martes, 26 de abril de 2011

La Reforma a la Ley de Seguridad Nacional y las posibles intenciones

nacional. / miércoles, 27 de abril de 2011

El día martes 27 de abril de 2011, el Senado de la República aprueba las Reformas a la Ley de Seguridad Nacional enviadas principalmente por Felipe Calderón, aunque se dice que fue gestada en las bancadas del PRI y PAN. La reforma, tal y como fue aprobada por el Senado, faculta al Presidente de la República en turno para, literalmente hacer caso omiso de los derechos humanos de lo ciudadanos cuando él considere que alguna acción representa un peligro para la estabilidad del Estado, y podrá enviar de forma totalmente "legítima" a efectivos del ejército, armados, a ejercitar la represión contra civiles desarmados, esto aplicará principalmente en los casos de movimientos de ciudadanos organizados ejerciendo el justo reclamo contra medidas políticas contrarias a sus intereses y su bienestar; también permite y valida el allanamiento, por parte de las fuerzas armadas, en las casas de los ciudadanos aunque no exista causa comprobada para tal acción; además autoriza que los militares impidan el libre tránsito de los ciudadanos para ser revisados en sus pertenencias, cuando así se considere necesario; todo lo anterior aunado a la participación del ejército en actividades de inteligencia, espionaje y detención de civiles, cuando se considere que tienen alguna relación con el crimen organizado. Uno de los puntos mas críticos es que permitirá, que para obtener declaraciones de los ciudadanos, los militares puedan emplear cualquier método "lícito", aunque no se especifica que métodos serán lícitos y cuales ilícitos.

Analizando los puntos que se consideran en la Reforma, podemos observar algunos detalles importantes: 1) el ejército ya ha cometido allanamientos en propiedades privadas de civiles sin presentar siquiera órdenes de cateo emitidas por autoridades civiles; 2) los militares ya han impedido el libre tránsito de los ciudadanos para revisar sus pertenencias, situación que vemos comúnmente en los famosos retenes; 3) los soldados ya han disparado sus armas contra civiles desarmados, matando incluso a familias completas, también situación que se ha presentado en varios retenes; 4) las fuerzas armadas ya han ejercido la tortura contra ciudadanos que forman parte de movimientos opositores para obtener información sobre el paradero de otros integrantes de dicho movimiento; 5) la milicia ya ha practicado el espionaje sobre civiles, incluso en conjunto con autoridades de los EUA, en una flagrante violación a la soberanía y seguridad nacionales. Viendo los puntos anteriores podemos preguntar: ¿Porqué si todas las acciones que contempla la Reforma ya se cometen, porque urge su aprobación? Ahora trataremos de pensar cuales sería las posibles intenciones de la aprobación de las mencionadas reformas:

Intención 1, la instauración de una dictadura militar. En México ya se vivió una dictadura de tipo militar, Porfirio Díaz, quién contaba con el favor de un ejército leal a él, pero no al pueblo, logró permanecer mas de 30 años en el poder; este asqueroso personaje utilizó a las fuerzas armadas para defender los intereses de los capitales extranjeros en nuestro País, que se sostenían y crecían gracias al constante sacrificio y la mas vil explotación de nuestros connacionales. En este caso de Díaz, podemos observar lo peligroso que puede llegar a ser el ejército cuando no está totalmente comprometido con su País, y se convierte en un instrumento de opresión contra su pueblo, sirviendo a objetivos muy diferentes de los que dieron origen a la creación de la institución militar. Las dictaduras militares se han caracterizado por la brutalidad ejercida contra el débil, muchas veces de forma totalmente injustificada, en aras de mantener un orden a modo, que solo beneficia a pequeños grupos bastardos de malos ciudadanos. Otro caso relativamente reciente de una dictadura militar en América fue el que se vivió en Argentina de 1976 a 1983, encabezada por el General Jorge Rafael Videla; bajo este régimen militar se volvió común el secuestro de civiles opositores a la dictadura, quienes eran llevados a centros de tortura: al ingresar al civil en el centro de tortura, sin importar si era hombre o mujer, era despojado de sus ropas, después era brutalmente golpeado (en el caso de las mujeres, muchas veces eran violadas), después era sometido a largas sesiones de electroshocks, y finalmente era vilmente asesinado por envenenamiento, y su cuerpo era arrojado al mar desde un avión; la comisión de todos estos crímenes contra el civil, tenían como intención obtener información, que muchas veces no era del conocimiento del ciudadano víctima de estos abusos; durante esta dictadura murieron o desaparecieron mas de 30,000 civiles. Con la instauración de una dictadura militar, Felipe Calderón buscaría, no solo su permanencia en el poder, sino la continuación de una política económica que privilegia el saqueo y el despojo de las mayorías en beneficio de la minoría capitalista y los capitales extranjeros; con el pretexto de la lucha contra el crimen, Calderón tendría la facultad de decretar un estado de excepción y arrojar al ejército a las calles a reprimir todo tipo de manifestación de inconformidad con su estadía en el Gobierno; se podría calificar a los grupos de opositores como "delincuentes" o "terroristas", por lo que estaría de antemano legalizado su total exterminio.

Intención 2, el fraude electoral. Después de las elecciones presidenciales de 2006, el líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador, denuncia la comisión de un fraude electoral en su contra; Andrés Manuel utilizando su enorme capacidad de convocatoria organizó enormes mítines, a los que asistieron millones de ciudadanos; en uno de esos mítines se acordó realizar el famoso "Plantón de Paseo de la Reforma" y así a finales de julio de 2006, miles de personas invadieron el paseo de la reforma, montaron improvisadas tiendas de campaña y se quedaron allí por mas de un mes; si la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional que comentamos ahora, hubiera estado vigente, habría sido legal que efectivos del ejército, montados en vehículos militares, hubieran pasado por encima de los campamentos disparando a diestra y siniestra sobre hombres, mujeres y niños. El panorama electoral para 2012 parece ya estar mostrando algunos signos macabros y no sería del todo extraño la realización de otro fraude electoral; fingiendo una falsa alternancia, como la fingida en el 2000 con el ingreso de Fox a los pinos, se puede esperar que de forma voluntaria, acordada con extraños y obscuros acuerdos entre la oligarquía, la Ultraderecha pretenda retornar el poder al PRI; de hecho es visto con buenos ojos por parte del PAN la constante campaña que ha mantenido en los medios de comunicación Enrique Peña Nieto, por lo que podemos suponer que no es mal visto por el PAN perder las elecciones de 2012 a favor del PRI; el problema es que Andrés Manuel sigue teniendo una convocatoria impresionante debida a sus buenas ideas en lo que se refiere al buen funcionamiento del País, por lo que no es de extrañar que vuelva a ganar contundentemente las elecciones del próximo año, por lo que la oligarquía junto con los capitalistas recurrirían de nueva cuenta a la ya añeja estrategia del fraude. Con la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional, si estuviera en vigencia, sería casi imposible salir a protestar sin correr el riesgo de ser vilmente balaceado, secuestrado, golpeado, desaparecido, e incluso asesinado, por lo que por temor a sufrir algún daño físico, mucha gente evitaría mostrar su inconformidad doblegándose al yugo de la minoría opresora.

Intención 3, la garantía de impunidad. Retomando algo del caso de la dictadura militar en Argentina, casi 30 años después, el General Jorge Rafael Videla es llevado a juicio y condenado a prisión perpetua por el cargo de "Crímenes de Lesa Humanidad"; esto fue posible gracias a que la Constitución de la República Argentina permitió que este asesino en cuestión fuera juzgado por un tribunal civil al ya no encontrarse en funciones castrenses. Ahora analicemos el caso de México: hoy Felipe Calderón podría ser llevado a Juicio Político por la inconstitucionalidad de sus actos en lo referente al uso discrecional de la fuerzas armadas, y eso no ha sucedido porque cuenta con la anuencia de una clase política que lo apoya ciegamente con tal de no arriesgar las prebendas de que goza; sin embargo, si llega un nuevo gobierno de oposición, éste tendrá toda la facultad de llevar a Felipe Calderón a juicio, ya no político sino penal, por lo que Calderón podría terminar en prisión; por consiguiente la idea de legislar lo que el ejército ha venido haciendo fuera de la Ley puede tener simple y sencillamente la intención de asegurar la impunidad de Calderón. Si revisamos el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, veremos que dice: "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna", por lo que en caso de que se promulgue la Ley de Seguridad Nacional con las nuevas reformas, aunque se quisiera llevar a Calderón a juicio por esos actos inconstitucionales en los que ha involucrado al ejército (aún cuando ya no esté en sus funciones de Presidente), contaría con la protección del artículo 14 constitucional que le garantizaría no ser juzgado por los actos cometidos en la ilegalidad, por estar ya legalizados.

Podemos suponer que el interés en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional persigue alguna de las intenciones mencionadas en los párrafos anteriores, o incluso otras que de momento no resulta claro vislumbrar; pero lo que si es un hecho es que si entran en vigor estas acciones contra la población civil, podemos esperar, oleadas de manifestaciones sangrientas, porque siempre hay quienes están dispuestos a morir en la defensa de sus derechos, y hasta una virtual invasión de los EUA en nuestro territorio, como siempre, asumiendo el papel de salvadores de los pueblos. Por otro lado, podemos suponer que este tipo de leyes son una muestra desesperada de la clase dominante ante el creciente descontento social que hay contra las políticas perjudiciales que rigen en nuestro País; pero aún no se dan cuenta que acciones como las que pretenden legalizar nunca son duraderas, y la justicia tarde o temprano hace su aparición para poner las cosas en su lugar. Al pueblo, al pueblo solo le queda la LUCHA PACÍFICA por lo que es correcto, sin ceder ni al miedo o al terror, porque las luchas de los pueblos siempre cuentan con los favores de los Dioses, quienes siempre son los que deciden el final.

http://apocalipsis316.blogspot.com

José Manuel de la Huerta - Opinión EMET

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Ley de Seguridad Nacional y el escrito aún posible

nacional. / miércoles, 27 de abril de 2011

La seguridad, la estabilidad, la paz que mantiene negocios, la tranquilidad de que los empresarios puedan andar sin muchos guaruras en nuestro país. El sueño húmedo de esa escasa clase social que controla los dineros de uno de los países más ricos del mundo.

La clase política mexicana nos es vendida como independiente, ladrona, corrupta, sin control alguno; algunos medios cuando es así necesario nos dicen que los políticos corruptos son la gran mayoría, hasta fotos de diputados dormilones salen de vez en cuando en los portales noticiosos mas importantes de México, que no los mas honestos, como son Reforma, El Universal o Milenio.

De esta manera se hace escarnio de los políticos en general, así la gran prensa busca erigirse como juez y vocería de los ciudadanos, intentando recuperar la credibilidad perdida. Pero que grande es la manipulación informativa, de la noche a la mañana el viraje se da en los titulares, como ejemplo claro, es la iniciativa de Navarrete Prida la Ley de Seguridad Nacional o LSN. Navarrete el priísta que ordeno y protegió a los uniformados violadores de Atenco, es gente del enano Peña Nieto, suspirante a la presidencia de la República.

Así de la noche a la mañana de ser duros críticos del sistema político multimillonario de México, pasan los escribanos a defensores de la iniciativa de seguridad que permitirá perseguir a ciudadanos que no acepten la imposición de un candidato a través de un fraude, o a los grupos de trabajadores que decidan defender sus derechos laborales, como hacen los amigos del SME en estos días de la presidencia del DESEMPLEO.

La iniciativa es tratada como un avance para la conformación de un estado fuerte y con futuro, y que es mencionada como la solución al vacío legal que rodea la actuación del ejército en estos días violentos. Así busca el PRI, que antes se negó a meter la iniciativa, quedar bien con la bota militar que comete crímenes y violaciones a los derechos humanos a diario en el país.

La gran Prensa vividora del estado termina apoyando la desaparición de derechos civiles que acarrea esta propuesta del PRI respaldada por el PAN (quien por cierto no presenta estas iniciativas por el rechazo que ya tiene en la mayoría de la población). El duopolio legislativo del PRI-PAN quiere llevar a cabo los pendientes legislativos antes del 2012, porque sabe que la población dormida por la televisión es de corta memoria, al menos así había sido en pasados sexenios.

Los ciudadanos ya no estamos dispuestos a dejarnos manipular ni por los medios, ni por los políticos serviles al estado derechista, los últimos días, las redes sociales se han llenado de información de la iniciativa de seguridad, al grado de tener el texto completo a disposición de los ciudadanos interesados en conocer a que nivel sus políticos y representantes están dispuestos a robar nuestros derechos civiles con el engaño de “protegernos”.

Algunos ilusos quieren la reelección de los legisladores de México como forma de cobrar afrentas como la Ley de Seguridad Nacional, no se engañen, lo que debemos instaurar en el país son los tribunales ciudadanos y la REVOCACIÓN DE MANDATO para cobrar de inmediato a los que traicionando el voto popular que los llevo al poder, pretenden servir a otros y no a los electores. Nada podrá impedir que el pueblo tome el poder del país, por eso la derecha busca las maneras de extender su dominio, con alegatos falsos como la inseguridad o el mito del enemigo interno que el fascismo esgrimió por años para militarizar la vida publica.

La tortura, hoy practicada a escondidas por el estado no será legalizada como afirma esta iniciativa de ley, por ello debemos defendernos manifestando nuestro rechazo a la imposición de medidas de corte fascista en la vida publica de México. Ayer el panismo esgrimía la democracia y la libertad como normas internas, hoy es solo un parapeto del conservadurismo rechazado por años y no los vamos a dejar actuar más. Saben que jamás volverán al poder de manera democrática, por ello intentan dejar las condiciones necesarias para quedarse en el poder a costa de nuestro país. No lo vamos a permitir.

Los legisladores afines a MORENA (Movimiento Regeneración Nacional) van a impedir que unos cuantos dedos bien pagados decidan por millones, la Ley de Seguridad Nacional no pasara bajo ninguna circunstancia. De hecho, si esta ley pasa, un escrito como este tal vez jamás podría ser publicado en ningún espacio so pena de persecución por “desestabilizar”. Así de grave es el ataque a las garantías individuales

Dontriana - Opinión EMET

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Ley de Seguridad Nacional: Los chantajes del calderonismo

Posted by subpoeta ⋅ abril 27, 2011 ⋅ Dejar un comentario

Jesusa Cervantes

La diputación priista se dispone a aprobar esta semana reformas a la Ley de Seguridad Nacional que, propuestas por la Sedena, habían sido consideradas violatorias de las garantías individuales. Fuentes castrenses, del PRI y del Senado –cuya minuta están modificando los diputados– dieron a conocer la causa del viraje: El Poder Ejecutivo ha integrado “expedientes negros” de gobernadores priistas vinculados con “actividades ilícitas”, y varios generales advirtieron al nuevo dirigente del Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, que si no eran aprobados los cambios propuestos por el Ejército, dichos expedientes serían publicados…

Los diputados federales del PRI pretenden aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional que da sustento jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, que otorga autonomía al Ejecutivo federal para autorizar la presencia de militares y que, “de manera encubierta”, permite declarar estados de sitio o de excepción que suspenden temporalmente las garantías individuales.

Luego de que el PRI –partido que con sus 237 votos puede dictar agenda y condicionar aprobación de leyes en la Cámara de Diputados– se mostró renuente a respaldar propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), terminó aceptando todos los cambios que demandaba la Sedena, a pesar de que algunos los había considerado “inaceptables” o generadores de una “alta politización” que haría difícil el tránsito de la nueva ley en el pleno.

El viraje del PRI, de acuerdo con tres fuentes consultadas por Proceso, habría sido provocado por la amenaza del Poder Ejecutivo de dar a conocer los llamados “expedientes negros” que está elaborando en contra de actuales gobernadores priistas por su presunta participación en actividades ilícitas. Proceso constató esta versión por tres fuentes de información distintas que participaron en la negociación: sector castrense, PRI y Senado.

La minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional llegó el 28 de abril de 2010, pasó ocho meses en “la congeladora” y, para diciembre de 2010, el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas, concluyó, junto con la Sedena, un nuevo documento que el PRI no se decidió a respaldar.

Al arribo de Humberto Moreira a la dirigencia nacional del PRI, el 4 de marzo pasado, los priistas reactivaron las negociaciones y entraron en contacto con altos mandos militares, entre ellos el general de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario de la Sedena.

Pero no fue sino hasta el 6 de abril –de acuerdo con las fuentes castrenses– cuando Moreira tuvo una comida con algunos generales que veladamente le advirtieron las consecuencias de no aprobar la Ley de Seguridad Nacional: la publicación de los expedientes.

Menos de una semana después, el 11 de abril, el encargado de llevar las negociaciones desde un inicio por parte del PRI, el diputado del Estado de México Alfonso Navarrete Prida, llegó a la Secretaría de Gobernación con el nuevo documento de 81 cuartillas, según el cual el PRI avala sin corchete alguno cada una de las propuestas del Ejecutivo Federal y de las Fuerzas Armadas.

No obstante, entre los negociadores se advirtió que a pesar de que el PRI avaló todas las demandas, no hay garantía de que “la amenaza de los expedientes” haya sido retirada.

El inicio

El 6 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró “la guerra” al narcotráfico y el día 7 envió al Ejército a combatirlo en Michoacán, a partir de lo cual la presencia del sector castrense se ha ido extendiendo a todo el país.

El 8 de mayo de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que autoriza al Ejército y a la Marina a “auxiliar” en el combate al crimen organizado.

Luego, el l9 de marzo de 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, demandó una ley que dé seguridad nacional y no una legislación que sólo otorgue al Ejército el papel de policía.

Al año siguiente, el 23 de abril de 2009, Felipe Calderón envió una propuesta de reforma al Senado de la República, en donde quedó congelada durante un año para ser aprobada en abril de 2010 y llegar a la Cámara de Diputados ese mismo mes. Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas “rehízo” con las fuerzas castrenses la minuta del Senado, el PRI detuvo cualquier negociación. Proceso dio a conocer en diversos números lo que el Ejército demandaba (ediciones 1747, 1748, 1771 y 1795). Poco antes de concluir su periodo al frente del PRI, Beatriz Paredes Rangel reactivó las pláticas con los militares. El 21 de febrero de 2011, Navarrete Prida sostuvo un encuentro con el subsecretario de la Sedena, general de división Carlos Demetrio Gaytán, algunos elementos de la Marina y el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Julián Hernández. Por parte del PRI participó Claudia Ruiz Massieu.

La intervención del funcionario de Gobernación se produjo luego de que Navarrete exigió seriedad en el tema y que acudiera “alguien que tuviera capacidad de decisión”, según revelaron fuentes de la Cámara de Diputados.

Al día siguiente, el 22 de febrero, Navarrete Prida y el subcoordinador del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, acordaron impulsar un documento para que la minuta fuera “dictaminada” por una sola comisión y no por las cinco en que se encuentra (Defensa, Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos), con el fin de agilizar su discusión en el pleno.

En paralelo, a la Sedena llegaron versiones de que el PRI, “molesto porque el apoyo de las fuerzas castrenses al gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico se había traducido en respaldo electoral de la ciudadanía al PAN”, según revelaron fuentes castrenses, habría elaborado un documento en donde se solicitaría el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República por haber incurrido en posibles violaciones a los derechos humanos.

Enfadados, los principales mandos de la Sedena pidieron un encuentro con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín –cercano a Beatriz Paredes–, el 1 de marzo de 2011, para solicitar una definición del Poder Legislativo en torno a la ley. (Proceso dio detalles del encuentro en su número 1795.)

Ahí, el propio presidente de la Mesa Directiva consideró difícil que se aprobara la reforma en el actual periodo ordinario, que concluye el próximo 30 de abril. Sin embargo, esa primera semana de marzo la posición del PRI empezó a virar.

La amenaza A uno de los grupos políticos fuertes dentro del PRI llegó la versión de que la Procuraduría General de la República preparaba expedientes políticos en contra de gobernadores priistas, revelaron fuentes de ese partido.

Luego de que, el 4 de marzo, Humberto Moreira asumió la presidencia nacional del PRI, su primera decisión fue intensificar las negociaciones con el sector castrense, pero a las pláticas, que se realizaban en la Secretaría de Gobernación y no en la Cámara de Diputados, dejaron de asistir tanto el priista Navarrete Prida como la Sedena debido a que Gobernación destituyó a su subsecretario de Enlace. Sólo los asesores de cada una de las partes leía y releía el documento de la Sedena y las observaciones de los priistas, sin llegar a nada.

El 14 de marzo, día en que se nombró al nuevo subsecretario de Enlace, Rubén Fernández Aceves –quien fue titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, los principales representantes del PRI, Alfonso Navarrete Prida, Claudia Ruiz y un par de generales de la Sedena intensificaron su presencia en las negociaciones.

Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del PAN, dijo en entrevista que a partir de ese día el camino se facilitó y que incluso Francisco Blake Mora participó en varios encuentros.

Ya el 17 de marzo la estrategia del gobierno federal para lograr la aprobación de la nueva ley habría sido modificada, según las fuentes castrenses y los propios priistas. A oídos del grupo negociador del PRI llegó de nuevo la versión sobre los expedientes inculpatorios, sólo que en esa ocasión la amenaza fue más contundente:

“Nos dijeron que esos expedientes de varios gobernadores los darían a conocer una vez que se supiera el nombre del ganador al gobierno del Estado de México. Esto tendría dos efectos: uno, pegarle al PRI en general, y el otro, golpear al aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por ser el puntero en la carrera presidencial”, reveló un funcionario del PRI.

A pesar de ello, el grupo de técnicos de la Sedena y del PRI se volvió a reunir en

Gobernación. Curiosamente, el 23 de marzo, allegados a la negociación comentaron que “ya se desatoró y sólo estamos en algunas definiciones”. Y no fue otra cosa que el ver cómo conciliaban las observaciones que el PRI hacía a varias de las propuestas de la Sedena, en el sentido de que aceptarlas generaría grandes “debates políticos”.

El miércoles 6 de abril, un general comentó a Proceso que la nueva ley “pasaría” sólo si ocurriera algo extraordinario. ¿Cómo qué podría ser?, se le preguntó, a lo que respondió con una ligera sonrisa: “Las elecciones del Estado de México, ¿no?”, sin agregar nada más.

Ese mismo 6 de abril, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, participó en una comida con algunos “altos mandos” de la Sedena para discutir la reforma. Al término del encuentro, uno de los generales –se pidió no dar a conocer su nombre– dejó caer una hoja con el membrete de la Sedena donde se hacía un análisis de la presencia del narcotráfico en algunos estados del país bajo la complacencia de gobiernos priistas. Además, dejaron entrever que se contaba con toda la información al respecto.

Fuentes de la Sedena consultadas por Proceso revelaron que la confección de los

“expedientes negros” sí está en curso; comentaron que la Sedena ofrece datos que ella tiene sobre el tema, que la PGR elabora los documentos y que algunos funcionarios del Poder Judicial “ayudan a sustentarlos”.

Coincidentemente, al día siguiente de la comida entre Moreira y generales de la Sedena, Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con Felipe Calderón, y un día después el gobernador del Estado de México desayunó con el secretario particular del presidente de la República, Roberto Gil Zuarth.

Previamente, el 31 de marzo, representantes de la ONU recomendaron al gobierno mexicano que el Ejército se retire de las calles en su lucha contra el narcotráfico, debido a que las denuncias por violaciones a los derechos humanos se han incrementado. En 2006 contabilizaban 182 y para 2008 ya sumaban mil 230.

En respuesta, el gobierno federal, a través de Fernando Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo el 2 de abril que el Ejército seguirá en las calles; luego, el propio Calderón advirtió el 8 de abril que así será como “apoyo temporal y subsidiario”.

De manera desconcertante y contrario a su discurso beligerante contra el PAN-gobierno, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, apoyó el 11 de abril a Calderón al declarar:

“Sería un error regresar al Ejército a los cuarteles en este momento. Sin embargo, considero que sí es necesario revisar la estrategia de algunos puntos que están fallando”.

En sintonía con las expresiones de Moreira, el encargado de conducir las negociaciones por el PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida, arribó a las oficinas de la Secretaría de Gobernación ese mismo día; se reunió con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Fernando Zamora Castro, y un par de generales de la Sedena para no sólo anunciarles que no habría más trabas de su partido a las peticiones del sector castrense, sino que además les entregaba “el predictamen” de 81 cuartillas sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Esto significaba que en dicho documento no sólo se incluían los artículos reformados, sino que en 45 cuartillas se hacía toda la justificación de los cambios y se asentaba el impacto presupuestario.

El PRI se doblega

Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas elaboró junto con el sector castrense los cambios a la minuta del Senado, el PRI se dio a la tarea de impulsar, en febrero de 2011, una nueva propuesta de reforma en donde “encorchetó varios de los cambios” propuestos e incluso señaló cuáles serían “intransitables”.

En la elaboración de la propuesta participaron, además de Alfonso Navarrete Prida, la diputada Claudia Ruiz Massieu, y antes, en un primer tramo, los senadores Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell.

La minuta del Senado aprobada el 23 de abril de 2010 contenía aspectos como el que los militares fueran juzgados por la justicia civil cuando violentaran los derechos humanos o incurrieran en abusos; que las concentraciones de tipo laboral, social o político no fueran consideradas amenazas a la seguridad nacional; que la declaratoria de afectación (momento en que se acepta la participación del sector castrense) fuera emitida por el Ejecutivo Federal y

el Congreso de la Unión; pero además no definía los “obstáculos” como aquellos que atentan contra la seguridad nacional, no permitía establecer retenes ni tampoco hacer declaratorias de estado de excepción, entre otras cosas.

Antes de que dicha minuta se aprobara en el Senado, el general secretario Guillermo Galván Galván convocó el 7 de abril en el Salón de Usos Múltiples en la Sedena a los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Ahí les solicitó:

“Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia; poder para detener durante 24 horas a los presuntos culpables y someterlos a interrogación; potestad para tomar las huellas dactilares de quienes aprehenda; intervenir comunicaciones; rastrear o hackear páginas en internet; poder disolver concentraciones de vehículos (como las ocurridas en abril de 2010 en Tamaulipas y Nuevo León); que se puedan declarar zonas de excepción y eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas”, revelaron a Proceso asistentes a ese encuentro.

Nada de ello se incluía en la iniciativa que el Ejecutivo había enviado al Senado; sin embargo, cuando la minuta llegó a la Cámara de Diputados, el Ejército continuó su labor de cabildeo.

En octubre de 2010, la Sedena invitó a los mismos legisladores a una demostración del poder de armamento del crimen organizado y les habló de nuevo de lo que los militares deseaban incluir en la minuta del Senado que ya estaba en manos de los diputados.

Proceso informó de lo que molestaba al Ejército de la minuta del Senado por considerar que ciertos aspectos eran anticonstitucionales y porque los altos mandos militares no querían estar supeditados a las órdenes de las policías en el combate al narcotráfico. También se dieron a conocer los 10 puntos que pretendían incluir.

Justamente sobre estos puntos el PRI hizo observaciones. Por ejemplo, el aspecto más importante era que la Sedena planteaba que una vez declarada la afectación, “a juicio del Ejecutivo Federal”, se establecieran “medidas extraordinarias”. Aquí el PRI advertía que básicamente se estaba hablando, “de manera encubierta”, de un “estado de excepción”, y señalaba que incluir ese punto generaría una “alta politización”.

Otra observación que hizo el PRI se refería a la pretensión de que el Ejecutivo solicitara la intervención de los militares y utilizara “todos los recursos” de que dispusiera cuando lo considerara necesario y en tanto se hacía la declaratoria de afectación. Aunque aquí el PRI consideró “correcta” la atribución, señaló que para que ello ocurriera debían establecerse las causas urgentes y las circunstancias que ameritaran la intervención, pues “de otra forma se puede convertir en una acción sumamente peligrosa”. Por lo tanto, pidió que hubiera un marco “de control” para esas medidas.

El PRI fue claro al considerar que, desde “el punto de vista político, es de extrema sensibilidad y temor el aprobar un artículo como éste”.

Sobre las facultades de intervención de comunicaciones privadas que pidió la Sedena, el PRI sostuvo que es de “notoria improcedencia como está planteado, pues no tiene facultades constitucionales, sólo si es autoridad designada como responsable”. En todo caso, a una medida de ese tipo debía dársele temporalidad, con las causas que la justifiquen.

Y en cuanto a las “operaciones encubiertas” que pueden realizar los mandos castrenses, el PRI planteó que pueden ser un “peligro”, pues podrían darse en forma unilateral, sin autorización del titular de la Sedena. Además de que no se aclara cuáles son las “operaciones encubiertas”, señaló, este punto implica una “alta politización”.

Finalmente, “el predictamen” que el PRI entregó a Gobernación el 11 de abril, y que no se distribuyó entre todos los partidos políticos sino hasta el día 22, no incluye los cambios y observaciones que había aportado el PRI. Sólo presenta todo lo que la Sedena propuso y que fue registrado en un documento dado a conocer a los diputados federales en octubre de 2010, así como a Humberto Moreira, en abril de este año, cuando visitó las instalaciones de la Sedena.

El vicecoordinador legislativo del PAN, Alberto Pérez Cuevas, comenta que la Cámara de Diputados espera aprobar el documento el martes 26 de abril para que así lo puedan procesar hasta el día 30, fecha en que concluye el presente periodo de sesiones.

En entrevista telefónica, el senador del PRI Jesús Murillo Karam manifestó que la premisa de los cambios que ellos aprobaron fue que sirviesen “para garantizar a la ciudadanía el respeto a sus garantías y derechos humanos”, y aclaró que se “tuvo cuidado para que el accionar de las Fuerzas Armadas fuera del conocimiento del Congreso de la Unión y sobre lo que dice la Constitución”.

“Nos interesa que el prestigio del Ejército se mantenga y que su intervención sea regulada”, expresó.

–¿Aprobarán los cambios de la Cámara de Diputados a la propuesta de reforma?

–Si viene similar, es posible. Pero si se cambió todo, tendremos que analizar la modificación.

El diputado del PVEM, Pablo Escudero, planteó que los cambios son inaceptables, pero que si el PRI y el PAN los mayoritean “creo que el Senado no los verá con buenos ojos”.

Finalmente, por el PRD, la diputada Teresa Incháustegui dijo que la propuesta de reforma es inaceptable y que incluía todo lo que los generales habían pedido a los diputados. “Lejos de que las relaciones cívico-militares caminen a favor de la transición democrática, esto va en contrasentido”, sentenció.

Revista Proceso 1799, del 24 de abril.


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Contribución Video Denuncia - Militares en la UNAM

Entra comando de militares armados a CU. Violando la autonomía universitaria ingresan armados para llevar a consulta un perro (o eso dicen los de Auxilio UNAM) NO PUEDE SER NORMAL VER MILITARES ARMADOS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO, No nos acostumbraremos a verlos en las calles. ¡QUE REGRESEN A SUS CUARTELES!

EL video se hizo el 19 de abril a la 1:37 p.m en las puertas del estacionamiento de la facultad de veterinaria de la UNAM, quienes grabamos somos del Comité Estudiantil Metropolitano CEM. Los que nos dijeron que traían un perro (qué nunca vimos) fueron los vigilantes que venían escoltando el comando, que manejaban la patrulla numero 36 con placas 725-WLS del D.F. Después de decirlo ya no quisieron hacerlo frente a la cámara.

Ley de Seguridad Nacional: hacia el Estado policial

PERIODICO LA JORNADA

EDITORIAL

Jueves 21 de abril de 2011

Hay la pretensión, en la Cámara de Diputados, de aprobar en comisiones el próximo lunes el proyecto de dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que otorga al Presidente amplias facultades discrecionales para enfrentar, mediante las fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y por medio de la represión, el espionaje a los ciudadanos e interrogatorios a civiles, estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro para la seguridad interior.

El documento contiene puntos tan anticonstitucionales, autoritarios y peligrosos como el facultar al jefe del Ejecutivo federal para que use a las fuerzas armadas contra movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando se considere que constituyan un desafío o una amenaza a la seguridad interior; el dar a soldados, marinos y agentes del Cisen atribuciones para intervenir comunicaciones telefónicas e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político; el facultar a las fuerzas armadas la atribución de restringir la circulación de mercancías y vehículos, así como revisar las pertenencias de particulares en las calles; requerir información a los civiles, con cualquier herramienta que resulte necesaria, y el permitir a los efectivos de la Marina, del Ejército y del Cisen contar con informantes anónimos y que, en sus tareas de inteligencia y contrainteligencia, hagan uso de cualquier método de recolección de información.

La iniciativa se fundamenta en consideraciones absurdas y tramposas que pretenden dar la vuelta a mandatos constitucionales inequívocos, como la afirmación de que en todo lugar y momento, la paz (en contraposición a la guerra) es relativa, y la pretensión de que la fuerza armada debe participar, como coordinadora de acciones para enfrentar un desafío o una amenaza que, sin llegar al extremo de la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, requiere atención inmediata y eficaz que los cuerpos policiacos preventivos y las autoridades civiles no están capacitados para proporcionar.

En suma, se pretende dar cobertura legal a la supensión de facto de las garantías individuales que ya prevalece en extensas regiones del país, pero sin asumir los costos políticos derivados de una declaración formal de estado de excepción. Semejante posibilidad haría imposible una defensa efectiva de los derechos humanos de la población; daría impunidad total a los empleados públicos que los violan; crearía las condiciones para la criminalización generalizada de las oposiciones políticas, los movimientos sociales y las protestas laborales, y daría fundamento legal a la persecución y represión de inconformidades poselectorales. Es por demás significativo y ominoso que se pretenda imponer tales normativas en vísperas de los procesos comiciales federales previstos para el año entrante.

Finalmente, sería doblemente trágico que, tras la pérdida de la seguridad pública provocada por los malos resultados de la estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada, la ciudadanía tuviera que enfrentar una grave e injustificable afectación a sus libertades y garantías individuales, como consecuencia de una reforma legal de dudosa utilidad para enfrentar a la delincuencia, pero de consecuencias inevitablemente desastrosas para los derechos humanos, para la libertad y para las perspectivas de la democracia en el país.

Edomex: llama el SME a no votar por Bravo Mena

Israel Dávila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2011, p. 28

Toluca, Méx., 25 de abril. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) inició hoy una campaña en el estado de México, en la que llama a la población a no votar por el PAN ni por su candidato a la gubernatura, Luis Felipe Bravo Mena, en las elecciones de gobernador a realizarse el 3 de julio entrante.

Mediante mantas que colocó en avenidas de la capital mexiquense, las cuales se extenderán a otras localidades de la entidad, el SME afirma que Bravo Mena es un "mentiroso", por lo que los electores no le pueden otorgar su voto en los comicios.

El SME anticipa en las mantas que Bravo Mena volverá a perder en estas elecciones como en 1993, "pues los ciudadanos conscientes sabemos de su lacayuna y cobarde labor desempeñada en sus distintos cargos como funcionario".

El sindicato señala que en su encargo como secretario particular del presidente Felipe Calderón, Bravo Mena tuvo conocimiento del decreto de extinción de Luz y Fuerza, en la que laboraban 44 mil agremiados a esta organización, y a pesar de ello mintió a los electricistas.

"¿Acaso esta doble moral para mentir a los mexicanos la aprendió cuando (Vicente) Fox lo mandó de embajador al Vaticano, donde no había día que no asistiera a darse golpes de pecho?", refieren las mantas.

"Mintió a los electricistas"

El SME calificó a Bravo Mena de "monaguillo con cola de diablo. Si así le mintió a los electricistas, besando la cruz, te mentirá a ti", dice una de las mantas.

Por otro lado, en el Instituto Electoral del Estado de México, el PRD presentó un recurso de inconformidad para impugnar el nombre de la coalición Unidos Por Ti (PRI-Partido Verde y Nueva Alianza), debido a que el nombre "podría generar confusión entre el electorado" con la alianza Unidos Podemos Más, que el sol azteca formó con los partidos del Trabajo y Convergencia.

La representación del PRD argumentó que por registrar ellos primero la coalición les corresponde conservar dicho nombre, e insistió en que el Tribunal Electoral del Estado de México debe ordenar al PRI cambiar el nombre de su alianza para evitar cualquier confusión.

En tanto, el PRI, que por la mañana había anunciado el desistimiento de las quejas que promovió ante el IEEM contra el virtual candidato perredista al gobierno del estado, Alejandro Encinas, por actos anticipados de campaña, horas después reculó. Las que retiró de la mesa fueron las que promovió contra el PAN y Bravo Mena, también por actos anticipados de campaña.


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Centrales eléctricas contaminan el agua

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2011, p. 34

En México, alrededor de 50 por ciento de las emisiones de contaminantes al agua corresponden a centrales eléctricas a base de combustibles fósiles, que contienen metales pesados como níquel, plomo y cromo, "extremadamente tóxicos para la salud humana y el medio ambiente acuático", advierte el informe Emisiones y transferencia de contaminantes en América del Norte, elaborado por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte.

El documento presenta los datos del registro de emisiones y transferencia de contaminantes (RETC) que se aplica a alrededor de 35 mil industrias de Canadá, Estados Unidos y México, pero en este caso evalúa la generación de contaminantes a los cuerpos de agua superficiales.

El análisis tomó la información del RETC de alrededor de 5 mil plantas industriales de Canadá y Estados Unidos, las cuales registraron emisiones a lagunas y ríos por 228.5 millones de kilogramos en 2006, último año del que se tiene información.

Detalla que el sector público de tratamiento de aguas residuales sólo dio cuenta de 44 por ciento de las emisiones totales ese año, la mayor parte corresponde a establecimientos de Canadá, ya que en Estados Unidos las plantas de tratamiento públicas están exentas de presentar registros y en México muy pocas instalaciones presentaron sus reportes del RETC.

Indica que dos de los 256 contaminantes emitidos al agua –compuestos nitrados y amoniaco– representan 90 por ciento del total. Éstos contribuyen a las concentraciones de nutrientes en lagos y ríos, lo que provoca la eutrofización.

Agrega que en México el sector de extracción de petróleo y gas registró cero emisiones de ácido sulfhídrico en 2006; sin embargo, este sector y esta sustancia también están fuera de los registros.


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Reducen trámites a trasnacionales de transgénicos

Angélica Enciso

Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2011, p. 33

Para favorecer a particulares, en este caso trasnacionales productoras de transgénicos, que son las que han efectuado pruebas experimentales de maíz con genes modificados y están por realizar la prueba piloto, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura (Sagarpa) acordaron reducir los trámites "en materia de uso confinado de organismos genéticamente modificados (OGM)".

El acuerdo, publicado el 15 de abril en el Diario Oficial de la Federación, señala que se reducen de seis a un trámite por dependencia, es decir, de un total de 12 trámites sólo serán dos, y se usará un formato único y estandarizado para ambas secretarías.

En un comunicado, las dependencias informaron que esto "facilitará y simplificará el esquema mediante el cual los particulares, principalmente centros de investigación, universidades, así como empresas públicas y privadas, dan aviso tanto a la Semarnat como a la Sagarpa de dichas actividades, ya que la información del formato empleado es único y estandarizado, buscando promover el cumplimiento de la ley en materia de avisos en la utilización confinada de OGM".

Hasta ahora, autorizaron a Monsanto –ninguna universidad ni centro de investigación–, en marzo, la primera prueba piloto en Tamaulipas para cultivo de maíz transgénico.


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Licitará Pemex el bombeo electrocentrífugo

Israel Rodríguez

Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2011, p. 22

Con la participación de 28 empresas nacionales e internacionales de países como Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos, Pemex presentó el proyecto de Bombeo Electrocentrífugo (BEC), próximo a licitarse, el cual busca garantizar la producción de los yacimientos Ek, Balam, Takin, Maloob Zaap y Ayatsil, localizados en la sonda de Campeche, en el Golfo de México.

Con la contratación de empresas privadas Pemex continúa cediendo espacios sustantivos en áreas estratégicas en detrimento de los cuadros capacitados de la paraestatal, así como del desarrollo de tecnologías propias.

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de cinco años para la instalación de este sistema en más de 100 pozos, con una inversión de mil millones de dólares, y se realizará a través de una licitación pública internacional.

En el encuentro realizado en Ciudad del Carmen, Campeche, se hizo público el objetivo de implementar un sistema de contracción que garantice el diseño, instalación, operación asistida y mantenimiento del sistema BEC para el aseguramiento del flujo de los crudos pesados de dichos yacimientos.

Ante los participantes se expuso el objetivo del proyecto, la experiencia de la Región Marina Noroeste en la aplicación del BEC, las características de los yacimientos, las propiedades de los fluidos en los que se realizarán los trabajos, el tipo de configuraciones a instalar y las especificaciones técnicas de los equipos de fondo y superficie, así como el proceso de licitación y el esquema de contratación diseñado para promover la competencia e incentivar los mejores desempeños.

El BEC se utiliza desde hace más de 15 años en yacimientos de petróleos de 27 grados API y más de cinco años en pozos productores de petróleo pesado de 13 grados API (siglas del American Petroleum Institute, que se utilizan para medir la densidad del crudo).

Pemex informó que invertirá casi mil millones de dólares en el proyecto de BEC, que en la actualidad es uno de los principales sistemas artificiales de recuperación de crudo en el mundo.

La paraestatal resaltó que el sistema que utilizará es un mecanismo que le permitirá hacer llegar los hidrocarburos desde el fondo del pozo hasta la superficie, ya que es un mecanismo de bombeo que funciona como aspiradora, inyectando aire, a la vez que jala el hidrocarburo al exterior, para mejorar la fluidez de la producción en los campos de crudo extrapesado.

Pemex obtuvo una producción promedio de petróleo de 2 millones 572 mil barriles diarios durante el primer trimestre de 2011. Pese a que la petrolera logró aumentar marginalmente la producción de crudo en marzo al elevarla a 2 millones 573 mil barriles diarios, el balance trimestral revela que la producción de enero-marzo de 2011 es menor 1.3 por ciento al promedio obtenido en el mismo lapso de 2010, cuando alcanzó 2 millones 606 mil barriles diarios.


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Desecha la Corte otra controversia contra nuevos contratos de Pemex

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2011, p. 22

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ayer por "notoriamente improcedente" la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados en contra de la licitación pública internacional emitida por Petróleos Mexicanos (Pemex) para concesionar a la iniciativa privada la exploración y producción de petróleo a través de contratos incentivados de servicios.

El ministro instructor Guillermo I. Ortiz Mayagoitia no admitió la demanda presentada el pasado 15 de abril por los legisladores, la cual cuestiona que se permita a particulares explorar, producir y distribuir hidrocarburos en las áreas de Magallanes, Carrizo y Santuario, en la región sur del estado de Tabasco. Consideró que los diputados "no tienen interés jurídico en el asunto", porque los contratos impugnados "son ajenos a su esfera de competencia, facultades o atribuciones".

Ésta es la segunda decisión de Ortiz Mayagoitia a favor del Ejecutivo federal y de Pemex sobre la constitucionalidad de los contratos incentivados.

La primera fue cuando hace unos días desechó la controversia constitucional que presentaron cinco municipios de Tabasco en contra de la licitación "pública internacional abierta 18575062-512-11" (publicada el primero de marzo en el Diario Oficial de la Federación), en la que los ayuntamientos denunciaron la inconstitucionalidad de los contratos, porque dejan a la iniciativa privada parte de la renta petrolera nacional, lo que afecta el monto de las participaciones federales a los ayuntamientos. Ortiz consideró que los ayuntamientos tampoco tienen interés legítimo.

En el acuerdo que desecha la demanda de los legisladores, Ortiz Mayagoitia desestimó, entre otras cosas, que la licitación represente una "sustitución o suplantación" de Pemex, contraria al artículo 28 constitucional. O que Pemex ceda a los contratistas "la planeación, organización y operación de las actividades petroleras en el área contractual, participando también de la renta petrolera", como denunciaron en su momento los municipios tabasqueños de Cunduacán, Jalapa, Jonuta, Paraíso y Tenosique.

También denunciaron que los contratos violan la disposición de la propia Corte de noviembre pasado –cuando avaló la constitucionalidad del reglamento de Pemex–, en la que definió que los contratos para ser legales "no deberán establecer fórmulas o esquemas que correlacionen el precio del crudo y la remuneración del contratista que tengan como resultado que el pago de los servicios sea una proporción de la renta petrolera".

Entre los argumentos que fueron ignorados por Ortiz Mayagoitia destaca que los contratos impugnados "no son de servicios, sino de riesgo", porque tienen derecho a recibir "un pago monetario de un monto" que, sin ser un porcentaje fijo, sí está basado en el valor real de los hidrocarburos "a precio futuro e incierto", lo que los hace inconstitucionales.

El contratista, subraya la demanda, participa de la renta petrolera "no como un porcentaje directo, pero sí como un resultado final".

Ministro no conocía términos de los contratos: legisladores

Ayer por la mañana los diputados federales Laura Itzel Castillo, Agustín Guerrero y Mario di Constanzo fueron recibidos por el ministro presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, ante quien plantearon su inquietud porque Ortiz Mayagoitia desechó las demandas presentadas por los municipios tabasqueños, sin conocer los "términos y condiciones" de los contratos.

En entrevista, la diputada Castillo –integrante del llamado "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador–, sostuvo que es una irresponsabilidad que Ortiz haya resuelto de esa manera, y recordó que el Ejecutivo federal y Pemex han sido omisos con la demanda formal que hizo el Congreso para que se informara con precisión sobre los "términos y condiciones" contenidos en la licitación.

La legisladora adelantó que ante la actuación del ministro instructor, presentará una demanda de juicio político en su contra.

El reclamo en contra del desechamiento de la demanda de los municipios será resuelto en su momento por la segunda sala de la Corte, al tiempo que se espera que Congreso presente a su vez un recurso de reclamación en contra del desechamiento de su controversia, el cual también será dictaminado por una de las salas del máximo tribunal.


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Rechazo a la reforma laboral de PRI-PAN, principal bandera este 1º de mayo: UNT

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2011, p. 10

La marcha del primero de mayo para conmemorar el Día Internacional del Trabajo anarbolará la demanda del rechazo a la reforma laboral del PRI y el PAN. El sector obrero independiente "no bajará la guardia" en su movilización para frenar esta iniciativa, sobre todo porque hay la intención de convocar a un periodo legislativo extraordinario con la intención de revisarla y aprobarla.

Los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez y Agustín Rodríguez, sostuvieron que esta organización va estar muy pendiente de que la supuesta consulta que lleva a cabo el PRI sobre esta reforma no vaya a ser sólo una farsa y que al menor descuido se proponga un nuevo periodo para aprobarla.

Hernández Juárez comentó que a la marcha del Día del Trabajo se llevan múltiples demandas laborales, porque se han acumulado en este sexenio una serie de agravios a los trabajadores, que van desde una política salarial restrictiva hasta la desaparición por la vía de los hechos de los derechos laborales, la precarización del trabajo y el ataque a los sectores independientes, como los electricistas y los mineros.

Sin embargo, los trabajadores harán hincapié en el rechazo a la reforma laboral, para que "no pase el proyecto del PRI y el PAN". O que al menos se le quiten al proyecto tricolor aquellos puntos que vulneran y afectan los derechos de los trabajadores, como la contratación a prueba, la legalización de la tercerización, la limitación de dejar en un año el pago de salarios caídos, la imposición de más escollos para poder estallar huelgas y demás, dijo el también diputado del sol azteca.

El sector independiente va a seguir movilizado para impedir que se imponga esta reforma, ya que aunque PRI y PAN tienen los tiempos muy forzados para llevar a cabo las consultas sobre la iniciativa, pues el periodo legislativo de septiembre va a ser eminentemente electoral y no se va a poder sacar ahí este proyecto, están moviéndose fuerzas en la Cámara de Diputados para que haya un periodo extraordinario donde el único punto de la agenda sea esa reforma, señaló el dirigente de los telefonistas.

Agustín Rodríguez indicó que es una prioridad para los trabajadores rechazar el modelo de iniciativa propuesto por el PRI, por lo que una de las banderas principales de la movilización del primero de mayo será el rechazo a la reforma del tricolor, "la cual curiosamente los más interesados en quererla sacar son los panistas, lo que evidentemente habla de que favorece a la patronal y afecta los derechos de los trabajadores, por lo que es un encargo de los grupos empresariales del país".


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Lozano deberá explicar en San Lázaro por qué no ha logrado echar Mexicana a volar

Martes 26 de abril de 2011, p. 9

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que el pleno cite a comparecer al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, para que explique por qué no ha cumplido su compromiso "de echar a volar" Mexicana de Aviación y no se han generado empleos para cientos de pilotos, azafatas y personal de tierra.

“El señor Lozano lo único que ha logrado es evidenciar que un grupo de empresarios se lo chamaqueó. Y los trabajadores no pueden ser rehenes de sus ambiciones electorales”, declaró el vicecoordinador del PRI, José Ramón Martel.

Al concluir la reunión semanal de la Junta de Coordinación Política, el legislador sostuvo que "en lugar de andar correteando al PRI para que apruebe la reforma laboral", el secretario debe cumplir con su obligación.

“Cada chango a su mecate; que se preocupe porque no logra la recuperación de los empleos. En el PRI no caeremos en el juego del PAN sobre el gallo o la gallina. No se es gallo por decreto, y algunos se han visto muy pollitos porque los han chamaqueado”, dijo en referencia a que Lozano se autodenomina el gallo azul.

Antes, también al salir de la reunión, el vicecoordinador del PAN, Carlos Pérez Cuevas, afirmó que la reforma laboral se detuvo porque el PRI no quiso utilizar su mayoría para votarla,"por órdenes del gobernador del estado de México", Enrique Peña Nieto. En respuesta, Martel exclamó: "¡Que ladren los perros!"

El priísta señaló que desde hace ocho meses, en que Mexicana dejó de operar, los únicos empleos para los ex trabajadores de esa compañía han sido los que se autogeneraron las azafatas, que posaron en bikini para un calendario y luego desnudas en dos revistas para adultos.

Martel afirmó que existen las condiciones políticas y de seguridad para que Lozano comparezca en la Cámara. Cuestionado sobre que en ocasiones anteriores el titular del Trabajo ha desatendido citatorios para abordar otros temas, indicó que el funcionario debe presentarse esta vez, en "un ejercicio de responsabilidad".

Además, expuso, “esa chamaqueada de algunos empresarios le sigue costando al país, porque hay menos líneas aéreas compitiendo, y lo único que anda volando son cientos de trabajadores en el desempleo”.

Luego de que el domingo Lozano Alarcón cuestionó que la Cámara de Diputados sólo retrasó la discusión de la reforma laboral, para desahogar un periodo de audiencias hasta el 18 de mayo, Martel sostuvo que en la disyuntiva de elegir entre la rapidez y la inclusión, los priístas "nos quedamos con esta última".

Resaltó que la actividad legislativa debe abordarse con visión de Estado, y que la iniciativa de reforma laboral no debe estar sujeta "a autoritarismos, sino aprobarse con cuidado. Además, la política no es para improvisados, ni se hace por Twitter".


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Teme ONG que se busque crear en México un Estado policiaco-militar

Rubicela Morelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2011, p. 3

Cuernavaca, Mor., 25 de abril. La Red por la Paz y la Justicia rechazó las reformas a la Ley de Seguridad Nacional "que darían paso a la creación de un Estado policiaco-militar en México, que sólo serviría para aumentar la violencia, la inseguridad, el número de muertos y para reprimir a quienes no estén de acuerdo con la guerra contra el narcotráfico".

Rocato, uno de los integrantes de esta organización, afirmó que una de las principales demandas de la próxima marcha del 8 de mayo hacia el Zócalo de ciudad de México, será que los militares regresen a sus cuarteles de manera inmediata, porque se ha demostrado que donde están es donde más muertos, violencia e inseguridad hay.

Indicó que el operativo efectuado en diciembre de 2009, en el que murió Arturo Beltrán Leyva, tuvo como resultado cientos de ejecuciones de morelenses que han quedado impunes.

Llamó a los diputados federales del PRI y del PAN a que retrocedan en su proyecto de dictamen sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en la que abren la posibilidad de que el Ejecutivo solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos de carácter político, electoral, social o del trabajo, “cuando considere que constituyen un desafío o amenaza a la seguridad interior, porque se corre el riesgo que se atente contra el mismo pueblo.

“Expresamos de forma tajante nuestro rechazo a las reformas de la Ley de Seguridad Nacional presentadas en la Cámara de Diputados por preparar las estructura legal que daría paso a la creación de un Estado policiaco-militar.

"Creemos que no es necesario crear leyes más duras, sino que se cumplan las que existen. El ciudadano común y corriente está hasta la madre de que sus derechos constitucionales sean pisoteados con el pretexto del combate al crimen organizado. Ya no queremos muertos, no queremos su guerra, exigimos nuestro derecho a vivir en un México justo y en paz", dijo.

En tanto, jóvenes de distintas organizaciones de Morelos convocaron a un congreso nacional que se llevará a cabo los días 28 y 29 de abril en esta ciudad, que se denominará: Los jóvenes en la emergencia nacional.

El acto se realizará en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas de esta ciudad y las mesas de trabajo abordarán temas como la militarización y violación de la soberanía nacional; la violencia e impunidad de género e infantil; la legalización y consumo responsable de drogas; la reforma laboral, el empleo, los ninis, campo y migración; la recuperación de espacios públicos; la democratización de medios de comunicación, y contenidos y presupuesto en la educación.


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Es un virtual golpe de Estado, advierte Jaime Cárdenas Gracia

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2011, p. 2

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados afirmó que está dispuesto a asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, concede al Presidente de la República la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país.

Junto con Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que desde la Junta de Coordinación Política "gestiona" con las comisiones de Defensa, Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación para que sólo una o dos de ellas voten el dictamen y el resto se allanen, para tratar de que se vote esta misma semana.

No obstante, en la mesa directiva se consideró difícil que el documento entre al pleno en el actual periodo de sesiones, debido a la inconformidad que ha generado en el resto de las bancadas.

En conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida (PRI) dijo que su grupo parlamentario está dispuesto a asumir los costos políticos de votar una reforma que, como publicó este diario la semana pasada, facilita al Ejecutivo el uso de tropas cuando considere que está en riesgo la seguridad interior. Incluso, el priísta acotó que si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley.

Al concluir ayer la segunda reunión para evaluar la propuesta de Navarrete Prida que modifica sustancialmente la minuta del Senado, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) informaron que se solicitó modificar el artículo 74, fracción VII, párrafo segundo del proyecto de dictamen, porque como está planteado abre la puerta para que las fuerzas armadas actúen contra protestas civiles.

Ese párrafo advierte: "No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley."

Según Navarrete Prida, esa redacción “camina en la intención de prohibir que las fuerzas armadas puedan reprimir una manifestación pacífica y civil… salvo que de un asunto de éstos se rebase y constituya un obstáculo o amenaza” a la seguridad interior.

En contraste, el presidente de la Comisión de la Función Pública y secretario de la de Defensa, Pablo Escudero (PVEM), resaltó que en las observaciones al texto de Navarrete se insistió en dejar muy claro que las fuerzas armadas no pueden acometer movilizaciones civiles.

"Además, debe definirse con precisión que en la declaratoria de afectación a la seguridad interior no pueden suspenderse las garantías individuales", declaró.

Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que si PRI y PAN pretenden que el dictamen se vote sólo por una comisión, primero deben reunirse las mesas directivas de las cinco que tienen la minuta. "De otra manera, la Junta de Coordinación no tiene capacidad de excluir a tres o cuatro de las comisiones, a menos que quiera pasar por encima del reglamento", dijo.

Expresó que aun cuando las bancadas priísta y panista argumentaron ayer que existen candados en la propuesta para evitar la violación de derechos humanos, es evidente "que quieren criminalizar los movimientos sociales; además, no hay garantía de respeto a las garantías individuales, y los derechos quedan sujetos al protocolo de la declaratoria" de riesgo a la seguridad interior.

Incháustegui aseguró que sería un despropósito que, aun con el riesgo que esas disposiciones representan, PRI y PAN aplicaran una mayoría mecánica para aprobar el dictamen.

Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que el documento contiene al menos cuatro deficiencias constitucionales. Primera, el Consejo de Seguridad Nacional, que también tomará decisiones en torno a la declaratoria de estado de excepción, no está sujeto a revisión, y sus acuerdos no podrían combatirse con una controversia constitucional.

Segunda, la exposición de motivos incluye una definición muy libre sobre el estatus de guerra y de paz, al suponer que existe "una etapa intermedia", con la que justifica la intervención militar.

Tercera: la posibilidad de intervención del Ejecutivo federal con operativos del Ejército y la Marina sin consultar a los gobernadores, a los congresos de los estados y a las presidencias municipales.

Y cuarta, la aplicación de detenciones, interrogatorios a civiles, allanamientos, retenes e investigación y persecución de delitos, que son atribuciones exclusivas del Ministerio Público.

"Más aún, se entromete hasta en las atribuciones que son del Instituto Federal Electoral, al considerar que el consejo nacional realice campañas de cultura democrática, que corresponden a la autoridad electoral", afirmó.

El ex consejero electoral aseguró que, en suma, como está planteado el proyecto de dictamen "concede un poder inmenso al Ejecutivo y al Consejo de Seguridad Nacional, y constituiría un golpe de Estado, porque además el presidente de la República puede ordenar la intervención militar en situaciones urgentes, sin el permiso del Congreso".


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El tricolor, en favor del fuero militar

Claudia Herrera, enviada, Enrique Méndez, Ciro Pérez y Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2011, p. 2

El presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció que sus compañeros de bancada se inclinan a favor de que los soldados sigan siendo juzgados por el fuero militar y no civil, en contraposición a la iniciativa aprobada por el Senado de la República. No obstante, consideró difícil que se apruebe en el actual periodo de sesiones "aunque está trabajándose a marchas forzadas".

Por separado, el dirigente del PRI, Humberto Moreira, dijo desconocer la posición de los diputados de su partido y adelantó que hasta el próximo lunes se reunirá con el coordinador de la bancada priísta, Francisco Rojas, para conocer el sentido del voto de los legisladores respecto a la iniciativa enviada al Senado por el Ejecutivo en 2010.

En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, calificó de "riesgosas" las nuevas atribuciones que se pretenden otorgar al Ejército mediante las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que impulsa la Cámara de Senadores.

El mandatario capitalino señaló que se reunirá con legisladores de su partido para revisar el tema de las citadas reformas empero consideró, "muy riesgosas algunas de sus disposiciones. No creo que sea la solución, pero vamos a verlo con todo cuidado", afirmó en breve entrevista.

Primero en Yucatán, donde fue invitado a la gira del presidente Felipe Calderón, y después en la ciudad de México, Ramírez Marín consideró que cuando un militar comete un delito o una violación, amerita un tratamiento especial porque está “bajo un mando, bajo fuego o en una operación.

La iniciativa en cuestión fue enviada al Senado en octubre de 2010. En ella se plantea la modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Si bien en el documento se afirma que se armoniza la legislación interna con la internacional, organismos como la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional (AI) consideraron que la propuesta era insuficiente en el catálogo de delitos.

En relación con los señalamientos del día anterior de perredistas y petistas, de que PAN y PRI negociaron en lo oscurito y pretenden dar un albazo con la aprobación de esta ley, señaló que es "infantil" usar esas expresiones, porque la iniciativa se discute desde hace casi un año. Sin embargo señaló que si formaron un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados fue para acelerar su aprobación en este periodo de sesiones.

"Esta ley, para quienes es absolutamente inconveniente es para los delincuentes. La sociedad puede sentirse mejor protegida con ella", declaró.

En conferencia de prensa en la ciudad de México, Humberto Moreira dijo desconocer el sentido en que votarán los diputados de su partido en torno a la ley de seguridad que, se ha afirmado, responde a presiones de las fuerzas armadas por la presunta vinculación de gobernadores priístas con actividades ilícitas.

–El contenido de la iniciativa va en contra de lo que ha pugnado usted como presidente del PRI, de dar una solución distinta al combate al narcotráfico, y todo indica que su partido la está impulsando –se le planteó.

–No se ha aprobado –respondió.


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Unión Nacional de Trabajadores marchará el primero de Mayo en contra de reforma laboral

Lunes, 25 de Abril de 2011 14:03

Más de 25 mil afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores marchará este primero de mayo en contra de la propuesta de reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados, en la que se propone implementar el pago por horas a los trabajadores, reconocimientos de los “outsourcing” y eliminación de prestaciones.

El primero de Mayo, día del Trabajo, no hay nada que festejar, afirmó la secretaria general del Hospital para el Niño Poblano, Micaela Ávila Soto, al señalar que aprovecharán este día para hacer un reclamo al gobierno federal por la alza de precios en la canasta básica, gasolinas y la caída de los ingresos de los trabajadores.

Los trabajadores harán un fuerte reclamo a los legisladores federales y exigieran rechazar la propuesta de reforma laboral que propusieron el PAN y PRI porque atenta contra los derechos de los trabajadores. México fue de los primeros países en reconocer los derechos laborales a nivel constitucional ahora se intenta implementar un sistema para que los patrones no paguen prestaciones, pronunció.

A este desfile, que partirá desde el Gallito con dirección al zócalo, se sumará la Organización Popular 28 de Octubre, el sindicato de la Volkswagen de México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, el Consejo Democrático Magisterial y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Acompañada del representante de la Organización Popular 28 de Octubre, Alberto Hernández, explicó que el este domingo realizarán una ceremonia cívica en la Avenida Juárez y 25 Sur a las 8:30 de la mañana y de ahí partirá la marcha que se dividirá en tres contingente con recorridos diferentes, pero que culminará en el corazón de la ciudad.

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Será sede Cuernavaca de encuentro de jóvenes

Escrito por Adriana Monje, el 26-04-2011
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Militarización y violación de la soberanía nacional, violencia e impunidad y narcotráfico, son los temas que reúnen a jóvenes en un encuentro nacional del que Cuernavaca será sede los días 28 y 29 de abril.

“Invitamos a los jóvenes de Morelos y de todo México para que asistan al Encuentro Nacional de Jóvenes en la Emergencia Nacional. El encuentro se realiza como una forma en que los jóvenes discutan los temas de violencia, así como otros temas que competen a los jóvenes y que tenemos que comenzar a discutir”, convocó.
Fernanda Tomatini, una de las organizadoras del encuentro que se realizará en el auditorio del SME, detalló que se abordarán temas relacionados con la militarización y violación de la soberanía nacional, violencia e impunidad, narcotráfico, vida digna, arte y cultura, y educación.
Indicó que se tiene confirmada la presencia de 30 jóvenes provenientes de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como de la zona centro del país, por lo que confió en que haya un gran número de participantes.
“Hoy en México no hay futuro para la juventud, porque se le está asesinando en el presente; tan sólo en Morelos, han sido asesinados más de 150 jóvenes en los últimos tres años”, expresó.
La adolescente recordó que, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el 2014 México tendrá el índice más alto de población juvenil, a la cual sólo se le han hecho promesas de “que vamos a engrosar las filas de la delincuencia” ante la falta de oportunidades de estudio y trabajo.
Fernanda Tomatini dijo que actualmente no existen espacios en los que los jóvenes puedan expresar sus sentimientos o posición respecto a diversos temas, como el que hoy se vive en materia de violencia.

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Exigen mujeres alto a la “criminalización” del SME

Por la Redacción

México, DF, 25 abr 11 (CIMAC).- Las esposas y familiares de trabajadores electricistas, integrantes del comité Mujeres de Luz Trabajando con Fuerza para el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), exigieron que cese la “persecución y hostigamiento” en contra del gremio en resistencia por parte del gobierno federal.

En un pronunciamiento, las Mujeres de Luz señalaron que tras las agresiones físicas por parte de la Policía Federal (PF) y de la reciente detención de 11 afiliados al SME, las familias electricistas han sufrido un daño moral, pues son blanco de una campaña de “desprestigio y criminalización, que tiene el objetivo de justificar lo injustificable: la desaparición de una empresa pública y con ello el empleo de 44 mil personas”, de las cuales 10 por ciento son mujeres.

Las activistas condenaron la actitud del gobierno federal pues aseguraron que “pone en evidencia la incapacidad de negociación y la insensibilidad de Felipe Calderón”, para solucionar un conflicto laboral que inició con el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), en octubre de 2009.

Con la detención de los electricistas luego de los disturbios de hace dos semanas en la Ciudad de México, suman ya 12 los trabajadores en prisión. El primero de ellos fue Miguel Márquez Ríos, prosecretario de divisiones del Comité Central del SME, aprehendido el 21 de octubre pasado tras protestar frente al Congreso de Puebla.

Al respecto, las Mujeres de Luz señalaron que apoyarán las acciones que definirá el sindicato el próximo miércoles, para exigir la liberación inmediata de los trabajadores a quienes consideran “presos políticos”.

“¡Basta ya!”, expresaron las esposas y familiares de los electricistas. “Exigimos también que se nos deje de perseguir y cese de inmediato la persecución y hostigamiento del que hemos sido objeto por parte de la Policía Federal y de los medios masivos de información”, ya que como parte del movimiento en resistencia “nos ha llegado el gas lacrimógeno en las manifestaciones de protesta y el daño moral a sus familias”.

Así “cansadas de la represión”, demandaron también que las exigencias del SME sean escuchadas y resueltas a la brevedad posible.

La petición del gremio consiste en la reinstalación laboral de 16 mil 599 electricistas que no se han liquidado, mediante la aplicación del patrón sustituto en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o a través de la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que permita la creación de una nueva empresa.

En tanto, Mujeres de Luz junto con el gremio en resistencia se manifestarán mañana en la Cámara de Diputados para solicitar a las y los legisladores que se apruebe la modificación a esa ley con la finalidad de que las trabajadoras y trabajadores recuperen sus empleos.

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