jueves, 2 de febrero de 2012

Comunicado a la resistencia

Plantean en IMSS despido masivo por inviabilidad financiera

febrero 2, 2012

Reforma publica hoy que la dirección del IMSS puso sobre la mesa la liquidación de los 319 mil trabajadores del Instituto y su recontratación para ahorrar pensiones, fiscalizar la nómina de jubilados para disminuir su costo excesivo y cambiar el modelo de financiamiento para beneficiarse de los crecientes recursos que se han dado en este sexenio al Seguro Popular.

Las medidas fueron propuestas por el director general Daniel Karam durante una sesión del Consejo Técnico realizada a puerta cerrada en agosto de 2010. La grabación del encuentro circula entre trabajadores y funcionarios del Instituto, y hasta ahora no hay referencia alguna de que las iniciativas presentadas entonces hayan sido retiradas.

Karam presentó un estudio según el cual el IMSS no tiene viabilidad financiera y expuso que ante la grave situación económica sólo hay dos opciones: una reforma “de gran calado” que implicaría trasladar al gobierno federal la deuda que arrastra el IMSS por el pago de las pensiones de sus trabajadores, acompañada de un aumento del IVA para financiar a todo el sistema de salud, o un escenario “más drástico” que incluiría la liquidación y recontratación de los trabajadores en activo. De mantenerse el riesgo financiero, se advirtió en la sesión de casi tres horas, no habría a finales de 2012 recursos suficientes para comprar medicinas y pagar la nómina.

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Plantean en IMSS despido masivo

NTRzacatecas.com
Margarita Vega / Agencia Reforma
Jueves 2 de febrero de 2012

MÉXICO, DF. La dirección del IMSS puso sobre la mesa la liquidación de los 319 mil trabajadores del Instituto y su recontratación para ahorrar pensiones, fiscalizar la nómina de jubilados para disminuir su costo excesivo y cambiar el modelo de financiamiento para beneficiarse de los crecientes recursos que se han dado en este sexenio al Seguro Popular.

Las medidas fueron propuestas por el director general Daniel Karam durante una sesión del Consejo Técnico realizada a puerta cerrada en agosto de 2010.

La grabación del encuentro circula entre trabajadores y funcionarios del Instituto y hasta ahora no hay referencia alguna de que las iniciativas presentadas entonces hayan sido retiradas.

Karam presentó un estudio según el cual el IMSS no tiene viabilidad financiera y expuso que ante la grave situación económica sólo hay dos opciones: una reforma “de gran calado” que implicaría trasladar al gobierno federal la deuda que arrastra el IMSS por el pago de las pensiones de sus trabajadores, acompañada de un aumento del IVA para financiar a todo el sistema de salud, o un escenario “más drástico” que incluiría la liquidación y recontratación de los trabajadores en activo.

De mantenerse el riesgo financiero, se advirtió en la sesión de casi tres horas, no habría a finales de 2012 recursos suficientes para comprar medicinas y pagar la nómina.

Eduardo González Pier, director de Finanzas del IMSS y principal expositor de la reunión, sugirió reducir el Régimen de Jubilados y Pensionados del Instituto, trasladar el pasivo que genera al Gobierno federal y fiscalizar la nómina de jubilados ante la evidencia de “abusos” como “viudas que ya no son viudas o huérfanos que ya tienen más de 25 años”.

Planteó además prorrogar la edad de retiro laboral para evitar que se vayan “cirujanos de 55 años de edad” y ofrecer a los sindicalizados un bono similar al otorgado por el ISSSTE para optar por un nuevo sistema de retiro.

“Es un bono donde les compras la antigüedad, se las depositas en su subcuenta y empiezan a cotizar como si fueran trabajadores nuevos, pero ya con un saldo interesante acumulado”, explicó.

Y añadió: “no omito recordar que la opción más drástica, aunque muy difícil, es liquidar a la población, los 319 mil que tenemos ahorita; liquidar a todos los trabajadores del IMSS cláusula 56, que es la cláusula que da 150 días más 50 por año, (y) cuesta 152 mil millones (de pesos)”.

Respecto al financiamiento del sistema de salud planteó “ya no pagar la atención médica de la salud de la nómina, sino pagarla de un impuesto general.

“No puede ser nada más consumo, puede ser otra serie de impuestos generales (…) Si seguimos en el IMSS pensando que la atención médica de los pensionados va a ir contra los ingresos de la nómina, se va a agotar el recurso. La población arriba de 50 años cuesta un dineral y está subiendo los costos de una forma impresionante”, advirtió.

González Pier comentó que para 2012 el IMSS tendría 230 mil jubilados en nómina y que la proporción existente entre trabajadores activos y jubilados sería menor de dos a uno.

“Es una situación muy, muy, grave”, expuso.

Según el diagnóstico “todo lo que ingresa adicional cada año el IMSS por sus ingresos de ley se va íntegramente y no alcanza a pagar los incrementos de las dos nóminas, la de activos y la de jubilados; no queda un solo peso para aumentar el gasto en materiales y suministros, servicios generales, para aumentar conservación, inversión, nada”.

El director de Finanzas resumió: “estamos en una situación donde la empresa se está convirtiendo en un pagador de nóminas”.

Conforme la exposición, avalada por Karam, lo más grave es que “hay una muy alta probabilidad de que el Instituto no tenga para pagar sus nóminas, o a finales del 2012 o a principios del 2013″.

“Estamos hablando de no comprar medicinas. No vamos a poder pagar la nómina y es el peor momento para entrar en una situación de crisis cuando hay una transición de gobierno, una nueva administración; hay un equipo de transición, hay un Secretario de Hacienda, este, digamos, designado, pero no en funciones”, alertó el funcionario.


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Espera SCT que juez confirme el depósito de dinero para Mexicana y se haga convenio

Miriam Posada y Patricia Muñoz

Periódico La Jornada
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 29

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que está a la espera de que el juez decimoprimero de distrito en materia civil, Felipe Consuelo Soto, confirme que Med Atlántica depositó en un banco mexicano los recursos para capitalizar a Mexicana de Aviación y que se elabore el convenio con acreedores para comenzar la verificación de las capacidades técnicas, financieras, jurídicas y operativas de los interesados, para entregarles el certificado de operador aéreo.

El monto del depósito no está claro, ya que se ha dado la versión de que se trata de 300 millones de dólares o de 415 millones, de los cuales 300 millones serían para Mexicana y 150 millones para la construcción de un hotel de la firma Blue Bay, operados por Med Atlántica.

Aunque el anuncio es alentador para los trabajadores de Mexicana, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Héctor Velázquez, advirtió ayer que la aerolínea no podrá volar hasta que pague 50 millones de pesos que adeuda por haber recibido diversos servicios que proporciona la terminal aérea.

Asimismo, dijo, "debe entregar fianzas, habilitar sus mostradores y pagar las tarifas de uso aeroportuarios (TUA), además de tener las aeronaves necesarias".

En su anuncio, el juez señaló que el depósito de Med Atlántica fue por 300 millones de dólares, pero el subsecretario Felipe Duarte declaró ayer que el cheque en cuestión es de 415 millones, monto del que no precisó si es todo para la capitalización de la aerolínea o para alguna otra actividad del grupo Med Atlántica.

Luego de que el juez Consuelo Soto anunció el martes que Med Atlántica depositó los recursos para la capitalización, la SCT detalló que el juzgador envió a esta dependencia un comunicado en el que señaló que "se ha demostrado a entera satisfacción (del juez) la existencia y disponibilidad de la suma de 300 millones de dólares americanos (sic) depositados en un fideicomiso". Añade: "no es óbice que la suma depositada se encuentra en proceso de cobro, ya que los integrantes del comité técnico del fideicomiso están informando de dicha circunstancia".

El juzgador dijo a la SCT que "se le suplica que tome todas las medidas necesarias para que sean protegidos los datos de las personas físicas que constituyen el grupo de inversionistas en cuestión, así como la información contenida en el fideicomiso y personas que invierten en el mismo". También solicitó a la SCT que reciba al grupo y al conciliador para tener una plática confidencial.

A su vez, la dependencia precisó que el cheque depositado es salvo buen cobro, por lo que habrá que esperar a que eso se produzca. Puntualizó que desconoce la identidad de las personas que integran el grupo de inversionistas, por lo que debe ser el conciliador Gerardo Badín quien resguarde la confidencialidad de sus datos, y señaló que los recibirá este 2 de febrero, como solicitó el juzgador.

Rutas 100% más caras

Para los mexicanos resulta más caro volar a Chihuahua o Ciudad Victoria que a Los Ángeles o Nueva York; pasar unas vacaciones en Cancún les cuesta más que en Las Vegas, ya que como Mexicana de Aviación dejó de operar, algunas rutas se han encarecido hasta 100 por ciento y se ha reducido 60 por ciento la disponibilidad de lugares, lo que afecta y distorsiona toda la cadena comercial aérea del país, señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes del Distrito Federal, Gerardo Pérez Aguilar.

El directivo ofreció ayer una conferencia de prensa conjunta con los dirigentes de los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación, Fernando Perfecto, Ricardo del Valle y Miguel Ángel Yúdico, respectivamente, quienes advirtieron que aún cuando el juez del concurso mercantil de la aerolínea, Felipe Consuelo Soto, declaró que el grupo Med Atlántica ya depositó los recursos para el rescate de esta empresa, funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) vuelven a poner "piedras en el camino" y "obstáculos" para impedir que se concrete la inversión que salvaría a la aerolínea.

En esta conferencia, Pérez Aguilar, junto con Mauricio Domínguez, presidente de la Asociación de Mercadotecnia y Ejecutivos de Ventas, informaron que aunado a los empleos que se perderían si Mexicana no se restructura, también están en riesgo más de 50 mil trabajos que dependen directamente de las agencias de viaje, "debido a que a partir del primero de enero del 2012 nuevamente Aeroméxico redujo la comisión que otorgaba a estas empresas en 75 por ciento, y ahora sólo les da uno por ciento de comisión, lo que propiciará la desaparición de este sector y el despido de agentes". De hecho, señalaron, ya cerró 40 por ciento de las agencias de viaje ante el recorte de las comisiones.

A su vez, el capitán Perfecto explicó que apenas se dio el anuncio de la inversión, ya salió de nueva cuenta el "cártel del sector aéreo" a cabildear para que se impida que se concrete esa operación. Demandó a la SCT a dejar el doble discurso y operar, particularmente el subsecretario Felipe Duarte, para que se agilicen los trámites y no se pongan trabas para que se expida el permiso como operador aeronáutico a Med Atlántica.

Miguel Ángel Yúdico destacó que mientras el gobierno aceptó vender la aerolínea por mil pesos, ahora para su rescate hace exigencias imposibles de cumplir para los inversionistas y les pone toda clase de "trabas".


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Impugnan Iusacell y Televisa rechazo de CFC a su alianza

Miriam Posada García

Periódico La Jornada
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 2

La Comisión Federal de Competencia (CFC) negó a Televisa y Iusacell la autorización para que la primera adquiera 50 por ciento de las acciones de la empresa de telefonía en mil 600 millones de dólares.

Ambas firmas señalaron que solicitarán a la comisión que reconsidere esa decisión, y criticaron que con esta medida sea el propio órgano regulador el que no promueva la competencia en el mercado de telefonía móvil. Detallaron que Iusacell ya está invirtiendo parte del dinero que aportó Televisa.

Ayer por la mañana notificadores de la CFC se presentaron en las instalaciones de Iusacell ubicadas en Montes Urales 460, pero se encontraron con que la numeración había sido alterada y cambiada por el número 409 y había sido quitado el logotipo de Iusacell.

Luego de un enfrentamiento con personal de la empresa, los notificadores tuvieron que ser apoyados por elementos de la Policía Federal (PF), y de esa manera lograron hacer la notificación sólo a uno de los representantes legales de Iusacell, de tal forma que este jueves intentarán cumplir con otras notificaciones para que el proceso se concluya en tiempo, forma y apego a la ley.

En pronunciamientos por separado, las empresas fijaron su postura sobre la decisión de la CFC, que fue de tres votos en contra y dos a favor.

Iusacell señaló que la negativa del regulador no fomenta la competencia en el mercado mexicano de telefonía, en sentido contrario a su mandato, que consiste en alentarla en un marco de legalidad y certidumbre jurídica.

"Por eso la resolución es cuestionable, dado que está basada en suposiciones y presunciones hipotéticas, e ignora los efectos nocivos de la alta concentración que hay en el mercado de las telecomunicaciones y los altos costos que por ello pagan los consumidores mexicanos", dijo la empresa, con base en argumentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El director de cumplimiento regulatorio de Grupo Iusacell, Eduardo Ruiz Vega, explicó que el expediente es muy amplio y complejo, por lo que aún no se pueden detallar los argumentos de los comisionados, pero adelantó que habrían tomado la decisión considerando todos los negocios que tienen Televisa y Grupo Salinas, y no se concentraron sólo en el de telefonía móvil, que es en el que opera Iusacell.

Sin embargo, enfatizó, la operación se reduce al mercado de telefonía móvil, en el cual Iusacell tiene una participación de 4 por ciento, y el trato con Televisa consiste en la compra de deuda para la capitalización de la telefónica.

Iusacell adelantó que entre los argumentos para solicitar la reconsideración podrían usar los mismos empleados por los comisionados en la página 18 del expediente, que dice: "al existir competidores que cuentan con una presencia significativa mayor, el fortalecimiento de Iusacell tendría efectos favorables sobre la competencia".

Ruiz Vega enfatizó que no se puede olvidar que en México siete de cada 10 teléfonos celulares son de Telcel, y ocho de cada 10 líneas fijas y accesos a banda ancha son de Teléfonos de México, pertenecientes ambas al mismo grupo.

Destacó que Iusacell seguirá operando y que la posición de deuda se mantiene.

Televisa afirmó que la resolución de la CFC "debilita la competencia en un sector clave para el desarrollo de México, en el cual la propia CFC ha declarado a una empresa como participante dominante en este sector".

Señaló que los propios comisionados que votaron por la negativa de la operación aportaron elementos favorables, al señalar que “la participación de Televisa como accionista de Iusacell podría lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado de telefonía móvil, lo que incidiría favorablemente en el proceso de competencia en ese mercado.

"Los comisionados también indicaron que los posibles efectos contrarios a dicho proceso en otros mercados pudieron haber sido prevenidos mediante condiciones específicas impuestas por la CFC."

Televisa puntualizó que ya completó la inversión de mil 600 millones de dólares en Iusacell, de los cuales 37.5 millones se invirtieron en capital, y más de mil 560 millones en deuda convertible.

Se trata de deuda que tiene una tasa de 2 por ciento y fecha de conversión en diciembre de 2015 o antes, y destacó que Iusacell ya empezó a invertir el dinero recibido para fondear su plan de negocios, ampliar su infraestructura e incrementar la base de clientes.

Al igual que Iusacell, Televisa criticó que la CFC no haya autorizado la operación, a pesar de que –entre los países desarrollados– México tiene los precios más altos en servicios de telecomunicaciones, y de que instancias como la OCDE atribuyen esa situación a la falta de competencia en telecomunicaciones por la dominancia de una sola compañía, lo que lleva al país a perder 2.2 por ciento del producto interno bruto (PIB).

La notificación

Ayer al filo del mediodía notificadores de la CFC se presentaron en las instalaciones de Iusacell para entregar el documento con la decisión del pleno, pero se encontraron con que el número donde se ubica el inmueble había sido cambiado, y desaparecido el logotipo de Iusacell.

Personal de la empresa impidió la entrada de los notificadores, con el argumento de que tenían que hacer fila para registrarse en la recepción, a lo que los funcionarios se negaron porque un día antes habían entregado el aviso de que se llevaría a cabo la diligencia y por tratarse de un procedimiento oficial no tenían que registrarse.

Se afirmó que se trataba de una estrategia de la empresa para que se rebasara la hora del procedimiento, y no recibir la notificación.

Por fin entró uno de los funcionarios, pero le negaron el paso a dos testigos del mismo equipo, necesarios para hacer la diligencia. Momentos después dos notificadores intentaron entrar, pero fueron detenidos por personal de Iusacell, por lo que tuvieron que intervenir elementos de la PF, quienes señalaron que no podían entorpecer la actuación de los representantes de la CFC.

El señalamiento no fue acatado de inmediato por el personal, y se produjo un enfrentamiento entre personal de Iusacell y la comisión.

Finalmente entraron los dos funcionarios, y después de una hora 43 minutos salieron del inmueble. La notificación se hizo sólo a uno de los representes legales de Iusacell, por lo que este jueves el personal de la CFC regresará para intentar terminar con el procedimiento legal.

El equipo de la CFC solicitó el apoyo de la PF porque el martes pasado, cuando intentaron entregar los citatorios para este jueves, les impidieron la entrada al edificio de Iusacell con el argumento de que es propiedad privada, y a pesar de que iban acompañados de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, también se produjo un enfrentamiento con personal de la empresa.


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Exigen sindicatos de la UACM a la junta local que les otorgue la toma de nota

Laura Gómez Flores y Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 39

Decenas de integrantes de los sindicatos Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM) y Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) exigieron al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Ramón Montaño Cuadra, el otorgamiento de su toma de nota.

En una manifestación efectuada ayer a las afueras de las oficinas de la junta, ubicadas en Doctor Río de la Loza número 68, que implicó el cierre de la avenida por más de tres horas, las organizaciones gremiales denunciaron "el contubernio de las autoridades capitalinas con el organismo para debilitar a los sindicatos educativos, como sucedió en la época fascista, cuando el Estado mantuvo el control de los sindicatos, lo que no vamos a permitir".

A tres meses de que la planilla Autonomía Sindical, representada por María Auxilio Heredia, ganó la elección para el periodo 2011-2013, "nos han negado la toma de nota ante la aparición de un grupo de allegados de la rectora Esther Orozco, encabezado por David Gaytán, y evitar la entrega de más de 2.5 millones de pesos de cuotas sindicales", señalaron.

Mencionaron que, al igual que los trabajadores de limpia del IEMS que llevan dos años exigiendo su reconocimiento, "nos mantendremos en pie de lucha, pues quieren utilizar la toma de nota como una excusa para no entregarnos el dinero que nos permitiría defendernos ante los despidos injustificados, ayudar a los compañeros que se encuentran en esa situación y desconocer el emplazamiento a huelga previsto para marzo próximo".

Trabajadores administrativos y académicos anunciaron que continuarán las protestas y movilizaciones ante diversas instancias del gobierno capitalino y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para "acabar con estas tropelías y lograr la pronta salida de la rectora, Esther Orozco".

Los inconformes efectuaron una manifestación ante la sede de la junta, en la que fueron apoyados por representantes de los sindicatos de la UNAM, bomberos, electricistas y del Colegio de Posgraduados.

Por ello exhortaron a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo a intervenir y hacer respetar el voto de los trabajadores, pues "la toma de nota dejó de ser un factor de poder para las autoridades".


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Incremento salarial de 3.8 por ciento evita huelga en la UAM

Karina Avilés y Laura Poy

Periódico La Jornada
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 19

La huelga programada para ayer a las 23 horas en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se conjuró debido a que 177 delegados sindicales se pronunciaron por el no a la suspensión de labores, mientras 44 lo hicieron favor y ocho se abstuvieron.

Con esa decisión poco más de 7 mil 800 trabajadores administrativos y docentes recibirán un incremento directo al salario de 3.8 y 2.6 por ciento en prestaciones, por lo cual 45 mil alumnos de licenciatura y posgrado podrán continuar con sus actividades académicas.

Arturo Vega, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, informó que, además del alza salarial, se acordó con las autoridades universitarias un aumento al tabulador laboral para todos los empleados de esa casa de estudios. El personal administrativo recibirá entre 4.3 y 12 por ciento de incremento, de acuerdo con su puesto y antigüedad, y los profesores-investigadores 3 por ciento.

En tanto, hoy a las 15 horas vence el plazo del emplazamiento a huelga del Sindicato Único de Trabajadores de El Colegio de México, que exige un incremento salarial de 10 por ciento.

Las autoridades de esa casa de estudios presentaron a los trabajadores administrativos una oferta de 4.2 por ciento, indicó el secretario general de dicho sindi- cato, Eliseo Muñoz Meneses.

Agregó que existe un punto de controversia, ya que la autoridad "se saltó un procedimiento para sancionar el carácter de 20 plazas; es decir, si son de confianza o administración".

El colegio contrató personal por honorarios y luego lo regularizó para ser de confianza, con lo cual hizo de lado los procedimientos normativos, afirmó.

Agregó que después de dos mesas negociaciones se llegó a una suerte de convenio en relación con dicho punto, consistente en que una comisión bilateral dictamine esos puestos.

Este jueves a las 10 de la mañana los 253 trabajadores realizarán uns asamblea para decidir si colocan las banderas rojinegras en esa casa de estudios.


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El peligro es que la religión se convierta en factor de división, señalan manifestantes

De los corresponsales

Periódico La Jornada
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 14

Miles de personas de distintas organizaciones religiosas, sociales y civiles se manifestaron en las principales avenidas, plazas públicas y congresos de por lo menos 16 de los 31 estados del país, en rechazo a las reformas al artículo 24 constitucional sobre libertad religiosa, las cuales, argumentaron, pretenden desmantelar el Estado laico en el país.

Una de las protestas más numerosas tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco, donde unos 4 mil ciudadanos, la mayoría pertenecientes a la Iglesia La Luz del Mundo, se apostaron en la plaza de armas para expresar su inconformidad por las enmiendas que "conceden privilegios a la Iglesia católica" en perjuicio de las 7 mil agrupaciones religiosas que hay en el país.

"Los primeros damnificados de esa reforma serán los niños, porque serán discriminados en escuelas y la religión será un factor de división", dijo Israel García Íñiguez, vocero del Foro Cívico México Laico sección Jalisco.

Los manifestantes portaban rosas, crisantemos, claveles, azucenas –todas en color blanco–, así como pancartas, lonas y camisetas en las que se podía leer un rotundo "No" a la reforma que, según ellos, atentará contra el Estado laico en instituciones como las educativas y las de salud.

"Juárez no puede resucitar", rezaban las mantas y cartulinas que unas 2 mil 500 personas, en su gran mayoría miembros de iglesias cristianas y evangélicas, mostraron durante la marcha realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, contra las enmiendas al 24 constitucional. Los inconformes partieron del parque Borunda, avanzaron por la avenida 16 de Septiembre –la principal de la localidad fronteriza– y llegaron al monumento a Benito Juárez, en la zona centro, donde efectuaron un mitin.

Pidieron a los senadores respetar la filosofía e ideas de los "pilares fundadores de nuestra libertad", entre ellos Benito Juárez, quien logró la separación de Iglesia y Estado.

En la ciudad de Guanajuato unas mil personas protestaron frente al Congreso local y aseveraron que la modificación al artículo 24 Constitucional tiene el propósito de "agradar" al papa Benedicto XVI en su próxima visita a México e introducir la religión católica en las escuelas.

Mujeres, hombres y niños portaron pancartas con la silueta del Papa y con frases como: "Con nuestra fe no se trafica, ni se vende a nadie sólo por venir a México", "El maestro enseña su docencia y el cura su indecencia" y "Ya basta de que entre a la escuela el pederasta".

También hubo movilizaciones en Nuevo León, Nayarit, Sonora, Colima, Guerrero, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Morelos, Aguascalientes y Yucatán, en su mayoría convocadas por el Foro Cívico Mexicano Laico AC.


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Alertan sobre el intento de desmantelar el Estado laico y beneficiar a una Iglesia

Ariane Díaz y Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 14

Alrededor de 3 mil integrantes de agrupaciones religiosas protestantes, organizaciones sociales, ciudadanos e intelectuales se manifestaron en el Hemiciclo a Juárez en contra de la reforma al artículo 24 constitucional, aprobada en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, por considerar que sienta las bases para el desmantelamiento del Estado laico y otorga beneficios a la jerarquía católica, lejos de garantizar la libertad religiosa que dice defender.

Con el monumento a Benito Juárez y sus inmediaciones repletos por más de tres horas, se presentó la Declaración ciudadana México laico –firmada por más de 800 organizaciones religiosas evangélicas y mil 600 ciudadanos e intelectuales, entre los que destacan Elena Poniatowska, Jorge Carpizo McGregor, René Drucker y Arnaldo Córdova–, dirigida a la Cámara de Senadores, para que en el periodo ordinario de sesiones que se inició ayer rechace dicha reforma y apruebe las modificaciones al artículo 40 para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano.

El 15 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó apresuradamente un proyecto de reforma al citado artículo que abre las puertas a la Iglesia católica para oficiar en público y difundir sus ceremonias en medios de comunicación sin permiso de la Secretaría de Gobernación, y permite la instrucción religiosa en escuelas públicas.

Participaron en la protesta, entre otras agrupaciones, el Observatorio Eclesial, el Foro Intereclesiástico Mexicano, Católicas por el Derecho a Decidir y República Laica.

En el documento, promovido por el Foro Cívico México Laico –organización civil conformada a raíz del proyecto de reforma–, los manifestantes "rechazamos toda reforma constitucional cuyo objetivo sea estipular privilegios, lamentamos que se utilicen nuestras libertades públicas como materia de negociación política y que una reforma constitucional como esta se realice de forma apresurada, sigilosa y sin transparencia, y defendemos el Estado laico".

Sara tiene 18 años y pertenece a la Iglesia La Luz del Mundo. Llegó temprano al hemiciclo con una manta que decía "Libertad religiosa sin Estado laico no es libertad". Dijo que la reforma al 24 constitucional "va en contra de mi derecho a creer en lo que yo quiero y me afectaría en la escuela, donde quieren imponer una sola creencia".

Al grito de "¡No a los privilegios y sí al Estado laico", estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se sumaron a las protestas en el cruce de Insurgentes y Paseo de Reforma.

Participaron también otros estudiantes, como Julio César García, del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente, quien portaba un cartelón con la leyenda "Menos iglesia, más hospitales; menos biblias, más libros; menos hostias más comida para los hambrientos. Religión en la escuela nueva inquisición. No a la reforma al 24 constitucional".

Además, el Movimiento Ciudadano en Pro del Estado Laico convocó a una jornada informativa, durante la cual se "crucificó" una Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De aprobarse el artículo, "quedarían excluidas las conquistas obtenidas, dando prioridad al clero y a sus representantes. De continuar con esta visión retrograda, el Estado sería dirigido desde un púlpito sacerdotal y se corre el riesgo de generar violencia en las aulas, pues las mayorías pretenderían ataques en contra de las minorías que profesen otra religión, rompiendo sistemáticamente el equilibrio social que emanó de procesos históricos que costaron sangre y vidas", señaló Alejandro Rivera Benítez, coordinador de difusión del movimiento.

Manifestaciones similares se realizaron en 18 ciudades de la República.


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Denuncian que la Estela de Luz costó $65 millones más de lo anunciado oficialmente

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 13

La Estela de Luz, que inauguró Felipe Calderón el 7 de enero, costó mil 110 millones 575 mil pesos y no mil 35 millones, denunció el presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero (PVEM), al presentar copias de la ampliación del contrato entre I.I.I., filial de Petróleos Mexicanos, y la empresa Gutsa.

El documento revela que el 24 de noviembre el gerente de estudios, proyectos y construcción de I.I.I., Luis Enrique Arvizu Romano –ex secretario de obras del ayuntamiento panista de Cuernavaca– postergó 15 días el término de la obra, lo cual representó un costo adicional de 65 millones 717 mil pesos, más impuesto al valor agregado (IVA).

La modificación del contrato explica el retraso de la inauguración de la Estela de Luz, prevista para el 31 de diciembre, y por qué se entregó el monumento al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el 21 de diciembre.

El costo adicional de 65 millones más IVA se justificó con un "dictamen técnico" que el residente de la obra habría presentado el mismo día en que la empresa dependiente de Pemex y Gutsa firmaron el convenio de ampliación.

El documento afirma que “con fecha 24 de noviembre, el residente de obra de la entidad (I.I.I.) emitió un dictamen técnico… el cual funda y motiva las causas por las que se hace necesaria la celebración del convenio, con objeto de incrementar el monto y plazo de ejecución del contrato”.

Dichas causas fueron "volúmenes excedentes y nuevos conceptos extraordinarios adicionales a los considerados en el primer convenio modificatorio, entre los que destacan por su importancia: protección catódica, estudio de fatiga, tornillería adicional, rampa de discapacitados, iluminación del espacio conmemorativa, cancelería, restauración de la Reja de los Leones de Chapultepec y obras inducidas (sic)".

Pablo Escudero consideró "una vergüenza que se volviera a incrementar el costo de la obra, lo cual demuestra que sigue el despilfarro del dinero, y todavía hay que esperar cuánto costará el finiquito".

El convenio IIS-EST-COP-005-10-02 refiere que el 29 de enero de 2010, I.I.I. firmó el contrato original con Gutsa con un costo original de 398 millones 924 mil 149.03 pesos más IVA, para la construcción de la Estela de Luz en un plazo de 205 días naturales.

Sin embargo, el primero de septiembre del mismo año se firmó el primer convenio modificatorio, con dos objetivos: ampliar 481 días naturales más el término del monumento, e incrementar el monto del contrato en 414 millones 691 mil 531.15 millones de pesos más IVA.

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