miércoles, 27 de abril de 2011

Ejemplo de entrega de recursos naturales a extranjeros a la brava y cínicamente

Gerardo Ruiz Mateos, secretario de economía y el director de pro México Bruno Ferrari, negociando la entrega de los recursos mineros a China. En vez de extraerlos por nosostros mismos para en primer lugar suplir nuestras necesidades, mejor que extraigan toda esa riqueza los chinos que cuentan con una "gran experiencia".

Estos dos tipejos, hijos de calderón, quieren entregar la riqueza mexicana a los chinos.


<a href="http://video.mx.msn.com/?mkt=es-mx&from={from}&vid=415c887f-afea-46f9-a164-c8a635f05b86&from=dest_es-mx&fg=dest" target="_new" title="La minería mexicana, producto de exportación para atraer la inversión china">Video: La minería mexicana, producto de exportación para atraer la inversión china</a>

EL SME Y EL TURNO DEL PRI

El turno del Congreso, comenzando por la Cámara de Diputados, particularmente del PRI es inexcusable. En sus manos está sentar las bases legales y constitucionales para resolver el largo y doloroso conflicto electricista, pero también para normalizar el servicio público de energía eléctrica.


La lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas

Diputados del PRI se definirán hoy sobre nueva empresa de energía eléctrica

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2011, p. 39

El comité central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezado por Martín Esparza, se reunió ayer con integrantes de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro. Legisladores de ese partido señalaron que hoy miércoles tomarán una postura en torno a la iniciativa propuesta por el gremio de crear una empresa que dé servicio de energía eléctrica a la zona centro del país.

Por instrucciones del coordinador de la fracción del tricolor, Francisco Rojas, los ex trabajadores fueron recibidos por los diputados de ese partido, en una sesión donde Esparza planteó que desde hace varios meses su organización espera una definición en torno a la iniciativa, en la que plantean la creación de una empresa pública que atienda la zona que tenía Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Ante los legisladores, Esparza sostuvo que con esta iniciativa se resolvería la demanda de empleo de los 16 mil 300 trabajadores que no se liquidaron, y además se daría respuesta al problema suscitado a raíz de la extinción de LFC de falta de mantenimiento en las redes eléctricas, las constantes caídas del servicio, así como a los accidentes y muertes de trabajadores de contratistas que no tienen la experiencia ni el conocimiento necesarios para este servicio.

Antes la reunión, miembros del SME realizaron una movilización afuera de San Lázaro, para que se recibiera al dirigente Esparza Flores. Desde temprano –antes de la sesión legislativa– los electricistas se apostaron en las principales entradas para bloquearlas.

La finalidad de la movilización fue que los legisladores del tricolor recibieran a la dirigencia del gremio, que en días pasados había solicitado una reunión con los integrantes de esa bancada, en aras de buscar una pronta dictaminación a la iniciativa del SME de crear una nueva empresa, señaló el secretario del exterior, Fernando Amezcua.

La comisión, agregó, dijo que hoy miércoles sostendrán una reunión para definir en torno a este tema, que no ha tenido una respuesta desde hace varios meses.

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Recula el PRI en usar tropas contra movimientos sociales; mantiene cese de garantías

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2011, p. 2

El PRI en la Cámara de Diputados aceptó suprimir de su proyecto de Ley de Seguridad Nacional puntos sustanciales, como la intervención del Ejército contra movimientos sociales, políticos y electorales, y reincorporó al fuero civil la persecución de delitos cometidos por militares durante operativos, pero preserva la discrecionalidad del Presidente de la República para ordenar la intervención armada en estados o regiones del país y suspender las garantías individuales.

Por la mañana, mientras el coordinador de los diputados priístas, Francisco Rojas Gutiérrez, advirtió que esta semana se votará el dictamen y el presidente de la Comisión de Defensa, Rogelio Cerda, sostuvo que si no hay acuerdo el PRI se impondría en una sesión con una "agenda rápida y furiosa", integrantes de la bancada se negaron a avalar la petición expresa de aprobar sin cambios el documento.

Anoche, en reunión del consejo consultivo de la bancada del PRI –donde participan los coordinadores de los estados y de los tres sectores–, varios priístas cuestionaron el fondo de la reforma.

La ex presidenta del PRI Beatriz Paredes lanzó cuatro preguntas: "¿Quién lo está pidiendo? ¿Qué viabilidad real tiene de que pase en el Senado? ¿Qué papel jugarán las autoridades locales? ¿Y por qué nuestra apuración, si nosotros no somos gobierno?"

Incluso, reprochó que mientras el PRI impulsa la reforma, "yo veo al PAN muy calladito, ni se despeina y creo que quiere dejarnos, como se dice en el beisbol, abanicando".

Varios coordinadores reprocharon que desconocen el proyecto, pidieron copia para analizarlo y lograron que se pospusiera para mañana la plenaria de la bancada, donde se decidirá si el grupo parlamentario vota en favor de la reforma.

En tanto, ninguna de las comisiones que tienen la minuta enviada por el Senado –Defensa, Gobernación, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos– ha convocado a debatir el proyecto de decreto.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral Jurado (PAN), resaltó que el dictamen debe ser votado en una sola sesión pública y en conferencia de los cinco grupos de trabajo citada con dos días de anticipación.

Entre los ajustes aceptados por el PRI resalta la obligación del Ejército de entregar "inmediatamente" al Ministerio Público a los detenidos y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine sobre la constitucionalidad de la intervención militar, pero una vez que ésta esté en marcha.

No obstante, se mantiene la definición de que sin tener que hacer una declaratoria de guerra, en tiempos de paz el Ejecutivo pueda disponer de tropas para combatir "cualquier quebranto social", con el argumento de que "la paz no es absoluta, sino en todo lugar y momento es relativa, y no está exenta de conflictos o alteraciones".

El diputado Alfonso Navarrete Prida (PRI) aseguró que “votar la minuta del Senado no constituye un albazo”, porque las cinco comisiones a las que se turnó el documento tuvieron un año para revisarlo. "Ahora se llaman a sorpresa", ironizó.

A su vez, Corral Jurado recordó que él propuso a los priístas realizar "una deliberación pública e invariablemente el PRI la rechazó". Anticipó que él no declinará el turno de la minuta, como pretende el PRI, no sólo porque esa figura no existe y la modificación de la misma tiene vigencia de cinco días después de enviada una iniciativa o minuta. "Entones, no hay manera alguna, a menos que atropellen el reglamento y el pleno quiera saltarse a las comisiones. Cuando haya acuerdo, que las comisiones unidas dictaminaremos, pero sobre la minuta del Senado", acotó.

Por la mañana, en entrevista, Corral declaró que mantener la persecución contra movimientos sociales, laborales, electorales y políticos sería un despropósito legal "después de la experiencia traumática de 1968. Es penoso que un sector de las fuerzas armadas le quiera enmendar la plana al Presidente de la República con una iniciativa ciega, que altera de manera grosera la iniciativa" del Ejecutivo.

Se refirió a las adiciones que el PRI incluyó en el proyecto de dictamen, a partir de un documento confidencial recibido en la Comisión de Defensa que envió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). "Si hay una opinión de la secretaría, la queremos por escrito, con el sello de los Estados Unidos Mexicanos y la firma del general secretario".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), defendió la reforma planteada por Navarrete Prida, porque "de lo que se trata es de proteger al Ejército".

Afirmó que la ley facultará al Presidente de la República para hacer una declaratoria de riesgo a la seguridad interior dependiendo del nivel de violencia o inseguridad. "Tiene que darle temporalidad y gradualidad, porque no es lo mismo Ciudad Juárez que Toluca", justificó.

Bloque opositor

En conferencia de prensa, los partidos que integran el Movimiento Regeneración Nacional manifestaron que con el proyecto del PRI se permitiría que la Sedena se arrogue el derecho de actuar por encima de las garantías individuales.

Los coordinadores de PRD, PT y Convergencia, Armando Ríos Piter, Pedro Vázquez y Pedro Jiménez León, respectivamente, así como los diputados Enrique Ibarra Pedroza y Porfirio Muñoz Ledo, coincidieron en que el fondo de la aprobación de una reforma de corte militar es la necesidad del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, de congraciarse con el Ejército.

Ríos Piter sostuvo que la fórmula de aprobar el dictamen con una "agenda rápida y furiosa", como señaló el priísta Rogelio Cerda, refleja "la misma visión autoritaria del PRI, que nos regresa a las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado".

Muñoz Ledo recordó que Felipe Calderón ya se había allanado al dictamen del Senado y que la modificación planteada por el PRI le otorga ahora "facultades extraordinarias que, en los hechos, constituirían un golpe de Estado al Congreso, que ya no tendría que aprobar una declaratoria de guerra".

Por la tarde, en reunión con la Comisión de Defensa, el contador Eduardo Gallo –cuya hija fue asesinada en Cuernavaca, Morelos– reprochó que la modificación a la ley de seguridad sólo pretende legalizar los operativos del presidente Calderón:

"No vengo a pedir gracia, ni un favor ni limosna, sino a decirles que estamos hasta la madre de los errores y estupideces de un gobierno que nos ha puesto en un baño de sangre a todos y que aprobar esta ley es validar algo que afecta a todos, pero que nosotros hemos pagado con sangre."

A la reunión asistieron el sacerdote Alejandro Solalinde y el escritor Javier Sicilia. La comisión formó un grupo que los recibirá este miércoles por la tarde y el PAN los invitó a su reunión plenaria previa a la sesión ordinaria.

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México SA - Gasolina y pobreza

Carlos Fernández-Vega
D

esde los gloriosos tiempos del "cambio" foxista, cuando menos, el pretexto perenne del gobierno federal y sus jilgueros (oficiales y encubiertos, con todo y hoja pautada) para justificar el aumento de los precios de las gasolinas y el diesel ha sido que éste "no afecta" a los sectores de menores ingresos, porque "los pobres no tienen coche y no usan gasolina", especialmente Premium. Por si fuera poco, dicen, a los de salario mínimo tales incrementos les resultan maravillosos, porque "no generan inflación".

Pues bien, los defensores de tal política suponen que los productores, los transportistas y los comerciantes, entre tantos otros que conforman la cadena, tampoco usan gasolina ni diesel, ni que éstos repercuten las constantes alzas en los combustibles en sus precios a los consumidores, mucho menos que los incrementos no tienen un efecto multiplicador, y que esto es así porque ellos lo dicen, entonces concluyen que sólo los propietarios de un coche pagan los aumentos. Todo esto como parte del concepto oficial de que el salario mínimo "ya casi nadie lo percibe", que el mini ingreso "sólo es una referencia para fijar multas" y que, en fin, con 6 mil pesos mensuales se vive de maravilla (coche incluido).

En otras partes no suponen, sino que documentan una realidad distinta a la oficial. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, donde sus centros de análisis concluyen que el alza constante en los citados precios impacta prácticamente de forma automática al resto de la actividad económica. Citan que un par de años atrás, con precios menores a los actuales, los hogares con los ingresos más bajos (que no tienen coche) destinaron en promedio mensual 12.18 por ciento de su percepción monetaria para el consumo de gasolina, diesel y transporte público. En sentido contrario, en los hogares más pudientes (que sí tienen coche) tal promedio fue de 4.63 por ciento. "Si se suma el gasto que realizan los hogares del país por el consumo de gasolina, diesel y transporte público, se observa que los hogares más pobres del país destinan 2.6 veces más de su ingreso monetario para la compra de estos bienes y servicios, que los hogares más ricos del país".

Un estudio más reciente de la propia Cámara de Diputados (Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diesel en México, 2007-2010) advierte que el aumento de los precios de los citados combustibles "incide directamente en el poder de compra de los salarios de los trabajadores. Por citar un caso, si el propietario de un vehículo decide comprar 40 litros de gasolina o diesel, su gasto se incrementó así: para la gasolina Premium, en el año 2007 hubiera pagado 332.40 pesos; en diciembre de 2010 gastó 404 pesos, 71.60 pesos más respecto de 2007. Para la gasolina Magna, en 2007 hubiera pagado 270.40 pesos; en diciembre de 2010 gastó 350.40 pesos; 80 pesos más respecto de 2007. Y para el diesel, en 2007 hubiera pagado 229.20 pesos; en diciembre de 2010 gastó 364.80 pesos; es decir, 135.60 pesos más". Lo anterior, aclara, "no considera uno de los problemas más recurrentes que enfrentan los consumidores de gasolina en México, consistente en que prácticamente en todos los expendios de petrolíferos del país los litros son incompletos. Esta práctica impacta adversamente por el lado del gasto o del ingreso a los consumidores del país, teniendo el efecto final de una carga impositiva adicional o de un sobreprecio por litro de gasolina o diesel adquirido".

Para el mismo periodo 2007-2010, el salario mínimo pasó de 48.88 a 55.77 pesos diarios, un incremento de 6.85 pesos. El aumento del salario mínimo cubre 9.57 por ciento del incremento del gasto por consumo de la gasolina Premium; 8.56 por ciento del relativo a la gasolina Magna, y 5.05 por ciento del autorizado al diesel. "Podemos asumir que la población que percibe el salario mínimo, por tener ingresos bajos, carece de automóvil, como consecuencia, no consume gasolina o diesel. Sin embargo, la población de ingreso medio y alto está en condiciones de demandar estos petrolíferos; son asalariados que forman parte de la economía formal, cuyos ingresos monetarios se estiman en función del salario medio de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social".

Así, en el periodo 2007-2010 el salario medio de cotización del IMSS pasó de 209.19 a 235.79 pesos, un incremento de 26.60 pesos. El aumento de este salario cubre 37.15 por ciento del incremento del gasto por consumo de la gasolina Premium; 33.25 por cient del relativo a la gasolina Magna, y 19.62 por ciento del autorizado al diesel. "Como se observa, los incrementos salariales en nuestro país únicamente cubren una parte del aumento de los precios de las gasolinas y el diesel. Como consecuencia, el alza de los precios de los otros bienes y servicios ya no pueden ser cubiertos por el incremento salarial, porque todo se destina a cubrir el encarecimiento de estos petrolíferos, lo que se traduce en una pérdida acumulada de su poder de compra".

Otro efecto negativo lo resume así la Cámara de Diputados: "el incremento de los precios de las gasolinas ha generado un efecto de sustitución en el consumo. Como la Magna es un sustituto perfecto de la Premium, la población está incrementando el consumo de la gasolina más barata (Magna), es decir aumenta la compra de un combustible más contaminante. De 2007 a noviembre de 2010, el volumen de las ventas internas de la gasolina Magna pasó de 658.9 a 750.7 mil barriles diarios, mientras que el consumo de la gasolina Premium pasó de 101.3 a 56.6 mil barriles diarios. En términos reales, de 2007 a noviembre de 2010, el volumen de las ventas internas de la gasolina Magna aumentó 13.93 por ciento, el consumo de la Premium se redujo 44.13 por ciento y el diesel aumentó 8.55 por ciento".

Lo anterior “podría exacerbar el impacto al medio ambiente, pues "la concentración de azufre en la gasolina Magna es superior a la Premium. El costo de oportunidad que enfrenta el gobierno federal es que incrementa la recaudación del IEPS a través del deslizamiento de los precios de las gasolinas, pero genera un impacto ambiental adverso, porque la población está optando por sustituir el consumo de la gasolina menos contaminante por la que más daño le hace a la calidad del aire".

Las rebanadas del pastel

¡Qué generoso!: el PRI se dice dispuesto a "asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional", mientras deja a la ciudadanía pagar por la violación de sus derechos, toda vez que la citada legislación permitirá a Gustavo Calderón Ordaz "la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país" (La Jornada, Enrique Méndez). ¡Felicidades! La disolución social rediviva.

cfvmexico_sa@hotmail.com • http://twitter.com/cafevega


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Astillero - Militarización rápida y furiosa

Julio Hernández López

U

n humor muy negro o una absoluta frivolidad acompañaron ayer al diputado federal priísta Rogelio Cerda a la hora de señalar que esta semana, así sea en una sesión rápida y furiosa, serán sometidas a votación las pretensiones de control militar a discreción que han acordado el comandante que presuntamente está en vías de dejar el hirviente cargo, Felipe Calderón, y el supuesto aspirante principal al relevo, Enrique Peña Nieto, quien cada vez parece más decidido a mostrar que su talante autoritario es similar o peor que el de su provisional aliado panista.

Evocar el nombre de las acciones realizadas por el gobierno gringo para entregar armas a Los Zetas tiñe de fundadas sospechas la premura con que San Lázaro pretende a su vez dar mayor poder a las corporaciones militares y marinas para apagar, paradójicamente, el fuego social atizado por la errática "guerra" felipista contra el narcotráfico. Pero a las maquinarias legislativas del peñanietismo y el calderonismo no parece importarles mayor cosa la creciente protesta que sus afanes de militarización ex- presa están provocando.

A fin de cuentas, es explicable la convergencia de intereses que pretende sacar adelante la mencionada ley. El peñanietismo salinizado busca centrar la competencia electoral en dos bandos circunstancialmente opuestos pero sustancialmente afines, es decir, en el del propio PRI, con el copete toluqueño como personaje movido tras las sombras por una calva del Distrito Federal, y en el PAN calderonista que a fin de cuentas podría negociar salvoconductos e impunidades a cambio de ceder el paso al partido tricolor. Haiga de ser como haiga de ser el desenlace formal de 2012, al pripanismo le conviene instaurar en el país un régimen político y social de excepción, con toque cívico de queda y mano dura contra movimientos de protesta. Las urnas de 2012 quedarían así condicionadas por dos factores que manejan en distintas proporciones los dos actores partidistas pactados: las fuerzas armadas, como instrumento jurídicamente legitimado de acción y represión de Los Pinos, y el narcotráfico como elemento de disuasión o promoción de candidaturas y resultados electorales oficiales.

Desde ahora, detectando los puntos de resistencia a la embestida fascistoide que se incuba en San Lázaro y midiendo la capacidad de respuesta social que genere tan lesivo proyecto de ley, la dupla que forman Peña Nieto y Calderón está anunciando formas de exclusión de la izquierda en el proceso de renovación del poder institucional el año venidero. El golpe que pretenden dar con el pretexto de la seguridad nacional significaría un retroceso brutal en materia de libertades y derechos sociales que ya ni siquiera tendrían un sustento pleno en términos meramente formales, jurídicos, pues serían arrasados por las nuevas normas de corte militar. Van por todo, al costo que sea, constriñendo las posibilidades de competencia electoral a una pareja derechista que en su momento podrá negociar lo que sea necesario para mantener el poder en sus arcones complementarios, amenazando desde ahora toda forma de protesta y lucha política, social y laboral, advirtiendo que el color dominante de las boletas electorales venideras será el verde olivo.

Astillas

Se agradece a Jaime Collado el llamar la atención sobre un detalle de la columna de ayer: “Me refiero al vocablo normatividad. Yo sé que es muy popular en México, pero el diccionario no lo registra y es difícil comprenderlo. Normatividad sería algo así como "cualidad para normar", pero para ello existe la palabra normativo, que es lo que fija la norma, y la normativa es el conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. Entonces, ‘a cambio de aprobar la nueva normatividad en materia de seguridad nacional’ bien podría redactarse como ‘a cambio de aprobar la nueva normativa en materia de seguridad nacional’, o bien, ‘a cambio de aprobar las nuevas normas (jurídicas) en materia de seguridad nacional’. Por lo demás, coincido plenamente con usted en que toda esta escalada de violencia es sólo un pretexto para encauzar a México hacia el fascismo. No es ineptitud del gobierno, sino perversión”... Segismundo Cortés Arenas replantea: “El diputado Alfonso Navarrete Prida (de negro historial en el estado de México) declaró que ‘... si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley’. Mi petición al diputado Navarrete Prida es que, siguiendo su forma de pensar, incluya en la ley de seguridad que propone que el Estado autorice a los ciudadanos tener y portar armas para su defensa, basándose para esto en su argumento, pues entonces el que mate o hiera a otra persona será responsable de disparar una pistola o cañón sin que se pueda echar la culpa a la ley que autorice la tenencia o portación de armas”... Vic Rey reflexiona: “FC declaró hace poco que una persona de 19 años ejecutó a más de 100 personas en San Fernando, Tamaulipas, para lo cual requirió buen tiempo. Así, Calderón sólo está exhibiendo al equipo de seguridad con el que cuenta el país, en los tres niveles, pues con toda su inversión y entrenamiento han sido menos eficientes que un solo adolescente. Por otro lado, este lunes el noticiario estelar de Televisa inició su transmisión con la nota sobre la beatificación de quien fuera amigo de Marcial Maciel, continuando con la nota de cierta boda en un país algo lejano del nuestro. Para lo anterior se consumieron alrededor de 20 minutos. Pregunta obligada: ¿Aquí, en México, necesitamos ese tipo de notas? ¿Aquí todo está bien? Patético”... Y, mientras los pederastas siguen tan tranquilos, disfrutando de las cárceles con servicio gastronómico fuera de rejas, como asegura el diputado panista Agustín Castillo que ha sucedido en Cancún con Jean Succar Kuri, ¡hasta mañana, con el diputado local de Guerrero, Faustino Soto Ramos, denunciando que militares lo maltrataron y golpearon el pasado 21 durante una "revisión"!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx


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El Senado no avalará reformas que den sustento a un Estado policiaco-militar

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2011, p. 3

La Ley de Seguridad Nacional confrontó al Senado con la Cámara de Diputados. Ayer, legisladores de PRI, PRD, PT, Convergencia y PVEM advirtieron que no avalarán las modificaciones que se pretenden hacer en San Lázaro a esa legislación. El priísta Francisco Labastida Ochoa recalcó que no pueden avalar un proyecto de ley que avanza hacia un régimen policiaco-militar.

La bancada del PRD advirtió que convocará, junto con los diputados perredistas y legisladores de otros partidos, a formar un bloque opositor que frene el intento del grupo de diputados afines al gobernador Enrique Peña Nieto de militarizar el país.

Labastida Ochoa dijo que se oponen a los cambios que otorgan al Presidente de la República la posibilidad de declarar por su cuenta, sin intervención del Congreso, estados de excepción en prácticamente cualquier región del país, con el pretexto de combatir al narcotráfico.

La base jurídica para que el Ejecutivo haga uso del Ejército abre la puerta a la violación de derechos humanos y libertades políticas, recalcó el ex candidato presidencial.

Los priístas discutieron internamente el tema y el senador Jesús Murillo Karam, quien participó en la negociación y la elaboración del dictamen de la Ley de Seguridad Pública, dijo a sus compañeros que no pueden aceptar en forma alguna el cambio radical que se pretende hacer en San Lázaro ya que, entre otras cosas, rompe el pacto federal.

En público, los senadores priístas evadieron confrontarse con los diputados de su partido, pero en la reunión previa a la sesión ordinaria, a puerta cerrada, expresaron su molestia por la decisión de pasar por encima del consenso logrado en el Senado, por el cual se que legaliza de forma temporal la participación del Ejército en el combate al crimen organizado, pero cuida que no se violen derechos humanos.

El grupo parlamentario del PRD anunció que impulsará un bloque legislativo opositor con senadores de las otras fuerzas políticas, incluso del PAN, si finalmente, "en un arranque de locura legislativa, se aprueba el dictamen elaborado en San Lázaro".
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"El uso discrecional del Ejército abre la puerta a la violación de derechos humanos y libertades políticas", sostienen senadoresFoto Alfredo Valadez

El coordinador del PRD, Carlos Navarrete, afirmó que detrás del intento de congraciarse con las fuerzas armadas está el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien desde 2009 tiene el control del PRI en la Cámara de Diputados, ordena qué leyes se aprueban y actúa como si hubiera ganado ya la Presidencia de la República y "tuviera el control del Ejército".

En conferencia de prensa en la que participó la diputada Leticia Quezada, resaltó que los dos grupos parlamentarios del PRD trabajarán en forma conjunta para impedir que se apruebe ese proyecto, que otorga a las fuerzas armadas facultades de investigación, atribuciones para retener a presuntos delincuentes detenidos, realizar cateos sin orden judicial y lanzarse contra movimientos sociales, puntos que el Senado eliminó.

El senador Silvano Aureoles (PRD) recordó que el propio secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, trató de convencerlos de que avalaran esos puntos, que se excluyeron del dictamen aprobado en Xicoténcatl hace un año.

Los perredistas señalaron que incluso llamarán a la movilización social para detener la aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados.

El senador petista Ricardo Monreal coincidió con esa postura, mientras el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, lamentó que en la Cámara de Diputados no se trate la Ley de Seguridad Nacional con la seriedad que se hizo en el Senado.

El senador Tomás Torres (PRD) destacó que el dictamen que impulsa el diputado priísta Alfonso Navarrete nulifica la iniciativa que el presidente Calderón envió al Senado para reformar el fuero militar, con el propósito de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del caso del guerrerense Rosendo Radilla, quien desapareció en un retén militar hace más de 36 años.


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Privatización del agua se inició hace más de 20 años, alerta especialista

Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2011, p. 34

La privatización del agua en el Distrito Federal se inició hace más de dos décadas, cuando los sistemas operadores fueron entregados a cuatro empresas manejadas por las trasnacionales Veolia, Severnt Trent Ambientales de México, Suez Bufete Internacional y United Utilities Gutsa, que con la aprobación de la iniciativa del gobierno capitalino se encargarían de su distribución y cobro para "abastecer mejor el recurso", denunció Andrés Barreda, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En un foro organizado por La Jornada, investigadores y representantes de organizaciones sociales criticaron la intención del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de "despojar" de un derecho a los habitantes de la ciudad en busca del apoyo del sector empresarial, "intentando meternos un gol del tamaño del estadio Azteca", cuando en zonas como Iztapalapa "se cuenta con un suministro irregular o no se tiene, pero se cobra a precio de lujo".

Ana Hernández, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), señaló que la solución al problema de suministro "no está en la privatización, sino en lograr que la gente que vive en el oriente tenga acceso a líquido de buena calidad, no como el que recibimos, de color oscuro y con animales; que se le condone el pago si no le llega o no le cobren mil 40 pesos cuando le cortan los tubos por error, cuando está al corriente".

Por ello se determinó enviar una carta a la Asamblea Legislativa para que la iniciativa que se apruebe incluya el derecho de los habitantes al agua potable y que los servicios hídricos "bajo ninguna circunstancia sean cedidos, concesionados, subrogados, subcontratados, terciarizados, ni se pueda recurrir a cualquier forma de privatización o gestión privatizadora", informó Rodrigo Gutierrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Para la diputada perredista Valentina Batres la solución está en incrementar el subsidio en materia de agua, pues "no sólo se apoyará al usuario, sino se contará con mayores recursos para invertir en infraestructura. Los recursos privados encarecerían su costo, cuando se trata de un derecho. Por eso es difícil pensar en un órgano autónomo, como se plantea en la iniciativa enviada hace unas semanas".


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Aunque no lo parezca estamos mejor en lo económico, dice Felipe Calderón

Claudia Herrera Beltrán
Enviada
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2011, p. 14

Tepic, 26 de abril. El presidente Felipe Calderón defendió los resultados de su política económica y de combate a la pobreza, pero reconoció que los mexicanos no perciben aún en sus bolsillos la mejoría de los indicadores.

Por segunda vez en sus recientes encuentros con empresarios, el mandatario federal optó por realizar en privado la sesión de preguntas y respuestas, por lo que la prensa sólo pudo escuchar los discursos previos.

Luego de que el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, ha cuestionado en diversas ocasiones los constantes incrementos al precio de las gasolinas y el diesel, así como la falta de avances en el combate a la pobreza, el Presidente reiteró ante empresarios los argumentos esgrimidos durante más de un año en cuanto a que la economía "va bien. Sé que puede ir mejor, pero van mejorando nuestros indicadores. ¿Qué es lo que hace falta? Que la gente pueda recibir ese beneficio, porque los mexicanos, estoy seguro, aún no perciben en sus bolsillos esta mejoría económica y el reto que sigue es poder traducir en empleos de mayor calidad, de mayor ingreso, y sobre todo en mayor crecimiento económico esos beneficios".

Para que estos últimos lleguen a los bolsillos de los mexicanos, recomendó perseverar en que la economía sea competitiva y mantener una política responsable, tal como lo ha hecho su gobierno.

Ante los inversionistas intentó contrastar los problemas económicos ocurridos en el pasado –cuando gobernaba el PRI, aunque no lo mencionó directamente– con la "estabilidad" del presente.

"De repente un día se acababan las reservas y venían devaluaciones violentísimas y la gente que estaba pagando su casa ya no la podía pagar. Fue mi caso, me quedé encharcado con una hipoteca cuando me acaba de casar. Así tronaba la economía mexicana", contó.

Las medidas de seguridad se reforzaron en esta visita. A la entrada de la Casa Nayarit, donde fue la comida con empresarios, las mochilas que llevaban reporteros que suelen cubrir las giras presidenciales fueron revisadas por un perro pastor belga que detecta explosivos.

A dos meses de las elecciones en esta entidad (se celebrarán el 3 de julio) Calderón declaró que viene una etapa de contrastes y por eso pidió trabajar más allá de banderas políticas y como un sólo equipo.

El gobernador priísta Ney González, quien concluye su mandato en septiembre, adoptó en su discurso tono de despedida y de elogio hacia Calderón. Tras aclarar que no iba a "hacerle la barba" al Presidente, dijo haber tenido "mucha suerte, gracias a Dios", porque fue un "buen compañero de viaje".

Calderón remató la gira con una visita relámpago a la sierra del Nayar, donde consideró inaceptable la existencia de mexicanos marginados entre los marginados, pobres entre los pobres, olvidados de todo.

Ausente del país

Por otra parte, Calderón notificó al Senado que se ausentará del país a partir de mañana, el jueves 28 y los próximos días 30 de abril y primero de mayo, a fin de realizar una visita de Estado a Perú y al Vaticano, en este último caso para participar en la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II.

La participación de Calderón en esa ceremonia "contribuirá a refrendar los lazos de México con un Estado con el que desde hace casi dos décadas mantiene relaciones diplomáticas constructivas y respetuosas, y cuyas instituciones son importantes para un amplio sector de la población mexicana", sostiene la Secretaría de Relaciones Exteriores en un documento que hizo llegar al Senado.

Insiste en que la comparecencia del Presidente en el Vaticano "reafirmará la presencia de México en un acto plural en el que estarán representadas al más alto nivel diversas naciones, tanto laicas como aquellas que tienen una religión oficial"

Sin embargo, durante la sesión, el coordinador del Partido de Trabajo, Ricardo Monreal, advirtió que la decisión de Calderón de asistir al Vaticano con la representación del gobierno mexicano, "viola el espíritu de la laicidad de la República federal, representativa y popular, que es México".

Insistió en que Calderón tiene derecho a asistir a la beatificación de Juan Pablo II, pero en calidad de ciudadano mexicano, sufragando sus propios gastos y mediante un permiso laboral de por medio. Irónico, Monreal comentó que más que giras de trabajo, "parecen fugas de trabajo" y que quizá espera un milagro, dado “el desastre “ en que mantiene al país.

La cancillería informó que mañana y pasado mañana Calderón estará en Perú para realizar una visita de Estado a ese país y participar en un encuentro con el presidente Alan García y con los mandatarios de Chile y Colombia, con miras a conformar el área de integración profunda entre las tres naciones.

Con información de Andrea Becerril y Víctor Ballinas

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Que PRI defina ya creación de nueva empresa: Esparza

Comandados por su líder, Martín Esparza integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas bloquearon los accesos de la Cámara de Diputados e impidiendo que legisladores y trabajadores accedieran al recinto Legislativo. Desde ahí, los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro urgieron al PRI definir ya su postura sobre el restablecimiento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

La llegada de los inconformes obligó al despliegue de elementos de la Policia Federal y un operativo de seguridad de la Cámara de Diputados.

Las calles Emiliano Zapata, Sidar y Rovirosa, y Congreso de la Unión fueron bloqueadas por los manifestantes por varias horas.

En entrevista, el líder del SME, Martín Esparza apuntó que sus agremiados llevan 18 meses sin empleo en espera de una solución a sus demandas.

“Una de las medidas es asistir a uno de los poderes del Estado, porque la Secretaría de Gobernación no tiene interés en resolver el conflicto. El dictamen a favor de la iniciativa ya o tienen los diputados, deben presentarlo en la Comisión de Energía y con el nuevo reglamento de la Cámara el secretario de esa Comisión es del PRI y con los demás partidos pueden resolver de una vez por todas”, apuntó.

Añadió que lo que está detrás del movimiento del SME es el sector eléctrico nacional, la fibra óptica y la contratación colectiva.

Apuntó que desde hace meses el gobierno Federal se ha dedicado a hacer una campaña de descrédito contra su agrupación sindical.

Martín Esparza, buscó una reunión con el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, pero fue recibido por su compañero de bancada, César Augusto Santiago.

Cuestionado al respecto, el líder de los diputados priístas, Francisco Rojas señaló que su bancada estudiará con detenimiento la propuesta del SME de crear una nueva empresa para dar trabajo a los sindicalizados.

“Habrá que ver la viabilidad tanto jurídica como operativa de un asunto de esta naturaleza. No tendría en este momento una opinión acerca de la viabilidad de una empresa de esta naturaleza. Lo que es un hecho es que el servicio de energía eléctrica, con fallas evidentemente, se está prestando. Habrá entonces que estudiar esto a fondo para ver qué tipo de soluciones pudieran existir. Pero esto hay que hacerlo con una gran responsabilidad y seriedad, porque en estas cosas no puede andar uno con demagogia o haciendo promesas que después quedan en el aire”, dijo.


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