jueves, 11 de agosto de 2011

Negocios de la corona española en Pemex

Autor: Ana Lilia Pérez
Sección: Capitales

22 Febrero 2011

Con millonarios contratos en el sector energético y créditos de la banca de desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón capitaliza el grupo Abengoa. Los recursos del presupuesto federal se convirtieron en una de las principales vías de ingreso del consorcio español que opera como intermediario en Pemex. Docenas de empresarios mexicanos alegan supuestos fraudes y tráfico de influencias del consorcio, entre cuyos accionistas y directivos figuran políticos españoles, aristócratas, funcionarios y familiares de la corona española, como Carlos Borbón dos Sicilias, primo hermano del rey Juan Carlos I, su consejero y representante en el mundo empresarial. Abengoa sería una de las firmas en las que el rey de España tiene intereses económicos

Ana Lilia Pérez / primera parte


Por enésima ocasión le negaron el acceso. El director general para México del consorcio español Abengoa, Luis Rancé Comes, ordenó al personal de seguridad impedir el paso de una obstinada empresaria de Campeche que, insistente, reclamaba el pago de los trabajos que su pequeña compañía hizo para Telvent, subsidiaria de Abengoa, en una obra encomendada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Envuelta en su impecable traje sastre, sofocada aún por el largo viaje, Susana Salinas se topó de frente con el musculoso brazo de un hombre que, flanqueado en la puerta, le impedía cruzar el umbral. De un empellón, Susana se abrió paso hasta la recepción. Segura de que Rancé y el director de proyectos Alejandro Guerrero de nuevo la evadirían, decidió improvisar un plantón.

De su portafolio, extrajo un folder en el que escribió: “¡Luis Rancé, exijo mi pago!”. Extendiéndolo de frente, entre sus manos, se sentó a esperar una audiencia fallida. De la dirección general, llegó la respuesta: “No le pagarán y no regrese”, machacó el guardia y la expulsó.

Un año antes, en septiembre de 2006, Telvent contrató a Industrias y Publicidad Noble, la compañía de Susana Salinas, para que realizara los patines para la inyección de nitrógeno en la planta de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Jalpa de Méndez, Tabasco. “Nos pagaron la primera y la segunda estimación de obra; luego, nada. Nos dijeron que siguiéramos trabajando, que nuestro dinero estaba seguro. Nosotros seguimos. Teníamos 20 trabajadores en campo más los supervisores. Para cubrir gastos, tuvimos que pedir créditos y dejamos en fianza el patrimonio familiar. Al fin que estábamos con una empresa española que cobraría a Pemex muchos millones, pensábamos. Nuestro pago estaba asegurado, o al menos eso creíamos”.

A punto de terminar los trabajos, la compañía aún no les abonaba nada. Susana decidió apersonarse en las oficinas de Abengoa. Por más que intentó sensibilizar a los españoles al exponer su desesperación de que los créditos para costear el contrato generaban interés sobre interés, regresó a Campeche con la cuenta vacía, pero con la promesa de que, en cuanto concluyera la obra, le liquidarían y le darían nuevos trabajos.

El 98 por ciento del trabajo estaba cumplido cuando Telvent le rescindió el contrato con el argumento de incumplimiento. “Me informaron que no me pagarían porque todo estaba mal. Era absurdo, porque tengo las bitácoras de obra que el director del proyecto, Alejandro Guerrero, y su jefe Ignacio Mérida firmaron de conformidad en cada avance”, dice y muestra los documentos, todos con el visto bueno de los directivos de Telvent. Con la documentación certificada por un notario público, decidió reclamar su pago en tribunales al grupo Abengoa. “Entonces –prosigue–, no sabía con quién me enfrentaba”.

Los beneficios de Calderón


Entre los accionistas y directivos de Abengoa, figuran Carlos Borbón dos Sicilias, Emilio Cassinello y Paula Chaves, reputados políticos españoles, aristócratas, funcionarios y sus familiares. El primero no sólo es primo hermano del rey Juan Carlos I, sino su consejero y representante empresarial, de allí que la prensa española identifique al grupo Abengoa como una de las firmas en las que el rey tiene sus intereses económicos.

El consorcio ingresó al mercado mexicano en 1993 como Sainco (Sociedad Anónima de Instalaciones de Control). Para Carlos de Borbón, el mercado no le era ajeno, dado su encargo como funcionario del Banco de México, según inscribe su biografía oficial. Tampoco a Emilio Cassinello, directivo de Abengoa que entre 1982 y 1985 fue embajador de España en México.

En 1997, registraron la subsidiaria Abengoa México e ingresaron como presidente del corporativo a Luis Rancé Comes, directivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro, el hombre de las relaciones públicas y políticas desde el sexenio de Vicente Fox. Se trata de uno de los empresarios que aparece en las indagatorias que la Secretaría de la Función Pública integró en 2005 como parte de una red de empresarios y empresas supuestamente favorecidas con contratos irregulares de Pemex Refinación asignados durante la administración del hoy senador Juan Bueno Torio.

Pero ha sido el gobierno de Felipe Calderón el que ha entregado a Abengoa el mayor número de contrataciones en su historia de negocios en nuestro país, por montos que le aportan el 50 por ciento de los ingresos totales que el corporativo obtiene en América.

Ello sin duda es del agrado de Carlos de Borbón, esposo de la princesa Ana de Orleans, primero en el puesto de la línea de sucesión a la corona después de los descendientes directos del rey Juan Carlos. No en balde Felipe Calderón ha recibido una suerte de distinción, como la condecoración de la Orden Isabel la Católica, que en junio de 2008 recibieron él y su esposa Margarita Zavala de manos del rey Juan Carlos.

El consorcio tiene registrados como proveedores del gobierno federal a sus empresas Abengoa; Abener; Abener Energía, SA; Abener México, SA, de CV; Abener Energía El Sauz, SA de CV; Telvent Energía, y Medio Ambiente, SA (antes Sainco); Telvent México, SA de CV; Telvent Energía, SA; Telvent Git; Befesa México; Befesa Limpiezas Industriales, SA de CV; Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV; todas domiciliadas en el 174 de la calle Bahía de Santa Bárbara, colonia Verónica Anzures, Distrito Federal, a unas calles de la sede de Pemex. También a las firmas Telvent Tráfico y Transporte, SA, y Telvent Git (en Madrid, España) y Abener Energía (en Sevilla, España).

Entre 2008 y 2010, a nombre de Abengoa México facturaron 8 mil 176 millones de pesos a Pemex. Uno de estos contratos, asignado en 2009 por Pemex Gas y Petroquímica Básica para la transformación del agua desmineralizada a vapor, representó un monto de 7 mil 429 millones 410 mil pesos.

Telvent Energía, por ejemplo, facturó más de 600 millones de pesos a Pemex Refinación por implantar el sistema SCADA en siete poliductos. A Telvent México, III Servicios le pagó más de 100 millones de pesos por un diagnóstico de riesgos de estaciones de bombeo de ductos de Pemex Refinación (Pajaritos, Progreso, Juan Díaz Covarrubias, Loma Bonita, Tierra Blanca, Arroyo Moreno, Mendoza, Maltrata y San Martín Texmelucan), trabajos que, según su naturaleza, debía hacer la paraestatal.

El gobierno de Calderón les entregó también créditos de Nacional Financiera (Nafin) por montos que fueron clasificados como “confidenciales”, según la respuesta que Nafin dio a Contralínea mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.


Subcontratación, el método

Sin infraestructura ni planta laboral, Abengoa recibe contratos de obra, servicios y suministros por adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Pemex, por ejemplo, le ha adjudicado unos 50 proyectos, algunos estratégicos y costosos, como la automatización de procesos en las terminales de almacenamiento y distribución de combustibles del país.

Entre ellos, la instalación del calentamiento de crudo ligero en la Sonda de Campeche, contrato 418815809, por 324 millones de pesos; la ingeniería, adquisición, instalación y pruebas para el Proyecto del Sistema Supervisorio Operativo de Procesos para las instalaciones del Activo Integral Ku-Maloob Zaap –420836814– por 110 millones 425 mil 854 pesos; la construcción de líneas del sistema de deshidratación de crudo para el traslado del aceite a la Terminal Marítima de Dos Bocas –420847804–, por 73 millones 847 mil 375 pesos.

También, el reacondicionamiento de la subestación eléctrica de potencia Samaria, del Activo de Producción Samaria Sitio Grade, contrato 415112993, por 6 millones 501 mil pesos; el acondicionamiento de instalaciones para inyección de aguas residuales en el Campo Hormiguero, contrato 4169088180 por 15 millones 625 mil pesos; el acondicionamiento de instalaciones para inyección de aguas residuales en el campo José Colomo, contrato 4169088190 por 12 millones 458 mil pesos; y la construcción y puesta en operación de separadores trifásicos de hidrocarburos en el Activo Integral Bellota Jujo, contrato 425029819 por 68 millones 780 mil pesos.

Pero las adjudicaciones no parecen del todo legales, revela Armando Barragán, exejecutivo del consorcio Abengoa, cuya relación con la empresa inició durante su periodo como directivo de Pemex Refinación, y justo cuando los españoles iniciaron su relación contractual en la paraestatal. Entonces, como director de proyectos, “recibí la instrucción de ayudar a la compañía y yo los ayudaba”, admite.

—¿A cambio de dádivas?

—Ellos lo manejan de una manera muy diferente, de una forma política y de allí manejan todo. Todo lo que tengan que otorgar, lo otorgan.

—¿Cómo qué?

—Lo que requieran; lo que les estén pidiendo.

—¿Le tocó conocer lo que dan a los funcionarios a cambio de los contratos?

—A mí, por ejemplo, una vez me dijeron mis jefes de Pemex que me iba de viaje a España, y bueno, a mí Pemex me pagaba todo. Ellos (Abengoa) me dijeron: “¿Y si te damos el boleto de avión para tu familia?”. “Mmm… pues me los llevo”, respondí. Y me proporcionaron los boletos.

Al cabo del tiempo, la relación se hizo tan estrecha y para el grupo Abengoa resultó tan rentable que, cuando a Armando le rescindieron su contrato en Pemex, “por no ayudar a una empresa priista”, dice, lo integraron como directivo del consorcio. La finalidad era que con sus contactos y amigos operara los contratos que Pemex les adjudicaría.

“Cuando salgo (de Pemex), y como conozco mucho, pues me contratan para que les ayude. Me dicen: ‘Ayúdanos. Tú conoces a todo mundo y puedes ayudarnos’. Me fui con ellos. Pudimos hacer el trabajo más rápido.”


Operaciones oscuras

La carta fuerte del grupo Abengoa en sus propuestas contractuales es un supuesto know how y tecnología. Su ejecutivo, Armando Barragán, dice que no hay tal, que “no tienen tecnología; la que venden a Pemex es canadiense y el software es lo mismo que los mexicanos. En realidad, no ofrecen nada”. Aunque lo que les ha resultado más lucrativo, explica, “son los contratos leoninos que firman con subcontratistas en los que al final son ellos los que terminan costeando los trabajos que Abengoa cobra”.

Lo que le ocurrió a Susana Salinas y su empresa Industrias y Publicidad Noble no es un caso aislado.

Una vez que la firma obtiene un contrato, recluta compañías locales a las que presentan en Pemex y CFE como si fuesen parte de su plantilla, narran otros tres empresarios. Si bien podría suponerse que representan una opción de empleo para docenas de compañías mexicanas, el resultado es completamente opuesto, pues en la ejecución de los contratos les abonan sólo las primeras estimaciones de obra, condicionándoles el pago al término total de los trabajos; pero cuando su conclusión se acerca, les rescinden el contrato y hacen válidas las fianzas de los subcontratistas. Por ello, las relaciones contractuales entre el grupo Abengoa y muchos de sus subcontratistas terminan dirimiéndose en los juzgados.

El contrato que Pemex Refinación le asignó a Telvent para automatizar las TAD es representativo: el 95 por ciento de las subcontratistas demandó a la compañía por supuesto fraude. Armando Barragán, responsable del grupo Abengoa en este contrato, explica las razones:

“Los contratos eran leoninos; estaban pactados a precio alzado, por lo que no podían hacerse modificaciones de obra ni de monto, pero en ellos se estipulaba mucho menos obra que la que era en realidad, para que sus precios fueran menores. Ya cuando empezaban a trabajar y se daban cuenta que era mucho más obra, pedían que se modificara el contrato. Como eran compañías que trabajaban de buena fe, se les decía ‘te voy a hacer los ajustes’, se confiaban y decían ‘ok, yo trabajo’. Luego se argumentaba que incumplieron y se les aplicaban penalidades del 20 por ciento por 10 días de atraso y 2 por ciento diario. Al final, las contratistas le debían a la compañía.”

—¿Esto es deliberado?

—Sí, es deliberado. Saben que no te vas a dar cuenta.

—¿Cuántas empresas calcula durante el tiempo en que usted trabajó y que terminaron en pleito?

—Como el 95 por ciento. Yo estuve trabajando con ellos cerca de ocho años. Los contratos grandes que yo manejaba de aproximadamente 30 compañías, 25 salieron con problemas. Pero el problema no termina allí, sino que ellos se cobran de mala fe. Dicen “a esta compañía la vamos a penalizar”. Llega un momento en que entregan los equipos, terminan los trabajos y no les pagan. Porque a muchas compañías, aunque entreguen a tiempo, les descuentan muchísimo.

Armando Barragán devela detalles que explican las ganancias del grupo Abengoa:

“Como corporativo, trabajan un sistema denominado pago por banco a 180 días. Cuando el proveedor lleva la factura, ellos la revisan. En la revisión se pueden tardar de 15 días a dos meses. Cuando la aceptan, te dan la instrucción: ‘si quieres cobrar la llevas al banco’, y de sus líneas de crédito te pagarán 180 días después, pero si quieres cobrar antes deberás pagar comisión por factoraje. Cuando quieren perjudicar a una compañía, se van con el factoraje más alto, más intereses, de entre 8 y 10 por ciento.

“Ellos se quedan con la mitad de los intereses o los puntos TIE que se manejen; la otra mitad es para los bancos. Es dinero fresco que entra a la compañía nuevamente. Ya seas contratista o proveedor, te aplican un descuento obligado que lo aceptas o lo aceptas porque normalmente el consorcio se queda con los contratos grandes (del gobierno). Entonces no te queda más que irte con él a venderle.”

Los supuestos defraudados



En 2007, PEP contrató al grupo Abengoa para proporcionar el servicio de “voz y datos” en más de 170 pozos, con el cual la paraestatal debía disponer de información en tiempo real durante la operación de los pozos. Se les encargaron también los sistemas satelitales.

Adrián Fernández Delfín, un empresario tabasqueño que hasta antes de Abengoa daba ambos servicios a Pemex de manera directa, fue subcontratado a través de Telvent. Los españoles, dice, lo localizaron a través de los mismos funcionarios de Pemex que les asignaron el contrato.

“En la zona de Veracruz, realicé todos los servicios de los sistemas satelitales y de comunicación de voz y datos. Luego los de voceo y alarmas audibles para los pozos desde Ciudad del Carmen hasta Reynosa. Ellos ganaron la licitación, pero no sé cómo si no tenían personal para estos trabajos; me buscaron ya cuando los tenían asignados. Uno se pregunta ‘¿cómo le hacen?’. Son muy raras las facilidades que tienen para ganar un concurso sin que acrediten ninguna infraestructura, pues a nosotros Pemex nos pide acreditarlo.

“Empecé a trabajar con ellos en 2007. Desde el inicio, no querían pagarme los trabajos, que ellos llaman ‘órdenes de compra y pedidos’. Me dijeron que cuando terminara, me pagarían; y trabajé con ellos hasta 2009. Cuando reclamaba mi pago, me salieron con que yo les debía. Luego, de plano, me dijeron que no me iban a pagar. Presenté una demanda en Tabasco, pero la diligencia fue en México. Fui a hablar con Alejandro Guerrero (directivo de Abengoa) y me mandaron la guardia de seguridad para sacarme”, detalla en entrevista.

Por los servicios de sistemas de intercomunicación, Telvent facturó a PEP casi 18 millones de pesos. Por los servicios de intercomunicación para prevención y respuesta a emergencias, 23 millones de pesos.

Jorge Cámara Domínguez, de Ingeniería Cadeli, es un caso excepcional entre los subcontratistas de Abengoa. En 2009, logró ganar el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contra el consorcio, integrado en el expediente 651/2007.

Cadeli es una empresa mexicana especializada en sistemas contra incendio, proveedora del gobierno federal y del sector privado desde hace 25 años. En los contratos que Refinación adjudicó a Telvent para automatizar las terminales de abastecimiento y distribución, se requería de equipos que sólo Cadeli maneja. Pero en lugar de que Pemex se los adjudicara de manera directa, fue un funcionario de la paraestatal, dice Cámara, el que le recomendó a los directivos de Telvent subcontratarlo.

También le pagaron sólo las primeras estimaciones; la misma historia descrita: rescisión del contrato antes de cubrir los pagos, penalizaciones, hasta que el asunto llegó a tribunales. Pero Cámara aporta un dato que explica por qué Abengoa logra hacer válidas las fianzas, incluso sin informar a los subcontratistas:

“El truco lo hacen con las fianzas para hacerlas válidas y de esa forma recuperar los primeros pagos que le dan a la subcontratista. Hacen negocios con las afianzadoras para poder cobrar con la simple reclamación, y que después la afianzadora se pelee con el contratista para recuperar su dinero. El negocio se hace con los grandes brokers de las fianzas. El acuerdo es ‘yo reclamo la fianza, tú me pagas’ y después la afianzadora recupera su dinero.”

Enrique Santoscoy, de Integral Safety Systems México y de
Comercialización Técnica del Norte, se vio de pronto con las afianzadoras reclamándoles el pago que supuestamente hicieron al grupo Abengoa por sus “incumplimientos”. Es uno de los subcontratistas que la española reclutó para automatizar las terminales de Pemex Refinación. Le encomendaron las de Acapulco y Tepic.

“Cuando deciden cancelarte el contrato, te ejecutan las fianzas inmediatamente y la afianzadora te las cobra. Estás en dos pleitos legales: uno contra Telvent y otro contra la afianzadora. Ellos le apuestan a que tú no tengas capacidad financiera para defenderte. En un contrato de 4 millones de pesos, te demandan por 20 millones. Le apuestan a que no te defiendas y no le metas dinero bueno al malo. Por lo tanto, ya no les cobras. Pero su estrategia no es no cobrarte, sino hacer válidas las fianzas. Si sacamos el monto o la cantidad de empresas que trabajamos en ese proyecto, que fueron alrededor de 10 y a todas las demandaron por 20 millones de pesos, son 200 millones de pesos los que van a deducir de impuestos.”

—¿Acudieron con los directivos de Pemex para exponerles la situación?

—Así es, pero la respuesta fue que éste era un pleito entre particulares. La verdad es que el consorcio tiene muy buenas influencias; definitivamente sus relaciones son mucho más fuertes que las de nosotros.
Protección oficial

En julio de 2009, Javier Peña Gamboa publicó en su blog la denuncia que su compañía presentó en contra de Telvent por supuesto fraude. De todos puntos, del país le llegaron comentarios de subcontratistas de Abengoa en situaciones similares. Pensando en que en bloque obligarían a los españoles a cumplir sus obligaciones contractuales, Javier pensó organizar a los subcontratistas. La respuesta, dice, “fueron amenazas de directivos de la empresa”.

“Hago responsable públicamente a todos los directivos de Telvent si algo le ocurre a mi persona. Sí tenemos miedo mi familia y un servidor de lo que nos puedan hacer, pero estamos sacando fuerzas para luchar por nuestra dignidad, nuestro patrimonio y, sobre todo, para que más de 20 padres de familia no pierdan el sustento que les representa trabajar en esta pequeña empresa”, inscribió en su blog en octubre de ese año.

Javier Peña Gamboa es un hombre serio. En Campeche se le conoce como uno de los primeros empresarios de la zona en afiliarse al Partido Acción Nacional, y de ser quien, en la década de 1990, presentó a los Mouriño –Manuel Carlos y su hijo Juan Camilo– con el presidente de su partido, Felipe Calderón Hinojosa, en la ciudad de México.

“Nosotros nos preguntamos: ‘¿De veras tienen un padrino tan poderoso que los protege e influye para que hagan tantos negocios?’”, rememora Javier Peña, quien, junto con otros subcontratistas, documentó sus casos ante la Presidencia de la República y la Dirección General de Pemex. Incluso tuvo ocasión de comentarlo personalmente al titular de la paraestatal. Confiaba que el presidente Calderón atendiera el caso. La respuesta fue el mutis oficial y la asignación de nuevas y más redituables contrataciones para el grupo Abengoa, y en la vida pública, numerosos encuentros de Felipe Calderón y de su gobierno con el rey Juan Carlos y la realeza española.

Bajo los cuestionados esquemas de trabajo descritos por sus subcontratistas, el grupo ha recibido contratos para construir terminales, líneas de transmisión y subestaciones de la CFE; infraestructura, tratamiento de aguas, remediación de pozos, alarmas, automatizaciones, sistemas de control de emisiones y servicios tecnológicos para Pemex, entre otros.
Accionistas y gestores de alto nivel

Abengoa es una empresa de origen sevillano, fundada en 1941 por Javier Benjumea Puigcerver, fallecido en 2002. En las primeras décadas, junto con sus hijos Javier y Felipe Benjumea y sus sobrinos Joaquín Abaurre y José Luis Aya, manejó la firma como una pequeña empresa familiar, hasta que la fue capitalizando con contratos de los ayuntamientos y las relaciones públicas y políticas que iba tejiendo.

Diversas notas periodísticas de la prensa española documentan que bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción por una simulación en la compra de sus acciones –de Xfera por Telvet–, la familia Benjumea decidió abrir su negocio a influyentes personajes de la políticas y en la función pública de España, lo que además le garantizaba contrataciones gubernamentales. Actualmente, el directivo de mayor envergadura pública es Carlos de Borbón Dos Sicilias.

Nacieron el mismo año, se criaron bajo el mismo techo, se educaron en las mismas escuelas. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón Dos Sicilias, sucesor de Francisco Franco, nació en Roma el 5 de enero de 1938. Su primo Carlos María Alfonso Marcelo de Borbón Dos Sicilias vino al mundo 11 días después. Cursaron juntos el bachillerato en Las Jarillas y luego en el Instituto de San Isidro, en Madrid.

A sus 26 años de edad, al morir su padre, el infante Alfonso de Borbón, Carlos se convirtió en jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, luego en duque de Calabria y también en conde de Caserta. Catorce años después, su primo Juan Carlos subía al trono de España, heredero de la Dinastía de Borbón.

En 1994, Juan Carlos le dio a su primo el título de infante de España, distinción que sólo se otorga a los hijos del rey y al príncipe de Asturias. Con dicho título, Carlos de Borbón recibe trato de alteza real. Así, Juan Carlos dejó clara la cercanía y confianza con su primo, según consideraciones de la prensa.

Carlos de Borbón es el hombre de los negocios del rey Juan Carlos. “Compagina su labor profesional, vinculada al mundo de las empresas y las finanzas, con la defensa de la naturaleza, y representa al rey en todas las actividades que el monarca le encarga”, cita su biografía en la página oficial de la Casa Real de Borbón (www.constantinianorder.org).

Amén de su parentesco, en los círculos empresariales a Carlos de Borbón se le identifica como el operador de los negocios privados del rey. De allí que se aluda a los beneficios que en aquel país se le han dado a Abengoa, como ahora se hace también en México, particularmente con la feria de contrataciones entregadas por el gobierno federal.

Además de su alteza real Carlos de Borbón Dos Sicilias, como reza el directorio de Abengoa, entre sus directivos y accionistas aparecen diplomáticos de carrera como Emilio Cassinello Auban; políticos y exministros de gobierno, como el de Presupuesto de Felipe Aznar, Ricardo Martínez Rico o Cándido Velasquez, del círculo estrecho de Felipe González o Paula Chaves Iborra, involucrada en un escándalo de tráfico de influencias para favorecer al consorcio con un contrato que le adjudicó su papá, Manuel Chaves, presidente del Partido Socialista Obrero Español, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno, para construir la Ciudad Digital de Almería, proyecto de 27 millones de euros del presupuesto público de esa localidad.

Contralínea solicitó entrevista con Luis Rancé para saber su postura respecto de la información planteada por los subcontratistas y su excolaborador en Abengoa. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Fuente: Contralínea 221 / 20 de febrero de 2011

Fuente

El saqueo a Pemex

Autor: Álvaro Cepeda Neri *
Sección: Ex Libris

28 Marzo 2010

En más de nueve años, la fallida alternancia convertida en fracaso de los panistas encabezados por Fox, Mart(h)a, Calderón, Mouriño, Nava y sus principales almas azules demostró que son unos pillos. Para el diccionario, son ladrones; administrativamente, prevaricadores. El Código Penal los tipifica como rateros, por practicar exitosamente el delito de robo. Para la Constitución, son una banda dedicada al enriquecimiento ilícito. Y, desde Calderón hasta el último de ellos, servidores públicos que, por sus actos y omisiones, han afectado “la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia” en el desempeño de sus empleos, cargos y funciones, que los hacen candidatos al juicio político, deslinde de responsabilidades penales y encarcelamiento.


Estamos ante la posibilidad real, por segunda vez, después de Santa Anna, de enjuiciar a un presidente de la república: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que responda de sus actos, omisiones y complicidades y, por primera ocasión, fijar el precedente de que quien traicionó el juramento de “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, y al no haber desempeñado leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, sea demandado por la Cámara de Diputados ante la de Senadores, para que éstos, constituidos en jurado, dicten la sentencia.

Sin que sea el libro Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos, escrito por la reportera Ana Lilia Pérez, una investigación de Ministerio Público, aunque sí resultado del acucioso, metódico y verídico periodismo de investigación que lleva practicando sistemáticamente, tiene las características documentales para que diputados federales y senadores, con su guía, se dieran a cumplir con su obligación constitucional de completar esa investigación para deslindar responsabilidades, al menos a tres o cuatro, quizá a cinco servidores públicos, como presuntos delincuentes (de esa otra delincuencia organizada en el y desde el poder público de la Presidencia de la República como administración pública federal centralizada y paraestatal, en el siguiente orden: Calderón, Nava, Mouriño (post mórtem) y Reyes Heroles González de la Garza (el de la cartita a Proceso, 28 de febrero de 2010, queriendo sacarle el bulto a las imputaciones periodísticas), y a la señora Georgina Kessel.

El trabajo de Ana Lilia Pérez es la punta del hilo de una corrupción desde el foxismo a las “manos limpias” de Calderón y los calderonistas, quienes, desde hace casi una década, han estado robándose, por todos los medios –tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y enriquecimiento ilícito– la riqueza petrolera, como nunca antes una pandilla presidencial. El índice onomástico del libro es, con sus excepciones, la regla general donde aparecen los pillos del Partido Acción Nacional que llegaron con tal voracidad depredadora que “¡hoy, hoy, hoy!” representan el excremento politiquero, cuya peste asfixia la vida pública.

Desde la primera hasta la cuarta parte, con sus capítulos (“Los hombres del presidente”, “La familia incómoda”, “Camisas azules, manos negras” y “Negocios privados de hombres públicos”), la reportera va fundamentando, con la veracidad de los hechos consumados y documentales, la rapiña del abogado Nava, el secretario Mouriño, de Mart(h)a e hijos (los bribones Bribiesca e hijastros de Fox), del diputete Nordhausen, el imperio saqueador de Saint Martín, las tropelías de Juan Bueno Torio, la pugna por la rapiña de Reyes Heroles y Mouriño, y el espionaje azul-calderonista de Rosendo Villarreal.

Miguel Ángel Granados Chapa, prologuista y presentador del libro, afirmó: “Felipe Calderón tiene que responder a los delitos de sus colaboradores, de sus subordinados. Que no se vaya sin responder” (Reforma, 28 de febrero de 2010). Y es que la autora-reportera ha publicado un documento singular: es el expediente periodístico, político y socialmente más completo, donde danzan en la impunidad los “honrados y honestos” panistas que “orinan agua bendita” sobre la tumba de Gómez Morín.

La reportera, rastreando sin concesiones de ninguna especie la información sobre el binomio corrupción-impunidad, con nombres, hechos, actos y omisiones que imputan responsabilidades, ofrece a los lectores todas las pistas del saqueo a Petróleos Mexicanos (Pemex) en lo que va de la última década a partir del devastador foxismo y su continuidad voraz, ambos al amparo del abuso del poder presidencial. Y todo apunta para que Calderón y su pandilla sean llevados a juicio político y después a juicio penal. Pieza clave de ese pillaje fue Mouriño, y no debe descartarse su “accidente” como una eliminación para tratar de romper la cadena de atracos que dificulten las pesquisas judiciales, constitucionales y periodísticas. Esto, empero, no fue obstáculo para Ana Lilia Pérez.

El libro no tiene desperdicio. Página a página, su contenido es de una precisión en sus datos y juicios para analizarlos y tener la más completa revisión de los árboles y del bosque de Pemex por donde andan los ladrones calderonistas ensimismados en la rapiña.

Ficha bibliográfica:

Autora: Ana Lilia Pérez

Título: Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos

Editorial: Grijalbo, 2010

cepedaneri@prodigy.net.mx

Fuente

Contrato a Aquapress por 300 mdp

Ana Lilia Pérez
Una empresa inhabilitada por la SFP, la veracruzana Aquapress –beneficiaria de contratos entregados supuestamente de manera ilegal por el senador Juan Bueno Torio, cuando éste encabezaba la dirección de Pemex Refinación– se adjudica un contrato por 68 millones de pesos.


Favorecida por supuestos contratos irregulares por más de 375 millones de pesos, cuando el actual senador del Partido Acción Nacional por Veracruz, Juan Bueno Torio, se desempeñaba como director general de Pemex Refinación, Aquapress ahora es beneficiaria de una nueva adjudicación directa. La inhabilitación de la empresa, dictada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en marzo de 2007, fue insuficiente para la actual administración de la subsidiaria, encabezada por José Antonio Ceballos Soberanis, que le concedió un contrato por 67 millones 939 mil pesos.

En 2005, el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación abrió una indagatoria contra Aquapress, SA de CV, integrada en el expediente 0289/2005, por el uso de documentos apócrifos, delito no sólo administrativo, sino penal del fuero federal. Derivado de las indagatorias, el 9 de marzo de 2007 el Área de Responsabilidades de la SFP determinó la inhabilitación de la empresa por un periodo de un año seis meses, vigente del 28 de marzo de ese año al 28 de marzo de 2008; se le impuso también una multa por 72 mil 540 pesos.

La inhabilitación se hizo pública en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007, notificándose a todas las dependencias del gobierno federal, así como a las de las entidades federativas, “que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Aquapress, SA de CV”, por el periodo señalado. Sin embargo, la administración de José Antonio Ceballos Soberanis en Pemex Refinación hizo caso omiso de la disposición de la SFP.

Bajo el argumento de un amparo temporal que Aquapress obtuvo del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Refinación le asignó un contrato, vía adjudicación directa, por 67 millones 939 mil 50 pesos. Aunque el 6 de septiembre el mismo juzgado le revocó el amparo, los dos meses que lo tuvo fueron suficientes para que se beneficiara de la adjudicación GMTD-UPLC-AD-001/07, que la Gerencia de Mantenimiento, Terminales y Ductos le otorgó el 6 de julio de 2007, para dar mantenimiento a ductos de Veracruz en esa fecha y el 31 de octubre.


La historia
La Procuraduría General de la República (PGR) y la SFP investigan a más de 30 empresas contratistas de Pemex Refinación, la mayoría de ellas radicadas en Veracruz. Según las denuncias presentadas, en el sexenio pasado –cuando fue director de la subsidiaria el hoy senador Juan Bueno Torio– se habrían beneficiado, al margen de la ley, de millonarios contratos supuestamente a cambio de sobornos.

Entre estas empresas destaca Aquapress, SA de CV, que se constituyó e ingresó como contratista de Pemex Refinación en 2003, el mismo año en que Bueno Torio llegó a la dirección de la subsidiaria, designado por Vicente Fox. Sin experiencia en trabajos de remediación, entre 2003 y 2005, Pemex Refinación le adjudicó –sin licitación pública de por medio– cuatro contratos para este tipo de labores, cuyo monto total ascendió a 420 millones de pesos.

Uno de estos contratos fue por 376 millones de pesos para la biorremediación en el río Coatzacoalcos, asignación que, según el diputado federal Elías Cárdenas, implica un fraude contra la paraestatal del que responsabiliza a Bueno Torio.


El negocio
Ubicada en Francisco Hernández Córdova 34, colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz, Aquapress fue creada el 26 de marzo de 2003 por Guadalupe Velásquez Jiménez y Jorge Daniel Salas Hernández, dos jóvenes comerciantes de 30 y 39 años de edad, originarios de Salina Cruz, Oaxaca. De acuerdo con la escritura pública 25899, expedida por el notario Francisco Montes de Oca Zárate, la empresa se constituyó con 500 mil pesos. El 95 por ciento de las acciones son propiedad de Guadalupe Velásquez, quien es la administradora única, y el otro 5 por ciento, de Jorge Daniel Salas, quien es el director general.

En 2004, recibió su primer contrato: el SDSE-OPU83-102/2004, por 40 millones 677 mil 501 pesos. Se le adjudicó por vía directa el 13 de octubre, para “atención a la emergencia, recuperación de hidrocarburo, limpieza, disposición final de maleza, restauración del cauce del arroyo Anteburro-Querétaro y suelo contaminado derivado de la ruptura del oleoducto de 30 pulgadas, diámetro Nuevo Teapa-Venta de Carpio en el KM 280+352 en el Municipio de Omealca, Veracruz, área No. 3” (sic).

De acuerdo con las cláusulas, los trabajos debían realizarse entre el 13 de octubre de 2004 y el 9 de febrero de 2005, pero Aquapress no cumplió con el plazo fijado; sin embargo, lejos de penalizarla, como marca la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), el mismo día en que oficialmente debía concluir los trabajos, los funcionarios de la Gerencia de Almacenamiento y Distribución en la región Golfo le otorgaron una prórroga de dos meses (de febrero a abril de 2005) y le incrementaron el pago 7 millones 230 mil 715 pesos más al monto inicial.

Un segundo contrato, 577-59210-059/2004, se le otorgó el 15 de octubre de 2004. También se trató de una adjudicación directa por 189 mil 137 pesos, para “remediación de suelo contaminado por hidrocarburos en el área circundante a la fosa de quema de la estación de bombeo Emilio Carranza”, en el municipio de Vega de Alatorre, Veracruz. Éste tuvo vigencia del 15 de octubre al 14 de diciembre de 2004.

El 29 de octubre se le adjudicó el contrato SDSE-SRO82-032/2004, por 329 mil 176 pesos para que hiciera la “evaluación del área afectada por fuga en el KM 1+300” del combustoleoducto, que va de la refinería Ingeniero Antonio Dovali Jaime a la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oaxaca”. Según el contrato, los trabajos debían realizarse desde el mismo 29 de octubre, pero Aquapress los hizo hasta el 12 y 13 de enero de 2005.


El supuesto fraude
En diciembre de 2004, tras la ruptura de un oleoducto en el municipio Nanchital, Veracruz, que derramó 5 mil barriles de crudo en el río Coatzacoalcos –considerado el accidente más grave ocurrido hasta ahora en áreas de jurisdicción de Refinación–, Aquapress fue una de las empresas elegidas por Juan Bueno Torio para que remediaran la zona.

Según datos oficiales de Pemex, el 22 de diciembre, el mismo día del accidente, se le adjudicó el contrato SDSE-OPU81-174/2004, por 375 millones 871 mil 163 pesos, para “la atención a la emergencia, recuperación de hidrocarburo, material contaminado y limpieza en la desembocadura del arroyo Tepeyac”.

El argumento para contratar sin licitación pública a Aquapress fue que contaba “con los recursos humanos y financieros suficientes, así como la experiencia respaldada con contratos ejecutados de la especialidad”.

A partir de diciembre de 2004 Aquapress trabajó en la zona y cobró sus facturas sin siquiera haber formalizado su relación con Pemex. El contrato se firmó hasta el 31 de mayo de 2005, es decir, el mismo día que concluían los trabajos, lo que podría implicar una serie de violaciones a la LOPSRM.

Más aún, el contrato, formalizado por Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución, y Jorge Daniel Salas, fue enviado a la Subgerencia General de Mantenimiento de Minatitlán –la cual facturó los trabajos– hasta el 13 de septiembre de 2005, semanas después de que se le había pagado el monto total.

Entre las posibles violaciones a la LOPSRM destaca que el contrato fue firmado el 31 de mayo de 2005, lo que contraviene el artículo 47 de dicha ley que establece que la adjudicación del contrato obliga a la dependencia a formalizar el documento relativo durante los 30 días naturales siguientes.

Además, se incumplió el artículo 48 que establece que los contratistas deberán sustituir garantías dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación del contrato y por la totalidad del monto de anticipos. El trámite para la expedición de una fianza de cumplimiento del contrato inició el 4 de marzo de 2005, es decir, 70 días después de haber iniciados los trabajos.

La póliza de garantía se expidió el 20 de diciembre de 2005, siete meses después de que venció el contrato, lo que significa que los pagos y el contrato nunca tuvieron la garantía de cobertura que exige la LOPSRM.

Refinación cubrió el monto total del contrato en seis facturas, de las cuales cuatro fueron expedidas el 1 de junio y dos el 6 de junio de 2005. Los pagos fueron cubiertos el 15 de julio de ese año, de manera que el cumplimiento de los anticipos no estuvo garantizado, pues la póliza se extendió hasta diciembre.


Las deficiencias
Además de las irregularidades en la formalización del contrato, desde los primeros días en que Aquapress entró a trabajar a Nanchital, la organización ambientalista Greenpeace denunció que tanto ésta como las otras siete compañías contratadas por Bueno Torio, para biorremediar la zona, no hacían los trabajos de forma adecuada.

En enero de 2005, Greenpeace denunció que las compañías sólo removían el agua y tierra contaminada, la cual recogían en bolsas de plástico para posteriormente enterrarlo en otras zonas de Veracruz. A sus denuncias se unieron las de los lugareños, pescadores y autoridades locales, que develaban que, pese a los millonarios montos que la paraestatal designó para remediar la zona, que superaron los 3 mil millones de pesos, las compañías se limitaba a limpiar el hidrocarburo de las fachadas de las casas, lavaban las piedras del río, retiraban el manglar afectado e incineraban la arena contaminada. Nunca hubo biorremediación.

En el río Coatzacoalcos y sus inmediaciones, removían la tierra y le colocaban lirio encima, pero el 3 de febrero de 2005, un norte dejó al descubierto el lirio contaminado. El 20 de febrero se descubrieron más de 500 bolsas con residuos de petróleo y lirio abandonadas en las playas de Coatzacoalcos. En un comunicado, Greenpeace denunció que Aquapress las había confinado en esa zona y responsabilizó a Pemex de solapar la grave conducta de la empresa, incluso algunos supervisores de Refinación se negaron a dar visto bueno a los trabajos, necesario para que Pemex finiquite cualquier contrato.

La denuncia contra Aquapress se llevó hasta el Tribunal Ambiental Internacional, en el cual se documentaron las supuestas irregularidades de la compañía que provocaron, a tres años del desastre, que los efectos de la contaminación aún persistan en esa región de Veracruz.
No obstante los señalamientos, en 2005, Aquapress entró como contratista a Pemex Exploración y Producción (PEP), con la asignación del contrato 415115846, por un millón 492 mil pesos, que el 4 de marzo de 2005, le entregó, también sin licitación pública, el área de Recursos Materiales en Villahermosa, para la “restauración de exbatería Arjona, del Activo Integral Cinco Presidentes”, vigente del 4 de marzo al 4 de junio de 2005.

El 6 de mayo de ese año, la unidad de contratos Región Sur de PEP le adjudicó el 415135973, por 1 millón 254 mil 933 pesos, vigente del 6 de mayo al 3 de agosto de 2005, para la restauración de la batería Cinco Presidentes, en el campo petrolero del mismo nombre.

El 23 de mayo de 2005, la misma área le otorgó el contrato 425026823, por 2 millones 629 mil 763 pesos, vigente del 23 de mayo al 28 de agosto de 2005. Dicho contrato se formalizó hasta el 19 de abril de 2006, ocho meses después de que concluyó el término original, lo que lo pone en la misma situación de supuestas violaciones a la LOPSRM, que las del contrato SDSE-OPU81-174/2004, es decir, que se le otorgó sin que cumpliera requisitos como la fianza del contrato.

El 18 de noviembre de 2005, la Superintendencia General de Adquisiciones y Contratos de Bienes de Pemex Refinación –también en Veracruz– le adjudicó la licitación 18576155-031-05, del rubro de adquisiciones, por 2 millones 111 mil 379 pesos para la compra de equipo de buceo, protección y botiquines de primeros auxilios


Relación veracruzana
Elías Cárdenas Márquez, diputado federal del partido Convergencia explica que, derivado de una denuncia que le llegó a su oficina en el Congreso de la Unión sobre las supuestas irregularidades del contrato asignado a la empresa Aquapress para los trabajos en Nanchital, realizó un análisis jurídico que determinó un fraude que asciende al monto total pagado, en virtud de que el contrato no debió proceder.

“Es un fraude que se suma a los tantos que hay en Pemex, por la cantidad de 375 millones de pesos, que se dio a esta empresa Aquapress, integrada por dos jóvenes veracruzanos unos meses antes, desde luego sin que esta empresa tuviera ni la capacidad, ni estaba acreditado ningún otro trabajo, ni experiencia, ni probada solvencia moral ni económica”.

—¿Cuál sería la responsabilidad del hoy senador Juan Bueno Torio?
—Existe una responsabilidad solidaria de quien entonces dirigía un sector de nuestra principal industria, que es Pemex. Indudablemente todos los actos que se cometieron durante su gestión le son en cierta manera imputables, porque si bien es cierto y casi sería imposible que él hubiera firmado todos y cada uno de los contratos, en virtud de que se delegan, también es cierto que tiene la responsabilidad de los funcionarios que firmaron a su nombre, aunado a que ellos actuaron bajo sus órdenes.

El legislador asegura que el desempeño de Juan Bueno Torio al frente de Refinación “fue sumamente irregular y, aunque sólo he analizado este contrato, seguramente en los cientos o miles que se firmaron bajo su dirección hay irregularidades. Juan Bueno Torio va a tener que demostrar que él no tuvo ninguna responsabilidad en el asunto de Aquapress, pero creo que no lo podrá demostrar, pues él es responsable de este fraude”.

Cárdenas Márquez, quien preside la tercer comisión especial de legisladores que indaga el supuesto tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún, comenta que notificó al titular de Pemex, Jesús Reyes Heroles, “la complicidad” de Juan Bueno Torio en el fraude de la empresa Aquapress; sin embargo, dice, Reyes Heroles no ha actuado al respecto.

“No sé por qué se favoreció a estos jóvenes empresarios con un contrato de tantos millones de pesos, si ni siquiera acreditaban experiencia técnica ni económica para realizar los trabajos. Sin embargo, hay circunstancias que rodean este contrato, que me hacen pensar que debe haber una relación, es decir, son de Veracruz, al igual que Juan Bueno Torio. La empresa está registrada en Coatzacoalcos, los trabajos que se realizaron fueron en la zona de Nanchital. El contrato fue directo, no hubo licitación como prevé la ley, pero, sobre todo, el contrato se firma el mismo día que termina su vigencia, y esto no es posible.”

El legislador agrega que se trata “de una enorme irregularidad, porque en el mundo de los negocios y las empresas los contratos tienen una vigencia, y más en este caso, donde debían haberse entregado las fianzas, y el simple hecho de no cumplir este requisito invalidaría el contrato, pero se pagó aún antes de que se firmara.
—¿Juan Bueno Torio lo ha buscado?
—Sí, efectivamente, a través de un intermediario me ha buscado para que platiquemos sobre este asunto, en virtud de que él señala que él no tiene ninguna relación con la empresa.

—¿Estaría involucrado?
—Yo sostengo que sí, porque hay una responsabilidad solidaria de parte del área que él dirigía, que era Pemex Refinación. Un subordinado del senador Bueno Torio firmó este contrato y él tenía la obligación de saber de la existencia de este contrato y que se firmaba en esos términos tan irregulares en que se hizo.

En conversación telefónica, Jorge Salas, director general de Aquapress, señala: “No soy la única empresa que trabajó allí. Somos nueve empresas y todas estamos en la misma situación. Entonces todos cometimos el fraude”. Aunque se compromete a entregar las pruebas que, según él, demuestran que no hay irregularidades en los contratos que le ha otorgado Pemex, en días posteriores se negó a tomar la llamada.
Contralínea Veracruz solicitó entrevistas con Jesús Reyes Heroles, director General de Petróleos Mexicanos, y José Antonio Ceballos Soberanis, director de Pemex Refinación, para que explicaran las adjudicaciones directas a favor de esta empresa, pero fueron negadas.



Yo no fui, que investigue la ASF: Bueno Torio

El senador Juan Bueno Torio reta al diputado Elías Cárdenas Márquez a que presente pruebas que lo involucren en el fraude de la empresa Aquapress y que denuncie ante las instancias correspondientes.
Además, el legislador panista reclama que la contratación de Pemex a Aquapress “no es competencia” de la comisión que preside Cárdenas, diputado por Convergencia: “El diputado Elías está investigando a los hijos de la señora Marta Sahagún. Entonces esa investigación no entra en el ámbito de lo que él investiga”.
Sin embargo, reconoce que Elías Cárdenas tiene el derecho de “pedir a la Comisión de Vigilancia que le hagan llegar todos los elementos a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie una auditoría”.
Bueno Torio, exdirector de Pemex Refinación, dice que la adjudicación directa que durante su gestión se otorgó a Aquapress fue “atípica”, porque se derivó de un siniestro. Asegura que él no tenía trato directo con los contratistas de la paraestatal: “Refinación maneja más de 10 mil contratos, imagínate si el director tuviera que ver todos los contratos”.
—¿Cree usted que hubo corrupción de los funcionarios a su cargo?
—Yo no puedo calificar. Yo creo que no. Sin embargo, tendrá que hacerse la auditoría y tampoco tengo los elementos para poder evaluar esa circunstancia, entonces aquí lo conducente no es lo que yo crea, o lo que crea cualquier otra persona, sino lo que defina la ASF.
—El siniestro fue en diciembre de 2004, y no hubo pólizas, ni fianzas. No se cumplió con ninguno de los requisitos que mandata la Ley de Obra Pública, ¿es así en todos los casos, siempre que hay un accidente, se procede de esa manera?
—Siempre que hay un accidente se llama a las empresas que normalmente atienden ese tipo de problemas y se les distribuye el trabajo. Al accidente de Nanchital llegaron 25 empresas a atender la emergencia. Posteriormente se fueron quitando, hasta que quedaron 14 empresas, hasta que terminaron todo. Una vez que terminaron los trabajos se validaron los volúmenes de obra, los precios unitarios y más o menos se homogeneizó con todas las empresas que participaron y luego se hicieron los contratos.
—¿Hubo trato preferencial para Aquapress?
—No, seguramente hubo algunos acuerdos autorizados con el comité de adquisiciones, con los mecanismos que tiene la empresa para resolver este tipo de conflictos.
Bueno Torio sabe que el Órgano Interno de Control (OIC) investiga los contratos asignados a la empresa Aquapress: “Tengo entendido que está haciendo una revisión a fondo de los mecanismos en torno al siniestro que ocurrió en Nanchital. Ahí está una auditoría en curso, hay un pliego de observaciones, y todos los supervisores de obra, todos los representantes y funcionarios de la empresa están bajo investigación y estarán atendiendo las observaciones que hizo el propio Órgano Interno de Control en Pemex Refinación”.
—¿Cuánto se invirtió en el saneamiento de Nanchital?
—No recuerdo cuánto fue. Fue un derrame enorme, de grandes consecuencias, de grandes proporciones. Se contaminaron muchísimas toneladas.
—¿Por qué escogió usted a estas empresas para que atendieran el desastre más grave que ha ocurrido en Refinación?
—Yo no las escogí. La empresa tiene su propio mecanismo en la asignación de contratos. Cuando hay una emergencia llegan todas y ahí se forma un grupo de trabajo, donde se asignan las superficies de remediación a las empresas que tienen la capacidad para atender este siniestro. A todas las empresas que llegan, se les busca un espacio para que trabajen, porque lo que importa es corregir inmediatamente las consecuencias de estos derrames.
—¿Sabía usted que el OIC abrió una denuncia contra Aquapress por el uso de documentos apócrifos, en la gestión en que usted estuvo en la dirección de Refinación?
—No sabía.
—¿Qué opina usted, como integrante de la Comisión de Energía del Senado, que Pemex contrate a este tipo de empresas?
—Lo que se tiene que hacer y que no se ha logrado es hacer una calificación previa, que alrededor de 12 o 15 empresas en todo el país les den una licitación pública, nada más sobre precios unitarios, de todo lo que implica un derrame. Si es arena en las playas, en suelos, en ríos, o lirio, todas las variables que pueden presentarse en una eventualidad, salir a licitarlas con base en precios unitarios.
—¿Se debe sanear Pemex de las empresas defraudadoras?
—No, yo no estoy diciendo eso, porque yo no puedo calificar si una empresa es defraudadora o no. No sé si haya hecho alguna empresa algún fraude. Eso lo definirá la Auditoría Superior de la Federación o el Órgano Interno de Control o Petróleos Mexicanos o la Secretaría de la Función Pública.
—La SFP inhabilitó a la empresa que su administración contrató, ¿es sano para Pemex que se haga una limpieza de este tipo de empresas?
—En la propia ley se establecen los mecanismos para no contratar empresas que hayan sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública o el propio Órgano Interno de Control. Ya existen los mecanismos para cuidar a la empresa (Pemex) y no sólo a la empresa, sino a todo el gobierno federal.
—¿Por qué creyó Refinación que Aquapress era confiable para este tipo de trabajos, que es el argumento que se utilizó para asignarle el contrato?
—Seguramente la Gerencia de Almacenamiento y Distribución de la Región Golfo, evaluó y seleccionó en función de los trabajos de remediación que estas empresas hicieron con otras subsidiarias de Pemex.
—Pues aquí no es el caso porque Aquapress no tenía un historial de trabajo en Pemex.
—No sabía.
—¿Cree que hubo corrupción de su subordinado Pedro Carlos Gómez Flores, quien firmó el contrato con Aquapress?
—Ése es un análisis que tiene que hacer el propio OIC en la evaluación que está haciendo de todo este proceso. Yo no puedo calificar eso hasta que no se concluya la auditoría. Tengo conocimiento de que hay observaciones de los funcionarios que hicieron ese proceso de adjudicación y que ya se están atendiendo.
El senador aclara que “todos los procesos de este tipo en Pemex se auditan. En el mes de enero de 2005, solicité al OIC en Refinación que le pusiera vigilancia a todo este procedimiento, que estuvieran cercanos a la operación. De hecho, se decidió contratar una empresa para que vigilara y revisara todos los trabajos hechos y ayudara a la evaluación de los precios unitarios. Se trataron de establecer los mecanismos para que se garantizara la mayor transparencia en los trabajos de remediación”.
—Usted habla de las excepciones para otorgar un contrato en estas condiciones, ¿es válido que una póliza se presente hasta después de terminado el trabajo e incluso que se cubrió el pago?
—No, se debe presentar como establece el propio contrato. Como éste fue un procedimiento atípico, seguramente la fianza se entregó antes de que se emitiera el pago, que eso es lo conducente. Si no, el área de finanzas no hubiera pagado.
—Y ocurrió senador, esto es lo más atípico del contrato.
—Entonces la investigación que está haciendo el OIC en Pemex Refinación deberá revisar eso y deberán identificarse los porqués de estas circunstancias. (ALP)



Fuente

Supuesto dinero de Pemex a campaña de Calderón

1 de abril de 2008

Ana Lilia Pérez

Expedientes abiertos en la PGR y la SFP involucran a Juan Bueno Torio en supuesta triangulación de recursos para la campaña de Felipe Calderón. El dinero provendría de adjudicaciones para el transporte de hidrocarburos, por 200 millones de pesos.


¡Hace dos años que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga al senador Juan Bueno Torio, exdirector general de la subsidiaria Pemex Refinación, por abuso de autoridad, tráfico de influencias, uso indebido de funciones, coalición de servidores públicos y enriquecimiento ilícito, al autorizar adjudicaciones directas por 10 mil 300 millones de pesos en contratos para servicios de transporte de hidrocarburos.
El expediente (integrado en la averiguación previa 95/UEIDCSPCAJ/2006) radicado en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, contiene un diagrama que detalla cómo se operó la adjudicación de los contratos, de los cuales, cita el texto, el 4 por ciento del monto autorizado, es decir, unos 400 millones de pesos, se destinaron de la siguiente manera:
Doscientos millones “a la campaña de Felipe Calderón; 70 millones a la (campaña) de Juan Bueno Torio, y el resto entre los otros funcionarios que participaron en la operación”, entre ellos Rosendo Villarreal Dávila, José Antonio Gómez Urquiza, Pedro Carlos Gómez Flores, Laura Chong Gutiérrez, Oswaldo Machado Martínez.
Se explica que Pedro Carlos Gómez Flores habría negociado con los transportistas los montos que se repartirían a cada empresa; que José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra –a quien se ubica como financiero de Calderón– aprobaría los montos como presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de Pemex Refinación; que Oswaldo Machado habría diseñado la adjudicación directa, y que Laura Chong Gutiérrez habría operado la parte jurídica.
De resultar ciertos los señalamientos investigados por las autoridades federales, Bueno Torio habría contravenido el artículo 134 constitucional que obliga a licitar cualquier contratación de obra o servicio de gobierno.

Ligas empresariales
Las empresas beneficiadas con las adjudicaciones tienen vínculos de parentesco directo o son propiedad de amigos y militantes del Partido Acción Nacional (PAN).
Jesús González Schmal, exdiputado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que la inclusión de dicho diagrama fue una de las razones principales por las que el entonces procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, “encapsuló” la denuncia contra Bueno Torio y los directivos de Refinación que, hasta la fecha, siguen en la paraestatal.
Además de Bueno Torio, la denuncia involucra al administrador general de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila, quien habría autorizado la partida presupuestal; al subdirector de Finanzas de Refinación, José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra; al gerente de Transporte Terrestre, Oswaldo Machado; a José Antonio Prado Carranza, de la Oficina del Abogado General de Pemex (OAG); el subgerente de Contratos y Pagos, Antonio Farah Capur; y el encargado de la Subgerencia de Operación, Ricardo Estrada Rentería.
Rosendo Villarreal es un político afiliado al PAN desde 1990. Fue presidente municipal de Saltillo, Coahuila, de 1991 a 1993; candidato a la gubernatura del estado en 1993; senador en la Legislaturas LVI. Actualmente es miembro del Consejo Nacional Estatal del blanquiazul.
Prado Carranza ingresó al jurídico de Pemex apoyado por su amigo y excompañero de la Universidad Panamericana, César Nava Vázquez, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón. Avaló cinco convenios y contratos asignados a Ivancar, incluidos dos que firmó Juan Camilo Mouriño. En el cambio de gobierno, Felipe Calderón lo colocó al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Luz y Fuerza del Centro.
La relación de Gómez Urquiza de la Macorra es directamente con el presidente Felipe Calderón, y se estrechó cuando en la LV Legislatura (1991-1994) ambos eran compañeros de bancada. Gómez Urquiza se afilió al PAN en 1979; en 1984 se convirtió en consejero nacional, cargo que tiene hasta la fecha dentro del partido. Está casado con Marcela Madero Morelos Zaragoza, hija de Pablo Emilio Madero, fundador del PAN y expresidente nacional, quien como diputado federal, en el mismo periodo que su yerno, perteneció también a la Comisión de Energía.
La denuncia contra Bueno Torio y los citados funcionarios –en la que se les involucra también en la supuesta triangulación de recursos con fines electorales– ante la Secretaría de la Función Pública, quedó radicada en el expediente DE/081/2006. Se les vincula en violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por adjudicar indebidamente los contratos, que posiblemente habrían provocado daño patrimonial a la paraestatal por la suma total de éstos, es decir, por más de 10 mil millones de pesos.
Las denuncias en la PGR y la SFP incluyen oficios internos de la OAG, la Dirección General de Refinación, la Subdirección de Finanzas y la Gerencia de Transporte; correos electrónicos remitidos a las contratistas que serían beneficiadas con las adjudicaciones; contratos que Bueno Torio adjudicó a sus familiares; actas constitutivas de dichas empresas que comprueban el grado de parentesco y consanguinidad de sus propietarios, por lo que, según la Ley de Arrendamiento, Adquisiciones y Servicios, estaban imposibilitadas para contrataciones con el gobierno federal. El mismo caso de Ivancar.
González Schmal dice que el documento que vincula a Felipe Calderón como beneficiario indirecto de parte de estas contrataciones, le fue entregado por un alto directivo de Pemex, junto con otros oficios que documentan la manera en que el área administrativa de Pemex Refinación –con el aval del administrador general de la paraestatal, Rosendo Villarreal Dávila– habría operado las adjudicaciones.
“Nos entregaron las actas del Comité de Adquisiciones donde Gómez Urquiza operaba por encomienda de Juan Bueno Torio. El señuelo para obtener recursos de forma indebida era que allí habría una partida para ir acumulando recursos para Felipe Calderón”, explica.
El exlegislador dice que en la Secretaría de la Función Pública, entonces a cargo de Eduardo Romero Ramos, tampoco avanzaron las indagatorias por los vínculos de los funcionarios en turno con Acción Nacional. Acota que Romero Ramos fue colocado en el cargo por su antecesor Francisco Barrio Terrazas, otro integrante clave de ese partido. González Schmal reflexiona que al dar celeridad a las denuncias que presentaron contra Bueno Torio, “se comprobarían también los ilícitos de Juan Camilo Mouriño Terrazo de haberse beneficiado con los contratos de los cuales ya había antecedentes de su ilegalidad, denunciado ante las autoridades judiciales”.
La operación
En 2006, los diputados Jesús Gonzáles Schmal, Martha Palafox Gutiérrez, Martha Lucía Micher Camarena, Sofía Castro Ríos, Jorge Legorreta Ordorica y Eduardo Espinosa Pérez, presentaron una denuncia penal contra el exdirector de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, por tráfico de influencias y uso indebido de funciones.
La denuncia de la comisión legislativa en contra del hoy senador panista e integrante de la Comisión de Energía del Senado de la República fue por autorizar discrecionalmente la adjudicación directa de contratos para los servicios de transporte de hidrocarburos.
Juan Camilo Mouriño ha defendido que las adjudicaciones a Ivancar se derivan “de un convenio marco” firmado entre Pemex y un grupo de contratistas. Sin embargo, omite decir que dicho convenio, así como la contratación transexenal, fue impuesta por Juan Bueno Torio para garantizar la contratación multianual de las compañías de su familia y de políticos y funcionarios de Acción Nacional, sin licitación pública de por medio y sin que la paraestatal verificara la capacidad técnica y económica de sus empresas.
Omite también que la validez jurídica se la dio José Antonio Prado Carranza, uno de los principales operadores de César Nava en Pemex.





La historia


Como director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio firmó un convenio con la Asociación de Transportistas al Servicio de Petróleos Mexicanos, Clientes y Empresas Sustitutas, AC, para el transporte de gasolinas.
Bueno Torio, a su llegada a la subsidiaria, desconoció el convenio e implantó un “Plan piloto de transporte dedicado” y dejó prácticamente fuera a los transportistas de la asociación, para incorporar a las empresas de su familia y de otros políticos y funcionarios del PAN, entre ellas Ivancar, de la familia Mouriño, en contravención a la Ley de Adquisiciones.
En respuesta al desconocimiento del acuerdo por parte de Bueno Torio, la asociación presentó sendos juicios de amparo contra la subsidiaria –expedientes 1551/2003 y 1052/2003– ante el juez séptimo en Materia Administrativa, que derivaron en sendas denuncias contra la subsidiaria en la PGR y la SFP.
Sobre este mismo caso, en mayo de 2004, Elías Dip Rame, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, AC, denunció a Bueno Torio –expediente DE/09/2004– por corrupción y tráfico de influencias, al aumentar 400 por ciento los montos asignados “a sus parientes”. Ese mismo año, por intervención de la Oficina del Abogado General de Pemex, el caso fue cerrado.
El 26 de enero de 2005, Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución, suscribe un convenio con las transportistas que serían beneficiadas con los contratos multianuales, entre ellas Ivancar.
El esquema del contrato multianual de Ivancar habría sido elaborado desde enero de ese año por el entonces gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza.
El 16 de febrero de 2005, la Gerencia de Transporte Terrestre, encabezada por Oswaldo Machado, define los criterios de asignación de montos para contratos individuales. Y ese mismo día se determina la multianualidad de éstos.
Oficios internos de Pemex revelan que el acuerdo se hizo entre altos funcionarios de Refinación y la Canacar (Cámara Nacional del Autotransporte de Carga) antes de que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios justificara la necesidad de la contratación, lo cual contraviene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público e incumple con los lineamientos para adjudicaciones directas.
La disposición de los recursos la hizo el subdirector de Finanzas y Administración de Pemex Refinación, José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, y fue avalada por el administrador general de Pemex, Rosendo Alfredo Villarreal Dávila.
El 23 de febrero de 2005, Pemex enlistó a las compañías que recibirían los contratos por un monto de 10 mil 114 millones de pesos. En el oficio DG 69/2005, León Flores González, presidente nacional de la Canacar, envió a Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de la subsidiaria, la lista de transportistas beneficiados con los contratos multianuales por adjudicación directa, vigentes desde ese año y hasta el 31 de diciembre de 2008.
Pero el servicio lo solicitó el Comité de Adquisiciones hasta el 9 de marzo de 2005, según un documento de Pemex clasificado como “reservado”, lo que significa que el subdirector de Refinación negoció primero las adjudicaciones con los transportistas y luego se hizo oficial la necesidad del servicio.
Lo anterior invalida el supuesto de la necesidad de la adjudicación directa que, según la Ley de Adquisiciones, está reservada para otorgarse cuando peligra el orden social, economía y seguridad nacional, cuando se tiene derechos exclusivos o patente, cuando son grupos marginados que por interés de la sociedad se puedan apoyar siempre y cuando sea en igualdad de condiciones con otras propuestas. Ni el servicio ni las transportistas beneficiadas estaban en esta condición, tan es así, que cuatro eran de familiares de Bueno Torio y una del actual secretario de Gobernación. Ambas familias de las más ricas de sus respectivos estados.
El 2 de marzo de 2005, la Gerencia de Transporte Terrestre, a cargo de Oswaldo Machado Martínez, presenta el “dictamen de justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública”, firmado además por José Antonio Farah Capur, subgerente de Contratos y Pagos, y Ricardo Estradas Rentería, encargado de la Subgerencia de Operación.
La argumentación es que si no se otorgaban los contratos multianuales “se podría provocar desabasto y probables bloqueos a instalaciones de Pemex Refinación y/o vías de comunicación, lo cual implicaría un gravísimo riesgo económico, político y social”.
En el documento se asienta que en el procedimiento de propuesta no habría mediado servidor público alguno interesado en obtener beneficio de ella. Aunque en la argumentación misma se incluyó el padrón de empresas beneficiarias y se conocía la relación de éstas con algunos funcionarios de Refinación, desde el entonces director, Juan Bueno Torio, quien también fungía como presidente del Consejo de Administración de la subsidiaria.
En sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, presidida por José Antonio Gómez Urquiza, el 9 de marzo de 2005 la Gerencia de Transporte Terrestre solicitó la aprobación de la adjudicación. El acta está clasificada en Pemex como “reservada”.
El 1 de junio de ese año, las empresas firmaron los contratos en los que aparecen, además, las firmas de Oswaldo Machado y José Antonio Prado.
La irregularidad en las asignaciones alcanzaría a la administración de Jesús Reyes Heroles, pues además de darles continuidad, en el caso de algunos transportistas como Ivancar, en enero pasado les asignó partidas presupuestales adicionales, del 20 por ciento del monto original.



Operadores en Gobernación
Jesús González Schmal responsabiliza al hoy subsecretario de Gobernación, Francisco Daniel Cabeza de Vaca, ante quien en 2006 se denunció penalmente a Juan Bueno Torio, de “incurrir en violaciones a la Ley Orgánica de la PGR, por no desahogar las denuncias en el tiempo en que la ley lo estipula, y en las condiciones de impartición de justicia pronta y expedita”.
Respecto del secretario de Gobernación, quien fue beneficiado de forma directa con estas asignaciones, señala: “Lo más grave es que él como contratista de Pemex tenía conocimiento pleno de cómo se operaron estos contratos, de que nosotros documentamos que las adjudicaciones eran ilegales, que denunciamos penalmente, e independientemente si de allí él o su familia aportó o no a la campaña de Calderón, Juan Camilo Mouriño no tuvo empacho y pudor alguno en beneficiarse de ellos”.
Explica que aunque hasta la fecha no se ha presentado denuncia penal contra el secretario de Gobernación, de dar celeridad a las denuncias contra Bueno Torio se comprobaría la ilegitimidad de los contratos de Ivancar “y el tráfico de influencias y conflicto de intereses del secretario de Gobernación”.
Explica que una vez que se compruebe la ilegalidad de los contratos, el dinero que los accionistas de Ivancar han recibido a cuenta, implicaría peculado. Hasta noviembre de 2007, de acuerdo con las facturas obtenidas por Contralínea, la empresa del secretario de Gobernación había cobrado a cuenta del contrato 00142-CM/2005-2008 cerca de 39 millones de pesos.
Actualmente, diputados de los partidos políticos adheridos al Frente Amplio Progresista (FAP) documentan la ilegalidad de los contratos de Pemex Refinación, porque la designación del monto, la vigencia y la partida para cada empresa las establecieron funcionarios de Pemex sin consultar al Legislativo para comprometer presupuesto fiscal multianual y, sobre todo, de carácter transexenal.
El diputado Elías Cárdenas asegura que funcionarios de Pemex, entre ellos José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, a quien en las indagatorias de la PGR se le señala como “financiero de Felipe Calderón”, habrían excedido de sus funciones e incurrido en delitos del orden penal.
Para confrontar la información se buscaron entrevistas con José Antonio Gómez Urquiza, subdirector de Refinación; al área de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y al senador Juan Bueno Torio, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 1 de abril de 2008 | Año 5 | No. 99

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Boletín de Prensa 11 de Agosto de 2011

Terrorismo global en México

Publicado el 11 agosto, 2011 por RicardoMonreal

Hace apenas dos semanas comentamos en este espacio las implicaciones del atentado terrorista en Noruega.

“Anders Behring Breivik, autor confeso de la matanza de 92 personas en Noruega el pasado viernes, es un joven anglosajón de 32 años de edad, educado en los cánones culturales de la Europa Moderna, perteneciente a una familia acomodada y con una información al día de lo que pasa en el mundo. A tal grado que estudió y se declaró admirador del EZLN, y hasta una visita habría realizado al estado de Chiapas…, Behring nos ha venido quitar la inocencia y el prejuicio sobre el terrorismo. Hoy sabemos que el terror no se viste con turbante ni sandalias del Oriente, sino que también lo viste y alimenta el Occidente. Hoy más nunca, el pronóstico de Samuel Huntington, sobre ‘el choque de civilizaciones’, o la guerra de los paradigmas culturales, pareciera estarse concretando. Y habrá que estar alertas”.

El paquete bomba enviado al Tecnológico de Monterrey, Campus Atizapán, que hirió a los profesores Armando Herrera Corral y Alejandro Aceves López, dedicados a la enseñanza de la nanotecnología, revela que en el país opera ya una célula terrorista, no necesariamente integrada por ciudadanos musulmanes devotos del Corán, que mantienen vínculos con organizaciones internacionales como las que inspiraron los ataques de Anders Behring en Noruega, a los atentados del Unabomber de Estados Unidos entre 1978 y 1995.

Según las indagaciones de la Procuraduría del Estado de México, con apoyo de la Interpol, se identificó al grupo “Individualidades Tendiendo a lo Salvaje” (ITS) como el autor del ataque perpetrado ayer en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Este grupo se caracteriza por estar en contra del desarrollo de nanotecnologías a nivel global. Similares ataques se han registrado en España, Francia y algunos países de Latinoamérica, como Chile.

La Procuraduría del Estado de México señaló que un mensaje parcialmente quemado, que las autoridades recuperaron entre el paquete bomba enviado al campus Atizapán del ITESM, está firmado por el grupo ITS, y en él se puede leer algo sobre “herir o matar a maestros y estudiantes”.

A partir de la información de las autoridades federales mexicanas e Interpol, se pudo constatar que ese grupo se opone al “desarrollo de neo y nano tecnología a nivel global” y está relacionado con varios atentados en países de Europa y América.

La organización se caracteriza por efectuar “distintos ataques” contra instalaciones o profesionales dedicados “al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial”.

El atentado en el Tecnológico de Monterrey no es el primero en el país. En abril pasado el ITS envió un explosivo similar al encargado de la División de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM), ubicada en el municipio de Tultitlán, pero no explotó.

El mensaje bomba “fue colocado en una caja de cartón con sellos similares a los de una empresa de mensajería privada y acompañada de un mensaje con características idénticas” al hallado en el ITESM, señaló el procurador mexiquense Alfredo Castillo. El pasado 9 de mayo, la UPVM recibió un segundo paquete bomba que contenía un mensaje que decía “Esto no es una broma: el mes pasado atentamos contra Oscar Camacho, hoy contra la institución, mañana quién sabe. ¡Fuego al desarrollo nano-tecnológico junto a quienes lo sustentan!”.

Como ninguno de los dos ataques fallidos tuvo la resonancia mediática que el grupo terrorista buscaba, la organización se adjudicó el atentado a un portal de Internet en España. En un rastreo del ITS en la red informática mundial, la agencia española Efe encontró un extenso comunicado de prensa publicado en varios blogs de anarquistas, comunistas y radicales.

En él, el ITS expresa su afinidad con el terrorista Theodore Kaczynski, conocido como “Unabomber”, que en Estados Unidos mató a 3 personas e hirió a otras 23 con una serie de bombas enviadas a universidades, aerolíneas y otras empresas entre 1978 y 1995.

Además, sus integrantes aseguran que no les “temblarán las manos para llevar a cabo” sus cometidos “en contra de las ramas del sistema de dominación y contra quienes lo sustentan y lo protejan”.

En ese texto el grupo culpa al desarrollo económico y tecnológico de todo tipo de desastres naturales, incluso de terremotos, y analiza largamente el concepto de “revolución” y de “guerrilla urbana”.

Según la ideología del grupo publicada en sus páginas de internet, la nanotecnología es una forma del “sistema de dominación“.

El grupo, en el que hasta ahora no destaca ningún líder identificado, señala “La nanotecnología es lo más avanzado que pueda existir hasta ahora en la historia del progreso antropocentrista. Esta consiste en el total estudio, el escrutinio de la manipulación y la dominación de todo lo más diminuto, invisible para los ojos humanos. Con esto los humanos han logrado controlar ya todo, absolutamente todo, desde los cambios en el clima hasta la más pequeña molécula atómica. La Civilización aparte de amenazar nuestra libertad como Individuos, la de los Animales y de la Tierra, ahora su amenaza ha pasado a una escala menor que un micrómetro”.

Respecto a México, la red ITS apunta que, “la tecnología a nanoescala sigue creciendo, el gobierno del Estado de México quiere mantenerse a la vanguardia del progreso y la modernidad”, lo que consideran un signo para la manipulación y la dominación.

Antes de cometer el atentado, Behring escribió un manifiesto político de mil 512 páginas y envió un correo electrónico a más de mil personas, detallando las causas, motivos y razones (en realidad, prejuicios) de su actuación. Este manifiesto forma ya parte del bagaje ideológico de la ultraderecha radical del mundo contemporáneo. ¿Qué dice este Manifiesto titulado “2083: Una Declaración de Independencia Europea”?

Además de definir la estructura de estas fuerzas armadas en cada fase revolucionaria, Behring describe desde la dieta hasta las drogas que deben tomar para entrar mejor en combate. También explica cómo comprar armas en el mercado negro, blindajes en páginas web como Alibaba.com, financiar un acto terrorista, ‘vandalizar’ la Wikipedia, preparar armas con todo tipo de material, entre otros el nitrato de amonio, e incluso adquirir armas de destrucción masiva. Hasta pone ejemplos prácticos sobre la forma de llevar a cabo asesinatos o ataques masivos en convenciones políticas o concentraciones periodísticas (cfr. Sergio Rodríguez, “La Revolución Conservadora”, en www.elmundo.es).

Con paciencia y si se sigue paso a paso el manual de Behring se podría, perfectamente, organizar un atentado como el de Oslo o el envío de paquetes bomba como el del Tecnológico de Monterrey (continuará).

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Gran Bretaña, criminalizar a los jóvenes en la sociedad de consumo

Escrito por Jenaro Villamil el 11 agosto 2011 a las 10:04 am en Destacadas, Sociedad

Engallado, fiel a su tradición conservadora, el primer ministro británico David Cameron afirmó sobre la ola de protestas en ocho ciudades inglesas, protagonizadas por miles de jóvenes que “esto es criminalidad pura y dura, y como tal ha de ser enfrentada y derrotada”.

Sus palabras no difieren mucho de los juvenicidas históricos como el mexicano Gustavo Díaz Ordaz o el dictador español Francisco Franco. El odio a las manifestaciones de una juventud insumisa, descontenta, que demuestra su ira generacional a través de las protestas e, incluso, de la violencia, sólo tiene una explicación para el líder conservador: se trata de pandillerismo, “son rufianes”.

Fiel a esa tónica Cameron ordenó a la Scotland Yard, recientemente protagonista del escándalo de escuchas telefónicas ilegales a través del semanario News of the World, que interviniera las cuentas de Twitter y del servicio de mensajería cifrada de Blackberry para detener a los integrantes del movimiento.

Otro dato emparenta a Cameron con Díaz Ordaz: su obsesión por mantener el control social en vísperas de los Juegos Olímpicos de 2012. No hay que olvidar que también el presidente francés Nicolás Sarkozy definió como “escoria” a los insurrectos de hace unos dos años en las calles parisinas.

Sin embargo, otras voces en los medios de Londres advierten que esto no se trata sólo de “criminalidad pura y dura”. Para el sociólogo Zygmunt Bauman lo ocurrido en 8 ciudades inglesas no es una revolución sino un “campo minado creado por la desigualdad social”.

“Esas minas son la rabia y la impotencia de los que no tienen frente a los que tienen, en un mundo en el que no tener (y no poder consumir), se ha convertido en un estigma y en una humillación”, escribió Bauman, autor de libros indispensables como La Sociedad Líquida.

También el catedrático en Psicología de la Universidad de Liverpool, Clifford Stott, subrayó que “la irracionalidad de las turbas no se puede explicar por la predisposición individual al crimen, sino por su sentimiento de grupo social deslegitimado en su relación histórica con los que les rodean”.

Para Nina Power la oleada de protestas y disturbios son resultado de “décadas de individualismo, de egoísmo atizado por el Estado y la economía competitiva, combinado con un aplastamiento sistemático de los sindicatos y una creciente criminalización de toda disensión, han convertido a Gran Bretaña en uno de los países más desiguales del mundo”.

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Colapsó SME el centro de Toluca por tres horas

El Sol de Toluca
11 de agosto de 2011

Leonor Sánchez Sánchez

Cerca de tres horas colapsó el primer cuadro de la capital mexiquense, lapso que duró el plantón hecho por cientos de ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del valle de Toluca, pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezados por Martín Esparza Flores, frente a la sede del Poder Legislativo.

Con autobuses y vehículos particulares cerraron la avenida Sebastián Lerdo de Tejada antes del medio día, para liberarla alrededor de las 14 horas; lo anterior con el único propósito de obtener una audiencia con el gobernador Enrique Peña Nieto, como la han buscado desde hace meses, sin que los reciba y sólo atendidos por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.

En esta ocasión, por instrucciones del secretario general de gobierno, Luis Miranda Nava, los recibió el director general de Gobierno, Manuel Santín Hernández, quien se concretó a "pasar el mensaje", por lo que el secretario general del SME amenazó con marchas y plantones hasta que logren que los reciba el gobernador mexiquense, pues buscan de él su definición en el asunto de la creación de una nueva empresa que provea de servicio eléctrico en la zona centro del país.

"Haremos las marchas y plantones que sean necesarios hasta que nos reciba, porque tenemos que tener de él una definición".

Esparza Flores puntualizó que la audiencia la quieren para platicar con él sobre la alternativa de una ley que se discute en el Congreso de la Unión, y por eso quieren una fecha de audiencia.

Ante sus compañeros fue claro al exponer que son tiempos de definiciones en los que pueden negociar un acuerdo político y buscar el respaldo de Peña Nieto en el congreso de la Unión, para que respalden su propuesta de Ley que en el próximo periodo de sesiones podrá aprobarse o no.

Los electricistas del estado de México dijo, buscan su respaldo y un acuerdo político con él y de sus diputados del PRI, porque "en sus manos está, ya que tiene 14 diputados en la Comisión de Energía integrada por 28. A la fecha se han sumado los diputados del PRD, PT, Convergencia y Nueva Alianza y solo falta un sector del PRI, que es donde se puede definir el resultado final, para que se pueda crear o no una nueva empresa en la zona central del país.

El líder indicó que una nueva empresa es totalmente viable, y sólo se requiere restituir el estado de derecho en principio, porque la Ley de Servicios Públicos no se ha modificado y sigue existiendo LyFC.

En ese sentido, explicó que el gobierno federal le transfirió a la CFE la infraestructura de Luz y fuerza, en un convenio en comodato ante un notario público; acto ilegal, ya que no se puede transferir infraestructura de una empresa del estado a un tercero en comodato, "los comodatos son para su explotación de manera gratuita", aunado a ello la ilegalidad es por tres años y ya corrieron dos; entonces, ¿a quién se la van a regresar? Ya llevan dos años, solo falta uno, ¿cómo va a quedar?, ¿a quién se la van a entregar?"

Como esa, enumeró otras tantas violaciones a la ley, por lo que cuestionó el papel que ha tenido el gobierno federal en todos sus actos y por eso buscan la definición del gobernador Enrique Peña Nieto. (I)

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Cartones de la Jornada - Leves Correcciones


En 4 meses, consumidores presentaron 100 quejas contra CFE en Cuernavaca

Los inconformes preparan una marcha el 17 de agosto para exigir a la paraestatal que pare los altos cobros, y que si no, mejor regrese LFC.

Rubicela Morelos Cruz, corresponsal
Publicado: 10/08/2011 15:02



Cuernavaca, Mor. En los últimos cuatro meses, el Movimiento Ciudadano de Cuernavaca ha presentado más de cien quejas ante la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cobros excesivos.

Aparte de su queja, los inconformes están preparando una marcha el próximo 17 de agosto para exigir a esta paraestatal que pare los altos cobros, y que si no, mejor regrese Luz y Fuerza del Centro (LFC), organismo que fue extinguido por mandato presidencial la madrugada del 11 de octubre de 2009.

Uno de los casos presentados ante la Profeco es el de Julio César Cruz, quien con LFC pagaban cientos de pesos, pero aumentó a miles con la CFE. En su queja resalta la copia de recibos de 13 mil 490 pesos, que no pudo pagar en julio de 2010, y el de 4 marzo de 2011, de 33 mil pesos.


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Llaman en Morelos a repudiar abusos de CFE

Rubicela Morelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 11 de agosto de 2011, p. 31
Cuernavaca, Mor. En cuatro meses, integrantes del Movimiento Ciudadano de Cuernavaca han presentado más de 120 quejas ante la Procuraduría Federal de Consumidor contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cobros excesivos. Los inconformes convocaron a una marcha para el 17 de agosto para exigir que paren los abusos de la paraestatal, y si no es capaz de dar servicio con tarifas bajas, “que mejor regrese Luz y Fuerza del Centro”.

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El egresado de universidad tecnológica, con más posibilidad de empleo: Calderón

Claudia Herrera Beltrán

Periódico La Jornada
Jueves 11 de agosto de 2011, p. 40
El presidente Felipe Calderón aseguró que el sistema de universidades tecnológicas equivale a una universidad nacional y, “sin agraviar” a sus colegas abogados, consideró que los ingenieros y técnicos egresados de estas instituciones tienen más probabilidades de conseguir empleo.

De la misma manera que el lunes, celebró que en el país se gradúan más de 100 mil ingenieros y técnicos cada año, más que en Francia, Alemania, Inglaterra, Canadá, Brasil y Chile, por lo que México se está convirtiendo en una “potencia en el sector industrial”, sobre todo de manufactura.

Presentó la cifra como una “declaratoria muy importante” y dijo que, en comparación con Estados Unidos, en nuestro país se gradúan tres veces más ingenieros por cada 100 mil habitantes, lo cual da gran fortaleza al país.

“Porque ahora sí que, sin agraviar a los abogados, yo también lo soy, pero lo que ya hace mucha falta son, más bien, ingenieros. Ingenieros en robótica, en tecnologías de la información, en diseño industrial, en informática, en mecatrónica; en diseño de negocios, en organización industrial, todo lo que se estudia en las universidades tecnológicas”, explicó.

Durante la graduación de la primera generación de ingenieros de universidades tecnológicas afirmó que este sistema ya equivale a una universidad nacional. “Tenemos un enorme cariño y respeto por la Universidad Nacional, por el Politécnico, por la Universidad Metropolitana, pero si les preguntan qué universidad quieren y aman, dirán que es la tecnológica, que es prácticamente una universidad nacional”, afirmó.

Ante 500 graduados de las universidades tecnológicas que obtuvieron los promedios más altos, aseguró que su gobierno ha creado 96 instituciones de educación superior, a diferencia del pasado, cuando no se construían universidades en la provincia.
“Yo recuerdo a mi generación. Nos tocó ver cómo se hacían universidades públicas en la ciudad de México, una y otra, y otra más. Y ver cómo no se hacían universidades públicas en el interior del país, lo que los habitantes de la ciudad de México llaman provincia.

“Y qué duro es para muchos estudiantes quedarse sin oportunidad, porque se acabó la secundaria y no hay prepa, o se acabó la prepa y no hay más allá; o tener que emigrar. Yo mismo tuve que venir a la ciudad de México, por falta de oportunidad de educación universitaria en aquel tiempo en Morelia.”

Por eso se declaró satisfecho de estar impulsando el Sistema de Universidades Tecnológicas, que cuenta con 79 planteles, que “prácticamente es haber creado otra universidad”, y anunció que en septiembre habrá otras 10.

El presidente Calderón preguntó: “¿De qué nos sirve graduar más muchachos que no van a encontrar trabajo y hacer un esfuerzo tan grande de promoción de inversiones, si cuando llegaban los empresarios decían: ‘¿dónde están los ingenieros con los que voy a operar?’, y se iban”.

En su turno, Alonso Lujambio, titular de la Secretaría de Educación Pública, indicó en defensa del modelo educativo tecnológico que siete de cada 10 egresados consiguen su primer empleo entre seis meses y un año después de su egreso, y que siete de cada 10 ejercen su profesión en la disciplina que estudiaron.

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El Ejecutivo sigue sin publicar la reforma que elimina el veto de bolsillo

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Jueves 11 de agosto de 2011, p. 17
La Comisión Permanente prepara una nueva controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo federal, quien se ha negado a publicar la reforma constitucional por la que se eliminó el “veto de bolsillo”, la cual se le remitió desde el 25 de mayo pasado, luego de pasar por ambas cámaras y la mayoría de los congresos locales.

Al inicio de la sesión, el presidente en funciones, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, informó que “en la mesa directiva hoy acordamos solicitar a las áreas jurídicas de la Cámara de Senadores empiecen a redactar un ocurso para controvertir la omisión de la Presidencia de la República, por la falta de publicación de la reforma constitucional, sobre el ‘veto de bolsillo’”.

Esa información la dio desde la presidencia de la mesa directiva el senador Arroyo Vieyra al perredista Pablo Gómez, quien desde su escaño reclamó, una vez más, como lo ha hecho en las semanas recientes, que el Ejecutivo “está aplicando y sigue aplicando el ‘veto de bolsillo’”.

El 14 de julio pasado, la Comisión Permanente turnó al presidente Felipe Calderón la exigencia de todas las fuerzas políticas de que publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que elimina el llamado “veto de bolsillo”, que se le remitió desde el 25 de mayo pasado, y no se justifica la demora.
El perredista Pablo Gómez dijo en esa sesión que es “un escándalo”, ya que por ser una reforma a la Carta Magna el Presidente no tiene facultades para vetarla, pero de todas formas lo ha hecho.

Hizo notar que esa reforma es para evitar precisamente el “veto de bolsillo” que ejerce el Presidente de la República, ya que da un plazo para que promulgue las leyes ordinarias y, de no hacerlo, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados “pueden mandar a promulgar ellos directamente todos los decretos” que el Ejecutivo tiene congelados.

El senador Gómez recalcó que eso es en el caso de las leyes ordinarias, no de las reformas a la Carta Magna, que no requieren ser promulgadas por el Presidente de la República, pero Calderón parece ignorarlo, ya que tiene en su escritorio desde hace casi dos meses la modificación a los artículos 71, 72 y 78.

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