miércoles, 28 de septiembre de 2011

SME Conmemora el LI Aniv de la Nacionalización de la Industria Eléctrica Mensajes Solidarios

27 de Septiembre del 2011
Vía SME1914


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Calderón prepara golpe contra CFE; busca privatización: SME

Mie, sep 28, 2011
Iván Hernández.- El gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, prepara nuevo golpe para lograr la privatización de la energía eléctrica; ahora el blanco es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que también puede desaparecer, advirtió Víctor Vargas Reyes, subsecretario del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de Pachuca.

Detalló que uno de los compromisos que Felipe Calderón tiene que pagar por haber sido presidente, es poner en manos de los empresarios la generación de energía, como ya se hace con algunas empresas españolas y japonesas que generan 75 por ciento de la energía que se consume en el país.

Ante el panorama que se avecina para el 2012, al gobierno federal le urge privatizar este sector, pues se prevé que el Partido Acción Nacional (PAN) pierda las elecciones; por ello desprestigia a la CFE, dejando que crezca el descontento social por las altas tarifas.

El dirigente también hizo notar que la estrategia para “criminalizar” a la extinta Luz y Fuerza del Centro, fue el subsidio de 42 mil millones de pesos, argumentando un alto costo para el país, sin embargo ahora CFE solicita 60 mil millones de pesos.

Lo anterior lo comentó previo a la guardia de honor en el monumento a Adolfo López Mateos, que los smeítas realizaron en el marco del 51 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica.

En Hidalgo hay mil 600 trabajadores que luchan por recuperar su fuente de empleo, sobre todo de municipios como: Pachuca, Tulancingo y Tula; en el país existen 16 mil 599 empleados distribuidos en Puebla, Morelos, Estado de México, Distrito Federal, parte de Michoacán y nuestro estado.

Finalmente comentó que continuarán las pláticas con el Ejecutivo federal, para la creación de una nueva empresa, la cual costaría 21 mil millones de pesos.

Por la tarde, los smeítas hidalguenses se sumaron al evento que convocó el SME en el monumento a la Revolución de la ciudad de México.

¡Ahora nos cumple promesa de trabajo!, reta el SME a Calderón

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 13


“La obsesión de este gobierno de entregar el sector eléctrico nacional a empresas extranjeras, por encima de cualquier criterio técnico o financiero, arroja un saldo de escandalosos robos al país”, señala un manifiesto dado a conocer ayer por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Dicho documento, publicado con motivo del 51 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, denuncia además los altos costos del servicio que pagan millones de usuarios mexicanos, porque 50 por ciento del total de generación de electricidad está en manos de empresas privadas. Refiere que los contratos de operación que la Comisión Reguladora de Energía otorga a las trasnacionales cuestan al país más de 67 mil millones de pesos anuales.

Durante el acto, el SME dio a conocer un manifiesto en el que denuncia la “privatización furtiva” de este sector la “enorme corrupción” que hay en la Comisión Federal de Electricidad, y demanda un alto al incremento en las tarifas de electricidad para los mexicanos. Asimismo, exige solución al conflicto que tiene sin empleo a 16 mil 599 trabajadores que no aceptaron su liquidación, y libertad a los “presos políticos” del gremio.

Ingrantes del SME hicieron ayer una guardia de honor en el mausoleo del ex presidente Adolfo López Mateos, quien nacionalizó la industria, así como en el Monumento a los Niños Héroes, en Chapultepec, luego de lo cual realizaron un mitin en el Monumento a la Revolución. Ahí, el secretario general del gremio, Martín Esparza Flores, recordó que 50 años después, el presidente Felipe Calderón ha entregado a las trasnacionales una parte importante del sector.

Recordó que para extinguir Luz y Fuerza del Centro, “Calderón prometió que iban a bajar las tarifas, y fue mentira; dijo que iba a mejorar el servicio, y tampoco fue verdad; que las finanzas del país iban a salir fortalecidas, y también fue falso”. Esparza planteó que a este gobierno le queda un año y que el SME prevalecerá al régimen, porque “fracasó toda la estrategia y parafernalia montadas para acabar con esta organización”.
Ante cientos de trabajadores reunidos en esta plaza, Esparza dijo que ahora el gobierno federal debe cumplir el compromiso firmado de que antes del 30 de noviembre se tenía que acordar un esquema de reinserción laboral para los 16 mil 599 electricistas que no cobraron liquidación. “¡Ahora nos cumplen!, pues nos han hecho mucho daño; acabaron con el proyecto de vida de miles de trabajadores; nos persiguieron, golpearon, y hasta encarcelaron a trabajadores por mantener la lucha por nuestros empleos”, señaló.

Ahora “vamos a regresar a laborar, y el próximo 30 de noviembre vamos a pedir a las organizaciones que nos han apoyado, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Unión Nacional de trabajadores y el Frente Sindical Mexicano, entre muchas otras, que nos acompañen a retomar nuestros puestos de trabajo”, dijo Esparza.

Antes, el secretario del exterior, Humberto Montes de Oca, al leer el manifiesto del SME en esta conmemoración, planteó que el sindicato exige que el gobierno cumpla el acuerdo suscrito el pasado 13 de septiembre para que todos los trabajadores regresen a laborar. Recordó que en la mesa de diálogo instalada en la Secretaría de Gobernación están las propuestas de solución, y que sólo se requiere decisión política para resolver en definitiva este conflicto.

Por otra parte, Esparza indicó que en 2012 el SME va a dar la batalla desde la Organización Política Nacional, porque “ya estamos hasta la madre de los neoliberales que han hecho mucho daño a la nación, que han quebrado al pueblo y han entregado el petroleo y la electricidad a los extranjeros”.


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Conmemora SME 51 aniversario de nacionalización de industria eléctrica

El gremio continuará defendiendo que el sector eléctrico no sea privatizado, por lo que continuará denunciando la ilegalidad y corrupción que se ha ocasionado por el proceso de privatización furtiva.

Patricia Muñoz
Publicado: 27/09/2011 11:10



México, DF. En el marco de la celebración del 51 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevó a cabo esta mañana una guardia de honor en el Mausoleo al ex presidente Adolfo López Mateos, en Atizapán de Zaragoza, y realizará al mediodía otra en el Monumento a los Niños Héroes de Chapultepec, así como un mitin por la nacionalización de la industria eléctrica en el Monumento a la Revolución a partir de las 5 de la tarde.

La dirigencia del sindicato señaló que este gremio continúa defendiendo que el sector eléctrico no sea privatizado y “su dominio por parte de la nación sea inalienable e imprescriptible”, y apuntó que seguirá con la denuncia de la ilegalidad, despilfarro, corrupción e incremento de tarifas que se han ocasionado por el proceso de privatización furtiva.

En un comunicado, el SME apuntó que reivindica el derecho del pueblo a tener una tarifa social y justa.

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Se quejan por alza en tarifa de luz en Tlalne

Miércoles 28 de septiembre de 2011
Juan Manuel Barrera Corresponsal | El Universal
juan.barrera@eluniversal.com.mx
TLALNEPANTLA, Méx.— Ignacio Loyola, habitante de la casa marcada con el número 151 de bulevar Valle Dorado, en el fraccionamiento del mismo nombre, colocó en su medidor de consumo de energía eléctrica una copia de la queja que interpuso en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con lo que pretende evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le suspenda el servicio.

Aseguró que anteriormente pagaba, en promedio, a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) mil pesos bimestrales por consumo de electricidad, y la CFE le exige ahora el pago de 5 mil pesos bimestrales. Hasta el momento adeuda 50 mil pesos.

“Pusimos el amparo (la queja) porque nos empezaron a llegar las tarifas muy caras. (Pagábamos) un promedio de mil pesos al bimestre. Casi no estamos. Nos empezaron a llegar los recibos de 5 mil pesos y nosotros demostramos con los recibos de 20 años, que llevábamos un promedio de consumo”, explicó.

Agregó: “En la CFE dicen que pagues, que tienes que pagar a fuerza. Ellos saben lo que hacen y ya. Te callas y pagas. Nos llegó una demanda de 25 mil pesos; adicionales a los 25 mil que debíamos, debo 50 mil. Entonces, hay que pagarles. Están locos. Sí queremos pagar, queremos negociar, pero no lo que nos piden”.

Loyola dijo que varios colonos interpusieron quejas contra la CFE. “Metimos demanda a Profeco. Esa es la copia; tenemos la original, donde hasta que no se arregle la situación no nos pueden quitar el medidor, ni la luz”, detalló.

José Luis Ángeles, con domicilio en el número 149 de bulevar Valle Dorado, afirmó que los recibos de la CFE llegan hasta por 4 mil 500 pesos bimestrales, a pesar de que sólo él y su esposa habitan la casa y tienen un refrigerador de bajo consumo, por lo que analiza recurrir a la Profeco.

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Balconea Monreal a Moreno Valle en el Senado por perseguir a sindicato

Por Alfredo Plascencia Sánchez
Martes, 27 de Septiembre de 2011 | 19:31

México. D. F.- “¡Pobre Puebla! Se fue el góber precioso y llegó el góber mafioso (Rafael Moreno Valle) ¡Pobres poblanos!”, así lo advirtió el senador Ricardo Monreal Ávila, quien volvió a cuestionar al mandatario poblano al que acusó de perseguir y desaparecer al sindicalismo independiente en el estado de Puebla.

Desde la tribuna del Senado de la República y en el marco del análisis del V Informe del Gobierno Federal en materia de Política Social, Monreal Ávila fijó la postura de los senadores del Partido del Trabajo y advirtió que en materia laboral el sindicalismo independiente del país enfrenta el sistemático acoso y persecución de sus miembros.

Persecución y acoso que, dijo, ya vivieron los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, los de Mexicana de Aviación, los trabajadores de la educación, los mineros, entre otros sindicatos que no sólo enfrentan los embates del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales.

Y es que, “los gobernadores actúan como auténticos reyezuelos; como es el caso del gobernador de Puebla, que se atreve a negar la toma de nota de un sindicato cuyos dirigentes fueron electos democráticamente en el Colegio de Bachilleres. Este señor persigue, desaparece, forma un nuevo sindicato. Lo hace con toda impunidad y con la protección de los poderes fácticos y con el contubernio y complicidad de las autoridades laborales. ¡Pobre Puebla!, en Puebla dicen: se fue el góber precioso y llegó el góber mafioso. Pobre Puebla y pobres poblanos”, dijo el senador Ricardo Monreal.

Luego de añadir que sólo en México la cúpula sindical toma decisiones por encima del Estado, el legislador subrayó que nuestro país vive en el asombro por los abusos impunes en que incurre la cúpula sindical al más puro estilo del viejo sistema.

“El viejo sistema que ahora se reproduce, se apropiaron de numerosos privilegios bajo el ropaje del corporativismo. Ahora el PRI y el PAN se alían indistintamente con la cúpula sindical para ganar elecciones; no importa la educación, lo que importan son sus intereses, ganar elecciones, poner gobernadores, poner secretarios, manejar la educación a su antojo y enriquecerse vilmente del presupuesto de educación en el país”, denunció.

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“Fracasó ‘el presidente del empleo’”, afirman PRD, PRI y PT en el Senado

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 12
El PRD, PRI, PT y Movimiento Ciudadano en el Senado aseveraron que “la pobreza sigue siendo la gran deuda social del sistema político”, ya que el gobierno de Felipe Calderón se empeña en destinar recursos millonarios para combatir al crimen organizado y mantiene en el abandono la política para atender a los jóvenes.

Durante la glosa del quinto Informe de gobierno en materia de política social, los senadores de oposición coincidieron en que “fracasó ‘el presidente del empleo’, hay aumento alarmante en los datos de pobreza, y en salud los servicios son deficientes, falta infraestructura y recursos humanos”.

En defensa de la política calderonista, la ex secretaria de Desarrollo Social y senadora Beatriz Zavala (PAN) destacó que “la población en pobreza extrema no aumentó en 2008 y 2010, momento de la mayor crisis financiera global; sin embargo, hay incrementos en algunos estados, por eso me extraña escuchar cifras distintas de los partidos de oposición sobre esta materia”.

Sostuvo que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 “muestran que se han experimentado avances significativos en la calidad de vida y aspectos indispensables para el desarrollo”.

Por el PRI, la senadora Socorro García Quiroz subrayó: “El Ejecutivo ha centrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de la fuerza pública; en los cinco años recientes ha solicitado un incremento de 75 por ciento, pero no hay resultados sustanciales sobre reducción de delitos”, mientras “57 millones de mexicanos están en la pobreza.
“De 2006 a 2010 se sumaron 12.2 millones de personas a la pobreza: seis mexicanos cada minuto, y 3.8 millones están en situación de vulnerabilidad; ocho de cada 10 son pobres. Y el ‘presidente del empleo’, que prometió trabajos con salarios dignos y oportunidades, no lo hizo así. Una de cada tres familias depende de la economía informal.”

Graco Ramírez (PRD) destacó que en “cinco años el presupuesto para educación creció sólo 60 por ciento, mientras los recursos para seguridad pública y combate al crimen organizado se incrementaron 180 por ciento.

“Han muerto mil 300 jóvenes por homicidios vinculados al narcotráfico; 30 mil menores cooperan con grupos criminales; otros 35 mil con pandillas; de los 227 mil presos, la mitad son jóvenes. La política social se ha convertido en una aspirina.”

Ricardo Monreal, coordinador del PT, subrayó que “en política social el gobierno ha errado al incrementar el presupuesto para la guerra contra el narcotráfico y no apostar por el empleo, la educación, la salud y el bienestar de niños y jóvenes”.

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ONG: el Presidente dice proteger el derecho a la vida, pero encabeza guerra con miles de muertos

Alma E. Muñoz y Carolina Gómez
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 4

La solicitud presidencial al Senado para que se retire la declaración mexicana en el Pacto de San José fue considerada por diversos sectores políticos y sociales como una “grosera”, “desproporcionada” y “condenable” irrupción de Felipe Calderón en el debate que se desarrolla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de las leyes antiaborto en Baja California y San Luis Potosí.

En rueda de prensa, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, consideró una “grosera intromisión” presidencial en el debate de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y consideró su actitud como un retroceso. En tanto, la secretaria general de ese partido, Dolores Padierna, señaló que México no puede regirse por dogmas religiosos. “No podemos admitir que Calderón esté queriendo eliminar un tratado internacional basado en el Estado laico”, señaló.

Zambrano llamó a los senadores a no retirar –como pide Calderón– la declaración interpretativa del gobierno de México sobre el párrafo primero del artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, donde se prevé que la ley protegerá en general el derecho a la vida a partir de la concepción.

Actuar “congruente”

Confió en que la SCJN actúe en congruencia con el rechazo que dio al recurso de inconstitucionalidad que en su momento se promovió contra la ley que despenaliza la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal.

En tanto, para representantes de colectivos feministas el presidente Felipe Calderón está actuando más como líder de un partido, en este caso Acción Nacional, que como jefe de Estado.
“Nos parece desproporcionado que se coloque en esa posición para tratar de incidir en la Suprema Corte de Justicia en el debate sobre el aborto; evidentemente no actúa como un representante de los mexicanos”, señaló Martha Juárez, de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir.

Elsa Conde, del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, lamentó que el titular del Ejecutivo federal tome partido en contra de los derechos de las mujeres y quiera usar al Senado para intimidar a la SCJN.

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México también condenó la solicitud, y su coordinadora, Alba Jiménez, señaló que es una incongruencia que el Presidente diga que busca proteger el derecho a la vida desde la concepción y, al mismo tiempo, encabece una guerra en contra del narcotráfico que ha dejado más de 50 mil muertos.

“Él no es un defensor de la vida, no la protege. Me parece desafortunada su intervención, porque ha habido más de 50 mil muertos, los que llaman daños colaterales, por una guerra que no le pedimos”.

Sostuvo que esta petición presidencial también es “retrógrada”, pues es inconcebible que después de 30 años de que México hizo la declaración interpretativa del primer párrafo del artículo cuarto del Pacto de San José, se pretenda “echar atrás derechos ya ganados por las mujeres”.

Pidió que el Senado no permita que se “retroceda en los derechos de las mujeres”, sobre todo cuando existe una “deuda” con este sector por parte de los legisladores de diversos estados en los que se limita e incluso penaliza la interrupción del embarazo.

Con información de Ariane Díaz

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El proyecto penal del Ejecutivo provocará más fracasos

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 10
Si el Congreso aprueba el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que propuso el presidente Felipe Calderón, provocará que los cuerpos policiacos adquieran facultades de Ministerio Público, lo que redundará en mayores fracasos de los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) al momento de presentar sus acusaciones ante los tribunales, porque aumentarán las quejas por violaciones a las garantías constitucionales de quienes sean sujetos a juicio bajo ese esquema, señalaron ayer funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Explicaron que, como está planteada la reforma, se “violarán derechos fundamentales a los inculpados de algún delito, como la garantía de audiencia y la de equilibrio procesal” consagrados en la Carta Magna.
En concordancia con algunas posturas de colegios y agrupaciones de abogados que han señalado que dicha reforma puede generar un estado de excepción, una decena de jueces de distrito y magistrados de circuito consultados por La Jornada indicaron que “hay ciertos aspectos” del proyecto de nuevo código que les preocupan.

Citaron que “puede generar confusiones respecto de cuál sería la participación del juez de control en la etapa de investigación y su relación con el Ministerio Público y la policía en el ejercicio de la facultad de investigación que tendrá, pues no queda perfectamente delimitada en el proyecto de nuevo código”.’

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La derecha española, en contra de la presencia de Pemex en Repsol

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 24

Madrid, 27 de septiembre. La máxima autoridad de la derecha española en asuntos económicos y empresariales, Cristóbal Montoro, fijó con nitidez la postura de su formación política, el Partido Popular (PP), en la operación orquestada por Pemex y la constructura Sacyr para controlar la dirección de la multinacional Repsol. “No nos gustan las empresas públicas extranjeras que entran en empresas españolas”, aseguró, tras advertir que un cambio de tal envergadura en el sector no se puede acometer en el final de la legislatura y que se debería esperar a la formación del nuevo gobierno tras las elecciones presidenciales del próximo 20 de noviembre, en las que el PP tiene amplía ventaja en las encuestas.

La semana crucial para Pemex para solventar con éxito la operación de sindicación de acciones con Sacyr para controlar, en conjunto, 29.8 por ciento de las acciones de Repsol, se inició el pasado lunes con dos nuevas peticiones al órgano regulador del sector, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y continuó, este martes, con una declaración adversa a los intereses de la paraestatal mexicana.

Desde el origen de la operación, cuando el pasado 29 de agosto se anunció la nueva alianza Pemex-Sacyr en el seno de Repsol, el único apoyo político de calado que había tenido era la del ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien ante la polémica y división que generó la operación decidió, unos días después, pedir a “ambas partes” que “dejen en paz” al gobierno.

De hecho, tanto el candidato conservador, Mariano Rajoy, como el aspirante socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, han mantenido cauta distancia de la operación, si bien ambos equipos de campaña han advertido del mal momento elegido para llevarla a cabo, ya que podría transformar la estructura de la empresa y arrastrar en ese cambio a otras compañías que participan en los grandes consorcios, como Gas Natural Endesa.

El más beligerante hasta ahora, en el terreno político, había sido el ex presidente del gobierno Felipe González, quien además de ser consejero de Gas Natural también tiene una enorme influencia en su partido político y en Pérez Rubalcaba,

Y ahora, a sólo unas horas de celebrarse el primer consejo de administración tras el anuncio de la operación, el PP expresó con nitidez su rechazo a la operación y lo hizo además en boca de quien, de ganar la derecha los comicios generales, será el máximo responsable de la cartera económica. Montoro, quien fue secretario de Estado y ministro de Hacienda durante el gobierno de José María Aznar, añadió a su rechazo a “las empresas públicas extranjeras que entran en empresas españolas”, a que “hay que templar este tipo de movimiento y esperar a la formación de otro gobierno”. A su juicio, “no todos los sectores son iguales y aquí hay algunos que afectan a la competitividad del resto. Así que no es momento de realizar operaciones que pueden afectar los costos de toda una economía”.
Entre tanto, el consejo de la CNE se reunió este martes, pero no analizó la cuestión de Pemex-Sacyr, por lo que podría resolver el asunto el próximo jueves. Hasta el momento el máximo órgano regulador tiene al menos tres peticiones concretas: de la propia dirección ejecutiva de Repsol, presidida por Antonio Brufau; del consorcio afectado indirectamente por la operación, Gas Natural Endesa (del que Repsol tiene más de 30 por ciento), y de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC). Todos ellos piden a la CNE que aplique la función 14 de sus estatutos para resolver si la intervención de Pemex en la operación vulnera la legislación, además de que la instan a analizar el documento interno de Pemex filtrado en las últimas semanas, y en el que se detallan los objetivos de la operación.

Ambiente de tensión

En sus alegatos a la CNE, el equipo de Brufau incluyó un dictamen del catedrático Luciano Parejo, quien sostiene que para determinar si Gas Natural es o no filial no hay que aplicar la legislación mercantil sino el concepto de grupo, o de mero control, del que sí disfruta la petrolera en Gas Natural por contar con la representación de más de la mitad del consejo de administración. De asumir esta conclusión, entonces no tendría otra opción que intervenir y redactar un dictamen. Prolongará aún más la conclusión de la controversia, con lo que cabe la posibilidad de que se resuelva después de las elecciones y con el nuevo gobierno en el poder.

Desde que Pemex y Sacyr anunciaron su alianza y dejaron claro que una de sus intenciones era tener más poder en el control ejecutivo de la petrolera, hasta el punto de sugerir que pugnarían por la creación de un nuevo cargo –el de consejero delegado, que asumiera las operaciones de Repsol–, todas las partes en conflicto han jugado sus cartas. Este miércoles se celebrará el primer consejo de administración, en el que se sentarán a la misma mesa las partes en conflicto y en el que caben varias posibilidades, incluida la de que prospere la petición de que Pemex sea expulsada del consejo por considerar que se encuentra en “conflicto de intereses permanente”.

El director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, se encuentra en Madrid y asumirá la responsabilidad de hablar ante el consejo de Repsol, en el que se encontrarán algunos de los representantes de las empresas que ven amenazados sus intereses, pero sobre todo la dirección de Repsol, con Brufau a la cabeza, que tiene importantes apoyos en el consejo y que han maniobrado para convencer a la CaixaBank (el segundo accionista de Repsol) de que se oponga al acuerdo de sindicación. Además, los pequeños y medianos accionistas, que tienen la intención de continuar con su batalla jurídica ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la CNE y, en un caso extremo, ante los tribunales ordinarios, por un presunto delito de fraude a la ley contra la dirección de Pemex.

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Otro impuesto a propiedades en Grecia

Reuters, Dpa y Afp

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 27
Atenas, 27 de septiembre. Los legisladores griegos aprobaron un impopular impuesto a las propiedades, clave para una nueva campaña de austeridad propuesta por el gobierno para cumplir los términos del rescate internacional y continuar recibiendo asistencia financiera.

El gravamen prevé que cada griego que posea una casa o departamento pague en promedio cuatro euros anuales por metro cuadrado. Este impuesto extraordinario estará vigente el tiempo que dure el programa de ahorro, y será cobrado a través de la factura de electricidad para que sea más fácil recaudarlo para el Estado.

El nuevo impuesto fue aprobado con 155 votos sobre 297, obtuvo el apoyo de la mayoría socialista; todos los partidos de oposición votaron en contra, al cabo de una votación urgente en busca de reducir el déficit público y respetar los objetivos presupuestarios del país, que atraviesa una grave crisis de deuda.

El tributo, que forma parte de las medidas de austeridad impuestas por la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE), provocó una ola de protestas en Grecia, donde más de 70 por ciento de los habitantes son propietarios. Alrededor de 3 mil personas se manifestaron frente al Parlamento contra la política de ahorro del gobierno y se desataron enfrentamientos con la policía.
Grecia necesita que se le entregue el sexto tramo de ayuda del primer rescate por 8 mil millones de euros para evitar una suspensión de pagos en su deuda, que supera 350 mil millones de euros –más de 150 por ciento del producto interno bruto–, problema “que asusta al mundo”, según la expresión del presidente estadunidense Barack Obama.

Sin embargo, el ministro de Finanzas alemán, Wolfang Schauble, reviró a Obama al decir que la crisis de la eurozona no es la única razón por la que Estados Unidos enfrenta dificultades económicas. Además, afirmó que incrementar el monto actual del fondo de rescate de Europa es una “idea ridícula”, que podría costarle a algunos países miembros del bloque sus altas calificaciones crediticias.

El planeta teme que una suspensión de pagos de Grecia desequilibre el sistema financiero europeo y lo hunda en una recesión, según el peor de los escenarios considerados.

En Berlín, la canciller alemana Angela Merkel, y el primer ministro griego, George Papandreou, se reunieron y quisieron enviar una señal de unión y confianza. “Yes, we can”, lanzó Papandreou parafraseando el “sí podemos”, enarbolado durante la campaña electoral del presidente Obama

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Los dueños de Wall Street, ladrones, gánsters y cleptómanos: Michael Moore

David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 25

Nueva York, 27 de septiembre. El cineasta Michael Moore visitó anoche a los participantes de Ocupa Wall Street, a quienes Noam Chomsky envió un mensaje de apoyo, sumándose a otras figuras que continúan dando un alto perfil a esta pequeña acción que se ha mantenido durante más de una semana en un parque a un par de cuadras de Wall Street.

Entre amenazas de que las autoridades expulsarán a los “ocupantes” del parque, rebautizado Plaza Libertad, el arresto de más de 80 de ellos cuando realizaban una de sus marchas cotidianas, el pasado sábado –con excesivo uso de fuerza, que ya generó denuncias formales contra la policía de Nueva York– y una generosa cobertura de algunos medios masivos, incluso el New York Times, noticieros de televisión y radio locales, además de redes sociales y herramientas como el Livestream, la breve presencia de Moore y la expresión de apoyo de Chomsky alegraron y nutrieron a los jóvenes aquí.

“En 100 años la gente recordará que ustedes llegaron a esta plaza e iniciaron este movimiento”, declaró el cineasta ante unos 150 manifestantes. Sin megáfonos o sistema de sonido, las palabras de Moore llegaban a todos con la práctica que se utiliza en las llamadas “asambleas generales”, donde cada fila de personas repite en coro las palabras a los que están atrás, y como ola se trasmite el mensaje.

“Han hecho algo muy histórico y muy importante, tenía que suceder en algún lugar”, dijo Moore, y recordó que hace unos 11 años él mismo fue detenido frente a Wall Street cuando, junto con Rage Against the Machine, decidió lanzarse contra las puertas de la bolsa de valores.

Moore ofreció sus ideas a la lista de demandas que los manifestantes han estado elaborando en las diarias asambleas generales: “Quiero ver a los responsables de la destrucción de millones de vidas esposados y llevados ante la justicia”. Otra demanda, agregó, sería “hacer que los ricos paguen”, fijándoles altos impuestos. Acusó a los dueños de Wall Street: “son ladrones, son gánsters, son cleptómanos; han intentado tomar nuestra democracia y volverla una hipocresía.

“No se desanimen por ser sólo unos cuantos cientos aquí ahora. Todos los grandes movimientos empiezan con unos cuantos cientos”, afirmó. “Lo que tenemos que hacer aquí es darnos cuenta de qué tanto más poder tenemos que ellos. Ellos creen que el poder deriva de sus cuentas bancarias, pero nuestro poder se deriva del pueblo; todo el pueblo, no 400 personas (ricas)”.

Los manifestantes también recibieron una declaración de apoyo de Chomsky. “Cualquiera que tenga los ojos abiertos sabe que el gansterismo de Wall Street –las instituciones financieras en general– ha causado un daño severo al pueblo de Estados Unidos (y del mundo). Y deben saber que ha sido así cada vez más a lo largo de más de 30 años, al incrementarse de manera radical su poder en la economía, y con ello su poder político. Eso desencadenó un ciclo vicioso que ha concentrado riqueza inmensa, y con ello poder político, en un sector muy reducido de la población, una fracción del uno por ciento, mientras el resto se vuelve cada vez más lo que a veces se llama ‘un precariado’: sobrevivir en una existencia precaria”, escribió.
Los más poderosos y ricos, añadió, “realizan estas actividades feas casi con plena impunidad; no sólo son demasiado grandes para fracasar, sino también ‘demasiado grandes para encarcelarlos”’.

Concluyó que “las actuales protestas valientes y honorables en Wall Street deberán servir para llevar esta calamidad a la atención pública, y conducir a esfuerzos dedicados a superarla y encarrilar a la sociedad sobre un camino más saludable”.

Podría haber más “ocupaciones”

A pesar de estar aquí desde el 17 de septiembre, no ha crecido el número de personas en este plantón, aunque los activistas informan que hay intentos de instalar otras “ocupaciones” parecidas en más de 52 ciudades, como un Ocupa Chicago, otro en San Francisco y más.

Las autoridades manifestaron su preocupación de que estalle algo de proporciones mucho más grandes que la actual demostración. Según el New York Times, la policía de Nueva York tiene como punto de referencia (algo que no parecen recordar los manifestantes, o por lo menos no hacen referencia a ello) las grandes manifestaciones altermundistas, como la de Seattle en 1999, o la de Londres en 2009 ante la reunión del Grupo de los 20. El Times reporta que en semanas recientes, comandantes de la policía habían examinado los motines de Londres en el verano, y evaluaron estrategias para enfrentar algo parecido aquí.

Por cierto, investigadores del Departamento de Policía y de la FBI monitorearon la convocatoria y organización de la llamada Ocupa Wall Street, realizada casi exclusivamente por Internet, desde agosto.

Pero por ahora, aquí todavía no se da algo parecido a los referentes de los manifestantes. La Puerta del Sol, el movimiento en Chile, la Plaza Tahrir de El Cairo.

Con las herramientas cibernéticas la protesta se difunde mundialmente, y a veces da la impresión de tener dimensiones mucho más grandes de lo que es por ahora.

Sin embargo, las autoridades temen, y progresistas por todo el país esperan, que esto sea tal vez el preludio de un movimiento popular masivo contra la avaricia empresarial, la cada vez más marcada desigualdad económica y las maniobras financieras que detonaron la peor crisis desde la gran depresión, fenómenos que anularon las perspectivas de toda una generación.

Para seguir la evolución de esta iniciativa en sitios de Internet, Facebook o Twitter y ver algunas escenas en vivo: occupywallst.org/; livestream.com/globalrevolution; adbusters.org/campaigns/occupywallstreet; readersupportednews.org/news-section2/318-66/7468-occupy-wall-street-take-the-bull-by-the-horns.


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Evo Morales enfrenta ola de protestas por represión a indígenas

Reuters, Afp, Pl y Dpa

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 20

La Paz, 27 de septiembre. El gobierno del presidente Evo Morales enfrentaba este martes nuevas movilizaciones, huelgas de hambre y la convocatoria a un paro nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) para este miércoles, en repudio a la represión policial contra una manifestación de indígenas amazónicos que llevó a la renuncia del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; del viceministro del Interior, Marcos Farfán, y de la directora de Migración, María René Quiroga.

El gobierno convocó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a integrar una comisión internacional que evalúe detalles y determine responsables por la represión de los indígenas, que también estará conformada por un representante oficial y la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

La policía dispersó el domingo a unos dos mil indígenas amazónicos que el 15 de agosto emprendieron desde el noreste del país una marcha hacia La Paz en rechazo a la construcción de una carretera que atravesaría una reserva ecológica donde habitan los indígenas, y que uniría a los departamento de Beni y Cochabamba.

La Cidob sumó nuevas demandas

La Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana (Cidob) inlcuyó además entre sus demandas la paralización de las obras viales en todo el país y de los proyectos de exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos.

El gobierno, que ha denunciado en varias ocasiones que detrás del rechazo a la construcción de esta carretera están la embajada de Estados Unidos, así como empresarios madereros, replicó que satisfacer las nuevas demandas implicaría el despido de trabajadores, lo que incrementaría el desempleo y el retraso en el desarrollo.

El Ejecutivo tampoco estuvo de acuerdo con la exigencia de los marchistas para que el llamado Fondo Verde y la Red (organización internacional que contribuye a la conservación y manejo de recursos naturales y del ambiente) ingresen al país con el pago de compensaciones de las naciones en desarrollo para “continuar con su irracional industrialización contaminadora del ambiente”.

La intervención violenta de la policía, el domingo, contra los indígenas que estaban detenidos desde el sábado anterior en la finca privada San Lorenzo a las afueras de la localidad de Yucomo, a unos 350 kilómetros de la Paz, desató la ira de sindicatos, estudiantes y organizaciones cívicas regionales.

Además, los indígenas, que se encuentran varados en los municipios Rurrenabaque y San Borja, al norte de Yucomo, comenzaron a organizarse para reiniciar su marcha hacia La Paz, a pesar del anuncio del mandatario de suspender temporalmente el proyecto a través del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), para dar paso a un referendo en Beni y Cochabamba.

“Ya no podemos tolerar más abusos, lo que ha hecho el gobierno con los indígenas es antidemocrático, el presidente tiene que asumir su responsabilidad y echar a los ministros responsables”, dijo Bruno Apaza, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), agrupación sindical que llamó a un paro nacional para este miércoles, y exigió al gobernante que destituya a los ministros implicados en el operativo del domingo.
Estudiantes de la universidad estatal San Andrés, la mayor del país, conmocionaron el centro de La Paz con una manifestación de apoyo a los indígenas, mientras se realizaba un paro cívico indefinido en el departamento de Beni, de donde procede la mayoría de los indígenas que protestan contra la vía. A esto se sumaron una huelga de hambre de 20 personas en Santa Cruz y marchas en La Paz, Chuquisaca y Cochabamba, según reportes escritos de las agencias de prensa.

Al cierre de esta edición, Ap y Reuters no habían enviado fotos de las protestas.

“El hecho de que el presidente solucione el primer punto (la suspensión de la vía) no quiere decir que se ha salido del problema, nosotros vamos a continuar”, afirmó el diputado indígena Pedro Nuni, uno de lo líderes de la marcha.

Para Nuni la decisión del gobernante “no es una garantía” porque los indígenas no quieren la suspensión de la obra vial, sino su cancelación definitiva. No obstante, dijo que aún no hay fecha para reiniciar la caminata, porque primero deben encontrar a los indígenas desaparecidos tras la represión que, según su colega Blanca Cartagena, “suman unos 20 entre adultos y niños”.

La situación sobre los desaparecidos es incierta, tanto en San Borja como en Rurrenabaque, pues los nativos aseguran que hay al menos dos niños y cuatro adultos muertos, pero el gobierno niega que haya habido víctimas mortales, reportó Afp.

La acción policial provocó ayer la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, quien criticó el despliegue de los uniformados. A ella le siguieron este martes el ministro de Gobierno Sacha Llorenti, por acusaciones que lo responsabilizan de los excesos policiales. “Mi renuncia responde al propósito de impedir que la derecha y la oposición dañen el proceso de transformaciones estructurales y al presidente Evo Morales”, señaló.

El viceministro del Interior Marcos Farfán también presentó su dimisión para someterse a una investigación, así como la directora de Migración, María René Quiroga, quien protestó por la violencia empleada.

Por la noche el presidente tomó juramento a los nuevos ministros de Gobierno y Defensa, Wilfredo Chávez y Rubén Saavedra, respectivamente, durante una ceremonia en el palacio de gobierno, informó la agencia Abi.

Horas antes, Llorenti había informado en rueda de prensa conjunta con el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, que Farfán admitió haber dado a la policía la orden de actuar contra los marchistas y renunció para someterse a una investigación.

Pero el funcionario afectado negó en su carta de renuncia que haya dado orden para el operativo militar en Yucomo. “Expreso mi desacuerdo pleno con la forma en que se procedió a la intervención de la marcha indígena, que ha respondido a una decisión operativa y no así proveniente del Ejecutivo ni de mi persona”, sostuvo.

Llorenti, ex líder de la Asamblea de Derechos Humanos, anunció que el gobierno ya invitó a la ONU para que se integre a partir del miércoles a una comisión que investigue la represión.

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