viernes, 17 de junio de 2011

Caso Sempra: rumbo a la oficina de Barack Obama

Jaime Martínez Veloz


El 28 de septiembre de 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Vicente Fox, a través de Pedro Cerisola, secretario del ramo, le entregó en concesión a la empresa estadunidense Sempra Energy una superficie de territorio mexicano de 489 mil 218.61 metros cuadrados de las costas del municipio de Ensenada, Baja California, para el resguardo de embarcaciones que transporten gas natural frente a la zona federal maritimoterrestre que dos meses y medio antes la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le había entregado a la misma trasnacional mediante la concesión DGZF269/04, con una superficie de 15 mil 193.63 metros cuadrados, para la construcción del arranque del puente y espigón temporal de descarga, en colindancia con los lotes 24, 25, 26, 27 y 28 de la fracción 1 de la colonia Costa Azul, ubicada en la autopista Tijuana-Ensenada.

Los lotes 24, 25, 26, 27 y 28 de la original colonia Costa Azul nunca estuvieron ubicados en los terrenos que hoy ostenta como suyos Sempra Energy. De acuerdo con el expediente 90570 de fecha 8 de agosto de 1958 y una vez realizados los trabajos de medición y deslinde por la Comisión Nacional de Colonización, el ingeniero Manuel de la Torre remite al ingeniero Salvador Gómez Gómez, vocal ejecutivo de la misma, el plano de la colonia agrícola Costa Azul, de 269-49-13 hectáreas, fraccionada en 20 lotes, a partir de la ubicación y localización geográfica (publicada en el Diario Oficial de la Federación) de los 31° 59’ 30” (treinta y un grados, cincuenta y nueve minutos, treinta segundos) latitud norte y a los 116° 51’ 00” (ciento diez y seis grados, cincuenta y un minutos, cero segundos) longitud oeste del Meridiano de Greenwich, donde en este punto rumbo al sur estaría ubicado el lote 1 y los sucesivos 19, por lo que los lotes 24, 25, 26, 27 y 28 aludidos en la concesión de la SCT y la Semarnat están ubicados muy al sur, de donde las transas de los funcionarios federales los colocaron para concretar la entrega de territorio y soberanía a la trasnacional.

Los lotes donde se ubica la regasificadora, de acuerdo con el decreto original de la colonia Costa Azul, son los 1, 2, 3, 4 y 5, no 24, 25, 26, 27 y 28, que fueron adquiridos en su mayoría por la familia Saad de Ensenada, por casi 20 millones de dólares, en una operación financiera que incluso se configuró de tal manera que permitiera a los adquirientes eludir sus obligaciones fiscales. De ello luego haremos un relato de cada paso que dieron en forma mancomunada con Sempra para lograr burlar al fisco. Es obvio que los miembros de dicha familia y otros adquirientes habilitados no cumplían con los requisitos que la ley estipulaba para tener bajo su posesión un lote de una colonia agrícola.

De acuerdo con una nueva y tramposa ubicación de la colonia Costa Azul y atendiendo a la numeración con que Sempra Energy compró o transó los lotes donde se ubica la regasificadora, los lotes del 1 al 20 estarían ubicados sobrepuestos en el ejido Úrsulo Galván, rumbo al norte de Ensenada, lo cual más tarde o más temprano se expresará en nuevos conflictos agrarios en la zona.

El 20 de junio de 2007, estando Luis Téllez al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que habilita con el carácter de puerto al lugar denominado Costa Azul y en el mes de diciembre del mismo año el altruista Téllez publica en el Diario Oficial de la Federación una modificación al título original de la concesión donde suprime la condición vigésimo primera a solicitud de los directivos de Sempra, de los cuales hoy forma parte el ínclito ex secretario de Comunicaciones y Transportes. El texto de la condición cancelada obligaba a Sempra a cumplir una serie de requerimientos, que fueron convenidos inicialmente como justificación para entregarle la concesión de los 489 mil 218.61 metros cuadrados de las costas del municipio de Ensenada, pero que luego, en forma cínica y gracias a los servicios de su empleado Téllez, se cancela para favorecer a la empresa extranjera a costa de los intereses nacionales. Dicha condición cancelada decía textualmente lo siguiente:

"Vigesimoprimera. Sustitución por contrato. En caso de que la secretaría otorgue concesión para la administración portuaria o costera integral en favor de una sociedad mercantil mexicana en los términos de la Ley de Puertos que comprenda el área materia de esta concesión, la concesionaria estará obligada a celebrar con aquélla el contrato de cesión parcial de derechos que sustituya al presente título, dentro de noventa días naturales siguientes a la fecha en que inicie operaciones la mencionada sociedad. En el citado contrato se respetarán los derechos adquiridos por la concesionaria en este título, así como los plazos, condiciones y contraprestación establecidas en el mismo, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 51 de la Ley de Puertos."

El artículo 51 de la Ley de Puertos señala que los contratos de cesión parcial de derechos y los de prestación de servicios deberán cumplir los siguientes requisitos: "fijar los compromisos e instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el título de concesión del administrador portuario; contener la mención o transcripción de las obligaciones consignadas en el título de concesión que se relacionen con los respectivos contratos; sujetarse al programa maestro de desarrollo portuario; fijar el plazo de los contratos por un tiempo no mayor a la vigencia de la concesión, y registrarse ante la secretaría en un plazo máximo de cinco días". Dicho artículo concluye diciendo: "La secretaría podrá señalar a un administrador portuario, en un plazo no mayor de sesenta días a partir del depósito del contrato para su registro si dicho contrato no reúne los requisitos establecidos". Es decir, Luis Téllez le brinda a Sempra Energy todas las facilidades para que evada las responsabilidades que las leyes mexicanas indican en materia portuaria y trata de blindarla ante los cambios políticos que puedan acontecer en nuestro país.

Por último, cabe hacer notar que el alcalde de Ensenada comentó a miembros de su gabinete que el comandante de la Segunda Región Militar, general Alberto Duarte Mujica, le informó de una llamada del jefe del Comando Norte de Estados Unidos al Ejército Mexicano solicitando su intervención en favor de Sempra. Estos hechos son ya del conocimiento de legisladores mexicanos, cuyas nuevas acciones llevarán a un escalamiento nacional e internacional del conflicto con Sempra, donde harán llegar su reclamo a sus homólogos en Estados Unidos y al propio presidente Barack Obama.

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Rechazan Gobernación y Energía crear un fondo para subsidiar tortilla y luz

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Viernes 17 de junio de 2011, p. 18

Las secretarías de Gobernación y de Energía informaron a la Cámara de Diputados que no se puede constituir un fondo del que se otorgue subsidio a los productores para reducir el precio del maíz y la tortilla que se vende a la población más pobre del país, ni establecer una tarifa de energía eléctrica más baja para las tortillerías.

También rechazaron constituir un consejo regulador federal que planee, organice, controle y vincule a toda la cadena de producción del maíz, el nixtamal y la tortilla.

En respuesta a un punto de acuerdo para que se instale una mesa de trabajo entre legisladores, organizaciones campesinas y dependencias del gobierno federal, con el propósito de frenar el alza en los precios del maíz y la tortilla, Gobernación y Energía sólo citan la solicitud, pero no aclaran si están de acuerdo en que se instale.

No obstante, consideran que la integración del consejo regulador de la cadena productiva maíz-tortilla de nixtamal podría ser posterior a la eventual instalación de la mesa y como resultado de las discusiones que puedan resultar de ésta.

Además, señalan que en el punto de acuerdo "no queda claro si se propone que las mismas instancias que conformen la mesa de trabajo sean parte del consejo regulador federal de la cadena productiva".

Aun así, consideran que en el consejo participen menos representantes que en la mesa de trabajo, "dado que los temas a tratar son competencia de sólo algunas dependencias, en especial Agricultura y Economía, en materia de competencia y comercio exterior, y Medio Ambiente respecto de adaptación al cambio climático".

En un oficio dirigido a la Cámara de Diputados por la Directora General de la Unidad de Promoción de Inversiones de la Secretaría de Energía, Reina Velázquez Montes, también se negó la posibilidad de que se constituya una reserva estratégica de maíz blanco y echar a andar el mecanismo de "agricultura por contrato".

"Para medidas como las propuestas en esos dos puntos, se debe revisar que no contradigan los acuerdos internacionales celebrados con otros países proveedores de insumos y productos finales agrícolas", arguyó.

La respuesta también señala que no se puede conceder un precio especial del suministro de energía eléctrica a las tortillerías, porque ya se cuenta con el programa Mi Tortilla, operado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide).

Este –afirma– “tiene como principal objetivo apoyar al sector de la industria de la masa y la tortilla en su modernización para fomentar el ahorro y el uso eficiente de los recursos, mediante un crédito –con cargo al recibo de energía– para la sustitución de equipo obsoleto por equipo eficiente, que ayude a ahorrar electricidad y gas, con lo cual se podrían disminuir los costos operativos de las tortillerías”.


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Con gobiernos panistas la deuda interna subió 355% desde 2000

Roberto González Amador

Periódico La Jornada
Viernes 17 de junio de 2011, p. 24

Un gobierno que multiplicó por 4.5 su endeudamiento interno. En los poco más de diez años que han pasado desde que el Partido Acción Nacional (PAN) asumió la Presidencia de la República, la deuda contratada por el gobierno a través de la emisión de bonos en el sistema financiero local llegó a un máximo histórico de 3 billones 257 mil 85 millones de pesos. Se trata de una cantidad que multiplica por 4.5 a la registrada al comenzar diciembre de 2000 y que, para efectos comparativos, equivale a poco menos de una cuarta parte del valor total de los bienes y servicios producidos por la economía nacional en un año, de acuerdo con información del Banco de México.

Cuando en diciembre de 2000 Vicente Fox Quesada se convirtió en el primer presidente panista, la deuda interna del gobierno federal, representada por la venta de bonos a inversionistas nacionales y extranjeros en el mercado local, sumaba 714 mil 773 millones de pesos. La cantidad aumentó 355 por ciento hasta llegar a un nivel, al empezar este mes, de 3 billones 257 mil 85 millones de pesos, indicaron los datos del Banco de México.

Al inicio de los gobiernos panistas, con una población de 97.5 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a cada habitante correspondía una porción de deuda interna equivalente a 7 mil 331 pesos. Esta relación aumentó a 28 mil 993.9 pesos por habitante en junio de este año, si se toma como referencia una población de 112.3 millones de personas en 2010, de acuerdo con los datos demográficos del Inegi.

El endeudamiento interno por habitante experimentó, en la última década, un crecimiento de 295 por ciento, según la información oficial.

Estas cifras no consideran la deuda contratada por el gobierno federal en el exterior.

Los datos sobre la evolución de la deuda interna del gobierno federal fueron divulgados por el Banco de México, que este jueves dio a conocer un nuevo formato de presentación de las estadísticas de deuda emitida por residentes en México. La nueva estructura de información ofrecida por el instituto emisor se ajusta a los lineamientos del Manual de estadísticas de deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

El endeudamiento interno registrado al principio de este mes, de 3 billones 257 mil 85 millones de pesos, es equivalente a 23 por ciento del producto interno bruto (PIB), indicador que mide el valor de los bienes y servicios producidos por la economía en un año y que, de acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Hacienda, alcanzará en 2011 un monto de 14.1 billones de pesos.

Del total de la deuda interna, la contratada por inversionistas residentes en México, básicamente grupos financieros, creció de 705 mil 988.8 millones de pesos al comenzar diciembre de 2000, a 2 billones 444 mil 895 millones de pesos el 7 de junio pasado, lo que representó un crecimiento de 246 por ciento, de acuerdo con los datos del banco central.

Mientras, la deuda interna gubernamental en poder de inversionistas extranjeros aumentó de 9 mil 776 millones de pesos al empezar diciembre de 2000 a un saldo, a principios de este mes, de 812 mil 189.9 millones, un disparo de 8 mil 207 por ciento.

La deuda interna gubernamental está representada por la colocación en el mercado financiero local de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Bonos de Desarrollo (Bondes), Udibonos, un instrumento con valor indexado a la inflación, y bonos.


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Calderón pidió reprimir el plantón de AMLO, acusa Encinas; falso: Los Pinos

De la Redacción

Periódico La Jornada
Viernes 17 de junio de 2011, p. 15

Después de la elección presidencial de 2006 y la instalación de un plantón en Paseo de la Reforma para exigir el recuento de votos, el entonces presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, pidió al secretario de Gobernación del gobierno foxista, Carlos Abascal, que "se reprimiera y levantara el movimiento" con el uso de la fuerza pública, aseguró en entrevista televisiva Alejandro Encinas, candidato a la gubernatura del estado de México por la coalición Unidos Podemos Más.

En respuesta, Alejandra Sota, coordinadora general de comunicación social de la Presidencia de la República, aseguró que el presidente Calderón "jamás solicitó, ordenó o pidió represión alguna a ese ni a ningún otro movimiento".

Calificó de "absolutamente falsa" la afirmación y sostuvo que es una "falta de respeto que se refiera a una persona que ya falleció y no puede defenderse de lo dicho por Encinas".

El abanderado de PRD, PT y Convergencia manifestó que tanto el entonces secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega García, como el propio Abascal colaboraron para que el conflicto poselectoral se resolviera "sin que se rompiera ni un solo cristal y sin que hubiera violencia", pues, indicó, en el caso del titular de la Sedena "siempre estuvo con el principio y la convicción de que el Ejército no intervendría en contra de la población civil".

"Felipe, tú todavía no eres el presidente"

Al recordar la participación de Abascal en el conflicto, que Encinas enfrentó como jefe de Gobierno del Distrito Federal, indicó que la participación del funcionario foxista para alcanzar una salida pacífica fue "muy importante", pues “recibió una llamada de Calderón Hinojosa pidiéndole que reprimiera y levantara el movimiento. Abascal le comentó con toda claridad: ‘Felipe, tú todavía no eres el presidente de la República, y mientras esto no suceda, aquí se tomarán las decisiones’”.

Luego de los señalamientos del candidato panista a la gubernatura, Luis Felipe Bravo Mena, quien ha criticado la participación de Encinas en el plantón de Paseo de la Reforma que encabezó Andrés Manuel López Obrador, apuntó que es un cuestionamiento que "no valora la situación que vivía el país. Estábamos ante la eventualidad no sólo de que hubiera una situación de inestabilidad en la ciudad, sino un brote y estallido social que generara un conflicto de ingobernabilidad".

Encinas reconoció que mantenía una "filiación y simpatía" con la causa que defendía el plantón y agregó que como jefe de Gobierno del Distrito Federal fue el único interlocutor del movimiento con el gobierno federal, y logró establecer una "relación importante" no sólo con el presidente Vicente Fox, sino con los secretarios de la Defensa y Gobernación.

Afirmó que tenía la tarea de resolver el problema de fondo y “asumí plenamente mi responsabilidad. No quería que se volvieran a repetir los sucesos del conflicto poselectoral de 1988, cuando no sólo hubo tomas de carreteras y palacios municipales, sino el inicio de una represión que llevó a la muerte a más de 600 miembros del PRD”.

Encinas reiteró que Calderón Hinojosa demandó que se levantará el plantón con "el uso de la fuerza pública", e hizo un reconocimiento al papel que jugó el entonces secretario Abascal Carranza, quien “cumplió el compromiso que teníamos de resolver esto en una negociación que inició, por cierto, durante una ceremonia a la que asistimos en el Colegio Militar, donde acudí invitado por el secretario de la Defensa Nacional –acto que se realizó el 4 de septiembre de 2006–, justamente para dar un mensaje de acercamiento a las Fuerzas Armadas de que no sólo habría desfile el 16 de septiembre, sino de que estábamos buscando una solución pacífica al conflicto”.


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Se opone el presidente de la Cámara a convocar un periodo extraordinario

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Viernes 17 de junio de 2011, p. 17

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, se opuso a la solicitud de Felipe Calderón para celebrar un periodo extraordinario de sesiones, porque "los periodos no se hacen a modo, y a corte y confección de lo que necesita un solo actor político en México".

El legislador priísta demandó sinceridad al Ejecutivo federal y que su pedido no corresponda a una estrategia política para desviar la atención de temas de justicia que a él corresponde resolver. Francisco Rojas, coordinador de los priístas en San Lázaro, adujo que no podrá realizarse un periodo extraordinario sin dictámenes que votar. Al referirse a la demanda de Calderón, expuso que se trata de una campaña estrictamente mediática.

Armando Ríos Piter, coordinador del PRD, consideró la postura del Ejecutivo como una cortina de humo que busca desviar la atención del caso Jorge Hank Rhon y la procuración de justicia.

Felipe Solís Acero, integrante de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó que ese grupo de trabajo propondrá al pleno organizar cinco foros de consulta con expertos para recabar opiniones sobre la reforma constitucional en materia política.

Los trabajos se desarrollarían el 13 de julio, sobre el marco jurídico de la reforma. También el 14 y 16 del mismo mes, en Mérida, se analizarán temas específicos como las toma de protesta del presidente de la República. Más tarde el 20 de julio se abordará la democracia participativa y relección de legisladores, y dos días después el tema será el equilibrio de poderes, reconducción presupuestal y ratificación de funcionarios.

Tal propuesta se votará el lunes próximo, adujo Solís Acero, y en esa sesión se establecerán las fechas exactas y el listado de los nombre de los ponentes.

En la misma tesitura de Jaime Cárdenas, del PT, Solís Acero refirió que si hubiera un periodo extraordinario "estaremos atentos a lo que diga la Comisión Permanente, pero que sea entre la última semana de julio y la primera de agosto; antes sería complicado y se pegaría a las elecciones y no hay ánimo, y después no tendría sentido."

En tanto, Ramírez Marín replicó a Calderón demandándole disposición: "Los periodos no se hacen a modo y al corte y confección de lo que necesita uno solo de los actores políticos en México; tienen que hacerse en función de la realidad del país. La realidad del país necesita la reforma política, la laboral y también la de banca de desarrollo y también la de propaganda gubernamental."

Con dureza, Ríos Piter, líder de la bancada perredista, descalificó el llamado presidencial porque “nos parece que la postura que ha asumido el titular del Ejecutivo tiene que ver con tratar de levantar una cortina de humo frente al oso que significó el tema de Hank Rhon; me parece que nosotros hemos sido muy claros y muy puntuales en cuanto a la posibilidad y a la necesidad de establecer un periodo extraordinario que tenga que ver con la reforma política, especialmente con la parte de democracia participativa, referendo, plebiscito, revocación del mandato, candidaturas ciudadanas.

"Eso lo hemos venido planteando como Partido de la Revolución Democrática y me parece que ahora esta llamarada de petate que construye Felipe Calderón tiene que ver más bien con tratar de distraer la discusión frente a la falta de brújula que ha exhibido, en cuanto a las acciones recientes en materia de procuración de justicia."

El coordinador priísta, Francisco Rojas, consideró la actitud de Calderón como una campaña estrictamente mediática, porque "todos sabemos perfectamente, y más los que han sido legisladores, que no puede haber ningún periodo extraordinario si no hay un dictamen que votar. En este caso, los dictámenes que han estado exigiendo que se voten no existen. Están en discusión en este momento en las diversas comisiones de la Cámara".


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Dividida, la Corte revisa amparo de Gómez Urrutia contra la STPS

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 17 de junio de 2011, p. 19

En el análisis previo del amparo solicitado por el sindicato minero contra la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de entregar la toma de nota a la dirigencia que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, cuatro de los nueve ministros que tomaron la palabra coincidieron en que debe prevalecer la libertad sindical y que la autoridad laboral no puede "inmiscuirse" en la vida de los gremios.

Al analizar la modificación de jurisprudencia que dice: "La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo", la discusión en el pleno se dividió al grado que cinco ministros se pronunciaron por mantener el criterio en sus términos, cuatro votaron por cambiarlo (favoreciendo la postura del sindicato minero) y dos quedaron pendientes de fijar su postura.

La decisión que adopte el pleno será determinante en la resolución del amparo en revisión presentado por Gómez Urrutia contra la STPS, el cual se prevé sea discutido el próximo lunes.

El proyecto de dictamen, elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, propone negar el amparo al dirigente sindical contra la decisión de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS de negarle la toma de nota, el 24 de junio de 2008.

En la sesión de ayer, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y Sergio Valls consideraron que debe modificarse la jurisprudencia, lo que favorecería la concesión del amparo.

Jorge Pardo, Luis María Aguilar, Olga Sánchez Cordero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Aguirre señalaron que la autoridad está facultada para certificar el procedimiento de elección o cambio de directiva de los gremios.

La sesión terminó debido a que ya casi eran las 2 de la tarde (empezó a las 11:15 horas); quedaron pendientes de participar para el próximo lunes el presidente Juan N. Silva Meza y Arturo Zaldívar, quienes definirán el asunto. Por su parte, Sergio Valls aseveró que la autoridad "no tiene facultades expresas en la ley para cotejar o para verificar documentos".

José Ramón Cossío dijo que debe modificarse el criterio para establecer que la autoridad "no tiene la posibilidad de intervenir en la vida interna de los sindicatos cuando se realicen actos que tengan que ver con cambios de mesas (o toma de nota)".

Cossío argumentó que una vez que entró en vigor la reforma constitucional sobre derechos humanos, debe tomarse en cuenta este nuevo criterio en favor de los derechos fundamentales al momento de resolver.

Fernando Franco dijo que las autoridades "no deben ir más allá" de sus atribuciones. "Si hubo un problema (en la elección de la dirigencia sindical), eso tendrán que hacerlo valer los trabajadores por la vía jurisdiccional ante las instancias competentes, pero en respeto a la vida interna sindical, la autoridad administrativa no puede ir más allá de esto".

Planteó que el cambio de criterio sería "para no dejar margen de ambigüedad" a las autoridades que otorgan la toma de nota.


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Micro y pequeñas empresas, en condición de subsistencia: UAM

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Viernes 17 de junio de 2011, p. 21

Pese a que generan cinco de cada 10 empleos en el país y representan 97 por ciento de la planta productiva, las micro y pequeñas empresas están en condición de "subsistencia", pues se han convertido en la alternativa económica que "impide que miles de familias desciendan a la pobreza extrema, pero no les garantiza mejores condiciones de vida", aseguraron investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al inaugurar los trabajos del tercer Foro UAM para el Estudio de las Pymes, Ayuzabet de la Rosa, catedrático de la UAM-Azcapotzalco, indicó que si bien las microempresas en México han crecido 7 por ciento en una década, aportan tan sólo un tercio de la riqueza nacional y, en su mayoría, "son pequeños negocios familiares que no buscan la acumulación de capital, por lo que no asumen un riesgo para intentar crecer y consolidarse".

Silvia Pomar, experta en la materia y profesora-investigadora de la UAM-Xochimilco, explicó que al menos siete de cada 10 microempresas "cierran o cambian de giro. Hay una enorme movilidad en el sector, porque se ha detectado que la mayoría de quienes deciden iniciar una microempresa no tienen ninguna experiencia ni visión empresarial, por lo que no conocen el mercado al que desean llegar".

A esto se suma la condición de "irregularidad" en la que se encuentra un porcentaje elevado de estas empresas, pues tan sólo en el Distrito Federal se estima que dos millones de micronegocios "no se han dado de alta ante la Secretaría de Hacienda ni con las autoridades delegacionales, ya sea por desconocimiento o por temor al cobro excesivo de trámites, o porque les parece que es mucho más fácil operar así", indicó Clara Valladares, profesora de la UAM-Iztapalapa.

Al respecto, María Teresa Montoya, profesora-investigadora de la UAM-Iztapalapa, aseguró que en las comunidades rurales "han sido la única alternativa productiva para no caer en la pobreza extrema".


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Mueren dos trabajadores en yacimiento de Zacatecas

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 17 de junio de 2011, p. 19

De nueva cuenta se produjo un siniestro en la empresa Minera de Fresnillo, propiedad de Grupo Peñoles, en el cual fallecieron los trabajadores José Nieto Jara, de 40 años, y José Antonio Sánchez Ramírez, de 50.

De enero a la fecha han perdido la vida seis trabajadores en esa empresa, informó el sindicato minero. Sostuvo que en esta unidad –de donde se extrae oro y plata– las tragedias que han enlutado a diversas familias han sido provocadas por las "pésimas condiciones de seguridad industrial y de salud" que prevalecen.

La empresa, ubicada en Zacatecas, corresponde a la sección minera 62, y el contrato colectivo de trabajo lo tiene el gremio que encabeza Carlos Pavón, opositor a Napoleón Gómez Urrutia.

Para el sindicato minero, la muerte de estos trabajadores se debe a la "negligencia" de Grupo Peñoles, propietario de la Compañía Minera Fresnillo. Del mismo modo, sostuvo que la sección sindical ha hecho caso omiso de las condiciones de inseguridad industrial en que laboran los trabajadores en esta empresa, propiedad de Alberto Bailleres

"La prueba de esa negligencia compartida entre Grupo Peñoles y el dirigente regional de dicha sección 62, Gustavo Barrios, está en que de enero a la fecha han muerto seis trabajadores por las mismas causas, es decir, las pésimas condiciones de salud y seguridad industrial. Incluso, uno de los fallecidos es hermano del mismo supuesto dirigente, también de apellido Barrios", indicó .

Según explicó, la tragedia de ayer se suscitó cuanto Nieto y Sánchez operaban la máquina de barrenación larga, denominada Simba, en el subnivel 314 del yacimiento (más o menos a 340 metros de profundidad), y se desprendió una gran roca que no fue amacizada con anterioridad. Lo cual indica que no hay control en la empresa para prevenir estas situaciones que llevan a la muerte de trabajadores.

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Determina la SCJN legalidad de obtener íntegras pensiones por retiro y viudez

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 17 de junio de 2011, p. 19

Los jubilados del ISSSTE tienen derecho a recibir íntegra la pensión por viudez y por orfandad (en caso de hijos menores de edad), aun cuando la suma exceda la cuota máxima de 10 salarios mínimos, prevista en la Ley General del instituto.

Determinó lo anterior la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver un amparo en favor de una quejosa, a la que la subdelegación de Prestaciones Económicas del ISSSTE en Colimale restringió su derecho a recibir completa su pensión como ex trabajadora al servicio del Estado y la que le correspondía por la muerte de su esposo.

Los ministros declararon ayer la inconstitucionalidad del artículo 51, fracción III, segundo párrafo de la Ley del ISSSTE, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, que establece que los viudos pensionados sólo podrán recibir un máximo de 10 salarios mínimos, sumando su jubilación y aquella a la que tenga derecho por viudez.

"Las garantías sociales", como son las pensiones de viudez y jubilación, "en ningún caso pueden restringirse", indicaron.

El beneficio de una pensión de viudez y una de jubilación no se excluyen entre sí, señalaron los ministros, quienes agregaron que el propio artículo 51 permite la "compatibilidad" de dichas prestaciones.

Precisaron que la limitación de 10 salarios mínimos es inconstitucional, ya que no existe justificación para que una persona que tiene derecho a recibir una pensión por viudez y además esté disfrutando de una por jubilación vea limitado el monto total de ambas. Esto, “porque las pensiones tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes, además de que tienen autonomía financiera.

La Corte estableció que "la pensión por viudez es en razón de las aportaciones del trabajador o trabajadora fallecido, mientras la pensión por jubilación se sostiene con las cuotas de los propios empleados, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas, como argumentó el ISSSTE en la defensa del citado artículo".


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Multitudinarias protestas en Chile para exigir mejor educación pública

Enrique Gutiérrez
Corresponsal y agencias
Periódico La Jornada
Viernes 17 de junio de 2011, p. 29

Santiago, 16 de junio. Más de 80 mil estudiantes de secundaria, de universidades y profesores de Chile marcharon este jueves por las calles de esta capital, en una de las mayores manifestaciones de los últimos años, en reclamo de una mejor educación pública, de un aumento del gasto público en la materia y del establecimiento de mesas de diálogo para que sean escuchadas sus demandas, en tanto que miles más se volcaron a las calles en las ciudades de Concepción, Valparaíso y Temuco.

En momentos en que el presidente derechista Sebastián Piñera se encuentra en su peor nivel de respaldo popular con 36 por ciento a poco más de un año de su asunción, los manifestantes marcharon por la céntrica avenida Bernardo O‘Higgins, también conocida como Alameda, en un ambiente festivo y portando banderas y pancartas para culminar en las inmediaciones del palacio presidencial de La Moneda y el Ministerio de Educación.

"Estamos ante un diálogo de sordos", reclamó Camila Vallejo, una de las dirigentes estudiantiles. "Queremos formar una mesa de diálogo con garantías y señales claras de que se accederá a ciertas demandas", dijo por su parte el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, quien agregó que es de vital importancia abrir negociaciones con el ministro de Educación, Joaquín Lavín.

Por su parte, el ministro Lavín declaró a los medios de prensa que "por el camino que vamos no se arregla la educación. La educación se arregla con diálogo, con acción, con clases, con ideas, con acuerdos, jamás con violencia; ese es el único camino".

No hubo informes acerca de cómo concretar ese diálogo o abrir mesas de diálogo, como propusieron los manifestantes. Las protestas del movimiento estudiantil se extendieron este jueves a otras ciudades del país, como Valparaíso, Concepción y Temuco, entre otras, que reunieron a otros miles de manifestantes.

Incluso Gajardo afirmó que "hay 200 mil jóvenes marchando por todo Chile". Pero fuentes de la intendencia de Santiago (gobierno regional) calcularon en esta capital una asistencia de sólo unos 80 mil manifestantes.

"En Chile está prohibido pensar" y "Educación igualitaria para todos ahora", señalaban algunas de las pancartas de los marchistas por las calles del centro de Santiago, que terminó en escaramuzas aisladas con la policía militarizada y saldo de unos 40 detenidos, la mayoría menores de edad, además de algunos daños materiales, confirmaron las autoridades.

"Queremos una respuesta del gobierno. Que se escuchen las peticiones de los estudiantes que ya llevamos varios años pidiendo", dijo el joven Marco Cáceres, quienes reclaman más recursos del Estado para la educación, menores costos de transporte, reducir desigualdades en los institutos públicos y aliviar las abultadas deudas con las que quedan los universitarios al culminar sus carreras.

Los estudiantes, que mantienen a decenas de colegios y universidades tomados o en huelga desde hace varios días, con el apoyo del gremio docente, exigen que el Estado destine mayores recursos a la educación pública, que hasta la fecha es de alrededor de 4.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) chileno frente al 7 por ciento recomendado por la Unesco.

Demandan que el Estado recupere el control de los colegios públicos y mixtos, en los que estudia cerca de 90 por ciento de los estudiantes chilenos, los cuales desde 1990 están en manos de los municipios, que acusan problemas de gestión y financiamiento.

Bajo la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet Ugarte, la educación fue perdiendo recursos desde 7 por ciento del PIB en 1973 hasta caer a 2.4 al final del régimen militar.

Cerca de 40 por ciento de los 3.5 millones de escolares (de secundaria) estudia en los colegios públicos, mientras que alrededor de 50 por ciento lo hace en escuelas subvencionadas, en que el Estado y los padres contribuyen con el pago de las mensualidades. Otro 10 por ciento acude a colegios privados y, por lo demás, el acceso a becas es reducido.

Asimismo, los universitarios demandan que la educación vuelva a ser gratuita, como ocurría en la década de los años 70.

En Chile hay cerca de un millón de universitarios, de los que 80 por ciento estudia en instituciones privadas creadas durante la dictadura militar, a partir de 1981. Así, tanto para escolares como para universitarios, los aranceles son altos y los créditos para pagarlos conllevan altos intereses.

Por su parte, Juan Eduardo García Huidobro, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, explicó a la prensa que "el sistema educacional chileno tiene un esquema muy mercantilizado y diferenciado, y que acceden a mayor calidad quienes van a instituciones pagadas".

"Existe una enorme privatización porque los alumos deben pagar en muchos casos por una enseñanza deficiente y no todos logran la misma educación", agregó el experto. La inequidad se repite en la educación escolar, dijo, y agregó que "hay una brecha importante" entre el rendimiento de los colegios públicos y los privados.

Según analistas políticos, la multitudinaria movilización de este día es una de las mayores de los últimos años desde la llamada "revolución de los pingüinos" de 2006, que entonces puso en aprietos al gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet.

De acuerdo con estadísticas oficiales, solamente uno de cada seis jóvenes pobres tiene acceso a la educación superior chilena, pero la relación sube a seis de 10 en los hogares más ricos.


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Posterga la UE para julio segundo rescate de Grecia; el FMI pide más austeridad

Dpa y Afp

Periódico La Jornada
Viernes 17 de junio de 2011, p. 27

Atenas, 16 de junio. La Unión Europea (UE) decidió posponer para julio la aprobación del segundo rescate de Grecia, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó la continuación de la ayuda al país a la adopción de mayores medidas de austeridad, en momentos en que las protestas sociales se intensifican y la inconformidad ya tomó dimensiones políticas.

Los acreedores internacionales dejaron en el aire un acuerdo sobre el financiamiento que Grecia requiere para evitar una moratoria el mes próximo, mientras el primer ministro George Papandreou sigue enfrentando disidencias en su partido, por miembros que se oponen a las medidas ordenadas por la UE y el FMI, mientras la oposición pide elecciones parlamentarias adelantadas.

La situación política en Atenas, donde las masivas protestas callejeras se tornaron violentas y los esfuerzos por formar un gobierno de unidad nacional fracasaron, sigue sacudiendo los mercados financieros, atemorizados por la agitación en Europa ante la posibilidad de un segundo rescate a Grecia.

Un año después de lanzar un rescate para Grecia por 110 mil millones de euros (140 mil millones de dólares en ese entonces), Europa vuelve a encontrarse entre la espada y la pared para adoptar rápidamente un segundo plan de ayuda que evite la bancarrota del país heleno y frente al riesgo de contagio a otros socios frágiles de la zona euro.

Para evitar la bancarrota, Grecia necesita 12 mil millones de euros (17 mil millones de dólares) a más tardar a mediados del mes que viene. El FMI ha exigido que para desembolsar su parte del quinto tramo de ayuda, 3 mil 300 millones de euros, la UE debe llegar a un acuerdo sobre el nuevo plan de rescate para Grecia y Atenas debe cumplir con mayores planes de ajuste, como había prometido.

El segundo rescate, que oscila entre 80 mil y un tope de 120 mil millones de euros (Bruselas apunta a que la cantidad final podrían ser 90 mil) es necesario para que el país mantenga su solvencia más allá de 2012.

El asunto más espinoso es la exigencia de Alemania de que en este nuevo paquete financiero participen acreedores privados, pero el Banco Central Europeo advirte que la participación debe ser voluntaria para evitar dar la impresión de restructurar la deuda griega, algo susceptible de desencadenar el pánico de los mercados y sacudir a la zona euro.

El plan de austeridad considerado indispensable a cambio de obtener financiamiento de la eurozona y del FMI, es impugnado en el propio partido socialista del primer ministro George Papandreou, que hoy tuvo que convocar a una reunión de emergencia, tras la renuncia de otros dos diputados del partido Pasok. Con ello se complica la situación para Papandreou, con miras a la aprobación de las nuevas medidas de austeridad, toda vez que los socialistas cuentan con una ajustada mayoría de 155 de los 300 lugares en el Legislativo. Por lo pronto, el primer ministro anunció que el viernes anunciará nuevo gabinete y para los próximos días una votación de confianza en el Parlamento.

El líder del opositor Partido Nea Dimokratia (ND), Antonis Samuras, reclamó hoy elecciones parlamentarias anticipadas; el miércoles fracasaron conversaciones para formar una gran coalición con los gobernantes socialistas.

Desempleo de 16% en Grecia

La tasa de desempleo en Grecia alcanzó 15.9 por ciento en el primer trimestre de 2011 frente a 14.2 por ciento en los últimos tres meses del pasado año, y 11.7 por ciento en el mismo periodo de 2010, según una encuesta de la Autoridad de Estadísticas Griega (ESA).

Este aumento coincide con la debacle financiera que ha llevado a Grecia a la recesión, agravada por rigurosos planes de austeridad para reducir el déficit presupuestario.

La franja de edad entre 15 y 29 años es la más afectada, con una tasa de paro de 30.9 por ciento en el primer trimestre; las mujeres resultan más afectadas que los hombres, con una tasa de desocupación de 19.5 por ciento, frente a 13.3 para los segundos.

El nerviosismo de los inversionistas por el agravamiento de la crisis en Grecia volvió a afectar los mercados. En la bolsa de Nueva York los principales indicadores terminaron dispares en una sesión volátil, mientras las plazas europeas cayeron a su peor nivel en tres meses.

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