viernes, 25 de marzo de 2011

Publicación - El Presente

Conferencia de Prensa Situación Legal, Legislativo y Político Sindical del SME 25 de marzo de 2011 1

Vía SME1914



Riesgos de Laguna Verde, como los de Fukushima, advierten expertos

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 45

Pese a que los gobiernos federal y estatal han asegurado que la planta nuclear Laguna Verde es segura, expertos en el tema y ambientalistas disienten, pues afirman que presenta una "situación muy parecida a la de Fukushima, ya que tiene reactores con diseño defectuoso, está cercana al mar y situada en zona sísmica".

Advirtieron que a todo ello se suma una variable extra: "posee una administración irresponsable y corrupta", lo que afecta su mantenimiento.

Durante el foro Implicaciones de la era nuclear y el negocio eléctrico: una lectura desde los recientes acontencimientos en Japón, Bernardo Salas Mar, quien trabajó durante 13 años en Laguna Verde y actualmente es académico del Departamento de Física de la UNAM, precisó que aunque "no hay actividades 100 por ciento seguras, incluido el uso de la energía nuclear", pudo observar de primera mano las debilidades de la referida planta, la cual ha enfrentado algunas situaciones de crisis.

Historial de riesgo

Precisó que una de ellas ocurrió el 8 de marzo de 2006, "cuando el reactor II estuvo a la deriva por falta de mantenimiento", y recordó otra ocasión en la que hubo estado de alerta, pero "nunca sonaron las alarmas" para informar al personal que desalojara. Incluso contó que durante ese incidente un compañero se encontraba en un lugar de mayor peligro y sólo supo de la emergencia al salir de ahí. "Pese a lo que indica el protoloco, se resolvió el problema y la mayoría no se enteró, porque nunca sonaron las alarmas".

También narró que durante el paso del huracán Roxana los vientos volaron el techo de una bodega donde se guardaba material de desecho radiactivo; señaló que en caso de emergencia, desalojar a los trabajadores de la planta no es una tarea ni fácil ni rápida.

Salas, quien dijo ser partidario del uso de la energía nuclear, pero observando todos los lineamientos de seguridad establecidos a escala internacional, precisó que el hecho de que Laguna Verde no se encuentre en ese rango es problemático para la población de gran parte del país, sobre todo para la que vive en sus cercanías, porque "si algo ocurriera en periodo de lluvias, por ejemplo, los habitantes del poblado La Luz se verían en serias dificultades para ser desalojados, por la crecida del río de la zona y el hecho de que están cercados por una montaña".

Resaltó que un simulacro realizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indica que de presentarse un accidente muy grave en Laguna Verde, las afectaciones serían para "80 por ciento" del territorio nacional y Texas; sólo Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Baja Califiornia saldrían librados.

Marco Antonio Martínez Negrete, también académico del Departamento de Física de la UNAM, aseguró que "la energía nuclear es la peor de todas las opciones" si lo que se busca es remplazar el uso de combustibles fósiles, sobre todo en México, que tiene otras posibilidades, como la energía solar o la eólica, y criticó que en los años recientes se haya intentado "relanzar en el mundo la venta de plantas nucleares con el pretexto de combatir el cambio climático".

Indicó que si se toma en cuenta desde la extracción de los minerales (uranio), la construcción de las plantas y la disposoción de los desechos, las centrales nucleares "contaminan prácticamente lo mismo que una termoeléctrica de gas de ciclo combinado, pero los riesgos son enormes".

En lo que respecta al modelo de reactor de Laguna Verde (cuenta con dos), Triga Mark II, que son de agua en ebullición de 653 megavatios, indicó que "ese diseño de General Electric es defectuoso", y que pese a que hubo quejas a escala internacional, esa empresa "siguió vendiendo; y eso es lo que hay en Laguna Verde". Precisó que las albercas de desecho "están pegadas al reactor", lo que hace más factible algún accidente.

Gustavo Ampugnani, director de Campañas de Greenpeace México, aseveró que es "falso el argumento de que la energía nuclear es limpia", pues todas las actividades que realiza la planta generan emanaciones de CO2.


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Frente a Elías Ayub, Calderón ordena a su relevo en CFE erradicar la corrupción

Víctor Cardoso

Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 27

El presidente Felipe Calderón Hinojosa exigió a la nueva administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) erradicar cualquier tipo de privilegios, opacidad o corrupción en el desempeño de sus funciones. "El desempeño de la CFE, como el de todo el sector público energético paraestatal, debe estar orientado al servicio público, por la eficiencia y la honestidad", subrayó el mandatario luego de dar posesión formal a Antonio Vivanco Casamadrid como nuevo director general de la empresa eléctrica.

Calderón Hinojosa se refirió a los privilegios, la opacidad y a la corrupción como las principales tareas que encargó combatir al nuevo titular de la CFE, a la que calificó nuevamente de "una empresa de clase mundial, eficiente y eficaz", así como avanzar en la modernización en la zona centro del país “para que las familias y el sector productivo de la región tengan acceso a un servicio eléctrico mucho más confiable, eficiente y de acuerdo con los estándares de calidad que han caracterizado a esta gran empresa en el resto del país”.

También instruyó a Vivanco Casamadrid a retomar y ampliar "el legado que deja Alfredo Elías Ayub al frente de la CFE" y le pidió coordinar las tareas para que además de prestar el servicio público de energía eléctrica se fomente la investigación científica y tecnológica nacional en materia de electricidad; promover el desarrollo de equipos y materias utilizados en el servicio público de energía eléctrica; impulsar de manera decidida el uso de energías renovables en el país y, sobre todo, a seguir con el impulso de las obras de infraestructura que México requiere para promover su desarrollo.

Por su parte, Antonio Vivanco Casamadrid, licenciado en economía y con maestrías en administración de empresas y políticas públicas, que se ha desempeñado en el actual gobierno como director de estudios económicos y de vivienda en la Secretaría de Hacienda, secretario técnico del gabinete social y el de infraestructura y turismo, así como coordinador de asesores de la Presidencia de la República, manifestó su compromiso por priorizar en la CFE una labor permanente con la transparencia y rendición de cuentas.

Su plan de trabajo, dijo, estará basado en tres ejes: concluir en tiempo y forma las obras de infraestructura que le corresponden a la CFE en el marco del Programa Nacional de Infraestructura; continuar con la homologación del servicio en el área central del país, de modo que la "reforma estructural emprendida en el sector eléctrico en 2009" (la decisión de desaparecer a Luz y Fuerza del Centro) siga traduciéndose en más beneficios para los usuarios, hasta que se alcancen los estándares del resto del país, y redoblar el paso en materia de energías renovables.

Consideró éste un "tema fundamental para el desarrollo y la viabilidad del país", así como una vía "privilegiada" para alcanzar "un México más limpio, un México que nos dure para siempre".

Como parte de su despedida de un cargo que ocupó durante 12 años, Alfredo Elías Ayub afirmó que durante la actual administración se alcanza la máxima cobertura del servicio eléctrico de 98 por ciento de la población, cifra comparable con las de los países más desarrollados. Elogió al presidente Calderón por sus "decisiones valientes" que resolvieron "problemas estructurales añejos y que tendrían consecuencias de largo plazo de no resolverse, como fue el caso de Luz y Fuerza".

CFE, dijo, "ha demostrado que es una empresa lista para trabajar en la normalidad y en la emergencia entregando buenos resultados". No obstante recomendó a la nueva administración estar atenta a los cambios continuos y profundos que se registran en el sector energético en materia tecnológica, porque "siempre hay muchas cosas por hacer y enormes retos por enfrentar".

Señaló que en los pasados cuatro años se consolidó el programa de modernización de la empresa; se construyeron las grandes obras de infraestructura, tanto eléctrica como de telecomunicaciones; se fortaleció el abastecimiento de gas para asegurar la generación eléctrica; se arrancó el programa de generación eléctrica con energías renovables, como la eólica, que impulsó Felipe Calderón desde su paso por la Secretaría de Energía y se realizaron las reformas para darle solución de fondo al problema de pensiones en la empresa eléctrica.

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Jubilados de Morelos inician huelga de hambre; exigen prima de antigüedad

Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 37

Cuernavaca, Mor., 24 de marzo. Once integrantes del Frente de Trabajadores Jubilados del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) iniciaron una huelga de hambre a la entrada del palacio de gobierno para exigir a la administración que encabeza el gobernador Marco Antonio Adame Castillo que les pague la prima de antigüedad prevista en el artículo 46 de la Ley de Servicio Civil estatal, y en el numeral 162 de la Ley Federal del Trabajo.

El ayuno será rotativo, es decir, las 11 maestras que iniciaron la protesta este jueves se marcharon a las 17 horas; el viernes una decena de jubilados dejarán de comer ocho horas, y así lo harán hasta que se atienda su demanda.

Ricardo Martínez Maldonado, integrante del Frente de Trabajadores Jubilados del IEBEM, consideró que Adame Castillo; el secretario de Educación, José Luis Rodríguez Martínez; el director del IEBEM, Rodolfo Sedano Reynoso; la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Karla Aline Herrera Alonso, y el secretario general de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Luis Manuel Olvera, "pretendieron sorprendernos a los maestros jubilados del IEBEM induciéndonos de manera engañosa y sucia a firmar el desistimiento de nuestra legal y justa demanda laboral".

Recordó que a pesar de que el congreso local destinó hace dos semanas 24 millones de pesos para el pago de este derecho, sumado a los 76 millones de pesos que se habían acumulado hasta enero, el Ejecutivo se niega a pagar la prestación con el pretexto de que sólo puede dar "un estímulo de retiro por acuerdo sindical", con la condición de que se desistan de las demandas laborales iniciadas para reclamar la prima de antigüedad.

"Nos quieren imponer el desistimiento como única solución; nos quieren obligar mediante chantaje, engaño y acatamiento a firmar el documento sin conocer el contenido, con huella digital. Forman vallas para entrar uno por uno a los lugares de cobro, con listas de demandantes, llamadas por teléfono personales y en diferentes horarios, visitas a domicilio, amenazas, condicionamientos y hasta promesas de otorgamiento de plazas", dijo la jubilada María Elena de Meza Sánchez.

Con los ayunos, que se realizarán de lunes a viernes, los afectados esperan que se instale una mesa de diálogo para resolver el conflicto y que la JLCA les entregue los laudos, deje de presionarlos para desistirse de sus demandas y que el SNTE entregue los expedientes de los profesores que demandaron ante la junta, con sus respectivos laudos.

Entre 2007 y 2010, más de 3 mil maestros jubilados interpusieron una demanda ante la JLCA en demanda de su prestación, pero el gobierno del estado se niega a cumplir la petición y ofreció recursos adicionales; además se niega a reconocer la prestación, pues de hacerlo tendría que pagar en automático a todos los maestros que se jubilen en Morelos.

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La pérdida de los slots en Cuba y EU complica la situación de Mexicana

Miriam Posada García

Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 27

Mexicana de Aviación perdió sus slots en Cuba y Estados Unidos, lo que le resta valor y complica la negociación con los interesados en invertir en ésta, señaló el director de Interjet, Miguel Alemán Magnani. Señaló que la aerolínea nunca debió dejar de volar y que las negociaciones debieron darse entre los dueños y los interesados, sin intervención del gobierno.

Según versiones periodísticas Alemán Magnani afirmó que "es una lástima" que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el ex subsecretario de Transporte, Humberto Treviño, se hayan convertido en voceros de Mexicana y que nunca se haya visto a Gastón Azcárraga o a algún miembro del Nuevo Grupo Aeronáutico dar una explicación sobre la crisis de la empresa.

En un breve comunicado Mexicana de Aviación señaló que “mantiene vigentes y sin cambios las autorizaciones correspondientes y la asignación de los slots necesarios para efectuar operaciones de manera regular en Los Ángeles, California y La Habana, Cuba”.

Por separado, el asesor de TG Group, Jorge Luis Moya, informó que como interesado en Mexicana de Aviación ya entregó toda la documentación necesaria, incluso la garantía de seriedad por un millón de dólares, y que tiene disponible slos 250 millones de dólares necesarios para la liquidación de personal y reinicio de operaciones, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha tomado decisiones.

Luego de impartir la conferencia El futuro de la aviación en México y la contribución de Interjet en su desarrollo, en la Escuela Panamericana de Hotelería, Alemán Magnani dijo que ve "muy difícil el regreso de Mexicana de Aviación al mercado mexicano, y que si lo hace será muy disminuida y a un negocio muy competido, que además adolece de no contar con una política aeronáutica".

Aseguró que "no hay interés por Mexicana. Al principio del problema Interjet fue de los grupos invitados a analizar la compra y, dadas las circunstancias y los números, concluimos que es mejor iniciar una nueva aerolínea que tomar ésta y parcharla".

Señaló que el conflicto de Mexicana no se reduce a las deudas sino a una serie de factores que disminuyen su valor y potencial de recuperación. Explicó que el 28 de febrero pasado era el último día que Mexicana tenía para resolver los slots en Los Ángeles y Cuba "no lo hicieron, ya los perdieron. Interjet está entre los primeros de la lista con posibilidades de adquirirlos, pero estamos haciendo un análisis para ver si los tomamos o los dejamos para el siguiente en la lista porque estamos más interesados en entrar al Caribe, América Central y América del Sur".

El empresario dijo que esa información no está abierta al público, que se trata de notificaciones que se envían a las aerolíneas como parte de los elementos necesarios para conocer la situación del mercado y tomar decisiones de negocios.

Por parte de TG Group el asesor Jorge Luis Moya dijo que las condiciones en que se encuentran los slot es información que debe ser revelada a los inversionistas interesados en rescatar Mexicana para la toma de decisiones.


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"Hay brutal intolerancia de supuestos defensores del movimiento obrero"

De la redacción

Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 16

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, defendió ayer la iniciativa de reforma laboral del PRI, y dijo que "hay intolerancia brutal de parte de supuestos defensores del movimiento obrero" opositores a ese proyecto. Sostuvo: "mienten cobardemente quienes señalan que estamos esclavizando el trabajo, que estamos yendo contra los derechos de los trabajadores".

Según el funcionario, es una "minoría" la que se opone a la reforma, "que fue presentada por los representantes del sector obrero organizado del país a través de la central de mayor peso".

Dijo que los detractores a la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) se "autodenominan" representantes del movimiento obrero y de los derechos laborales y humanos.

La iniciativa del PRI "no implica modificar el 123 constitucional", ni tocar derechos fundamentales; este proyecto plantea "impulsar, modernizar y flexibilizar la movilidad laboral; es decir, facilitar el acceso al mercado formal de trabajo, facilitar el acceso al primer empleo a los jóvenes, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres", sostuvo.

Hizo un llamado –durante una gira por Aguascalientes– a despartidizar la discusión en torno a la iniciativa "para enfocarnos en el cómo tener un mercado laboral más eficiente".

En una reunión con la Alianza Sindical Mexicana, agradeció el apoyo a la reforma, y pidió a los sindicatos "no conformarse con la actual legislación laboral".

Señaló que los “minúsculos grupos que han demostrado su descontento con las propuestas de reforma laboral no saben respetar las reglas de la democracia y son capaces de tomar la tribuna con tal de que no haya votación”.


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Las iniciativas de reforma laboral no favorecen a mujeres, asegura experto

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 15

Las propuestas de reforma laboral que se discuten no contienen nada en pro de una mayor inclusión de la mujer en el mercado de trabajo, señaló José Carbonell durante la presentación del libro La construcción de la igualdad de género: estado de bienestar y políticas publicas, del cual es coautor.

En la publicación, los autores José y Miguel Carbonell subrayan la necesidad de facilitar que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, para lo cual proponen crear una red de guarderías, ampliar los horarios escolares a tiempo completo, incrementar las licencias de maternidad y flexibilizar horarios, de tal suerte que exista la jornada parcial.

Destacan que la inclusión de las mujeres en el mercado laboral las dota de autonomía, la cual equivale "automáticamente" a menos violencia doméstica.

El texto incluye tablas y estadísticas con la finalidad de comparar la realidad mexicana con la de países de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Entre las cifras destaca que en México sólo trabajan 43 por ciento de las mujeres en edad de hacerlo, mientras en los países nórdicos el porcentaje llega a 75.

Asimismo, mientras en México sólo 10 por ciento de la población femenina tiene trabajo de medio tiempo, hasta 60 por ciento de mujeres de países nórdicos cuentan con esa opción.

Los autores señalan que el modelo de familia nuclear tradicional está rebasado, por lo cual la protección social se enfrenta a nuevos retos, como satisfacer las necesidades de familias donde la carga recae en un solo padre.

Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, lamentó que el reconocimiento de los derechos de ciertos sectores de la población, como las mujeres, no se haya traducido de inmediato en la posibilidad de ejercerlos. El libro es una coedición de la UNAM y el Conapred.


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Cascada de críticas al proyecto saturan Twitter

Arturo García Hernández

Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 7

Como ya ha ocurrido antes, Twitter fue de nuevo el canal por medio del cual amplios sectores de la sociedad expresaron sin cortapisas sus puntos de vista sobre un asunto de interés público, en este caso la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, promovido por Televisa y Tv Azteca, y secundado por otros medios de comunicación.

Fue de tal magnitud la respuesta de los usuarios en esa red social, que el tema alcanzó la categoría de trending topic o "tema relevante". Es decir, uno de los diez asuntos más comentados del día a nivel nacional.

El acuerdo fue firmado ayer, durante el anuncio de la segunda edición de Iniciativa México, en un acto realizado en la explanada del Museo Nacional de Antropología y transmitido íntegramente por televisión abierta.

Apenas concluida la emisión, empezaron a circular comentarios al respecto, en tal número y con tal frecuencia (hasta sumar miles) que resultaba difícil leerlos a pesar de su brevedad (el usuario dispone de un máximo de 140 caracteres para hacer un comentario).

La mayoría de las opiniones, en una proporción apabullante, se mostraron adversas al proyecto, en todos los tonos: iban del insulto y del pitorreo al comentario sintético y puntual. Algunos ejemplos: "#IniciativaMexico Uniformar en vez de informar".

"#IniciativaMexico Mejor que censura, autocensura", “A mí ya no me van a leer ‘quejándome’ de #iniciativamexico... pues tengo la capacidad de apagar la tele y la radio...”

#INICIATIVAMEXICO, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla... A Otro perro con ese hueso, Puras copias de Reallitys Shows somos en México”, "Me acabo de enterar que nace un nuevo cartel de la desinformacion #iniciativamexico"

"#iniciativamexico para que no escuches sobre matanzas antes de las elecciones #todoestabien"


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Medios: la uniformidad como norma

Editorial
Periódico La Jornada

A

yer, en el Museo Nacional de Antropología, los principales consorcios mediáticos del país, acompañados por opinadores, cúpulas empresariales y algunos organismos no gubernamentales, se pusieron de acuerdo para uniformar su línea editorial en el tratamiento noticioso de la violencia y la criminalidad que sacuden al país.

En un documento que empieza por reconocer que está a prueba la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia y que la libertad de expresión se encuentra bajo amenaza, los firmantes expresaron su preocupación por la posibilidad de que "los hechos pueden tener como fin primordial convertirnos en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado", dieron por hecho que el "terrorismo" es un fenómeno corriente en el país y acordaron, entre otras cosas, "evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes", "abstenernos de usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la comprensión de los procesos judiciales contra la delincuencia organizada", "impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos" y a "omitir o desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos". Convinieron, asimismo, en presentar la informacion "en su contexto correcto y en su justa medida", "atribuir responsabilidades explícitamente", "no prejuzgar culpables" y "no interferir en el combate a la delincuencia"; específicamente, “no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada o que comprometan la vida de quienes la combaten o la de sus familias”.

Ciertamente, la tarea de informar requiere de responsabilidad, sentido social y conciencia de las posibles implicaciones y consecuencias de lo que se difunde. En este sentido, pero más allá de esa consideración elemental e irrenunciable del oficio, cabe preguntarse por las razones que llevan a semejante ensayo por uniformar los criterios editoriales de la mayor parte de los medios del país y a buscar una suerte de verdad única en torno a una circunstancia nacional llena de ambigüedades, zonas grises, hechos que resultan incomprensibles con base en las versiones oficiales y una legalidad vulnerada por las organizaciones delictivas, pero también por las dependencias públicas.

En esta perspectiva, no puede omitirse el hecho de que algunas de las empresas que encabezan el acuerdo referido han pasado en forma contumaz por encima de las leyes –como ocurrió con la "recuperación" del Canal 40 por un grupo armado al servicio de Tv Azteca o con la difusión de propaganda electoral oficialista, e ilegal, en las campañas de 2006– y han desvirtuado la lógica institucional mediante presiones, chantajes e incursiones ilegítimas en el quehacer legislativo.

Por lo demás, el mero propósito de "condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada" conlleva la pretensión de prejuzgar, en detrimento de la información apegada a los hechos y del principio jurídico de presunción de inocencia; tomado como mandamiento, "evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes" constituye un absurdo idiomático; el postulado de "impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas" abre el margen para el linchamiento mediático de inocentes; la idea de "presentar siempre esta información en su contexto correcto y en su justa medida" encierra una ominosa pretensión de arrogarse el derecho a decidir sobre lo que es justo y correcto; la propuesta de "asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia" ignora que muchas veces el trabajo noticioso no tiene, por sí mismo, capacidad –ni facultad– para atribuir responsabilidades; sin ánimo de "justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo", tal intento de prohibición abre la posibilidad de censurar el ejercicio de análisis y reflexión que debe acompañar a las noticias; la idea grotesca de "establecer criterios para determinar en qué posición se debe ubicar la información vinculada a la delincuencia organizada" constituye una renuncia inadmisible a la independencia editorial de cada medio, si no es que un intento totalitario por uncir al conjunto del quehacer periodístico a directrices cuya autoría se deja en el misterio.

Se soslaya, pues, el deber de la autorregulación y se pretende la imposición, en su lugar, de un modelo de uniformidad sectorial que, significativamente, evoca las ideas expresadas hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, sobre lo que en su criterio debería ser la forma adecuada de hacer un periódico.

Si algo requiere la sociedad en la exasperante y dolorosa circunstancia actual es de información responsable y autorregulada, sí, pero también diversa, crítica y analítica. Flaco favor le harán unos medios alineados por decisión propia en torno a una verdad única y uncidos de manera voluntaria a los triunfalismos, omisiones y extravíos del discurso oficial.

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La "renuncia"

Luis Javier Garrido

La "renuncia" del embajador estadunidense Carlos Pascual ha evidenciado aún más al débil gobierno panista, a diferencia de lo que éste ha sostenido, pues en los meses próximos tendrá que ser más obsecuente con Washington ante este gesto inusual que hace ver, por otra parte, el interés fundamental que Barack Obama tiene en los recursos estratégicos de México.

1. La renuncia de Pascual como embajador de Estados Unidos en México a 18 meses de haber asumido el cargo, por su "deseo personal", según escribió, de evitar que se "desvíe la atención" por "los temas planteados" por Felipe Calderón y con el ánimo de asegurar "una fuerte relación entre los dos países", no tiene precedentes en la historia bilateral, pues nunca antes un descontento de la "clase política" mexicana había tenido tales consecuencias, pero paradójicamente lejos de ser un "triunfo" del gobierno panista como pretenden presentarla desde Los Pinos, constituye un serio revés para Calderón y sus amigos pues esta dimisión deja a Calderón en una posición de mayor debilidad ante Washington, al que le debe ya todos los favores, mientras que las políticas imperiales de Obama tienen una vía libre mayor.

2. La declaración emitida el sábado 19 por Hillary Clinton (secretaria de Estado) sobre el retiro de su embajador no deja lugar a dudas de que Washington lo respalda plenamente y de que las políticas no van a cambiar sino a endurecerse. Pascual, como lo señaló un comunicado de la embajada estadunidense el miércoles 23, seguiría en su cargo hasta que deje el país, lo que no será pronto, y continuará estando apoyado por el ministro consejero John Feeley, quien se supone suscribió muchos de los despachos filtrados por Wikileaks (La Jornada del 23 de marzo), aunque otros son de la época del embajador Tony Garza.

3. Los "argumentos" del gobierno de Calderón para pedirle a Obama el retiro del embajador Pascual no pudieron haber sido más que dos, y ambos poco serios en términos diplomáticos. El primero, que por sus relaciones personales (su noviazgo con la hija del priísta Francisco Rojas) y por los informes oficiales de la embajada filtrados por Wikileaks (en los que al advertir a Washington de la ineptitud del gobierno panista y de la mediocridad de los aspirantes blanquiazules para 2012), estaría favoreciendo al PRI sobre el PAN, en los momentos en que ambos partidos buscan la bendición de la Casa Blanca: un argumento carente de sustento pues los cables diplomáticos deben reflejar una percepción de la realidad por mucho que ésta moleste al gobierno en turno.

4. La segunda obvia imputación del panista al embajador estadunidense, que expresara de manera velada durante su visita a Washington, adolece de la misma falla: no puede un gobierno entrometerse en el contenido de los documentos internos de trabajo de otro. La acusación de Calderón es muy simple, pues reclama que al hacerse públicos los informes internos de la embajada sobre la incapacidad del Ejército Mexicano para enfrentar al narco y subrayarse tanto su falta de preparación como la corrupción de la oficialidad y sus continuas violaciones a los derechos humanos, se le habría puesto en una situación crítica frente a las fuerzas armadas. La razón de fondo es empero que Calderón sabe que los documentos exhiben que él fue quien pactó con Washington utilizar al Ejército en esta "guerra", subordinándolo a agentes de una potencia extranjera, a sabiendas de que se buscaba expresamente desprestigiarlo para ir abriendo la vía a la intervención directa de las fuerzas armadas estadunidenses.

5. La remoción de Pascual busca ayudar a Calderón a hacer creer a los mexicanos que es ajeno a la caracterización que hace la embajada en sus comunicados sobre el Ejército Mexicano, pero no debe olvidarse que el “efecto Wikileaks” y las demás revelaciones afectan también a Obama. Acaso por ello el presidente estadunidense afirmó el miércoles 23 que él "nunca autorizó el tráfico de armas a México" ni conocía del operativo Rápido y furioso como tampoco, dijo, lo conocía el procurador general, Eric Holder, siendo que éste afirmó en repetidas ocasiones que sí sabía del mismo como el gobierno mexicano. Y que, como conocen los expertos en seguridad nacional, una decisión de esta magnitud pasa necesariamente por la Casa Blanca.

6. La mayor parte de los integrantes de la clase política como los analistas de los medios han aprovechado empero la "renuncia" de Pascual para denostarlo tramposamente como injerencista, olvidando algo muy obvio: que Estados Unidos es un imperio, y que por lo mismo todos sus diplomáticos tienen que informar con la mayor veracidad y en función de los intereses estadunidenses sobre esos temas. Los intereses de México tendría que defenderlos el gobierno de Calderón (cosa que no hace) pues es un gobierno que tolera, acepta, pacta e incluso solicita dicho intervencionismo, y es a éste al que hay que denunciar y parar.

7. La situación es en extremo delicada para el Senado, pues parece oscilar entre cualquiera de los dos roles que le ha asignado el gobierno del PAN, conociendo las ambiciones políticas de los legisladores priístas: a) el de cómplice o b) el de comparsa, que ha tenido a lo largo de estos cuatro años. La única salida que tienen los senadores, que hasta ahora han abdicado de su función constitucional de defender los principios de la política internacional de México, es la de acusar a Felipe Calderón del delito de traición a la patria y destituirlo a fin de evitar que siga ahondando el desastre económico y social, como lo expresaban el día 17 en La Jornada diversos juristas.

8. En Libia, para agenciarse su petróleo, Obama ha tenido que urdir y orquestar en 2011 una vergonzosa guerra de invasión –aprobada entre otros de manera ignominiosa por el gobierno de facto de Felipe Calderón–, pero en México, para los mismos fines, le ha bastado mantener la “guerra contra el narco”, que tiene para ellos un costo mucho menor, y mantener disciplinado al gobierno del PAN y El Yunque.

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México SA - Saldo privatizador

Carlos Fernández-Vega
Ejemplos sobran (banca, líneas aéreas, ingenios azucareros, carreteras, etcétera, etcétera) para documentar el daño provocado a la nación por la política privatizadora puesta en marcha desde hace casi tres décadas. Más allá de fortalecer la concentración del ingreso y la riqueza, así como monopolios y oligopolios, sólo hay que recordar que entre sus resultados se cuentan los 120 mil millones de dólares que a los mexicanos costó, cuesta y costará el "rescate" de las instituciones financieras "desincorporadas" en el salinato, "salvadas" en el zedillato y trasnacionalizadas durante los sexenios del propio Zedillo y de Fox, o 15 millones de billetes verdes del "rescate" carretero, entre otros.

A pesar de los ingratos resultados en este sentido, el grupo en el poder insiste en los "beneficios" de privatizar la industria petrolera (y terminar de hacer lo propio con la eléctrica) por "falta de recursos" públicos, es decir, por lo mismo que a lo largo de 30 años han pretextado para desmantelar prácticamente todo el aparato productivo del Estado. Entonces, como no les alcanza la experiencia mexicana, van dos ejemplos concretos sobre privatizaciones energéticas en países latinoamericanos, cuyos gobiernos, en su momento (Carlos Menem y Gonzalo Sánchez de Losada), prometieron el oro y el moro a sus connacionales como producto de la entrega de este sector estratégico al capital trasnacional.

Como ha documentado la Cepal, "lejos de haber fomentado una estructura más abierta, transparente, equitativa y competitiva, la privatización petrolera argentina fortaleció el poder de concentración de grupos extranjeros y la inestabilidad financiera de un modelo estructural insospechado antes de las reformas. Desde el punto de vista del impacto sobre la distribución del ingreso petrolero, las reformas favorecieron más en términos absolutos y relativos al sector privado que al Estado. Los productores de petróleo se vieron especialmente favorecidos por la posibilidad de aumentar significativamente la explotación de crudo a costos muy bajos, sobre la base de reservas descubiertas previamente, con costos marginales inferiores a los medios por tratarse de áreas centrales de gran productividad, recibiendo a cambio precios internacionales tanto para el crudo vendido en el mercado interno como el exportado".

Como era de esperarse, “en ningún caso las inversiones privadas fueron significativas con relación a la magnitud de la rentabilidad y los ingresos obtenidos. Por su parte, el Estado argentino percibió ingresos que, en términos de su aplicación a gastos fuertemente influenciados por el alto costo nacional –derivado de la misma apreciación monetaria– fueron insuficientes para contribuir a un mayor equilibrio presupuestario. Así, la privatización petrolera lejos de resolver el problema fiscal y financiero nacional, contribuyó a la acumulación estructural de desequilibrios… Se concluye que el único objetivo que se cumplió plenamente con el programa de reformas es el de la maximización del valor presente neto de las inversiones realizadas previamente (con recursos del erario) y cuyos beneficiarios han sido actores predominantemente financieros y las empresas petroleras privadas que ya operaban. En cambio, el objetivo de lograr una mayor competencia y disputabilidad de los mercados con características oligopólicas no se ha logrado” (las trasnacionales son propietarias de 90 por ciento del crudo producido en Argentina, Repsol la mayor de ellas, con cerca de la mitad. Son las mismas que se quedaron con el 85 por ciento del gas natural).

En Bolivia (antes de Evo, desde luego) las trasnacionales energéticas que operaban en aquel país sudamericano reportaban uno de los más altos índices de ganancia en la industria petrolera mundial. Informes oficiales del gobierno (aún con Carlos Meza en la silla) detallaban que esos consorcios tomaron el control de los ricos yacimientos petrolíferos y gaseros con los costos de producción más bajos del mundo, al haber recibido, sin mayores inversiones, los gigantescos pozos y campos desarrollados por el Estado, y pagando impuestos simbólicos. Repsol y Amoco, que en la época de "capitalización" (privatización) de las empresas del Estado tomaron el control de YPFB, registraban los costos unitarios de producción y exploración de hidrocarburos más bajos entre 200 empresas analizadas internacionalmente. En 2004 el costo promedio para la producción de un barril equivalente de petróleo era de 5.6 dólares a nivel mundial (4 dólares para Pemex), pero en Bolivia se reducía, en el caso de Repsol, a sólo un dólar y en el de Amoco a 97 centavos.

Otras trasnacionales que sin restricción operaban en Bolivia, como Total, Maxus, Petrobras, British Gas, Panamerican Gas y Shell, también tenían costos muy bajos, producto de las excesivas y onerosas concesiones que el Estado boliviano otorgó en la década de los años 90, cuando se privatizó la industria petrolera de aquel país y se desmanteló la empresa estatal. Los costos de producción incluyen gastos operativos, mantenimiento de pozos, infraestructura y equipamiento, gastos administrativos directos e impuestos de producción. Todas las inversiones y trabajos de prospección, exploración y desarrollo de campos realizadas por el Estado boliviano beneficiaron directamente a las petroleras extranjeras, que sin invertir mayor cosa encontraron gas y petróleo a raudales.

Con una tributación prácticamente simbólica, costos tan bajos y aprovechando al máximo el trabajo anterior desarrollado por el Estado, invertir en Bolivia se convirtió en sinónimo de altas ganancias y escasos riesgos para las trasnacionales del ramo. La tasa de éxito para encontrar gas y petróleo en aquel país se cuenta entre las más altas del mundo: 50 por ciento.

Mientras las trasnacionales beneficiadas con la privatización se hinchaban de utilidades, los consumidores bolivianos –domésticos e industriales– pagaban sus hidrocarburos a precio de importación. A cambio, empresas como Repsol "pagaba" impuestos de mentiritas: 4.3 millones de dólares como promedio anual, no obstante sus exorbitantes ganancias.

¿Cuál sería la ruta privatizadora del petróleo mexicano? ¿Quiénes los beneficiarios? Sólo hay que reflejarse en el espejo argentino y boliviano para saber de qué se trata.

Las rebanadas del pastel

Al cierre de febrero, la tasa oficial de desocupación abierta fue de 5.28 por ciento de la población económicamente activa, mayor a la de enero, de tal suerte que 2.5 millones de mexicanos se mantienen en la desocupación abierta y, como diría el carismático pianista que despacha en la Secretaría del Trabajo, cada uno de ellos tiene "nombre y apellido", y no comen discursos.

cfvmexico_sa@hotmail.com • http://twitter.com/cafevega

Astillero - Periodismo patriótico

Julio Hernández López

Las propuestas de uniformidad periodística que bajo la batuta de Televisa se dieron a conocer ayer, como parte del proyecto mayor denominado Iniciativa México, embonan en tiempo y forma con la necesidad del gobierno calderonista de diluir la percepción social de violencia descontrolada y abusos de poder conforme se acerca el retén enigmático de las elecciones de 2012.

La instauración fastuosa de lo orwelliano sucedió durante una asamblea de notables empresarios del periodismo que creen llegado el momento de cerrar planas, bocinas y pantallas a una parte de lo que con estridencia y desbordamiento sucede en todo el país a causa de una "guerra" decidida a sus puras pistolas por un impugnado personaje, llegado de mala forma a la cúspide del poder nacional, que se ha equivocado de manera grave en el manejo de sus responsabilidades.

La deslumbrante conformación del Ministerio de la Verdad pretende reducir a términos policiacos suavizados, de aséptico manejo de nota roja, lo que en realidad es un proceso de descomposición del aparato estatal, de sus instituciones, de su clase gobernante y de los aliados y beneficiarios de ese régimen, entre ellos algunos de los firmantes de las pomposas declaraciones correspondientes al Nuevo Periodismo Amordazado (haces públicos los boletines oficiales y te vas), al que prefiere escandalizarse por los aspectos judiciales y gráficos del baño nacional de sangre y no juzgar ni analizar el conjunto, mucho menos la muy importante porción de responsabilidad que corresponde a quienes desataron los horrores actuales y ahora desean meterlos al clóset informativo mientras pasan las elecciones presidenciales.

La versión local del "periodismo patriótico", que durante el bushismo abdicó de sus funciones para cerrar los ojos y matizar información que pudiera afectar al magno propósito de la invasión a Irak, es una respuesta inequívoca a las constantes incitaciones del comandante Calderón para que los espacios periodísticos se acojan a los protocolos deseados por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, es decir, a un reduccionismo bélico que coloca a la población en campos tajantes de buenos y malos conforme a la visión de la autoridad ejecutora, a una derogación práctica del ejercicio informativo en razón de los intereses "superiores" de un gobierno así favorecido y de una "guerra" cada vez más repudiada y fracasada (pero que, justamente en esa etapa crítica, ha implantado una política de exterminio en caliente de quienes son o parecen narcotraficantes a juicio sumario de jefes militares como el retadoramente sincero general Villa, que en todo caso ha dicho con imprudencia lo que es una directriz silenciosa).

La adaptación de 1984 tiene, por lo demás, como destino 2012. George Orwell convertido en promotor del voto panista pues, como se ha publicado en estos días en diversas columnas periodísticas, uno de los objetivos del rediseño político de Los Pinos rumbo a los comicios venideros es el de reducir la apreciación colectiva del caos sangriento, disminuir la visibilidad del tiradero criminal, fomentar la creencia de que las cosas marchan mejor, o cuando menos no peor, a partir del ocultamiento o el adelgazamiento informativo de hechos duros y crudos.

La polarización llevada ahora al terreno periodístico agrega riesgo a los medios que no se alinearon con la mencionada Iniciativa México, colocándolos en una zona de presunta exclusión a partir de su "rebeldía" y exponiéndolos a acciones y reacciones de origen que puede ser oscuro, pero también sabidamente manipulable. En el fondo, el cierre de filas del periodismo movido más por la búsqueda de ganancias que por el genuino interés social busca presentar un frente unido de intereses que sirva al gobierno en turno y condicione las relaciones y beneficios con el siguiente (entre otros móviles de ese cierre de filas, el fantasma del ausente Carlos Slim y su confrontación con los principales convocantes de ayer, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, no sólo por la búsqueda de un canal de televisión para Carso).

Lo sucedido ayer es un movimiento en busca de consolidar el poder fáctico de las televisoras y sus aliados, confirmando su capacidad extraordinaria para modelar las percepciones nacionales y abriendo el camino, prefigurando las posibilidades de manipulación que ya en 2006 ayudaron de manera importante a instalar una opción ilegítima y en 2012 podrán anular desde pantallas, radio y prensa aliadas, los esfuerzos sociales por cambiar no sólo la representación o imagen de los hechos, sino su fondo y sustancia. El poder de Televisa, el centro operativo e intelectual de esta operación mediática, ha arrastrado, para convalidarse, a instituciones y personajes que merecieran otorgarse más consideración sobre ellos mismos, entre otros el rector de la UNAM, José Narro, quien en busca de reflectores y micrófonos parece siempre dispuesto a lo que sea. El chantaje de la presencia o ausencia en las pantallas ha arrollado cualquier reticencia, convirtiendo a los actores y factores políticos en mendicantes de publicidad, en serviciales apoyadores de los teletones ideológicos, políticos o periodísticos de los dueños de las televisoras con tal de aparecer luego en esos espacios tan ansiados.

Se está ya ante una exploración triunfante de las posibilidades de una mayor manipulación informativa y analítica de eventuales conflictos políticos y sociales: hoy se establece una veda a ciertos segmentos de la realidad, "para no hacerle el juego al narcotráfico", y mañana esos mismos criterios subjetivos, investidos de patriotismo mercantilizado, podrán censurar sin pudor lo que según su interpretación haga daño a la nación de las elites, a la república del empresariado, al México de la iniciativa privada.

Y, mientras se van descartando los precandidatos a la nominación priísta del estado de México, para que quede el digitalmente designado por Peña Nieto, ¡feliz fin de semana, con encuesta dominical de sabidos resultados en esa misma entidad!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx


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Crece inconformidad ante los altos cobros del servicio de agua

Rocío González Alvarado y Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 40

Las quejas y la inconformidad por el cobro excesivo por el servicio de agua potable se extendieron a, por lo menos, once colonias de la delegación Benito Juárez, donde los habitantes detallaron que, luego de pagar alrededor de 200 a 300 pesos bimestrales en 2010, la primera boleta de este año les llegó con con una tarifa fija de mil 239 pesos, sin importar el consumo, lo que significa incrementos hasta de 500 por ciento.

Tan sólo ayer por la mañana vecinos de un conjunto habitacional ubicado en la calle de Augusto Rodin, colonia Insurgentes Mixcoac, acudieron a las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) a presentar una queja.

Ana María Saldaña, administradora del condominio, explicó que la boleta de cobro para este segundo bimestre del año llegó por mil 369 pesos, lo que ha motivado la molestia general de los habitantes del conjunto, pues en 2010 nunca hubo un aumento "tan exagerado".

Detalló que durante el segundo bimestre del año pasado pagaron 287 pesos; el tercer semestre, 276; el cuarto, 190 pesos; el quinto, 210, y el sexto, 244 pesos. "Ahorita todo el mundo está inconforme; hace rato llegaron tres señoras que desde las seis de la mañana hicieron fila en la sucursal del SACM donde se atiende por zona a las personas que tengan alguna queja por estos cobros o por cualquier otro problema."

Una situación similar expuso un grupo de habitantes de colonias como Álamos, Narvarte, General Anaya, Letrán Valle, Nápoles, Acacias, Del Valle, entre otras, que acudieron a la Asamblea Legislativa a quejarse de esta situación.

La señora Herlina, residente de Narvarte, señaló que no hay justificación para el incremento en su pago, que pasó de 215 a mil 329 pesos el bimestre, pues vive en un departamento pequeño y mantiene el mismo patrón de consumo.

"Nunca he protestado, porque en el edificio prorratean el pago y yo vivo sola, pero ahora sí, y no voy a pagar ningún quinto hasta que me regresen mi tarifa", afirmó, al señalar que su único ingreso es la pensión que le entrega el gobierno capitalino.

Yolanda Pérez secundó a su vecina al señalar que también vive sola y todo el tiempo ahorra agua. "Pongo la lavadora una vez a la semana, y el agua sucia la utilizo para el baño; no es posible que tenga mayor consumo, si fuera una familia grande voy de acuerdo, pero así no", dijo.

De la Álamos, la señora María Villar señaló que de pagar en promedio 200 pesos pasó a una cuota fija de mil 369 pesos. "Estamos al corriente, pero este recibo no lo vamos a pagar porque se trata de una arbitrariedad", expuso.

El diputado del PAN Mauricio Tabe señaló que desde el pasado fin de semana comenzaron a llegar a los domicilios las boletas correspondientes al bimestre enero-febrero, donde se detectó la aplicación de una cuota fija en once colonias, en viviendas que tienen medidor, donde regularmente se les cobraba por consumo promedio o por servicio medido.

Explicó que de acuerdo con el Código Fiscal, en su artículo 172, sólo se puede cobrar una cuota fija en los casos en los que no haya medidor instalado, se encuentre descompuesto o exista la imposibilidad de realizar lectura del consumo, para lo cual el SACM está obligado a informar, por lo que pidió instalar una mesa de trabajo para atender estas quejas.

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Pacto de medios para limitar información sobre violencia

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 5

En un gran set de televisión montado en el patio del Museo Nacional de Antropología, poco más de 50 directivos de medios de comunicación firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, que los insta a seguir un decálogo de criterios editoriales para "no interferir en el combate a la delincuencia, dimensionar adecuadamente la información y no convertirse en voceros involuntarios" de los criminales.

Los objetivos del pacto son proponer líneas comunes "para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines".

Añade: "Bajo ninguna circunstancia, los medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo", señala el punto uno del acuerdo firmado ayer en el que, a diferencia del texto original, se realzó el objetivo de que los medios no conviertan en "víctimas o héroes públicos" a presuntos delincuentes y "omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos".

Asimismo, compromete a los signatarios a "evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes" y da pautas "para la difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia y terrorismo que definan cuándo y cómo se deben publicar o difundir, en qué espacios y cuántas veces".

Texto enmendado

A última hora se retiró del documento el enunciado que en el punto 5 proponía no ser voceros del crimen, abstenerse de "entrevistar a miembros de las organizaciones del crimen organizado (sic) cuando exista sentencia condenatoria en su contra". En la versión definitiva sólo se sugiere que no se construya una "imagen favorable" de los delincuentes porque –según los redactores– sus acciones se pueden convertir en tolerables e incluso podrían ser imitados.

El anuncio se hizo en formato de programa de televisión: conductores perfectamente maquillados y elocuentes, guiones técnicamente estructurados, escenografía impecable, tecnología de punta, música de fondo, videos, pantallas gigantes y voces en off...

El programa fue transmitido en "cadena nacional voluntaria", no aquella del tiempo oficial, sino una acción sincronizada por los grandes empresarios de la radio y la televisión privada, a la que se sumaron los medios electrónicos públicos.

El proyecto Iniciativa México arrancó en junio de 2010, días antes del Mundial de Futbol, cuando el entonces entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre, sentenció: "Habrá que enterrar al México de los complejos..."

La novedad este año no fue el apoyo a más proyectos sociales, sino presentar el acuerdo como un elemento para no "ignorar la violencia que diariamente nos acompaña a los mexicanos en todos los ámbitos de nuestra vida".

A las 9:30 de la mañana una voz en off anunció: "Esta es la tercera llamada", y pidió a los asistentes ocupar sus asientos. Ahí estaban, en amena conversación, la plana mayor de Televisa, encabezada por Emilio Azcárraga Jean y Bernardo Gómez; Ricardo Salinas Pliego, de Tv Azteca, igualmente cerca de sus ejecutivos.

Antes de que el reloj marcara las 10, tuvieron oportunidad de platicar quienes, según los organizadores, representan a buena parte de la sociedad, en donde "hay más gente buena que mala": la astrónoma Julieta Fierro; el director de Cinépolis, Alejandro Ramírez; el rector de la UNAM, José Narrro; la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, y el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, todos ellos "testigos" del acuerdo.

Asimismo, el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Eugenio Garza Herrera; la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Consuelo Mendoza; Rafael Zaga Kalach, en representación del Comité Central de la Comunidad Judía; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, y Marinela Servitje, de Compromiso Social por la Calidad en la Educación, entre algunos "adherentes".

Y, por supuesto, en primera fila, un grupo de diez conductores de noticieros que dieron lectura a cada uno de los puntos que integran el decálogo del acuerdo. Esta tarea se encomendó a Javier Alatorre (Tv Azteca); José Cárdenas (Radio Fórmula); Jorge Fernández Menéndez (Excélsior); Ciro Gómez Leyva (Milenio Televisión); Adriana Pérez Cañedo (Canal 11 y Enfoque); Óscar Mario Beteta (Radio Fórmula); Leonardo Curzio (Enfoque); Pedro Ferriz de Con (Grupo Imagen); Joaquín López Dóriga (Televisa); Carlos Puig (W Radio), y Denise Maerker (Televisa).

Como conductores de la ceremonia, Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento, enfatizaron –como el año pasado– su preocupación por la violencia y, con base en testimonios grabados de personajes, presentaron las novedades de la Iniciativa México.

Enseguida se proyectó un video que contraviene los nuevos criterios para la cobertura informativa de la violencia: en close up se muestra el rostro de una víctima de secuestro, amordazada, en el momento del rescate.

–¿Cuáles dedos le cortaron, señor? –se le pregunta.

–Los chiquitos, así, con unas pinzas, nomás me pusieron café y ya –responde la víctima, un hombre con acento norteño.

–¿Con pinzas? –insiste el interrogador, posiblemente militar a juzgar por el tono de voz.

–Sí señor.

Ante las imágenes, los empresarios de la industria se olvidaron por un momento de las sonrisas.

Entre una serie de testimonios en video aparece el del escritor Héctor Aguilar Camín, haciendo una afirmación que resume las razones y el sentido del multicitado acuerdo: "En México hay más gente atemorizada que gente insegura", dice al asegurar que los medios tienen la responsabilidad de "modular con todo rigor e inteligencia la información".

Así, con las cortinillas, los videos, uno a uno de los firmantes, adherentes y testigos pasaron a estampar su rúbrica.

Ningún representante del gobierno

Al final del acto, reporteros que cubrían la nota –incluso de medios de comunicación signantes– comentaban con sorna el decálogo y en especial el punto que se refiere a la protección a periodistas y al cuidado del lenguaje. “¿Cómo le vamos a poner ahora?, ¿dos decapitados con poquita violencia? No, decapitados por gente poco amable. Mejor, esa gente antisocial esparció las extremidades de la víctima, quien no sufrió. Qué tal que mejor vamos a cubrir un operativo en bola con el acuerdo en mano”.

A diferencia del año pasado, esta vez no hubo ningún representante gubernamental en el anuncio de IM 2011; los organizadores deliberadamente no los convocaron.


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Discuten iniciativa de ley de educación, docentes y trabajadores de la educación en Sahuayo

José Luis Ceja Guerra
Jueves 24 de Marzo de 2011 • Enviar nota • Imprimir
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Sahuayo, Michoacán.- Con la intención de discutir la iniciativa de ley de educación en Michoacán, las consecuencias de la reforma laboral y la construcción de un proyecto político nacional, Jorge Cázares Torres, dirigente estatal de la Sección XVIII del magisterio michoacano se reunió este jueves con docentes y trabajadores de la educación en la Ciénega de Chapala.

Previo a su reunión con cerca de 300 asistentes, el líder sindical señaló en entrevista que la iniciativa de reforma a la ley de educación en la entidad ha encontrado resistencia por parte de los actores principales en el sistema educativo estatal.

“Nuestra postura se ratifica en el sentido de que la iniciativa de Ley de Educación elaborada por los diputados de la Comisión de Educación es una iniciativa que no garantiza una educación pública realmente gratuita”.

De hecho, dijo, esta iniciativa contraviene los preceptos constitucionales ya que se somete a la Ley General de Educación de 1993 lo que ha originado que sea rechazada por la generalidad del magisterio de esta entidad.

En el marco de la reunión, el líder sindical presentó a los asistentes una nueva versión de esta iniciativa de Ley Estatal de Educación construida a partir de foros realizados con la participación de padres de familia y de organizaciones sociales, dicha versión de iniciativa será presentada de manera formal el 7 de abril en el marco de una nueva movilización masiva en la ciudad de Morelia.

Sobre las diferencias entre la iniciativa planteada por los congresistas michoacanos y la generada a partir de foros y consultas, Cázares Torres señaló que una de las principales es la concepción que se tiene del sistema educativo pues mientras el magisterio considera la educación como un espacio democrático y que la política y el proyecto educativo de la entidad debe ser diseñado por el Congreso Popular de Educación y Cultura mientras que para los integrantes del Congreso Estatal, la autoridad máxima en el tema educativo es el titular del ejecutivo.

“Él es el que determina todo, nombra funcionarios, quita funcionarios, determina los reglamentos que rigen al sistema educativo de la entidad; consideramos que si se habla de una democracia participativa, entonces la educación y toda la política educativa debe descansar en una instancia donde estén representados los maestros, los padres de familia, los propios estudiantes y las organizaciones sociales y civiles.

En otro orden de ideas el líder sindical calificó como una pérdida de brújula y una barbaridad la iniciativa del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública la intención de eliminar la entrega de certificados a los alumnos que concluyan su educación preescolar y primaria para entregar sólo un certificado al concluir la educación secundaria: “No sabemos cuáles sean las razones que está argumentando la Secretaría de Educación Pública pero nos parece una barbaridad”.

Finalmente en el tema de la construcción de un proyecto político a nivel nacional con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Jorge Cázares destacó que el proyecto político-sindical de este gremio establece que el magisterio debe trabajar también en la solución de los grandes problemas del País.

“Y un problema grave es el tipo de gobierno que tenemos, un gobierno antidemocrático, autoritario y estamos empeñados en cambiar el tipo de gobierno”.

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Antonio Vivanco, nuevo director de la CFE

Sociedad - Jueves, 24 de Marzo de 2011 (09:12 hrs)
El Financiero en línea

México, 24 de marzo.- El presidente Felipe Calderón oficializó la renuncia de Alfredo Elías Ayub a la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y presentó al maestro Antonio Vivanco Casamadrid como nuevo director de la paraestatal.

En el anuncio, el presidente Felipe Calderón encomendó al nuevo director de la CFE darle continuidad a las grandes obras que lleva México en materia de electricidad para cubrir con este servicio a toda la República Mexicana.

Tras insistirle en el encargo de avanzar en la modernización de la CFE, le pidió no permitir la opacidad y la corrupción a fin de que el trabajo de la Comisión se haga de manera más efectiva.

Asimismo, encomendó a Vivanco Casamadrid, mantener el diálogo con los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Vivanco Casamadrid se venía desempeñando como coordinador de asesores en la Presidencia de la República. (Con información de Finsat/CFE)

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