miércoles, 23 de marzo de 2011

Programa de Primer Empleo: beneficios millonarios a supermercados

Autor: Mayela Sánchez
Sección: Capitales

23 Marzo 2011

Creado para incentivar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, el Programa de Primer Empleo ha entregado casi la mitad de sus subsidios a cuatro cadenas de tiendas de autoservicio: Wal Mart, Oxxo, Soriana y Chedraui. Tal concentración ha sido favorecida por el diseño del Programa, que no establece condiciones de los trabajos creados ni garantiza que éstos sean de calidad o estén bien remunerados, señalan especialistas

El Programa de Primer Empleo (PPE) –pensado para incorporar a los jóvenes egresados de las universidades y centros educativos al mercado laboral formal– ha beneficiado principalmente a las cadenas de tiendas de autoservicio Wal Mart, Oxxo, Soriana y Chedraui. Éstas han recibido 61 millones 627 mil pesos, que equivalen al 45 por ciento de los subsidios entregados por el gobierno federal entre 2008 y 2010.

La trasnacional Wal Mart ha recibido la quinta parte del total de apoyos otorgados, aun cuando al Programa se han inscrito 1 mil 530 empresas, de acuerdo con los datos del Padrón de Beneficiarios del PPE, publicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Creado en enero de 2007, el PPE fue la apuesta del gobierno federal para atender la demanda de empleo en el país, particularmente la de los jóvenes que, tras egresar de universidades y centros de educación superior, buscaran insertarse en el mercado formal de trabajo.

Sin embargo, el PPE no ha logrado detonar el empleo que pregonó. Muestra de ello es que de los 3 mil millones de pesos que se le presupuestaron para el pago de subsidios, hasta diciembre de 2010 había erogado apenas 136 millones 986 mil 212.84 pesos, es decir, menos del 5 por ciento.

De ese marginal monto, casi la mitad ha ido a parar a manos de cuatro cadenas de comercio detallista. El grupo Wal Mart es el que más se ha beneficiado, al recibir el 21.5 por ciento de los subsidios a través de sus subsidiarias Operadora Wal Mart, S de RL de CV; Servicios Administrativos Wal Mart, S de RL de CV; Restaurantes Vips, S de RL de CV; Operadora Suburbia, S de RL de CV; y Sawsa Adelante, S de RL de CV.

De acuerdo con el Padrón de Beneficiarios, el consorcio de origen estadunidense fue uno de los primeros en inscribirse al Programa. Hasta diciembre del año pasado, había recibido 29 millones 406 mil 421 pesos como reembolso del pago de las cuotas obrero-patronales de sus nuevos empleados ante el IMSS.

La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo ocupa el segundo lugar de las empresas a las que más dinero se les ha otorgado –16 millones 286 mil 384 pesos– a través de sus subsidiarias Cadena Comercial Oxxo, SA de CV; Oxxo Servicios de Distribución, SA de CV; Oxxo Servicios, SA de CV; y Oxxo Servicios Gas, SA de CV.

A Organización Soriana, SA de CV, que opera la cadena de supermercados del mismo nombre, le fueron entregados 9 millones 388 mil 637 pesos mediante sus subsidiarias Administración Soriana, SA de CV, y Centros Comerciales Soriana, SA de CV.

La empresa Servigalas, SA de CV, dueña de las tiendas de autoservicio Chedraui, recibió subsidios por 6 millones 545 mil 585 pesos.

Empleos, sin garantía

Para el vicepresidente de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Francisco López Díaz, el que los mayores beneficiados del PPE sean cadenas de tiendas de autoservicio se debe únicamente a que “algunos sectores han comprendido las ventajas de este Programa”.

Cuestionado sobre si el tipo de empleos que podrían ofrecer estas empresas es el que se pensó como oferta para los jóvenes egresados de los centros educativos, López Díaz expresa que “no hay empleo malo”. Agrega que “todo empleo formal, dentro de la ley […] es un empleo. Es una persona que está dentro de la economía formal. Yo no le pondría una etiqueta”.

El representante de la Coparmex reconoce, sin embargo, que ha sido el dinamismo propio del Programa el que no ha favorecido la creación de otro tipo de vacantes; además de que el PPE no se ha orientado a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 80 por ciento de la actividad laboral del país.

El doctor Gerardo González Chávez, del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que el PPE no garantiza a los jóvenes trabajos de calidad o bien remunerados.

La única salvaguarda que tienen los trabajadores contratados al amparo del Programa es la seguridad social durante el primer año de empleo, lapso durante el cual el gobierno federal se hace cargo de pagar la totalidad o parte de las cuotas obrero-patronales ante el IMSS, según lo estipulado en los Lineamientos operativos del PPE.

Dichos preceptos establecen que el monto del subsidio se determinará según el salario base de cotización de cada trabajador registrado en el PPE; de modo que entre menor es el salario, mayor es el porcentaje por subsidiar.

Así, a las empresas que inscriben a trabajadores cuyo salario base de cotización es menor a 10 salarios mínimos se les subsidia la totalidad de las cuotas; mientras que si la base de cotización es de más de 20 salarios mínimos, se reembolsa sólo la décima parte de las cuotas ante el IMSS.

Tal incentivo ha resultado atractivo, sobre todo para las grandes cadenas de tiendas de autoservicio. En el caso de Wal Mart, el investigador de la Unidad de Economía del Trabajo y de la Tecnología del Iiec recuerda que la empresa ha recurrido a contratos de protección patronal para emplear a su personal, como ha documentado el investigador Alfonso Bouzas Ortiz.

Por ello, González Chávez se muestra sorprendido con el “cambio de camiseta” de la trasnacional, que para aprovechar el estímulo económico del PPE, ha pasado de la simulación laboral a contratar formalmente personal y ofrecerle seguridad social.





Costosa difusión, pobres resultados


El 23 de enero de 2007, a menos de dos meses de haber iniciado su gestión, Felipe Calderón Hinojosa promulgó un decreto que estableció las directrices generales del PPE, el cual empezó a operar el 1 de marzo de ese año.

Para diciembre siguiente –es decir, antes de que el PPE cumpliera un año de existencia–, éste tuvo que modificarse para hacerlo “más sencillo y atractivo”, ya que de los 3 mil millones de pesos que originalmente se le asignaron como presupuesto, únicamente había erogado 330 mil 600 pesos en el pago de subsidios, de acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 de la Auditoría Superior de la Federación.

Ello no sólo evidenció la escasa respuesta del sector patronal para acogerse al Programa, sino también la poca efectividad de la costosa difusión que ese año se le hizo, la cual implicó el desembolso de 59 millones 787 mil 700 pesos, es decir 180 veces más de lo que se pagó por concepto de subsidios.

Luego de casi cuatro años de su puesta en marcha, el pago de subsidios representa apenas el 4.6 por ciento del monto.

De acuerdo con el informe Servicio de evaluación de diseño del Programa de Primer Empleo –que antecedió a las modificaciones en el decreto original–, la meta de trabajadores inscritos para 2007 era de 49 mil 555, pero sólo se habían registrado 9 mil 577, es decir, el 19 por ciento.

Para el año siguiente, la meta era de 318 mil 116 trabajadores. Sin embargo, los datos más recientes del PPE, dados a conocer por el IMSS en febrero de 2011, indican que hay apenas 73 mil 347 trabajadores inscritos en el Programa.

Respecto del número de empresas, el IMSS informa que, en total, se han inscrito 20 mil 798. Mas esta cifra se refiere a la cantidad de registros patronales mensuales y no al número real de empresas, la cual llega apenas a 1 mil 530, de acuerdo con los datos del Padrón de Beneficiarios.

De este modo, los 2 mil 463 registros con los que cuenta Operadora Wal Mart de México, S de RL de CV, se cuentan como empresas distintas en el cálculo del IMSS.

El Padrón de Beneficiarios del PPE muestra también que entre las empresas que han recibidos subsidios, se encuentran, además de las cadenas de tiendas de autoservicio, algunas compañías dedicadas a la subcontratación, como F & R Outsourcing Corporativo y Outsourcing Personnel Services, así como la Arquidiócesis de Acapulco y la asociación religiosa Resurrección Ajusco Coyoacán.

De acuerdo con los Lineamientos de operación del PPE, para que un empleador pueda inscribirse al Programa, requiere contar con un registro patronal ante el IMSS, disponer de firma electrónica y dedicarse a actividades económicas cuyo ciclo de producción no sea menor de 12 meses.
Programa fracasado pero necesario

En opinión del doctor González Chávez, el fracaso del PPE se debe a que su instrumentación no atendió el problema de fondo: la situación actual del mercado de trabajo, donde alrededor del 60 por ciento de las personas trabaja en la informalidad.

A decir del investigador del Iiec, lo que el PPE no advirtió fue que un subsidio a las empresas en el rubro de la seguridad social no necesariamente compensa los beneficios que tiene para los patrones contratar trabajadores informales, ya que con ello se ahorra no sólo el pago de posteriores cuotas ante el IMSS, sino también prestaciones, como aguinaldos y primas de antigüedad.

López Díaz disiente de esta postura, pues señala que, para el sector empresarial, la propuesta del PPE fue bienvenida desde que inició operaciones.

Sin embargo, el representante de la Coparmex reconoce que el Programa no ha dado los resultados que se esperaban. Esto lo atribuye a su diseño actual, que está coordinado por una instancia recaudatoria –el IMSS– en lugar de ser dirigido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con la participación de los sectores empresarial y educativo en su operación y difusión.

López Díaz considera necesario que el PPE pase de ser un mero programa sexenal a una política pública, ya que, como está planteado actualmente, su vigencia terminará con el sexenio.

En opinión de Alfredo Sánchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en asuntos laborales, la propuesta de subsidios a los empresarios del PPE es apenas uno de muchos mecanismos para fomentar el empleo de los jóvenes, “pero no necesariamente es el que detone la creación o conservación de empleos”.

El investigador advierte que las experiencias de programas de apoyo al empleo en otros países han mostrado que éstos siempre tendrán un costo para el Estado “porque los empleadores difícilmente van a poner dinero de su bolsillo”.

Para la elaboración de este trabajo, Contralínea buscó conocer la postura de la STPS y del IMSS. El director de información de la STPS, Norberto Miranda, respondió que la dependencia no podía emitir una opinión sobre la efectividad del PPE debido a que no contaban con información al respecto y a que la instancia encargada de su ejecución es el IMSS. Al cierre de esta edición, no se tuvo respuesta de éste.

Ley de Fomento al Primer Empleo, el PPE priista

A finales del año pasado, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República presentó un proyecto de decreto para expedir la Ley de Fomento al Primer Empleo, que plantea otorgar una deducción adicional al impuesto sobre la renta y al impuesto empresarial a tasa única a los patrones que creen nuevos puestos de trabajo.

La llamada Ley Beltrones –por ser el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera su principal impulsor– critica en su iniciativa al Programa Primer Empleo (PPE) porque sus resultados han estado muy por debajo de los objetivos planteados y son “irrelevantes ante las necesidades del mercado laboral”.

Contrario al esquema de subsidios a través del cual opera el PPE, la propuesta priista plantea deducciones adicionales, con lo que pretende ser más ágil y asegura que será más atractivo a los patrones al plantear incentivos a cambio de la creación de puestos de trabajo.

En opinión del doctor Gerardo González Chávez, especialista en economía del trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la propuesta priista “tiene una estructura muy parecida a la del PPE”, fundamentalmente porque ambos proyectos ubican el problema del desempleo en la falta de motivación de los empresarios para generar empleos formales y no se sitúan en la realidad del mercado laboral actual.

Por tanto, González Chávez considera que la Ley de Fomento al Primer Empleo, que entró en vigor a partir de este año, avanzará en la misma dirección que el PPE, con resultados igualmente marginales.

Las cadenas Wal Mart, Oxxo, Soriana y Chedraui han recibido el 45 por ciento de los subsidios del PPE entre 2008 y 2010

La concentración de los beneficios del PPE se debe a que sólo algunos sectores han sabido aprovechar las ventajas del programa: Coparmex

El PPE no garantiza empleos de calidad ni bien remunerados: Gerardo González Chávez, investigador de la UNAM

En su primer año de operaciones, el PPE gastó 180 veces más en publicidad que en el pago de subsidios

En casi cuatro años de operación, el PPE ha entregado apenas 4.6 por ciento de su presupuesto en subsidios, y los trabajadores inscritos están por debajo de lo planteado


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Bloquean maestros carreteras en 37 ciudades y municipios de Oaxaca

Los trabajadores de la educación demandan la presentación con vida de su compañero Carlos René Román Salazar, desaparecido desde hace una semana en el municipio conurbado de San Jacinto Amilpas.

Octavio Vélez, corresponsal
Publicado: 23/03/2011 13:26



Oaxaca, Oax. Profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon hoy los principales cruceros de la ciudad, la caseta de peaje Huitzo de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca y el puente de peaje El Caracol, para demandar la presentación con vida de su compañero Carlos René Román Salazar, desaparecido desde hace una semana en el municipio conurbado de San Jacinto Amilpas.

Los trabajadores de la educación también bloquearon carreteras en 36 ciudades y municipios de la entidad.

Mientras tanto, organizaciones adheridas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se unieron al campamento de denuncia instalado por el magisterio en el zócalo para demandar igualmente la aparición con vida de Román Salazar.

Los bloqueos en la ciudad capital originan congestionamientos vehiculares, por lo que trabajadores y amas de casa deben caminar para llegar a sus destinos.


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Contribución - TIANGUISTAS DE CLASE MUNDIAL

Nuestro compañero Mubbox nos envía la siguiente denuncia:

Hola buenas noches el dia de hoy estuve con usted en la tarde en el zocalo y le habia comentado de unas fotos bueno pues se las hago enviar espero las tome en cuenta aunq solo le pediria d favor q cuando las suba le ponga como titulo "tianguistas de clase mundial"
Para eso utilizan las camionetas...trasladar ropa a los tianguis en tlanepantla edo de mex.








Calderón y la corrupción

Autor: Miguel Badillo *
Sección: Oficio de Papel

20 Marzo 2011

Provocado por un niño de 13 años de edad, Elías Mussali Bissu, quien reclamó al presidente que se preocupe por los niños que, por su pobreza, no pueden estudiar, Felipe Calderón confesó ante la comunidad judía que en México se han hecho fortunas inmensas al abrigo del poder, por lo que hacen falta servidores públicos orientados al bien común.

Sin nombrarlos, Calderón aludió a los gobiernos priistas cuando declaró, en una reunión con la Cámara de Comercio de México, que el país fue educado en la cultura de la complicidad, la corrupción y la transa.

Habría que precisar ambas afirmaciones. No es el país el que se ha educado en esa cultura de la corrupción, sino el gobierno. Y no hay nada nuevo en lo dicho por Calderón. Funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se enriquecieron con el erario. Al grado de que, con cinismo, acuñaron la frase “vivir fuera del presupuesto es un error”.

Pero si la corrupción fue la marca de los priistas durante sus 70 años en el poder, ¿qué han hecho los panistas en los 10 años que llevan al frente del gobierno federal? Sería interesante que Calderón hiciera una autocrítica de su gobierno y del de Vicente Fox. Ambos, simplemente, han sido cómplices, omisos y promotores de esa corrupción que lacera a la sociedad mexicana.

Lejos de combatir la corrupción, los gobiernos panistas alentaron, en la última década, el abuso del poder, el desvío de recursos públicos, la complicidad con empresarios, el chantaje político y el encubrimiento y protección de funcionarios y políticos que han corrompido las leyes y han asaltado las arcas públicas.

Calderón puede acusar a los priistas una y otra vez, y no se va a equivocar. Pero donde falla es al excluirse de la crítica, pues las evidencias de corrupción en este gobierno y en el de su antecesor Fox son, quizás, igual o más perversas que las cometidas en los 70 años que el PRI mantuvo el poder político.

En esta columna, hemos documentado hechos vergonzosos de corrupción de servidores públicos con empresarios, y nadie en el gobierno se ha interesado por investigar y aplicar la ley. Por ejemplo, las corruptelas de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos políticos de Fox, quienes desde Los Pinos exigían al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, contratos para empresas privadas que los tenían como comisionistas. O aquella auditoría a la administración de la Residencia Oficial de los Pinos, donde la misma Contraloría documentó onerosos gastos y desvío de recursos en la reconstrucción de las cabañas y el menaje, a cargo de un amigo constructor del presidente Fox. Ese expediente se fue al archivo sin haber sancionado a nadie.

Más reciente, fue la acusación penal que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del hasta hace poco procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, y de sus hermanos, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y vínculos con bandas del narcotráfico.

Ese expediente que recibió la PGR en noviembre de 2006 fue extraviado premeditadamente para proteger a un destacado miembro del gabinete de Calderón. Han pasado cuatro procuradores, incluido Arturo Chávez Chávez (quien, por cierto, será despedido en breve), y todos han encubierto a los Patrón Laviada.

¿Qué puede entonces criticar Calderón a esa cultura de la complicidad, la corrupción y la transa si él mismo forma parte de ella y como presidente no hace absolutamente nada para combatirla y, por el contrario, la promueve, la alienta y la estimula? Cuando habla de las fortunas inmensas hechas al abrigo del poder, ¿estaría pensando en su propia familia, en la de Vicente Fox y Marta Sahagún, en la familia Patrón Laviada? ¿O sólo en la gran familia priista que incluye a los Echeverría, a los López Portillo, a los Salinas, a los Zedillo, sólo por mencionar a algunos, pues la lista es tan grande que se llenaría toda la revista sólo con sus nombres y faltaría aún espacio?
Claudica Calderón ante EU

Mucho antes de que Felipe Calderón termine su mandato, menos de dos años si logra concluirlo, las tropas de Estados Unidos habrán invadido México. Los pretextos son los mismos, narcotráfico y violencia. Éstos han provocado un clima intervencionista mediante declaraciones constantes de funcionarios y militares estadunidenses, sin descontar que también Naciones Unidas se sumó a la crítica, y mediante un pronunciamiento, preparó el camino para que “fuerzas de tarea” estadunidenses ingresen a territorio nacional.

El año pasado dijeron en Naciones Unidas: las bandas del narcotráfico que operan en México son una “superpotencia”.

Ahora se conoce el verdadero motivo de la visita de Calderón a la Casa Blanca: aceptar operativos encubiertos de agentes estadunidenses en México; persecuciones en “caliente” de aviones de Estados Unidos en territorio nacional; que los policías de las agencias Central de Inteligencia, Federal de Investigación, de administración de drogas y aduanas adscritos a la embajada estadunidense en México puedan portar armas.

Sin embargo, la prensa mexicana ha documentado que desde hace muchos años esos agentes portan armas, realizan interrogatorios ilegales a testigos protegidos, tienen casas de seguridad que utilizan como centros de espionaje y de intervención de comunicaciones y participan en operaciones de persecución en contra de cualquier persona en México que signifique un “riesgo” para su país, sin importar si son políticos, legisladores, empresarios, periodistas, luchadores sociales o delincuentes.

Pero la verdadera presión de Obama fue para que Calderón autorice el acceso de las fuerzas militares estadunidenses a territorio nacional en el momento que lo consideren necesario, pues estiman que el presidente mexicano ha perdido el control del país y eso pone muy nerviosos a los grupos ultraconservadores estadunidenses, sobre todo porque vienen los procesos electorales de 2011 y 2012, que a Washington le preocupan, y donde todo hace prever que el Partido Acción Nacional perderá la Presidencia de la República.

*Periodista

Fuente: Contralínea 225 / 20 de marzo de 2011

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Cuotas de desigualdad: Condiciones para una reforma laboral

Por Carmen R. Ponce Meléndez*

México, DF, 22 mar 11 (CIMAC).- ¿En qué condiciones se encuentran las mujeres trabajadoras y las sindicalistas para enfrentar una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) como la que presentó en la Cámara de Diputados el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el pasado 11 de marzo?

Desde octubre de 2009 cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión social presentó su proyecto “Hacia una reforma laboral para la productividad y la previsión social”, semanas después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, muchos son los acontecimientos de índole laboral que se han acumulado.

El SME sigue siendo una voz que reclama sus derechos, el Sindicato de Mineros también, y ahora se han sumado los y las trabajadores de Mexicana de Aviación; el Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social se separó de la UNT.




Las trabajadoras de la industria automotriz y de la maquila enfrentaron paros técnicos, desempleo y pérdidas significativas en sus prestaciones, como el caso de las obreras de la industria textil, por decir los más relevantes.

En general, el empleo se concentró en la informalidad, los aumentos salariales han generado una mayor pérdida del poder adquisitivo; en síntesis se acrecentaron las cuotas de desigualdad: económica y de género.

En este entorno se mantuvo constante la demanda patronal de una reforma laboral, que ha sido rechazada por el sindicalismo independiente y los partidos de izquierda.

Uno de los indicadores clave para medir el impacto que ha tenido en las mujeres el desempleo es la llamada “relación de dependencia (RD)” y la situación de los hogares encabezados por mujeres.

En el primer caso se trata del número de personas en edades dependientes por cada 100 personas en edades productivas, la RD nacional (2010 Inegi), es de 62.3 por ciento nacional, pero en entidades como Guerrero alcanza el 75.4 por ciento.

Significa que por cada mujer empleada hay 7.5 personas dependientes que se benefician directamente, o a la inversa, si esta mujer pasa a la categoría de desempleada automáticamente se afectará a 7.5 personas más. En Estados Unidos este indicador de RD es de 50.0 por ciento.

La situación laboral de las jefas de hogar es muy ilustrativa: en los hogares pobres estas mujeres en un 45.5 por ciento son asalariadas sin contrato y 32.8 por ciento son independientes; están en la informalidad siete de cada 10 jefas de hogares pobres (cifras de Conapo).

Algo muy similar sucede con los llamados “trabajadores sin pago o no remunerados”. Ahí la brecha de género es abrumadora, son mujeres ocupadas que no tienen ningún tipo de pago monetario o en especie por su ocupación; su número en esta condición supera en el doble al de los hombres (datos de ENOE-Inegi).

Aunque este porcentaje es más alto en las áreas rurales que en las urbanas, lo cierto es que el hecho de que el empleo se genere mayoritariamente en las microempresas también incide en esta situación.

Más de la mitad (67 por ciento) de las Pymes tienen un tipo de administración familiar; las mujeres trabajan ahí pero no necesariamente perciben un salario; resulta que están apoyando la economía familiar.

Con esta realidad laboral ¿por qué razón las mujeres van a apoyar una propuesta de reforma como la que está en vías de discutirse en el Congreso?

Se argumenta que la actual LFT es una traba para generar más empleos y para elevar la productividad, pero la evidencia empírica no permite sustentar estos argumentos.

Por el contrario, hay elementos para presumir que tal como está planteado el proyecto de reforma, el despido de los y las trabajadoras se “facilite”, además se merma considerablemente a las organizaciones gremiales, habrá más mujeres en condiciones de pobreza y la cuota de desigualdad de género aumentará.

Cabe la posibilidad de que su discusión se posponga hasta septiembre, igual que el proyecto de reforma fiscal, debido a los tiempos electorales. En torno a esta situación es que se han movido los diferentes proyectos de los partidos políticos; lo cierto es que la oferta que se ha hecho a las mujeres trabajadoras en esta materia todavía deja mucho que desear.

Pero además el escenario internacional es muy proclive a este tipo de reformas laborales, lo que acaba de suceder con los trabajadores públicos en Estados Unidos o las protestas que se generaron en Francia, España o Portugal, documentan ampliamente los equilibrios con que cuentan estas propuestas conservadoras.

Se apagó la voz de Santa Sabina; seguirán escuchándose las rolas de Rita Guerrero.

* Economista especializada en temas de género
ramona_meléndez@yahoo.com


11/RMB/LGL

Amezcua Castillo: “Cerraron una empresa pública por compromisos con organismos internacionales”




Fernando Amezcua Castillo, Secretario de Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, habló con “el Retrato…” sobre la problemática al cual subsisten hace más de un año, donde despidieron a 44.400 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que lo hacían en una empresa pública que distribuía servicio de energía eléctrica en la zona centro del país. “Fue como in Golpe Militar, nos sacaron a golpes y a punta de metralleta”, declaró.

El 10 de octubre del 2009, con la toma militar de 486 puestos de trabajo al mismo tiempo, comenzó el conflicto laboral en varios estados de la república mexicana como Hidalgo, Puebla, Morelos, pero también en todo el Distrito Federal.

“Hubo un acuerdo entre muchos entes políticos para poder hacer esto. Esto trajo como consecuencias, como si fuera un golpe de estado, a una hora exacta, que cerraran todos los lugares de trabajo. Desde aquel entonces, sin previo aviso que íbamos a ser retirados del empleo, nos despiden a los 44.400 trabajadores que formábamos parte de Luz y Fuerza del Centro, un organismo público descentralizado”, contó Castillo, para dar un panorama de la situación que los trabajadores vienen viviendo.

En ese orden, el sindicalista amplió el panorama y contó que “el Gobierno cerró una empresa pública, que se encarga de distribuir servicio de energía eléctrica en la zona centro del país. Esto lo hizo, principalmente, para obedecer a los compromisos contraídos con organismos y naciones internacionales. Y para poder seguir impulsando la privatización del sector eléctrico. Nosotros estamos en el 1% del territorio. El otro 99% lo atiende otra empresa pública, pero en el caso de ellos es un Sindicato corporativo apegado al Gobierno”.

Lo que económicamente representa haber cerrado esa fuente de trabajo e iniciar transacciones privatizadoras es que “gracias a la existencia de la electricidad en la zona centro del país, el gobierno capta el 34% del PIP Nacional. Entonces, es una amplia captación de recursos que tiene el Gobierno y es un amplio producto para poder rentar a las empresas transnacionales y que ellas se pudieran hacer cargo de la prestación de servicio”.

Tras 17 meses de resistencia, lo han hechos principalmente con el apoyo de sus compañeros jubilados: “Ellos forman parte de la organización sindical, no están afuera, y también eligen a sus dirigentes. Además, fuimos boletinados, allá se llama Lista Negra, donde al lugar que íbamos a pedir trabajo no lo había. Engañaron a la gente con la posibilidad de que se liquidara y lo único que hicieron fue firmar renuncias de derechos laborales y sindicales. Entonces les mintieron, no solo a los trabajadores, sino también a todo el pueblo de México. Ha sido una estafa”.

En la continuidad del conflicto, Castillo esbozó que están planeando iniciativas para solucionar este problema. Entre una de ellas, dijo que “nosotros presentamos una propuesta para crear una empresa pública de telecomunicaciones (Televisión, Telefonía e Internet) porque solo verlo hecho representa, en la zona donde nosotros atendemos, más de seis mil millones de dólares al año. Además, estaríamos prestando el servicio de electricidad. El Gobierno dijo que no era posible, porque no iba a poder cumplir sus compromisos con las transnacionales. Ahora nos mantenemos en un litigio con tres vertientes. Uno político, en una mesa de negociación con el Gobierno, otro legislativo, con una iniciática de ley para crear otra empresa que pudiera recontratarnos y, además, con una posibilidad de organización de muchos sindicatos que permitiesen dan una lucha de frente”.

En referencia al Seminario Internacional, sobre lo qué se habló, explicó: “Queremos que todas las posiciones internacionales que están en Mar del Plata establezcamos una estrategia mundial para retener este sistema capitalista que está devastando no solamente a los trabajadores con la reducción de sus derechos laborales, sino además en la circunstancia de la paz social que debe existir en el mundo”.

Acto seguido amplío que “la idea es crear nuestro propio pulpo de las organizaciones sindicales internacionales, que permita hacerle frente a esta problemática de la globalización y del sistema económico de nuestro país, donde todos los servicios están monopolizados”.

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Contrarreforma petrolera y riesgos multiplicados

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República presentó ayer una iniciativa de reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución, así como a la ley reglamentaria del primero de esos numerales, a efecto de que los particulares puedan participar en actividades de petroquímica básica, almacenamiento y distribución de los productos derivados de crudo, hasta ahora restringidas, por ley, al Estado.

Esta nueva intentona privatizadora revive, en lo general, el sentido y los argumentos de la que pretendió avanzar el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, en abril de 2008: entonces, como ahora, se presentó un diagnóstico desastroso del estado de Petróleos Mexicanos (Pemex), se insistió en la necesidad de incrementar la producción y eficiencia de la paraestatal, se intentó chantajear a la población con la supuesta "necesidad" de recortar gasto de programas sociales para reforzar a Pemex y se sostuvo, a continuación, que la solución viable era el traslado a manos privadas de algunos segmentos de mayor valor agregado de la industria nacional de los hidrocarburos.

No ha de pasarse por alto que las prácticas que se pretenden formalizar en la propuesta panista se dan ya en buena medida por la vía de los hechos, y que para ello la autoridades del ramo se han valido de subterfugios diversos: desde la reducción deliberada de la capacidad petroquímica de Pemex para beneficio de operadores particulares hasta la apertura a la iniciativa privada –aun sin reforma de por medio– de las tareas de almacenamiento, transporte, distribución y control de ductos de Pemex, a partir de leyes secundarias y reglamentos. Otro tanto podría decirse de las actividades de extracción y exploración, las cuales, de acuerdo con los promotores de la iniciativa, seguirán bajo tutela exclusiva del Estado, pero cuya apertura a operadores particulares está contemplada bajo los recientemente otorgados "contratos integrales de servicios", instrumentos que, a decir de diversos especialistas, condicionan además la renta petrolera.

Los elementos de juicio disponibles dan cuenta, en suma, de una industria petrolera nacional que ha venido operando en una sostenida ilegalidad, pero ello no justifica que los legisladores del blanquiazul busquen otorgar ahora –mediante la reforma comentada– cobertura legal a tales prácticas: antes bien, éstas deben ser corregidas y sancionadas conforme a derecho, y para ello se requiere de leyes en las que predomine el espíritu de defensa de la riqueza nacional y el interés común.

Es obligado recordar, por lo demás, que desde 2008 la sociedad mexicana manifestó con claridad su rechazo a la privatización petrolera, demostró una amplia capacidad de movilización para impedir la entrega de Pemex a particulares y rebatió suficientemente los criterios y argumentos mediante los cuales el grupo en el poder vuelve ahora a la carga en sus afanes privatizadores.

Una diferencia sustancial entre el contexto actual y el de ese entonces es que la Presidencia de la República –y, por extensión, el partido en el poder– acusan hoy por hoy una debilidad política mucho mayor que en 2008 y que sus posibilidades de imponer el designio privatizador son, por consiguiente, mucho más acotadas.

A lo que puede verse, la única forma en que pudiera prosperar la iniciativa referida es como resultado de una negociación –necesariamente opaca y de espaldas a la sociedad– entre los integrantes del binomio partidista que controla el Congreso: tal escenario plantearía un golpe demoledor a la de por sí cuestionada credibilidad del Legislativo, y el régimen actual correría el riesgo de revivir la división social que su empeño privatizador provocó en 2008, con el agravante de que el deterioro gubernamental e institucional es más pronunciado hoy que hace tres años, y de que ello multiplica el riesgo indeseable de una discordia nacional de gran calado.

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México SA - Calderón y su "transición energética"

Carlos Fernández-Vega
C

onsumido el 72 por ciento de su estancia en la residencia oficial, al inquilino de Los Pinos se le queman las habas por aterrizar su "gran proyecto" sexenal, el mismo que fallidamente intentaron concretar sus cuatro antecesores (aunque algo lograron avanzar): la total privatización del sector petrolero. A escasos 20 meses de que, felizmente, regrese a su casa, y a escasos siete u ocho de que la clase política y los poderes fácticos lo terminen de hacer a un lado ante el arranque de precampañas y campañas presidenciales, el susodicho mandó a un grupo de sus senadores a proponer modificaciones constitucionales para que el Estado mexicano se quede con el logotipo de Pemex, y el capital privado (foráneo, de preferencia) con el petróleo y todo lo demás.

A estas alturas, las huestes calderonistas, con su pastor al frente, no son precisamente creativas a la hora de pretextar la causa real de tal iniciativa, y no lo son porque todos los términos y las frases privatizadoras ("desincorporación", "adelgazamiento", "coinversión", "inversión complementaria", "reclasificación", etcétera, etcétera) se las alquilaron a los priístas en los sexenios concertacesionistas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo para que fueran ellos los que desmantelaran el aparato productivo del Estado en beneficio de los consorcios privados, de tal suerte que cuando los blanquiazules llegaron a Los Pinos de plano ya no tenían más eufemismos aplicables, ni podían utilizar los mismos eslogans para alcanzar la misma meta (aunque hay que reconocerles el invento de un enunciado privatizador digno de colección: "transición energética").

Felipe Calderón está por hacer maletas (felizmente), y es tal su urgencia por lograr, según lo comprometido, la total privatización del sector petrolero, que seis senadores panistas, por instrucciones del inquilino de Los Pinos, de plano se vieron en la penosa necesidad de justificar su propuesta de modificación constitucional (artículo 28) con las mismas frases alquiladas a los gobiernos priístas, con las que De la Madrid, Salinas y Zedillo "desincorporaron" alrededor de mil 155 empresas del Estado, esto es "por el bien de la patria", "para liberar recursos presupuestales", "para atender los rezagos sociales del país" y, desde luego, "para garantizar la rectoría del Estado".

Los seis senadores panistas que presentaron la iniciativa calderonista para modificar el 28 constitucional son Juan Bueno Torio (ex director general de Pemex Refinación), Rubén Camarillo Ortega (ex funcionario de Pemex), José Antonio Badia San Martín (relevo de Gustavo Madero en Xicoténcatl), Fernando Elizondo Barragán (ex secretario de Energía), Jorge Ocejo Moreno (ex presidente de la Coparmex, ex coordinador de asesores del director de Pemex y ex integrante del consejo de administración de PMI Comercio Internacional) y Augusto César Leal Angulo (ex asesor de Vicente Fox), y para ellos la apertura del sector petrolera al capital privado es de vida o muerte, porque este sector “enfrenta una situación crítica que amenaza su viabilidad y su capacidad de hacer frente a los compromisos con la sociedad y la economía mexicana… pone en riesgo las metas de crecimiento económico nacional a mediano y largo plazos, la capacidad del Estado para cumplir con rezagos y demandas sociales, así como la soberanía energética y la seguridad nacional…”

Lo anterior, dicen, como resultado de “rezago tecnológico, baja productividad e insuficiencia de recursos de inversión, que impiden un desarrollo sano y equilibrado del instrumento ejecutor del Estado en el sector de hidrocarburos, Petróleos Mexicanos. Asimismo los modelos de desarrollo y financiamiento usados hasta hoy ya no tienen vigencia; mantenerlos arriesga la competitividad y eficiencia del sector y la industria petrolera, la soberanía nacional y la rectoría del Estado sobre los recursos energéticos… Hoy por hoy la única fuente de recursos para inversión en la industria petrolera es el presupuesto público, lo cual convierte a México en un caso de excepción mundial, por las limitaciones para que la inversión social y privada se incorpore en algunos de los eslabones de la cadena de valor… Los eslabones de la cadena de valor de la industria petrolera no deben ser reservados en exclusividad del Estado para incentivar la participación de recursos financieros de los sectores social y privados” (¿cuál será ese "sector social" que también podría clavar el diente?).

No sólo eso: "la industria petrolera nacional al día de hoy está debilitada, con severos problemas de eficiencia y seguridad, graves desequilibrios financieros, déficit creciente para abastecer el mercado nacional con producción interna e importaciones e incapacidad para seguir apoyando la estrategia nacional de desarrollo. El sector en materia de hidrocarburos y la industria petrolera nacional necesita recuperarse del marasmo en que se encuentra, para lo cual se requieren urgentes decisiones de Estado derivadas de un consenso nacional, de las cuales puedan desprenderse acciones contundentes en diversos frentes de acción". Así, justifican, “el gobierno federal enfrenta la disyuntiva de destinar los limitados recursos públicos a fortalecer una industria petrolera descapitalizada o a reforzar los programas sociales que atienden rezagos sociales ancestrales…” En síntesis, se quejan de lo que cinco gobiernos consecutivos han hecho en aras de justificar la privatización, siempre con el apoyo y el aplauso del PAN.

Entonces, "para reforzar la rectoría del Estado mexicano sobre sus hidrocarburos" hay que privatizarlo, y con ello "liberar recursos" para atender los rezagos sociales. De la Madrid, Salinas y/o Zedillo fácilmente pueden rubricar este pronunciamiento. De hecho, así procedieron para "desincorporar" mil 155 empresas propiedad de la nación, "liberar recursos" y atender "las urgencias sociales". Treinta años después ya no queda prácticamente nada por vender, los recursos "liberados" alimentaron alforjas ajenas al interés nacional y a estas alturas las "urgencias" sociales son más urgentes que nunca.

Las rebanadas del pastel

Para la memoria privatizadora: "con la desincorporación se concentran los esfuerzos y recursos para abatir los mayores rezagos en materia social" (Miguel de la Madrid); “al vender bienes públicos para remediar males sociales se fortalece al Estado y a la nación… la privatización de las empresas públicas trae consigo la democratización del capital” (Carlos Salinas); "los recursos de las desincorporaciones se destinarán a combatir los muy graves rezagos sociales" (Ernesto Zedillo); "democracia de, por y para empresarios" (Vicente Fox); "transición energética" (Felipe Calderón).

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Sin eco, demandas de trabajadores del Colpos en la STPS y la Sagarpa

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de marzo de 2011, p. 47

Al haberse cumplido 21 días de huelga en el Colegio de Posgraduados (Colpos), ayer integrantes del sindicato independiente de trabajadores se movilizaron hacia las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pero su demanda de homologación no obtuvo respuesta positiva.

Desde la mañana, cientos de trabajadores administrativos del Colpos se trasladaron en caravana desde Texcoco –donde se encuentra la sede principal de ese centro de estudios– hacia las referidas dependencias.

En la STPS, una delegación del gremio acudió a una cita con conciliadores, a los que les plantearon la necesidad de que la homologación en prestaciones se concrete lo antes posible, pero "no hubo ofrecimiento", señaló en entrevista Rosendo Servín García, integrante de la comisión negociadora del sindicato, que agrupa a 856 trabajadores administrativos del Colpos, el cual tiene sedes en el estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

Posteriormente, en camiones, acudieron a la Sagarpa. Luego de tres horas y media de manifestación y de que una comisión fue recibida por funcionarios de nivel intermedio, la respuesta fue la misma. "No hubo cambios, por lo que vamos a continuar la huelga y las movilizaciones, quizás tengamos que radicalizar la postura", advirtió Servín García.

Explicó que el proceso de homologación comenzó en 2009 y debía completarse este año, pero "quieren diferirlo a 2012 y completarlo en 2016, y no estamos de acuerdo".


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No habrá venta en bloques a particulares

Josefina Quintero y Alejandro Cruz

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de marzo de 2011, p. 39

En la iniciativa de descentralización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) que se discute en la Asamblea Legislativa quedará eliminada la propuesta de vender el líquido en bloques a particulares, aseguró la diputada del PRD Aleida Alavez, "porque no es posible vender para que se revenda. Ese punto no va".

Lo importante, agregó, es dejar claro cómo entraría la iniciativa privada "sin dejar de lado que el resguardo y la garantía de los sectores estratégicos del agua no los tendrá el particular, sino el órgano público".

Entrevistada en el marco de la firma del convenio y carta-compromiso por el derecho al agua, comentó que "cortar el líquido para uso doméstico es una acción que va contra el reconocimiento a ese derecho y no se trata de que estemos abogando por los morosos, sino de los problemas de escasez".

Añadió que tampoco está de acuerdo con la junta de gobierno, "porque estaría supliendo las funciones de la Asamblea".

En tanto, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, se manifestó en favor de la participación de la iniciativa privada en la administración del agua potable, siempre y cuando, destacó, no signifique un aumento en el precio del líquido.

Entrevistado en las oficinas del organismo, dijo estar de acuerdo en la descentralización del Sistema de Aguas si con ello se logra eficientar la distribución del líquido.

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El capitalismo extinguió vida en Marte: Chávez

Reuters

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de marzo de 2011, p. 27

Caracas. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró que la cultura capitalista podría haber acabado con la vida en Marte, al participar en un acto con motivo del Día Internacional del Agua. "No sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta", bromeó, al alertar que en la Tierra donde había grandes bosques ahora hay desiertos y que por ello se deben cuidar los recursos naturales.


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Con la misma propuesta de 2008, AN insiste en privatizar Pemex

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de marzo de 2011, p. 28

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó ayer en el Senado dos iniciativas, que modifican el artículo 28 constitucional y la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, para privatizar la petroquímica básica y permitir que empresas privadas, nacionales y extranjeras construyan y operen refinerías y ductos y se hagan cargo de producir, almacenar y distribuir gasolina, gas y otros productos petrolíferos.

Es la misma propuesta que el presidente Felipe Calderón presentó en 2008, dentro de la reforma energética, y que fue desechada por el Congreso. El panista Juan Bueno Torio sostuvo que no nace muerta esta iniciativa, porque, dijo, la realidad es distinta a la de hace tres años y Pemex no tiene recursos para invertir en nuevas refinería o ductos.

La reforma propuesta por la bancada panista al artículo 28 constitucional propone eliminar de ese ordenamiento la exclusividad del Estado "en el petróleo, los demás hidrocarburos, y la petroquímica básica". En su lugar plantea dejar sólo como funciones que el Estado ejercerá de manera monopólica la "exploración y extracción de petróleo crudo".

A la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, los senadores de Acción Nacional proponen cambios a fin de que "la refinación del petróleo, el procesamiento del gas natural", así como el transporte, almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan, podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privados.

Los inversionistas "podrán construir equipos industriales, ductos y sistemas de almacenamiento" y operarlos.

En la exposición de motivos que el senador Bueno Torio leyó ante el pleno, se repiten los argumentos que utilizó el Calderón en la reforma energética de 2008, en el sentido de que la insuficiencia de recursos de Pemex impide fortalecer la rectoría del Estado mexicano sobre sus hidrocarburos.

Bueno Torio habló a nombre de la bancada del PAN y sostuvo que se requieren inversiones sostenidas cercanas a "los 26 mil millones de dólares anuales" durante los próximos 10 años, para que la industria petrolera nacional pueda superar las condiciones de rezago en que se encuentra.

Insistió en que actualmente, no obstante la exclusividad del Estado en la industria petrolera, se permite la participación de los sectores social y privado en el transporte ferroviario, carretero y marítimo, donde particulares trabajan como distribuidores de la paraestatal, sin que esto se considere una amenaza para la rectoría del Estado ni pérdida de soberanía energética.

Bueno Torio insistió en que no plantean que Pemex se deshaga de sus activos o de centros de distribución. Por lo tanto, aseguró, "no podrán ser desincorporadas del patrimonio nacional" las refinerías y ductos con los que ahora cuenta la paraestatal.

Las concesiones serán para nuevas refinerías, nuevos ductos y centros de almacenamiento de gasolina, gas y otros productos petrolíferos.

En entrevista, Bueno Torio insistió en que no se trata de privatizar, aunque reconoció que inversionistas privados participarán “al cien por ciento en la construcción de refinerías, ductos, de un trayecto de ducto de una refinería a una zona de abasto, como podría ser de la refinería de Madero hacia Tuxpan, o de la terminal de Mérida a Cancún.

Insistió en que los tiempos han cambiado, que la situación para Pemex es peor. "No podemos iniciar siquiera la construcción de una refinería por mil razones. Cada vez más el país pierde soberanía en la decisión de abastecer los petrolíferos para el desarrollo".

Sobre la reforma al artículo 28 constitucional, los panistas proponen que se instrumente en forma progresiva a mediano y largo plazos, "para evitar que pueda convertirse en bandera de un falso nacionalismo", que impida los urgentes cambios que requiere la industria petrolera.

Plantean por ello que se impulse en primer término la apertura de aquellos segmentos de la industria en los que la complejidad política y normativa sea menor, y que por tanto se empiece en la refinación de petróleo.

Las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) advirtieron que el PAN no tiene la representatividad en el Senado para aprobar una reforma de ese tipo. "Esa reforma se discutió ya ampliamente en 2008; rechazamos esas propuestas que nos mandó Calderón, insistir en ello es un ejercicio estéril", comentó el perredista Graco Ramírez.

Por su parte, el petista Ricardo Monreal, recordó que en 2008 Andrés Manuel López Obrador encabezó un amplio movimiento contra la privatización del petróleo y se volverá a hacer si los panistas insisten.

Ayer el pleno del Senado votó en contra de una iniciativa para reformar la Ley de Petróleos Mexicanos, a fin de desaparecer la figura de consejeros profesionales, como propuso Monreal. En tribuna el petista deploró esa decisión ya que los cuatro consejeros "le cuestan al país más de 52 millones de pesos al año, se dan una vida de reyezuelos, hacen negocios, usan influencias ilegalmente y no aportan nada a la paraestatal". Además, en los dos años que llevan de operar, han respaldado el proceso de privatización de Pemex.


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Se moviliza la UNT contra la reforma laboral priísta

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de marzo de 2011, p. 22

Mientras la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) llevará a cabo mañana 24 de marzo un mitin y diversas marchas hacia la Cámara de Diputados, para protestar por la pretensión de aprobar "al vapor" la reforma laboral presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el vocero de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Patricio Flores, planteó que “salvo la parte que se refiere a la subcontratación, o tercerización, y a los juicios expeditos, la iniciativa no es muy diferente a otras que se han planteado”.

Patricio Flores, líder del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (Sitatyr), señaló que esta propuesta del tricolor se presentó "en defensa", porque el Partido Acción Nacional (PAN) había presentado una que vulneraba los derechos de los trabajadores, aunque reconoció que es "perfectible", y agregó incluso que no sería necesaria una reforma laboral si se cumpliera con la actual Ley Federal del Trabajo.

En su opinión, si se tienen que pagar costos políticos por aprobar esta reforma, los deberán pagar "tanto el PRI como el PAN". No obstante, apuntó que el Legislativo puede “hacer mejoras y enriquecer la iniciativa priísta, sobre todo para que no se precarice el empleo. Sin embargo, expuso que ahora es el momento de llevar a cabo esta reforma y no perder más tiempo, "como lo hace el diputado Gerardo [Fernández] Noroña, que su única acción para todo, es tomar la tribuna", dijo sin que esto viniera al caso de la cuestión laboral.

En una reunión con los representantes de los medios de información, señaló que ha generado polémica el planteamiento del tricolor para que la subcontratación sea libre en el país y que los juicios expeditos, en los que se plantea que se acote a un año el pago de salarios caídos para así acortar los tiempos y los largos procesos, son los temas que han motivado más debate.

Sin embargo, expuso que las organizaciones y gremios que se oponen a esta parte del proyecto deberán hacer sus planteamientos en el debate y no con marchas y movilizaciones, y concretamente llamó a los diputados que tiene la UNT en San Lázaro para que hagan sus "aportaciones" al proyecto priísta, ya que esto, según dijo, es mejor que “atentar contra los derechos de las personas que resultan afectadas por los plantones y las movilizaciones.

Por su parte, la UNT, iniciará una serie de acciones, además del mitin de mañana, ya que también realizarán una movilización en el Senado el próximo 29 de marzo, además de que llevarán a cabo volanteos entre trabajadores, un foro de denuncia y otras actividades contra la aprobación de esta reforma.

Sin considerar recomendaciones

Mientras, la coordinadora general del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), Valeria Escorza, afirmó que la reforma laboral propuesta por el PRI no incorporó uno solo de los señalamientos que en su tiempo hicieron las organizaciones de derechos laborales, e incluso fue más allá de la que había presentado el PAN, al legalizar la subcontratación, disminuir el pago de salarios caídos a sólo un año y flexibilizar el despido.

"En la asamblea de la red discutimos sobre la reforma laboral; nos preocupa mucho la propuesta del PRI, pues en ella se plantean varias violaciones a los derechos de los trabajadores, y el más importante es el derecho a la estabilidad, ya que ahora pueden ser contratados y despedidos a voluntad del empleador", señaló la activista.

Otro de los puntos que generaron inquietud entre los miembros del colectivo de derechos humanos es el de los contratos temporales o de prueba, ya que esa disposición propicia que los empleos indefinidos se vuelvan cada vez más escasos.

Con información de Fernando Camacho Servín

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Gobernación busca evadir denuncias

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de marzo de 2011, p. 21

Para los funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) las denuncias acerca de violaciones a la ley en esta dependencia, relacionadas con asuntos laborales, deberán ser expuestas ante los tribunales correspondientes y atendidas como un asunto meramente doméstico. Los señalamientos acerca de los presuntos despidos injustificados, pérdida de prestaciones y estabilidad laboral, así como la presión para que empleados firmen renuncias anticipadas sólo merecieron el silencio de esta dependencia, responsable de la política interna del país.

"De ese tema no voy a opinar nada", señaló Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, en cuya área también ha habido denuncias de despidos injustificados, precisamente en perjuicio de los abogados que estaban asignados a atender las demandas en contra de Gobernación y a quienes –aseguran– no se les dio, por lo menos, el derecho de audiencia.

–¿No le merece importancia esta situación?

–Estamos atendiendo el asunto en las instancias que corresponden. Es un asunto interno de la Secretaría. No tengo nada qué opinar al respecto.

–Obligar a los empleados a firmar renuncias anticipadas es ilegal...

–No tengo nada qué opinar –insistió, cuando este diario le pidió una posición respecto de la información difundida (La Jornada 22 de marzo, página 40).

–Pero es ilegal, o no?

–Yo no he firmado ninguna renuncia.

–No, usted no, pero otros trabajadores sí –se le insistió.

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Es un asalto a obreros: Muñoz Ledo

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de marzo de 2011, p. 21

La inminente presentación del proyecto de dictamen de reforma laboral elaborado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) generó rechazo entre diputados de oposición, quienes advirtieron que no permitirán el albazo legislativo, porque la propuesta ha concitado enojo entre la población y los trabajadores.

Porfirio Muñoz Ledo calificó de una ofensa y un asalto en despoblado la iniciativa priísta: "como en los peores tiempos del neoliberalismo avientan una iniciativa que manifiesta una abierta falta de honor y una violación al reglamento. Habíamos convenido que se discutieran las iniciativas, pero el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) se han aliado, otra vez, de forma perversa para sacar la última de las grandes de reformas neoliberales".

El legislador petista demandó un debate nacional, porque la legislación laboral es un asunto de extrema gravedad.

Pedro Vázquez, coordinador del Partido del Trabajo (PT), expuso que es necesario un proceso amplio de discusión con el objetivo de alcanzar una reforma laboral que atienda los intereses de los trabajadores. Y, al contrario, César Augusto Santiago, del PRI, expuso que es momento de discutir la reforma laboral. Y descartó que la iniciativa represente un guiño a la iniciativa privada.

Muñoz Ledo, con enojo, expuso que el contenido de la propuesta del PRI arrastra lo peor del neoliberalismo. “Es una falta de honor, una falta al reglamento, porque habíamos convenido que se discutieran las iniciativas del PAN, que casi es la misma que la del PRI, y la del PRD y que después se convirtió en la iniciativa de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

"Yo demando que se revise a fondo el documento del PRI, que se organice un debate nacional, como hicimos en el Senado de la República con el tema del petróleo."

–En otros países una ley de tal naturaleza despierta el encono general –se le comenta.

–Junto con Francisco Hernández Juárez decidimos organizar la movilización de los sindicatos de la UNT, los mineros, la CNTE. Todos van a actuar, porque no vamos a permitir un albazo, lo que vamos a hacer es promover un debate público. La iniciativa del PRI no tiene nada de aceptable, y representa en el fondo un bofetón a los aliancistas del PRD.

"Cómo se pretende una alianza si el PRI se ha convertido en un instrumento del PAN a la hora de aprobar sus cosas importantes. Esta es la última gran iniciativa neoliberal que Calderón impulsa con denuedo. ¡La verdadera alianza es la del PRI y del PAN, y esto la única ventaja que implica es que exhibe a los aliancistas y su innegable ambición por conservar sus cotos de poder!"

Pedro Vázquez, coordinador del PT en San Lázaro, adujo que "sería un grave error que presenten un dictamen planchado entre el PRI y el PAN en los términos de la iniciativa priísta, porque es un retroceso en las conquistas de los trabajadores".

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La reforma laboral es un golpe de muerte para los trabajadores, advierte Bouzas

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de marzo de 2011, p. 21

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se está dando un "balazo en el pie derecho" con su propuesta de reforma laboral, porque la iniciativa significa un "golpe de muerte" para los trabajadores, cuando los pilares fundamentales de ese partido han sido el sector obrero, los sindicatos y sus centrales corporativas, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM); además, absurdamente presenta este lesivo proyecto cuando está por iniciar la carrera presidencial.

El abogado y catedrático especializado en el tema laboral Alfonso Bouzas planteó lo anterior en entrevista, y detalló que la reforma del PRI, lo primero que desataría sería un "despido masivo de trabajadores de mayor antigüedad, los que tienen 15, 20 o más años laborando en muchas empresas, las que preferirían correrlos injustificadamente, irse a juicio, ya que en caso de perder, sólo estarían obligados a pagarles un año de salarios caídos". Sería la debacle laboral.

Al cuestionarle al abogado si la reforma del PRI va contra los principios de la Ley Federal del Trabajo, respondió: "no sólo contraviene esta ley si no el mismo artículo 123 constitucional", y va contra una de las conquistas más sentidas del sector obrero, que es la estabilidad en el empleo.

La reforma del Revolucionario Institucional, al incluir modalidades de contratación "flexibles", como son contratos por temporada, por capacitación y a "prueba", deja abierto que los patrones puedan tomar esto no como excepción sino como regla, y para evitar que los empleados hagan antigüedad podrán contratar en forma eventual indiscriminadamente, sin obligación de dar empleos permanentes.

Se le preguntó a Bouzas cómo calificaría la reforma priísta, a lo que respondió: como un "rosario de errores" y contradicciones, ya que plantea la libertad total para la terciarización o subcontratación de trabajadores; no defiende la permanencia de los empleos; acaba con las prestaciones; no incluye el incremento a las sanciones económicas que tienen los patrones cuando cometan viola- ciones laborales; finge establecer caminos para evitar el acoso sexual, pero en realidad es una "copia" fiel de la reforma panista.

Respecto de si la reforma laboral del PRI está en la lógica empresarial y no de los derechos de los trabajadores, Bouzas planteó que esta iniciativa absurdamente es propatronal y, al parecer, lo único que cuidaron los legisladores del tricolor es no meterse con aspectos como el manejo de los dineros de los sindicatos, sus elecciones y demás. Pero como a los panistas no les quita el sueño la democratización de las organizaciones, no les importó esta parte.

En cuanto a si la iniciativa es la puntilla para los trabajadores, en este sexenio en el que los sindicatos han señalado que hay una abierta política antilaboral de parte del Estado, planteó el catedrático que es el "golpe de muerte" de derechos fundamentales de los trabajadores, el cual rompe con el artículo 123 Constitucional, mediante de reformas a una ley secundaria como lo es la del Trabajo y lo hace el partido que dice que emanó de la Revolución.

También resulta inaudita la pasividad de los trabajadores de las organizaciones independientes y que incluso, aunque no es del agrado de las bases cetemistas, los dirigentes no levanten la voz, contra esta iniciativa que dejará en una dramática situación los derechos de los trabajadores, agregó Bouzas.

Consideró que limitar el pago de salarios caídos a un año en los juicios laborales fue una petición de los patrones por conducto de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y que el Revolucionario Institucional, abriendo una puerta equivocada, les dio la razón y, a la vez, asesta un brutal golpe, porque ahora serán los propios patrones los más interesados en que se alarguen los juicios laborales, para ver si en cinco o más años que duran estos procesos, al final le pagan a los trabajadores que los demandaron apenas un año de salarios caídos y adiós.

El PRI tendría que releer su iniciativa, o se convertirá en el verdugo de quienes lo respaldaron durante décadas: los trabajadores.

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La guillotina que cayó sobre Pascual, por cables publicados en La Jornada

Pedro Miguel /III y último

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de marzo de 2011, p. 9

El pasado 3 de marzo, la tensión bilateral acumulada explotó en una entrevista concedida por Felipe Calderón a The Washington Post, publicada horas antes de su encuentro con el presidente Barack Obama. En ella el mandatario mexicano tronó contra el embajador estadunidense Carlos Pascual: "No me ayudes, compadre", dijo, y adelantó en público lo que acaso habría debido mantener en los canales institucionales idóneos: ante la pregunta de si aún le tenía confianza al diplomático reviró: "Ese es un asunto que ta vez platicaré con el presidente Obama".

El mensaje era inequívoco: Calderón procuraría gestionar, al margen de los conductos legales a su disposición (artículos 9 de la Convención de Viena y 33 de la Constitución mexicana), la salida de Pascual de la legación de Washington. Asimismo, y a pesar de los esfuerzos de control de daños desplegados por la Casa Blanca desde principios de diciembre, Felipe Calderón reconoció que las revelaciones de los desencuentros bilaterales contenidos en el paquete México de Wikileaks habían causado un "daño severo" a sus vínculos con la administración del país vecino y que le habían alborotado el gabinete.

En la misma edición en la que daba tribuna al gobernante huésped, el rotativo estadunidense comentó que si Pascual llegaba a ser retirado por Washington, sería la más relevante baja estadunidense causada por los escándalos derivados de la difusión pública de los cables del Departamento de Estado.

Pero el visitante no tuvo margen para plantearle al anfitrión su disgusto con el embajador –el cual estuvo presente en la reunión realizada–, y un día después, tras la ronda habitual de buenos propósitos y elogios mutuos, el Departamento de Estado atajó las especulaciones: "Le dijimos (a Calderón) que Pascual es nuestro embajador, y eso fue todo", espetó off the record un alto funcionario del gobierno estadunidense.

Hasta ese punto, Calderón había formulado, a cambio de nada, la promesa de gestionar medidas adicionales de protección para los agentes estadunidenses que actúan en México, e incluso insinuó la posibilidad de promover reformas legales a fin de que éstos pudieran portar armas en el territorio nacional; estaba muy reciente el homicidio de Jaime Zapata, agente de Inmigración y Aduanas, en la carretera que va de San Luis Potosí a Monterrey.

Mientras Calderón se desdecía ante la prensa de sus críticas regulares a Washington por la permisividad de las autoridades del país vecino ante el tráfico de armas a México, en los medios estallaba el escándalo de la operación Rápido y furioso, por medio de la cual la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) toleraba la internación de fusiles de asalto a territorio mexicano. El 9 de marzo, La Jornada desplegó en su primera plana apreciaciones formuladas por Pascual sobre el procurador Arturo Chávez quien, a decir del diplomático, carecía de altura para el cargo, estaba lastrado por un "bagaje considerable en materia de derechos humanos" y su designación resultaba "políticamente inexplicable". El representante estadunidense destacó, en un informe confidencial redactado el 15 de septiembre de 2009, la posibilidad de que se hubiera decidido mantener la postulación de Chávez Chávez, pese a todo, por la lealtad de éste al partido gobernante.

Ese punto de vista se complementa con consideraciones emitidas en otro cable dedicado a evaluar el desempeño de Eduardo Medina Mora –antecesor del chihuahuense en el cargo–, en que se le ubica como "actor clave" en la definición de la Iniciativa Mérida. El documento dice también que Medina Mora "a menudo tenía desacuerdos con Calderón porque no promovía la línea del PAN".

Mientras el poder político estadunidense proseguía su acoso en torno a Wikileaks y Julian Assange, se ensañaba contra el soldado Bradley Manning y despedía al principal vocero del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, por criticar las condiciones carcelarias del recluso; en ese contexto este diario divulgó, el 15 de marzo, un paquete informativo que puso al descubierto el protagonismo de Carlos Pascual en la definición, planeación y aplicación de las medidas de seguridad puestas en práctica en Ciudad Juárez, particularmente en la decisión de retirar al Ejército de esa localidad y de remplazarlo por la Policía Federal (PF).

En los cables de Wikileaks que dan cuenta de ello, se deja sentir un espíritu de colaboración, y hasta de integración, entre las autoridades mexicanas y las estadunidenses. El cambio de estrategia, escribió Pascual, fue resultado de "nuestra insistencia en que el meollo para una solución de largo plazo a la inseguridad es la profesionalización de la policía y de las instituciones judiciales". Jorge Tello Peón, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, era descrito como "pieza central en este cambio".

Unos meses antes, Pascual había dado cuenta de los llamados de auxilio formulados al gobierno de Estados Unidos por un puñado de funcionarios mexicanos –el subsecretario de Gobernación Gerónimo Gutiérrez, entre otros– que percibían que a la administración calderonista "se le agotaba el tiempo" y se jugaba "su reputación" en la pacificación de Ciudad Juárez, Tijuana y Culiacán.

En un análisis previo particularmente ríspido, el ex cónsul estadunidense en Ciudad Juárez Raymond Mc Grath había diagnosticado que el despliegue militar ordenado por Calderón en la ciudad fronteriza fue "de bombo y platillo" y generó la percepción generalizada de que “el Ejército se siente cómodo dejando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos (...) Existe la teoría de que a los militares les gustaría ver que gane el de Sinaloa”.

El contenido de los cables correspondientes fue publicado por La Jornada el 16 de marzo, mismo día en que estalló el siguiente escándalo de la serie: el periódico The New York Times dio a conocer que Washington espiaba el territorio mexicano con aviones no tripulados.

El 17 de marzo fueron divulgados en estas páginas los puntos de vista transmitidos por la sede diplomática de Reforma 305 en torno al panorama de las telecomunicaciones y de las empresas monopólicas en México, del empeño calderonista por "limitar" la presencia de Telmex y sobre el poder fáctico que ejercen Televisa y Tv Azteca sobre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Un día después, el viernes 18, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, aunque desestimó el efecto de los cables divulgados por Wikileaks, fue vapuleada por casi todo el espectro político representado en el Senado de la República por el panorama de claudicación, intervención y doble discurso que esos documentos ponen de manifiesto. Para proteger a la funcionaria, algunos legisladores panistas no hallaron nada mejor que desviar el fuego hacia Carlos Pascual.

El sábado 19 por la tarde, el Departamento de Estado anunció, "con pesar", la renuncia del embajador. Tras elogiar el desempeño del diplomático, Wa-shington informó que éste permanecería en México para organizar una "transición ordenada". El hecho ha dado pie a numerosas especulaciones sobre las razones de la dimisión de uno de los hombres más poderosos en el país: ¿triunfó la animadversión personal de Felipe Calderón? ¿Es una maniobra política del Departamento de Estado para agregar una raya a los favores que le debe el Ejecutivo mexicano? ¿Afectó Pascual intereses que no figuran en los papeles que Wikileaks entregó a La Jornada? ¿Fue la difusión de esos documentos un factor preponderante en la renuncia del embajador?

Cada quien deberá aportar sus propias respuestas a estas interrogantes.

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