las fuerzas que ya emergen en las iniciativas de hombres y mujeres libres que gritan ¡Basta! Queremos ser un espacio donde todas las expresiones de la lucha social se encuentren y adquieran la forma de insurgencia civil y popular.

La nueva fuerza política asume como propias las formas de lucha que se corresponden con la búsqueda de una salida política y pacífica a la crisis nacional. A pesar de que no descartamos entre otras la lucha electoral, no nos constituimos como una fuerza de presión para negociar con los actuales partidos, movimientos o personajes políticos, candidaturas y puestos. El nuestro es un proyecto de naturaleza partidaria que persigue refundar la nación desde un proyecto popular.

Por sus fines, nuestro movimiento político no pondrá por delante definiciones ideológicas dogmáticas o el alineamiento con determinada corriente del pensamiento de izquierda. Sin embargo, todos los componentes de nuestra plataforma democrático-nacional serán enfatizados desde el cuestionamiento al sistema capitalista y las nuevas formas de colonialismo que ha engendrado. En ese contexto asumiremos nuestras tareas internacionalistas, de hermanamiento con los pueblos de Nuestra América y con las clases trabajadoras y los pueblos del mundo.

Sin afanes vanguardistas proyectamos un movimiento político autónomo, con vida y dirección propia, capaz de superar el viejo lastre de la dependencia hacia los caudillos y las formaciones burguesas liberal-progresistas o socialdemócratas. Para enfrentar al enemigo principal de este momento: la oligarquía y el imperialismo, haremos alianzas y acuerdos puntuales con todas las fuerzas dispuestas a enfrentarlos.

La Organización Política Nacional se compondrá de afiliados y comités de base, sectoriales y territoriales en todo el país, por municipios, comunidades, barrios, centros laborales, escuelas, sociedades civiles, cooperativas y ligas deportivas. La incorporación y la militancia serán a título personal. Las tribus o el fraccionalismo no tienen cabida.

Para nosotros la dimensión ética es fundamental. Hacemos de la congruencia entre el decir y el hacer una de nuestras banderas centrales. El trabajo constante y el respeto a los procedimientos democráticos y a los acuerdos serán nuestra norma. Las prácticas y expresiones sexistas y racistas no tienen cabida en nuestras filas.

Llamamos a todo el pueblo de México, comenzando por quienes hoy luchan y resisten, a unirse a este gran esfuerzo en cualquier lugar del país donde se encuentren; a asistir a la Asamblea Nacional preparatoria el 26 de marzo en el Auditorio Nuevo del SME ubicado en Insurgentes 98 y a ser parte del Congreso Fundacional que se realizará el 5, 6 y 7 de mayo, en la Ciudad de México.

¡No más sangre! ¡Basta de Hambre!

¡Trabajo y vida digna para tod@s!

www.opnmex.org

opn.mex@gmail.com

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Trabajadoras destacan avances de diálogo en Segob

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 17 mar 11 (CIMAC).- Con el “compromiso” de la Secretaría de Gobernación (Segob) de avanzar en la negociación para reinstalar los empleos de las y los 16 mil 599 afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y de continuar con la atención médica del IMSS para el gremio y sus familias, entre otros acuerdos, las y los trabajadores en resistencia suspendieron de manera provisional el ayuno indefinido.

En entrevista, María Isabel de la Rosa López, ex huelguista de hambre, informó que esperarán a que la Segob cumpla con el compromiso de analizar las alternativas de reinstalación laboral de quienes no se han liquidado, para definir si reactivan o no la huelga de hambre.

Añadió que en la siguiente mesa de negociación, programada para el próximo miércoles, el SME presentará un “esquema de cómo se reubicaría en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a quienes decidimos no liquidarnos”.

Si no hay avances en esta mesa, dijo la electricista, pugnarán que en la Cámara de Diputados se apruebe la iniciativa de reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que permite la creación de una nueva empresa que atienda la zona en la que operaba la extinta Luz y Fuerza del Centro.

En tanto, aseguró que estarán pendientes de las negociaciones, participando en las actividades a las que convoque el gremio, con la disposición de reactivar el ayuno si las negociaciones “se estancan de nuevo”.

Al término de la reunión en la Segob, en la que estuvo el subsecretario de Gobierno, Juan Marco Gutiérrez, el secretario general del SME, Martín Esparza Flores, y diputados federales, el dirigente sindical informó a sus agremiados que la estrategia es “que se agote esta mesa, si no avanza, iremos al Congreso”.

Indicó que en la reunión presentaron jurisprudencias en materia de sustitución patronal y un convenio de delimitación de zonas de trabajo, por lo que si sus empleos son restituidos mediante la contratación en CFE, no habría conflicto al momento de operar.

El líder electricista detalló que en la siguiente mesa en Gobernación expondrán que con las miles de personas que no se han liquidado es posible operar en la zona centro.

Además, dio a conocer que las y los más de 16 mil 599 afiliados al sindicato, de los cuales 10 por ciento son mujeres, tendrán todavía la atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

También se resolvió la toma de nota para la mitad del Comité Ejecutivo del SME, que no ha sido reconocido legalmente, y el pago de prestaciones devengadas a 500 trabajadoras y trabajadores en resistencia, así como el pago del seguro sindical a las familias de jubilados fallecidos, conforme lo establece el contrato colectivo.

Por último, Esparza llamó a las y los afiliados a continuar con la recolección de firmas por la reinstalación de sus empleos y a acudir en caravana este viernes a Morelia, Michoacán, donde realizarán la primera Asamblea minero-electricista en defensa del artículo 123 constitucional, a la que se sumará la sección 18 del sindicato magisterial.


11/GCJ/RMB/LGL


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