lunes, 31 de diciembre de 2012

Persisten las dudas en la extinción de Luz y Fuerza

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Las interrogantes no caducan
Martín Esparza Flores
Revista Siempre! 
 
En el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), signado por Jaime González Aguade, último director de la paraestatal en el pasado sexenio, se establece con claridad el marco jurídico que en lo constitucional y en lo legislativo rige a la industria eléctrica nacional y a los organismos encargados de operarla.
Son los artículos 27 y 28 de nuestra Carta Magna los que norman el manejo, por parte del Estado, de los recursos estratégicos como la electricidad y cuya función al respecto no constituye monopolio alguno. El párrafo cuarto del 28 indica que el Gobierno federal debe mantener siempre la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.
De igual forma, en la fracción X del artículo 73 se dicta que el Congreso tiene la facultad para legislar en toda la república sobre energía eléctrica; y en la fracción I del artículo 89 se prevé como facultad del Ejecutivo promulgar y ejecutar las leyes que expida el Poder Legislativo, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
Es la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica la que regula todas y cada una de las actividades del sector, así como aquéllas que no se consideran servicio público y determina la naturaleza jurídica y la organización de entidades como la CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro; la primera creada a instancias del presidente Lázaro Cárdenas en 1937, y la segunda surgida de la iniciativa enviada por Carlos Salinas de Gortari al Congreso, durante su gobierno, mediante la cual diputados y senadores aprobaron las reformas al artículo cuarto transitorio de dicha ley para disponer la creación de un nuevo organismo que atendiera la zona centro del país, con base en las facultades que otorga al Legislativo la fracción X del artículo 73.
Es el momento que, en el contexto de un naciente gobierno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) responda de cara a millones de mexicanos los motivos que llevaron a sus integrantes a declarar constitucional el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro emitido en octubre del 2009 por Felipe Calderón, cuando la facultad para operar los cambios en LFC no recaía en el ámbito de sus atribuciones sino en las del Congreso de la Unión, tal y como lo establece el marco constitucional.
Pero también subsisten otras interrogantes a dilucidar, entre ellas: ¿quién supervisó la actuación administrativa del Ejecutivo y los miembros de la Junta de Gobierno que controlaban, en su caso, LFC?; ¿cuándo este órgano de gobierno sesionó para declarar como insostenible financieramente el organismo público descentralizado?; ¿quién se tomó la molestia de fiscalizar a los miembros de la Junta de Gobierno?; ¿en qué manos quedaron los archivos históricos, tanto técnicos como financieros de Luz y Fuerza, así como sus inventarios?; ¿a cuánto ascendía el patrimonio de la extinta entidad?; ¿a cuánto asciende el Fondo de Previsión Social?
Estas interrogantes al igual que los temas de orden administrativos no caducan al término de una administración federal, por lo que debe abrirse un debate nacional para inducir la rendición de cuentas de los responsables y determinar con claridad a la sociedad la pésima administración de Felipe Calderón y su séquito de corifeos como la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel y su secretario del Trabajo, Javier Lozano, sin faltar, por supuesto, los miembros de la Junta de Gobierno de LFC, que además entregaron a particulares el millonario negocio de la fibra óptica.
Es momento de que la SCJN asuma su papel como máximo representante del Poder Judicial para lograr que tanto el Legislativo y como el Ejecutivo respeten sus funciones establecidas en nuestra Constitución, producto de una revolución armada que costó más de un millón de vidas. Sólo respetando el marco constitucional podremos alcanzar un país democrático, con libertad y con justicia social. Los ministros tienen en sus manos el resolver un conflicto que lleva más de tres años, donde los únicos afectados han sido los trabajadores del SME, los usuarios y el pueblo de México. 

Insta la UNT a la CNDH a promover inconstitucionalidad de reforma laboral

Matilde Pérez U.
 
Periódico La Jornada
Lunes 31 de diciembre de 2012, p. 6
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) solicitó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , Raúl Plascencia Villanueva, interponga recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral, la cual disminuye los derechos fundamentales de los trabajadores.
Entre los argumentos expuestos por la agrupación –los cuales fueron entregados a Juan Pablo Piña Kurcyn, sexto visitador encargado de asuntos laborales, ambientales, culturales y de carácter económico y social–, están: el salario de los trabajadores se desplomó; el desempleo aumentó 15 por ciento, porcentaje que triplica las cifras oficiales; más de 31 millones de personas no tienen acceso a las prestaciones mínimas de ley ni a instituciones de salud, y más de 40 por ciento de los nuevos puestos laborales creados en los pasados tres lustros están por debajo de las condiciones laborales.
Del total de desempleados, 57 por ciento son jóvenes, pues sólo uno de cada tres de ellos consigue empleo en el sector formal; la mitad de los empleados trabaja en condiciones precarias sin prestación alguna. Con los contratos de capacitación y a prueba, el pago por hora y la multifuncionalidad se condena a los jóvenes a una vida sin seguridad en el empleo, con salarios de miseria, sin acceso a la salud y sin prestaciones que les den certeza a futuro.
Destaca que con dicha reforma se atenta contra el derecho a la vida, ya que éste presupone que todo ser humano debe tener los medios para una subsistencia digna, donde pueda desarrollar sus cualidades, así como sus derechos económicos, culturales y sociales, pero con la reforma, las autoridades responsables imponen la precarización del empleo mediante la flexibilización laboral y permiten modos de empleo que contravienen las bases fundamentales del artículo 123 constitucional, de justicia y equilibrio entre los factores de la producción, al imponer modelos unilaterales y discrecionales de duración de la relación de trabajo, condiciones y salarios por parte del patrón, ya que el Estado se convierte en espectador ante la ausencia de mecanismos eficaces para vigilar el cumplimiento y el respeto a la ley.
Insiste en que se legaliza el subcontratismo, pues con la reforma el patrón será quien discrecional y arbitrariamente determine qué derechos pueden gozar los trabajadores, además se elimina la sanción a los patrones que vulneren el derecho a la estabilidad en el empleo.
Diversos sindicatos aglutinados en la UNT iniciaron la recolección de firmas para interponer amparos en contra de la reforma, lo que deberán hacer a más tardar el 10 de enero de 2013, cuando concluye el término legal para impugnar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.
 
 
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Bolivia nacionaliza las empresas eléctricas de la española Iberdrola

Foto
Poco después de que Morales anunció la estatización, un contingente de policía ocupó la sede de Electropaz sin que se registraran incidentes violentos. Comandos militares y policiales, por separado, establecieron puestos de control en los accesos a otras instalacionesFoto Xinhua
Xinhua, Reuters, Dpa y Afp
 
Periódico La Jornada
Domingo 30 de diciembre de 2012, p. 17
La Paz, 29 de diciembre. El presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó hoy la nacionalización de las distribuidoras de electricidad de capital español Electropaz y Elfeo para hacer equitativas las tarifas y uniformar el servicio en áreas rurales y urbanas de ambos departamentos del oeste del país.
Se dispone la nacionalización de la totalidad de las acciones que posee la Sociedad Iberbolivia de Inversiones Sociedad Anónima en las empresas de eletricidad de La Paz y de Luz y Fuerza de Oruro, anunció Morales al leer el decreto 1440 en una ceremonia especial en la sede presidencial, el Palacio Quemado, en compañía del vicepresidente Álvaro García Linera y del ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa.
La medida, agregó Morales, garantizará el derecho humanitario de los ciudadanos que viven en el área rural precautelando su economía.
Según el decreto de cinco artículos, la estatal Empresa Nacional de Electricidad (Ende) asumirá el control de las compañías estatizadas, contará con apoyo de la fuerza pública y garantizará la continuidad laboral de sus empleados.
El costo de la electricidad
Un usuario del servicio eléctrico en La Paz paga 0.63 centavos de boliviano por kilovatio/hora, mientras en el área rural cuesta 1.59 bolivianos la unidad, es decir, más del doble.
Morales dijo que esa situación del sistema de pagos es deficiente y desigual
El decreto estableció la nacionalización de la empresa de servicios Edeser y de otra firma gestora de inversiones, ambas ligadas también a Iberdrola, que opera en Bolivia desde finales de la década de los años 90.
El grupo español controlaba mercados minoristas de La Paz, la ciudad vecina de El Alto y Oruro desde 1990, cuando compró parte de la operación de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (Cobee), de capital estadunidense, que había fundado y controlado el negocio desde principios del siglo XX.
Esta es la primera vez que un decreto de nacionalización de Morales impacta a una compañía históricamente de capital privado. Las decisiones tomadas desde que el mandatario llegó al poder en 2006 afectaron a antiguas entidades estatales, privatizadas en las décadas de 1980 y 1980, entre ellas las de hidrocarburos, telecomunicaciones y generación y transporte de electricidad.
Iberdrola es la segunda firma eléctrica española que Morales nacionaliza en poco menos de ocho meses, luego de la reversión a dominio estatal de la Transportadora de Electricidad, que pertenecía a la ibérica Red Eléctrica. La medida fue anunciada el primero de mayo y actualmente se desarrolla el proceso de indemnizaciones.
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, afirmó que el gobierno considera que el servicio de Iberdrola era óptimo, pero sólo atendía tres ciudades –con 2 millones de usuarios. El problema, apuntó, está en el mal servicio a las provincias.
El vicepresidente García Linera informó que los inversionistas extranjeros recibirán una justa remuneración de lo que le corresponde. Otras fuentes gubernamentales indicaron que una empresa independiente hará en los próximos meses una valoración de las inversiones y los pasivos de las empresas estatizadas para luego hallar una salida negociada mediante el diálogo.
Iberdrola no reaccionó oficialmente al decreto, pero fuentes de la empresa dijeron que estudiarán el decreto y esperan que el Estado boliviano pague el valor real de sus filiales.
El Ministerio de Exteriores de España lamentó la decisión y dijo que entre los accionistas hay compañías argentinas y estadunidenses, así como españolas.
 
 
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Ministro español exige a Bolivia seguridad jurídica para la inversión

Xinhua, Afp y Dpa
 
Periódico La Jornada
Lunes 31 de diciembre de 2012, p. 17 

La Paz, 30 de diciembre. El gobierno de Bolivia expresó hoy su disposición a iniciar un diálogo con la empresa española Iberdrola en un ambiente cordial para negociar la próxima semana los términos de la indemnización por cuatro de sus filiales nacionalizadas el sábado.
La dirección de Iberdrola guardó silencio por segundo día consecutivo, pero el ministro de Industria de España, José Manuel Soria, elevó el tono de la declaración hecha el sábado por el gobierno español, al exigir a la administración del presidente Evo Morales que en Bolivia haya seguridad jurídica para las inversiones extranjeras.
Morales tendrá ahora dos frentes de negociación con empresas españolas. El 1 de mayo pasado nacionalizó la compañía Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica de España, pero ocho meses después las partes no han conseguido ponerse de acuerdo sobre la indemnización.
Mediante el decreto 1440, Morales nacionalizó el sábado las compañías de distribución de electricidad Electropz y Elfeo, así como la Compañía Administradora de Empresas de Bolivia y de la Empresa de Servicios Eléctricos.
El ministro de Energía, Juan José Sosa, informó que en en un plazo de 180 días se contratará a una empresa privada que realice el avalúo de las cuatro empresas de Iberdrola.
Vamos a charlar con ellos siempre en un ambiente cordial para ver de qué manera podemos llegar a una transacción que sea favorable para ambas partes, agregó Sosa.
Se tensa relación bilateral
La política de nacionalizaciones que ha afectado a 12 filiales de capital español desde el comienzo de la presidencia de Morales en 2006, tensó la relación bilateral hasta tal punto, que en octubre el secretario de Cooperación para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, viajó a Bolivia para pedir respeto a las inversiones de entidades privadas de su país.
La necesidad de fijar un nuevo marco a las inversiones extranjeras llevó a Morales y empresarios a negociar en la segunda mitad de 2012 las bases de una nueva ley de inversiones, con base en los preceptos de la Constitución de 2009, pero el proyecto no ha sido enviado al Congreso.
En tono con las críticas empresariales expresadas el sábado, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, afirmó hoy que la nueva arremetida nacionalizadora ocurre cuando estamos tratando de atraer al capital.
El analista y experto en asuntos energéticos, Francesco Zaratti, dijo que el hecho de que 12 filiales de empresas españolas hayan sido nacionalizadas hace muy difícil para el gobierno español mantener el programa de cooperación con Bolivia.
Las autoridades económicas bolivianas calculan que este 2012 Bolivia cerrará con un crecimiento de 1.5 por ciento del PIB y destacan el papel de los ingresos petroleros, estimados en cuatro mil millones de dólares.
Morales ha señalado en varias ocasiones que la bonanza económica de Bolivia y la capacidad de financiera del gobierno para proyectos de desarrollo son producto de la política de nacionalizaciones.
 
 
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Otras medidas nacionalizadoras

Periódico La Jornada
Domingo 30 de diciembre de 2012, p. 17 

La decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de nacionalizar cuatro empresas del sector de la electricidad, gestionadas por la firma privada española Iberdrola, está precedida por varias medidas de corte nacionalista.
2006
Mayo. Nacionalización de los hidrocarburos, en manos de una docena de compañías privadas extranjeras, como la española Repsol, la brasileña Petrobras, la argentina PanAmerican y la británica British Petroleum.
2007
Febrero. Estatización de una fundidora de minerales, en manos del grupo multinacional suizo Glencore.
Julio. El gobierno firma un decreto que nacionaliza el rico yacimiento de estaño Posokoni, explotado por grupos mineros privados locales.
Noviembre. Expropiación de 180 mil hectáreas de tierras al sureste del país, en manos de ricos latifundistas, en favor de indígenas guaraníes.
2008
Mayo. Nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, administrada por el grupo italiano EuroTelecom.
Junio. Estatización de las acciones de la transportadora de gas Transredes, en manos de la holandesa Shell y de la estadunidense Ashmore, así como la Compañía Logística de Hidrocarburos, gestionada por el consorcio alemán-peruano Oiltanking-Graña y Montero.
2009
Enero. Nacionalización de las acciones de la petrolera Chaco, administrada por la firma Panamerican Energy, de capital argentino y británico.
Mayo. Estatización de la distribuidora de gasolina de aviación AirBP, de la firma British Petroleum.
2010
Mayo. Nacionalización de las acciones de las empresas de electricidad Inversiones Econergy Bolivia SA, de la francesa GDF Suez, y Guaracachi, de la británica Rurelec PLC. Control estatal de Valle Hermoso, compañía gestionada por el consorcio Bolivian Generating Group. También en mayo, Morales firma un decreto para nacionalizar una planta fundidora de antimonio, en manos del grupo suizo Glencore. Es la segunda vez que la firma sufre una medida similar.
Septiembre. Expropiación de las acciones del consorcio boliviano-mexicano Soboce-Grupo Cementos Chihuahua, en la empresa Fábrica Nacional del Cemento (Fancesa).
Diciembre. El gobierno aprueba una nueva ley de pensiones por la que crea la nueva Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo, que remplaza a las administradoras de Pensiones Previsión (del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-BBVA de España) y Futuro (Grupo Zurich de Suiza).
2012
Enero. Nacionalización de las acciones de la petrolera argentina-británica Panamerican Energy en el bloque de gas Caipipendi, al sur de Bolivia, donde se encuentra el megacampo de Margarita, que surte al mercado de Argentina.
Mayo. Estatización de las acciones de la empresa Red Eléctrica Internacional, filial del Grupo Red Eléctrica de España, en la firma Transportadora de Electricidad.
Diciembre. Nacionalización de las empresas de luz Electropaz y Elfeo, gestionadas por la empresa privada española Iberdrola. La medida también afecta a dos firmas privadas de servicios del mismo rubro y en manos del grupo ibérico.
 
 
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"Aquí ya no entra Televisa", colocan pancarta en una casa

Expediente Noticias

Aquí la imagen que circulan tuiteros.
Fuente: Expediente Noticias 

 

Peña debe elegir entre la política contrainsurgente o cumplir acuerdos: Marcos

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Miles de indígenas del EZLN marcharon el 21 de diciembre en Ocosingo y otras ciudades de Chiapas. No lograron desaparecernos, manifestaronFoto Moysés Zúñiga Santiago
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Lunes 31 de diciembre de 2012, p. 2
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emplazó anoche al gobierno federal en un comunicado suscrito por el subcomandante Marcos: o reincide en la política contrainsurgente o reconoce y cumple sus compromisos elevando a rango constitucional los derechos y la cultura indígenas contenidos en los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 por un gobierno del mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En una serie de tres mensajes difundidos anoche, durante la inauguración de un seminario de reflexión y análisis en el CIDECI-Universidad de la Tierra de San Cristóbal de las Casas –donde, para abrir boca, los ponentes analizaron el sentido de las movilizaciones simultáneas de los zapatistas en cinco cabeceras municipales chiapanecas la madrugada del pasado 21 de diciembre–, el líder y vocero del EZLN explicó que hace nueve días, con esas marchas silenciosas de indígenas zapatistas con pasamontañas en cinco comunidades (San Cristóbal, Ocosingo, Altamirano, Palenque y Las Margaritas), “nos hicimos presentes para hacerles saber (a los priístas) que si ellos no se fueron, nosotros tampoco.
Hacía al menos año y medio, en el contexto de las primeras movilizaciones encabezadas por Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que no se conocían mensajes extensos de la comandancia zapatista firmados por el subcomandante Marcos.
Ayer fluyó de nuevo la comunicación, en la que el EZLN expresa que, pese a los esfuerzos por hacerlos desaparecer, por parte de los gobiernos de los tres niveles y de todos los signos políticos y de todos los medios de comunicación –no hacen excepción alguna– como ha sido evidente el 21 de diciembre de 2012, todos han fracasado.
En el primero de esta nueva serie de comunicados del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) se anuncian los pasos que el EZLN dará en los meses siguientes: consolidará su pertenencia al Congreso Nacional Indígena; retomará el contacto con los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona; construirá los puentes necesarios con los movimientos sociales que han surgido y surgirán. Los zapatistas también aclaran que continuarán su distancia crítica frente a la clase política mexicana. En esta crítica tampoco hacen excepción alguna. Afirman que los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT), CC y el futuro partido Regeneración Nacional hicieron todo lo posible por destruirnos y los han atacado militar, política, social e ideológicamente.
En un segundo comunicado del subcomandante, y dirigido a quien corresponda allá arriba, se da respuesta a lo dicho por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong el pasado 23 de diciembre, cuando pidió que no prejuzgaran al gobierno del PRI porque todavía no nos conocen. En la misiva, el dirigente expresa: Así que no nos conocemos? Mmh... mmh... veamos. Y a continuación hace un repaso del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto y su gabinete, en el que incluye el ataque del gobierno mexiquense a Atenco en 2006 y el parentesco del Ejecutivo con el mexiquense Arturo Montiel, a quien llama manos largas.
El tercer texto es para quien fuera miembro de la Comisión de concordia y Pacificación (Cocopa) en la primera etapa de negociaciones del EZLN con el gobierno federal y comisionado para los pueblos indígenas en los dos regímenes panistas, Luis H. Álvarez. Le dice que él, su partido y el ex presidente Felipe Calderón fracasaron en su intento de destruir a los zapatistas.
Si ellos no se fueron, nosotros tampoco
En el primer comunicado, el EZLN expone extensamente su postura frente al retorno al poder del priísmo, la fuerza política a la que le declaró la guerra el primero de enero de 1994, y también aborda las contradicciones y conflictos que lo enfrentaron con la izquierda partidista, y en particular con Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006.
Sobre el sentido de sus movilizaciones del 21 de diciembre expresa: Los miramos y nos miramos a nosotros mismos en silencio. No es el nuestro un mensaje de resignación, no lo es de guerra, de muerte y destrucción. Nuestro mensaje es de lucha y resistencia. Después del golpe de Estado mediático que encumbró en el Poder Ejecutivo federal a la ignorancia mal disimulada y peor maquillada, nos hicimos presentes para hacerles saber que si ellos nunca se fueron, tampoco nosotros.
Continúa: Hace 6 años, un segmento de la clase política e intelectual salió a buscar un responsable para su derrota. En aquel tiempo nosotros estábamos, en ciudades y comunidades, luchando por justicia para un Atenco que no estaba entonces de moda. En ese ayer nos calumniaron primero y quisieron acallarnos después. Incapaces y deshonestos para ver que en sí mismos tenían y tienen la levadura de su ruina, pretendieron desaparecernos con la mentira y el silencio cómplice. Seis años después, dos cosas quedan claras: ellos no nos necesitan para fracasar. Nosotros no los necesitamos a ellos para sobrevivir. Y más adelante: nosotros “resurgimos como indígenas zapatistas que somos y seremos.
Más fuertes, con mejores condiciones de vida.
Sobre esta permanencia durante este periodo en el que el zapatismo ha funcionado como juntas de buen gobierno en una extensa parte del territorio zapatista, el comunicado del CCRI hace un balance. Expone la forma en que nos hemos fortalecido y hemos mejorado significativamente nuestras condiciones de vida. Nuestro nivel de vida es superior al de las comunidades indígenas afines a los gobiernos en turno que reciben las limosnas y las derrochan en alcohol y artículos inútiles. Así, cuentan con mejores viviendas sin lastimar la naturaleza; se aprovecha la tierra no para el ganado de los finqueros sino para el maíz, el frijol y las verduras que iluminan nuestras mesas; se trabaja para el crecimiento colectivo en las comunidades.
En las escuelas zapatistas, continúa el recuento, se les enseña a niños y niñas su propia historia... así como las ciencias y técnicas para engrandecerse sin dejar de ser indígenas; las mujeres no son vendidas: de las comunidades priístas los indígenas prefieren acudir a los hospitales zapatistas, porque en los del gobierno no hay medicinas ni aparatos ni doctores ni personal calificado.
En suma, gobernamos y nos gobernamos nosotros mismos, buscando siempre primero el acuerdo antes que la confrontación.
Enseguida anuncian sus próximos pasos: reafirmar y consolidar su pertenencia al Congreso Nacional Indígena; retomar contacto con los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en México y en el mundo; construir puentes con los movimientos sociales no para dirigir o suplantar, sino para aprender de ellos. Y lo harán mediante los equipos de apoyo de las comisiones sexta e internacional (que escriben internazional), que funcionarán como correas de comunicación entre las bases de apoyo zapatistas.
En el punto cuarto indican que seguirá nuestra distancia crítica frente a la clase política mexicana que, en su conjunto, no ha hecho sino medrar a costa de las necesidades y las esperanzas de la gente humilde. En esta distancia incluyen a los medios de comunicación.
Sostienen: Los grandes medios de comunicación intentaron desaparecernos, con la calumnia servil y oportunista primero, con el silencio taimado y cómplice después.
Emplazamientos
Al nuevo gobierno que encabeza ahora Enrique Peña Nieto, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el comunicado del CCRI los emplaza: Queda entonces decidir si reincide en la política contrainsurgente que sólo ha conseguido una endeble simulación torpemente sustentada en el manejo mediático, o reconoce y cumple sus compromisos elevando a rango constitucional los derechos y la cultura indígenas plasmados en los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 por el gobierno de Ernesto Zedillo.
También hay un mensaje para el gobierno del nuevo mandatario chiapaneco Manuel Velasco: Queda al gobierno estatal decidir si continúa la estrategia deshonesta y ruin de su antecesor –Juan Sabines, a quien califica de corrupto y mentirosoo en cambio acepta y respeta nuestra existencia y se hace a la idea de que florece una nueva forma de vida social en territorio zapatista.
Y a quienes se organizan electoralmente y resisten en el país, decidir si siguen viendo en nosotros a los enemigos y rivales en quienes descargar su frustración, o si reconocen al fin en nosotros otra forma de hacer política.
Sobre su presencia en los medios, dicen: antes tuvimos la buenaventura de una atención honesta y noble de distintos medios de comunicación. Lo agradecimos entonces, pero eso fue completamente borrado con su actitud posterior. Añaden: nuestro andar no depende del impacto mediático, sino de la comprensión del mundo y de sus partes, de la sabiduría indígena que rige nuestros pasos, de la decisión inquebrantable que da la dignidad de abajo y a la izquierda (...) a partir de ahora, nuestra palabra empezará a ser selectiva en su destinatario y, salvo en contadas ocasiones, sólo podrá ser comprendida por quienes con nosotros han caminado y caminan, sin rendirse a las modas mediáticas y coyunturales (...) pocos, muy pocos, tendrán el privilegio de conocerla y aprender de ella directamente.
 
 
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Libertad absoluta para acusados de desmanes del día 1º, piden en marcha

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Personas que permanecieron privadas de su libertad durante 27 días por los disturbios del primero de diciembre marcharon ayer en demanda del retiro de los cargos que se les imputanFoto Prometeo Lucero
Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Lunes 31 de diciembre de 2012, p. 28
Al grito de libertad absoluta y no condicionada, decenas de personas marcharon para demandar que las 14 personas que estaban detenidas por los hechos de violencia del primero de diciembre, y que obtuvieron su libertad bajo fianza, sean declaradas libres de todo cargo.
El recorrido, al que se sumaron unas 300 personas, fue encabezado por los liberados el jueves pasado, tras las modificaciones hechas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al artículo 362 del Código Penal local, con las que se eliminó el carácter de gravedad al delito de ataques a la paz pública, del que se les acusa.
A esa exigencia sumaron los siguientes reclamos: derogar el artículo 362; castigar a los responsables de la represión del primero de diciembre, entre quienes señalaron a Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Manuel Mondragón, así como a los mandos policiacos y elementos que participaron en detenciones arbitrarias, vejaciones y torturas; desistimiento de los cargos; reparar el daño a todas las víctimas del primero de diciembre y proscribir el uso de balas de goma en todas las corporaciones policiacas del país.
La marcha, convocada por la Coordinadora Primero de Diciembre, empezó en el Ángel de la Independencia y concluyó con la lectura de un pronunciamiento en el Zócalo, frente a la sede del Gobierno del Distrito Federal.
En el documento, leído por Jorge Dionisio Barrera Jiménez –uno de los 14 que estuvieron privados de su libertad 27 días–, se resaltó que, gracias a la presión social nacional e internacional, a las manifestaciones, a los plantones, al trabajo comprometido de la Liga de Abogados Primero de Diciembre –que representó a todos los encarcelados sin cobrar honorarios–, a la demanda de amplios sectores y a la resistencia de los presos, se logró la liberación de las más de 100 personas aprehendidas aquel día, en el contexto de las protestas contra la asunción al poder de Peña Nieto.
Si bien se trata de una pequeña victoria, no es suficiente, ya que los 14 compañeros están libres, pero no absueltos. Agregó que ha sido demostrada la arbitrariedad con la que se dieron las detenciones y cómo se vulneraron las garantías de quienes fueron aprehendidos.
Rita Neri Moctezuma, egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, quien fue la última de las mujeres capturadas que obtuvo su libertad, resumió en breves palabras el sentir de sus compañeros: Aún no estoy del todo tranquila y segura. Pero estar al lado de mi mamá y mi familia, y que todos fuéramos liberados aun en estas condiciones, me anima.
Por su parte, Barrera Jiménez expresó que él y sus otros 13 compañeros estuvieron a punto de pasar 45 años en prisión por un delito que no cometimos.
Los manifestantes señalaron que la lucha continuará hasta lograr el desistimiento de los cargos contra Neri Moctezuma, Barrera Jiménez y los otros 12 acusados: Obed Palagot Echavarría, Daniel García Vázquez, Styliano García Vakines, César Llaguno Romero, Bryan Reyes Rodríguez, Eduardo Daniel Columna, Sandino Jaramillo Rojas, Osvaldo Rigel Barrueta Herrera, Enrique Rosales Rojas, Roberto Duarte García, Alejandro Lugo Morán y Carlos Miguel Ángel García Rojas.
Además anunciaron las siguientes actividades: el 3 de enero, la Coordinadora Primero de Diciembre dará una conferencia de prensa; el 5 se realizará una asamblea popular en el plantón instalado en el penal de Santa Martha Acatitla –que no se levantó– y una reunión de la coordinadora para analizar otras acciones. Y el 10 se efectuará otra movilización del Monumento a la Revolución a la Asamblea Legislativa, al GDF y al Palacio Nacional.
 
 
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Descalifican demógrafos el último reporte de Calderón sobre población

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Aglomeración en el Centro Histórico de la ciudad de México, el pasado 22 de diciembreFoto Yazmín Ortega Cortés
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 30 de diciembre de 2012, p. 8
Grupos de académicos, especialistas en el tema de población, iniciaron el análisis del documento en esta materia emitido en los últimos días del sexenio de Felipe Calderón. Tras este primer acercamiento alertaron que las Proyecciones de la población de México 2010-2050 están contenidas en un texto que carece de rigor científico.
En la comunidad de demógrafos empieza a difundirse información acerca que (en las proyecciones) no está documentado el concilio censal ni los mecanismos metodológicos en los que se sustenta el documento, advirtió René Zenteno, investigador de El Colegio de la Frontera Norte.
En estas proyecciones, las diversas instancias gubernamentales, coordinadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo), incluyeron datos para las siguientes cuatro décadas relacionados con las tasas de natalidad y mortalidad; inmigración y emigración, así como la tasa de fecundidad, esperanza de vida y de mortalidad, entre otros factores básicos para la definición de políticas públicas.
El 28 de noviembre pasado, a dos días de que concluyera el sexenio, los funcionarios responsables de estas proyecciones reconocieron que en anteriores reportes hubo imprecisiones de los estimados de población y, por tanto, errores en las proyecciones de nacimientos, defunciones, imigrantes, emigrantes.
Por tanto, esta conciliación demográfica incluyó hipótesis acerca de la evaluación futura de las variables del cambio demográfico; se supuso que hasta 2050 la fecundidad continuará descendiendo; una tendencia semejante se prevé para la mortalidad, siguiendo los patrones observados en países más avanzados.
Los funcionarios previeron entonces que las nuevas proyecciones son una base sólida, con un nivel de detalle inédito para que la administración siguiente diseñe programas precisos; derivado de ese ejercicio de conciliación se dijo que actualmente somos 116.9 millones de habitantes, con un crecimiento de 1.35 por ciento anual.
Sin embargo, especialistas como Zenteno dijeron que no hubo ninguna publicación previa a las proyecciones y que no se realizó reunión alguna con la Sociedad Mexicana de Demografía para conocer el origen de tales estimaciones.
Un dato que preocupa a los demógrafos es el relacionado con la fecundidad a la baja; la tasa actual es de 2.24, la cual irá descendiendo para ubicarse, por ejemplo, en 2020 en 2.13; en 2032, 2.08, y en 2050 persiste en 2.08.
Los demógrafos que tienen estas inquietudes no encuentran los argumentos metodológicos con base en los cuales se ponderaron cifras como las anteriores; de igual forma, tienen dudas acerca de datos en materia de emigración y migración, en particular del llamado saldo negativo, es decir, de la tasa neta internacional que, para el 2050 se ubicará en menos 0.43.
Sobre este punto, en noviembre los funcionarios involucrados dijeron que el número de mexicanos que migraron a Estados Unidos se redujo de 500 mil al año – durante la década pasada- a 300 mil en la segunda década del milenio.
Hemos revisado el documento y hay dudas de dónde salió todo eso, subrayó Zenteno, quien durante un periodo del sexenio pasado fue subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

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Defender derechos humanos, una "profesión de alto riesgo"

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En octubre pasado la Caravana de madres de migrantes centroamericanos visitó la Basílica de Guadalupe durante su recorrido por MéxicoFoto Cristina Rodríguez
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Domingo 30 de diciembre de 2012, p. 2 

En México ser defensor de derechos humanos es una profesión de alto riesgo. Así lo comprueban los estudios de organizaciones mexicanas e internacionales que ponen en evidencia la situación de extrema vulnerabilidad sufrida por este sector, que junto con el de los periodistas está expuesto a las agresiones y amenazas tanto de las autoridades como de los grupos delincuenciales, sobre todo a partir del inicio de la guerra contra el crimen organizado.
Aunque hay algunos casos paradigmáticos de la violencia sufrida por los activistas, entre ellos el de Marisela Escobedo Ortiz, ejecutada en diciembre de 2010 frente al palacio de gobierno de Chihuahua, o los seis integrantes de la familia Reyes Salazar, asesinados en esa misma entidad, la espiral de agresiones es mucho más amplia y abarca prácticamente todo el país.
De acuerdo con el segundo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de este sector en el continente, en México fueron asesinados 61 activistas entre 2006 y 2010, y desaparecidos otros cuatro, en acciones realizadas no sólo por grupos criminales, sino también por agentes de seguridad del Estado.
Por su parte, un estudio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló que entre 2006 y 2009 hubo 128 agresiones contra promotores de las garantías individuales.
Sin embargo, estudios de colectivos independientes arrojan cifras mucho mayores. Un informe de la asociación civil Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos calculó que tan sólo en 2011 se registraron 209 ataques contra activistas, lo que representa un aumento de 418 por ciento con respecto a los 50 de 2010 (La Jornada, 27/06/12).
Si hay violencia, ni modo
La vida de Blanca Velázquez se transformó para siempre en el momento en que decidió cambiar los viveros de nochebuena y cactus por la defensa de los obreros que cosen ropa o ensamblan autopartes en las maquilas del estado de Puebla.
Ingeniera agrónoma de profesión, Velázquez llegó al activismo de derechos humanos a fuerza de ver todos los días cómo los trabajadores de la empresa donde ella trabajaba, sobre todo las mujeres, eran víctimas de jornadas excesivas, discriminación y otros abusos por parte de los supervisores.
Después de incursionar en varias luchas, y ser la primera mujer en encabezar un sindicato independiente en Puebla, el 9 de mayo de 2001 fundó el Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), organización cuyo propósito era documentar los abusos laborales en la entidad y brindarle asesoría a los obreros.
Nunca imaginé que fuera a estar al borde de la muerte o de un secuestro por eso. Empezaron a seguirnos, recibíamos cosas muy extrañas en el correo, teníamos visitas inesperadas y amenazas por teléfono, recordó Velázquez en entrevista con La Jornada.
El acoso contra el CAT fue subiendo de tono –a pesar de que las autoridades estatales ya habían sido advertidas al respecto–, hasta que en abril de 2010 interceptaron y golpearon a tres de sus activistas; en diciembre de ese mismo año saquearon sus oficinas, y los amenazaron de muerte a través del propio correo del colectivo, luego de hackearlo.
A las amenazas anónimas se sumaron las públicas: en 2011, Leobardo Soto, líder de la Confederación de Trabajadores de México en Puebla, llamó a frenar al CAT en el estado, y si hay violencia, ni modo. Por su parte, Luis Espinosa Rueda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, afirmó que Blanca Velázquez era un peligro para Puebla y un factor de desestabilización.
Aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos concedió medidas cautelares en favor de los integrantes del CAT, en marzo de 2012 las retiró argumentando que no se justificaban. Dos meses después el activista Enrique Morales fue desaparecido y torturado un día completo por un grupo de hombres armados, tras lo cual la organización decidió cerrar sus puertas de manera definitiva.
Aunque afirma que la lucha ha valido la pena, Velázquez admite que el proceso la ha afectado mucho. La situación te aterra, te deja paralizada; mi vida personal, familiar y sentimental cambió. Vivir en la incertidumbre no es vivir, por eso voy a dejar el país un rato. Si quiero seguir en esto a largo plazo, tengo que salvaguardar mi vida primero.
Una estadística más
Otro activista que se vio forzado a abandonar el país -aunque pudo regresar hace unos meses– es Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, luego de las amenazas de muerte que sufrió por su participación en casos como el de los normalistas de Ayotzinapa, asesinados el 12 de diciembre de 2011, la oposición a la presa hidroeléctrica de La Parota o el de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano.
Empecé a recibir amenazas desde 2009, cuando fueron asesinados en Ayutla Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas (dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco). Las amenazas contra sus familiares se hicieron extensivas a sus defensores; y dos hombres fueron a buscarme a casa de mi mamá y dejaron el mensaje de que si quería vivir ya no me involucrara en ese tema, recordó en charla telefónica desde la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica.
Dos años más tarde, cuando tomó la defensa de los estudiantes de Ayotzinapa, comenzó a sufrir nuevos actos de hostigamiento, hasta que el pasado 4 de mayo recibió una amenaza de muerte en la sede de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Fue esto último lo que lo orilló a salir del país por un tiempo.
Las amenazas ya eran muy graves y recurrentes, por eso decidí salir de Guerrero. Yo quisiera esta allí, pero mi situación es muy difícil. Mi rutina diaria, mi vida familiar se alteró totalmente, deploró.
Como a otros activistas, a Rosales lo mantienen de pie las pequeñas victorias que hemos tenido. Mencionaría el caso de Inés y Valentina, o el de la La Parota. Saber que estamos contribuyendo a una lucha o haciendo realidad el derecho a la vida o a la vivienda es un aliciente para seguir, por muy doloroso que sea.
Sin embargo, admite que el miedo siempre está presente, pues en México un defensor muerto es sólo un número más en las estadísticas, y eso nos hace más vulnerables. De pronto me vi sin mi proyecto de vida personal y familiar. Todo eso ha quedado ensombrecido, y no se ve para cuándo habrá esperanzas de estar mejor.

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Plácido Domingo seduce al público en Acapulco

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Vestido de charro y con un mariachi en el escenario, Plácido Domingo concluyó su concierto interpretando canciones mexicanas, como El Rey y Acuérdate de AcapulcoFoto Pablo Ramos
Carlos Paul
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 30 de diciembre de 2012, p. 29
Acapulco, Gro., 30 de diciembre. Una noche memorable se vivió en Playa Tamarindos, Acapulco, de la que fueron espectadores y partícipes más de de 15 mil personas, las cuales pudieron disfrutar del maravilloso concierto junto al mar que ofreció el tenor Plácido Domingo, en este puerto turístico.
En beneficio del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del estado de Guerrero –proyecto musical que en una primera etapa ha instituido la Orquesta Renacimiento, la cual integra a 320 niños y jóvenes de las colonias suburbanas Zapata, La Venta, La Sabana y Renacimiento, y con el propósito de recuperar la confianza en la entidad– el tenor cantó acompañado por la Orquesta Filarmónica de Acapulco, bajo la batuta de Eugene Kohn y la soprano Ana María Martínez, un repertorio que integró arias operísticas, zarzuela y canción popular mexicana, entre otras, las cuales entusiasmaron al público, que también se ubicaba junto a la playa en embarcaciones de chico y mediano calado, así como en los balcones de los hoteles sobre la costera Miguel Alemán.
Acuérdate de Acapulco, fue el título que se le dio al concierto, cuya ocasión sirvió para que la Orquesta Infantil Renacimiento fuera apadrinada por Plácido Domingo y ofreciera su primera presentación pública, con la interpretación de tres fragmentos de obras, entre ellas Nabuco de Verdi, dirigida por el propio Domingo.
La presentación del tenor –reconocido a escala internacional por su versatilidad y talento– se pudo apreciar desde Tamarindos hasta casi llegar a Playa Papagayo, pues en un tramo de esa zona se instalaron pantallas para que los turistas pudieran oír y observar de manera gratuita las interpretaciones de Domingo, quien en distintas ocasiones fue acompañado por la soprano Ana María Martínez. Fueron miles los espectadores que tuvieron el privilegió de estar de frente al escenario, uno de los más grandes instalados a pie de playa, con más de 12 metros de alto por casi 30 metros de largo.
El diseño y elaboración de la escenografía que enmarcó el espectáculo fue obra de un grupo de jóvenes artistas de la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, de la colonia Zapata –a invitación del Instituto Guerrerense de Cultura–, quienes se inspiraron en el arte regional de La Montaña y la Costa Chica, en particular de Olinalá y Xochistlahuaca; para crear unas telas que enmarcaron el escenario.
Además, en la playa se instalaron unos 2 mil petates, que fueron comprados a cinco comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, que sirvieron de gigantesco tapete de playa para que no se hundiera la sillería instalada para el magno espectáculo, que según uno de los asistentes podría ser parte de los récord Guinness.
El concierto se convirtió en uno de los espectáculos más relevantes que se hayan llevado a cabo en Acapulco. A Plácido Domingo se le quiere en el puerto por su solidaridad y porque aún se recuerda cuando hace 14 años, en 1998, ofreció también aquí otro concierto en beneficio de los damnificados del huracán Paulina. Sin olvidar que el tenor escogió ese puerto para pasar su luna de miel.
La velada musical sobre la playa tuvo también la presencia de una enorme y anaranjada luna, que quedó en el horizonte de Placido Domingo, quien cantó Dein ist mein ganzes Herz, Lippenschweigen, Some Enchanted Evening, Tonight, Tonight, Amor, Vida de mi vida, No cantes más la Africana, Júrame y Bésame mucho, entre otras.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, junto con Alejandra Frausto, titular del Instituto de Cultura Guerrerense, ofrecieron hace unos días una conferencia en el Palacio de Bellas Artes, donde destacaron que este tipo de conciertos ayudan a combatir el miedo que existe por motivo de la violencia y contribuyen a recuperar la confianza. De ahí la importancia de seguir manteniendo activa la vida cultural en toda la región, para fortalecer y dignificar las vidas de los ciudadanos.
Como parte de esa estrategia cultural se creó, en tan sólo cuatro meses, la Orquesta Renacimiento, que agrupa a 320 niños que viven en zonas rurales populares de Acapulco, con el afán de alejarlos de la droga y la violencia, y con el propósito de que se conviertan en músicos profesionales.
De acuerdo con la información que se dio a conocer de las autoridades la seguridad del magno concierto estuvo a cargo de 500 elementos de la policía municipal, estatal y federal, además de contar con un patrullaje marítimo por parte de la Octava Zona Naval de Acapulco, que delimitó una zona desde la orilla de la playa hasta 50 metros mar adentro, límite donde se encontraban las embarcaciones.
Como parte del operativo de seguridad se instalaron alrededor de 2 mil vallas en varias secciones de la Playa Tamarindos, desde el área de la Costera Miguel Alemán y en la zona de playa.
Gracias a los auspicios del gobierno estatal, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la asociación Generamúsica, se pudo llevar a cabo este espectacular concierto, que igual sirvió para celebrar el fin de año.
La velada continuó con el tenor cantando El día que me quieras a dúo con la soprano y en compañía de su hijo también de nombre Plácido.
 
 
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Llega Maduro a Cuba para visitar al convaleciente Chávez

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Bruno Rodríguez, canciller cubano (izquierda), charla con los funcionarios venezolanos Nicolás Maduro, vicepresidente, y Cilia Flores, procuradora, al arribar anoche a La HabanaFoto Ap
Gerardo Arreola
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 30 de diciembre de 2012, p. 18
La Habana, 29 de diciembre. Nicolás Maduro llegó en la madrugada del sábado a Cuba para entrevistarse con Hugo Chávez, según informó la televisión local, pero al caer la noche aún no había señales de que se hubiera producido el encuentro.
Apenas aterrizó en La Habana, el vicepresidente ejecutivo de Venezuela encargado del despacho se dirigió directamente al hospital donde se atiende Chávez, informó el telediario cubano.
De acuerdo con el informe, Maduro hablaría con los familiares de Chávez y los médicos del mandatario, para analizar con ellos el momento adecuado para visitar al presidente durante el sábado.
El presidente de Venezuela pasó por su cuarta operación de cáncer el 11 de diciembre y está recluido en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, una clínica de alto nivel, controlada por militares, en el oeste de La Habana.
Maduro viajó junto con su esposa, la procuradora general Cilia Flores, quien ha pasado aquí parte del tiempo desde la operación de Chávez.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recibió al vicepresidente ejecutivo de Venezuela, también ministro de Relaciones Exteriores.
El viernes, el gobierno venezolano difundió un saludo de fin de año de Chávez a las fuerzas armadas. En el texto de cinco páginas aparece la firma autógrafa del mandatario.
Maduro aseguró el pasado lunes 24 que habló 20 minutos por teléfono con Chávez y que el presidente de Venezuela le contó que hacía ejercicios diarios como parte de su tratamiento.
Sin embargo, horas antes, a media tarde del mismo lunes, un comunicado oficial describió a Chávez cumpliendo con rigurosidad el reposo absoluto y con una ligera mejoría de su condición, con una tendencia progresiva.
El informe de Maduro del lunes fue la primera referencia pública de un contacto directo del mandatario con alguien fuera de su familia. Al mismo tiempo fue la versión más favorable sobre la salud de Chávez, desde la operación.

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viernes, 28 de diciembre de 2012

Hay suficientes pruebas para que Néstor Moreno nunca saliera de la cárcel: SME

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 6 

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) apuntó que Néstor Moreno, ex director de operaciones de la CFE que fue dejado en libertad bajo fianza el pasado lunes, es un pilar de la corrupción en esa empresa, por lo que su excarcelación da muestra de que la justicia en México obedece a intereses económicos o políticos, ya que hay suficientes pruebas para que no saliera nunca de la cárcel por los fraudes que cometió contra el erario.
El SME mostró una copia de un informe entregado a la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, donde se reseñan diversas acciones ilegales en las que estuvieron involucrados Néstor Moreno y otros mandos de la CFE. En el mismo se precisa que él fue quien firmó la recepción de los bienes de Luz y Fuerza del Centro (LFC) a los 25 minutos de que se emitió el decreto de expropiación de la paraestatal. En el informe se señala, por ejemplo, que los bienes de LFC, valuados en 3 mil millones de pesos al momento en que se emitió el decreto, fueron saqueados con la complicidad de este ex funcionario.
Al respecto, el dirigente del SME, Martín Esparza, añade que bajo la tutela del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, pero firmados de recibido por Néstor Moreno, “los inventarios de LFC sufrieron un robo total; las bodegas de material y equipo fueron saqueadas, la flotilla de vehículos se entregó a compañías contratistas, camionetas se perdieron, los presupuestos para terminación de obras se esfumaron; los equipos de cómputo, mobiliario, cajas de todos los edificios, incluido el de Melchor Ocampo, se extraviaron; el patrimonio histórico, tanto técnico como administrativo de la empresa se robó; cable, cobre, medidores de luz y demás se malbarataron en el mercado negro, y de todo ello estuvieron informados o involucrados el ex director de operaciones de la CFE y muchos otros funcionarios.
“Nunca entregaron un inventario de lo que recibieron de LFC ni de dónde fue a parar esto, causando una desfalco millonario al país. Tampoco –dijo– han entregado un informe del fondo de previsión social que tenían los trabajadores de LFC al momento de su despido.
Fue un saqueo en despoblado, un robo a gran nivel en el que estuvo involucrado este ex funcionario, además de todas las acusaciones en su contra por corrupción con empresas del extranjero, cuyo escándalo de actos ilegales se dio en Estados Unidos, y cuando fue apresado para él sí hubo justicia pronta y expedita, a pesar del cúmulo de pruebas de su participación en la corrupción, por lo que es increíble que con todo ello haya salido libre, indicó Esparza.
Destacó que quienes hicieron las denuncias contra Moreno fueron los legisladores de la pasada legislatura, encabezados por el entonces diputado del PRI César Augusto Santiago, presidente de la comisión investigadora sobre la corrupción de la CFE.
 
 
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Municipios de Zacatecas cobrarán impuesto a CFE, Telmex y cableras

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 24 

Zacatecas, Zac., 27 de diciembre. El Congreso local determinó que a partir de 2013 los 58 municipios del estado podrán cobrar impuestos y derechos a las empresas de televisión por cable, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Teléfonos de México (Telmex).
Para el cobro por derechos se aplicará una tasa de 0.9 al millar al costo por metro cuadrado de construcción, de acuerdo con el análisis de la dirección de obras públicas respectiva, dice la iniciativa aprobada, sin dar detalles ni especificar cuánto se espera recaudar con este gravamen.
El cobro municipal fue avalado por 26 de los 30 legisladores presentes en la sesión y se aplicará a las empresas que construyan, instalen y hagan uso de la propiedad municipal con instalaciones superficiales, aéreas y subterráneas que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando la vía pública, se indica.
Durante las sesiones consecutivas de este jueves, en las que se aprobaron las 58 iniciativas de Ley de Ingresos de los municipios, el diputado panista Gustavo Muñoz Mena presentó una reserva para regular y gravar localmente las instalaciones que realicen en la vía pública Telmex, CFE y empresas de televisión por cable.
Muñoz Mena señaló que en otros municipios del país las autoridades ya cobran impuestos similares por uso de infraestructura en líneas de comunicación, y estos cobros, aseveró, cuentan con aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando el impuesto sea autorizado por los congresos locales en las leyes de ingresos de los municipios.
La modificación autoriza a los ayuntamientos para que apliquen cobros si se aprovecha la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el municipio, ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes.
Esta medida, indicó, será una herramienta para que los ayuntamientos obtengan más ingresos, y si no aprovechan estas oportunidades para tener recursos propios enfrentarán una situación de pobreza invencible.
 
 
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Ilegales, cambios a la ley laboral, argumentan peticiones de amparo

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La reforma laboral elimina derechos ya reconocidos y ejercidos por los trabajadores, se destaca en el formato de solicitud de amparo contra los cambios a la ley. La imagen, en una construcción del DFFoto Cristina Rodríguez
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 6 

Empezaron a distribuirse en sindicatos independientes, federados e incluso adheridos al Congreso del Trabajo los formatos para solicitar amparos contra la reforma laboral, para que los trabajadores los firmen y presenten en juzgados de distrito antes del 10 de enero.
En dichos documentos se argumenta que la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se impugna es regresiva, pues elimina derechos ya reconocidos, ejercidos y gozados por los mexicanos, y reduce garantías fundamentales, como estabilidad en el empleo, protección de salario, condiciones de trabajo y prestaciones.
En el listado de violaciones se señala que las modificaciones a la ley laboral aprobadas por el Legislativo son ilegales, arbitrarias y contra la justicia social y la equidad, además de que atentan contra el artículo 123 constitucional y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de protección del empleo.
Asimismo, detallan que los cambios a los artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que se impugnan son autoaplicativos, toda vez que por su sola entrada en vigor se causan agravios y afectaciones laborales, ya que su contenido viola los derechos constitucionales.
Señalan que las autoridades responsables de estos agravios, son las cámaras de Diputados y Senadores que avalaron la reforma, el gobierno federal que la promulgó y la Secretaría de Gobernación.
Consideran que los artículos violados son el 1º; 4º; 5°; 9°; 14, párrafos primero y segundo; 16 párrafo primero; 17 párrafos segundo, cuarto y quinto; 25; 26.A; 123 párrafos primero segundo y apartado A, fracciones III, VI, XVI, XXVI y apartado B, así como 133 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas internacionales adoptados por el Estado mexicano que se hacen valer en cada concepto de violación.
Detallan que las reformas a la LFT que se combaten en el escrito de amparo son anticonstitucionales. Añaden que al aprobarse estos cambios se desconoció que el 11 de junio de 2011 se elevaron las garantías laborales a la condición de derechos humanos, y en ejercicio del principio de convencionalidad, también se reconoció la aplicabilidad de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como se ha hecho valer con criterios del Poder Judicial y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También plantea que los juzgados de distrito están obligados a pronunciarse sobre estos amparos, basados en el principio de progresividad y no retroactividad de los derechos laborales, ya que tienen prohibición expresa de menoscabarlos, además de que deben aplicar e interpretar estos recursos con base en normas como los artículos 2 y 4 de la Observación General número 31 de Comité de Derechos Humanos de la ONU; el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
 
 
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Va el PRI por una segunda etapa en la reforma a la LFT, anuncian senadores

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 6 

Senadores del PRI anunciaron que van por una segunda etapa de la reforma laboral, que incluya seguro de desempleo, revisión de la seguridad social y el tema del salario.
El presidente de la Comisión del Trabajo, Ernesto Gándara Camou, sostuvo que en febrero próximo su fracción impulsará esos temas para avanzar en materia laboral y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Por lo que toca a la reforma en materia de seguridad social –dijo–, en la bancada priísta se trabaja ya en una iniciativa que incluirá el sistema de pensiones. Detalló que preparan también una iniciativa para crear el seguro de desempleo, que es una de las demandas obreras más sentidas.
Por separado, el senador Armando Neyra Chávez, integrante del comité ejecutivo de la CTM, reconoció que en noviembre pasado aprobaron la reforma laboral por una atención al ex presidente Felipe Calderon, quien les aseguró que se podrían crear nuevas inversiones y, en consecuencia, nuevos empleos.
Por eso –recalcó– la avalaron, y ahora le pidieron al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, que vigile de cerca su aplicación, toda vez que se estrenan los nuevos salarios por jornada, a fin de que quien trabaje una hora o más reciba su salario por la jornada completa
No descartó que algún patrón quiera abusar y pagar sólo las horas laboradas, lo que sería muy grave, ya que de por sí el salario mínimo es muy poquito.
Los cambios a la ley laboral recién aprobados incluyeron temas que a juicio del coordinador del PT en el Senado, Manuel Bartlett, lesionan severamente a los trabajadores, como son el pago por hora, contratos temporales y el outsourcing (subcontratación).
Es una reforma absolutamente patronal dictada desde el extranjero, recalcó Bartlett. Expuso que los cambios avalados por PRI y PAN se originan en el llamado Consenso de Washington, en cuyo punto noveno se señala la desregulación del mercado laboral y la desaparición de leyes de protección social y derechos de los trabajadores.
 
 
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Entre aplausos y lágrimas salen libres presos por disturbios

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Los 13 liberados del Reclusorio Norte celebran su salidaFoto Yazmín Ortega Cortés
Emir Olivares y Laura Poy
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 28
Luego de 27 días de reclusión, anoche fueron liberadas las 14 personas que permanecían presas en el Reclusorio Norte y en el penal de Santa Martha Acatitla por los disturbios del pasado primero de diciembre, en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.
A su salida, los presos políticos fueron recibidos con aplausos, vítores, lágrimas, abrazos, gritos y porras de familiares, amigos y miembros de movimientos sociales.
El día fue largo para quienes esperaban que los detenidos cruzaran las aduanas del Reclusorio Norte y el penal femenil de Santa Martha Acatitla, pues la mayoría comenzó a congregarse en el primer centro de retención –sede de los juzgados 47 y 11 que llevaron los casos– alrededor de las 15 horas.
Casi cinco horas después fue liberado el primero de los detenidos. Se trató de Bryan Reyes Rodríguez, a quien, además de ser señalado como presunto responsable de ataques a la paz pública, también se le imputa el ilícito de daño en propiedad privada. Él salió primero, poco después de las 19:40 horas, debido a que su caso es llevado por el juzgado 11 de lo penal.
Los otros 13, entre ellos Rita Neri Moctezuma –recluida en Santa Martha Acatitla– fueron atendidos por el juzgado 47, a cargo de María del Carmen Patricia Mora Brito. Rita se encontraba en el penal Norte, por ser la sede del juzgado; al decretarse su libertad fue trasladada a Santa Martha Acatitla para entregar la boleta correspondiente y salir a la calle.
Los otros 12 hombres recluidos en el Reclusorio Norte abandonaron la prisión después de las 21:40 horas. Encabezó la marcha de salida Carlos Miguel Ángel García, quien dijo tener mucho ánimo para seguir luchando.
Minutos después traspasaron la puerta del penal Eduardo Columna Muñiz y el profesor Enrique Rosales Rojas, quien afirmó que continuará luchando para demostrar la inocencia de todos los procesados, así como para conseguir la derogación del ar-tículo 362 del Código Penal del Distrito Federal.
El grito de las más de cien personas que se congregaron afuera del penal Norte era constante: Presos políticos... Libertad.
Con porras, consignas en favor de los detenidos y contra Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, esperaban con alegría la salida de los presos.
Sin embargo, al paso de las horas esa felicidad se transformó en impaciencia y ansiedad.
Tras la salida de Bryan se organizó una valla para recibir al resto. Por dos horas el ánimo no se redujo, aunque las sonrisas se transformaron en desesperación.
Un par de jóvenes, con un teclado y una jarana, improvisaron al ritmo de La Bamba la siguiente letra: Para sacar a los presos, para sacar a los presos se necesita el apoyo del pueblo...
Tras abandonar el penal femenil de Santa Marta Acatitla, Rita Emilia Neri Moctezuma exigió justicia para quienes fueron injustamente encarcelados y que se sancione a los verdaderos responsables de los disturbios del pasado 1º de diciembre.
A las 22:56 horas de ayer, la joven pasante de enfermería y única mujer que permaneció detenida abandonó las instalaciones penitenciarias segura de su inocencia y con la convicción de que podré demostrar que no soy culpable de lo que se me acusa. También agradeció a todos aquellos que la apoyaron desde las calles de la capital del país, pues me dieron la fuerza para seguir luchando estando adentro.
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Rita Emilia Neri Moctezuma, unica mujer que permaneció en prisión 27 días tras los disturbios del pasado primero de diciembreFoto Pablo Ramos García
La sobrina nieta del líder magisterial y social Othón Salazar Ramírez exigió a las autoridades capitalinas que primero investiguen para que se demuestre que somos inocentes y que castiguen a quienes hicieron realmente todos los desastres por los que tuvimos que pagar no sólo nosotros, sino también nuestras familias.
Acusó que en su detención y estancia en la cárcel el uso de la fuerza fue parejo. No hubo distinción de nuestra condición de mujeres.
Para la familia y amigos de la universitaria su liberación fue el despertar de una pesadilla.
Después de permanecer casi 14 horas en el juzgado 47 en espera de que la juez le notificara que saldría libre bajo fianza, arribó a las 21:47 horas el vehículo que la trasladó del Reclusorio Norte hasta el penal femenil, donde ya la esperaban su madre y tías, abogados y compañeros de escuela.
En entrevista, en las escalinatas centrales de la prisión femenil, Hortensia Moctezuma, tía de la joven detenida el pasado 1 de diciembre, acusada, junto con otras 13 personas, del delito de ataques a la paz pública por los daños causados a edificios públicos y privados de avenida Juárez y Paseo de la Reforma, afirmó que nuestro único deseo es poder abrazarla.
Casi cuatro semanas después de ser internada en la prisión femenil, Rita Emilia, afirmó su tía, estaba feliz, era una castañuela. Sabía que pronto estaría libre y que esta pesadilla ha comenzado a llegar a su fin.
Recordó que, a menos de un año del deceso del padre de la joven universitaria, su detención y encarcelamiento fue catastrófico. No dábamos crédito, lo vivimos con total incredulidad. Conocemos a Rita Emilia, fue muy duro escuchar lo que de ella decían: que era terrorista, que había hecho cosas que jamás ocurrieron.
Sus familiares afirmaron estar seguros de que en el juicio sumario que se le sigue se le declarará inocente del cargo que se le imputa y rechazaron que pueda generarse un estigma para el desarrollo de su vida en libertad o su carrera profesional.
Hortencia Moctezuma señaló que desde el pasado 1º de diciembre han vivido en la incertidumbre. Vivimos con angustia sus traslados al Reclusorio Norte, para realizar trámites que se prolongaban todo el día. Como pudimos, nos organizamos para no dejarla sola, pero lo que nos hicieron nos dejó en una devastación emocional, física, mental y económica.
Una vez que la tengamos en libertad, reiteró, la vamos a abrazar. Queremos que descanse, pero también sabemos que habrá tiempo para reflexionar y su detención es una lección que como familia debemos tomar para asumir que todos debemos tener una estrategia de vida, frente a hechos injustos e inesperados.
Al cierre de la edición se esperaba que continuara la salida del resto de los detenidos, quienes ofrecerían una conferencia en el plantón instalado afuera del penal desde hace 24 días. Ahí se pretendía que los 13 varones liberados se despojaran de la ropa beige de reclusos y la lanzaran a una fogata en señal de su inocencia y libertad.
A las 22:40 salió el último. Los 14 liberados continuarán fuera de prisión el proceso en su contra. La Liga de Abogados Primero de Diciembre insistió en la inocencia de sus defendidos y aseguró que continuarán en la lucha hasta demostrar que no son responsables de los delitos que les imputan.
 
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Rechaza tribunal suspender el rescate de la banda de 2.5 Ghz

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Instalaciones de MVS en la zona del aeropuerto de la ciudad de MéxicoFoto José Carlo González
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 20 

El décimo tribunal colegiado en materia administrativa rechazó este jueves, por segunda ocasión en menos de un mes, suspender el procedimiento iniciado en agosto pasado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para el rescate de la banda de frecuencia de 2.5 gigahercios (Ghz), actualmente concesionada a la empresa Grupo MVS.
El noviembre pasado, el mismo tribunal resolvió negar esa suspensión, pero la compañía de telecomunicaciones interpuso un recurso de queja como última estrategia antes de que se negara en definitiva esta protección provisional con la que MVS pretendía congelar el procedimiento de la SCT mientras el Poder Judicial federal analiza su legalidad.
La negativa de suspensión no implica que MVS ya perdió el juicio, pues eventualmente los tribunales podrían concluir que la autoridad federal actuó ilegalmente al iniciar el proceso de rescate de la banda de frecuencia de 2.5 gigahercios, con lo cual otorgarían el amparo a la empresa de comunicaciones y revertirían cualquier consecuencia que se hubiera derivado de dicha actuación.
Con esta resolución del décimo tribunal colegiado quedó confirmada la sentencia judicial de una juez de primera instancia, aunque algunos razonamientos expuestos por la juez quinta de distrito en materia administrativa, Rafaela Franco, fueron modificados por el tribunal.
El procedimiento administrativo iniciado por la SCT busca el rescate de 42 títulos de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para usos determinados en la banda 2.5 GHz, que según la SCT deben ser dedicadas a tecnologías móviles de tercera y cuarta generación, por lo que deberán ser licitadas al mejor postor.
La juez Franco había considerado que el interés público en fomentar las nuevas tecnologías y la libre competencia en el mercado de telecomunicaciones debe tener mayor peso que el interés particular de MVS en mantener sus concesiones; de ahí la improcedencia de la suspensión.
MVS lleva más de cuatro años litigando contra las negativas de la SCT a prorrogarle sus concesiones, pero en la mayoría de los casos los jueces de distrito respectivos han señalado que el Estado tiene derecho a reasumir su control sobre el espectro para licitarlo, puesto que cambiará el uso que se le ha venido dando.
Hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente la revisión de varios de estos amparos, pero las sentencias ya no serán dictadas este año.
No existe un tiempo límite para que este litigio llegue a su fin de manera definitiva, aunque juicios administrativos similares al que inició MVS contra la SCT han llegado a tardar al menos dos años antes de una sentencia definitiva.
 
 
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Descarta la CFC investigar a Aeroméxico por incurrir en prácticas monopólicas

Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 23 

La Comisión Federal de Competencia descartó investigar una denuncia generada en la Cámara de Diputados contra Aeroméxico por prácticas monopólicas. El pasado 6 de diciembre, el pleno aprobó un exhorto a la CFC con objeto de emprender pesquisas en torno a las actividades de la empresa porque afecta el interés de sus pasajeros.
La demanda de los legisladores se fundamentó, también, en solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) expedir la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, en particular respecto de los cargos adicionales por cambios de itinerarios a petición del usuario, y además respecto de la compensación y asistencia en casos de sobreventa de capacidad, cancelación y retraso de vuelos.
El pasado 18 de diciembre la Comisión respondió a la Cámara de Diputados y le sugirió que la decisión de un cambio de fondo en las actividades de las aerolíneas que abusan de los usuarios se encuentra en manos de los diputados y senadores, quienes podrán impulsar un nuevo marco regulatorio.
“Al respecto no se desprenden elementos suficientes que otorguen a esta autoridad una causa objetiva para el inicio de una investigación de oficio por posibles prácticas violatorias de la Ley Federal de Competencia Económica. La CFC también ha emitido opinión sobre diversas iniciativas que buscaban reformar la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil. En éstas, la Comisión ha recomendado al honorable Congreso de la Unión realizar modificaciones a la legislación con el objeto de impulsar la conformación de un marco regulatorio que permita mayor competencia y libre concurrencia en el sector.
En este sentido, la CFC manifiesta su total disposición de colaborar con el honorable Congreso de la Unión para trabajar conjuntamente en iniciativas que tengan por objeto generar un marco regulatorio acorde a los principios de competencia y libre concurrencia, que beneficien a los consumidores en términos de mayor calidad y variedad de servicios a menores precios.
A decir de Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, es necesario procurar mayor concurrencia de líneas aéreas, desregular el procedimiento de concesionamiento para la prestación del servicio de transporte aéreo nacional para propiciar concurrencia de nuevas líneas aéreas y de las existentes, y liberar la movilidad de concesionarios de rutas.
No obstante, no se compromete y simplemente enuncia que busca promover el proceso de competencia y libre concurrencia en el sector de la aviación civil de pasajeros, a través de diversas decisiones y opiniones emitidas en la materia.
Así, Pérez Motta recordó que el órgano a su cargo resolvió en 2007 sobre la concentración entre Grupo Mexicana de Aviación, SA de CV (Mexicana), y Consorcio Aeroméxico, SA de CV (Aeroméxico). En su análisis, la comisión determinó que en 24 de las 25 rutas nacionales y en 13 rutas internacionales, la concentración podría representar un riesgo para la competencia. Además señaló que existía gran cantidad de barreras a la entrada en el mercado de transporte aéreo, incluida la limitación del 25 por ciento a la inversión extranjera en transporte aéreo nacional.
En aquella oportunidad la CFC decidió no autorizar la concentración entre Mexicana y Aeroméxico, a fin de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia y prevenir la formación de un agente económico con poder sustancial en los mercados, con capacidad de desplazar indebidamente a sus competidores e imponer precios y condiciones desfavorables a los consumidores.
 
 
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Exhortan legisladores al Ejecutivo a retomar diálogo con el EZLN

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Aspecto de la marcha zapatista del 21 de diciembre pasado, en la que los indígenas caminaron en silencioFoto Víctor Camacho
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Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en San Lázaro, en el momento de la votación para aprobar el exhorto al gobierno federalFoto José Antonio López
Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 3
A una semana de la irrupción en silencio y en paz de miles de indígenas que integran las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que el Poder Legislativo y el Ejecutivo federal cumplan con los acuerdos de San Andrés Larráinzar y se emprenda un esfuerzo serio de diálogo que conduzca al derecho de los pueblos indígenas a una vida digna.
Por iniciativa de la senadora Dolores Padierna (PRD), los legisladores aceptaron los dos postulados propuestos:
Pleno cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar para restituir los derechos de los pueblos indígenas de México, y atender sus justas demandas en materia de justicia, igualdad y autonomía.
Y el exhorto a las diversas instancias de los gobiernos federal y estatal para que de manera incluyente y tomando en cuenta las propuestas del propio EZLN, la sociedad civil, recomendaciones de organismos internacionales de expertos, de partidos políticos y otras instituciones, realice un esfuerzo serio, de diálogo y concertación de acuerdos que garanticen a la población indígena del país su justo derecho a una vida digna.
Al incluirse en el orden del día el tema de la movilización zapatista, la senadora Padierna adujo que la magnitud de la movilización del 21 de diciembre es una señal de fuerza, que ha crecido desde su irrupción, hace ya 18 años; una fuerza que se ha desestimado pero que es reconocida internacionalmente, refirió.
A casi dos décadas, la situación de este sector de la población sigue siendo lamentable. Los indígenas de México continúan siendo los eternos olvidados, los pobres de los pobres; los por siempre marginados del país... los diálogos y todas las medidas han fracasado porque la concepción indígena no ha sido entendida ni comprendida por quienes han ostentado el poder. Tal vez ahora pueda escuchase ese fuerte silencio que exige que los pueblos indígenas sean valorados, respetados y atendida su situación.
Al sostener que después de casi 20 años la población indígena continúa en las peores condiciones de pobreza, desigualdad, discriminación, olvido y marginación, concluyó.
El EZLN no pide nada, no demanda nada, todo se dijo ya. Quedó escrito incluso, y el Estado mexicano no cumplió con lo pactado. Ese silencio estruendoso no debe ser ignorado, esa dignidad que llena de orgullo es una muestra de que no todo está perdido.
Por el PRI, el diputado Manuel Añorve confirmó que el zapatismo sigue ahí, pero hoy demuestra la autenticidad de su causa con métodos pacíficos. Es indudable que la causa indígena, como aquí se ha dicho, continúa vigente, pues muchas de las demandas de comunidades y pueblos indígenas no han sido satisfechas. Pero será con expresiones pacíficas y con acuerdos políticos que los mexicanos podremos encontrar la solución a ésos y a muchos otros problemas que aún gravitan en nuestra convivencia; entre ellos, los más dañinos son la desigualdad y la pobreza, que afectan a millones de mexicanos, entre los que se encuentran nuestros hermanos indígenas como los más pobres.
El legislador priísta expresó que la sociedad mexicana tiene una deuda histórica pendiente con los indígenas. “Sabemos también que cuentan con distintas formas de organización y filiaciones políticas que deben respetarse, al igual que su idiosincrasia y sus costumbres.
Forman parte de la comunidad democrática nacional. El tema de justicia para los pueblos indígenas no puede estar ausente en cualquier acuerdo político nacional que busque ir a la raíz de la solución de nuestros problemas. Por eso forma parte destacada del Pacto por México, y no podría ser de otra manera; ahí se reconoce que siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena y de ésos, ocho de cada 10 son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema.
Por el partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja reconoció la apertura del presidente de la mesa directiva, Francisco Arroyo, porque la movilización del 21 de diciembre significó un estruendo en la vida pública del país.
El silencio también es una forma de comunicarse y, sin duda, el silencio de ellos fue muy elocuente, porque pareciera que no pasa nada en el sureste mexicano, que es un tema propio de las hemerotecas o de la nostalgia, pero es un asunto vigente. Esta marcha silenciosa, por cinco municipios de Chiapas es un mensaje muy ilustrativo. Nosotros creemos que se debe ir a fondo en todas las medidas que se tomen en cuenta para cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar, para profundizar en hacer efectivo el artículo 2 constitucional y con todas las reformas que puedan darle fortaleza a estas comunidades, las más pobres del país, las más olvidadas, las que viven no solamente desigualdad económica y social, sino desigualdad política y de salud pública.
También el senador del PVEM Luis Armando Melgar –ex director del canal 40 de televisión e integrante de la telebancada– enfocó su atención en la disposición mostrada por el gobierno federal para ofrecer tolerancia, respeto y compromiso con una agenda social que favorecerá a Chiapas y a los indígenas del estado y del país, con un ánimo de justicia, equidad y libre expresión. Por todo lo anterior debo señalar que en el Partido Verde Ecologista de México se respalda cabalmente este tipo de expresiones.

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jueves, 27 de diciembre de 2012

Fijan fianza de $40 mil a los 14 presos del 1 de diciembre

Autoridades judiciales determinaron el monto luego de que el gobierno del DF publicó en la Gaceta Oficial las modificaciones legales que reducen la pena al delito de ataques a la paz pública.
Periódico La Jornada
Emir Olivares Alonso 
Publicado: 27/12/2012 11:28

México, DF. Una vez que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) publicó en la Gaceta Oficial de la ciudad de México las modificaciones al artículo 362 del código penal local, con lo que los 14 detenidos por los disturbios del primero de diciembre podrán obtener su libertad bajo fianza, las autoridades judiciales fijaron la caución en 40 mil pesos.
Por ello, familiares y abogados de los 14 recluidos han comenzado a movilizarse para obtener recursos y pagar las fianzas. Inclusive ya cuentan con billetes de depósito de una afianzadora para reducir el monto de la caución.
El objetivo es que hoy mismo se logren juntar los recursos para cubrir las cauciones de los 14 “presos políticos” y así estos puedan obtener lo más pronto posible su libertad.
Para ello, integrantes de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, familiares, amigos y miembros de la Coordinadora Primero de Diciembre se reunirán este mediodía.
De acuerdo a Micheel Salas, litigante de la Liga, esta misma tarde se podría acudir al juzgado 47 de lo penal del Distrito Federal, con sede en el Reclusorio Norte, a pagar las fianzas correspondientes.
Con las modificaciones aprobadas ayer por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se reduce la pena del delito de ataques a la paz pública a siete años, con lo que se le quita el carácter de ilícito grave y permite a las 14 personas que aún están recluidas solicitar su libertad bajo fianza.
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Apela la PGR resolución judicial que liberó a un ex funcionario de la CFE

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Néstor Félix Moreno Díaz recibe del entonces presidente Vicente Fox el premio Nacional de Calidad y Tecnología 2005Foto Cuartoscuro
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 8 

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un tribunal unitario penal que revoque la resolución de una juez federal que concedió la libertad provisional bajo fianza al ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Néstor Félix Moreno Díaz, informaron fuentes ministeriales.
Mediante un recurso de apelación, la dependencia federal solicitó también al tribunal de alzada que emita una orden de reaprehensión en contra de Moreno Díaz, quien la noche del pasado lunes fue excarcelado del Reclusorio Oriente, luego de que sus abogados garantizaron una fianza de 15 millones de pesos.
La libertad bajo fianza fue autorizada por la juez cuarta de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, Taissia Cruz Parcero, quien es la segunda vez que concede ese derecho de ley al ex funcionario de la CFE.
Los abogados del inculpado entregaron a la juez el pasaporte de Moreno Díaz en garantía de que no pretende abandonar el país.
El ex director de Operaciones de la CFE tiene prohibido dejar el territorio mexicano y debe ir cada lunes al juzgado a firmar el libro de procesados libres bajo fianza, obligación que en caso de ser incumplida motivaría una orden de reaprehensión.
Es la segunda ocasión en que esa misma juez concede la libertad provisional en favor de Moreno, aunque en la primera no puso tantos candados para evitar que el inculpado evadiera la acción de la justicia, por lo que la PGR consiguió obtener su reaprehensión, volvió a dar con su paradero y lo llevó a prisión.
El juzgado cuarto de distrito en procesos penales federales juzgó a Moreno por enriquecimiento ilícito y cohecho.
El juicio por enriquecimiento ilícito se refiere a un monto de 33 millones 99 mil 292 pesos que presuntamente el ex funcionario recibió en sobornos de empresarios para beneficiarlos en la asignación de contratos de la CFE; entre esos pagos estarían un yate y un automóvil Ferrari.
En el proceso por cohecho, Moreno Díaz está acusado de haber recibido 29 mil 500 dólares de un representante en México de la empresa estadunidense Lindsey Manufacturing Company.

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