jueves, 15 de septiembre de 2011

Sindicalistas mexicanos hablan sobre la represión

WASHINGTON, D.C. — Los sindicatos independientes mexicanos, los cuales están enfrentando una represión recurrente de autoridades y corporaciones mientras que los trabajadores a quienes representan están cada vez más pobres debido a que sus salarios y a que sus derechos humanos han sido erosionados, llevaron su lucha el día de hoy al Congreso de los EE.UU.

Esta sesión informativa estuvo patrocinada por el Representante Mike Michaud en nombre del Caucus Laboral del Congreso y el Caucus de los Derechos de los Trabajadores.

“Hace más de 15 años, nos dijeron que el TLCAN crearía trabajos y ayudaría a la clase media mexicana”, señaló Michaud. “Economistas y representantes gubernamentales dijeron que este acuerdo llevaría a un incremento en los balances de intercambio comercial y que se crearían cientos de miles de trabajaos. Como explican nuestros amigos de México, el TLCAN no trajo ninguno de estos beneficios. Más bien, los derechos de los trabajadores están siendo violados en bases regulares, en tanto en los Estados Unidos y en México están peor”.

Leo Gerard, presidente del sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos Unidos (USW, por sus siglas en inglés) estuvo de acuerdo: “Está claro que la agenda del gobierno mexicano es de mantener a los salarios de los trabajadores bajos y utilizar esto como una herramienta económica, y estamos aquí el día de hoy, para que los congresistas y sus asesores tengan la oportunidad de escuchar los hechos”, señaló Leo Gerard, presidente del sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos Unidos (USW, por sus siglas en inglés). “Los gobiernos de Fox y de Calderón en México han hecho todo lo posible para reprimir a los sindicatos independientes, los cuales están mejorando los estándares de vida para todos los trabajadores mexicanos.

El gobierno de los Estados Unidos debe condenar esta represión para asegurarse y asegurarse que el dinero de los que pagan impuestos no sea utilizado para acciones anti-sindicalistas en México. Nuestra ventaja es que podemos ayudar a que los trabajadores mexicanos expongan esta clase de opresión y persecución a la que tienen que enfrentarse diariamente. Y es muy importante que los trabajadores tanto en los Estados Unidos como en México tengan una oportunidad para poder elevar sus estándares de vida”.

Los tres líderes sindicalistas mexicanos, Francisco Hernández Juárez, (secretario general, comité ejecutivo nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STRM) Marco del Toro (representante legal del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, también conocida como “Los Mineros”) y Sergio Beltrán Reyes (secretario del interior, exterior y actas del SNTMMSSRM) se unieron a Leo Gerard del USW.

Los líderes sindicalistas hablaron detalladamente sobre la creciente amenaza contra el bienestar y las vidas de los trabajadores mexicanos, los crecientes actos de violencia perpetrados en contra de los sindicatos y el incremento en la desigualdad entre los trabajadores estadounidenses y mexicanos. Este declive en los salarios en México no sólo afecta a los mexicanos pero también a los trabajadores estadounidenses al instigar que se muden las fábricas y se depriman el consumo en México de las exportaciones estadounidenses.

Los sindicatos independientes mexicanos – como el de Los Mineros, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, y el Sindicato Mexicano de Electricistas – intensamente están tratando de mejorar los salarios, los estándares de vida, y los estándares de salud y seguridad, particularmente en las peligrosas minas y fundidoras de acero, señaló Gerard.

Francisco Hernández Juárez dijo: “Estamos pasando por tiempos muy difíciles y estamos recibiendo varias agresiones anti-sindicalistas por parte del gobierno mexicano y los empresarios. Los ataques a Los Mineros y sus líderes, el despido de más de 44,000 electricistas, y la amenaza de una nueva ley laboral, que está diseñada para borrar más de 100 años de derechos ganados por los trabajadores mexicanos. El gobierno mexicano, por medio de sus portavoces, ha estado tratando de vender la idea que está defendiendo los derechos laborales y los derechos humanos. Queremos enseñar que no es así”.

Sergio Beltrán Reyes dijo que, además de dirigirse a los trabajadores mexicanos durante esta sesión informativa, el grupo también se reuniría con representantes legislativos para discutir sobre los derechos laborales y estándares de seguridad. Subrayó que los esfuerzos recurrentes del gobierno de Calderón para quitarle el derecho a existir a Los Mineros mientras que el sindicato continúa con una huelga de más de cuatro años realizada por 1,100 mineros de cobre sobre asuntos de seguridad con la compañía Grupo de México.

“Estamos aprovechando esta oportunidad para mostrar un cuadro del estado de los derechos de los trabajadores en México y para indicar la persecución que enfrentan los líderes sindicales allí. El deterioro en los derechos laborales y los bajos salarios producen estándares desiguales entre México y los Estados Unidos. Esto está afectando a los Estados Unidos, que quieren crear trabajos para sus trabajadores”, indicó Marco del Toro.

Los cuatro líderes sindicales, después de sesión, tuvieron reuniones privadas adicionales con legisladores y sus asesores.

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Comenzará en la SG charla para reinsertar a integrantes del SME

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 18

El próximo lunes 19 de septiembre comenzarán en la Secretaría de Gobernación (SG) las mesas de seguimiento de los acuerdos firmados con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a fin de empezar de inmediato el análisis de las opciones de reinserción laboral de los trabajadores de este gremio, informó ayer el dirigente, Martín Esparza.

Para el inicio de este análisis, el sindicato presentará la información de cúantos trabajadores quedan, de qué categorías son, las actividades que desarrollan y con qué contrato colectivo podrían operar, así como el costo que tendría cada una de las propuestas presentadas por el SME, es decir, cuantos recursos implicaría optar por ejemplo por la sustitución patronal en la Comisión Federal de Electricidad; o la creación de un nuevo organismo público de ese rubro; o a través de la figura de "LFC en liquidación".

Destacó que en esta mesa también se tocarán puntos como el hecho de que a la fecha no se registran los bienes del patrimonio de LFC en la Dirección de Bienes Nacionales, ya que estos "quedaron en el aire", se entregaron en comodato y fueron recibidos precisamente por el ahora prófugo de la justicia, Néstor Moreno, ex directivo de la CFE, quien se hizo cargo del patrimonio de la extinta paraestatal: vehículos, inventarios, activos, inmuebles y nunca rindió cuentas sobre estos y su destino.

Otro punto será el referente al "fraude financiero" que se cometió con los ingresos de los trabajadores para su jubilación, ya que los integrantes del SME desde que entraban a trabajar tenían una deducción de su salario para su jubilación, y tampoco se sabe dónde están estos recursos. Por lo que la Auditoría Superior de la Federación tiene que concluir la revisión sobre el patrimonio de LFC, pues ahora se ve que hay vehículos de la empresa en lotes para su venta, otros se los apropiaron los contratistas, incluso algunos ahora son propiedad de municipios panistas y no se sabe cómo llegaron a eso.

Esparza apuntó que la idea es que en las mesas en Gobernación primero se analicen las propuestas del SME y que a la misma también lleguen las que haga el gobierno federal, para encontrar una solución a la demanda de empleo de los no liquidados.

En otros temas, comentó que a la par de estos encuentros en la SG, el sindicato se mantendrá activo en otros proyectos, como el de la consolidación de la Organización Política Nacional (OPN) en la que están integrados diversos sindicatos y representaciones sociales. Sostuvo que el SME participará en el proceso electoral del 2012 como parte de esta OPN y que en el congreso que realizará el próximo año esta organización, se definirá si se hacen alianzas y con qué partidos se harían o con cuáles candidatos; así como la posibilidad de que integrantes de la misma puedan competir por cargos de representación popular.

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Electrificación, un escollo más para normalizar zonas irregulares

Gabriela Romero

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 37

Durante casi dos décadas alrededor de 2 mil familias de los predios Magueyera y Degollado, en Iztapalapa, iluminaron sus modestas viviendas por medio de diablitos colgados del transformador de luz más cercano. En el otro extremo de la delegación, vecinos del predio San Simón buscan resolver la falta de drenaje con la construcción de un cárcamo, que no saben si podrán usar, porque no tienen luz.

Tanto Magueyera como Degollado se ubican en zonas de alta marginación. Durante muchos años se mantuvieron como asentamientos irregulares, por lo que carecían de servicios.

El predio Degollado está en proceso de regularización, ya cuenta con drenaje y desde hace unos meses con instalación eléctrica, aunque por falta de dinero sólo se pavimentará la calle principal: Yoliztlán.

Con el paso del tiempo el agua espumosa proveniente de los lavaderos de algunas casas o de la lluvia ha formado surcos por donde corre a lo largo de las improvisadas calles, deteniéndose en algún hueco, o entre las piedras.

Sobre las viejas trabes de madera ennegrecida o cemento, los modernos medidores de color gris captan la atención. El alumbrado público es escaso, a lo más hay una lámpara por calle.

"Pasaron muchos años de estar pidiendo que nos pusieran la luz, la verdad es que durante mucho tiempo nos la robamos", admite doña Guadalupe, quien desde hace más de 12 años vive en Cerrada de Santa Cruz.

"Los medidores nos costaron 500 pesos, y otros 200 que le di a un muchacho pa la instalación", recuerda orgullosa, mientras señala con la mano el medidor colgado en un palo; su casa es de láminas de cartón.

Aurora Dolores Domínguez, coordinadora del comité ciudadano del predio Degollado, pide más alumbrado público. "No sé si depende de la delegación o de la CFE, pero en las noches está muy oscuro".

Comenta que se les dijo que había presupuesto para 30 lámparas, y son más de 80 calles.

Los primeros recibos de luz les llegaron de 200 pesos, aunque algunas señoras se quejan de que tuvieron que pagar más de mil.

Otra situación enfrenta el predio San Simón, ubicado en la colonia Barrio Ampliación San Simón. La zona se encuentra catalogada como de media marginación, no cuenta con drenaje, pavimentación ni luz.

Para la delegación es un asentamiento regular, porque hay una escritura global del predio.

Hay fosas sépticas, pero solo una vez al año la delegación manda los camiones para el desazolve. Ante esta situación los vecinos han construido cárcamos.

Hace cerca de un año la CFE les entregó un presupuesto de 300 mil pesos para la electrificación, los vecinos juntaron alrededor de 135 mil e hicieron un depósito.

“¡Cómo es posible que prefieran que nos colguemos, que no paguemos, a regularizarnos!”, lamentó la señora Alicia, quien hace 10 años compró un terreno ahí.

Detalló que primero les decían que no se les podía electrificar porque estaban irregulares. Y ahora que son regulares siguen igual.

"Empezamos a construir un cárcamo al final de la calle, la delegación nos apoyó con el material y nosotros pagamos 55 mil pesos de mano de obra, pero no sabemos si cuando la terminen la podremos usar, porque no tenemos luz", refiere.

En ese predio habitan 42 familias. En más de un predio hay albañiles construyendo casas de tres pisos.

A finales del año pasado, la jefa delegacional en Iztapalapa, Clara Brugada Molina, reconoció la lucha histórica por la energía eléctrica que han dado los habitantes de los predios Magueyera y Degollado.

Para estos proyectos de electrificación la delegación destinó un presupuesto de 3 millones de pesos y antes de concluir este año se espera hacer lo mismo en los predios San Simón y La Joyita.


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Es recurrente la represión al sindicalismo independiente

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 18

El gremio minero señaló que representantes sindicales internacionales y mexicanos hablaron sobre la represión recurrente a organizaciones independientes, el asalto a los derechos y castigo a los salarios de los trabajadores de nuestro país, por parte del gobierno del presidente Felipe Calderón, durante un informe que presentaron al Congreso de Estados Unidos.

Leo Gerard, presidente del Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos Unidos, indicó ante esta instancia legislativa que: "Los gobiernos de Vicente Fox y de Calderón en México han hecho todo lo posible para reprimir a los sindicatos independientes, mantener bajo castigo los salarios y amedrentar la lucha democrática de diversas organizaciones".

La sesión informativa que estuvo patrocinada por el representante Mike Michaud, en nombre del Grupo Laboral del Congreso, quien sostuvo en la reunión que "hace más de 15 años nos dijeron que el TLCAN crearía trabajos y ayudaría a la clase media mexicana", pero este acuerdo no trajo ninguno de estos beneficios. Más bien, los derechos de los trabajadores están siendo violados incluso en Estados Unidos, y en México peor.

En la misma estuvieron presentes líderes sindicalistas mexicanos, Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; Marco del Toro, representante legal del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia, y Sergio Beltrán Reyes, secretario del interior, de esta misma organización.


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Sicilia pide a migrantes "el perdón que debería venir de nuestros gobernantes"

Alonso Urrutia
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 14

Frontera México-Guatemala, 14 de septiembre. En la línea fronteriza, Camila Meléndez, maestra hondureña, relató su amarga experiencia en su empeño por cruzar territorio nacional. Narró que integrantes de Los Zetas intentaron violarla, pero la salvó su llegada al albergue Hermanos en el Camino, del sacerdote Alejandro Soalinde. Es tan sólo uno de los miles de casos de horror que padecen los migrantes diariamente en México.

Meléndez es escuchada por Javier Sicilia, de la Caravana por la Paz, cuyo peregrinar llegó hoy a los confines nacionales, con sus mantas y decenas de fotografías de víctimas de todo México que han cargado en las dos movilizaciones que han realizado.

Han venido a pedir "el perdón que debería venir de nuestros gobernantes", no por la guerra contra el narcotráfico, que ha sido el escenario que les ha arrancado a sus familiares, sino por la otra guerra, la del crimen organizado, "con la complicidad o complacencia de las autoridades migratorias", contra los centroamericanos.

"Les pedimos que nos perdonen por no haber levantado la voz antes, no haber tenido la conciencia necesaria para impedir el secuestro y asesinato de familias mexicanas y centroamericanos, humillando la dignidad humana", expresó Sicilia.

Vergüenza ante calvarios

Fue un discurso sin tregua contra la actuación de las autoridades, pues "para vergüenza nuestra aquí no comienza la posibilidad de una vida mejor que sus gobiernos les han negado, sino sus calvarios".

Ante "esos actos despreciables (...) de bandas de asesinos a quienes apoyan autoridades cómplices, (queremos) decirles que su dolor nos duele y nos pesa", dijo.

El poeta añadió que “México no tiene cara ya para presentarse como el país solidario de los tiempos de la Guerra Civil española o de las masacres de las dictaduras latinoamericanas, cuando era ejemplo de solidaridad.

"Hoy en las calles de México se secuestra, se asesina, se comercia con vidas y desaparecen hermanos nuestros centroamericanos, frente al cinismo y complicidad de las autoridades."

Criticó los "actos de cobardía, despreciables", cometidos por "asesinos" con la "complacencia o complicidad de las autoridades del Instituto Nacional de Migración". Condenó la "vergonzosa" actuación del Estado mexicano, incapaz de ofrecer garantías a quienes cruzan el país.

Sobre el puente fronterizo, representantes de organizaciones guatemaltecas lo habían esperado todo el día para patentizar el respaldo a su causa, para condenar conjuntamente las "atrocidades" que se cometen contra los indocumentados centroamericanos que huyen de la pobreza de sus países.

Este miércoles, desde su llegada a Ciudad Hidalgo, la última ciudad mexicana antes de la frontera con Guatemala, la agenda de la caravana se centró en denunciar los abusos a migrantes.

Con el rostro ennegrecido de pintura, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos participaron en la marcha de la caravana.

"El negro es expresión de cómo nos ven las autoridades mexicanas", murmura un hondureño antes de narrar asaltos y abusos de la migra mexicana.

Originalmente la caravana pretendía concentrarse en el poblado de Tecum Uman, Guatemala. La actuación "trasnacional" de la delincuencia organizada disuadió a los organizadores de cruzar la frontera. "No hay condiciones", señalaron. Luis Guzmán, de la Central Unitaria Campesina de Guatemala, admite en entrevista, antes de la llegada de Sicilia: “ya hay mucho zeta por acá”.

Relativamente breve, en el encuentro fronterizo se condenan no sólo las consecuencias de la migración, sino también se reprueban sus causas. Hacia las 21 horas se realizó un nuevo mitin en Ciudad Hidalgo, donde un hondureño que no se identificó acusó sin matices a la migra mexicana de ser la más corrupta de todas las autoridades.

Recordó su azaroso paso por México, que terminó en Tamaulipas, donde fue secuestrado por el crimen organizado, que obligó a sus familiares a pagar rescate.

"Vi cosas horrorosas. A un joven le cortaron el dedo para presionar a su familia a pagar, y vimos también la violación de una mujer en medio de todos nosotros, sin poder hacer nada por el amago de darnos un tiro."

Se cuentan todas las historias de abusos a migrantes, en las que "el crimen organizado y la autoridad migratoria actúan con la misma impunidad para asaltar, vejar, secuestrar a los migrantes".

Pernocta en Ixtepec

La víspera, aún en el poblado oaxaqueño de Ixtepec, el estruendo del pitar de la Bestia –que desgarra el silencio de la noche– anunciaba su llegada a esa comunidad, paso obligado de centroamericanos. Para algunos es el anuncio de que ha llegado la hora de remprender el camino; otros, aún refugiados en el albergue para migrantes Hermanos en el Camino, lo miran con indiferencia

Al anochecer, con más de nueve horas de trayecto desde la capital del estado, Solalinde ofreció un recibimiento a Javier Sicilia y la Caravana por la Paz.


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A 10 años, nadie conoce la verdad del daño causado por Peñoles en Torreón

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 40

Una década después de que se detectó envenenamiento por plomo en pobladores de Torreón, Coahuila, causado por la planta fundidora y afinadora de metales de Met-Mex Peñoles, el problema está lejos de resolverse. Un extenso reportaje del semanario británico The Economist, aparecido este viernes bajo el título "Enfermedades de México: arena negra en el desierto", señala que la atención a la población afectada se ha complicado a últimas fechas por la inseguridad, pues los constantes narcobloqueos han obligado a suspender en 15 barrios de la ciudad lagunera las visitas de personal de salud a los domicilios de las víctimas.

Los orígenes del problema, recuerda el periódico, se remontan a la década de 1970, cuando el gobierno mexicano vendió terrenos cercanos a la planta –hasta entonces despoblados– para construir viviendas. Aunque se sabía que el humo de la fábrica tapizaba la zona circundante con un fino polvo negro, se le consideró un inconveniente menor frente a los empleos que proporcionaba la instalación.

En 1988, un pediatra local, Manuel Velasco, descubrió que muchos de sus pacientes tenían más de 60 microgramos de plomo por decilitro de sangre, seis veces el nivel que los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) consideraban indicativo de la necesidad de una acción pública. Un estudio realizado por esa instancia en 2001, a petición del gobierno mexicano, encontró que unos 11 mil niños eran víctimas de envenenamiento por plomo.

A solicitud del gobierno, la planta –parte del emporio minero, comercial y financiero de Alberto Bailleres, uno de los hombres más ricos de México– colocó un techo y creó un fondo médico de 60 millones de pesos para atender a las víctimas. Sin embargo, observa el diario, el polvo sigue cayendo; en muchos barrios de la ciudad se puede observar a empleados de Met-Mex Peñoles limpiando con aspiradoras. Un estudio realizado por la UNAM y la Universidad de California en 2005-06 mostró que la mitad de los niños de la muestra aún presentaban niveles de plomo en sangre por arriba del límite de los CDC, que pueden conducir a dificultades de aprendizaje y trastornos de la conducta.

La compañía afirma que ninguno de los niños incluidos en su base de datos de pacientes expuestos al plomo exhibe efectos de largo plazo. Asegura que hay pocos casos nuevos y que la mayoría se relacionan con la "pica", el hábito de los niños de comer tierra, como hacen también algunas embarazadas. Russ Flegal, toxicólogo ambiental de la Universidad de California, citado por The Economist, opina que esa teoría es "insustancial en el mejor de los casos".

El tratamiento que se da a las víctimas dentro del programa financiado por la empresa no consiste más que en dosis de leche y suplementos vitamínicos, y está limitado a menores de 15 años, pues los que pasan de esa edad "eliminan el plomo en forma natural", según Fernando Alanís, director general de Met-Mex. Sin embargo, el directivo reconoce que "no se puede decir que el problema esté resuelto".

La realidad, observa el semanario británico, es que nadie puede estar seguro de la gravedad de la situación, por el gran secreto que lo rodea. Recuerda que en 2006 un grupo de ciudadanos demandó acceso a las auditorías practicadas a la instalación por la Procuraduría Ambiental. La dependencia las clasificó entonces como "privadas y confidenciales". Aunque posteriormente la Suprema Corte de Justicia ordenó darlas a conocer, ésta es la hora en que el pueblo de Torreón sigue esperando.

(Traducción de Jorge Anaya del texto original.)


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Minera San Xavier y Blackfire hacen eliminar leyes que violaron

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 40

Empresas mineras canadienses no sólo son las principales productoras de oro en México, sino que las que se han visto involucradas en conflictos sociales y jurídicos. Actualmente, de las 279 corporaciones extranjeras que operan en la minería, 210 son de Canadá y tienen concesiones en 26 estados.

La canadiense Goldcorp es la productora número uno de oro y a lo largo de 2010 extrajo 680 mil onzas en cuatro minas. Al mismo tiempo, Minera San Xavier, propiedad de New Gold, que opera en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, ese mismo año, sin permisos ambientales para trabajar, obtuvo una producción con valor de 145.6 millones de dólares, de acuerdo con información de la Cámara Minera de México.

Las mineras de ese país operan con "casi total impunidad en todo el mundo" por lo que en Canadá se promueven iniciativas legales y de política pública que podrían obligarlas a rendir cuentas, indica el informe de la delegación investigadora del asesinato de Mariano Abarca y las actividades de Blackfire Exploration, presentado en 2010, y en el que participaron Fronteras Comunes, Sierra Club y Mining Watch.

"La devastación y la violencia perpetradas por las mineras canadienses han sido ampliamente documentadas y vinculadas con violaciones de los derechos humanos" en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, India y Sudán, entre otras naciones, indica Mandeep Dhillon en La minería canadiense en México: violencia hecha en Canadá.

Según expertos, en México destacan los casos de Minera San Xavier y Blackfire. A la primera le fue cancelado dos veces el permiso ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero aún así mantuvo sus operaciones con un amparo.

Este año la minera buscó "regularizar su situación buscando eliminar leyes que ha violado", gestionando con algunos políticos un proyecto de derogación, señala en entrevista el investigador Juan Carlos Ruiz Guadalajara. El marco jurídico que le impedía operar desapareció y el espacio donde funciona –catalogado desde 1993 como área para restauración y preservación de vida silvestre–, hoy es de vocación minera por un decreto estatal que en marzo modificó el uso de suelo. La empresa "lava su imagen con anuencia de autoridades y la complicidad de jueces", indica.

En Chicomuselo, Chiapas, Mariano Abarca, líder opositor a Blackfire –que operaba una mina de barita ya cerrada–, fue baleado en 2009. A partir de esto, las ONG canadienses realizaron el informe, en el cual destacan que para la familia de Abarca "Blackfire es responsable de la violencia que inició con la instalación de la mina y que culminó en el asesinato de Mariano".

El texto precisa que nueve ONG entregaron un expediente el 10 marzo de 2010 a la Real Policía Montada Canadiense el cual pedía formular cargos contra Blackfire por violar la Ley sobre Actos para Corromper a Autoridades Públicas Extranjeras. La denuncia enfatiza que "hay pruebas fehacientes de los pagos que hizo Blackfire a Julio César Velásquez Calderón, presidente municipal de Chicomuselo, por servicios extra oficiales en favor de la empresa".

La embajada de Canadá en México difundió una carpeta entre mineras para penetrar sin conflicto "en las comunidades que podrían ser impactadas por la presencia de una mina". Si la compañía "se comporta irresponsablemente" y la comunidad afectada contacta a la embajada por una queja –como ocurrió dos veces con Blackfire–, se informa que el asunto no incumbe a la embajada.

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Miles marchan en Acapulco contra la violencia y en apoyo a maestros

Héctor Briseño
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 3

Acapulco, Gro., 14 de septiembre. Aproximadamente 4 mil personas, la mayoría docentes de la región educativa Acapulco-Coyuca de Benítez del nivel básico, participaron en la caminata convocada por integrantes del magisterio en la avenida Costera Miguel Alemán, para protestar por la inseguridad y exigir soluciones al problema de "violencia creciente" en el estado.

La movilización comenzó poco después de las 9:30 de la mañana junto a la glorieta de la Diana, arribó a la octava Región Naval y retornó al Centro Internacional de Convenciones, donde integrantes de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), así como de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) bloquearon de manera intermitente ambos sentidos de la vía, al mediodía.

Dos horas más tarde marcharon a la coordinación regional, mientras una comisión de 12 profesores dialogaba con el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, en la Promotora Turística de la zona Diamante. "Salimos a la calle para que la sociedad se dé cuenta de que el maestro está luchando por paz y seguridad", expresó Abel Casarrubias, secretario de una de las delegaciones del SNTE.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien visitó el Centro de Convenciones para recorrer los 70 módulos de productores de la feria del proveedor guerrerense, afirmó que los profesores regresarían el lunes a clases.

"Celebro que los maestros están tomando la decisión de incorporarse a las aulas; hemos dicho que compartimos esa preocupación y que vamos a estar más cerca de ellos. Tengo mucha confianza en que las reuniones que se han sostenido van por buen camino y el lunes regresen a clases", expresó.

Asimismo, anunció un plan de reactivación económica para el turismo de Acapulco y la creación de un programa de empleo temporal para septiembre, octubre y noviembre.

"La verdad está muy cabrón; no todas las escuelas del centro cerraron, pero de aquel lado está muy difícil", relató un joven docente, quien explicó que la mayoría de la base magisterial gana 3 mil 600 pesos a la quincena, y sólo los de más antigüedad perciben sueldos mayores. Enfatizó que el gobierno se olvidó muchos años de los jóvenes, pues de acuerdo con testimonios de víctimas, los infractores tienen entre 17 y 19 años, que en principio exigían 2 millones de pesos por liberar a docentes secuestrados, "pero luego le bajaron a 200 mil pesos. Muchos pagaron, pero se quedaron endeudados".

Desde el pasado 25 de agosto, profesores de la zona periférica del puerto denunciaron amenazas, extorsiones, secuestros y robo de vehículos, y luego suspendieron labores de manera gradual en planteles, hasta cerrar más de 320.


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Entrega Gobernación primeras cédulas de identidad en el DF

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 19

La Secretaría de Gobernación (SG) entregó hoy las primeras cédulas de identidad personal a menores de edad, en el Distrito Federal.

Aunque la capital del país no está incluida en la primera ronda de entidades en las que se levantarían los datos de los niños y adolescentes de entre cuatro y 17 años, la SG determinó que se hará este proceso en las oficinas del Registro Nacional de Población (Renapo), instancia responsable de la captura de datos y entrega de estos documentos.

Según el corte informativo de la dependencia, hasta el momento ha entregado estas cédulas a 2 millones en todo el país, esto es, menos de 10 por ciento de la meta de registrar a 26 millones de menores de ese rango de edad.

El anuncio de la realización de estos trámites en el Distrito Federal ocurre una semana después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la demanda de inconstitucionalidad promovida por la Cámara de Diputados al reglamento de Renapo, por lo que se confirmó la legalidad de la toma de datos biométricos que son incluidos en la Cédula: imagen de iris, rostro y huellas dactilares.

En la primera etapa de registro para la expedición de la cédula, la dependencia proyectó este trabajo en Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guanajuato y Chiapas, a través de módulos instalados en planteles de educación básica. En el caso de la ciudad de México sólo se puede hacer este trámite en la oficina central del Renapo, ubicado en Paseo de la Reforma 99.

La ceremonia fue privada, sin convocatoria para los medios de comunicación, en las instalaciones del (Renapo) y estuvo encabezada por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, René Zenteno.

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Compró Pemex derivados financieros para controlar 4.62 por ciento de Repsol

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 29

Madrid, 14 de septiembre. La operación de compra de 4.62 por ciento de Repsol por Petróleos Mexicanos (Pemex), hecha público el pasado 2 de septiembre, se realizó a través de derivados financieros, como los llamados "contratos de cobertura", que suponen en la práctica que una o varias entidades financieras tomen el control de esas acciones en el mercado, para a su vez prestárselas a la compañía mexicana.

Este método, utilizado de forma habitual por inversionistas para especular con sus acciones o para protegerse de las fluctuaciones del mercado, es precisamente una de las presuntas prácticas fraudulentas que denunciaron ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los pequeños y medianos accionistas, y por la que piden una sanción administrativa contra Pemex. En caso de prosperar la demanda, podría suponer un delito penal por un presunto fraude contra la ley.

A pesar del oscurantismo con que se ha guiado la operación orquestada por la dirección de Pemex en coordinación con el presidente de la constructora española Sacyr, Luis del Rivero, la CNMV informó que había recibido información relevante sobre el caso Repsol a través de una notificación oficial de Pemex, en la que le comunicó que había obtenido a través de su filial PMI Holdings –con sede en el paraíso fiscal de las Antillas holandesas– más de 57 millones de acciones de Repsol, pero no a través de la compra directa en el mercado y a los accionistas, sino a través de las suscripción de un "contrato de cobertura", rubricado en este caso con el banco inglés HSBC y los franceses Natixis y Credit Agricole.

La otra entidad financiera involucrada en la operación, Imbursa, del empresario mexicano Carlos Slim, no figura entre los bancos que habrían servido de puente para contratar estos derivados financieros.

Según la versión de los hechos relatada por Pemex y Sacyr, estas dos compañías firmaron una alianza de sindicación de sus acciones con el objetivo de formar en Repsol un grupo con 29.90 por ciento del total de la compañía, lo que sería equivalente a tener prácticamente el poder ejecutivo y asumir el control de la multinacional española, con presencia en más de 30 países.

En ningún caso el 30%

En este acuerdo, divulgado el pasado 29 de agosto, Pemex se comprometió a aumentar su participación en Repsol hasta alcanzar 9.9 por ciento, con el fin de llegar hasta el citado 29.90 pero en ningún caso alcanzar el 30 por ciento, ya que la legislación les obligaría a presentar una oferta pública de adquisición (OPA) y a asumir garantías por 350 mil millones de euros para continuar con la operación (alrededor de 6 billones de pesos).

A pesar de que Pemex tenía hasta 30 días para llevar a cabo la compra de 4.9 por ciento que acordó con Sacyr para elevar su presencia en Repsol, la dirección de la paraestatal mexicana informó sólo cuatro días después del anuncio del pacto, es decir el 2 de septiembre, que ya se había llevado a cabo la compra de 4.62 por ciento de las acciones de Repsol.

Lo que no aclaró el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, fue el valor pagado por cada acción ni los mecanismos financieros adoptados para asumir una operación de tal importancia, que supone una inversión de más de 2 mil millones de euros (34 mil millones de pesos), de los cuales 70 por ciento fueron asumidos a través de créditos que se suman a la deuda de la paraestatal.

Según la información de la CNMV, Pemex compró los derivados de 57 millones de acciones de Repsol, que tienen como fecha de vencimiento septiembre de 2014, con lo que se fija un precio mínimo y máximo para así evitar pérdidas en el caso de que las acciones se hundan o, en su caso, especular con el valor de la acción si ésta aumenta sensiblemente su precio.

Los bancos acreedores tendrían la obligación de respetar el precio pactado con Pemex, incluso si el valor de la acción de Repsol llega a tener un precio de mercado sensiblemente superior al fijado. Es decir que con esta operación Pemex reduce los riesgos ante las turbulencias financieras, y además tiene la capacidad de influir en la evolución bursátil de la compañía al poseer, junto con Sacyr, casi 30 por ciento de las acciones.


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Nueva movilización de estudiantes en Chile; exigen educación pública gratuita y de calidad

Enrique Gutiérrez
Corresponsal y agencias
Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 23

Santiago, 14 de septiembre. Miles de estudiantes chilenos y profesores marcharon hoy nuevamente en reclamo de una educación pública gratuita y de calidad. Advirtieron que las movilizaciones continuarán hasta lograr el objetivo de cambios en el actual modelo excluyente de la enseñanza y anunciaron un paro nacional para la próxima semana.

Como en ocasiones anteriores la movilización culminó con incidentes aislados entre encapuchados y policías.

La dirigente de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, criticó la "intransigencia" del gobierno derechista del presidente Sebastián Piñera y pidió que se haga responsable de la situación "porque no vamos a abandonar nuestras demandas... Debe asumir las consecuencias de su respuesta" a la contrapropuesta presentada el lunes pasado por los estudiantes.

"Queremos debatir y es necesario, pero si el diálogo no prospera seguiremos adelante, no abandonaremos nuestras demandas", agregó la dirigente. En la misma línea se manifestó el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. Abogaron por avanzar en una mesa de diálogo con el Ejecutivo con los temas de fondo sobre educación gratuita y el fin del lucro en la enseñanza.

A pesar de que la marcha de este día sólo logró reunir entre 15 mil y 30 mil manifestantes, según los organizadores, la dirigencia informó que se analiza un paro nacional para el jueves 22 de septiembre. Al efecto, insistieron en sus demandas de "garantías de diálogo", como suspender los proyectos sobre educación en el Congreso y postergar el cierre del ciclo escolar para no perderlo, entre otros.

En tanto, reaparecieron los encapuchados –que horas antes atacaron un local del Partido Comunista causando daños materiales–, lo que hizo que la marcha concluyera con incidentes. Estos grupos ocuparon las calles adyacentes al Parque Almagro donde levantaron barricadas, lo que obligó la intervención de la policía que lanzó chorros de agua y gas lacrimógeno.

En un hecho insólito, Piñera, su comitiva y los equipos de prensa que cubren sus actividades, tuvieron que firmar un documento entregado por la fuerza aérea de Chile antes de abordar un avión rumbo a la región del Biobío para una gira presidencial, donde se les adviertía de los eventuales riesgos en vuelo y se exime de responsabilidad a la institución en caso de cualquier accidente.

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Haitianos piden salida de tropas de la ONU

Reuters

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 23

Puerto Príncipe. La policía haitiana dispersó con gas lacrimógeno a manifestantes que demandaban el retiro del país de las fuerzas de paz de la Organización de Naciones Unidas, tras las denuncias por la supuesta violación a un hombre por parte de soldados uruguayos. Cuatro de los implicados en esa acción, ocurrida el 28 de julio, se encuentran detenidos y enfrentan un juicio marcial.

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Decenas de miles marchan en Madrid contra recortes al sistema educativo

Pl

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 23

Madrid, 14 de septiembre. Decenas de miles de personas marcharon hoy por el centro de la capital española en defensa de la enseñanza pública y contra los recortes en la educación decretados por la Comunidad de Madrid.

Convocada por los sindicatos del sector, la manifestación, que según organizadores congregó a unos 50 mil maestros, estudiantes y padres de familia, arrancó en la Plaza de Neptuno bajo el lema: "la educación no es gasto, es inversión; no a los recortes."

El punto álgido de la protesta ocurrió cuando sus participantes pasaron por delante de la Consejería de Educación madrileña, donde demandaron la renuncia de su consejera, Lucía Figar, y de la presidenta de esta región autonómica, la conservadora Esperanza Aguirre.

Las asociaciones gremiales anunciaron hace unos días un calendario de movilizaciones contra el recorte presupuestario en educación puesto en marcha por los gobiernos de varias autonomías, en su mayoría gobernadas por el derechista Partido Popular (PP).

Según el magisterio, los recortes rondan los dos mil millones de euros y dejarán sin empleo a unos 15 mil profesores interinos, además de repercutir negativamente en la calidad de la enseñanza.

Además de Madrid, las administraciones de Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha y Cataluña ordenaron recientemente un aumento del tiempo que los docentes dedican a impartir clases dentro de su jornada laboral de unas 37 horas semanales.

En el caso de esta comunidad, los sindicatos denunciaron que el incremento de 18 a 20 horas lectivas supondrá la pérdida de tres mil empleos.

Bajo la presión para reducir costos, se ordena a los pedagogos pasar más horas en las aulas, lo cual significa que miles de maestros de apoyo serán despedidos, de acuerdo con las centrales obreras.

Organizaciones sociales y políticas acusaron a Aguirre –una de las principales figuras del PP– de privilegiar el sistema educativo privado en detrimento del público, con la aplicación de un duro plan de austeridad para reducir el déficit.


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La economía global entró en una nueva zona de peligro, afirma Banco Mundial

Reuters, Dpa y Afp

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 27

Washington, 14 de septiembre. El presidente del Banco Mundial (BM) dijo que la economía global entró en una nueva zona de peligro y externó una dura crítica a las grandes potencias, al sugerir que Europa, Japón y Estados Unidos necesitan tomar decisiones difíciles para evitar empujar al planeta a una recesión. "Si Europa, Japón y Estados Unidos no pueden enfrentar las responsabilidades, no sólo se arrastrarán ellos mismos, sino también a la economía global", indicó Robert Zoellick en un discurso en la universidad George Washington.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que Estados Unidos no hace lo suficiente para lograr el objetivo común del G-20 de requilibrar la economía mundial, por su falta de ambición en la lucha contra su déficit fiscal. La directora gerente del organismo, Christine Lagarde, consideró "aceptable" la posibilidad de que los países emergentes que integran el bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) ayuden a la Unión Europea a superar la crisis económica. En una conversación publicada por el diario italiano La Stampa, Lagarde admitió esperar que las inversiones en deuda europea de las economías BRICS no se limiten a los bonos públicos menos arriesgados, como los alemanes o los británicos.

En tanto, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseveró que su país está listo para unirse al esfuerzo internacional para ayudar a los países europeos a lidiar con una crisis de deuda, aunque mostró escepticismo de que algún compromiso de solución pueda ser efectivo. La falta de voluntad política en esos países podría retrasar una recuperación, observó.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, expuso que los líderes europeos estaban comprometidos a resolver su crisis de deuda y que tenían la capacidad financiera para hacerlo. "Ellos reconocen que están rezagados. Ellos admiten que van a necesitar más esfuerzos detrás de sus compromisos", señaló Geithner a la cadena CNBC dos días antes de realizar una aparición sin precedentes en la reunión de ministros de finanzas de la Unión Europea (UE).

Geithner intentó apuntalar la confianza en la capacidad de Europa de resolver sus crisis y salvaguardar a un sistema bancario afectado por el negativo desempeño de los bonos de la deuda soberana.

En Lisboa, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, comentó que los líderes europeos tienen la voluntad política de evitar que la situación en Grecia se salga de control. El funcionario expuso que si Grecia fuera a caer en una moratoria del pago de deuda, Portugal estaría en "buena compañía" junto al resto de Europa para evitar el contagio.

De las grandes potencias, Roberto Zoellick insistió: "ellos han postergado demasiado tiempo la toma de decisiones difíciles".

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Lucha a fondo contra la precarización laboral

miércoles 14 de septiembre de 2011

Guillermo Díaz (ACTA)

Las condiciones y medio ambiente de trabajo no son un fenómeno nuevo, ni nacen cuando asumimos esta Secretaría. Existen viejos antecedentes que indican que esta problemática está vigente desde hace más de dos siglos. Donde ya el enemigo fundamental de las condiciones de Trabajo eran la precariedad laboral.

Claramente esto se vio en la tragedia de la Patagonia Rebelde, desarrollada en el sur de nuestro país entre 1920 y 1921, da cuenta de que sus reivindicaciones eran casi exclusivamente por mejoras en las condiciones de trabajo (reclamaban por un paquete de velas a la semana; por no trabajar los sábados y por un mejoramiento de las raciones alimenticias, entre otras cosas).

Ya más cercanos a nuestra época, en el 73/74 el 33% de loc conflictos laborales eran por mejorar las condiciones de trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente que el tema de las condiciones de trabajo constituyen una de las preocupaciones más antiguas de los trabajadores, más allá de la conocida reivindicación salarial.

En el marco de la Central, también tenemos historia escrita en este tema, ya que desde hace más de 10 años funciona en el seno de nuestra organización el Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente, que aborda interdisciplinariamente cuestiones de prevención, formación y difusión de la salud de los trabajadores, sus condiciones y medio ambiente de trabajo.

Son muchos los compañeros que también llevan adelante estas tareas en sus puestos de trabajo y construyen herramientas para defender la salud de todos los trabajadores.

Tampoco debemos soslayar el hecho de que en agosto de 2006, impulsamos desde la Central, el anteproyecto de ley de sobre prevención y reparación de accidentes y enfermedades laborales, para reemplazar la actual y nefasta Ley de Riesgos de Trabajo. Hay que remarcar que este anteproyecto pone el foco en la prevención y no en el daño ya realizado como la ley vigente. La misma es producto de la avanzada contra el mundo del trabajo y es una pata más del proceso privatizador y flexibilizador de los años `90. La ley vigente privatizó íntegramente el sistema de accidentes y enfermedades profesionales, estableciendo un seguro obligatorio en beneficio de bancos y compañías aseguradoras que perseguían obvios fines de lucro.

Nuestro Anteproyecto, surge en oposición frontal a esa tendencia, haciendo prevalecer la vigencia plena de los derechos de los trabajadores, particularmente, la tutela de su salud, bajo los principios de prevención y de reparación integral, y el cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 14 bis.

En línea con todos los acontecimientos históricos que venimos haciendo referencia, el historico Encuentro Nacional que acabamos de realizar en Villa Constitución es la inmediata continuidad de la celebrada en Villa Carlos Paz, los días 29 y 30 de abril de este año, convocada por la Mesa Ejecutiva Nacional de la CTA y de autoconvocados en Villa Carlos Paz y Paraná durante el año 2009. Tener presente la historia de las lucha, contribuyen a que en la actualidad podamos coordinar los esfuerzos locales y consensuar una política nacional en defensa de los derechos de los trabajadores.

Algunas cuestiones que enmarcan nuestra tarea

Un dato interesante de observar es que se estima que las ART sólo detectan menos del 20% de las enfermedades profesionales.

Sabemos, porque todos vivimos en carne propia, que las políticas económicas del recetario neoliberal provocaron cambios en la esencia misma de las condiciones de trabajo.

El proceso de flexibilización laboral trajo consigo fenómenos tales como la inestabilidad en el empleo, la tercerización laboral, la polivalencia funcional y nuevas formas de contratación que conllevan efímeras relaciones de trabajo.

En nuestros días, la precarización laboral es el factor principal que corroe las condiciones y medio ambiente donde se desenvuelven habitualmente los trabajadores, tanto públicos como privados. Su consecuencia más inmediata y visible es el incremento de los niveles de riesgo, principalmente aquellos de índole física, psicosocial y ambiental.

Es un mecanismo de explotación de la fuerza de trabajo para resolver la maximización de las ganancias empresarias. Un tema que se hizo evidente con el asesinato de Mariano Ferreyra y las exorbitantes ganancias de las compañías ferroviarias. La impunidad patronal resulta clave para la dominación capitalista y la apropiación creciente de la riqueza socialmente generada.

La flexibilidad laboral es herencia de la dictadura genocida y se mantiene a casi 30 años de instalados gobiernos constitucionales. El Estado es el principal flexibilizador y sólo el Ministerio de Trabajo es denunciado por los compañeros de ATE por tener 3.000 trabajadores en situación de “contratados”. Los trabajadores judiciales de la Federación Judicial han denunciado la existencia de trabajadores no rentados en el Poder Judicial, del mismo modo que lo hacen los trabajadores de la Universidad pública.

Datos sobre el empleo, la precariedad y el conflicto

A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que cada 15 segundos muere un trabajador por accidentes o enfermedades laborales y que en ese mismo lapso 160 trabajadores sufren un accidente. En un informe difundido el pasado 30 de agosto, la OIT reseñó que diariamente fallecen 6.300 personas como consecuencia de accidentes o enfermedades relacionadas con el empleo -más de 2,3 millones por año- y que ocurren más de 337 millones de accidentes laborales.

Según los datos proporcionados por el Observatorio del Derecho Social de la CTA , la estructura ocupacional del país podría describirse de la siguiente manera:

* Para una población de 40 millones de personas, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 16,5 millones, que son personas en edad de trabajar.

* Según las estadísticas oficiales, el 7.3% están desocupados, es decir 1,2 millones de personas no encuentran trabajo.

* Del total de la PEA, 11,8 millones son asalariados, 3 millones figuran como cuentapropistas y 600.000 son registrados como patrones.

* Más del 35% de los asalariados no se encuentran registrados, siendo 4,2 millones de trabajadores que no tienen acceso al derecho de estabilidad en el empleo, a los servicios sociales, a la jubilación, entre muchas otras, producto de su situación irregular.

La precarización también se evidencia en las causas de los conflictos laborales. Sobre un total de 128 conflictos registrados el último trimestre de 2010, el Observatorio de Derecho Social de la CTA estimó que los reclamos por reivindicaciones económicas (aumentos de los básicos o adicionales) se encuentran presentes en el 45% de los conflictos; en tanto que las situaciones de crisis o imposición de cláusulas de flexibilidad están en el 41% de los casos registrados. Por su parte, los conflictos de representación (prácticas antisindicales, encuadramiento, etc.) representan el 22% de los casos relevados .

Si en la década del 60’ y primeros años de los 70’ el reclamo de los trabajadores era principalmente de índole salarial, en nuestro tiempos donde operan discrecionalmente diversos mecanismos de flexibilización laboral, el reclamo por los derechos laborales, tales como el derecho de huelga, a la representación sindical, al ejercicio de prácticas sindicales, a la estabilidad en el empleo, son casi tan importantes como el reclamo por el salario digno. La diversificación de los frentes de lucha da cuenta del progresivo deterioro de las condiciones laborales y el medio ambiente de trabajo.

A iguales conclusiones se arriba si se analiza cómo opera la precarización laboral en detrimento de la libertad sindical . Así, durante el primer semestre de 2010 el Observatorio del Derecho Social de la CTA relevó información correspondiente a 220 denuncias de violaciones a la libertad sindical en la práctica. En cuanto a los derechos afectados por esas violaciones realizadas por las patronales y el Estado, en primer lugar se encuentran las discriminaciones antisindicales y los actos de injerencia, principalmente despidos discriminatorios de activistas y delegados (85 violaciones). En segundo lugar, se reprime la actividad sindical mediante la afección a los derechos sindicales y las libertades públicas (70 violaciones). A su vez, también se detectaron afectaciones al derecho a la negociación colectiva, a la huelga y a la libertad de asociación.

El reciente caso de los 138 despidos de los trabajadores del Teatro Colón, da claras muestras de las violaciones a los derechos laborales: en este caso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no respetó los fueros gremiales de los trabajadores y persigue incansablemente a los delegados poniéndolos a disponibilidad.

Asimismo como afirma Claudio Lozano en un documento del año 2006 , otra forma que toma la precarización laboral en el sector privado es el bien conocido “período de prueba”, que se constituye como el principal mecanismo flexibilizador del contrato laboral. Asimismo y dado los bajos niveles salariales que perciben los trabajadores registrados, la formalización del empleo reemplaza la precarización contractual por la precarización en los ingresos.

En lo que respecta al derecho a la negociación colectiva, poco más del 20% de los trabajadores tienen acceso, o son beneficiados por esa conquista. Casi el 80% de los trabajadores no tiene injerencia sobre aspectos fundamentales como: la duración de la jornada de trabajo, los salarios promociones y categorías, las licencias especiales, los beneficios sociales, la organización del trabajo, las comisiones de seguridad e higiene y la organización de los trabajadores entre otras. Se estima que el 85% de las empresas del sector privado no reconocen delegados entre sus trabajadores, dando cuenta de la impunidad patronal.

Creemos que la falta de reconocimiento legal de la Central y la intromisión del Ministerio de Trabajo en nuestras ultimas elecciones, tienen una clara intensión política, ya que nosotros nunca hubiéramos aceptado un salario mínimo vital y móvil de $2.300, es por eso que nos desconocen: NO NOS QUIEREN SENTADOS EN LA MESA DEL CONSEJO DEL SALARIO, PORQUE NO QUIEREN DISCUTIR LA VERDADERA INFLACIÓN NI CUÁLES SON LAS VERDADERAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES.

La discusión sobre la salud de los trabajadores y las condiciones y el medio ambiente de trabajo, apunta a lo medular de los problemas políticos a resolver. Lleva implícita la crítica a las relaciones sociales de producción vigentes y alumbra el camino de la acción transformadora de los trabajadores en la construcción de una sociedad más justa.

Creemos que los ejes fundamentales que guían el trabajo en salud laboral y condiciones y medio ambiente de trabajo son: la PREVENCIÓN, FORMACION, INVESTIGACION y DIFUSIÓN de la información. Es imprescindible el trabajo interdisciplinario ya que las distintas miradas son las que enriquecen la tarea y aportan las mejores soluciones a los problemas.

Tenemos que seguir trabajando, por eso, este espacio, esta secretaria, se pone a disposición de todos y pretende recibir los aportes y requerimientos que surjan en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Colectivamente es como vamos a seguir construyendo nuestra estrategia de acción. Por eso es tarea de todos nosotros seguir generando conciencia y convocando a más compañeros a que se sumen a este proyecto.

Comenzamos a hablar haciendo referencia a la larga historia que tiene la problemática de condiciones y medio ambiente de trabajo en nuestro país, porque sabemos que el problema no empieza cuando nosotros nos hacemos eco del mismo.

Desde la CTA, y específicamente desde la Secretaria de Condiciones de trabajo y Medio ambiente, estamos convencidos que el problema de raíz que afecta a la salud de los trabajadores es la precarización laboral, por tanto es un problema de índole exclusivamente política, que debe ser abordado desde una estrategia política.

¡No se puede esperar trabajar en condiciones dignas si hay más de 4 millones de compañeros en situación irregular!

Por todo ello, proponemos atacar el problema desde su raíz, luchando contra la precarización para que todos los trabajadores, tengamos los derechos que nos corresponden como clase.

Por eso luchamos por la libertad sindical y el crecimiento de la CTA en defensa de los derechos de los trabajadores.

Guillermo Díaz es Secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la CTA.

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Los oligarcas globales contactan ‘rebeldes’ locales

miércoles 14 de septiembre de 2011

Rómulo Pardo Silva (especial para ARGENPRESS.info)

Los ejércitos de las potencias pueden destruir cualquier país y el planeta, pero en este momento sus socios políticos optan por una guerra ‘inteligente’ más fácil de hacer creer a las multitudes. Hoy se está aplicando en Libia.

Para la guerra suave en el tercer mundo se necesitan, además de masas internacionales influenciables, jóvenes ansiosos de ser actores de algo… y personas ubicadas en las cúpulas políticas de probada sumisión a los extranjeros.

Se cuenta con dinero, la OTAN y el US ARMY. Para la propaganda están los empresarios de los medias dominantes que saben de quiénes dependen sus variados negocios. Un periodista de Telesur en Libia le preguntó a un colega de esos grandes canales cuáles eran sus fuentes si informaba sin salir nunca del hotel, su respuesta fue franca, aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer.

En Egipto grupos que impulsaron las protestas en la plaza Tahrir recibieron millones de dólares de Estados Unidos.

El método permite trabajar con minorías, bastan unos pocos cientos sin posibilidad alguna de llegar al poder. Francia ha dicho que sin su ejército los denominados rebeldes hubieran terminado en nada. Seguramente ni siquiera hubieran existido. El resto decisivo lo hacen la ONU, las armas de las potencias occidentales, la diplomacia, en resumen los empresarios transnacionales que manejan a esos que ponen la cara en los noticiarios. Los argumentos están previamente determinados, la defensa de la democracia o de la vida de civiles inocentes amenazados por dictadores.

Hay por tanto ofrecimientos de dinero, de cargos o propiedades futuras en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Siria, Irán, China… y todo el mundo en su momento. Las traiciones se están ejecutando…

La única defensa es la unidad de la mayoría y su decisión de tomar las armas de ser necesario. Nada se puede esperar de los futuros rebeldes excepto que surjan porque siempre habrá corruptos en la parte baja de la sociedad y arriba en el poder. Tampoco de ciertos izquierdistas progresistas que están conformes con ejercer la cómoda individualidad que se les ofrece entre barrotes de vidrio menos notorios pero celdas de dictadura al fin.

El saqueo de recursos finitos se puede hacer de forma inteligente o simplemente bruta. Es importante saber cuál es su objetivo.


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Europa: Austeridad multiplica pobreza y descontento

miércoles 14 de septiembre de 2011

Odalys Buscarón (PL)

Las medidas de austeridad fiscal adoptadas por los gobiernos europeos ahondan las brechas sociales, la pobreza, el desempleo y el desamparo, sin conseguir frenar los embates de la crisis y reactivar la economía.

Ni Reino Unido ni Grecia, por ejemplo, han logrado revertir con signos positivos la recesión, cuanto más un leve asomo de crecimiento, mientras se derrumba el sistema de protección por parte del Estado, con costes sociales descomunales.

Los programas de recortes de gastos presupuestarios y reformas -enfiladas a achicar al máximo el sector público- se gestaron con el compromiso de las cúpulas europeas y el Fondo Monetario Internacional, mas la banca, responsable de la burbuja crediticia.

Tras la debacle financiera de 2008, los gobiernos de Islandia e Irlanda fueron pioneros en la aplicación e imposición a sus ciudadanos de las recetas "anticrisis", extendidas luego como un manual práctico a España, Italia, Portugal y Reino Unido.

Los británicos de sectores menos favorecidos se han visto obligados a ajustarse el cinturón como nunca desde la época de la posguerra.

Y no es para menos la desazón de los grupos más vulnerables como familias con más de un hijo, las madres solteras, los discapacitados y las personas sin hogar ("homeless").

El primer ministro, David Cameron, se propuso ahorrar de las arcas públicas 81 mil millones de libras esterlinas (unos 92 mil millones de euros) con un tijerazo a los gastos y la subida de impuestos.

De las medidas que más polémicas ha generado destaca la suspensión del llamado subsidio al niño, uno de los beneficios más antiguos del Estado de Bienestar británico, de ayuda a las madres por cada hijo.

Figura en planes la reducción y en muchos casos, según organizaciones denunciantes, la anulación de la asistencia por discapacidad. La actual administración conservadora-liberal quiere desentenderse también de la contribución estatal a las viviendas sociales para familias pobres.

Los británicos dentro de esa categoría deberán pagar un alquiler equivalente al 80 por ciento de los precios de mercado.

Según la organización benéfica Papworth Trust, aproximadamente nueve de cada 10 discapacitados temen quedarse sin dinero para solventar la alimentación y el transporte en caso de eliminarse el subsidio.

Una suspensión o reducción de las ayudas obligará al menos a un 86 por ciento de las personas con alguna discapacidad a restringir sus gastos en alimentación, transporte y las facturas por los servicios públicos.

Expertos de las universidades de York y Heriot-Watt advierten sobre el incremento de los sin techos en Reino Unido, un fenómeno sin precedentes en tal magnitud para el país europeo. La cifra que manejan es de 44 mil 160 personas, con tendencia ascendente desde 2010.

La investigación de 120 páginas plantea entre las conclusiones un vínculo directo entre la crisis económica y el aumento de las personas sin hogar, toda vez que los recortes a los servicios públicos y las radicales reformas al sistema de beneficios sociales debilitan la red tradicional del Estado de Bienestar.

Como en otras naciones del Viejo Continente, las políticas de austeridad no solo han conseguido exacerbar el descontento de los sectores que llevan el peso de los efectos del colapso económico, sino que han fracturado el consenso entre las elites políticas.

En una carta al primer ministro, el titular británico de Comunidades, Eric Pickles, deploró los peligros que acechan a las familias vulnerables con la poda de las prestaciones sociales.

Pickles advierte en la misiva, filtrada por el periódico The Observer, que miles de familias no podrán pagar el alquiler de las viviendas y no soportarán la pesada carga tributaria.

De tal modo quedaron al desnudo las fisuras dentro del gobierno y del partido Conservador, pero al mismo tiempo se desmoronó la tesis oficialista de que los recortes no agravarían la indigencia y la pobreza infantil.

Griegos en pie de huelgas

Los griegos no recuerdan quizás un período tan turbulento de incesante descontento popular como el acaecido entre mayo y diciembre de 2010, cuando se desencadenaron mes tras mes decenas de huelgas, concentraciones, vigilias y marchas a lo largo del país por el primer plan de ajustes.

De inicios de 2011 al verano boreal, el clima social no ha sido menos convulso, luego de que el Parlamento refrendara en junio el segundo programa de austeridad. Como auguran los movimientos contestatarios, el otoño tampoco será tranquilo para el gobierno del primer ministro George Papandreu.

Las huelgas continuarán toda vez que los partidos del ala izquierdista y los sindicatos dejaron en claro que responderán con firmeza a los recortes y las privatizaciones.

Tampoco el Ejecutivo de Atenas logró mantener "un matrimonio feliz" con las fuerzas afines, incluso con los conservadores, en la cuestión fiscal y las medidas adicionales pactadas con la Unión Europea y el FMI. El voto de confianza al Movimiento Socialista Panhelénico, de Papandreu, se desplomó.

Para el Partido Comunista de Grecia, "las medidas salvajes destruirán el presente y el futuro de los trabajadores y de la juventud".

La secretaria general, Aleka Papariga, afirmó que los recortes sumirán "literalmente a nuestros biznietos en un moderno Medioevo", al vincular sus efectos con las futuras generaciones griegas.

Los asalariados, pensionistas, desempleados y los más pobres llevarán sobre sus hombros el peso de la carga y pagarán por una crisis que no fue causada por ellos, protestó, a su vez, el líder de la Confederación General de Trabajadores de Grecia, Yiannis Panagopoulos, en reacción a recientes anuncios del Ejecutivo de seguir adelante con el polémico plan.

A la marea de críticas se sumó el principal partido de la oposición, Nueva Democracia, al acusar al gobierno de "artimañas de comunicación", y de trasladar el costo de los errores a los ciudadanos.

El portavoz Yiannis Michelakis reprochó que en lugar de negociar con sus socios de la troika un cambio de receta, el gobierno miente al pueblo griego y quiere hacerle pagar por su fracaso en la gestión de los destinos del país, aseguran los conservadores.

Los sindicatos del transporte ferroviario, la Asociación Nacional de Médicos, la Federación de Maestros de Grecia, estudiantes y el gremio de controladores aéreos arremeten esta vez con fuego artillero contra el Gobierno por las impopulares reformas.

El equipo de Papandreu cree que vale la pena un ajuste drástico de cinturón para reducir el déficit y sortear el peligro de una bancarrota; sin embargo, los pronósticos vaticinan que Grecia no podrá cumplir sus compromisos fiscales en 2011 por la elevada contracción del crecimiento económico, superior al siete por ciento.

Italianos contra políticas fiscales de Berlusconi

El paro protagonizado el 6 de septiembre último por la Confederación General del Trabajo (CGIL) paralizó el país durante ocho horas por tierra, aire y mar tras la participación de miles de trabajadores del transporte, la producción y los servicios.

Las ciudades con mayor convocatoria fueron Roma, Milán, Nápoles y Turín, seguidas de decenas de otras urbes italianas que marcharon en protesta por los planes del primer ministro, Silvio Berlusconi, de reducir en más de 45 mil millones de euros el gasto público.

En opinión de la secretaria general de la CGIL, Susanna Camusso, la nación itálica está al borde del precipicio, por lo que llamó al Ejecutivo a dar un paso atrás en la política presupuestaria.

Las medidas de contención fiscal, junto a los escándalos por corrupción y otros delitos, han mellado la popularidad del controvertido primer ministro, al desplomarse en las encuestas a un 22,7 por ciento, conforme un sondeo de opinión.

Un 50 por ciento de los entrevistados afirma que los políticos no pagarán nada, mientras un 28 por ciento creen que los jubilados costearán las reformas.

Al igual que España, el senado italiano dio el visto bueno, en primera instancia legislativa, al plan gubernamental, lo cual fue otro motivo de manifestaciones en las calles de Roma y de la intervención de la policía con gases lacrimógenos y porras.

Nunca antes brotó en Europa una expresión contestataria de tal afinidad y fuerza como hoy contra las elites en el poder. Una marea de descontento social rebasa fronteras y tintes políticos frente a las políticas económicas.

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“El docente debe creer más en sí mismo”

miércoles 14 de septiembre de 2011

María Florencia Forni (LA OPINION)

El sábado último el periodista y docente Andrés Sarlengo presentó en el Centro Social y Cultural “Estación Esperanza” su libro titulado “El crimen educativo”. Esa misma tarde LA OPINION dialogó con el autor acerca del tema de la publicación y de las posibles herramientas para vivir la educación como práctica de la libertad.

Con “El crimen educativo”, Sarlengo propone el desafío que deben asumir colectivamente las herramientas para que la educación sea como plantea Paulo Freire: una herramienta para la práctica de la libertad.

-¿Cómo surge el libro “El crimen educativo”?

-Recopilo algunos de los artículos periodísticos, editoriales específicamente, que escribo para un programa radial, Contrapuntos. Estos abarcan desde 2006 a 2010 y entre otras cosas tomo el caso de Pocho Leprati, que fue profesor de filosofía y Carlos Fuentealba; y temas que llevan a pensar, reflexionar acerca de las políticas educativas en Argentina. Lo que me lleva a pensar esto es mi propia práctica como docente, en una escuela especial.

-¿Cómo explicarías el título? ¿Cuál es el tema y la intención?

-Mi trabajo como docente y como periodista me hace ver que entre el Estado y las corporaciones, poco a poco van haciendo desaparecer lo público. En la dictadura hubo una desaparición forzosa de personas y creo que desde entonces ocurre una desaparición de lo público, que es lo común a todo, y por eso hablo de crimen. Hoy el discurso progresista de algunos sectores se mezcla con el mundo empresarial y poco a poco el sistema educativo termina siendo un sistema a favor del status quo.

-Si tuvieses que enumerar alguna conducta que el docente pueda concretar en su cotidianeidad, para sentir y hacer sentir a la educación como una herramienta de práctica de la libertad, ¿qué dirías?

-Que reflexione sobre lo que piensa, siente y hace y que crea más en sí mismo y no tanto en los expertos que dicen mucho acerca de cómo dar clases pero sin estar ellos en las aulas. Dar clases es un concepto de la pedagogía tradicional, que concibe la transmisión de contenidos “como porque sí”, esperando que el alumno repita no que piense. Pero desde el aula el docente tiene que pensar cómo enseña. No es lo mismo dar clases en una escuela primaria, que en una secundaria o en nivel terciario. Y acerca de la formación, hoy al docente se le piden más seminarios que el hecho de su trayectoria en las aulas.

-¿Cuándo fue publicado el libro y cuáles son las repercusiones hasta el momento?

-El libro fue presentado en mayo en un Profesorado en Venado Tuerto; ese día había muchas personas y muchos docentes, entonces se generó la discusión y el intercambio. Después lo fui presentando en varias localidades de la provincia de Santa Fe y también en una fábrica recuperada de Chilavert, en Lomas de Zamora y otras localidades de Buenos Aires. Y lo que sucede es que en cada lugar surgen perspectivas nuevas porque los docentes cuentan cosas desde sus propias experiencias. En general se ve un descontento por el vaciamiento de contenido, por la repetición de programas.

-Volviendo a las aulas, vos decís que el docente tiene que pensar sobre sí mismo, ¿no creés que a veces se deshumanizan algunas situaciones?

-Creo que hay un proceso de deshumanización en las aulas y mucho tiene que ver el modo en el que el Estado fue dejando desamparado a los docentes y a los pibes. Entonces se producen situaciones de violencia generalizada, donde es muy difícil educar a un chico que llega al aula con problemas sociales.

Fuenten

Chile: El problema no es el lucro

miércoles 14 de septiembre de 2011

Carlos Pérez Soto

1. Conociendo la cultura política tradicional en este país, no es difícil imaginar que mientras más crece un movimiento ciudadano en contra de las políticas establecidas más probable es que naufrague en una negociación entre cuatro paredes, en que los mismos de siempre alcanzan “un gran acuerdo nacional” que cambia de manera puramente mediática lo menos relevante, y mantiene intacto lo que es esencial. Se trata del antiquísimo gatopardismo “todo tiene que cambiar para que nada cambie”.

Para que esto sea posible son necesarios algunos procedimientos típicos: desviar el objetivo de las demandas (del financiamiento a la calidad), extremar artificialmente las posturas de los demandantes (“no es aceptable atentar contra la libertad de la educación”, “quieren estatizar la educación”), presentar como razonable la interesada terquedad de los defensores del modelo (“todo tiene un costo”, “no hay nada de malo en el lucro”), presentar las demandas como ilusorias y utópicas (“las utopías, cuando no tienen fundamento racional, son solamente utopías”). En estas distorsiones se pueden llegar a extremos grotescos: “ponen en riesgo la estabilidad de la democracia”, “quizás haya que sacar a los militares para controlar los desmanes”, “la educación es un bien de consumo”, “hay algunos que quieren destruir Chile”.

Pero la posibilidad de una transacción que mantenga las líneas fundamentales del modelo a pesar de las grandes palabras con que se adorne puede ser también facilitada desde la izquierda. Con o sin una consciencia explícita de su contribución a la mediocridad clásica de los compromisos políticos que se han llamado hasta ahora de manera mañosa “consensos”, las izquierdas (que son varias) pueden ser rebasadas por los reflejos empobrecedores heredados de los aspectos sombríos de su propia historia. En las luchas en curso, las más grandes en treinta años, las que probablemente tengan la mayor proyección, se deben evitar a toda costa los automatismos doctrinarios. Evitar el estatalismo plano, la salida populista, la grandilocuencia retórica, la demagogia. El estilo comunicacional de los dirigentes estudiantiles nos ofrece una poderosa esperanza al respecto. Por muy tradicionales que sean sus militancias o sus opciones teóricas se ve en ellos la disposición a enfrentar el conflicto de una manera abierta, sin grandes ideologismos, manteniendo firme sin embargo el trasfondo claramente ideológico que los sustenta, y denunciando la pretensión de discutir “sin ideologías” que han pretendido el oficialismo y sus defensores. Las consideraciones siguientes no son sino una contribución a esa nueva actitud, que nos promete la lenta configuración de una nueva izquierda.

Para estar a la altura de las necesidades y demandas de las grandes mayorías nacionales es necesario, en primer lugar, tener muy claro qué es lo esencial en esta lucha, qué es lo que golpea de manera más dura al interés neoliberal, qué es lo que atiende de manera más real y profunda a los intereses de todos los chilenos. En esta tarea probablemente nos encontraremos con la confusión permanente que produce la fraseología populista y, con toda seguridad, tendremos que batirnos con las pobrezas de una frágil izquierda que en medida importante llegó a ser cooptada bajo la excusa de que la Concertación representaba un mal menor.

2. El primer y mejor ejemplo de estas pobrezas es el eslogan genérico que pide el fin de la municipalización de escuelas y liceos, con la consecuencia de centrar todos los defectos de tal sistema en la gestión municipal, y el reverso, que se mantuvo por más de veinte años, de que la solución era volver a la administración estatal central: “devolver los colegios al Ministerios de Educación”.

Hoy sabemos que los municipios que cuentan con recursos sí pueden administrar muy buenos colegios, y que la mayoría de los municipios más pobres desvían recursos que reciben por educación a otros ítems generales de su presupuesto, sin que nadie se haya preocupado de dictar un simple decreto que lo impida, o fiscalizar esas prácticas, de por sí irregulares.

El problema esencial no es la gestión municipal sino el que se cuente con el financiamiento adecuado. El problema esencial es que el Estado aumente radicalmente su inversión en infraestructura, en equipamiento, de la educación municipal. Que considere una inversión social el aumentar de manera sustantiva los salarios de los profesores. La exigencia esencial es que el Estado financie de manera directa y permanente las escuelas y liceos, terminando con el sistema de subvenciones, de premios y bonos “por rendimiento”. La exigencia es que el Estado se haga cargo de manera permanente, que asuma su responsabilidad, que haga crecer sus colegios, que cree escuelas y liceos nuevos, hasta ofrecer una cobertura de matrícula que garantice de manera real el acceso a todos los chilenos.

Por supuesto la gestión municipal puede ser mejorada. Quizás lo más aconsejable es que su descentralización descanse en el nivel provincial. Desde luego es necesario integrar de manera real a la comunidad local, y respetar su diversidad en los contenidos educativos concretos.

El Estado central debe asegurar la calidad de acuerdo a estándares que sean capaces de reflejar a la vez mínimos comunes y las diversidades locales. Un municipio empoderado, con recursos efectivos, es el mejor espacio en la mayoría de los casos, sobre todo en las grandes ciudades. Asociaciones de municipios son necesarias en los lugares en que por razones demográficas o económicas no se alcance una capacidad de gestión suficiente.

3. El segundo gran ejemplo es la consigna, justa pero genérica, de “fin al lucro” en educación. La experiencia con las universidades privadas debería servirnos para hacernos conscientes de los múltiples fraudes que se pueden cometer aún prohibiendo el lucro. Dada la enorme variedad de subterfugios que se pueden usar para convertir a una institución educacional en un verdadero centro de negocios, y dada la sospechosa tradición de falta de voluntad y recursos para una fiscalización efectiva, la verdad es que nadie puede garantizar que la simple declaración “sin fines de lucro” impida el desvío de recursos estatales a bolsillos privados.

La única manera efectiva de garantizar que los recursos estatales para la educación se destinen sólo a los fines a los que han sido asignados es que se gasten en el propio sistema educacional estatal.

Esto debe acarrear como consecuencia que el Estado debe asumir la responsabilidad de crear y extender la cobertura de un sistema gratuito y de calidad, en todos los niveles educacionales, para todos los chilenos que lo requieran.

Sólo entonces alguien podrá elegir libremente si quiere acogerse a una educación laica y democrática, pensada como inversión social, al servicio de los intereses del país, o prefiere acogerse a sistemas educativos privados, pagados o no, que profesen libremente concepciones doctrinarias particulares.

4. El gran argumento que se ha esgrimido contra la educación estatal gratuita es que sería “injusta” e incluso “regresiva”, porque los recursos de todos, que se asume fácilmente serían “escasos”, contribuirían a financiar la educación de los más ricos. Hay algo de cinismo, o de ignorancia asumida, en este argumento hoy numéricamente correcto y moralmente mañoso.

La primera cuestión es que los recursos del Estado no tendrían por qué ser escasos. En cuarenta años la masa estudiantil total del país se ha duplicado, pero las ganancias obtenidas sólo por la extracción de cobre han aumentado ochenta veces. Los “recursos escasos” no son sino una excusa hipócrita enarbolada justamente por los que han contribuido a que actualmente sean escasos.

La segunda cuestión es que los ricos en este país no representan más del 5% de la población, y aún estirando tal sector a las capas medias que pueden pagar educación directamente no alcanzan más del 15%. No debería importarnos financiar el derecho a la educación de este 15% de los chilenos, que debe tenerlo, como todos, si el efecto conjunto de esa medida es garantizar el mismo derecho y en las mismas condiciones para el otro 85%, sobre todo si a la vez ponen significativos impuestos para hacerlo posible.

El que los ricos vayan a colegios y a universidades estatales debería ser considerado más bien como un aporte. Ya han mostrado muchas veces que no son incapaces de filantropía o paternalismo. Vamos a ver ahora si en el contacto con los chilenos comunes quizás lleguen a sensibilizarse también con las necesidades profundas, sentidas y acordadas democráticamente por las grandes mayorías. Si quieren asumir ese riesgo, primero, tienen y deben tener, como todos, pleno derecho y, segundo, sean bienvenidos.

5. La demanda contra el lucro no debe ser interpretada como prohibición de todo lucro en educación. Para los objetivos que persigue el movimiento estudiantil, no es necesario hacerlo. Lo esencial es que ni un peso de los fondos estatales vaya directamente (como subvenciones), o indirectamente (como exenciones tributarias) a los que obtienen bienes concretos por ello, o a los que persiguen fines doctrinarios particulares a través de la educación.

Si los ricos quieren y pueden tener y pagar colegios y universidades privadas que los tengan, si los católicos o los comunistas quieren propagar sus doctrinas a través de colegios y universidades que pongan su 1% para financiarlas. Lo esencial es que el Estado asuma su responsabilidad de ofrecer educación gratuita, lo esencial es que no hay ninguna razón real para que lo haga a través de particulares privados, menos aún si imprimen a sus iniciativas un sello ideológico particular. Lo esencial no es sólo ofrecer educación estatal gratuita sino, también, terminar con el sistema de subvenciones.

6. Por supuesto, ante esta exigencia radical de que el Estado asuma de manera efectiva su responsabilidad de garantizar derechos básicos, se esgrimirá la viejísima argucia de que se debe apoyar a las instituciones que tan buenamente ofician de “auxiliares de la función educativa del Estado”, a través de la cual la clase política tradicional, desde todos sus sectores, aceptó financiar los colegios y universidades católicas como una forma de empate ante el crecimiento de la educación laica promovida por los gobiernos que buscaron por esa vía ampliar la democracia, hacerla más efectiva.

La curiosa lógica que se usó es que al Estado no le alcanzaban los recursos para llegar a todas partes, por lo que debía… ocupar parte de sus recursos para que otros pudieran hacerlo. Por esta vía se financiaron o eximieron de impuestos muchos colegios para niños pobres, que perfectamente, con esos mismos recursos, podría haber asumido el Estado. Pero también se ha financiado, hasta el día de hoy, una proporción sustantiva del financiamiento de las universidades católicas, cuyo ingreso y composición… no es precisamente la más democrática.

Parte de la argucia tramposa pasaba, desde luego, por la eterna cantinela: “somos un país pobre”. No somos un país pobre, nunca lo hemos sido. Somos en realidad un país empobrecido por el saqueo de sus enormes riquezas naturales. El saqueo permitido y avalado por los mismos que por otro lado afirman que necesitamos privados que nos auxilien en materia educacional.

El Estado chileno, en principio, no necesita ser auxiliado para garantizar los derechos básicos de todos. Perfectamente podría contar con los recursos para hacerlo. Pues bien, si además, de manera gratuita y desinteresada, o incluso persiguiendo el lucro o fines doctrinarios particulares, hay privados que quieran ofrecer alternativas, especificidades ideológicas o simples privilegios de estatus, bienvenidos sean. Tienen, y deben tener el derecho de desarrollarlas. Pero de ese derecho no se sigue en absoluto que el Estado, que es de todos los chilenos, deba financiarlos en modo alguno.

Con lo dicho en este punto debería ser suficiente. Pero dadas las propuestas surgidas desde cierta pillería de izquierda es necesario, lamentablemente, un párrafo más. Hay quienes sostienen que se deberían mantener las subvenciones a aquellas instituciones privadas, en particular universidades, que se comprometan con un proyecto democrático, popular, al servicio del país. Sinceramente me parece un argumento impresentable. No imagino cómo se podrían distinguir las pretensiones “democráticas”, de “servicio”, e incluso “populares” que mantienen los comunistas de las que también dicen tener los Legionarios de Cristo. De lo que se trata aquí es de una política de empate en que finalmente no me importa que financien a otros con tal de que caiga algo de financiamiento para el lado mío. Una lógica análoga a la que ha llevado a que las campañas políticas de partidos e ideologías particulares sean financiadas con dineros de todos los chilenos. Tal como hoy financiamos las campañas de los parlamentarios que no nos representan, lo que se propone equivale a ayudar a financiar doctrinas e ideologías que no tendrían por qué representarnos, o justamente coincidir con los intereses generales de todo el país.

7. Otro asunto en el que también es difícil hacer diferencias razonables, y de izquierda, es la justa demanda por la democratización de las universidades. Para evitar la demagogia y el estatalismo en este ámbito es necesario hacer dos tipos de diferencias. Una es en torno a qué aspectos de la vida universitaria se pretende democratizar, otro es qué debería ser exigible para las universidades estatales y qué debería ser exigible para las privadas.

Hay cuatro ámbitos de democratización principales, y claramente distinguibles, en la vida universitaria. Uno es el derecho general de asociación de tipo gremial bajo centros y federaciones de estudiantes, sindicatos de trabajadores y asociaciones de académicos. Otro es la democratización de la gestión universitaria, bajo diversas fórmulas y proporciones de cogobierno entre los estamentos académico, estudiantil y de funcionarios. Un tercer espacio es el carácter democrático del proyecto universitario, de sus contenidos doctrinarios y los objetivos generales que se siguen de ellos. Otro, tanto o más importante, es el carácter democrático del ingreso y de la composición social de la comunidad universitaria.

Todos y cada uno de estos aspectos debe ser exigible plenamente a las universidades estatales. La situación no tiene por qué ser la misma en las universidades privadas. En este último caso, cada aspecto debe ser ponderado en cuánto a qué es exigible y en qué medida.

Por un lado es plenamente exigible, en virtud del derecho básico de asociación, que trasciende a las instituciones particulares, la existencia de organizaciones académicas, estudiantiles y de trabajadores, propias, autónomas y democráticas.

El derecho de cogobierno, en cambio, que debe ser básico para las estatales, no tendría por qué ser impuesto a priori sobre las privadas. Es algo que cada comunidad universitaria privada debería ganar a través de luchas propias y autónomas hasta alcanzar fórmulas de consenso con los dueños y mecenas particulares.

Lo mismo debe ocurrir con los proyectos universitarios privados y los objetivos que se fijen por sí mismos, de manera autónoma. El Estado puede certificar niveles de calidad, puede intervenir sobre los objetivos o acciones de estas corporaciones privadas que contravengan leyes generales de la nación, pero no debería fijar, limitar o conducir los proyectos propios en cuanto a sus contenidos.

De la misma manera, el poder estatal no tiene por qué exigir a los colegios o universidades privadas que sean democráticas en su composición social o en su ingreso. Si los ricos, o si sectas particulares, quieren formar instituciones educacionales elitistas o exclusivas, que lo hagan. Deben tener derecho a hacerlo. Lo que el Estado puede hacer, de nuevo en virtud de derechos anteriores y más generales, es intervenir en casos de discriminación, como los que pueden surgir de diferencias étnicas o de género, o sobre condiciones discriminatorias como las que pueden afectar a las estudiantes embarazadas, o a los que provienen de familias constituidas de maneras diferentes. Pero no tendría por qué intervenir en el precio o en las condiciones de afiliación que quieran darse en virtud de sus objetivos doctrinarios particulares, ni en las consecuencias elitistas que puedan tener. El Estado tiene que cumplir con SU deber, en este caso garantizar derechos. No tiene por qué fijar los deberes que los cuerpos sociales particulares quieran darse a sí mismos.

Todos estos límites a la acción del Estado deben surgir de dos cuestiones esenciales, que un proyecto de izquierda debería defender: uno es que el Estado no ponga ni un peso en tales proyectos, el otro es que es plenamente deseable desarrollar y defender la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil ante su poder.

9. De acuerdo con la línea de argumentación que he seguido hasta aquí, debe ser obvio que lo que estoy defendiendo NO es estatizar todo el sistema educativo. Tal cosa no es siquiera deseable, incluso desde un punto de vista de izquierda. Por lo demás, ninguno de los actores relevantes del movimiento actual está planteando tal demanda.

Pero, debe resultar igualmente claro que lo que propongo es que el sistema estatal de educación debe ser más grande y mejor dotado que cualquier sistema privado: debe ofrecer una cobertura que abarque potencialmente a toda la demanda educacional, en todos los niveles.

Responsabilidad del Estado y estatalismo no tienen por qué ser la misma cosa. La responsabilidad del Estado en cuanto a los derechos básicos de educación, salud, vivienda, transporte, cultura, no tiene por qué ser sinónimo ni de exclusividad, ni de centralismo. No tiene por qué ser contraria a la autonomía de los cuerpos sociales ni a la radical descentralización de su gestión.

Defender y garantizar de manera efectiva derechos básicos no tiene por qué implicar su delegación a privados particulares. Detentar la posición hegemónica en la garantización de estos derechos no tiene por qué implicar la inhibición de los particulares que quieren ejercerlos además por sí mismos, ni coartándolos ni imponiéndoles condiciones que los limiten en su esencia. Pero, seamos muy claros: respetar ese derecho inalienable de los particulares no tiene por qué conllevar su financiamiento con recursos que pertenecen a todos.

10. La objeción esperable a esta hegemonía del sistema educativo estatal, aun defendiendo el derecho a sostener alternativas de los particulares, es que la función educacional quedaría abandonada a los vaivenes e ineficacias de los gobiernos de turno.

Por supuesto la respuesta trivial es que no debería confundirse, ni en los principios ni en las prácticas, las funciones y responsabilidades del Estado con las de los gobiernos particulares. Pero, justamente por muchos de los principios concretos que han operado, y sobre todo por las prácticas habituales, esto es algo que tiene que ser especificado, y defendido, de manera efectiva.

La primera cuestión es que los presupuestos permanentes en materia educacional, y también en salud, en las políticas de vivienda, de transportes, de fomento de la cultura, deberían ser más largos que la duración de los períodos presidenciales, es decir, deberían ser considerados como políticas estratégicas del Estado, que los gobiernos particulares deben comprometerse a ejecutar. Es evidente que en una cultura política y politiquera como la que nos han impuesto esto implica quitarle a los políticos y a los politicastros algunas de las principales herramientas para cooptar a los ciudadanos y mantener clientelas. Pero, justamente por eso, esta es un criterio que debe ser peleado y defendido por los que quieran expresar realmente los intereses de los ciudadanos, por sobre sus intereses doctrinarios.

La segunda cuestión es que se debe promover una fuerte autonomía de los proyectos educacionales respecto de las autoridades estatales transitorias. Desde luego, la recuperación de una autonomía universitaria efectiva. Pero, también, la autonomía de las comunidades locales en respecto de la gestión y el contenido de las instituciones educacionales básicas, medias y técnicos profesionales. Una autonomía ligada a los municipios e instancias provinciales desde las que se organicen, también independiente de sus autoridades transitorias.

Sobre el mito neoliberal de que el Estado es un administrador ineficiente, promovido con tanto entusiasmo por los funcionarios neoliberales que destruyeron y empobrecieron las instituciones estatales para luego venderlas al mejor postor, es poco lo que se puede agregar ante el espectáculo indignante de la ineficiencia interesada de los bancos, ante las garantías de todo tipo que han protegido las ganancias de empresarios que no se someten a la competencia que el modelo exhibe como mecanismo ideal, ante el escándalo de las ganancias obtenidas desde la subvención directa del Estado por empresarios que piden que haya menos Estado.

La corrupción estatal, que siempre es un peligro, ha sido espectacularmente mayor y más grave justamente entre los promotores de un modelo que ha intentado, al menos retóricamente, disminuir su acción… porque sería susceptible de corrupción. Un Estado democrático, que opere de manera descentralizada, con proyectos estratégicos que trascienden a los gobiernos particulares, radicalmente dedicado a cumplir sus responsabilidades garantizando derechos para todos los ciudadanos, es más fácilmente fiscalizable que el Estado puesto completamente al servicio de la avidez del lucro.

11. Pero, aun estando de acuerdo con todas las proposiciones anteriores, los pillos de siempre, distribuidos convenientemente en todos los sectores, pueden objetarnos que ya existe una situación de hecho, y que para negociar estamos obligados a tomarla como punto de partida. Esto es cierto, pero debe ser enfrentado de manera dura y clara: ninguna situación que afecte al interés de todos los chilenos puede considerarse como inamovible e irreversible. Y, a la vez, las condiciones de esta reversibilidad deben ser discutidas sin maximalismo, ni demagogia.

Una de las grandes habilidades del modelo neoliberal que se nos ha impuesto es la manera en que se ha comprometido directamente a todos los ciudadanos en su éxito. Los fondos previsionales de cada trabajador están ligados al éxito o fracaso del modelo económico, e incluso de la especulación financiera. El derecho a la salud ha sido progresivamente entregado a la prosperidad de las empresas privadas de salud. El derecho a la educación superior ha sido entregado de manera vergonzosa a la avidez de la banca y de las universidades “sin fines de lucro”.

En el caso de la educación básica y media se ha debilitado sistemáticamente a los colegios municipales, y se ha favorecido vergonzosamente a los subvencionados hasta el punto de que hoy en día un 60% de los estudiantes dependen de subvenciones entregadas a privados.

No es razonable, es incluso contraproducente para el mismo movimiento en marcha, poner fin de manera abrupta a este sistema vergonzoso. Pero seamos claros una vez más: la única manera de garantizar que los recursos estatales no sean desviados a bolsillos privados o a proyectos doctrinarios particulares por los múltiples subterfugios del lucro es terminar con el sistema de subvenciones.

La manera de hacerlo no es difícil de imaginar. Sólo la falta de voluntad política impide formularla claramente. En primer lugar es necesario congelar el valor de las subvenciones a privados, tengan o no fines de lucro, en su valor actual. Y es necesario congelar toda incorporación de nuevas instituciones a este sistema, o de nuevos modos de ejercerlo.

En segundo lugar es necesario fortalecer un sistema educacional estatal y descentralizado. Mejorando los colegios que existen, creando colegios nuevos, mejorando las remuneraciones de los profesores, creando un sistema nacional de educación técnico profesional, fortaleciendo las universidades estatales y las tradicionales no privadas.

En tercer lugar se debe fijar un programa de disminución progresiva de las subvenciones a establecimientos privados, con o sin fines de lucro, para volcar progresivamente esos fondos a la educación estatal. No importa el plazo, pueden ser diez o quince años, para dar tiempo al cambio de carácter de las instituciones privadas, aceptando incluso que aumenten progresivamente el costo de sus escolaridades. Y, a la vez, dando tiempo para aumentar la cobertura estatal que garantice el derecho de todo el que prefiera no asumir ese aumento del costo de la educación privada. Lo importante, sin embargo, es mantener firmemente el objetivo: terminar con un sistema que implica la renuncia del Estado a una de sus funciones y obligaciones esenciales.

Pero también, el terminar con el sistema de subvenciones debe implicar su reemplazo progresivo por un sistema de financiamientos directos, estables, por proyectos (no por asistencia o matrícula), de acuerdo a la demanda educacional. Eso puede y debe empezar ahora mismo, aumentando el aporte basal a las universidades estatales y tradicionales no privadas hasta el 50%.

Pero debe empezar también, ahora mismo, con una medida análoga destinada a la educación municipalizada: al menos el 50% del presupuesto de los colegios actualmente municipalizados debe ser aportada de manera estable, permanente, de acuerdo al proyecto y a la cobertura que se espera de ellos. Y este 50% debe ser aumentado luego, de manera progresiva, hasta llegar al total.

No es esa la situación de la Educación Técnico Profesional. En ese caso el Estado debe, ahora mismo, crear desde cero, porque abandonó entre gallos y medianoche el que tenía, un sistema estatal de Educación Técnico Profesional, financiado en un 100%, también de manera estable y por proyecto.

12. El movimiento estudiantil, ampliado hasta convertirse en un gran movimiento social, debe exigir del Parlamento una legislación que haga posible esta perspectiva. Como debe ser obvio para cualquiera que conozca los amarres institucionales del modelo imperante, esto es extraordinariamente difícil. El gobierno actual, firme y explícito defensor del modelo neoliberal, no estará dispuesto a hacerlo. Lo ha mostrado consistentemente en los escasos puntos precisos que contienen las propuestas que ha presentado hasta ahora ante las demandas, y también en la intencionada vaguedad con que presenta los demás puntos. Probablemente lo que hará, y esa es la línea planteada, es tirarle el bulto al Parlamento.

Pero en el Parlamento, elegido de manera tal que la derecha tiene la mitad de la representación contando sólo con la tercera parte del apoyo electoral, y compuesto por dos coaliciones que han estado plenamente de acuerdo en administrar pacíficamente el mismo modelo desde la época de la Dictadura, tampoco es verosímil alcanzar las mayorías y quórum necesarios para responder de manera integral a los derechos de los ciudadanos, y a las responsabilidades básicas del Estado.

La alternativa entonces, después de una larga y trabajosa tragicomedia de llamados al diálogo en que el poder imperante no concede nada esencial, y de mesas de expertos cuyas proposiciones no hacen sino confirmar el carácter general de lo que ya existe, es exigir un plebiscito en que la ciudadanía se pronuncie de manera directa y expresa por el derecho a una educación gratuita y de calidad para todos los chilenos, en todos los niveles educacionales.

Como todos sabemos, porque en este país incluso los plebiscitos forman parte de las técnicas de manipulación de la voluntad popular, la formulación del tema, las condiciones de su realización, su eventual carácter vinculante son, todas y cada una, condiciones que deben ser peleadas y vigiladas paso a paso. Pero esa es una lucha perfectamente posible.

Dialogar, ir a las mesas de diálogo para ir rechazando cada vez sus vaguedades, las proposiciones que sólo confirman lo que hay, para ir detectando e impugnando cada vez el oscuro poder de la letra chica. Pero incluso este diálogo debe tener un límite. No podemos tolerar que las demandas sociales sean aplazadas cada vez que haya elecciones con el único objetivo de cargarlas al gobierno siguiente. Es necesario fijar un límite más allá del cual sólo se puede considerar suficiente un plebiscito que ofrezca las garantías necesarias para que el movimiento social pueda exponer sus razones y pedir el respaldo de toda la ciudadanía.

Nada impide que este recurso sea exigido al cabo de un plazo breve de diálogo en que se confronten posiciones cuyos fundamentos, perspectivas y consecuencias son, como es visible, radicalmente distintos. No podemos tolerar que los pillos nos digan que “nuestras posturas no están tan alejadas” con el único resultado de que pasen en medio de la vaguedad de los acuerdos, y los empates convenientes entre las fracciones politiqueras, los mismos principios que ya nos han impuestos, o una apariencia de nuevos principios que conduzcan a los mismos resultados.

Contra la componenda, contra el arreglín, lo que hay que hacer es precisar lo más claramente posible qué es lo que queremos, y proponer lo que contribuya de la manera más efectiva a satisfacer las demandas y necesidades de las grandes mayorías nacionales.

Esta es una tarea para todo el movimiento social. Esta es una tarea que define la esencia de lo que debería ser la gran izquierda, aquella quesea capaz de contener en un espíritu común, en un horizonte común, a las muchas izquierdas existentes.

La claridad y la radicalidad de los nuevos dirigentes estudiantiles, su fuerza y su disposición para no aceptar la clase de componendas que han sido tan típicas de nuestra historia política, es la mejor muestra de que esa gran izquierda es perfectamente posible.

Carlos Pérez Soto es Profesor de Física, Universidad ARCIS.

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