martes, 6 de diciembre de 2011

INVITACIÓN PRESENTACIÓN DE LIBRO

A TODOS LOS CAMARADAS
SALUD:

LES HACEMOS LA MÁS FRATERNA Y CORDIAL INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO

"LAS VOCES DEL DOLOR, LA VALENTÍA Y LA ESPERANZA"

ESTE MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2011 A LAS 10 HORAS EN

EL AUDITORIO DE INSURGENTES 98 DE NUESTRO SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS,

ESTE LIBRO NARRA LAS MULTIPLES DENUNCIAS SOBRE LAS GRAVISIMAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS ( ASESINATOS, DESAPARICIONES, CATEOS, DETENCIONES, ETC) REALIZADA POR FELIPE CALDERÓN HINOJOSA EN SU "GUERRA CONTRA EL NARCOTRAFICO".

ESTARÁN PRESENTES EL AUTOR CUATÉHMOC RIVERA GODINÉZ ASÍ COMO NUESTROS CAMARADAS RICARDO PÉREZ DE TALLER AUTOMOTRÍZ Y GERMÁN MEZA DE CABLES OPERACIÓN.

ASISTE ES IMPORTANTE PARA NUESTRA LUCHA.

FRATERNALMENTE

JOSÉ MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ

Angélica Rivera también tiene un “pasado negro” en Twitter

Martes, 06 de Diciembre de 2011 11:43

La Botana.com

Al igual que Paulina Peña, hija de su marido, el ex gobernador del Estado de México Enique Peña Nieto, Angélica Rivera y ha publicado comentarios “poco afortunados” en su cuenta de Twitter.

Paulina Peña Petelinni postó mensajes donde insultaba a todas las personas que habían criticado a su padre, por el error que cometió en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el pasado final de semana.

En el año de 2009, el sitio mujeresmas.com recopiló algunos de esos mensajes escritos por Angélica Rivera en su cuenta de Twitter, donde habla de política y su punto de vista acerca de algunas cuestiones ocurridas en México.

-Enrique es una excelente persona y les guste o no aumentar impuestos es por el bien de México, dejen su egoismo y recuerden: PRImero México.

-Osea sí el PRI fue corrupto y mentiroso pero ya supérenlo no sean resentidos. Carlos Salinas ha sido el mejor presidente de México me consta.

-No, los Zapatistas eran revoltosos que estaban poniendo en peligro la estabilidad de las empresas Salinas hizo bien en mandarles al Ejercito.

-Si estoy de acuerdo, Eva Perón fue una gran mujer a quien admiro mucho.

-Claro que Salinas no mató a Colosio, eso todo mundo lo sabe.

-Sean más serios no voy a decirles si Enrique usa pijama o mameluco, pregunten cosas bien y en serio.

-No me arrepiento de ser quine soy. Puedo decir con orgullo que mi casa es Televisa, que amo a Enrique y estoy con el PRI, es un orgullo.

-Debo decirles que en lo que si no estoy de acuerdo es en que el gobierno quiera quitar dinero a los actores y actrices para hacer películas.

-Además yo quiero hacer peliculas y eso sí afecta mi carrera.

-Por cierto si aún no han ido a la Plaza de las Estrellas a ver mi estrella qué esperan, vayan, estoy junto a un grande como Juan José Origel.

-Osea yo creo que si los indios quieren salir de donde están que se pongan a trabajar y dejen de estar de flojos o violentos como en Atenco.

-Enrique no se arrepiente nada por lo que pasó en Atenco, la verdad se lo merecían sólo perturban la paz de todos los que si queremos trabajar.

-Por eso dije que Salinas hizo bien cuando mando al ejercito a esos indios revoltosos, osea que se pongan a trabajar y amen a México también.

Fuente

Intolerancia y autoritarismo

C O N T R A L I N E A
Autor: Trabajo Conjunto
Sección: General

4 diciembre 2011
22Share
print
Digg Digg
Felipe Calderón inicia su último año en el poder Ejecutivo amenazando a, al menos, 23 mil mexicanos. El periodo electoral –que culminará con la elección de un nuevo presidente de la República en julio de 2012– se le empieza a dificultar al inquilino de Los Pinos. La respuesta de la Presidencia a la solicitud presentada ante la Corte Penal Internacional para que el panista sea juzgado por crímenes de guerra y de lesa humanidad exhibe a un gobierno autoritario e intolerante, consideran abogados, académicos, políticos y defensores de derechos humanos. Los especialistas en derecho señalan, además, que no hay elementos jurídicos para que proceda la “amenaza” de la administración federal de actuar legalmente en contra de los denunciantes

Mayela Sánchez/Ruth Roque/Mariela Paredes

La expresión de que el gobierno federal explora la posibilidad de proceder legalmente en contra de quienes solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la situación de violencia que existe en México es calificada como desmesurada, intimidatoria y autoritaria por académicos, juristas, políticos y defensores de derechos humanos.

La petición, hecha por un grupo de abogados y respaldada por alrededor de 23 mil personas, documenta los crímenes y violaciones a derechos humanos que, en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico, han cometido tanto los grupos del crimen organizado como miembros de las Fuerzas Armadas.

La intención es que la Corte abra una investigación y, en caso de que acredite que se han perpetrado violaciones al derecho internacional humanitario, juzgue a los responsables. De acuerdo con la propuesta, que fue entregada el pasado 25 de noviembre a la CPI, éstos serían Felipe Calderón Hinojosa, sus secretarios de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, y los líderes de los cárteles del narcotráfico, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

A tan sólo dos días de que la solicitud fuera presentada, la Presidencia de la República respondió calificándola de “imputaciones falsas y calumniosas” que “afectan terriblemente el buen nombre de México”.

Pero no sólo eso: la réplica presidencial manifiesta que el gobierno federal “explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan [las imputaciones] en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.

Los juristas Diego Valadés, Perla Gómez Gallardo y Raúl Carrancá y Rivas coinciden en que se trata de una amenaza que carece de sustento, pues no se puede acusar a alguien por ejercer un derecho ciudadano.

El propósito del mensaje es más bien intimidatorio, a decir de Gómez Gallardo, y busca amedrentar a quienes ejercen su derecho a presentar una demanda ante una instancia judicial.

Para el jurista Diego Valadés, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de un mensaje represor y que exhibe “una actitud intolerante y amenazante” de quien lo suscribe, es decir, del gobierno federal.

Apreciaciones similares son expresadas por defensores de derechos humanos, académicos y políticos, quienes concuerdan en que la respuesta del gobierno federal constituye una acción desmedida.

Asimismo, es común la opinión de que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a buscar justicia ante tribunales internacionales cuando el país no la garantiza.

Intimidación, un “mal signo”

Para la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la respuesta del gobierno calderonista fue intolerante y autoritaria.

Mediante un comunicado, el dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano, señala que “es absoluta, total y plenamente criticable la reacción desmedida de Felipe Calderón; le salió de lo más profundo la vena intolerante que caracteriza a los gobiernos de derecha”.

La secretaria general del partido del sol azteca, Dolores Padierna Luna, coincide con el dirigente al considerar que la respuesta fue “de nivel dictatorial”, así como “una clara muestra de autoritarismo”.

En el mismo tenor se expresa el diputado Armando Ríos Píter, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados.

Para Ríos Píter, el mensaje presidencial “deja clara la visión autoritaria de este gobierno y la cerrazón que ha tenido ante las críticas de una política de seguridad pública que ha sido considerada como ilegítima”.

La legisladora Enoé Margarita Uranga, quien funge como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, expresa que tanto la Cámara como la Comisión de la que forma parte, deberían tener un señalamiento ante esta respuesta, considerando que son parte de los denunciados.

Uranga califica el mensaje presidencial como “declaraciones de un dictadorcillo, que desde el inicio se ha esmerado en debilitar la democracia”.
El politólogo Alberto Aziz Nassif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, considera que la respuesta de la Presidencia es una “acción antidemocrática del gobierno” que pretende castigar un derecho de la ciudadanía.

El investigador arguye que el gobierno tenía que dar una respuesta a la acción emprendida ante la CPI, pero que ésta debía servirle para fijar su postura al respecto y no para penalizar dicha acción.

En lugar de ello, el mensaje que ha mandado al condenar a quienes hicieron la propuesta es que no está dispuesto a enfrentar o someterse al dictamen de un organismo jurídico, estima.

Para Raúl Trejo Delarbre, periodista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el mensaje presidencial es una expresión “de torpeza, quizá de berrinche y de intolerancia que no son propios de un gobierno que quiera ser respetable ante el resto de la sociedad”.

El académico percibe en la respuesta de Calderón un abuso de poder, de su capacidad propagandística y de su potencial para actuar legalmente y usar la fuerza del Estado en contra de quienes tienen apreciaciones distintas.

Aunque califica de “desmesurada, inoportuna e ineficaz” la petición llevada ante la CPI, Trejo Delarbre considera que la respuesta del Ejecutivo federal fue igualmente desmedida e inadecuada y que constituye un precedente “preocupante”.

Ernesto Villanueva, investigador del IIJ y especialista en derecho a la información, sostiene que la reacción del gobierno da un mensaje contrario a la libertad de expresión y expresa no sólo la intolerancia de Calderón, sino “una falta de liderazgo, de visión de Estado y muestra cada vez más a una persona con talentos reducidos”.

Para Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el tono intimidatorio con que respondió el gobierno federal es un “mal signo”, pues podría llevar a un recrudecimiento del clima adverso que enfrentan quienes defienden los derechos humanos.

“Todos los defensores de derechos humanos, sus organizaciones y los periodistas nos sentimos amenazados”, expresa.

El derecho de los ciudadanos y el de Calderón

Gerardo Sauri, relator para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, coincide en que el mensaje del gobierno tiene una naturaleza intimidatoria y agresiva.

Sauri subraya que el gobierno hizo una descalificación anticipada sobre la petición llevada a la CPI, lo que podría mermar la confianza de los ciudadanos en el uso de tales recursos de defensa de los derechos humanos.

Pero más que el debilitamiento de la confianza en esos instrumentos, lo que preocupa a los juristas Gómez Gallardo, Carrancá y Rivas y Valadés es que se inhiba el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho a demandar.

Al respecto, el senador Ricardo Monreal defiende el derecho de cualquier mexicano de acudir jurisdiccionalmente ante tribunales internacionales cuando consideren que la justicia es denegada en el país.

Una postura similar es expresada por Francisco Ramírez Acuña, coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

Ramírez Acuña expresa que no se puede negar el derecho de los ciudadanos a presentar una demanda, “aunque en un momento dado el juzgador acredite que no lo tiene”.

El panista se dice en desacuerdo con la respuesta de la Presidencia, a la que valora como “un error de comunicación”. Y sostiene que, para acreditarse, el gobierno mexicano tendría que hacer su defensa ante la CPI, “pero no podemos coartar el derecho a ningún ciudadano mexicano de manifestar sus deseos o buscar ejercer algún derecho”.

Aunque el líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Rojas, también se pronuncia a favor de que los ciudadanos ejerzan su derecho a demandar, dice que Calderón tiene el mismo derecho a defenderse.

“Y no es criticable ni al presidente de la República ni a los que denunciaron porque están ejerciendo sus derechos”, esgrime.

La legisladora panista Rosi Orozco, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, también muestra su apoyo a Calderón y expresa sus dudas de que la Corte atraiga el caso, pues “aquí no hay genocidios ni delitos de lesa humanidad ni un asunto en que las cortes de México no estén dispuestas a actuar”, asegura.

Pero a pesar del recelo de la diputada, el 29 de noviembre pasado, el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, informó que estudiará la denuncia recibida en su oficina contra Calderón, de acuerdo con la agencia de noticias Efe.

En una comunicación poco usual, Ocampo confirmó a Efe que había recibido la denuncia del caso de México y explicó que la recepción de las quejas comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes denunciados están dentro de la jurisdicción de la CPI.

“Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”, dijo el fiscal a la agencia noticiosa.

Amenaza sin sustento

Perla Gómez Gallardo, Raúl Carrancá y Rivas y Diego Valadés hacen una afirmación común: no hay ningún delito que se le pueda imputar a quienes llevaron la petición ante la CPI.

Carrancá y Rivas, experto constitucionalista, explica que a los denunciantes no se les puede acusar de calumniadores, dado que lo único que hicieron fue presentar un hecho ante una autoridad internacional.

“Decir que una demanda es calumniosa me parece la cosa más absurda y equivocada. Entonces sería calumniosa toda denuncia que yo presente ante la autoridad, simplemente porque al denunciado no le gusta”, ironiza.

La abogada Gómez Gallardo recuerda, además, que el delito de calumnia fue eliminado del Código Penal Federal. El 29 de noviembre pasado, el Senado de la República también anuló los delitos de calumnia y difamación de la Ley de Imprenta.

La también académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana subraya que demandar es un derecho básico de una sociedad democrática, independientemente de si la autoridad que juzgue le dé la razón o no a quien demanda.

“El problema está en la actitud que asume [el gobierno] de pretender amedrentar o inhibir a quienes se atrevieron a hacer esta denuncia”, expone.
Valadés agrega que “un gobierno nunca tiene fundamento legal ni constitucional para amenazar a ningún ciudadano en el ejercicio de su libertad”.

Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, reconoce que no habría elementos para emprender acciones penales en contra de quienes presentaron la petición a la CPI. No descarta, sin embargo, que éstas se pudieran hacer por la vía civil.

El funcionario es enfático en señalar que la respuesta del gobierno federal no afirma que se hayan emprendido acciones legales en contra de los denunciantes o se pretenda hacerlo. Recuerda que el texto de la Presidencia sólo dice que “el gobierno federal explora todas las alternativas”.

Tal expresión constituye una “torpeza política”, a decir de Raúl Trejo Delarbre.

De acuerdo con el académico e investigador en temas de ciencias sociales, de esta forma el gobierno sólo hizo una amenaza, en lugar de llevarla a cabo. Con ello, se puso al mismo nivel de los ciudadanos para abusar de su poder frente a ellos.

Gómez Gallardo también critica que el gobierno federal responda con una amenaza a los ciudadanos en lugar de contestar a las acusaciones en los canales que tiene para ello.

“Ahora lo importante será que el gobierno nos diga exactamente qué tipo de acción en contra de quien denuncia existe en México. Lo mínimo que esperamos en el corto plazo es que nos diga a qué son acreedores aquéllos que se atreven a disentir de una política pública”, expresa.

Valadés expone que el gobierno sólo podría castigar de facto a los denunciantes, pues legalmente no hay un sustento para su amago.

“No hay una sola facultad en la legislación o en la Constitución que permita que un gobierno amenace públicamente a 23 mil personas con proceder en su contra”, sentencia.

El jurista conjetura que el mensaje presidencial no se traducirá en hechos concretos, lo que, en su opinión, dejará al gobierno “en un doble ridículo”: por amenazar y por no haber podido cumplir con su amenaza.





Proceder legalmente contra quienes “calumnian”: Presidencia*

Residencia Oficial de Los Pinos, 27 de noviembre de 2011. El Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional.

México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.

Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.

En estas acciones, las fuerzas Federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.

En los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el Gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes.

Debe decirse, sin embargo, que ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al margen de la ley, estos casos han sido verdaderamente excepcionales. La regla observada por los agentes Federales del orden público, ha sido la de poner a disposición de la autoridad competente a los detenidos en los términos establecidos por la Constitución Mexicana. En su desempeño, la observancia de la ley ha sido claramente la regla y no la excepción. Es decir, tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el Gobierno Federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber.

Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un Gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo.

La estrategia del Gobierno Federal tiene tres componentes básicos: 1) Enfrentar y someter a los criminales; 2) reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley, a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios públicos, y 3) reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención.

En particular, las recientes Reformas a la Constitución en materia de Derechos Humanos, Penal, y de Amparo, y que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías de Derechos Humanos que se haya realizado en México en décadas, son prueba fehaciente del compromiso del Gobierno de la República con los Derechos Humanos.

Estas reformas demuestran además, que el esfuerzo del Gobierno no se limita a enfrentar y combatir a la criminalidad, sino que ha emprendido una profunda reforma legal e institucional para mejorar substancialmente a los órganos encargados de la Seguridad y la Procuración y Administración de Justicia en todo el país. Esta reforma se lleva a cabo a través de nuevas leyes y la transformación de Instituciones como la Policía Federal o la Procuraduría General de la República, así como a través del impulso permanente a las entidades federativas para que realicen la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales.

Adicionalmente, esta Administración Federal sostiene una política activa de prevención del delito, a través del mayor esfuerzo de política social que se tenga registro y que ha permitido alcanzar la cobertura universal de salud, así como la realización de la mayor obra de infraestructura de salud y educativa, a través de la construcción de hospitales, clínicas, universidades y bachilleratos públicos y gratuitos en un número sin precedentes en la historia del país.

Se complementa la política preventiva también con el mayor establecimiento de Centros Nueva Vida para prevención de adicciones, el rescate de espacios públicos, y la implementación del Programa Escuela Segura. Es decir, el Gobierno Federal trabaja para reconstruir el tejido social y generar condiciones sociales que hagan menos propicia la incorporación de jóvenes a la violencia o a las adicciones.

Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales. (sic)

*Comunicado oficial CGCS-196





No hay ataque sistemático contra la población: Secretaría de Gobernación*

1. El Gobierno Federal niega que en México exista un conflicto armado no internacional de carácter permanente. Es convicción del Gobierno de la República que no se actualizan los supuestos establecidos en el Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación sobre la situación en México, ya que la política de seguridad implementada de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario, todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y a proteger a todas y todos sus ciudadanos.

2. Las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad pública a petición y en coordinación con las Entidades Federativas y sus municipios, de manera temporal y sin sustituir a las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, realizando una valiosa labor en la detención de importantes líderes de organizaciones criminales, y desmantelando sus estructuras logísticas, financieras y administrativas.

3. En México como nunca antes, se ha implementado, de manera sistemática y creciente, una política pública tendiente a fortalecer el Estado de derecho y a promover y respetar los derechos humanos. Prueba de ello, son las reformas al sistema de justicia penal y su proceso implementación, las nuevas leyes de refugiados y de migración, así como las recientes reformas constitucionales en materia de juicio de amparo y de derechos humanos. Esta última, establece el deber de todas las autoridades del Estado de prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a derechos humanos.

4. El Estado Mexicano mantiene una política de apertura al escrutinio internacional y a la cooperación con organismos internacionales de derechos humanos universales y regionales.

En seguimiento a esta política, se mantiene una relación de estrecha cooperación y diálogo con la Corte Penal Internacional. En este sentido, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa ante el Senado de la República, para generar una Ley de Cooperación con dicho tribunal internacional. Misma que se encuentra en dictamen en la Cámara de Diputados.

5. El Estado mexicano a través de los diferentes órganos de procuración de justicia, realiza diligentemente todas las acciones necesarias para investigar, procesar, y en su caso sancionar a los responsables de cualquier conducta delictiva y/o violatoria de derechos humanos. Al respecto, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las nacionales y por ende, actúa única y exclusivamente cuando un Estado no cuenta con la capacidad o con la disposición para actuar respecto de hechos que podrían llegar a constituir crímenes internacionales. En México no existe una falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole.

6. Por otro lado, para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional, se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en el país. Por un lado, el Estado mexicano no está en guerra, y por otro, no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido. (sic)

*Boletín 433 emitido por la Secretaría de Gobernación el 25 de noviembre de 2011





Denunciantes presentan de manera equivocada la realidad nacional: SRE

En relación con la intención de un grupo de personas de presentar una solicitud para que el Fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre la situación en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores señala lo siguiente:

1. El Gobierno Federal rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional. Las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad son desplegadas con pleno apego al Estado de Derecho, con el fin de detener la actividad de las organizaciones criminales, llevar a sus miembros ante la justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan. De no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la Administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales.

2. Es convicción del Gobierno de México que sólo mediante el cumplimiento de la ley se podrá acceder a la justicia y se alcanzará el clima de seguridad que los ciudadanos reclaman. En coordinación con los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión, se ha desplegado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones de seguridad y de justicia federales, estatales y municipales, así como para cerrar espacios de impunidad a la criminalidad, para que los delincuentes sean sometidos a la justicia y sancionados por cada uno de sus crímenes.

3. El compromiso del Gobierno Federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable. A iniciativa de la presente administración, en los últimos 5 años se ha logrado la mayor ampliación de derechos fundamentales en México. La reforma constitucional de mayor trascendencia es la que da rango constitucional a todos los tratados internacionales ratificados por México en materia de Derechos Humanos. En ella también se establece la obligación de todos los órdenes de Gobierno de prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a estas garantías fundamentales; además de que fortalece la autonomía y facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A lo anterior, se suman las nuevas leyes de migración, de refugiados y las reformas en materia de justicia penal, y la constitucional en materia de Amparo. Todas ellas, promovidas por el Gobierno Federal, representan avances cualitativos en derechos humanos y mayor certeza jurídica frente a la autoridad.

4. México es parte de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. El Gobierno de México asume a cabalidad su responsabilidad de promover y procurar una comunidad internacional segura, democrática y donde se haga valer tanto el Estado de Derecho como los Derechos Humanos. Por ello, ha mantenido una política de cooperación y apertura total con los órganos de Derechos Humanos, ha extendido invitaciones a todos ellos, y se llevan a cabo numerosos programas de cooperación con las autoridades nacionales. Esta cooperación fortalece las estructuras nacionales para la vigencia y pleno cumplimiento de esos derechos.

5. Hacer un llamado a que el Fiscal de la Corte Penal Internacional analice la situación de México es presentar de manera equivocada la realidad nacional. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. Se justifica la acción de la Corte exclusivamente cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes detallados en el Estatuto de Roma. Ninguno de estos dos supuestos aplica al caso.

En nuestro país la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las fuerzas armadas. El Estado Mexicano actúa conforme a Derecho en el combate a las todas las organizaciones criminales que, dada la diversificación de los delitos que cometen y el alto poder de fuego de sus integrantes, ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de las familias.

6. En México se vive un Estado de derecho en el que se combate el crimen y la impunidad, sin distingos. El Estado Mexicano actúa contra las organizaciones criminales, así como contra aquellos servidores públicos que han dado la espalda a sus deberes constitucionales y legales en perjuicio de la sociedad. Es prioridad para el gobierno la atención de las víctimas u ofendidos de tales delitos, y muestra de esto es la reciente creación de Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos.

El Gobierno Federal mantiene su compromiso indeclinable con los gobiernos locales y con la sociedad mexicana de profundizar un frente común en contra de las organizaciones criminales, con el firme propósito de construir un México cada vez más seguro para las futuras generaciones. (sic)

*Comunicado 372 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido el 11 de octubre de 2011


Fuente

En cinco años, 300% más desapariciones que en Guerra Sucia

C O N T R A L I N E A
Autor: Flor Goche
Sección: Portada

6 diciembre 2011
25Share
print
Digg Digg
En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. Uno de los casos más recientes, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista

Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. Una de esas denuncias implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas y ocurrió entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.

Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).

No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.

Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.

En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.

Las cifras negras

El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federación el nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.

Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.

A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.

El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.

Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adsctrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.

En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.

En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapareciones forzadas entre 2005 y 2011.

Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.

Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.

De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el pasado 23 de marzo. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.

Militares implicados

En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó a Contralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.

Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.
Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.
El 4 de abril de 2011, Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca,continúa impune.

El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.

“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.

A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.

A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.

Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.

Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.

Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.

A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra de servidores públicos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de apelación. Respecto de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales continúan, ningún funcionario ha sido sentenciado, detenido o está en espera de juicio.

En su informe de observaciones preliminares, en el que dirige 34 recomendaciones al Estado mexicano, el Grupo asegura que la PGR “no aportó ninguna información específica respecto a las líneas de investigación, los avances significativos en las investigaciones, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”.

En agosto pasado, Javier Zuñiga –director de Investigación de Amnistía Internacional– señaló que México puede vivir una situación similar a la de las dictaduras de Suramérica, sobre todo por la presunta responsabilidad de militares en las desapariciones forzadas.



Restricción del fuero militar: “sólo un paso”

El pasado 14 de julio, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.

Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.

Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.

En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.

Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.

Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.

De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.

“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”

Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.

A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emitido cuatro recomendaciones por desaparición forzada. La 26/2001, en la que reconoce la desaparición, durante la Guerra Sucia, de 275 luchadores sociales; la 9/2005, sobre el caso de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez, quienes fueron desaparecidos el 30 de junio de 2001 por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Colima; la 15/2005, que refiere la desaparición de Luis Verea Falcón perpetrada en 1997 por agentes de la Policía Judicial de Morelos; y la 7/2009, respecto de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez durante un operativo a cargo de militares y policías de Oaxaca.

Ninguna de estas recomendaciones ha sido satisfecha por el Estado mexicano, refiere Tomás Pérez Serrano. “Ninguna de ellas se ha concluido porque no se han alcanzado a cumplir en su totalidad, sino de manera parcial, sus puntos”.

Cuestionado sobre el escaso número de recomendaciones que emite la CNDH en relación con las quejas que recibe (de 2000 a la fecha ha recibido al menos 679 por desaparición forzada) y los casos que demandan las organizaciones no gubernamentales, Pérez Serrano lamenta que sólo en estos cuatro casos se haya podido acreditar fehacientemente la desaparición forzada.

No obstante, asegura que todas las quejas que llegan al Programa continúan abiertas, en tanto se desconozca el paradero de las víctimas. Los casos son radicados en el Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, integrado por alrededor de 1 mil expedientes.

A decir de Pérez Serrano, al gobierno mexicano le ha faltado objetividad, un poco de voluntad política, pero sobre todo, plena comprensión de que para que los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos funcionen, se requiere además del consenso de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno.

El titular del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, promulgada el pasado 9 de junio, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la competencia de su Comité “van a ser más importantes y más de fondo”, por lo que ese y otro temas “se van a empezar a trabajar en su conjunto”.

Los cambios constitucionales favorecerían, asimismo, las investigaciones de desapariciones forzadas. Las restricciones para que la CNDH acceda a los expedientes de los Ministerios Públicos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.


Fuente: Revista Contralínea 262 / 04 diciembre de 2011

Enfila el Estado a ser "simple administrador de contratos"

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 6 de diciembre de 2011, p. 19

Los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados reconocieron ayer que la Ley de Asociaciones Público Privadas obligará a otorgar contratos multianuales por obras y servicios a empresas particulares, incluso trasnacionales, en todas las áreas del sector público, así como a compartir los riesgos de la inversión.

Aun cuando la minuta del Senado incluía la participación de la iniciativa privada en los hidrocarburos mediante la figura de "asociación" con el gobierno federal, en el proyecto de dictamen las comisiones unidas de Economía y de la Función Pública suprimieron esa modalidad. Pero, explicó la diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT), esto es porque el petróleo "ya está entregado a las trasnacionales con los contratos incentivados; lo que están cediendo es todo lo demás".

Además, refirió, desde la reforma energética de 2008, el Congreso estableció un régimen especial de contratación para Petróleos Mexicanos, distinto al resto de la administración pública, y en los sucesivos contratos se incluyó la palabra "explotación", y recientemente con los incentivados se cedió un porcentaje de cada barril de crudo.

En este caso, el PT promovió y obtuvo de dos jueces federales, en Tabasco y el Distrito Federal, un amparo por contratos entregados a dos trasnacionales que operan en aquella entidad del sureste.

La legisladora explicó que incluir en el documento que la figura de las asociaciones público privadas no tendrá participación en el sector petrolero, se utiliza como una concesión del PRI y, al mismo tiempo, no deja explícito que tampoco se podrá invertir en la generación de energía eléctrica.

Desde la semana pasada PRI y PAN cancelaron sucesivas convocatorias para dictaminar el proyecto, por lo que se pospuso para este viernes. Sin embargo, una hora después de la cita, sólo se habían presentado 26 de los 60 integrantes de ambas comisiones.

Ante los reclamos del vicecoordinador del PT, Enrique Ibarra Pedroza, el presidente de la comisión de Economía, Ildefonso Guajardo (PRI), debió declarar la falta de quórum, pero inició un debate "informal" del proyecto.

Durante ese diálogo, el vicecoordinador económico del PAN, Luis Enrique Mercado, reconoció que existe prisa por aprobar la ley para que entre en vigor en 2012 y en ese periodo las empresas puedan presentar sus proyectos de inversión, el gobierno los autorice y la Cámara de Diputados apruebe las partidas específicas para comenzar a pagarles a partir de 2013.

Si no se aprueba, dijo, y debido a que se regresará al Senado por los cambios a la minuta, entraría en vigor hasta 2013 y los contratos comenzarían a firmarse, entregarse y pagarse en 2014.

El presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero (PVEM), afirmó que "cualquier instrumento de obra que genere empleo es de prioridad para nuestro partido", y el priísta David Penchyna ponderó que la urgencia de aprobar la ley surge de que ha estado congelada casi un año en San Lázaro.

Castillo Juárez cuestionó que, de votarse, el gobierno federal, los entes autónomos y los estados se convertirían en "simples administradores de contratos", pero además generará una presión presupuestaria anticipada, debido a que la Cámara de Diputados se verá obligada a autorizar el pago de un convenio comercial ya suscrito.

Por definición de los considerandos y el articulado del dictamen, las asociaciones público privadas son todo tipo de empresas que podrán "establecer una relación contractual de largo plazo con el sector público para prestarle servicios o al usuario final, y en los que se utilice infraestructura total o parcialmente por el sector privado".

Esto es, que las dependencias, entes autónomos o gobiernos estatales que realicen un contrato de este tipo también deberán invertir o "aportar en numerario (moneda) o en especie" para las obras o servicios a realizar.

El proyecto de dictamen, que se espera sea debatido este martes, cuando se convocó a una nueva sesión de las comisiones, define que las obras o servicios podrán otorgarse por adjudicación directa o invitación restringida a tres proveedores, quienes podrán subcontratar a otras compañías o ceder los derechos del contrato.

Finalmente, cuando una empresa presente un proyecto de inversión, el sector público estará obligado a responder en un plazo máximo de 30 días; si no lo hace, se entenderá que está aprobado y, por tanto, prevalecerá la obligación de entregar el contrato.


Fuente

En la miseria, 1.5 millones de mexiquenses

Silvia Chávez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 6 de diciembre de 2011, p. 33

Naucalpan, Méx., 5 de diciembre. Al menos millón y medio de habitantes del estado de México subsisten con menos de un salario mínimo al día y se les dificulta alimentarse diario, informó la secretaria de Desarrollo Social de la entidad, Elizabeth Vilchis Pérez. Indicó que debido a la pobreza extrema, indígenas abandonan sus comunidades para vivir en municipios conurbados al Distrito Federal.

Vilchis dijo en entrevista que en 38 de los 125 municipios del estado de México se concentra la mayoría de las comunidades en pobreza extrema, es decir, aquellas que carecen de salud, educación, transporte y vestido, además de difícil acceso a la alimentación.

Las familias en esta situación subsisten con menos de 59 pesos al día (un salario mínimo), comentó la funcionaria. Agregó que los municipios de Ixtapaluca, Chimalhuacán y Naucalpan, entre otros, se han vuelto receptores de población indígena pobre, proveniente de San José del Rincón, Villa de Allende, San Antonio La Isla o Valle de Bravo, además de otras demarcaciones.

Explicó que ancianos, mujeres e indígenas son algunos de los segmentos de población más afectados por la pobreza extrema y reconoció que no todos reciben apoyo oficial.

Mazahuas en Satélite

Vecinos de Ciudad Satélite afirman que en calles y circuitos aledaños a zonas comerciales, como Plaza Satélite, en Naucalpan, proliferan personas pobres que venden dulces o artesanías de madera, tela o barro.

Mujeres mazahuas ofrecen telas bordadas, principalmente servilletas. Algunas obtienen 30 o 40 pesos al día, que apenas les alcanzan para comprar algunos alimentos.

"Me faltaba una semana para terminar la primaria y la abandoné para trabajar", relató Paola Hernández Espinoza, de 14 años de edad, originaria de San Idelfonso, poblado otomí de Querétaro.

Isidro, quien tiene más de 80 años de edad, llega a las 10 de la mañana a la calle Pafnuncio Padilla, donde vende carpetas deshiladas. Dice que no gana más de 100 pesos al día, pero prefiere eso a pasar hambre en Valle de Bravo.


Fuente

Paro en Radio y Televisión de Guerrero

Héctor Briseño y Sergio Ocampo Arista
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 6 de diciembre de 2011, p. 34

Chilpancingo, Gro., 5 de diciembre. Trabajadores de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) ocuparon parcialmente las instalaciones de la cadena en Acapulco y Ometepec, y suspendieron labores en la estación de radio en Chilpancingo para exigir pago de prestaciones y salarios retroactivos a 23 trabajadores agremiados, así como la destitución de su director, Misael Habana de los Santos, a quien acusan de actitudes "prepotentes y déspotas".

Después de cuatro horas de negociaciones, en las cuales participaron representantes sindicales y de la Secretaría General de Gobierno del estado, los 23 agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) consiguieron el pago retroactivo de 5 por ciento adicional a su salario, de septiembre a la fecha, más 2 por ciento de aumento a prestaciones, seguro de vida, estímulos y becas.

También se acordó basificar a trabajadores de acuerdo con su antigüedad y pagar a los sindicalizados un bono de mil 500 pesos por fin de año.

Después de 10 horas fue liberada la estación de Chilpancingo, mientras las de Acapulco, Taxco de Alarcón, Ometepec y Coyuca de Catalán trabajaron de forma normal.

Los trabajadores sindicalizados de RTG, organismo público descentralizado dependiente del gobierno estatal, presentaron en agosto a la Secretaría de Administración y Finanzas su pliego petitorio.

La secretaria general de la sección 21 del sindicato de burócratas del estado, María de Jesús Orbe Sosa, explicó que la principal exigencia era la devolución de impuestos retenidos y el pago de bonos especiales por el Día de las Madres, incentivo sexenal, y por el Día del Servidor Público.

Fuente

Han despedido dos empresas de Tultitlán al menos 800 empleados

Una de las unidades fabricadas por Volvo para el Mexibús del estado de México. La producción se detuvo debido a los retrasos en las obras de este sistema de transporte y por la falta de componentes importadosFoto Mario Antonio Núñez López
Silvia Chávez González
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 6 de diciembre de 2011, p. 33

Tultitlán, Méx., 5 de diciembre. Dos empresas establecidas en este municipio despidieron a por lo menos 800 trabajadores entre septiembre y noviembre para enfrentar el encarecimiento de sus insumos, el descenso de las importaciones y, en un caso, porque se detuvo la maquila de autobuses articulados debido al rezago en las obras de la línea 2 del Mexibús.

El secretario general del sindicato de Volvo, afiliado a la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), Germán Aldana Juárez, justificó el despido de 700 obreros de la armadora con el argumento de que disminuyó la llegada de insumos provenientes de Suecia, lo que paralizó la venta de autobuses articulados destinados a la línea 2 del Mexibús.

De acuerdo con Aldana Juárez, un problema fundamental fue que se contrajo el mercado de vehículos que produce la empresa para transporte de personal y de pasajeros en general.

Germán Aldana dijo que Volvo Tultitlán recibió el contrato para ensamblar unidades del Mexibús, pero como las obras de la ruta Las Américas (Ecatepec)-Tultitlán están detenidas, ello frenó la producción de autobuses articulados.

Aldana Juárez comentó en entrevista que hasta octubre Volvo Tultitlán tenía mil 700 trabajadores, pero entre ese mes y noviembre 700 fueron dados de baja y "liquidados conforme a derecho". Puntualizó que en enero se espera reactivar la producción y podría haber contrataciones.

En la empresa maquiladora de envases Elsa Tultitlán los directivos despidieron obreros debido a los altos costos de los insumos importados de Estados Unidos y de Europa, dijeron ex trabajadores.

Elsa Tultitlán se ubica en el parque industrial de Cartagena, y entre septiembre y octubre dio de baja a 100 trabajadores, entre administradores y obreros.

El recorte afectó a personal de confianza, incluidos un gerente y supervisores de área, detallaron algunos de los despedidos, quienes comentaron que su sindicato, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), no los defendió.

Raúl Chaparro, dirigente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, informó que en zonas industriales de Naucalpan, Tlalnepantla y Tultitlán varias empresas aplican paros técnicos; es decir, dan a sus trabajadores uno o más días de descanso extra a la semana sin goce de salario, para enfrentar la baja de ventas.

Dijo que la crisis económica en Estados Unidos y Europa ha reducido el consumo, lo que ha mermado las exportaciones. "Hay que saber reconocer el problema y enfrentar esa realidad de la industria nacional", agregó.

El también ex director de Desarrollo Económico de Tultitlán dijo que la recesión internacional afecta al sector productivo nacional. "Nuestros gobiernos no informan con la verdad. Parece que en el país no está pasando nada, pero la realidad es que nos espera un inicio de año muy difícil."

De acuerdo con Raúl Chaparro, es fundamental que los productores nacionales busquen nuevos mercados, posiblemente en América del Sur, y fortalecer el consumo interno para mejorar la situación de la industria mexicana.

Fuente

México es el segundo país de la OCDE con mayor desigualdad

Víctor Cardoso

Periódico La Jornada
Martes 6 de diciembre de 2011, p. 24

La brecha entre los ingresos que perciben las familias más ricas del país y la población más pobre mostró una diferencia de 26 veces, informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un informe difundido este lunes.

La parte referente a México del estudio: Siempre más desigualdad: por qué la brecha de los ingresos aumenta, señala que en los últimos 25 años el ingreso real de los hogares mexicanos más acomodados creció en una proporción de 1.7, mientras en los de menores ingresos sólo aumentó 0.8 por ciento. De esta forma, según el organismo internacional, México se sitúa como el segundo país con mayor desigualdad entre los integrantes de la OCDE, sólo superado por Chile.

"México tiene el segundo nivel más elevado de desigualdad de los ingresos en la población activa en la OCDE, justo por debajo de Chile y muy por encima de la media de la OCDE, a pesar de su disminución desde mediados de los años 90. El ingreso medio del 10 por ciento de los hogares mexicanos con mayores ingresos en 2008 era de 228 mil 900 pesos, 25 veces por encima del 10 por ciento con menores ingresos, que tenían una percepción media de 8 mil 700 pesos. La diferencia es de nueve a uno en los países de la OCDE", destacó el organismo.

Según el informe, distribuido vía electrónica, en el ámbito laboral, durante los últimos 25 años la brecha de las "ganancias" entre los empleados mejor y peor pagados se incrementó, lo que confirma una tendencia observada en la mayoría de los países miembros. No obstante, el promedio de los trabajadores mexicanos labora más horas que en ningún otro país de la OCDE: la cantidad de horas trabajadas anualmente por los que tienen menores "ganancias" disminuyó de 2 mil 600 a 2 mil 150 horas. Mientras, las horas anuales trabajadas por los empleados de ingresos superiores aumentaron de 2 mil 400 a 2 mil 500.

Añade que "las prestaciones sociales en especie constituyen alrededor de 7 por ciento de los ingresos posteriores a la deducción de impuestos. Aunque esta cifra se ha multiplicado por dos desde los años 90, sigue siendo inferior a la media de la OCDE (ubicada en 12 por ciento). Estas prestaciones contribuyen a reducir los niveles de desigualdad únicamente en 3 por ciento y este impacto no ha variado en los últimos años. Nuevos programas de transferencias condicionadas introducidos en la última década, como Oportunidades y el Seguro Popular, han contribuido a mejorar los resultados escolares y de salud, y a disminuir la pobreza, pero su impacto en el nivel de desigualdad es pequeño, dado el bajo nivel de gasto en relación con el PIB per cápita".

En esas condiciones el organismo internacional recomendó a México poner énfasis en la generación de empleos, por ser "el medio más promisorio de hacer frente a la desigualdad", aunque el reto es crear más y mejores plazas laborales, que ofrezcan buenas perspectivas profesionales y aseguren oportunidades reales de superar la pobreza.

El informe de la OCDE plantea que "la fracción cada vez mayor del ingreso que perciben los grupos de rentas más altas indica que estas personas tienen ahora mayor capacidad tributaria. En este contexto, los gobiernos podrían rexaminar la función redistributiva de los impuestos a fin de velar por que los individuos más acaudalados satisfagan su parte correspondiente de la carga fiscal".

Desigualdad y crisis

A escala general, la OCDE advirtió sobre el riesgo de fisura del contrato social en las economías avanzadas a causa de la creciente desigualdad.

Un cable de la agencia Afp menciona que el secretario general del organismo, José Angel Gurría, comentó en París: "El contrato social comienza a fisurarse en numerosos países. Este estudio desecha la hipótesis de que los beneficios del crecimiento económico repercuten automáticamente en las categorías desfavorecidas y que un aumento de la desigualdad estimula la movilidad social".


Fuente

Hija de Peña Nieto causa ira en Twitter al renviar mensaje que insulta a críticos

El tuit de la polémica y las disculpas ofrecidas por padre e hija
Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada
Martes 6 de diciembre de 2011, p. 13

Cuando la tormenta en los medios de comunicación y las redes sociales no amainaba luego de la fallida respuesta de Enrique Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el sábado pasado, cuando no atinó a mencionar tres de sus libros favoritos, el virtual candidato priísta a la Presidencia pasó por un nuevo bochorno, provocado por su hija Paulina, quien renvió un mensaje en Twitter aparentemente escrito por su novio: "un saludo a toda la bola de pendejos, que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian".

Desde temprano, el ex gobernador mexiquense trató de paliar la incontenible ola de airados tuiteros ante el mensaje de @pau_95pena. También a través de esa red social expuso: "el RT de Paulina fue una reacción emotiva por mi error en la FIL. Definitivamente fue un exceso y me disculpo por ello".

En el perfil de su Twitter verificado, @EPN escribió: "Hablé con mis hijos sobre el valor del respeto y la tolerancia, les reiteré que debemos escuchar y no ofender a los demás".

Para entonces, antes del mediodía, la cuenta en esa red social de Paulina Peña Pretelini y la de quien se ha dicho es su novio, @JojoTorre, fueron eliminadas, mientras en Twitter crecían mofas, reclamos y mensajes de toda laya, ahora para padre e hija.

Los priístas, quienes desde el día del desaguisado han intentado inútilmente justificar a su virtual abanderado –adelante en las encuestas hacia 2012–, seguían ayer en la búsqueda argumentos, entre los que destacan los ofrecidos por Emilio Gamboa Patrón, líder del sector popular del PRI.

“Yo diría –respondió a pregunta específica– que todos los humanos cometemos errores. Él cometió un error y lo reconoció. Me merece respeto que lo reconozca.

"Quiero decirles que me reúno constantemente con Peña Nieto y él es un hombre que lee mucho, que dialoga mucho. Sin duda alguna tuvo un error y lo reconoció. Tiene valor."

Mientras el político yucateco decía esto, en el edificio principal del PRI cuatro universitarios se presentaban con la intención de entregar al precandidato dos libros y una carta.

Los títulos elegidos fueron Casi el paraíso, de Luis Spota, y Muertos incómodos, escrito por el subcomandante Marcos y Paco Ignacio Taibo II. Sólo dejaron ingresar a René González, ex consejero de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien entregó ambos volúmenes y la misiva en la oficialía de partes.

En entrevista, el también integrante del Frente Social por la Igualdad explicó que se eligió la novela de Spota porque el protagonista "se hace pasar por un príncipe, atractivo físicamente y de sangre azul. Es una metáfora de un hombre vacío y sin ideas".

En la carta –con las firmas además de Fernando Corzo, de la UAM; Hugo Torres, de la UNAM, y Marco Macías, del IPN– señalan que el incidente de la FIL, además de las connotaciones negativas para las aspiraciones políticas del ex gobernador mexiquense, muestra un hecho de mayor gravedad, porque "si acaso se encuentra (Peña Nieto) en la media nacional en cuanto a hábitos de lectura, pues los mexicanos lamentablemente no leen más de tres libros al año; bueno, usted no ha leído más de tres libros en su vida y ha escrito más libros de los que ha leído..."

Le recomiendan leer la Constitución y el Nuevo Proyecto de Nación, "elaborado por los mejores intelectuales del país".

Para entonces en Twitter se leían otras cuentas con las cuales aparentemente Paulina Peña había remplazado la eliminada por la mañana. Una era @Pauu_95pena, y ahí los niveles de confrontación eran muy fuertes.

Por la tarde, sin embargo, la joven reactivó su cuenta original. "Quiero ofrecer una disculpa de todo corazón. Mi intención con ese RT jamás fue ofenderlos. Reconozco que hice mal y lo lamento", mencionó de entrada.

Casi al mismo tiempo, el diputado con licencia Luis Videgaray, cercanísimo a Peña Nieto, anunciaba también por esa vía la reanudación de la cuenta de Paulina y aseguraba que las otras aparecidas durante el día eran falsas.

Todavía Paulina Peña envió otro mensaje por su cuenta original: "Fue un impulso de mi parte al leer algunos twetts que ofendían a mi papá y a la memoria de mi mamá. Hoy aprendí una gran lección".

Para cerrar, por la noche la presidenta en funciones del PRI, diputada Cristina Díaz, hacía su aportación a la polémica:

“No considero que el que se te olvide un título, cinco o diez, te haga poco leído. La verdad lo dudo. En lo particular yo minimizo el incidente y la trascendencia del mismo no me representa ningún acontecimiento lejos de la anécdota de un simple olvido.

“Un error lo puede tener cualquiera; hay libre expresión para las críticas que en las redes sociales están vertidas y no pasa de eso.

"Al precandidato (Ernesto) Cordero se le olvidó el nombre de un autor y nadie hace tanta alharaca. A todos nos puede pasar. Lo que llama la atención es su soberbia."

Fuente

Cordero critica error de Peña Nieto y luego confunde nombre de escritora

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Martes 6 de diciembre de 2011, p. 15

Ernesto Cordero Arroyo, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la candidatura a la Presidencia de la República, intentó minimizar su error de confundir el nombre de la escritora colombiana Laura Restrepo, autora del libro La isla de la pasión, con Isabel, ayer por la mañana, durante una entrevista radiofónica.

Horas más tarde, en conferencia de prensa, el panista dejó entrever que su resbalón fue menor que el del priísta Enrique Peña Nieto, quien afirmó que el autor de La silla del águila es Enrique Krauze, pero en realidad es Carlos Fuentes. "Hay de resbalones a resbalones, ¿eh? Confundir a Laura Restrepo con Isabel. A mí, igual y me agarraron muy temprano. Me apena mucho, porque Laura es una escritora que me gusta mucho", aseveró.

A pregunta expresa en la conferencia, que se inició con una hora de retraso, el ex secretario de Hacienda comentó que este año ha leído tres libros: Las soledad de los números primos, de Paolo Giordano; un texto de Nouriel Roubini, del que no dio el nombre pero dijo que se trataba de las crisis económicas y financieras, y en este momento lee una novela muy breve de (Antonio) Skármeta titulada Los días del arcoiris.

A diferencia de la entrevista radiofónica, en la cual primero criticó a Peña Nieto por su yerro con el autor de una novela que mencionó y después tuvo su resbalón con el nombre de la autora colombiana, el panista asumió en la conferencia una actitud más prudente hacia el aspirante priísta, al que ya no criticó. "Que cada quien vea el video y saque sus conclusiones. Ya no voy a mencionar nada más sobre esto."

Por otra parte, se refirió a la renuncia de Humberto Moreira como dirigente nacional del tricolor luego de las denuncias y escándalo por la contratación irregular de deuda pública en el estado de Coahuila por más de 36 mil millones de pesos, durante su gobierno. Expresó que esos señalamientos contra el priísta no deben pasar desapercibidos ni se debe quitar el dedo del renglón, "pues se contrató deuda de manera irresponsable, con falsificación de firmas y con un costo exponencial para las futuras generaciones. Estas acciones merecen castigo".

Recordó que hace un año Moreira y Peña Nieto "se presentaban como jóvenes paladines que representaban a un PRI nuevo y limpio, sin corrupción. Y ya ven, poquito se rascó y se puso en evidencia que ni es nuevo ni es limpio, que sigue siendo el mismo partido de siempre, con las mismas costumbres y prácticas".

Por otra parte, en varias respuestas Cordero dejó entrever que la elección del candidato presidencial del blanquiazul ya se ubica sólo entre él y Josefina Vázquez Mota. Dejó a un lado a Santiago Creel Miranda, aunque le reconoció liderazgo importante en las filas del panismo.

Destacó que la competencia entre él y Vázquez Mota "está muy pareja", incluso en la recolección de firmas para registrarse como precandidatos. Adelantó que hoy entregará a la dirigencia de su partido 25 mil rúbricas más de militantes, con lo cual llegará a 90 en todo el país, mientras la legisladora con licencia suma unas 100 mil, pero dijo que esta última cifra tampoco representa ya un triunfo definitivo.

Fuente

Granjeros y Ocupas piden limitar el control de empresarios de EU sobre la alimentación

Aspecto de la concentración de ayer en Nueva York, donde granjeros y miembros del movimiento Ocupa Wall Street demandaron al gobierno una reforma agrariaFoto Mike Fleshman
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 6 de diciembre de 2011, p. 26

Nueva York, 5 de diciembre. Granjeros se suman al movimiento Ocupa Wall Street, manifestantes repudiaron la visita del "sucio" precandidato presidencial republicano Newt Gingrich, enfrentamientos con policía en Washington y Portland resultan en decenas de arrestos al continuar las acciones del movimiento Ocupa en todo el país, mientras un relator de la Organización de Naciones Unidas investiga posibles violaciones contra la libre expresión del movimiento en Estados Unidos.

Unos 400 manifestantes de Ocupa Wall Street, junto con líderes granjeros y de campañas de "comida justa" de varias partes del país, marcharon el domingo por jardines comunitarios de Nueva York en la acción "Ocupa la granja". La marcha avanzó desde el jardín comunitario la Plaza, en el East Village, hasta la Plaza Libertad, en demanda de una reforma agraria que limite el control empresarial de la producción y consumo de alimentos en el país, y que apoye a los pequeños granjeros. Entre los manifestantes estaba el presidente de la Coalición Nacional de Granjeros Familiares, agrupaciones que apoyan a jornaleros, La Vía Campesina, y granjeros que viajaron desde Colorado, Iowa, Maine y el estado de Nueva York, reportó Ocupa Wall Street.

Hoy, algunos manifestantes vestidos sólo con batas se presentaron a la entrada de un acto del precandidato presidencial republicano Newt Gingrich en respuesta a su comentario de que los activistas Ocupa deberían "bañarse" y buscar chamba, en lugar de protestar. El realmente "sucio" y necesitado de un baño es Gingrich –afirmaron los manifestantes–, ya que ha ganado millones de dólares representando intereses empresariales en Washington.

En otras partes del país, Ocupa Portland, en Oregon, intentó el fin de semana retomar un parque para restablecer su campamento, pero policías con equipo antimotines respondieron de manera agresiva e hirieron a un joven de 15 años para evitar que se instalara el plantón. De inmediato los manifestantes armaron una marcha hacia la alcaldía, que se detuvo momentáneamente para armar una fiesta, y retornó al parque para continuar su "festejo" de resistencia. La policía acabó deteniendo unas 12 personas.

En tanto, en Washington, integrantes del plantón en la plaza McPherson intentaron armar un "pabellón popular" de madera para protegerse del clima y realizar asambleas generales y foros, además de ser una estructura simbólica que representara las necesidades del 99 por ciento que se está quedando sin techo por "la desigualdad económica". La policía intervino por primera vez contra Ocupa Washington –de donde se había mantenido alejada y con mínimos enfrentamientos– para desmantelar la estructura y arrestó a más de 30 manifestantes.

Hoy, el famoso músico y activista político Jackson Browne ofreció un concierto en el otro plantón de Ocupa Washington en la Plaza Libertad. En entrevista con el Huffington Post declaró que la música es como "un latido de corazón". Interpretó cinco canciones, incluyendo Batalla por el futuro, inspirada en el movimiento.

En Seattle, manifestantes intentaron ocupar un almacén abandonado, y arreglaron el lugar con la intención de ofrecerlo para el "uso comunitario", pero unidades de choque de la policía los rodearon y arrestaron más de 20, empleando tácticas estilo militar, denunció Ocupa Seattle.

A la vez, Frank La Rue, el relator especial de Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, informó que está redactando una "comunicación oficial" al gobierno estadunidense para solicitarle su postura sobre "los derechos humanos y constitucionales en torno al uso de autoridades policiacas locales para desmantelar manifestaciones pacíficas".

Afirmó que en ella sostendrá que la represión violenta de expresiones disidentes podría dañar la reputación internacional de Estados Unidos. En entrevista con el Huffington Post, La Rue indicó que parece que estas represiones están violando los derechos de los manifestantes. "Los ciudadanos tienen derecho de disidencia ante las autoridades, y no hay necesidad de usar fuerza pública para silenciar esa disidencia", dijo el guatemalteco. Añadió que las autoridades tienen el derecho de mantener el orden público, pero deben demostrar un "peligro de daño real" para justificar el uso de la fuerza.

Fuente

Desaloja la policía española a indignados del Hotel Madrid

Un niño protesta en Pamplona contra los planes del gobierno español de recortar empleosFoto Ap

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 6 de diciembre de 2011, p. 25

Madrid, 5 de diciembre. La policía española desalojó de forma violenta y de madrugada el Hotel Madrid, ocupado por un grupo de personas desde el pasado 15 de octubre y que en las últimas semanas había servido de morada para "okupas" y familias desahuciadas por los bancos. El saldo del operativo son diez extranjeros detenidos, que serán acusados del delito de usurpación de bienes inmuebles.

El pasado 15 de octubre, un grupo del movimiento Okupa decidió entrar al céntrico hotel de la capital española que se encontraba sin utilizar, y que figuraba en un sumario por una presunta estafa en gran escala orquestada por importantes constructores de la región y dirigentes políticos del conservador Partido Popular.

La policía actuó con violencia y levantó a patadas y golpes a las 103 personas que vivían temporalmente en el hotel, que había servido de techo para grupos que no tienen hogar, familias desahuciados por los bancos por falta de pago de hipotecas y préstamos, así como para jóvenes vinculados al movimiento anarquista.

La policía, bajo las órdenes del saliente gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, desalojó igualmente el teatro Albéniz, también ocupado con fines culturales, y un mercado en el barrio obrero de San Blas.

La diputada de IU en la Asamblea de Madrid, Eulalia Vaquero, advirtió que "ante una situación de conflicto social y necesidades sociales, no diremos que compartimos, pero sí comprendemos que se produzcan situaciones de este tipo".

Peligra la capacidad de pago de todos los países de la zona euro, advierte Standard and Poor’s

Ciudadanos griegos con deficiencias visuales organizaron una manifestación frente al Parlamento en Atenas, luego de que el gobierno les retiró apoyos económicos como parte del ajuste al presupuestoFoto Reuters

Afp, Reuters y Dpa

Periódico La Jornada
Martes 6 de diciembre de 2011, p. 2

Nueva York, 5 de diciembre. Standard and Poor’s colocó la nota crediticia de Alemania, Francia y de otros 13 países de la zona euro en perspectiva negativa, advertencia de un posible recorte de la calificación. “Las posiciones del ‘CreditWatch’ se justifican por nuestra creencia de que las presiones sistémicas en la eurozona se han incrementado en las semanas recientes al punto de que presionan a la baja la situación crediticia de la zona en su conjunto”, afirmó S&P en un comunicado.

El diario Financial Times informó en su página de Internet que esas naciones cuentan con calificación triple A, la mejor posible, y que la triple AAA de Alemania, Francia, Austria, Luxemburgo, Finlandia y Holanda quedaría bajo "vigilancia negativa", lo que significa que bajan un peldaño a AA+ en un plazo de 90 días.

Las del resto de los países podrían bajar hasta dos peldaños, dijo la agencia en un anuncio que se produjo sobre el cierre de los mercados estadunidenses. Las otras dos grandes agencias, Moody’s y Fitch, ya han dicho que podrían revisar pronto las notas de los países mejor calificados de la zona euro, pero aún mantienen una perspectiva estable sobre las calificaciones.

La agencia advirtió a los seis países de esta posible rebaja, justificada a su entender por el deterioro de la crisis económica y política en la zona euro, informa el diario británico. "Ahora mismo prevemos que la producción caiga el año que viene en países como España, Portugal y Grecia, pero ahora asignamos una probabilidad de 40 por ciento de una caída de la producción en la eurozona en su conjunto", citó Standard and Poor’s.

En lo que respecta a Alemania, motor económico de la zona euro, la agencia está preocupada por "el impacto potencial" de lo que considera "un agravamiento de los problemas monetarios, financieros y políticos de la Unión Europea, económica y monetaria".

Esta amenaza de rebaja de la "triple A", que permite a un país pedir dinero prestado a un tipo de interés muy ventajoso en los mercados, llega en un momento en que los países de la eurozona, con Alemania y Francia a la cabeza, buscan soluciones para superar la crisis de la deuda soberana.

El 28 de noviembre, la agencia Moody’s había advertido ya a los países europeos que un deterioro de la crisis ponía en peligro sus notas.

La decisión fue "generada por nuestra creencia de que las tensiones sistémicas en la zona euro han subido en las semana recientes en una magnitud que coloca presión sobre la posición crediticia del conjunto de la zona euro", precisó S&P. Esta agencia comunicó que espera concluir su revisión "lo antes posible", una vez terminada una cumbre de los líderes europeos este viernes.

De los 17 países que integran la zona euro, Chipre ya tiene su calificación en perspectiva negativa por parte de S&P, mientras Grecia está calificada con "CC", nivel que ya denota una alta posibilidad de cesación de pagos en el corto plazo.


Fuente

Pactan Alemania y Francia para evitar que "explote la zona"

La canciller de Alemania, Angela Merkel, se despide del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, luego de su encuentro en París. El eje franco-alemán se ha convertido en el motor de la zona euro, relegando al resto de los socios a meros comparsasFoto Ap
Reuters y Afp

Periódico La Jornada
Martes 6 de diciembre de 2011, p. 3

París, 5 de diciembre. Los líderes de Francia y Alemania acordaron un plan maestro para imponer mayor disciplina fiscal a lo largo de la zona euro, y advirtieron que el tratado constitutivo de la Unión Europea tendrá que ser cambiado para dar solución integral a la crisis actual. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, dijeron que su propuesta incluía sanciones automáticas para los gobiernos que no logren mantener sus déficit bajo control y el lanzamiento anticipado de un fondo de rescate permanente para los países de la zona euro en problemas. Italia ya ofreció que podría mejorar sus finanzas públicas mediante un duro plan de austeridad, el cual fue recibido con optimismo por los mercados.

"Lo que queremos con la canciller es decir al mundo que en Europa la regla es que pagamos nuestras deudas, reducimos nuestros déficit y restauramos el crecimiento", precisó Sarkozy. "Este paquete muestra que estamos absolutamente determinados a mantener el euro como una moneda estable y como un importante contribuyente a la estabilidad europea", expuso Merkel.

"El acuerdo francoalemán es el más completo" posible, dijo Sarkozy, antes de agregar que "queremos que los desarreglos que han conducido a la situación (actual) no puedan reproducirse en ningún caso". "Hay que reconquistar sobre todo la confianza" de los mercados, dijo por su parte Merkel.

Los detalles de los compromisos adquiridos por el eje franco-alemán, que se ha convertido en el motor de la zona euro, relegando al resto de los socios a meras comparsas, se plasmarán en una carta que enviarán el miércoles al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, quien se encargará a su vez de presentarlos a los dirigentes de la Unión Europea (UE) el jueves por la noche.

La confianza en torno a la posibilidad de que esta semana los líderes europeos presenten un plan creíble para sacar a la región de la crisis impulsaba el lunes a las acciones mundiales y a las europeas, que tocaron un máximo en cinco semanas.

Los inversores y las autoridades esperan que un acuerdo que imponga una integración más cercana en la zona euro, junto con medidas estrictas para reducir el déficit en los países endeudados, convencerán al Banco Central Europeo para que actúe decisivamente en los mercados de bonos.

Merkel y Sarkozy ya habían dejado ver con anterioridad que querían poderes más coercitivos sobre los países de la zona euro que no logran bajar sus déficit.

Ambos líderes coincidieron en que enviarán su plan el miércoles a la Comisión Europea, a tiempo para una cumbre que se celebrará el viernes. Además, dejaron clara su determinación de impulsar cambios al tratado de la UE, pese a las objeciones de algunos países miembros.

Si países como Gran Bretaña, que no pertenece a la zona euro, bloquean un cambio al tratado dentro de la UE, el área monetaria procedería a aplicar las modificaciones para sus miembros, abierta a todos aquellos que quieran sumarse.

Sarkozy afirmó que los errores económicos que condujeron a la crisis no deben repetirse nunca más.

"En este periodo extremadamente preocupante, Francia cree que la alianza con Alemania es de una importancia estratégica. Arriesgar un desacuerdo sería ponerse en peligro de que explote la zona euro", sostuvo.

Varios gobiernos, sobre todo los de Gran Bretaña, Irlanda y Holanda, se oponen a los cambios por razones de política interna y temen no conseguir el respaldo público a los referendos para aprobar las modificaciones.

Los cambios permitirían sanciones automáticas contra los países que violen el actual límite que indica que los déficit no pueden superar 3 por ciento del producto interno bruto de cada país, a menos que una supermayoría de estados voten en contra del castigo.

Actualmente, una mayoría de países debe votar si se lanza un procedimiento disciplinario contra los países en falta. Las modificaciones obligarían además a los países a imponer en sus constituciones la obligatoriedad de equilibrar el presupuesto.

En una concesión hacia las preocupaciones de Francia por su soberanía, los mandatarios acordaron que la Corte Europea de Justicia podría determinar si un país de la zona euro implementó la regla fiscal de manera adecuada en sus leyes nacionales, pero no podrá rechazar los presupuestos de los países.

Merkel parece haber ganado en su oposición a la emisión de eurobonos conjuntos. "Rechazamos la idea de los eurobonos", afirmó. Sarkozy se encolumnó tras ella, diciendo que sería absurdo que Francia y Alemania cubrieran las deudas de países sobre cuyas emisiones de deuda no tienen control.

A cambio, Merkel cedió terreno en las reglas para el fondo permanente de rescate de la zona euro, el Mecanismo Europeo de Estabilidad.