viernes, 25 de noviembre de 2011

PARTICIPA en el Apagón del 30 de Noviembre

Se manifiestan en Profeco contra CFE usuarios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

Acusan a la Procuraduría Federal del Consumidor de no resolver las quejas que han interpuesto por los cortes de energía eléctrica y la facturación que pretende hacer la paraestatal.

René Ramón, corresponsal
Publicado: 24/11/2011 17:19



Nezahualcóyotl. Méx. Usuarios afectados por cobros excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) protestaron esta tarde en la sede regional de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Provenientes de los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, acusaron a la Profeco de no resolver las quejas que han interpuesto por los cortes de energía eléctrica y la facturación que pretende hacer la paraestatal.

Adheridos a la Asamblea de Usuarios en Defensa de la Energía Eléctrica, más de cien personas se apostaron en las oficinas de la Profeco, ubicadas en la colonia Benito Juárez de esta localidad.

Guillermo Santos Gómez, representante del Comité de Usuarios de Nezahualcóyotl aseguró que son miles de afectados por los “abusos de la CFE”.

Debido a que la sede regional de la Profeco no atiende sus denuncias, informó que acudirán a las oficinas centrales de la dependencia, en la ciudad de México.

Efrén Martínez Díaz, vecino de Chimalhuacán narró que en noviembre de 2010, trabajadores de CFE le cortaron el servicio porque se negó a pagar una factura por 26 mil pesos.

Este habitante del barrio Carpinteros de Chimalhuacán, no aceptó la facturación porque, hasta 2009, la extinta Luz y Fuerza del Centro le cobraba 300 pesos bimestrales.

Aunque la CFE no ha restablecido el servicio, a su domicilio siguen llegando los recibos de luz por supuestos consumos de mil 200 y hasta mil 500 pesos bimestrales. “Cómo es posible, si me cortaron la luz hace un año, me sigan enviando recibos donde aparece que yo estoy consumiendo luz”. Aseguró que la CFE se llevó el medidor y los cables.


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El SME exige respuesta para más de 16 mil trabajadores

QUADRATIN MEXICO

23.11.2011 18:07



MÉXICO, noviembre 23.- Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) marchan sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino donde harán un pronunciamiento para buscar la reinserción laboral de 16,599 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, el contingente está encabezado por Martín Esparza, líder sindical de los electricistas.

El Sindicato Mexicano de Electricistas hizo un llamado al titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, para que reanude la mesa de negociación para resolver la inserción laboral de 16 mil 599 trabajadores no liquidados, a siete días de que venza la fecha límite establecida para resolver el conflicto.

“Hacemos un respetuoso llamado a Alejandro Poiré para que reanudemos las pláticas lo antes posible, a fin de encontrar el camino para la reinserción laboral de los electricistas”, pidió el SME a través de un comunicado,

El gremio aseguró que aún no tienen notificación sobre la reactivación del diálogo con el gobierno federal y que hasta la fecha no se ha cumplido ningún compromiso que se fijó el pasado 13 de septiembre cuando los electricistas levantaron el plantón en el Zócalo capitalino.

El SME acordó en esa ocasión levantar el plantón ya que el gobierno se comprometió a reinsertar a 16 mil 599 electricistas no liquidados antes del 30 de noviembre y la resolución de procesos judiciales de trabajadores presos, así como la revisión de temas pendientes como jubilaciones, cuotas y seguro sindical.

“Hasta la fecha, no se ha cumplido con ninguno de estos compromisos, aunque ya se ha otorgado la toma de nota a nuestra dirección sindical y devuelto las cuotas sindicales ilegalmente retenidas”.

Qmex/aas/grr


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El Universal - SME realiza megamarcha

Nuevos contratos de exploración atentan contra Pemex: consejero

Israel Rodríguez J.

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 26

El consejero profesional independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex) Rogelio Gasca Neri denunció que los contratos de servicios para la exploración, el desarrollo y la producción de hidrocarburos en las áreas de Altamira, Arenque, Atún, Pánuco, San Andrés y Tierra Blanca, en la región norte, aprobados recientemente por el consejo de administración de la paraestatal, no son benéficos para la petrolera mexicana.

En su voto razonado en sentido negativo, emitido en la sesión extraordinaria 835, celebrada el 15 de noviembre de 2011, afirma: "Estos nuevos contratos son aún menos equitativos" que los aprobados para la región sur (Santuario, Magallanes y Carrizo), asignados el pasado 17 de octubre de 2011, con la firma de los contratos, aseguró Gasca Neri.

"El balance en los nuevos contratos es claramente contra Pemex." Ejemplo de ello son las mayores facilidades y ventajas que se le otorgan en diversas cláusulas al contratista.

Advierte que la aprobación de estos contratos "equivale a estar tomando decisiones de política energética que no le corresponden a este consejo; es tomar decisiones que afectarán a Pemex en forma importante y atarán a las siguientes generaciones con un esquema de apertura del sector petrolero que inhibirá o condicionará las decisiones en este importante sector para la economía, para las finanzas públicas y para el país".

Tras la aprobación de estos seis nuevos contratos en la región norte, se prevé que en los próximos días se anunciará la segunda ronda de licitaciones para la exploración y producción de crudo a través de firmas privadas, que serían asignados en mayo de 2012.

Recordó Gasca Neri que desde seis meses antes de la sesión de consejo en la que se aprobaron los tres primeros contratos (Santuario, Magallanes y Carrizo), manifestó al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, así como a los otros consejeros profesionales (Héctor Moreira, Fortunato Álvarez y Fluvio Ruiz) su desacuerdo con diversos aspectos del modelo de contrato y propuso algunos cambios al contrato para la región sur.

Entre los cambios indispensables propuestos destaca: eliminar el concepto de recuperación de costos y establecer que la remuneración única del contratista será la tarifa unitaria por barril de petróleo extraído y entregado a Pemex, que haya resultado ganadora de un proceso competitivo de licitación.

En la práctica, señala Gasca Neri, la recuperación de costos ha sido un fracaso en diversos países, como en Kazajstán, aun cuando en teoría las disposiciones contractuales de recuperación de costos reflejen una alineación de intereses.

Explicó que la recuperación de costos no evita que se comparta la renta, no reduce la incertidumbre en los costos y no permite ningún control sobre el pago al contratista, por lo que en los países donde se utilizó se establecieron métodos de control, como por ejemplo limitar la rentabilidad del contratista a un porcentaje predeterminado.

Consideró que el concepto de recuperación de costos conlleva un alto grado de opacidad en la licitación y en los pagos; y por lo tanto su conveniencia debió de haberse discutido ampliamente en el consejo.

También propuso eliminar el derecho del contratista a solicitar modificaciones al contrato frente a la promulgación de impuestos aplicables exclusivamente a prestadores de servicios de petróleo y gas. Además, debe preverse que no se garantiza estabilidad fiscal al contratista.

Rogelio Gasca también exigió reducir el plazo del contrato, reconociendo que los ciclos políticos, económicos, financieros y corporativos son mucho más cortos que 25 años.

Se pagará más por barril

Insistió en eliminar cualquier disposición relativa a la formación de asociaciones que tiendan a ser escudo para los contratistas ante la vigilancia, control o reclamos de Pemex. Lo anterior, agregó, porque con esas asociaciones el contratista deja de ser simplemente un prestador de servicios y se convierte en socio del negocio.

Éstos y otros cambios que proponía Gasca Neri para los contratos de la región sur, siguen siendo válidos para los contratos de la región norte.

El consejero profesional independiente expresó que las modificaciones que se presentan en los contratos para la región norte respecto de los contratos firmados de la región sur le "parecen preocupantes".

Ejemplificó: "Los contratos de la región sur establecían un plazo de 25 años, que ya me parecía excesivamente largo, dado que contratos de tan larga duración tienden a sufrir cambios fundamentales durante su vigencia. Por lo tanto, en mi memorando al director general y en mi voto razonado sobre los tres contratos de la región sur planteaba que se redujera el plazo. En estos nuevos contratos, lejos de reducirse, el plazo se aumenta a 30 años, sin ninguna justificación".

Abarcan todas las operaciones

La denominación de estos segundos contratos también es diferente, con lo que ello implica. En esta ocasión se trata de contratos de "exploración, desarrollo y producción", mientras los de la región sur eran de "evaluación, desarrollo y producción". Con este cambio se cubre la totalidad del espectro de operaciones petroleras en un solo contrato de servicios. Aunado a ello, no se entiende por qué incluir servicios de exploración para campos maduros, que por definición no requieren de ella.

Estos nuevos contratos son aún menos equitativos que los aprobados por el consejo para la región sur y también menos equitativos que los que finalmente se firmaron. El balance en el nuevo contrato es claramente en contra de Pemex. Ejemplo de ello son las mayores facilidades y ventajas que se otorgan al contratista en diversas cláusulas, tales como: se elimina que "el contratista sea responsable de mantener los ductos e infraestructura existente en el área de trabajo".

Para el cálculo del factor de ajuste a la tarifa (FAT), se incrementa el porcentaje de la tarifa pasando de 60 a 70 por ciento, lo que implica un pago más alto al contratista.

El pago por la producción base se incrementa, al pasar de 21 a 23 por ciento de la tarifa por barril, sin que se presente una explicación detallada que justifique este aumento.

Se reduce el presupuesto anual para programas de capacitación y educación de uno a 0.5 por ciento, así como para programas de desarrollo sustentable de 2 a 1 por ciento.
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Citará la PGR a presidente de tribunal de justicia de Sinaloa por fraude en la CFE

Elizabeth Velasco y Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 15

La Procuraduría General de la República (PGR) citará a comparecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa como parte de las investigaciones que realiza por el fraude de mil 300 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), revelaron fuentes ministeriales involucradas en el caso.

A su vez, la Secretaría de la Función Pública (SFP) adelantó que en los próximos días iniciará un proceso de responsabilidad administrativa en contra de ocho abogados de la divisional noroeste de la CFE y contra diversos funcionarios de las áreas jurídicas y de operaciones a nivel central de la propia empresa

Hasta el momento han comparecido como parte de la indagatoria al menos 20 funcionarios de la paraestatal, así como jueces del fuero común en Sinaloa y otros servidores públicos de esa entidad.

El director general de la paraestatal, Antonio Vivanco Casamadrid, anunció diversas medidas, algunas ya en marcha y cuyo proceso culminará en seis semanas, a fin de evitar nuevos actos de corrupción en la empresa.

El primer paso, dijo, es una "mesa de control", establecida desde el pasado 24 de octubre, para analizar, evaluar y estandarizar los procesos de pago en diversos casos, a fin de que exista vinculación entre las áreas.

En proceso de revisión se encuentra también la estructura orgánica del área jurídica de la CFE, para tener clara la "dependencia jerárquica" de las unidades y los trabajadores, y se delimiten y deleguen facultades.

Se determinó también contratar a un tercero cuya labor será diseñar el proceso de atención, pago y registro de derechos de vía (servidumbre de paso), con el fin de mejorar prácticas en la materia que permitan atender de manera integral la regularización y obtención de los derechos que paga la CFE por usar terrenos donde pasan las líneas de conducción de energía eléctrica.

El pasado miércoles, el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, reveló en conferencia de prensa una red de corrupción que operaba en Sinaloa en perjuicio de la CFE, y que funcionaba mediante argucias legales y juicios amañados.

Añadió que la CFE sufrió el mayor quebranto (en cuantía) a su patrimonio e involucró en el ilícito a 22 funcionarios de la paraestatal, 18 jueces sinaloenses y 20 peritos independientes.

La Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales tiene acreditado, mediante pruebas testimoniales, periciales y documentales, que en seis años funcionarios de diversos niveles de gobierno se han confabulado para afectar el patrimonio de la paraestatal. Al menos cinco testigos han declarado a la PGR que varios jueces se han "corrompido" para beneficiar a los defraudadores de la CFE.

Por estos hechos ya fueron aprehendidos, entre otros, José Raymundo Soto Conde, juez mixto de primera instancia de Mocorito, Sinaloa, y Martín López López, perito en materia de topografía y valuación.

Las fianzas impuestas a estos funcionarios oscilan entre 2.5 millones y 4.5 millones de pesos, sin que hayan sido cubiertas.

Los funcionarios que serán denunciados penalmente y sancionados, según la SFP, son: Aarón Silva González, Alán Ramos Ruiz, Edgar Gutiérrez Ochoa, Gerson Amparán Cázares, Iván Ramón Acosta Torres, Luis Manuel Armenta Corona, Manuel García Martínez, Vladimir Márquez B., Manuel Alberto Villa, y de las áreas centrales: Néstor Félix Moreno Díaz, Abel Huitrón Rosete y Gerardo Zamora Orozco.

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Union Swiss asegura tener los 250 mdd para que Mexicana reinicie operaciones

Miriam Posada García

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 27

Después de tres notorios intentos fallidos por capitalizar Mexicana de Aviación, la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) Union Swiss México aseguró que tiene los 250 millones de dólares y un plan de negocios para que la aerolínea empiece a volar con 100 aeronaves.

El encargado de relaciones públicas de la Sofom poblana, Dan Ruiz, afirmó que este grupo tiene el dinero "congelado desde hace un mes en el extranjero", y está a la espera de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le dé una cita para saber con exactitud el estado que guarda el concurso mercantil y entonces hacer los movimientos necesarios para la comprobación de fondos.

En tanto, los dirigentes de los trabajadores de Mexicana señalaron que es necesaria la intervención del presidente Felipe Calderón para que se eliminen las trabas y se conserven los 8 mil empleos que están en riesgo ante la amenaza de quiebra.

El titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, señaló que en este momento no hay un solo inversionista serio con los 250 millones de dólares disponibles para capitalizar a Mexicana, por lo que, con los elementos a la vista, lo que sigue es la quiebra, aunque reconoció que no será declarada por el gobierno federal, sino por el Poder Judicial.

"Es absolutamente falso que hay inversionistas con el cheque en la mano esperando que los dejemos pasar; falso, no hay un solo grupo con el dinero disponible", afirmó Lozano.

Asimismo, señaló que "Union Swiss, que tiene un nombre importante, pero es una Sofom, dice que tiene la mejor disposición y el dinero; que lo muestre, pero la verdad es que no".

Lozano ya pidió al conciliador, Gerardo Badín, que haga un recuento de los activos de Mexicana para que no se sigan gastando, "porque va a llegar el momento en que no va alcanzar para pagar los salario de casi 15 meses, y mucho menos las liquidaciones", advirtió.

La postura de los trabajadores de Mexicana es inamovible. El dirigente de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), Fernando Perfecto, dijo que no aceptarán la quiebra de la aerolínea, que ya preparan los recursos legales necesarios, pero antes –puntualizó– el gobierno debe dejar el doble discurso con que se ha manejado y ofrecer soluciones para reactivar la aerolínea.

En tanto, el dirigente de los trabajadores de Tierra, Miguel Ángel Yúdico, consideró que es momento de que el presidente Felipe Calderón tenga conocimiento de la situación que priva en Mexicana, pero por información directa de los empleados de la aerolínea, para que dejen de existir obstáculos y fluyan soluciones. Puntualizó que por lo menos han hecho cinco solicitudes de audiencia con Calderón, sin éxito alguno.

Después de que Iván Barona no pudo acreditar la existencia de los 400 millones de dólares para la capitalización de Mexicana, porque su fondeador, Mikhael Shamis, se retiró de la operación, apareció en escena la Sofom Union Swiss México, que asegura tener un plan denominado Mexicana 2021, los 250 millones de dólares para iniciar operaciones, más planes de inversión de cientos de millones de dólares y proyectos de alianzas con el tour operador más grande del mundo, el principal operador logístico de carga de América Latina y el mayor operador de aeropuertos europeos. Es tanta la confianza de este grupo que también tiene planeado hacer alianzas con Virgin Galactic, la compañía aérea que tiene programado hacer vuelos suborbitales.

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Soberanes: la Corte hizo mal al negar amparo a La Jornada

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 7

José Luis Soberanes Fernández, abogado constitucionalista y ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de negar el amparo a La Jornada, "se valió de criterios políticamente correctos, no en fallos jurídicamente correctos".

En entrevista, Soberanes Fernández, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), insistió: “Últimamente hemos estado viendo que la Corte ha estado fallando más por criterios políticos que por criterios jurídicos, por tanto, no nos debe extrañar esta resolución.

“No coincido con el dictamen y no comparto la opinión del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Como jurista y ex ombudsman, mi opinión es que ante dos derechos fundamentales se privilegió un derecho sobre otro, y eso no puede ser, la Corte debe hacerlos compatibles, no aniquilar uno sobre otro.”

El ex director del IIJ de la UNAM, investigador y académico, expresó que "la Suprema Corte hizo mal al aprobar ese fallo. Efectivamente, en México tenemos libertad de expresión, pero también existe otro derecho fundamental: el derecho al honor, a la buena fama y al buen nombre. Lo que tiene que hacer es concordarlos, hacerlos compatibles unos con otros; pero en lugar de eso reconoció un derecho y desconoció otro. Hizo mal la Corte. Aplastó un derecho en beneficio de otro, porque no hay ningún derecho absoluto".

–¿Doctor, con este fallo se impuso la ley de la selva?

–Así es, pero nosotros tenemos que apostar en favor de la racionalidad; por eso debemos insistir en que se rectifique, porque si no, vamos a llegar a aquello de que "el hombre es lobo del hombre".

–¿Cómo se puede rectificar esa decisión?

–Aquí ya no hay de otra: "palo dado ni Dios lo quita". Ya no hay remedio alguno.

–Entonces, ¿cómo enmendar ese fallo?

–Pues que en el siguiente asunto se cambie el criterio; pero, ¿quién se va a animar a llevar otro asunto a la Corte?

–¿Ve usted en ese fallo un castigo de la derecha a un periódico independiente?

–Es el triunfo de los criterios políticamente correctos sobre los criterios jurídicamente correctos.

–¿Se legitimó la calumnia?

–Como que está marcando el camino para eso. Es la anarquía. Creo que debemos recuperar el verdadero sentido de los derechos fundamentales, y el verdadero sentido de esos derechos es la dignidad de las personas; aquí estamos con unas vencidas, a ver quién tiene más influencias. Lo que importa finalmente es la dignidad de las personas y eso es por lo que todos tenemos que luchar.

–¿Considera que no hubo justicia en este caso?

–Claro, así es. Tiene razón La Jornada: no hubo justicia.

–Juristas y legisladores sostienen que se sienta un precedente nefasto con esta resolución.

–Desde luego, y además se contraría, porque hace relativamente poco tiempo hubo un caso de Sergio Aguayo contra Primitivo Rodríguez Oceguera; la Corte le dio la razón al primero y obligó a Primitivo a pagarle una fuerte cantidad de dinero. Entonces aquí se está contradiciendo la Corte.

“Con este criterio no debió haberle dado la razón a Aguayo y obligar a Primitivo Rodríguez a pagar una fuerte cantidad y, sin embargo, aquí se está contrariando la Corte, ¿por qué?, pues porque obra políticamente correcto al darle la razón a Letras Libres.”

–¿Es una resolución inatacable?, ¿qué recurso le queda ahora a La Jornada?

–Se dice, pero aquello en general no funciona; irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso no es real, son excepciones los casos que conoce ese organismo. Considero que lo que debe hacerse es formar conciencia, que la gente tome conciencia del peligro en que estamos los ciudadanos comunes y corrientes, los de a pie, no los intelectuales, los señorones. El ciudadano común y corriente está sujeto a que lo calumnie cualquier medio.

Soberanes Fernández aseguró: “En mi experiencia de 10 años como ombudsman y ocho como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, puedo decir que a mí La Jornada siempre me trató con mucho respeto. Yo sabía que muchas de mis opiniones o mis criterios no eran compartidos, pero en ningún momento me llenaron de adjetivos calificativos, a diferencia de otros medios. La Jornada siempre fue muy respetuosa conmigo, siempre respetó mi dignidad y mis opiniones.

“Aunque no estuvieron de acuerdo con lo que yo pensara o actuara, siempre fueron respetuosos, nunca me insultaron ni usaron adjetivos para descalificarme. Son personas de bien las que integran La Jornada, son periodistas con ética y lo reconozco públicamente. Aunque no pueda coincidir con los criterios de ustedes ni los de ustedes con los míos, estamos hablando entre gente de bien.

“Mi respeto para La Jornada. Siempre me trató con dignidad y decencia, nunca me denostaron. Con este fallo de la Corte vamos, ahora sí, a la ley de la selva.”

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La Corte omitió valorar la diferencia entre opiniones y acusaciones: experto

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 9

César Astudillo Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que en el análisis del conflicto judicial entre La Jornada y la revista Letras Libres la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) omitió valorar la diferencia entre expresión de opiniones y aseveración de hechos (en este caso, que la revista acusara a este diario de un delito), pues esta última debe comprobarse, sobre todo tratándose de un caso de libertad de expresión.

El investigador, especialista en derecho constitucional y temas de la Suprema Corte, señaló que no puede asegurar si al hacer dicho análisis el fallo hubiera sido distinto; sin embargo, agregó, “se trata de una desatención relevante, porque valorar opiniones es un ámbito plenamente subjetivo, pero en la aseveración de hechos éstos deben pasar un test de veracidad –usado en la técnica de los tribunales–, es decir, hay obligación (de quien acusa) de probar la verdad de lo que afirmó. No es lo mismo decir que una persona es un ebrio a decir que cometió un delito. En una se da una opinión y en la otra se afirma un hecho, y es justo la segunda la que debe pasar por el canon de veracidad”.

El miércoles, la primera sala de la SCJN negó (por cuatro votos en favor y uno en contra) el amparo solicitado por La Jornada contra la sentencia que absolvió del delito de daño moral a Letras Libres, tras un litigio que empezó en 2004, cuando la revista acusó a este rotativo de ser cómplice de ETA y de "estar al servicio de asesinos hipernacionalistas".

Al respecto, Astudillo dijo que la primera sala de la Corte debió diferenciar entre opinión y aseveración de hechos, porque “según el objeto de esta disputa, hay elementos para caer justamente en la segunda y no exclusivamente en la expresión de opiniones.

"Ahí la publicación que asevera hechos debe contar o exhibir mayores elementos para constatar la veracidad de lo que se está diciendo, punto que la Corte no tuvo presente. Ése sería el aspecto a criticar. Es importante que la SCJN hubiera hecho esa distinción para efectos de adoptar su fallo. No sé si eso hubiera cambiado el sentido de la decisión, pero sí es importante que como tribunal constitucional tenga todos los elementos que le permitan realizar un análisis lo más objetivo posible por los derechos que están involucrados."

Astudillo Reyes sostuvo que para proteger la libertad de expresión el máximo tribunal tuvo que haber sometido a la revista a una prueba de veracidad para afirmar que el amparo no procedía.

“Aquí hay una afirmación que se hizo sobre un hecho determinado, y eso requiere que haya una carga mayor sobre quien afirmó esos hechos y someter sus dichos a una serie de pruebas con el propósito de que pudiera decir y demostrar: ‘se dijo con base en estos documentos’. Eso fue lo que la Corte no valoró.”

Astudillo indicó que, con base en el derecho comparado, si no se aprueba el test de veracidad para comprobar lo que se manifiesta, con sustento en documentos, otros tribunales "han dado la razón a la parte que se siente afectada ante afirmaciones sin fundamento".


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Tras fallar la Corte, La Jornada puede ir a instancias internacionales: Miguel Concha

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 11

El rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a otorgar el amparo solicitado por La Jornada en contra de la sentencia que absolvió de la acusación de daño moral a la revista Letras Libres es un ataque al ejercicio responsable de la libertad de expresión y normaliza la calumnia en el trabajo periodístico, advirtieron activistas de derechos humanos.

Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y articulista de este diario, señaló que el fallo promovido por el ministro Arturo Zaldívar representa una "tragedia" para el ejercicio responsable de la libertad de expresión en México, porque a partir de ahora se puede acusar sin fundamentos ni pruebas, sin que ninguna persona o medio informativo pueda alegar que ha sufrido daño moral.

“El derecho a la libertad de expresión tiene como uno de sus límites no afectar a terceros ni poner en riesgo a los directivos y trabajadores de un medio. Me llama la atención que la SCJN ni siquiera consideró el derecho humano de réplica, ni obliga a Letras Libres a proporcionar la aclaración que le solicitó La Jornada. No es una resolución imparcial ni está hecha con los fundamentos del derecho.”

En concordancia con lo que señalaron otros articulistas de esta casa editorial, Concha alertó que "nos encontramos en una situación en la que se quiere hacer pasar la libertad de expresión como libertad para calumniar, y el ejercicio del derecho responsable a la libertad de expresión como un delito contra la seguridad del Estado, y eso es muy grave".

No obstante, llamó a que los medios de comunicación independientes sigan ejerciendo su trabajo de forma crítica y responsable, a pesar de resoluciones “lamentables, aberrantes y hasta contradictorias.

"Eso no nos debe amedrentar; incluso hay instancias internacionales a las que se podría recurrir. Es cosa de que el periódico vea sus oportunidades."

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, consideró que mediante ese fallo se busca justificar una agresión contra un diario "comprometido con las causas más profundas de la sociedad, lo que lleva a ciertos sectores conservadores a denigrarlo y tratar de colocarlo fuera de la legalidad".

Al resolver la disputa en el sentido en que lo hizo, subrayó, la SCJN descontextualiza el problema central, que es el peligro de que ahora cualquier persona o medio informativo pueda difamar a otro sin que tenga la necesidad de comprobar sus dichos.

"Es lamentable minimizar los ataques a un medio escudándose en la libertad de expresión. Hay ahí una interpretación mal hecha para seguir justificando posturas conservadoras que buscan colocar fuera de la legalidad a periódicos con un compromiso fuerte con la sociedad."

Se trata, agregó Barrera, de una "tendencia muy peligrosa en estos tiempos de intolerancia, sobre todo tratando de desacreditar visiones legítimas y bien cimentadas en la lucha por la justicia. Se trata de mantener el control de los medios y esconder una postura fascista que señala a algunas voces como peligros para la libertad o la democracia".

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Llueven amparos ante las nuevas reglas de la JLCA

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 16

En la presente semana fueron interpuestos cerca de 20 amparos ante el Poder Judicial federal, en contra de las nuevas regulaciones que impuso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCA), en los cuales se argumentó que la normatividad establecida por esta instancia, viola preceptos constitucionales y tratados internacionales, conculca derechos como los de huelga y libertad sindical, y trasgrede derechos humanos de los trabajadores de esta ciudad.

En una reunión que sostuvieron ayer abogados de distintas corrientes, se informó de la presentación de dichos amparos y se entregó copia del acta que se firmó para poner en marcha las nuevas regulaciones de la JLCA. En este documento se evidencia que, en tan sólo 12 minutos, se agotó la sesión en la que se aprobaron 40 hojas de cambios en la normatividad y requisitos para todos los procesos laborales que se tramitan en esta instancia.

Los abogados señalaron que los amparos se interpusieron a nombre de sindicatos de distintas ramas, como los de la industria de la confección, del hierro, telefonistas, sector hospitalario, así como por sindicatos de empresa. También plantearon que se preparan sendas quejas: una, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otra ante la Organización Internacional del Trabajo, las cuales se presentarán en los próximos días, además de que se solicitó una reunión con el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.

Para hablar de las nuevas regulaciones de la junta y la polémica que han desatado, se había fijado para ayer mismo una entrevista con el presidente de esta instancia, Ramón Montaño Cuadra; sin embargo, de última hora fue cancelada por el funcionario.

Esta instancia ha enfrentado fuertes críticas del sindicalismo independiente, debido a que modificó prácticamente toda la regulación establecida, al grado que han comparado los cambios con los que plantea la reforma laboral del PAN.

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El caso La Jornada-Letras Libres fue tema ayer en la sesión de la Asamblea

Raúl Llanos

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 39

La falta de diputados en la sesión del pleno de la Asamblea Legislativa pospuso la discusión de un punto de acuerdo presentado por la bancada del PT, el cual planteaba que este órgano de gobierno se pronunciara –defendiendo "una libertad de expresión plena y racional"– en apoyo a este diario en su exigencia de que la revista Letras Libres se retracte de las acusaciones de que es "cómplice del terror" y de estar "al servicio de asesinos hipernacionalistas".

La petista Ana Estela Aguirre y Juárez argumentó que el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación –que exculpó a dicha revista– "no supone que la parte demandante (esta casa editorial) se libere de la petición legítima de retractación", e incluso consideró que de no darse esa rectificación "se repetirán situaciones históricamente superadas, en las cuales las acusaciones, sin importar su sustento, diezmaron derechos humanos y privaron de libertades a millones de personas".

Carlo Fabián Pizano, del PAN, consideró que resultaba "grave" que la ALDF se pronunciara sin tener la suficiente información de ese asunto. "Me parece delicado, dado que estamos ante el dilema de apoyar la libertad de expresión ante el tema de la honra", añadió.

El perredista José Luis Muñoz Soria, detalló que con ese punto de acuerdo no se impugnaba la resolución de la Corte, “sino es en solidaridad con La Jornada, que plantea que la revista Letras Libres pruebe lo que dijo o se retracte públicamente”.

La propuesta de la petista Aguirre se sometió a votación económica y con pocos diputados presentes se consideró que se rechazaba la propuesta, por lo que el priísta Octavio West pidió repetir la votación y hacerlo por la vía nominal, por lo que se abrió el sistema electrónico para tal fin. Hubo perredistas que estando presentes no votaron, como Karen Quiroga, y otros, como Fernando Cuéllar y Julio César Moreno, se abstuvieron, al igual que el pevemista Raúl Nava y los priístas Octavio West y Alicia Téllez.

Seis panistas votaron en contra y tres petistas, junto con 16 perredistas, apoyaron el punto.

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Crecen 94.4% las quejas ante la JFCA

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 15

El número de demandas presentadas por trabajadores ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (LFCA) se elevó en este año a unos 453 mil 645 conflictos, cuando en el mismo periodo del sexenio anterior la cifra rondaba los 233 mil, lo que representa un incremento de 94.4 por ciento.

Al presentar su informe de labores 2010-2011, el presidente de la JFCA, Eduardo Andrade Salaverría, sostuvo que pese al aumento de demandas, de noviembre de 2010 a octubre pasado, esta instancia ha resuelto 100 mil 99 asuntos individuales; 10 mil 561 más que en el periodo anterior.

El funcionario destacó que en abril de este año se suscribió el Convenio general de colaboración con el Ejecutivo Federal, a fin de que dependencias como IMSS, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Servicio Postal Mexicano (Sepomex), ISSSTE e Infonavit, organismos públicos con más juicios individuales ante la junta, prevengan la generación de conflictos, concilien o lleguen a una pronta resolución.

Andrade hizo un balance de la parte crítica del Tribunal Federal Laboral, al mencionar que al cierre de octubre de 2011 hay en la JFCA 373 mil 421 expedientes, de los cuales mil 102 son conflictos colectivos y 372 mil 319, individuales. Sobre el abatimiento del rezago histórico (juicios de 2006 y anteriores), que inició el primero de enero de 2008 con una base de 77 mil 202 asuntos, a octubre del año en curso se han concluido un total de 58 mil 886 juicios.

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La PGR sólo distrae investigaciones del caso ABC, acusan padres de víctimas

En conferencia de prensa, padres de familia y abogados del caso del incendio de la guardería ABC lamentaron la falta de atención al asunto por parte de la procuradora general Marisela MoralesFoto Jesús Villaseca
Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 17

En vez de fortalecer y complementar sus investigaciones en torno al caso de los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) únicamente retomó una averiguación incompleta de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, lo que puede llevar a la exculpación de los altos funcionarios involucrados en la tragedia.

Tal fue la acusación que lanzaron ayer los padres de algunos de los menores fallecidos, quienes el pasado martes sostuvieron una "fallida" reunión con la procuradora Marisela Morales, quien les presentó como avances de la pesquisa las mismas conclusiones a las que ya habían llegado las autoridades sonorenses hace por lo menos un año.

José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, señaló en rueda de prensa que el 22 de noviembre se reunieron con la funcionaria para que les explicara cuál es el estado actual de las investigaciones, pero la única información que obtuvieron fue la misma que ya conocían de antemano.

"En todo este tiempo la PGR no hizo ninguna investigación propia, sino que únicamente asumió los resultados insuficientes de unos peritajes de la procuraduría de Sonora", incluido uno en el que se afirma de manera anticipada que el incendio fue provocado intencionalmente por algún desconocido, dijo.

Este elemento únicamente ha servido para distraer las averiguaciones de la posible responsabilidad que puedan tener los dueños de la guardería, entre ellos Marcia Matilde Gómez del Campo –prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón– y los funcionarios que permitieron su funcionamiento, advirtió.

En este momento hay 29 personas bajo proceso judicial por lo ocurrido, pero sólo cinco –funcionarios menores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su mayoría– están todavía en la cárcel, aunque el crimen imputado cambió de homicidio doloso (considerado grave) a homicidio culposo (no grave), por lo que podrían alcanzar derecho a fianza.

Aunque la PGR tenía la responsabilidad de ampliar sus investigaciones para definir a los responsables del siniestro, decidió no hacerlo con el argumento de que "no tiene capacidad institucional" para ello y "no puede atender ningún caso al ciento por ciento", lo que facilitó que los dueños de la guardería, Marcia Gómez del Campo y Gildardo Francisco Urquídez, hayan obtenido un auto de libertad y estén a un paso de ser prácticamente exculpados, lamentó.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, miembro del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que durante la reunión con los padres de los niños fallecidos Morales –quien llegó con casi dos horas de retraso– adoptó una actitud "prepotente y acusatoria", mientras repetía que la PGR no tiene capacidad para abordar un caso tan complejo, lo cual no resulta creíble tomando en cuenta el presupuesto y el equipo de la institución.

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Nuevos choques en Chile entre los estudiantes y policías; 58 detenidos

Marcha estudiantil en el puerto de Valparaíso, que fue reprimida con chorros de agua por las fuerzas especiales de la policía militarizadaFoto Reuters

Enrique Gutiérrez
Corresponsal y agencias
Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 32

Santiago, 24 de noviembre. Al menos 58 estudiantes chilenos fueron detenidos durante nuevos enfrentamientos de los adolescentes con la policía militarizada de carabineros en protestas en distintos puntos de esta capital, mientras que otros 30 alumnos fueron arrestados en una acción de desalojo de los uniformados en el liceo Darío Salas, en una de las comunas de Santiago.

Estos disturbios se desataron desde temprano, cuando los estudiantes, que reclaman una educación pública gratuita y de calidad desde hace ya casi siete meses, intentaron marchar por calles céntricas de Santiago, lo que las autoridades no habían autorizado.

Fueron varios los focos de conflicto, en que la policía intervino con carros lanzagua y gases lacrimógenos frente a palos y piedras lanzados por los muchachos.

Pero una nueva marcha programada para las 18 horas también fue reprimida por los uniformados, quienes arremetieron contra los manifestantes que en este caso hacían parte de una movilización latinoamericana por la educación, a la cual se habían incorporado estudiantes provenientes de otras ciudades de este país andino.

Se estima que unos 40 mil estudiantes participaban en esta segunda jornada, cuyas columnas avanzaban desde Plaza Italia y al llegar a la esquina de General Bustamante y Avenida Grecia los esperaban las fuerzas especiales de carabineros, que comenzaron a lanzarles bombas lacrimógenas y chorros de agua debido a que eran las 20 horas y el permiso de la intendencia se vencía en ese momentp.

"Estas protestas son absolutamente innecesarias. Sólo generan problemas a la gente, que pregunta hasta cuándo", declaró a los medios el vocero presidencial Andrés Chadwick, luego de cumplirse la 42 jornada de manifestaciones desde que estalló el conflicto en abril pasado en repudio al sistema educativo privatizado, que con las reformas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) hizo de la educación un lucro.

Este día, además, otro grupo de 30 estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana fueron desalojados después de que habían tomado dependencias del Servicio Nacional del Consumidor.

Mientras tanto, en el Senado continúan los debates en torno a la partida para educación del proyecto de ley de presupuesto 2012, luego de que la víspera la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa por considerarla "insuficiente". El oficialismo y la oposición no han podido ponerse de acuerdo para un aumento en el presupuesto de educación, sobre una base del 7.2 por ciento propuesto por el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Las partes se dieron de plazo hasta el próximo miércoles para sancionar un eventual acuerdo, y en caso contrario tendrá que prevalecer el proyecto original.

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Miles de pobladores exigen en Perú cancelar millonario proyecto minero estadunidense

Reuters

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 33

Cajamarca, 24 de noviembre. Miles de pobladores de la norteña Cajamarca protestaron este jueves en el campamento de un millonario proyecto minero en Perú para exigir su cancelación, en desafío a la posición del gobierno y obligando a la empresa estadunidense Newmont a suspender labores en la zona.

Minas Conga, un plan de 4 mil 800 millones de dólares ubicado en el norte del país, es considerado clave en la industria minera peruana, uno de los principales motores de la economía local, que es blanco de una ola de protestas ambientalistas, sociales y laborales.

Al menos 2 mil manifestantes, muchos a caballo, llegaron a las instalaciones de Minas Conga, a 100 kilómetros de esta ciudad, para manifestar su rechazo al proyecto, mientras que cientos de policías y agentes de seguridad privados cuidaban los vehículos y la maquinaria de la firma.

Yanacocha, operadora del proyecto, dijo en un comunicado que los manifestantes incendiaron "un almacén de tuberías" de plástico, sin causar víctimas.

Durante la protesta, los manifestantes bloquearon algunos tramos de carretera en Cajamarca con piedras y troncos. Los pobladores, que viven de la agricultura y la ganadería, reiniciaron así un paro indefinido en esa rica región minera para exigir la cancelación del proyecto ante el temor a que la mina reduzca sus fuentes de agua.

Gregorio Santos, presidente de región de Cajamarca y quien encabeza las manifestaciones, afirmó que el conflicto se ha convertido en una "disputa por el agua" entre la población y Newmont.

El presidente Ollanta Humala, quien asumió sus funciones en julio pasado, dijo la semana pasada que el país sudamericano requiere del proyecto para su desarrollo económico y social, pero con cambios en su ejecución que garanticen el respeto al medio ambiente y eviten conflictos sociales.

Humala, un militar retirado, ha moderado su discurso radical de izquierda y ha prometido reducir la pobreza sin virar la política económica, que ha hecho que el país rico en recursos naturales registre un robusto crecimiento económico.

Según el proyecto, el mineral se encuentra debajo de cuatro lagunas y la compañía planea trasvasar sus aguas en tres reservorios. Los manifestantes temen que el plan afectará las fuentes y filtraciones naturales de agua en la zona.


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Policía griega pone fin a la ocupación de la compañía pública de electricidad

Elementos de seguridad detienen a un manifestante durante el operativo ordenado por las autoridades para recuperar las instalaciones de la Corporación Pública de Electricidad, que habían sido tomadas por sindicalistasFoto Reuters
Reuters y Pl

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 35

Atenas, 24 de noviembre. La policía griega detuvo hoy al líder del Sindicato de Trabajadores Electricistas de Grecia, Nikos Fotopoulos, y a otros 14 sindicalistas, tras poner fin a la ocupación de la sede de la Corporación Pública de Electricidad, que se prolongó por cuatro días.

Los trabajadores de la compañía estatal tomaron el edificio para impedir la aplicación del impuesto a la propiedad que las autoridades tributarias buscan aplicar en los recibos de electricidad, a fin de evitar la evasión.

Docenas de obreros se enfrentaron a unos 80 policías antimotines que irrumpieron en las inmediaciones de la compañía, ubicada en las afueras de Atenas, antes de que Fotopoulos fuera detenido.

"No retrocederemos. Esta lucha por es por toda la sociedad griega. Es para impedir que la energía no falte en los hogares de los pobres, los desempleados y los pensionados", sostuvo Fotopoulos antes de ser arrestado.

"La pelea continuará hasta el final. Esta ley se hará inválida en la práctica, con la ayuda de toda la gente", agregó.

Miembros del sindicato interrumpieron el domingo anterior las actividades del centro de procesamiento de datos de la empresa estatal mediante el cierre de las instalaciones.

El gobierno de Grecia introdujo esta medida para forzar a los contribuyentes a cumplir con el pago de impuestos, uno de los principales retos que enfrenta para lograr la reduccion del exorbitante déficit presupuestal, que ha obligado a la administración pública a contratar grandes cantidades de deuda con instituciones extranjeras.

Los accesos a la empresa estatal fueron reforzados hoy por trabajadores, como parte de las acciones emprendidas por sindicatos de entidades públicas, que representan a alrededor de medio millón de empleados y que este jueves pararon actividades medio día en protesta por la política económica recesiva que debe aplicar el gobierno tecnocrático del primer ministro, Lucas Papademos.

El jefe de gobierno trabaja a contrarreloj para aplicar las medidas de austeridad administrativa, con el fin de que el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea liberen la entrega de 8 mil millones de dólares en diciembre y otros 240 mil millones de dólares en los próximos meses, que permitirán a Grecia responder a sus compromisos.

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Riesgo de salida de "un país" de la eurozona

Reuters

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 31

Londres. Existe el riesgo de que uno de los 17 estados miembros de la zona euro deje el bloque de la moneda común, dijo el consejero del Banco de Inglaterra David Miles en una entrevista con el canal de televisión ITV. "No creo que ninguno de nosotros pueda sentir confianza, de una manera u otra, de que todos los países que están actualmente en la zona euro todavía seguirán en ella", dijo. La zona euro aún está en problemas para diseñar un fondo de rescate capaz de proteger a Italia y España a casi un mes de que los líderes europeos acordaran el plan.

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La crisis se extiende por EE.UU. ¿Hacia un dominó de 'Estados Hundidos'?

"No llores por mí...Atenas": En Grecia se repite la crisis que vivió Argentina hace 10 años