domingo, 27 de noviembre de 2011

¿Demandará Calderón a 30 mil mexicanos que lo llevaron a la Corte Penal Internacional?

Federico Arreola
@FedericoArreola
2011-11-27

Me dice Zazil Carreras, una de las mexicanas que firmaron para llevar a Felipe Calderón a juicio en la Corte Penal Internacional, que fueron cerca de 30 mil personas las que rubricaron el documento que se elaboró con ese propósito.



Entre los personajes que lo hicieron están:



John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM), Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea") Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada) Virgilio Caballero (Periodista) Edgar Cortés (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia) Claudia Cruz Santiago (Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia) Rocío Culebro (Directora, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia) Carlos Fazio (periodista-la Jornada) Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD) Patricia Galeana (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM) José Francisco Gallardo Rodríguez (General Brigadier y Doctor en Administración Pública) Olga Harmony (Decana de la crítica teatral) Antonio Helguera (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada) Julio Hernández López (Astillero) José Hernández (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada) Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación) David Manrique (Caricaturista, Contralínea) Jesús Robles Maloof (Defensor de los Derechos Humanos) Sanjuana Martínez (Periodista) Profesor Davir Martínez-Amador M.A. (Universidad Jesuita de Guatemala, experto en narcotráfico) José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez") Pedro Miguel (Periodista, La Jornada) Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana) Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua) Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM) Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM) Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor) Lauro Sol (Abogado, ex-presidente de la Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD) Tiaré Scanda (Actriz, estríctamente a título personal) Lorenzo Vignal (Embajador) William Weaver (Universidad de Texas, El Paso).



Contra estos mexicanos y muchos más tendrá que proceder Felipe Calderón si cumple su amenaza de demandarlos por haberlo llevado a la Corte Penal Internacional.



Gravísimo lo que ha expresado el señor Calderón. Debe, por lo tanto, retractarse de inmediato.

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Petición de Juicio a Calderón

Sumamente grave la decisión de 'proceder legalmente' de Felipe Calderón: juristas

Redacción SDP dom 27 nov 2011

En respuesta al comunicado de Presidencia sobre el procedimiento que fue presentado en el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional, que señala a Felipe Calderón como responsable de crímenes de lesa humanidad, varios académicos expresaron su opinión.

Ante el "Comunicado sobre imputaciones que se han realizado" de la Presidencia de la República la tarde de hoy, y en cual se señala como "calumnia" el expediente entregado el pasado 25 de noviembre ante el Fiscal General, Luis Moreno Ocampo, para revisión de procedencia ante la Corte Penal Internacional en el Haya, Países Bajos, y la posibilidad de proceder "legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales", jurístas y defensores de derechos humanos han señalado la gravedad de tal declaración.

Destacamos algunos:

John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló como "sumamente grave la pretensión de Felipe Calderon de proceder legalmente' contra los 23,000 ciudadanos que buscan justicia en La Haya

Por su parte, Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que criminalizar una acción judicial carece de fundamento constitucional y se cuestiona sobre el futuro de la libertad de expresión del país.

Y señaló desde su cuenta en twitter (@dvalades) :

"En vez de proceder contra los asesinos de 40 mil mexicanos se quiere actuar contra los 23 mil que han protestado". Y puntualizó: "El gobierno debe rectificar el rumor: si se confirma la amenaza contra 23 mil mexicanos hoy, mañana tendrá que proceder contra millares más".

Y sentenció: "Si se confirmara la acción del gobierno contra 23 mil mexicanos que denuncian violaciones a derechos humanos, habría indignación nacional".

Nota al Pie:

La Corte Penal Internacional (llamada en ocasiones Tribunal Penal Internacional) es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.

John Mill Ackerman Rose. Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Es maestro y doctor en Sociología Política por laUniversidad de California. Experto en las temáticas de Políticas Públicas, Transparencia, Derecho Electoral, Combate a la Corrupción, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana, y Organismos Autónomos. Es colaborador de publicaciones nacionales e internacionales de gran prestigio como New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, San Francisco Chronicle, Houston Chronicle, San Diego Union-Tribune, el Periódico Reforma, El Universal, La Jornada y el semanario Proceso.

Diego Valadés, es un abogado, jurista y político mexicano. En el sector público ha ocupado, entre otros cargos, el de embajador de México en Guatemala, Subsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, Secretario General de Coordinación Metropolitana del Departamento del Distrito Federal, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Procurador General de la República y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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La querella contra Calderón en La Haya, reflejo del error estratégico ante el crimen

Andrea Becerril, Roberto Garduño y Fernando Camacho

Periódico La Jornada
Domingo 27 de noviembre de 2011, p. 8

La demanda interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón, miembros de su gabinete de seguridad y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, por cometer delitos de guerra y de lesa humanidad en la lucha con el narcotráfico, es pertinente y necesaria debido a la imposibilidad de juzgar dichos crímenes en el país, y para visibilizar aún más el estado de "emergencia nacional" en el que se vive todos los días, consideraron activistas de derechos humanos.

En tanto, senadores y diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) advirtieron que la denuncia refleja la inconformidad entre buena parte de los mexicanos por los costos de la "errada" estrategia oficial contra el crimen organizado.

Consideraron que si bien no se puede asegurar que el Ejecutivo federal sea culpable de la muerte de 50 mil mexicanos, en la llamada guerra contra las drogas "sí tiene una enorme responsabilidad en este ominoso fenómeno".

El senador perredista Arturo Núñez señaló que, independientemente de si la Corte de la Haya le da entrada a la denuncia, es un aviso para el gobierno federal, que insiste en mantener al Ejército en tareas policiacas, en considerar daños colaterales a los miles de muertos y desaparecidos, y en permitir la impunidad con que actúan los responsables de seguridad pública.

En entrevista por separado, Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, (Frayba) con sede en Chiapas, señaló que la fundamentación del expediente que presentó el abogado Netzaí Sandoval es "oportuna y consecuente debido a la tragedia nacional que vivimos hoy. No es posible que ocurran masacres casi a diario y el Presidente siga insistiendo en que no va a parar su estrategia de lucha contra la delincuencia organizada".

Agregó que es previsible que Calderón y sus aliados se resistirán a ser juzgados o admitir su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, como ha ocurrido con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso es necesario que los organismos de la sociedad civil presionen para hacer efectivo el acceso a la justicia.

Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, afirmó que la acción de Netzaí Sandoval es "muy oportuna", porque pone en perspectiva los delitos de lesa humanidad que ocurren en el país, en particular las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura.

En muchos de ellos, alertó, hay complicidad del Estado mexicano por acción, omisión o aquiescencia, y se ven afectados ciudadanos inermes sin relación alguna con el crimen organizado. "Hay una evidente ruptura del estado de derecho y del debido proceso", como lo comprueban las decenas de abusos que ha documentado esta organización civil en el estado de Baja California.

El senador Ricardo Monreal recalcó que seguramente habrá más denuncias en tribunales internacionales, a las que Calderón tendrá que hacer frente, tarde o temprano, por los 50 mil muertos y casi 10 mil desapariciones forzadas en lo que va de su sexenio.

"Si ciudadanos mexicanos acuden a tribunales en el extranjero es porque aquí se les niega la justicia, de hecho la justicia no existe en nuestro país. Estoy seguro que iuchos de los funcionarios que hoy se vanaglorian con su estrategia fallida contra el narcotráfico, sin importar la muerte de miles de inocentes ni las violaciones a derechos humanos, van a terminar siendo juzgados en La Haya y otras instancias internacionales."

El senador Arturo Núñez Jiménez expuso que estará atento al desarrollo de esa demanda ante la CPI, a la que, si el tribunal le da entrada, pondrá en la mira internacional la responsabilidad de Calderón y de los secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad Pública en la muerte de inocentes, o en la desaparición de civiles y en la violación de derechos humanos de civiles, durante operativos contra narcotraficantes y demás criminales.

En la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PAN consideró que Felipe Calderón no es responsable de esos miles de muertos, porque los gobiernos locales (municipales y estatales) son los que no han logrado brindar seguridad a sus gobernados.

Óscar Arce Paniagua (PAN) adelantó que la denuncia no prosperará porque "los delitos de lesa humanidad son perseguidos cuando el mandatario o el funcionario da la orden de que se cometan. Los asesinatos han sido del crimen organizado y en los que tiene jurisdicción la Federación son muy pocos, porque aunque deben ser investigados por el fuero federal, los estados no aportan los elementos que sustenten su inclusión".

En contraste, el coordinador del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, indicó que Felipe Calderón y su actuación sí conllevan responsabilidad porque ha lanzado al Ejército a las calles, sin sustento legal y constitucional, con la intención de investigar y perseguir delitos que sólo corresponden a la autoridad civil.

Jaime Cárdenas, diputado del PT, respaldó la denuncia "que se ha difundido por la política de violación a derechos humanos en un combate a la delincuencia que tiene muchas consecuencias, y a pesar de que estará difícil que prospere es de suma importancia que se haya elevado ante un organismo internacional".


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Irá Calderón contra quien ha hecho "imputaciones falsas"

En comunicado, rechaza las "calumnias" que personas han llevado ante la Corte Penal Internacional de La Haya por su combate anticrimen, y defiende que las estrategias se dan de conformidad con la legalidad.

De la redacción
Publicado: 27/11/2011 17:38

México, DF. La Presidencia de la República "explora todas las alternativas para proceder legalmente" en contra de quienes, en distintos foros e instancias nacionales e internacionales, han lanzado calumnias contra la estrategia oficial de combate al crimen organizado.
Al rechazar “categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas” que algunas personas han realizado ante la Corte Penal Internacional y a la opinión pública por su proceder frente al narcotráfico, Presidencia emitió un comunicado en el subraya que sus acciones se realizan en el marco de sus obligaciones legales y constitucionales, pero en los casos en que “desafortunadamente” las fuerzas federales han incurrido en violación a derechos humanos, se ha procedido a sancionarlas.

Asimismo, descalificó todas las imputaciones en su contra: “es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas.”

En un segunda respuesta del gobierno federal a la promoción de un recurso ante la CPI en dos días –el viernes la secretaría de Gobernación hizo lo propio-, dijo que estas imputaciones no son admisibles en el caso mexicano que tiene “una democracia vibrante”, con poderes públicos independientes, con instituciones de derechos humanos autónomas, y un sistema de garantías individuales, destacó el comunicado, consolidadas.

El texto íntegro, a continuación:

"El gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional.

"México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.

"Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.

"En estas acciones, las fuerzas fedarales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.

"En los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el Gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes.

"Debe decirse, sin embargo, que ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al margen de la ley, estos casos han sido verdaderamente excepcionales. La regla observada por los agentes federales del orden público, ha sido la de poner a disposición de la autoridad competente a los detenidos en los términos establecidos por la Constitución mexicana. En su desempeño, la observancia de la ley ha sido claramente la regla y no la excepción. Es decir, tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el gobierno federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber.

"Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un cobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo.

"La estrategia del gobierno federal tiene tres componentes básicos: 1) Enfrentar y someter a los criminales; 2) reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley, a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios públicos, y 3) reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención.

"En particular, las recientes reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, penal, y de amparo, y que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías de derechos humanos que se haya realizado en México en décadas, son prueba fehaciente del compromiso del gobierno de la República con los derechos humanos.

"Estas reformas demuestran además, que el esfuerzo del Gobierno no se limita a enfrentar y combatir a la criminalidad, sino que ha emprendido una profunda reforma legal e institucional para mejorar substancialmente a los órganos encargados de la Seguridad y la Procuración y Administración de Justicia en todo el país. Esta reforma se lleva a cabo a través de nuevas leyes y la transformación de Instituciones como la Policía Federal o la Procuraduría General de la República, así como a través del impulso permanente a las entidades federativas para que reahicen la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales.

"Adicionalmente, esta administración federal sostiene una política activa de prevención del delito, a través del mayor esfuerzo de política social que se tenga registro y que ha permitido alcanzar la cobertura universal de salud, así como la realización de la mayor obra de infraestructura de salud y educativa, a través de la construcción de hospitales, clínicas, universidades y bachilleratos públicos y gratuitos en un número sin precedentes en la historia del país.

"Se complementa la política preventiva también con el mayor establecimiento de Centros Nueva Vida para prevención de adicciones, el rescate de espacios públicos, y la implementación del Programa Escuela Segura. Es decir, el gobierno federal trabaja para reconstruir el tejido social y generar condiciones sociales que hagan menos propicia la incorporación de jóvenes a la violencia o a las adicciones.

"Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales."

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Comunicado de Los Pinos con amenaza de Felipe Calderón a críticos de guerra contra el narco

Este es el comunicado emitido por el gobierno federal panista en el cual se amenaza a los mexicanos que critican a la guerra contra el narco de Felipe Calderón. La amenaza se encuentra en el último párrafo, el cual dice textual:

"Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales."


Este es el comunicado completo:

Comunicado sobre imputaciones que se han realizado
27 nov 2011 | Comunicado

CGCS-196

Residencia Oficial de Los Pinos, a 27 de noviembre de 2011.

El Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional.

México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.

Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.

En estas acciones, las fuerzas Federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.

En los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el Gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes.

Debe decirse, sin embargo, que ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al margen de la ley, estos casos han sido verdaderamente excepcionales. La regla observada por los agentes Federales del orden público, ha sido la de poner a disposición de la autoridad competente a los detenidos en los términos establecidos por la Constitución Mexicana. En su desempeño, la observancia de la ley ha sido claramente la regla y no la excepción. Es decir, tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el Gobierno Federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber.

Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un Gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo*

La estrategia del Gobierno Federal tiene tres componentes básicos: 1) Enfrentar y someter a los criminales; 2) reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley, a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios públicos, y 3) reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención.

En particular, las recientes Reformas a la Constitución en materia de Derechos Humanos, Penal, y de Amparo, y que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías de Derechos Humanos que se haya realizado en México en décadas, son prueba fehaciente del compromiso del Gobierno de la República con los Derechos Humanos.

Estas reformas demuestran además, que el esfuerzo del Gobierno no se limita a enfrentar y combatir a la criminalidad, sino que ha emprendido una profun`a reforma legal e institucional para mejorar substancialmente a los órganos encargados de la Seguridad y la Procuración y Administración de Justicia en todo el país. Esta reforma se lleva a cabo a través de nuevas leyes y la transformación de Instituciones como la Policía Federal o la Procuraduría General de la República, así como a través del impulso permanente a las entidades federativas para que realicen la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales.

Adicionalmente, esta Administración Federal sostiene una política activa de prevención del delito, a través del mayor esfuerzo de política social que se tenga registro y que ha permitido alcanzar la cobertura universal de salud, así como la realización de la mayor obra de infraestructura de salud y educativa, a través de la construcción de hospitales, clínicas, universidades y bachilleratos públicos y gratuitos en un número sin precedentes en la historia del país.

Se complementa la política preventiva también con el mayor establecimiento de Centros Nueva Vida para prevención de adicciones, el rescate de espacios públicos, y la implementación del Programa Escuela Segura. Es decir, el Gobierno Federal trabaja para reconstruir el tejido social y generar condiciones sociales que hagan menos propicia la incorporación de jóvenes a la violencia o a las adicciones.

Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.

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¿Por qué quieren golpear a La Jornada?

Guillermo Almeyra
La Jornada es –siempre lo fue– un diario atípico. En un mundo donde los grandas medios de información pertenecen a consorcios económicos y sirven los intereses de hos mismos, fue creada por suscripción popular y, desde sus comienzos, ha sido plural. En sus columnas, en efecto, se despliegan todas las posiciones posibles, todas las gamas de opiniones existentes dentro del amplio marco de la lucha contra el autoritarismo y por la democracia, contra el imperialismo y por la soberanía de los pueblos, por los derechos de los oprimidos en cualquier parte del mundo. En cierta medida, La Jornada es un corte vertical en la densidad cultural y política de la sociedad mexicana y saca a la luz todos sus estratos. Lo hace, además, con gran calidad e innovando, y en sus páginas nacionales o internacionales escribieron o escriben casi todas las mejores firmas del mal llamado progresismo latinoamericano, o sea, de una izquierda vasta que va desde el liberalismo de izquierda, pasando por el nacionalismo revolucionario, hasta el pensamiento renovador dentro de la tradición marxiana.

La Jornada es un diario independiente, de periodistas y escritores, orientado hacia los grandes problemas sociales de México y del mundo, y es, por su calidad, un punto de referencia obligado en escala mundial para seguir lo que pasa en nuestro país. En un país militarizado y en el que los derechos democráticos se reducen diariamente, como la piel de zapa, La Jornada aparece como un bastión orgulloso que defiende las libertades ciudadanas, como un periódico sin patrón que se niega a sumarse al coro –o a la jauría– de quienes sienten repugnancia ante la democracia, y asume la defensa intransigente de los restos de los derechos sociales y políticos que, en otros tiempos mejores, dieron lustre en nuestro continente al nombre de México. La Jornada asume la causa de los indígenas, de las mujeres, de los campesinos, del ecologismo, de la cultura amenazada por el ataque contra la enseñanza de la filosofía, por ejemplo, o del pensamiento crítico, golpeado por los asesinatos de profesores y alumnos universitarios, de luchadores sociales, de periodistas. Por su parte, los trabajadores de La Jornada –los jornaleros– no se ganan simplemente el pan haciendo el periódico sino que son militantes de las causas nacionales y populares, con su trabajo diario y con su sindicato.

Por supuesto, los límites y defectos de La Jornada son muchos, pero son pecados veniales porque La Jornada jamás cometió el pecado mortal de defender al capitalismo o a los poderosos contra los desposeídos. Sus carencias o errores periodísticos o políticos son solucionables y los problemas del diario son perfectibles, en la medida en que los propios lectores colaboran para ello con sus críticas, porque ellos son también más que simples consumidores de noticias de un diario que no tiene otro apoyo que el de su dignidad.

La Jornada es, por eso, mucho más que un diario: es un foro esencial para la reflexión política y cultural, un centro de información y de formación política de una vasta capa ciudadana, el remplazante muchas veces de un partido nacional, popular, reformador social que no existe, un instrumento que defiende a todo lo que –como el zapatismo, en su momento– puede ser germen de un futuro mejor para el país, América Latina y la lucha contra el gran capital financiero internacional expropiador de las soberanías, destructor de las conquistas de la civilización.

No es casual, por lo tanto, que desde tribunas marcadas a fuego por su pensamiento oscurantista y reaccionario y desprestigiadas por la falta de objetividad de sus artículos, como Letras Libres, hayan volcado contra La Jornada calumnias de todo tipo como, por ejemplo, un supuesto apoyo del diario al terrorismo de la organización vasca ETA por el simple hecho de que La Jornada estableció en su momento un acuerdo periodístico de intercambio con el diario vasco abertzale Gara. Dicho sea de paso, este odio de la derecha ibérica y de todo el colonialismo español contra la defensa de los derechos de los vascuences, odio que alimentaba a Letras Libres, tan ligada a Aznar y al Partido Popular español, acaba de recibir la respuesta del País Vasco donde, al igual que en Navarra, la coalición abertzale es el primer partido.

Un fallo de la Suprema Corte abre en nuestro país el camino a la calumnia sin argumentos que prueben lo que se afirma y al terrorismo verbal de los grupos de interés, mediante sucias mentiras y bajas insinuaciones, contra los adversarios de los que mueven los hilos de publicaciones como Letras Libres. Ese fallo, incoherente e insustentable, no resiste el menor análisis jurídico ni político y puede facilitar el linchamiento político y periodístico de todo aquel que, como La Jornada, no sirva al poder o lo critique.

Por consiguiente, es un nuevo ataque contra los derechos democráticos y las tradiciones en nuestro país, un ataque contra todas las fuerzas sociales, pues las mismas podrán en lo sucesivo ser acusadas de cualquier crimen por la prensa, en nombre de la libertad de expresión, sin pruebas de ningún tipo, aunque en todo el mundo esté claro que las diferencias de opinión y las críticas no deben tener traba alguna, pero las acusaciones concretas sobre la comisión de delitos deben ser probadas o, en el caso de que no lo fuesen, castigadas.

El responsable de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, recomendaba calumniar sin cesar porque de la calumnia siempre algo queda. El fallo de la SCJN deja vía libre a esa tradición goebbeliana y no por casualidad, ya que el mundo que quería Hitler es el mismo que prepara hoy, con sus políticas, el bloque que está detrás de Letras Libres, y La Jornada es un obstáculo duro para ese retorno al pasado.

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Mexico activists call for ICC probe

Más presupuesto en 2012 a la ineficiente CFE - Revista Siempre – Toque Crítico

Legisladores ignoraron el mal servicio de la empresa

26 Noviembre de 2011

Martín Esparza Flores

Parece que a la mayoría de los legisladores federales los dos millones de quejas presentadas en San Lázaro por los molestos usuarios de todo el país, les pasaron de noche y en lugar de meter en cintura a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la volvieron a dotar de jugosos recursos para el 2012.

De esta manera por demás inconcebible, se avala a una empresa que no sólo se ha convertido en una amenaza latente a la economía de millones de familias pobres a las que pretende cobrar estratosféricas cantidades en sus recibos, sino que está entregando la industria eléctrica nacional a compañías extranjeras a las que financia con el dinero de los mexicanos, a través de los llamados Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).

Y aunque dentro de sus lineamientos internos (podría decirse, sueños guajiros), la CFE dice que el año entrante realizará acciones de transparencia y combate a la corrupción, algo así como el consabido mejoral contra el cáncer, insiste en alentar proyectos de infraestructura de firmas privadas, prosiguiendo con su política de entregar nuestros recursos energéticos en charola de plata a los particulares.

Así, en 2012, CFE tendrá recursos del orden de los 253 mil 820 millones; es decir, un 6,4 por ciento más en relación al año anterior, de los cuales ya tiene comprometidos 55 mil 489 millones de pesos para la compra de energía a los llamados Productores Externos de Energía (PIE´s), casi el 67 por ciento de lo que plantea erogar en subsidios para los consumidores, supuestamente de bajos recursos, y que suma unos 82 mil millones de pesos.

Pero lejos de que los legisladores pusieran un dique al proceso de desnacionalización de nuestra industria eléctrica, autorizaron en el Presupuesto de Egreso del Gobierno Federal para el 2012, a través de la inversión financiada por el sector privado bajo el esquema de los Pidiregas, el ejercicio de otros 51 mil 247,4 millones de pesos que “permitirán financiar proyectos de infraestructura económica del sector eléctrico”.

Visto con detenimiento, el desempeño de la paraestatal es cada vez peor; hace mucho dejó de ser una empresa rentable y ahora se ha transformado en un peligroso elefante blanco a las finanzas del país, ocasionando además terribles daños colaterales no sólo a los consumidores de más bajos recursos sino a gran parte de los sectores de la economía por sus incontables fallas en el servicio que presta, sobre todo en la zona centro del país donde antes operaba Luz y Fuerza del Centro.

Su costo al erario en 2012 será casi equiparable, por ejemplo, con el de Pemex (301 mil 255 millones de pesos), y el del Seguro Social (394 mil 492 millones), a diferencia de que Petróleos Mexicanos es una empresa que contribuye, vía el pago de impuestos, a mantener a flote las quebradas finanzas públicas, y el Seguro Social, da atención médica a más de 40 millones de mexicanos; es decir, ambas rinden provechosos dividendos al país, pero no así la CFE.

Es curioso por ello que los legisladores hayan querido maquillar y no ir al fondo del ruinoso manejo que la Comisión Federal ha hecho con los recursos que le aportamos año con año todos los mexicanos, devolviéndonos a cambio un pésimo y costosísimo servicio. En el artículo sexto del Presupuesto de Egresos 2012, referente a las “entidades de control directo”, entre las que se incluye a la CFE, en su párrafo III, los diputados establecieron:

“Dentro de los dos primeros meses del año (2012), CFE deberá informar a la Cámara de Diputados, desglosando por entidad federativa y municipio, en forma impresa y en formato electrónico de texto modificable de base de datos, sobre los subsidios otorgados a los consumidores en el año 2012 y en los 4 años previos, diferenciando cada una de las tarifas eléctricas por tipo de usuario. Dicha información deberá estar disponible en la página de internet de dicha entidad y ser actualizada bimestralmente”.

Para hacer concreta la intención de transparentar el cochinero interno que subsiste en CFE, los legisladores debieron exigir además, la publicación puntual de los sueldos de sus funcionarios, sobre todo los de mayor nivel que como el hoy prófugo Néstor Moreno Díaz, se manejan siempre bajo el amparo de la discrecionalidad, lo que les permite llenarse los bolsillos con dinero mal habido.

Hasta la fecha, la “Empresa de Clase Mundial” no ofrece en su portal información alguna al respecto y menos de la forma en que ha venido entregando la materia de trabajo que antes correspondía a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a las empresas contratistas. Y ni pensar que los mexicanos se enteren de los multimillonarios negocios que están haciendo a sus espaldas en beneficio de empresas trasnacionales como Iberdrola, Unión Fenosa, y otras muchas más, vía los PIDIREGAS. Esa información está guardada en archivos privados y bajo siete llaves, pues forma parte de una auténtica traición a la patria.

Podría decirse que sin querer, los diputados han terminado por ponerle un discreto, pero estorboso cascabel al gato al obligar a la gente de Antonio Vivanco a subir a su portal el manejo del subsidio en las tarifas. Millones de usuarios seguramente se llevarán sendas sorpresas al enterarse que los mismos están beneficiando a otros que no los necesitan. Ahora estará por verse que tanto caso le hacen los funcionarios de CFE a los legisladores quienes, pese a tener información de primera mano información sobre sus excesos y corrupciones, insisten en aflojarles la cartera de los recursos públicos. Pronto veremos cuál de las partes quedará en entredicho.

Vía: Revista Siempre!

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Apoyo al SME del Instituto Sindical Bogotá Colombia

64° Peregrinación de Electricistas del SME a la Basilica de Guadalupe 26 de Noviembre de 2011

26 de Noviembre de 2011
Vía SME1914

Protesta de Usuarios de Cuautepec ante la CFE

25 de Noviembre del 2011
Vía SME1914

Entrevista al Prof. Nicolás Chávez miembro de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero

Entrevista al Prof. Nicolás Chávez miembro de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero y responsable de acciones acordadas en el 2º. Foro Abierto “Por la Unidad de la lucha social en Guerrero y el país”
Por Rogelio Muciño, Juan Carlos Trejo, Isabel De la Rosa.

¿Cómo nació y cuántos años lleva la APPG (Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero) en su haber?
NC: La Asamblea Popular nace en el marco de la lucha de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) previa orientación con ellos, allá en Oaxaca es que se hacen los primeros esfuerzos, del 2007 estamos hablando, de ahí para allá está constituida la Asamblea Popular.
Hay un planteamiento de que primero se dieron coaliciones del pueblo de Guerrero, fue un precedente de lucha que dejo Raúl Caballero Aburto, en tiempos de un mal gobernante aquí, pero se constituye más o menos a finales del 2007, en la comunidad de Carrizalillo, en la región norte, donde se disputó por más de tres meses la lucha con una empresa canadiense por el oro de la región. Entónces logran los campesinos, junto con la lucha social ganarle a la empresa canadiense y ahí, en esos terrenos se constituye la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero.

¿Cuántas comunidades se integran en la Asamblea Popular y qué función tienen los llamados “Comisarios” en éstas?
NC: Se van involucrando desde la sierra, el Sector Sierra inicia aquí en Amojileca, Municipio de Chilpancingo, Gro., luego está la comunidad de Coapango, Huacalapa, San Vicente, luego del otro lado está El Fresno y otras comunidades que no tenían vida de Lucha social. Tenían sus comisarios, que son representantes de la Autoridad en la comunidad, eran comisarios a los que no atendía el Presidente Municipal, por ejemplo, y nosotros teníamos relación con ellos pero no les habíamos hecho el planteamiento de la lucha social, entónces platicando con ellos les explicamos que no solamente a través de los gobernantes podían acceder a las demandas sociales, ya sea que se trate de obras, de infraestructura y lo demás, a tal grado de que logramos convencerlos, hicimos una asamblea en las distintas comunidades y se integraron a la Asamblea Popular.
Ahora hay una comisión de gestoría de comisarios pero sobre todo, también forman parte de la comisión política de la Asamblea Popular.

¿Cuántos años lleva el proyecto de Preparatorias Populares y cuántas preparatorias de ese tipo hay actualmente?
NC: Las preparatorias populares en Guerrero, curiosamente y porque no alzaban la voz, llevan más de 30 años algunas y otras de 32 a 33 años. Es un proyecto noble, que nace por la iniciativa de los padres de familia, donando los terrenos y aportaciones económicas a través de los comisarios y ellos mismos, los padres de familia, asumieron el pago a los trabajadores, quienes trabajan también sábados y domingos y no se sujetan al calendario escolar. Así es como empieza a funcionar.
Los desempleados profesionistas se integran en una plantilla y lo curioso es que en Guerrero reconocen la documentación y la hacen válida para que ellos puedan estudiar pero no reconocen el trabajo oficial para hacerse del pago a través de las nóminas a toda la plaza docente y administrativa que está ahí. Entónces ahorita en Guerrero, existen 54 prepas populares, de las cuáles, ya se integraron la mayoría a la APPG.

¿Ha fomentado el nivel de conciencia social esta forma educativa?
NC: Si, definitivamente lo que nos ha ayudado mucho, son los compañeros de los consejos populares y que en este caso se encuentra el Dr. Pablo Sandoval, el C. Arturo Miranda de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), ex guerrilleros que han estado aquí presentes, ha venido también el C. Efrén Cortés Chávez, han venido varios compañeros, para que la lucha social no se mueva por iniciativa propia sino más bien sujeta siempre a los principios básicos.
La Asamblea Popular maneja los idearios de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez los dos compañeros profesores y comandantes de la guerrilla y bajo esos principios se sustenta y hacemos el esfuerzo de mantenerlos contiguos.

¿Qué acciones han llevado los maestros en las comunidades y como han logrado involucrar a las comunidades en la Asamblea?
NC: Los maestros que están ahora en el gobierno actual que encabeza Ángel Aguirre Rivero, están sujetos a una estrategia que ha tirado, en donde dice que a través del programa de alfabetización cubano se rendirán frutos, pero nosotros hemos visitado las comunidades y nos dicen que no les ha convencido ese programa y nosotros, como parte del magisterio y que estamos dentro de la Asamblea Popular, hemos asistido a la Asamblea pero también les hemos ofrecido la alfabetización independientemente del gobierno.∞

LA APPG NO DEBE SER REHÉN DE NINGÚN PARTIDO POLÍTICO: 2º. FORO ABIERTO “POR LA UNIDAD DE LA LUCHA SOCIAL EN GUERRERO Y EL PAÍS”

SME Noticias
Por Isabel De la Rosa

En el marco del 2º. Foro Abierto “Por la Unidad de la lucha social en Guerrero y el país” que se llevó a cabo en Amojileca, Municipio de Chilpancingo Gro. El pasado 12 de noviembre del año en curso, se llevaron a cabo mesas de discusión en donde se debatieron diferentes temas que aquejan a las diversas regiones guerrerenses.
De entre las distintas organizaciones que fueron convocadas, integrantes del Sindicato Mexicano de electricistas (SME) hicieron presencia.
Haciendo el uso de la voz en el foro, se exhortó a la unidad entre organizaciones y regiones pactando el apoyo mutuo en sus diferentes manifestaciones. Asimismo se tomaron decisiones en donde se concluyó aprobando los siguientes acuerdos:
- La APPG no debe ser rehén de ningún partido político, ningún cacique y ningún tipo de gobierno. Se debe dejar en el olvido todo gobierno antiguo que haya perjudicado al Pueblo de México.
- Rechaza rotundamente el establecimiento de la Hidroeléctrica en la región La Parota.
- Se admite en la nueva administración la crítica y la autocrítica, sea para utilizarlas de manera constructiva.
- Se reinsertan los principios de Propiedad Pública.
- Rescatar los valores de honestidad y ética, reclamando que el corazón de cualquier partido político debe ser su ética, su moral y su conciencia.
- Generar Humildad política entre militantes y dar la importancia y preferencia que se debe a las organizaciones locales.
- Eliminar el malinchismo en las organizaciones.
- Prohibir el lucro con la tumba de los fallecidos
- Justicia a mineros de Taxco.
- Libertad a Presos Políticos.
- Reivindicar a todos los caídos y obligar a esclarecer sus asesinatos.
Ya con el compromiso de los ahí presentes, siendo las 17:08 horas de ese día se dio por terminado el Foro.∞