lunes, 25 de abril de 2011

La expropiación petrolera en México

El 18 de marzo de 1938 el Presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación del petróleo mexicano con el más amplio apoyo popular.

Escrito por Amalia Solórzano de Cárdenas

Qué puedo decir de la magnitud de la emoción con la expropiación petrolera. Se ha escrito y hablado tanto, hay tantos testimonios de personas que se involucraron en este acto nacional. el general* me dijo: "Chula, creo se debe invitar a la mujer a una participación directa y motivarla en este momento en que es urgente la presencia de todos los mexicanos. Hay que hacer labor en las escuelas, en las familias, en fin, en un llamado nacional". Así fue como se convocó a una colecta para pagar la deuda de la expropiación. Era una ayuda más bien simbólica pero ¡cómo fue de hermosa la respuesta!

De inmediato empezamos a tener pláticas y planes previos para llegar a decidir que la colecta se llevaría a cabo en Bellas Artes. Se hicieron gafetes con nuestra enseña nacional, que orgullosas los portábamos todas.

Se invitó a las esposas de todos los funcionarios del gobierno, así como a sindicatos, asociaciones femeninas, amistades, de todo. Todo el mundo se apresuró a acondicionar el lugar y a formar grupos para que en turnos, estuviéramos a toda hora recibiendo a las personas que se presentaran. No ha habido una respuesta más bonita que esa. Llegaron con animales, gallinas y borregos, dinero, alhajas, anillos de matrimonio, medallas del bautizo, objetos distintos, miniaturas, de todo. La presencia de la gente fue única. Era muy emocionante, la gente estaba muy motivada, queriendo ayudar no nada más con aquello que estaba llevando, sino que quisieran haber hecho no sé qué para colaborar más. Los niños entregaron sus alcancías. He visto constancias del Banco de México, de niños que al llevar su aportación se les dio un recibo. Cuauhtémoc** y sus amigos fueron a entregar los puerquitos que tenían de alcancías.

Fueron días de mucha actividad y grandes satisfacciones. La generosidad y calidad de la gente expresadas en todas las formas, que así respondieron a este acto que marcó para siempre nuestra soberanía económica.

La noche del 18 de marzo, entre las once y doce de la noche, me pidió el General que despertara a Cuauhtémoc** y lo bajara a su despacho para tomar una fotografía. Aún medio dormido y recargado sobre el mueble, aparece con su papá, conmigo y algunos de los taquígrafos y ayudantes.

Pienso que al General* le dolería cualquier reforma por pequeña que ésta sea, que desvíe el noble fin con que decidió la expropiación petrolera. En esta ardua tarea puso su gran talento y el anca general del pueblo.

A los veinticinco años de la expropiación petrolera, los amigos del General* quisieron hacerle un obsequio, que consistía en un coche y una camioneta. Al enterarse, le dijo a Pedro Ledezma, que fue quien encabezó la idea: "regálenme algo que yo pueda llevar a la gente". se pensó primero en material de construcción, en ayuda a alguna escuela, hacer algún kínder, en fin, hay tanto que se puede llevar. Pero por esos días, con la ayuda de mis cuñados, se había instalado el primer costurero en Jiquilpan y de ahí nació la decisión de regalarle máquinas de coser. Lo que se había recaudado para los coches terminó en 350 máquinas de coser.

Éstas fueron regaladas en escuelas y sobre todo fueron instaladas para que las personas de escasos recursos, con deseos de aprender a coser, tuvieran la oportunidad. Ya que terminaban las clases en las escuelas, por las tardes, podían las madres ir a tomar clase de corte y así tenían la facilidad de confeccionar su ropa. Algunas quedaron por Jiquilpan, otras fueron a distintos lugares y las últimas se entregaron en la Mixteca.

*Lázaro Cárdenas – Presidente de México de 1934 a 1940

**Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
Tomado del Libro Era Otra Cosa la Vida, Amalia Solórzano de Cárdenas, Editado en 1994 por Editorial Patria, Colección Nueva Imagen.

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hernandez@jornada.com.mx

Firmas de telecomunicación, entre las usuarias de fibra óptica de CFE

Israel Rodríguez J.

Periódico La Jornada
Domingo 24 de abril de 2011, p. 20

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene firmados 90 contratos con 54 empresas, en su mayoría de telecomunicaciones como Alestra, Axtel, Cablevisión, Cablemas, Megacable, Pegaso, Iusatel, entre otras, para usufructuar la red de fibra óptica estatal y ofrecer servicios de transmisión de voz, datos e imagen.

El 19 de mayo de 2009, el presidente Felipe Calderón anunció la puesta en operación de una red de fibra óptica a nivel nacional con la cual México se moderniza en materia de telecomunicaciones. El objetivo del gobierno, explicó Calderón, es buscar la expansión ordenada, competitiva, bajo reglas claras y no discriminatorias a los servicios de telecomunicaciones en las próximas dos décadas al menos.

Ofreció que para garantizar el acceso neutral, no discriminatorio a su red de fibra iluminada, la CFE pondrá a disposición de los operadores 111 puntos de entrada a la red, denominados hoteles de telecomunicaciones, en los cuales podrán conectarse entre sí, transmitir voz, datos, video y acceder a una red de cobertura nacional.

Con la fibra óptica se esperaba que las universidades públicas, las entidades federativas, los centros de investigación e incluso los hogares tuvieran acceso mediante el fluido eléctrico a la transmisión de voz, datos e imagen.

Para electricidad se usan 6 de los 30 hilos; el resto, para triple play

La fibra óptica es un medio de transmisión empleado en redes de datos. Es un hilo muy fino de material transparente (vidrio o plástico) por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir.

Entre los 54 clientes de CFE que firmaron contratos para la utilización de la fibra óptica destacan: Telecomunicaciones Mexicanas, Pegaso PCS, Protel I-Next, Marcatel Com, Televisión Internacional, Iusatel, Axtel, B.Tel, Cablevisión Regional, Econo Cable, TV Ojo Caliente, XC Networks; Cablemas Telecomunicaciones, Megacable Telecomunicaciones, Cablevisión Red, México Red de Telecomunicaciones, Radiomóvil Dipsa (Telcel), Televisión por Cable del Norte de Sonora, Alestra, Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, Cablevisión Red, Spacenet, entre otras.

Al 31 de diciembre de 2010, la CFE cuenta con una red nacional de fibra óptica de 34 mil 590 kilómetros, solamente superada por Telmex, que se dividen en red internacional con 27 mil 586 kilómetros y red de acceso local con 7 mil 3 kilómetros.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acusó que el verdadero motivo por el cual se decretó el 11 de octubre de 2009 la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue la explotación comercial de empresas privadas de la red pública de fibra óptica.

La red de fibra óptica cuenta con 30 hilos de los que sólo se usan seis para dar servicio de energía eléctrica. Los 24 restantes son los que se pueden usar para dar el servicio del llamado triple play que consiste en televisión por cable, Internet y telefonía. La red de fibra óptica es propiedad de la nación y el SME pidió desde hace mucho que se le diera la concesión para dar el servicio; sin embargo, el presidente Felipe Calderón, según los representantes del sindicato de electricistas, ya tenía en mente otorgarla a empresas privadas.

Esta red, indispensable para la operación de CFE, y dado que ésta cuenta con la capacidad de ofrecer servicios a terceros, solicitó y obtuvo el 10 de noviembre de 2006 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un título de concesión de red pública de telecomunicaciones para la prestación de los servicios de provisión y arrendamiento de capacidad de la red y la comercialización, originalmente en 71 poblaciones del país, con una vigencia inicial de 15 años prorrogables.

Por el usufructo de la red de fibra óptica en 2010 la CFE obtuvo ingresos por 266 millones 984 mil pesos, pero al descontar los gastos de operación, la depreciación y amortización y otros gastos, la utilidad neta se redujo a solamente 103 millones 401 mil pesos.

Otros usufructuarios de la red de fibra óptica son: Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Compañía Hidroeléctrica La Yesca, Cementos Moctezuma, Industriales Peñoles, Compañía Minera La Parreña, Universidad Autónoma de Coahuila, Operbes, Ica Infraestructura, Comisión Estatal de Energía de Baja California, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Guadalupe Manuel Trejo García, Minera Peñasquito, Comisión Nacional Forestal, Sociedad de la Información y el Conocimiento, Minera Maple, Secretaría de Economía, Instituto de Investigaciones Nucleares, Sociedad Civil Servicios Administrativos CIT, Nacional Financiera, Tv de Uruapan, Centro de Contacto Avanzado, Kbest Technologies de México, Desarrollos Mineros de San Luis, Comisión Estatal de Energía de Baja California, Sagarpa, Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, Instituto Nacional de las Mujeres y Sociedad Civil Servicios Administrativos CIT.

Fuente

La “toma de nota”, en manos de la Suprema Corte

PERIODICO LA JORNADA

OPINION

La “toma de nota”, en manos de la Suprema Corte

Sábado 23 de abril de 2011

Arturo Alcalde Justiniani

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomará pronto una decisión trascendental para el futuro de la libertad sindical en nuestro país, decidirá el alcance de la toma de nota”, odioso mecanismo de control, resabio del corporativismo mexicano mediante el cual los gobiernos tanto del ámbito federal como local condicionan la personalidad jurídica de los gremios por medio del registro y la elección periódica de sus directivas.

Uno de los capítulos del conflicto entre el sindicato minero y empresarios del sector, especialmente el Grupo México, generó una controversia jurídica sobre la elección de su directiva, incluyendo su secretario general, quien fue relecto en mayo de 2008. Si no hubiera existido oposición empresarial, el tema no hubiera llegado a mayores; sin embargo, los patrones desplegaron todos sus recursos para lograr que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) negara la “toma de nota”, alegando que su líder, Napoleón Gómez Urrutia, no cumplía con el requisito estatutario de haber sido trabajador en los cinco años anteriores a la elección.

La causal de negativa carece de sustento, por la simple razón de tratarse de una relección. Desde 2001 se desempeñó como dirigente, habiendo cumplido en ese tiempo, a juicio de la misma STPS, los requisitos estatutarios; pero siguiendo la línea de una justicia selectiva, la dependencia impuso criterios discrecionales y promovió investigaciones oficiosas. En contraste a la política seguida con los dirigentes sindicales “bien portados”, negó el registro de la directiva al sindicato minero.

Sería ingenuo analizar este caso desligado de la estrategia de acoso implementado contra el sindicato minero, que ha provocado violencia, muertes, daños incalculables a los trabajadores y un gran desprestigio al gobierno por la forma tan burda en que ha actuado al servicio del sector empresarial. Basta recordar la “toma de nota” sustentada en documentos falsos en favor de Elías Morales en el año 2006 para acreditar la amañada conducta de la autoridad laboral.

Después de un largo litigio, la disputa sobre la “toma de nota” fue atraída por la SCJN al considerar que se trataba de un caso de particular importancia que impone la necesidad de fijar criterios futuros, más allá del caso concreto. La Corte señala que al tomar su decisión analizará básicamente dos aspectos; primero, “determinar si la Dirección de Registro de Asociaciones (de la STPS) al emitir resoluciones sobre la toma de nota de la dirigencia sindical, está facultada para interpretar los estatutos sindicales en detrimento de la autonomía sindical o, si ésta corresponde al propio sindicato, por conducto de sus autoridades internas”; segundo, “si la reforma de los estatutos sindicales toma vigencia a partir de la toma de nota de acuerdos del sindicato o hasta la fecha en que la autoridad administrativa toma conocimiento de tales reformas estatutarias”.

A la luz de nuestra Carta Magna, del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la ley, las respuestas parecen bastante obvias. Corresponde a los trabajadores, y sólo a ellos, interpretar sus estatutos en ejercicio de su autonomía y las reformas estatutarias inician su vigor desde que el sindicato las asume. Está ampliamente explorado que la autoridad no tiene un carácter constitutivo, sólo declarativo de los actos autónomos del sindicato; por eso, se llama “toma de nota”.

La ausencia de democracia gremial y contratación colectiva auténtica en nuestro país, deviene en buena medida de controles que el Estado y empresarios ejercen sobre las organizaciones: uno de sus instrumentos privilegiados es precisamente la “toma de nota”. Esta figura ha sido duramente criticada por la doctrina mexicana y particularmente por diversos organismos internacionales; en la reciente queja del caso 2694 presentada ante la OIT, en Ginebra, Suiza, por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), en contra del modelo laboral mexicano, que generó una recomendación de gran importancia se señala: “La manipulación de la toma de nota es un mecanismo que limita el ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores mexicanos y está plenamente documentado en las recomendaciones emitidas por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y el propio Comité de Libertad Sindical en los casos que se han sometido a su revisión, lo que demuestra que no es un caso aislado o limitado a un periodo en particular, sino a un patrón de conducta del gobierno mexicano”.

La SCJN ha tomado en el pasado decisiones notables en materia de libertad sindical. A favor destacan las jurisprudencia 43/99 en materia de pluralidad sindical, la 150/08 relativa al voto secreto en los recuentos, la 185/07 en relación con el derecho de los sindicatos gremiales a intervenir en la fijación de sus condiciones de trabajo, así como las tesis que han declarado la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión. Otras decisiones limitan el ejercicio de este derecho humano, es el caso de las jurisprudencias 56/04 en materia de registro sindical y la 86/2000 relativa a las facultades de las autoridades registradoras respecto a los procesos electorales y de administración interna sindical.

Nuestro máximo tribunal debe considerar, al decidir el futuro de la “toma de nota”, las normas internacionales creadas para la defensa y protección del derecho de asociación; así lo prevé nuestra Carta Magna en su artículo 133, porque constituye una exigencia democrática, una obligación frente a los compromisos contraídos y un elemento de congruencia con la participación de nuestro país en el seno de la OIT.

Saludamos los trabajos del Tribunal Internacional de Libertad Sindical que sesionará el próximo 29 de abril en la ciudad de México.

Ley de Seguridad Nacional: hacia el Estado policial

PERIODICO LA JORNADA

EDITORIAL



Jueves 21 de abril de 2011

Ley de Seguridad Nacional: hacia el Estado policial

Hay la pretensión, en la Cámara de Diputados, de aprobar en comisiones el próximo lunes el proyecto de dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que otorga al Presidente amplias facultades discrecionales para enfrentar, mediante las fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y por medio de la represión, el espionaje a los ciudadanos e interrogatorios a civiles, estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro para la seguridad interior.

El documento contiene puntos tan anticonstitucionales, autoritarios y peligrosos como el facultar al jefe del Ejecutivo federal para que use a las fuerzas armadas contra movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando se considere que constituyan un desafío o una amenaza a la seguridad interior; el dar a soldados, marinos y agentes del Cisen atribuciones para intervenir comunicaciones telefónicas e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político; el facultar a las fuerzas armadas la atribución de restringir la circulación de mercancías y vehículos, así como revisar las pertenencias de particulares en las calles; requerir información a los civiles, con cualquier herramienta que resulte necesaria, y el permitir a los efectivos de la Marina, del Ejército y del Cisen contar con informantes anónimos y que, en sus tareas de inteligencia y contrainteligencia, hagan uso de cualquier método de recolección de información.

La iniciativa se fundamenta en consideraciones absurdas y tramposas que pretenden dar la vuelta a mandatos constitucionales inequívocos, como la afirmación de que en todo lugar y momento, la paz (en contraposición a la guerra) es relativa, y la pretensión de que la fuerza armada debe participar, como coordinadora de acciones para enfrentar un desafío o una amenaza que, sin llegar al extremo de la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, requiere atención inmediata y eficaz que los cuerpos policiacos preventivos y las autoridades civiles no están capacitados para proporcionar.

En suma, se pretende dar cobertura legal a la supensión de facto de las garantías individuales que ya prevalece en extensas regiones del país, pero sin asumir los costos políticos derivados de una declaración formal de estado de excepción. Semejante posibilidad haría imposible una defensa efectiva de los derechos humanos de la población; daría impunidad total a los empleados públicos que los violan; crearía las condiciones para la criminalización generalizada de las oposiciones políticas, los movimientos sociales y las protestas laborales, y daría fundamento legal a la persecución y represión de inconformidades poselectorales. Es por demás significativo y ominoso que se pretenda imponer tales normativas en vísperas de los procesos comiciales federales previstos para el año entrante.

Finalmente, sería doblemente trágico que, tras la pérdida de la seguridad pública provocada por los malos resultados de la estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada, la ciudadanía tuviera que enfrentar una grave e injustificable afectación a sus libertades y garantías individuales, como consecuencia de una reforma legal de dudosa utilidad para enfrentar a la delincuencia, pero de consecuencias inevitablemente desastrosas para los derechos humanos, para la libertad y para las perspectivas de la democracia en el país.

Carta que no publicó el diario El Universal, en la que desmentimos calumnias de Alberto Barranco Ch.

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA
REPÚBLICA MEXICANA

--BOLETÍN INFORMATIVO--

29/2011

Lunes 25 de abril de 2011

*Carta que no publicó el diario
El Universal, en la que desmentimos
calumnias de Alberto Barranco Ch.

*Se trata de una calumnia de los
“charros” de Alonso Ancira, que
reprodujo el columnista


El lunes 18 de abril de este 2011, el compañero J. Genaro Arteaga Trejo, Secretario de Asuntos Políticos del CEN del Sindicato Nacional de Mineros, le dirigió una carta al Presidente y Director General del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, que ese diario nunca publicó, en la cual desmentimos las afirmaciones de dicho columnista de que el Sindicato está buscando la manera de deshacerse, vender, propiedades de la propia Organización Sindical, lo cual es absolutamente falso, no ha ocurrido y no ocurrirá.

Se trata de una más de calumnias con las que se nos ha agredido a lo largo del conflicto minero, con la pretensión de desorientar o confundir a los compañeros trabajadores de nuestra Organización Sindical.

El texto de la carta no publicada por El Universal, es el siguiente:


Sr. Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz
Presidente y Director General de El Universal
P r e s e n t e
Lunes 18 de abril de 2011

De mis respetos:

Nuestros saludos a Ud., con nuestra solicitud de que publique la siguiente carta en el prestigiado diario El Universal que atinadamente dirige.

El señor Alberto Barranco Chavarría, autor de la columna “Empresa”, que publica el diario bajo su dirección, se permite mentir permanentemente sobre las acciones y la política que desarrolla el compañero Napoleón Gómez Urrutia al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. En su columna de hoy, lunes 18 de abril de 2011, afirma sin ningún fundamento verificable, que el compañero Gómez Urrutia está buscando “vender” las propiedades que el Sindicato Minero tiene, lo cual es una soberana y brutal falsedad, y se configura como calumnia y difamación.

Si alguien se ha preocupado en el Sindicato Minero por preservar su patrimonio, logrado a base de esfuerzos y ahorros, pues se trata de unos bienes que son propiedad de los trabajadores afiliados y de sus familias, y de ninguna persona más, es el compañero Gómez Urrutia. El señor Barranco Chavarría miente descarada y tortuosamente al publicar esa calumnia, como lo ha venido haciendo habitualmente a lo largo de estos años del conflicto minero. Dice apoyarse en esta ocasión en declaraciones de una supuesta Alianza Minera, que sólo es un membrete de supuestos líderes sindicales, tras el que se esconde el inescrupuloso empresario Alonso Ancira Elizondo, director de Altos Hornos de México y del Grupo Acerero del Norte, quien ni siquiera tiene la hombría de dar la cara para afirmarlo y probarlo, como en todo momento actúan similarmente contra los mineros los empresarios Germán Larrea, de Grupo México, asesino impune de mineros, y Alberto Bailleres González, del Grupo Peñoles, quien se destaca por haber establecido en sus minas campos de concentración tipo nazi, en los que veja la dignidad de sus trabajadores, pero también del siniestro titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.

El columnista señalado cae en la trampa que le tienden cada vez que opina sobre nuestro compañero Gómez Urrutia, o de plano está al servicio de quienes, empresas antisociales y gobernantes, han instigado la persecución política contra los mineros y sus dirigentes.

No hay absolutamente ninguna propiedad del Sindicato Minero de la cual nuestra Organización Sindical se esté tratando de “deshacer”. Las afirmaciones de Barranco Chavarría sólo son calumnias y mentiras intolerables.

Lo mismo puede decirse de los insultantes comentarios que de vez en cuando publica otro de sus columnistas, Carlitos Loret de Mola, sobre las supuestas “alianzas inconfesables” de Gómez Urrutia, que son tan falsas y risibles que ni siquiera nos hemos ocupado de desmentirlas, aunque no habla de los “intereses oscuros” que ese reportero defiende en sus diatribas.

Ya va siendo necesario, señor Licenciado Ealy Ortiz que ponga Ud. punto final a las calumnias que se publican en El Universal contra los mineros y sus dirigentes sindicales, pues no sólo ofenden la reputación moral de un líder honesto que es víctima de una despiadada y falsa persecución política desde el gobierno, sino que atentan contra la imagen de los dignos trabajadores agrupados en el Sindicato Nacional de Mineros.

Atentamente

J. Genaro Arteaga Trejo
Secretario de Asuntos Políticos del
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de
la República Mexicana

El SME en lucha. La fecha límite: 30 de abril

Cordero: con $100 mil millones en subsidios, la gasolina en México es de las más baratas

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2011, p. 23

Aunque en el presupuesto original el gobierno tenía previsto un subsidio a las gasolinas de 36 mil millones de pesos, la inestabilidad internacional en el precio de los energéticos ha provocado que en un contexto de elevados precios el subsidio alcance los 100 mil millones de pesos, informó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero, quien consideró que en México se vende una de las gasolinas más baratas del mundo. Aunque en sus estimaciones no en todo 2011 se mantendrá esta tendencia internacional, dijo que la estrategia de deslizamiento mensual controlado de esos precios ha sido, en este contexto, un "ancla" inflacionaria.

Durante una rueda de prensa en Palacio Nacional, Cordero sostuvo que las proyecciones de crecimiento de la economía mexicana se mantienen entre 4 y 5 por ciento, al tiempo que rechazó que vayan a alterar las estimaciones de crecimiento nacional los efectos de los señalamientos de Standard and Poor’s al elevado déficit fiscal de Estados Unidos y las previsibles acciones de ese gobierno. Sostuvo que, más allá del enorme déficit de las finanzas estadunidenses y las acciones que implicarán comenzar a reducirlo, es un factor que ha sido considerado entre las variables que incidirían en las proyecciones económicas mexicanas.

Consideró que se han magnificado los efectos que pudiera tener en la economía internacional el abultado déficit estadunidense, pero no porque la situación no sea un problema serio, sino porque esta información es bien conocida desde hace tiempo. Destacó la importancia para la viabilidad de la economía mundial que Estados Unidos comience a aplicar acciones para corregirlo.

Se refirió a la tendencia de apreciación del peso, la cual atribuyó "al exceso de liquidez en los mercados internacionales", que por ahora se están canalizando a las economías emergentes, pero en especial hacia aquellas donde existe estabilidad económica que, dijo, es el caso de México. Además, las tasas de interés del país, que se ubican por arriba de economías desarrolladas, han captado mayores capitales que inciden en el precio del peso.

Sin embargo, aseguró que cuando Estados Unidos modifique su política para ajustar su economía y eleve las tasas de interés, se moverán de nueva cuenta los capitales y eso implicará un proceso natural de depreciación que tampoco "será el fin del mundo" ni la pérdida de poder adquisitivo. Reivindicó la estrategia de flotación del peso que, opinó, ha permitido absorber choques externos sin los efectos que tenían las devaluaciones.

Subrayó que en el arranque de 2011 las variables económicas alientan un buen pronóstico: la inflación anualizada a abril es de 3.21 por ciento, la producción industrial al primer bimestre aumentó 5.9 por ciento, las manufacturas, 7.9 en ese periodo, en tanto la industria de la construcción lo hizo 6.3 por ciento y la automotriz, 27 por ciento.

Cordero consideró que el subsidio a las gasolinas, producto de los elevados internacionales, ha tenido un "costo social enorme" en la medida en que se desvían recursos que se deberían canalizar a la construcción de infraestructura de salud y de educación.

Destacó que es claro que el deslizamiento del precio en México está por debajo de los movimientos a nivel internacional, "vamos a estar en un contexto de precios elevados, hay pocas cosas que sean más inestables y volátiles que los precios de los energéticos a nivel internacional".

Al referirse a otro de los efectos de la fluctuación en las cotizaciones de los energéticos, que son los excedentes petroleros, destacó que es mala idea asumir que siempre tendrán un comportamiento como el actual, y subrayó que la ley prevé el destino de dichos excedentes: infraestructura de Pemex, infraestructura de estados y "ahorrar en épocas de vacas gordas y aplicarlo cuando haya vacas flacas".

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Militares golpean a diputado

Sergio Ocampo, corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2011, p. 14

Chilpancingo, Gro., 24 de abril. Este domingo, alrededor de las 5 horas, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, Faustino Soto Ramos, fue golpeado por militares que hacían revisiones de rutina y accionaron sus armas para obligarlo a tirarse al piso.

El legislador perredista dijo en conferencia de prensa que salía de la Expo de Tecpan de Galeana y abordó su vehículo cuando llegaron varios soldados en la unidades 819147 y 819031.

Soto Ramos preguntó cuál era el problema, pero por respuesta lo patearon y dispararon sus armas al aire para someterlo, por lo cual –dijo– interpondrá una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República.


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Lozano critica a diputados por "escuchar a medio mundo"

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2011, p. 9

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, arremetió de nueva cuenta contra los diputados por "detener" la aprobación de una reforma laboral y sostuvo que ninguna coyuntura política-electoral debería obstaculizarlo. Consideró que la realización de audiencias y "escuchar a medio mundo" en realidad son tácticas dilatorias, porque la reforma laboral no es algo sorpresivo, desde hace 14 años que no ha habido cambios de fondo en el sector y hay más de 400 iniciativas sin dictaminar.

En rueda de prensa conjunta, Lozano y el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dieron a conocer también los datos más recientes en materia de empleo. Según las cifras oficiales, al 15 de abril se han generado 271 mil 235 plazas, por lo que en el acumulado desde junio de 2009 (fecha que el gobierno ubica como el inicio de la recuperación económica) se crearon un millón 108 mil puestos de trabajo. Cordero detalló que esta cifra implica que ya se han producido 407 mil empleos más de los que se perdieron durante la crisis y que oscilaron alrededor de 700 mil.

Reconocieron que los empleos de más alta remuneración que se cancelaron no han podido ser recuperados, lo cual fue atribuido por el titular de la STPS a la ausencia de las condiciones que daría una reforma laboral, toda vez que quienes perdieron sus empleos con altas percepciones, después de los 40 años ya no pueden conseguir otro con pagos similares, porque les imponen condiciones difíciles de cumplir.

Sin embargo, ambos funcionarios asumieron la preocupación que existe sobre la calidad de los empleos que se están generando, si bien destacaron que alrededor de 75 por ciento de los nuevos puestos creados son permanentes.

A pregunta expresa, Lozano informó que el promedio de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los trabajadores es de un salario diario de 246 pesos, esto es, alrededor de 7 mil 500 pesos al mes, cifra que, matizó, representa un incremento de 0.3 por encima del promedio de cotización de 2010.

A decir de los funcionarios, los diversos indicadores de empleo dan cuenta de una recuperación importante, puesto que, según Lozano, los 14 millones 882 mil 864 que cotizan actualmente en el IMSS es la cifra histórica más elevada, y el reporte de desocupación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 4.61 por ciento, es el más bajo en los pasados 27 meses. Comparó las tasas de desempleo con el resto de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), mencionando que en Estados Unidos alcanza 8.8 por ciento y en España 20.

Sin embargo, al mismo tiempo, dijo que algunos indicadores dan cuenta de que México es el país de los incorporados a esa organización donde el promedio de horas laborables es mayor, 10 de las cuales, por deficiencias en el mercado laboral, según su dicho, 4 no son remuneradas. De igual forma, aseguró que el incremento en la productividad en México es prácticamente nulo con 2.3 por ciento, lo que ubica a México en el lugar 120 del mercado laboral.

Estas cifras dieron pauta para insistir en un "respetuoso pero enérgico" llamado a los legisladores para aprobar la reforma laboral, misma que, según consideró, permitiría mejorar esta condición.

Cuestionado sobre el impacto en la generación de empleos de una reforma en el sector laboral, Lozano aseguró que de continuar las tendencias económicas actuales se tendría previsto que en 2011 se generarán alrededor de 650 mil puestos de trabajo. Sin embargo, para el funcionario la reforma laboral implicaría la posibilidad de crear 800 mil empleos. "No quiere decir que si no se aprueba se vayan a perder empleos, sino que estaríamos dejando de ganarlos."

Sin mencionar al Partido Revolucionario Institucional expresamente, tras condenar las tácticas dilatorias, dijo que su partido, Acción Nacional, tiene comprometidos todos los votos para aprobar, ya no la iniciativa panista, sino la que propuso el PRI, la cual, insistió, "aunque es mejor la otra, va en el sentido correcto".


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PRD y PT buscarán frenar el albazo priísta a la ley de seguridad nacional

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2011, p. 5

Las fracciones de PRD y PT en la Cámara de Diputados denunciaron que el PRI negoció en lo oscurito con el PAN para aprobar sólo en la Comisión de Defensa la ley de seguridad nacional, que concede al presidente de la República la atribución de decidir operativos militares.

Asimismo, el PVEM detectó que con la reforma el Ejecutivo podrá, con un decreto, declarar la suspensión de garantías individuales sin consultar al Congreso y sujetarlas a un protocolo definido por él mismo.

El coordinador del PRD, Armando Ríos Piter, señaló que su grupo parlamentario sí está en favor de una ley de seguridad nacional, pero "no en una que privilegia el dominio militar. Vamos a insistir en que la dictaminen las cinco comisiones a las cuales se turnó la minuta, para evitar un albazo que sólo serviría a los intereses del PRI en un acuerdo oscuro con el PAN".

El vicecoordinador del PT e integrante de la Comisión de Defensa, Enrique Ibarra Pedroza (PT), refirió que los presidentes de las comisiones de Defensa, Gobernación, Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos –donde está a revisión la minuta del Senado– no han citado a reunión de trabajo, lo que fortalece la idea de que PRI y PAN pretenden dar un albazo.

"No entendemos la prisa del PRI, y una de nuestras hipótesis es que la moneda de cambio más visible es la elección de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). De por sí el régimen presidencial es deficiente, así que dejarle a Felipe Calderón decidir por sí mismo la militarización del país es gravísimo", afirmó.

Los diputados Pablo Escudero Morales (PVEM), secretario de la Comisión de Defensa, y Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, advirtieron que los cambios introducidos por el PRI a la minuta del Senado abren una avenida para la violación sistemática e impune de los derechos humanos y garantías individuales de los ciudadanos y los movimientos sociales por parte de las fuerzas armadas.

Escudero informó que solicitará una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, para que ofrezca una opinión sobre cómo se afectarían las libertades ciudadanas de aprobarse la propuesta del PRI.

"Tal como está, es una reforma intransitable, porque da facultades plenipotenciarias a un presidente a quien le gusta gobernar con decretos, y que tendrá más facilidades con el marco que elude las restricciones al estado de excepción y suspensión de garantías establecidas en los artículos 29 y 119 de la Constitución, lo que representa un primer paso al autoritarismo presidencial".

Incháustegui resaltó que el proyecto entregado por el presidente de la Comisión de Presupuesto –hasta hace tres semanas de Derechos Humanos–, Alfonso Navarrete Prida (PRI), está plagado de antinomias. Esto es, detalló, en algunos artículos se señala que la declaratoria de riesgo a la integridad de México no depende sólo del presidente ni violará derechos humanos, pero en otros esto se contradice.

Esto es, indicó Enrique Ibarra, se ponen los candados, pero también se le entregan las llaves.

Militarización sin equilibrios

Ríos Piter informó que este lunes se comunicará con sus contrapartes de PRI y PAN, Francisco Rojas y Josefina Vázquez Mota, para expresar las preocupaciones por una reforma que amplía la discrecionalidad del presidente para el uso de las fuerzas armadas y excluye a los poderes Judicial y Legislativo.

"De lo que se trata es de aprobar una ley que tenga equilibrios, no de darle manga ancha a ninguna autoridad para que actúe y viole los derechos humanos, ni dejar al Ejército y a la Marina decisiones tan importantes como la seguridad nacional", expuso.

Informó que este lunes el grupo de trabajo conformado por la Junta de Coordinación Política se reunirá a las 11 de la mañana para recibir las opiniones de las bancadas sobre el proyecto priísta.

"Sin embargo, estamos preocupados porque el PRI quiere aprobar el dictamen por la fuerza y sólo en la Comisión de Defensa, lo que acentúa el corte militar de la reforma", expresó.

Teresa Incháustegui refirió que en las observaciones que presentará hoy resalta el hecho de que la reforma pretende otorgarle al titular del Ejecutivo "la atribución de ser el responsable casi exclusivo de la seguridad nacional y deja fuera a los otros poderes".

Añadió que la redacción del documento propicia confusión y, por tanto, abre las puertas a la discrecionalidad. Por ejemplo, dijo, se dice que las fuerzas armadas intervendrían en una declaratoria de "afectación" que, en el documento, se dice que no es lo mismo que estado de excepción, pero el Ejecutivo podrá suspenderlas el tiempo que quiera.

De ahí, amplió, surge otra contradicción: se argumenta que la declaratoria de afectación a la seguridad interior no será violatoria de los derechos humanos, pero el Ejecutivo puede valorar que el ejercicio de las garantías individuales, como movilizaciones y plantones laborales, electorales y políticos, “puede ser un ‘obstáculo’ y sofocado por el Ejército”.

Además, expuso, la graduación sobre las definiciones de desafío, contingencia, obstáculo o amenaza a la seguridad interior “es difusa, porque las cuatro son prácticamente sinónimos, hasta tautológicas, y ello permite que el presidente o el Consejo Nacional de Seguridad definan cómo enfrentarlos en lo oscurito, porque además la información será declarada confidencial y excluye al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública”.


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México: ¿Legalizará PAN y PRI la represión contra movimientos sociales, como en Colombia?

lunes 25 de abril de 2011

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. PRI y PAN han presentado un proyecto de dictamen ante los Diputados para reformar la Ley de Seguridad Nacional dando espacio al presidente de la República para solicitar y declarar la intervención de las fuerzas armadas en contra de “movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo”, si considera que “constituyen un desafío o amenaza” a la seguridad interior. Incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Cisen para intervenir teléfonos, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.

2. Otorga a las fuerzas armadas derecho de restricción de la circulación de mercancías y vehículos, de revisión de las pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información con “cualquier herramienta que resulte necesaria” y pueden contar con informantes anónimos y hacer uso de cualquier método de recolección de información. Sin embargo parece que algunas fracciones del PRI y del PRD advirtieron que en el Senado no pasará una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permita al presidente Felipe Calderón avanzar hacia la militarización del país, como se plantea en el proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados. Idéntico a lo sucedido en Colombia.

3. “Si se aprobara, señala el perredista Tomás Torres, sería como dar un golpe de Estado con la ley en la mano, porque la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en el Senado el 27 de abril de 2010, eliminó las facultades excesivas tanto al Ejército como al Ejecutivo federal, y aquellos aspectos que configuraban el paso hacia un Estado militarizado”. Esperemos que el movimiento social, el zapatismo o el amloísmo tengan alguna respuesta o que algún sector de legisladores que aún conserva algo de dignidad, convoque a movilizarse. Se ve muy difícil frenar esa medida fascista que ilegaliza o penaliza la lucha social con el pretexto del “combate contra la inseguridad”.

4. Pero, si no existe un movimiento social que responda mediante la movilización a esas medidas de represión, encarcelamientos y asesinatos, de ninguna manera hay que sentirse derrotado y ponerse a llorar; quizá sería mejor pensar en aquel dicho popular de que “no hay mal que por bien no venga”, de que si te cierran la puerta de tu casa por la entrada, hay que entrar aunque rompiendo la puerta del patio. Los podridos y pestilentes medios de información no descansarán –como siempre lo han hecho- de condenar la “violencia” de los de abajo y silenciar la brutal represión de los de arriba. Pero no hay que tener miedo porque donde el hambre crece y la dignidad aparece, toda lucha es justa.

5. Quizá el pueblo y sus mejores representantes –con las medidas fascistas extremas instrumentadas por el gobierno y los empresarios- empiecen a convencerse que no le quedan ya otros caminos que la organización y violencia armada. Eso pasó en los sesenta –hace casi 50 años en Colombia y otros países de América Latina, Asia y África- dando lugar a un gran movimiento de insurgencia continental. ¿Qué carajos puede hacer el pueblo cuando le prohiben reunirse, cuando sufre espionaje en la casa, en el trabajo, en la escuela, por el teléfono y el Internet? PAN y PRI están absolutamente de acuerdo en asuntos fundamentales y perseguir la lucha social es esencial para ellos.

6. Estas “leyes antiterroristas” que hoy se recrudecen en México obedecen a una política yanqui puesta en práctica por Obama-Clinton en todo el mundo, sobre todos en estos tiempos de elección presidencial en EEUU. De argentina este comunicado: “Les quiero contar sobre la LEY ANTITERRORISTA que tenemos en nuestro país. Dicha ley existe por presión directa de Washington. Esos yanquis estúpidos que cuando no están invadiendo militarmente un país lo hacen metiendo sus narices en temas que no tendría porque importarles. Al fin y al cabo, su motivo es el mismo: invadir, conquistar, expandirse... acciones propias de un Imperio y más uno tan enfermo como EE UU.

7. ¡Qué gran cinismo!: Como ya es de conocimiento universal porque se ha escrito muchas veces: Los EEUU, que a lo largo de su historia ha exportado el terrorismo como política de dominación internacional; que desde sus escuelas militares de entrenamiento de los ejército de Américas enseña cómo instrumentar el terrorismo de Estado para garantizar los privilegios de los sectores del poder aliados de los intereses yanquis en la región, impone ahora, a través de esta normativa continental, su visión unilateral del terrorismo. Los principales terroristas del mundo, los gobiernos de EEUU y de sus aliados, Colombia y México en primer lugar, asesinan a luchadores sociales con el calificativo de terroristas.

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México: Miradas opuestas sobre el narco

lunes 25 de abril de 2011

Eduardo Ibarra Aguirre

Una semana después del último encuentro con usted, generoso lector, le comento la tesis básica del reporte Stratfor, denominado Mexican Drug War 2011, para contrastarla con información del gobierno que sin autorización legislativa emprendió una guerra que recientemente Felipe Calderón negó haberla denominado así y rebautizó como “lucha por la seguridad”.

Denominaciones aparte, la tesis del informe de la firma privada de consultoría estadunidense, postula que “al parecer, el gobierno mexicano ha decidido que el mejor curso de acción en este entorno es librar una guerra de desgaste” para que la Federación del Pacífico, dirigida por Joaquín Guzmán Loera, según la revista Forbes uno de los 200 hombres y mujeres más ricos de la aldea global por segundo año consecutivo, “sea utilizada para someter a las bandas más débiles”.

Si la idea es vista aislada y sin los necesarios antecedentes de la estrategia militarista en curso desde el 11 de diciembre de 2006, son comprensibles las reacciones que suscitó en senadores como Ricardo Monreal y Graco Ramírez, y no se diga los intentos de Felipe González, el de Aguascalientes, para desacreditar a la firma y defender la estrategia del primer panista del país.

Pero si el planteamiento de Stratfor lo empatamos con los tiempos en que Juan Camilo Mouriño Terrazo desplegaba la idea de que los llamados cárteles terminarían haciéndose trizas entre sí y que debería auspiciarse todo lo que a ello contribuyera, entonces la tesis de la consultora no es tan errática. Menos todavía si subrayamos que Genaro García Luna, el funcionario sexenal más consentido en Los Pinos, llevó la aseveración del madrileño formado en Campeche a convertirla en lineamiento de trabajo, desentendiéndose de los costos en vidas de presuntos capos, sicarios, burreros y halcones; así como la escalada de violencia desatada tras cada captura o asesinato de un jefe, pero también al extremo de importarle un comino los altos costos en vidas de civiles, ajenos a la confrontación entre el comandante supremo de las fuerzas armadas y el crimen organizado.

Suspicacias ciudadanas aparte, Calderón Hinojosa no pudo demostrar que el Ejército, la Marina y la Policía Federal –según testimonios periodísticos ésta cobra derecho de piso en Ciudad Juárez--, combaten por igual a todos los corporativos del narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de indocumentados y de órganos humanos, la piratería, el contrabando de armas, divisiones todas ellas de un gigantesco negocio que se mantiene incólume. Y cuando el abogado, economista y administrador público entregó cifras oficiales, el 1 de septiembre de 2010, demostró justamente lo contrario, que la batalla militar y policiaca y las bajas producidas son demasiado disparejas.

Además, para este gobierno es más viable coexistir con un crecientemente poderoso Guzmán Loera, como bien analiza la consultora su desenvolvimiento, que con una docena de bandas criminales.

Tampoco es dable omitir que transitar del oligopolio al monopolio, en este caso de la delincuencia organizada, no será la primera ocasión que suceda. Recuérdese el alegato de Carlos Salinas para justificar la existencia de gigantescos corporativos en la telefonía, el cemento, la televisión, la tortilla, la cerveza, el pan y las frituras como el mejor camino para que los monopolios aztecas compitieran sin desventaja con los de Estados Unidos.

La de Stratfor es una visión con la que se puede estar de acuerdo o no, pero respaldada en información alejada de las cuentas alegres de Francisco Saynés, el almirante que anunció que las organizaciones del narcotráfico “se están desbaratando”.

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México: Militarizar para impedir la rebelión

Esta semana los diputados mexicanos podrían aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional que legalizaría la arbitrariedad castrense.
Tomás Oropeza B. | México

Silenciosamente la ultraderecha, los empresarios, el ejército y casi todos los legisladores de los tres principales partidos políticos de México, todos bajo la tutela de la embajada norteamericana, han estado trabajando para llevar a cabo un golpe de Estado antes de que termine el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados el sábado 30 de abril.

Esta semana los supuestos representantes del pueblo mexicano podrían dar su visto bueno a varios cambios a la iniciativa de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional aprobada hace un año en el Senado, para legalizar las violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales que desde hace cuatro años comete el ejército y la Marina en las entidades donde supuestamente combate al crimen organizado. Se trata de establecer un régimen de excepción en todo el país, donde en los hechos ya existe en varias regiones.

Sin duda se trata de una medida preventiva que busca aplacar cualquier síntoma de rebelión social en un país en crisis económica y política donde se realizarán elecciones dentro de catorce meses y la herida dejada por el fraude del 2006 sigue presente. Sólo que hoy el desempleo, la pobreza y la violencia son mayores.
El régimen tripartidista de derecha que prevalece en México en su afán por mantener el sistema socioeconómico vigente, en su modalidad de capitalismo neoliberal, desde hace varios años está implementando una estrategia encaminada a evitar la organización y desarrollo de la lucha de clases con un proyecto de transformación social.

En esa tarea se han unido el PAN, PRI y PRD, que tratarán de aprobar, antes de que termine el 61 periodo de sesiones de la Cámara de Diputados varias reformas a la Iniciativa de Reforma a Ley de Seguridad Nacional para que el ejército, la marina y fuerza aérea puedan llevar a cabo legalmente, tareas que desde hace varios años realizan violando la Constitución y que actualmente sólo lleva a cabo con una cubierta “legal” el Centro Nacional de Seguridad Nacional (Cisen).

De aprobarse la Nueva Ley de Seguridad Nacional el presidente en turno tendría facultades para utilizar a las fuerzas armadas para reprimir movimientos sociales que a su juicio pongan en riesgo la seguridad nacional, la seguridad interior o la seguridad exterior (según la nueva jerga). Para ello no sería necesario que se declarara el estado de excepción en una región o en el país previa consulta al Congreso.

El ejército es el mayor interesado en lograr los cambios a la Iniciativa de Ley de Seguridad Nacional aprobada hace un año (27.04.2010) que parece contar ya con el apoyo de legisladores de todos los partidos para que se legalicen prácticas como el espionaje, operaciones encubiertas, detenciones, cateos, allanamientos, revisiones de documentos personales, etc., de personas sospechosas de participar en actividades que vulneren la seguridad nacional.

De llevarse a efecto la aprobación de esta reforma por la Cámara de Diputados, primero, y luego por el Senado, las luchas de campesinos, estudiantes, obreros y desempleados podrían ser tachadas de terroristas y reprimidas sin mayor trámite.
Se trata de dar un golpe de estado incruento, pisoteando la Constitución Mexicana reformando una ley secundaria, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada.

Según declaraciones del diputado Mario Di Constanzo, del Partido del Trabajo, la única manera de evitar la reforma es que un sector del PRI se oponga. Lo cual es muy improbable dado que legisladores cercanos al gobernador del Estado de México y virtual candidato del tricolor a la presidencia, Enrique Peña Nieto ya negociaron con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y Felipe Calderón.

Otro recurso que se ha estado utilizando para infundir miedo y terror en el pueblo mexicano es la narcoguerra que ha colocado a la población civil entre dos bandos supuestamente irreconciliables: un gobierno que se dice empeñado en terminar con la delincuencia organizada y un sector de la clase dominante que en su afán por enriquecerse realiza negocios fuera de la legalidad. Bandos que en realidad se complementan para llevar a delante un jugoso negocio gracias a la prohibición de las sustancias sicotrópicas, mercancías que aportan a la economía mexicana “subterránea” sumas billonarias.

El resultado de esta manobra implementada por órdenes de Estados Unidos a cambio del apoyo que le dieron a Felipe Calderón para sostenerse en la presidencia luego del fraudulento y cuestionado proceso electoral del 2006, es hasta ahora de unos 40 mil muertos, miles de desaparecidos y huérfanos, además de decenas de miles de desplazados de estados como Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Guerrero.

La criminalización de las luchas sociales es la tónica seguida por el régimen tripartito. Lo mismo en la capital del país que en la provincia mexicana.
Ejemplos: En el estado de Chiapas, el gobierno perredista no ha cesado de atacar a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas ni a los activistas de la Otra Campaña como sucede en Frontera Comalapa, Chiapas donde las autoridades locales junto con militantes del PAN, PRD y PV incendiaron las casas de los ejidatarios y además golpearon y vejaron a los integrantes de la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza.

En el DF las autoridades han reprimido al movimiento opositor a la Supervía.
Otra represión reciente es la que sufrieron unos cinco mil integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas que el once de abril - al cumplirse año y medio del decretazo con que Calderón terminó con su fuente de trabajo y lanzó al desempleo a 45 mil electricistas- llevaron a cabo una manifestación frente a las instalaciones de las antiguas oficinas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (L y FC), hoy en poder de la Policía Federal (PF) donde se les provocó y fueron reprimidos por esa corporación castrense reforzada por el cuerpo de granaderos del gobierno local.

A raíz de este incidente represivo fueron encarcelados once trabajadores, acusados de graves delitos, como pandillerismo y motín.

Otro obstáculo a la formación de un movimiento obrero clasista y revolucionario es el sindicalismo corporativo y economicista que sigue dominando en el país, aún en sectores en lucha como el SME, que nuevamente anunció la creación de una asociación política nacional para participar en las elecciones del 2012, lo cual no tendría nada de malo si en ese proceso levantara un programa de clase, pero dados sus recientes acercamientos con Peña Nieto, el pragmatismo de su dirección y la comprensible desesperación que embarga a los 16 mil trabajadores en resistencia, no es improbable que decidan vender su apoyo a cambio de la promesa de la creación de una empresa eléctrica que los recontrate. Pero eso habrá que verlo porque en México las promesas de campaña nunca se han cumplido.
http://hormigarebelde.blogspot.com

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Convocan sindicatos a marcha por el Día Internacional del Trabajo

por Tlaulli Rocio Preciado Bahena

Partirá a las 09:00 horas de la avenida Plan de Ayala rumbo al Zócalo de Cuernavaca.

Sindicatos y organizaciones que integran el “Pacto Morelos por la soberanía energética y alimentaria” abrieron la convocatoria a la sociedad civil para participar en el desfile del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en el que además de consignas contra la reforma a la ley laboral, habrán de manifestarse en contra de la violencia.

José Martínez Cruz, representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y miembro del pacto, informó que la convocatoria al 1 de mayo es a participar en esta marcha que partirá a las 9 de la mañana desde la avenida Plan de Ayala, a la altura del Hospital Regional Uno del Seguro Social, hasta el zócalo de Cuernavaca.

Expuso que en esta movilización, se expondrán diversas demandas y la postura de los trabajadores y organizaciones sociales, entre ellas la posición en contra de las iniciativas del PRI-PAN para imponer una nueva Ley Federal del Trabajo, en defensa de los derechos laborales y de los sindicatos independientes.

“Por el respeto al derecho al empleo de 16 mil trabajadores electricistas del SME y su derecho a ser contratados por una empresa pública que preste el servicio de energía eléctrica en el centro del país; empleo para millones de jóvenes excluidos de la educación y de salarios dignos”.

Además, se manifestarán en defensa de la educación pública, de la seguridad social y de las pensiones y jubilaciones; a favor de un ambiente sano y por el cuidado a la tierra, defensa del agua y el aire.

Martínez Cruz señaló que sin restar importancia a la marcha programada para el 8 de mayo, que sale el día 5, convocada por la Red por la Justicia y la Paz, también el 1 de mayo se manifestarán en contra de la violencia estructural y la guerra que ha dejado cerca de 40 mil muertos, miles de viudas y huérfanos.

“Por un alto al derramamiento de sangre y el fin de la impunidad. Basta de feminicidio. Castigo a los culpables de estos crímenes como son ejecuciones extrajudiciales, allanamientos, torturas, desapariciones”, serán algunas de las consignas, abundó.

Insistió en que esta movilización se llevará a cabo para “exigir el esclarecimiento de todos los crímenes cometidos en Morelos, que ya superan los mil 200 y por el alto a la impunidad con que actúan los asesinos”, entre otras demandas.

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Reconocimiento del poder

GERARDO SEGURA
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Lunes, 25 de Abril de 2011



Quizá a esta hora a Felipe Calderón aún le dure el bostezo que le producen las marchas pro-paz. Los mexicanos podemos marchar cientos y cientos de veces, vestirnos de blanco, caminar con veladoras encendidas, apostarnos en plazas y jardines públicos en huelgas de hambre, escribir inflamados artículos periodísticos, y nada pasará.

Los colegitas del SME juntaron más de 300 mil simpatizantes en octubre del 2009, y durante horas se conformaron en un inmenso, en un innegable río de personas, de protestas, de gritos, que desde el Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo, inundó la Ciudad de México y salpicó al país, y sin embargo Felipe Calderón siguió y sigue maltratándolos. Y eso que se ha demostrado que todo el lío es por la fibra óptica y los intereses televisivos.

Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, con marchitas pinchurrientas. Nada. Los muertos por la violencia se acercan a la media centena de miles, y qué. Continúan los ataques, las balaceras --cada vez más mal negadas, porque ahora resulta que no son ciertas las huellas de balas dejadas en los muros de la ciudad, sino que lo que es cierto es lo que dice el gobierno que sí lo es. Aunque no lo sea--, los asesinados inocentes siguen. Y qué.

Cuántas marchas llevamos los ciudadanos de a pie desde el asesinato del joven Martí. Incontables, ¿y por algunas de ellas se ha detenido la guerra en la que nos tiene Felipe Calderón? La respuesta es dolorosa y la sabemos.

¿Pero por qué no nos hacen caso a los marchistas, ni a quienes protestamos, ni a quienes nos indignamos, aunque sea en la intimidad? La respuesta es muy simple: porque no somos interlocutores. Felipe Calderón habla con quien él que le interesa hablar. Nosotros, los ciudadanos no le interesamos. Tampoco le interesamos a nuestros representantes oficiales: alcaldes, gobernadores, diputados y senadores, quienes constitucionalmente serían nuestros interlocutores ante el poder. En fin ,que estamos en la lona.

Y no sólo estamos en la lona por esa soledad y esa incomunicación en que nos hemos puesto al aceptar que Felipe Calderón nos ignore; también lo estamos porque hasta ahora hemos desconocido o no hemos reparado nuestro potencial, en la única herramienta que nos convierte en entes dignos de tomarnos en cuenta.

Si nosotros, los ciudadanos de a pie, no somos interlocutores para Felipe Calderón, habrá que apretarle el zapato a aquel que sí lo es, para que al defender sus intereses, de pasada a nosotros se nos escuche. Me refiero a que estamos olvidando que somos el segundo país consumidor de refrescos en el mundo. Hasta 2007, según la Jornada, consumíamos 300 millones de cajas de refrescos con valor de 15,500 millones de dólares al año. En vez de ir a la marcha --o a la vez--, dejemos de comprar refrescos un día, el mismo día. Son 42 millones de dólares que no vendería la industria refresquera ese día.

Desconocemos también nuestra capacidad de compra en supermercados. En Internet encuentro que tres cadenas nacionales controlan el 60% de este mercado: Wal-Mart, Soriana, Comercial Mexicana, las que en 2006 vendieron 30, 660 millones de dólares. Dejemos de comprar un solo día, el mismo día, en un supermercado.

A pesar de saber y repetir hasta el cansancio que somos el país que más caro paga este servicio, los mexicanos damos a ganar a las compañías de celulares 225 mil millones de pesos al año. Apaguemos el celular un solo día, el mismo día.

Los mexicanos gastamos, en promedio, el equivalente a 93,300 millones de pesos al año en gasolina y diesel. Dejemos de cargar gasolina un solo día, el mismo día, en nombre de la paz, a ver qué hace Pemex con la producción de ese día, que está obligada a mover.

Sí, nosotros no somos interlocutores del poder. Nosotros sólo alimentamos al poder. Retirémosle un sólo día, el mismo día, nuestro poder de compra, en nombre de la paz; produzcamos una comezón a los dueños del poder en México, que los obliguemos a ser nuestros interlocutores involuntarios ante Felipe Calderón, una y tantas veces como sea necesario, hasta que él diga "¡Estoy hasta la madre!". Mientras él no lo diga y actúe en consecuencia, la nuestra, la Madre Patria, seguirá muriendo.

 

chancla55@hotmail.com

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