martes, 14 de febrero de 2012

Extinción de Luz y Fuerza fue para destruir al SME

Yonadab Cabrera Cruz
LA QUINTA COLUMNA
Martes 14 de Febrero de 2012

El verdadero objetivo del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para extinguir la paraestatal Luz y Fuerza del Centro fue la eliminación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ya que era el único gremio que se oponía a la privatización del sector energético y ahora más del 50 por ciento de la electricidad en México es producida por empresas extranjeras, reveló el precandidato del PT al Senado, Manuel Bartlett Díaz.


Ayer, el exgobernador poblano realizó una gira de trabajo por el municipio de Huauchinango, región donde se localizaba el complejo hidroeléctrico de Necaxa, y ante algunos líderes del SME y del Partido del Trabajo Bartlett Díaz mencionó que la única manera de revertir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y devolver su trabajo a los 44 mil extrabajadores, es sacar a Calderón Hinojosa y comparsas del gobierno federal e impedir que llegue alguien como Josefina Vázquez Mota o Enrique Peña Nieto al poder, ya que comparten el mismo modelo de gobierno.


Manuel Bartlett consideró que el Ejecutivo federal dio un golpe de estado con la extinción de la paraestatal, ya que violó la Constitución Política de México y usó al Ejército y a las fuerzas policiacas para desalojar a los trabajadores de las plantas y oficinas de la compañía.


“La desaparición de Luz y Fuerza que decretó Calderón fue un auténtico golpe de Estado porque viola las leyes, él decretó que creó Luz y Fuerza, él sólo, por sí y ante sí utilizó al Ejército y a la Policía para correr físicamente a 44 mil trabajadores, lo cual es un crimen social inaceptable.”


Además, sentenció que los trabajadores del SME fueron los únicos que crearon un frente para impedir la privatización del sector energético, mientras que los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han mostrado a favor de la destrucción del sistema eléctrico.


“Pero el motivo de Calderón para atacar esa compañía fue destruir al sindicato claramente. ¿Por qué? Porque el SME era la única organización sindical que estaba en contra de la privatización del sector energético. Los trabajadores de CFE estaban ya muy amigables con la destrucción del sistema eléctrico y la única fuerza real que se ha opuesto a la privatización en defensa de la Constitución es el SME.”


Y es que a consecuencia de la desaparición de Luz y Fuerza y del debilitamiento del SME, actualmente más del 50 por ciento de la producción de la energía eléctrica corre a cargo de empresas extranjeras: “Hoy el 50 por ciento o más de la electricidad la generan las empresas extranjeras violando la Constitución.


”Qué esperanza deben tener esos trabajadores que han resistido con una actitud heroica porque los han querido cooptar ofreciéndoles dinero para que acepten, firmen y se diluya, pero más de 16 mil trabajadores han mantenido la resistencia.”


Al preguntarle su opinión respecto al exgobernador Mario Marín Torres a quien se le considera su “hijo político”, Bartlett Díaz respondió: “Si dicen que Mario Marín es mi hijo, entonces mi primer hijo se llama Melquiades y entonces Moreno Valle es mi nieto (…) y Zavala mi entenado”, concluyó.

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Vecinos de El Tronconal se manifiestan contra la CFE

Mar, Febrero 14, 2012

Itzel Villa

Xalapa, Ver.- Varios habitantes de la Reserva El Tronconal se manifestaron afuera de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la ciudad de Xalapa debido a que acusan que empleados de esta compañía acudieron la mañana de ayer a romper los cables de luz de los que estaban colgados ante la negativa de tener el servicio. Afirman que luego del hecho y aunque ya hablaron con personal de CFE se les cobrará los cerca de 4 años la energía.

“Veracruz produce luz, no es posible entonces que los xalapeños no tengan luz. Fueron a romper sus cables, los hicieron pedacitos”, aseveró la señora Mara Pérez Hernández, representante de los colonos.

Pérez Hernández comentó que en las pláticas que se han tenido con funcionarios de la CFE les han dicho que la comisión requiere de una minuta de Invivienda para poder instalar el servicio de luz en esta zona. Además de que cuando se instale, se les cobrará el consumo del tiempo que han estado conectados sin regularización.

“Nos van a cobrar todo lo que las personas ya consumieron en más de 4 años, o sea que no están negociando nada ni nos están haciendo ningún favor, lo están cobrando bien cobrado. La escuela no tiene luz, el jardín de niños no tiene luz”, apuntaron.

La representante de los colonos refirió que la gente de El Tronconal son personas de bajos recursos económicos que tienen la necesidad del servicio. Aseguró que tienen la voluntad de pagar pero piden que se haga la instalación correctamente.

“Ellos no tienen aparatos, qué les van a cobrar? Un foco, lo de un radio, una televisión, eso es lo que tienen. Bonito regalo le están dando a la gente más necesitada el día del amor y la amistad”.

Los afectados aseguraron que llevan más de 7 años sin luz a pesar de que han metido solicitudes de que se amplíe la cobertura de la energía eléctrica a la zona de El Tronconal, que es donde habitan.

Por su parte, la señora María Inés Rivera Ochoa, una de las afectadas, dijo que ante la necesidad que tienen se “colgaron de la luz”, pero están dispuestos a pagar su servicio.

“Tuvimos la necesidad d colgarnos donde pudimos porque tenemos hijos y no nos han ido a poner el servicio. Ayer en la mañana fue comisión y picó los cables que teníamos, hizo un desastre. (…) No pagamos el servicio porque no nos lo han puesto, lo queremos derecho. Lo pagamos pero que nos lo pongan”.

Después de casi media hora de la presencia de los manifestantes en las oficinas de la CFE, salió Irving Vite, del Departamento Jurídico de la comisión, quien habló con los inconformes y comentó que luego de que se proporcione la minuta por parte de Invivienda en donde se autorice la regulación de la instalación de luz, la comisión procederá a hacer los trabajos correspondientes.

Además, prometió a los inconformes que para acortar el tiempo que estuvieran sin el servicio se instalarían de manera temporal estaciones pequeñas de luz para llevar a cabo los cobros de manera grupal de acuerdo al consumo de cada transformador.

Veracruzanos.info

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CFE corta electricidad a escuelas y hospitales… hay que devolverle la ‘cortesía’

Martes, 14 de Febrero de 2012 21:09 Raúl Pérez González
Si la CFE genera y distribuye electricidad para el progreso de México, como es su lema, resulta absurdo que en la circunstancia que fuere, se le corte la electricidad a escuelas u hospitales.

En Tecuala, Nayarit, la Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio de energía eléctrica a dos escuelas primarias, por adeudos vencidos. Es una situación esencialmente absurda porque en Nayarit, en las centrales hidroeléctricas de Aguamilpa y El Cajón se genera el 4.2% de la electricidad producida a escala nacional, sin que esta entidad reciba beneficio alguno por este concepto. Inclusive en un plazo de un año entrará en operación otra central hidroeléctrica, La Yesca, con lo que la aportación de Nayarit al sistema eléctrico nacional se incrementará por encima del 5% del total.

En el caso de la CFE en Nayarit, como en todo México, debe buscarse un nuevo trato hacia el estado, que conduzca a términos justos de relación entre el gobierno en sus tres niveles y hacia la sociedad civil.

Según nota de NAYARITENLINEA.MX a dos escuelas primarias públicas del municipio de Tecuala, la CFE les cortó el servicio eléctrico por falta de pago, después vino una serie de reclamos entre gobierno y padres de familia, con respecto a quién fue responsable del no-pago. Pero hace un par de semanas la CFE había realizado una acción igual de desalmada, o peor, porque en Campeche le cortaron la electricidad a un hospital público, no obstante que tenían varios enfermos hospitalizados e incluso el gobernador de aquella entidad reclamó el acto inhumano de la paraestatal que contribuyó indirectamente a la muerte de un bebé que padecía neumonía.

Irracionalidades y propuestas:

1. En ningún caso, la CFE debiera estar en capacidad para cortarle la energía eléctrica a hospitales, ni escuelas públicos, porque enfermos y alumnos son los menos responsables y en cambio son afectados directamente por el no-pago, además de que eso va en contra del progreso de México, lema que maneja la empresa. Debe legislarse a escala federal, para que ese absurdo desaparezca.

2. La CFE aprovecha los recursos naturales de los mexicanos, petróleo y agua, para generar electricidad, luego hace aparecer (en sus recibos o facturas) que nos “subsidia” (¡!), presume que es de “clase mundial” y ser altamente eficaz para cortes indiscriminados.

3. La reforma hacendaria, que urge en México, debe contemplar la simplificación de los subsidios que el gobierno debe realizar, como en el caso de la energía eléctrica, y así evitar los absurdos esquemas que merman el carácter público que debe tener la educación, al menos en las escuelas públicas. La educación y la salud públicas deben tener energía eléctrica subsidiada, con base en los recursos energéticos que son de la nación y no de las empresas que son paraestatales (no-públicas).

4. Lo anterior permitiría eliminar el absurdo “esquema” de pagos del servicio de energía eléctrica en las escuelas de educación pública en las cuales se necesita que la “tiendita” genere recursos económicos para ayudar a pagar la energía eléctrica, no importando que tenga que vender alimentos “chatarra”, porque es otra forma de que paguen los padres de los alumnos, afectando además su salud.

5. En el caso de Nayarit, la CFE utiliza el valiosísimo recurso del agua del Río Santiago, en dos presas (Aguamilpa y El Cajón) y muy próximamente en La Yesca, afectando la cuenca, sobre todo en su desembocadura en la costa nayarita, sin darle nada a cambio. Los poderes ejecutivo y legislativo de Nayarit deben unirse para exigir a los poderes ejecutivo y legislativo federal, a efecto de que se le retribuya al estado por la energía eléctrica que se generan con sus recursos naturales, sin recibir a cambio más que malos tratos.

Si solamente se le cobrara a la CFE el 25% del precio al que ellos venden, por la energía que se genera en las hidroeléctricas de Nayarit, tendrían que entregarle al Estado la nada despreciable cantidad de 3 mil millones de pesos; o incluso cobrarle solamente ese mismo 25% de sus costos de explotación correspondería a Nayarit 2,371 millones de pesos, que mucho le hacen falta para resolver su grave crisis financiera.

Hay que devolverle la “cortesía” a la CFE.

http://macroproyectosrpg.blogspot.com/

(El autor de este artículo, Raúl Pérez González, es economista y académico de la UAN)

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¿AMLO gobernó bien el D.F.?

Por qué la Educación NO mejorará - George Carlin

Anonymous hackea página de la Presidencia de la República

Redacción SDPNoticias.com mar 14 feb 2012 19:11



El colectivo de hacktivistas Anonymous hackeó la página presidencia.gob.mx introduciendo mensajes alusivos a su movimiento.

La página de Presidencia de la República fue hackeada por el colectivo de hacktivistas Anonymous.

Después de un largo día de actividades para los activistas y "hackers", en donde se habrían introducido al FBI también, Anonymous habría inyectado sus propios mensajes en la sección de documentos alusivo al Foro Económico de Davos, Suiza.

"This Website was hacked by Sector HCV @T4L3NT3D_404 and @Gulli3m_404 Somos el Sector HCV Somos Legion No Perdonamos al Gobierno Expect us Y admin esto solo es XSS la proxima sera un deface asi que cuidese Luis Antonio Delgado Barraza IP:148.243.70.3 :D alert(\\\"Hacked By Sector HCV @T4L3NT3D_404 Y Gulli3m mi hermano Saludos a Felipe Calderon ", es el mensaje inyectado dentro del sitio.

El día de mañana el colectivo lanzaría un nuevo ataque contra el FBI, de acuerdo a rumores.

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López Obrador, no hay otra opción

REVISTA EMET
Nacional - Miércoles, 15 de febrero de 2012
Guillermo Fabela Quiñones - Opinión EMET

Otra sería la situación, si los mandatarios mexicanos actuaran con algo de patriotismo, como sin duda lo tienen los líderes canadienses.

El presidente Barack Obama, al solicitar al Congreso de su país un fondo de apoyo a la lucha contra las drogas en México, puntualizó: “Un México más estable aumentará la seguridad nacional de Estados Unidos, detonará el potencial de crecimiento económico y protegerá a los ciudadanos de Estados Unidos en la frontera compartida”. Es comprensible que sólo esté preocupado por sus connacionales, no lo es en cambio que no haga nada efectivo para que nuestra nación alcance la estabilidad requerida. Al contrario, la relación bilateral se basa en el interés primordial estadounidense de sojuzgar a México, en la medida que lo permiten sus gobernantes.

Otra sería la situación, si los mandatarios mexicanos actuaran con algo de patriotismo, como sin duda lo tienen los líderes canadienses. Esto explica por qué la relación con sus vecinos del norte es muy diferente a la que la Casa Blanca mantiene con nuestro país. Tal pareciera que se nos quedó para siempre el estigma de la traición de Santa Anna, pues desde entonces nos pesa demasiado la vecindad con un Estado que se caracteriza por sus afanes expansionistas, que se manifiestan en toda una “doctrina”, la Monroe, con la que pretenden justificar su comportamiento rapaz.

Si Obama tiene un verdadero interés en que México tenga estabilidad y gobernabilidad, debería actuar en consecuencia. No será con una política belicista como se podría lograr ese anhelado objetivo, que más que a él, debe interesarnos a nosotros los mexicanos. Desplegar esfuerzos y recursos únicamente en el combate contra el flagelo del narcotráfico, sin poner igual empeño en apoyar el desarrollo social y el crecimiento económico sostenido, no tendrá otro resultado que una mayor descomposición del tejido social, como lo demuestra la experiencia histórica.

En su petición al Congreso, Obama puntualizó que los fondos solicitados “se enfocarán sustancialmente en desarrollar instituciones del Estado de Derecho en México a través de entrenamiento, asistencia técnica y compras ilimitadas de equipo”. Obviamente, lo que se busca con ello es impulsar mayor venta de armas estadounidenses a nuestro país, no fortalecer el Estado de Derecho. Se busca promover un Estado policíaco, con el agravante de que su sostén provendría de las instituciones de seguridad de la nación vecina, lo que nos haría aún más dependientes de sus designios, y por ello seríamos más vulnerables.

Ciertamente, un México “más estable aumentará la seguridad de Estados Unidos”. Pero la estabilidad necesaria no se va a conseguir mediante el endurecimiento del Estado mexicano, sino mediante la eliminación de contradicciones graves, mismas que hoy son equivalentes a una gran bomba de tiempo. Para que haya estabilidad real en nuestro país, se requiere un constante desarrollo social, altos niveles de empleo, de seguridad pública fundada en el respeto al ciudadano, todo lo cual sería un firme muro de contención a las consecuencias del estancamiento económico, una de las principales causas de la descomposición del tejido social.

Un sexenio más de neoliberalismo en México, agravaría de manera inmanejable el proceso de dramático deterioro de la vida pública nacional. Sin embargo, esto no parece entenderlo la elite estadounidense, sólo empeñada en acrecentar sus privilegios y mantener su liderazgo mundial, hoy en riesgo por la crisis global de dicho sistema económico. Si realmente Obama quiere un México más estable, debe ser congruente y no interferir en el imperativo de apuntalar cambios reales, los cuales en este momento sólo pueden provenir de las fuerzas democráticas, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. No hay otra opción.

Para que haya estabilidad y paz social en nuestra nación, no hay otro camino que desandar la ruta trazada por los tecnócratas neoliberales, con el fin de evitar un fatal desenlace en muy poco tiempo, de continuar por esa vía irracional. Pensar que con un Estado represivo, de corte policíaco, se podría lograr esa meta, es un error absurdo. Obama debe ser consecuente y actuar con un mínimo de sensatez. Así lo está haciendo al buscar poner fin a las exenciones fiscales a las grandes empresas estadounidenses, así como gravar más a quienes más tienen, tal como lo demandó el súper millonario Warren Buffett.

Así como Estados Unidos tiene un vecino confiable al norte de su frontera, también puede tenerlo al sur, siempre y cuando ponga en práctica una política exterior acorde con el imperativo de asegurar estabilidad y paz social en México. Esta meta sólo se podrá alcanzar en la medida que la elite imperialista estadounidense deje a un lado sus afanes intervencionistas, nos deje gobernarnos como nos conviene a los mexicanos, y entienda que vale más un vecino sin conflictos que uno metido en situaciones que hacen imposible una mínima estabilidad.

Interrumpen a Poiré en foro para analizar la posible legalización de drogas

Interrumpen a Poiré en foro para analizar la posible legalización de drogas
Para los amigos que nos siguen desde el extranjero, Poiré es el secretario de gobernación, funcionario Mexicano.

SME visita la embajada de Grecia

Tiempo de definiciones, pacto de unidad con AMLO

Trabajadores del SME en Tula, exigen solución

Los manifestantes se presentaron en el lugar desde las siete de la mañana y durante cinco horas lanzaron consignas contra el régimen del mandatario mexicano.

Armando Cruz Sánchez, corresponsal
Publicado: 13/02/2012 20:44


Tula, Hgo. Un centenar de trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se manifestó este lunes frente a la central de servicios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en la colonia San Lorenzo para exigir al gobierno de Felipe Calderón la solución del conflicto que mantiene en el desempleo a cinco mil operarios del estado de Hidalgo de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC).

Los manifestantes se presentaron en el lugar desde las siete de la mañana y durante cinco horas lanzaron consignas contra el régimen de Calderón Hinojosa, “ya que, dijeron, no solamente nos quitó nuestra fuente de trabajo, sino que nos condenó al desempleo permanente al boletinarnos e impedir de esa manera recontratarnos en otras empresas”.

Pablo Esparza, subsecretario del SME, división Juandhó, quien encabezó la concentración, manifestó que continuará la resistencia civil pacifica hasta en tanto el gobierno federal no resuelva el problema y denunció la violación por parte del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) del convenio suscrito en 1985 con el SME para no invadir zonas de trabajo cubiertas por este último gremio.

“Emplazo a Víctor Fuentes, dirigente del SUTERM, a que respete el convenio, ya que tras el golpe a Luz y Fuerza del Centro él mismo dijo que solamente estaban entrando en las regiones materia de trabajo del SME personal de confianza de la CFE y ahora resulta que también lo están haciendo trabajadores sindicalizados”.

Esparza reiteró las demandas fundamentales de los trabajadores afiliados al SME y dijo que exigen al gobierno de Calderón la reinserción de 16 mil 599 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro dentro de la CFE; la solución del conflicto que se mantiene todavía en su fase litigiosa, y el respeto a las zonas de trabajo por parte del SUTERM.

Informó que existe en contra de los trabajadores de la CLyFC una campaña de veto laboral auspiciada desde el gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que cuando van a solicitar trabajo a otra empresa el número de afiliación al IMSS aparece marcado en rojo y automáticamente les niegan el empleo.

“Calderón nos dejó bien boletinados”, comentó Esparza para luego evidenciar los abusos de la CFE y los perjuicios ocasionados a los consumidores de colonias como El Tablón, en el municipio de Atitalaquia, y Pueblo Nuevo y San Miguel Vindhó, aquí en Tula, cuyos aparatos domésticos resultaron averiados tras la instalación cables de aluminio conductores de electricidad, en lugar de los de cobre.

Agregó que CFE está conectando servicios con 220 voltios en lugar de 125 voltios, con lo que revienta los aparatos domésticos de los consumidores; “por ello hacemos un llamado a la población para que no permita el cambio de cable de cobre por aluminio; que rechace la instalación de medidores inteligentes, y que denuncie los cobros excesivos que viene haciendo esa empresa que se ostenta como una compañía de clase mundial”.


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Crean unión de trabajadores; el fin: no votar por PRI y PAN

Matilde Pérez U.

Periódico La Jornada
Martes 14 de febrero de 2012, p. 17

Poco más de medio centenar de organizaciones sociales de 22 estados acordaron fundar la Central Unitaria de Trabajadores del Campo y la Ciudad; su consigna: no otorgar ningún voto a PRI y PAN, a los cuales responsabilizaron por el desempleo, inseguridad, deterioro de las instituciones de seguridad social y alza en precio de los alimentos.

Al dar a conocer los acuerdos del congreso social que se realizó en Toluca, estado de México, Gonzalo Mejía, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Sindicalistas Valentín Campa Salazar, dijo: "Todos los que se han burlado de nuestros derechos consagrados en la Constitución, no nos volverán a representar", e hizo un llamado a los trabajadores para que "no vuelvan a permitir un gobierno neoliberal en el país".

Acompañado por representantes del movimiento indígena, jubilados y pensionados del magisterio, de estudiantes y maestros democráticos, defensores de los ejidos y trabajadores del arte y la cultura, asentó que dicha central pugnará por la reducción de los salarios de los funcionarios públicos, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia y utilizar esos ahorros para abatir el desempleo y la creación de empresas sociales.

Lucharán en contra de la privatización del Insituto Mexicano del Seguro Social y la desaparición del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.


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Deja cárcel cajera que denunció fraude a la CFE

Abel Barajas
Agencia Reforma | 13-02-2012 | 22:58

El Diario Nacional

Distrito Federal— La ex cajera del área de Transmisiones de la CFE, María Elena Guerrero Escamilla, quien denunció el robo más grande de la historia en la paraestatal, logró su libertad, aunque todavía no ha sido declarada inocente.

La ex empleada abandonó la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, tras compurgar una condena de 4 años con 6 meses de prisión, que le fue impuesta por el Primer Tribunal Unitario Penal del DF, a cargo del magistrado Manuel Bárcena Villanueva.

Guerrero fue la primera persona que en junio de 2007 dio aviso a las autoridades de los movimientos irregulares que había detectado en las cuentas electrónicas de la CFE y que más tarde se descubrió que era un atraco de 308 millones de pesos.

Pese a lo anterior, fue consignada por la PGR y hasta ahora las instancias judiciales la han declarado culpable, debido a que su password para hacer movimientos bancarios fue utilizado para transferir 22 millones 156 mil 949 pesos.

La sentencia ratificada en su contra también prevé una multa de 73 mil 5 pesos y la reparación del daño por el monto del dinero que fue transferido con su clave de autorización de las cuentas de la CFE.

En su fallo, el magistrado Bárcena confirmó la condena de primera instancia por 4 años 6 meses de cárcel a condena a los ex empleados de la empresa, Diana Patricia Gutiérrez Molina, Clemente Valencia Terán y Julián García Aguado.

Al igual que Guerrero, estos tres ex trabajadores también abandonaron hace unos días sus celdas del Reclusorio Sur y Santa Marta.

La misma sentencia fue impuesta a los hermanos Ismael y Alejandro Morales Méndez, este último el principal artífice del atraco a la paraestatal, aunque ellos continuarán tras las rejas, pues cumplen con otra condena por lavado de dinero.


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¿Qué pasa si AN pierde este año?: diputados de GB

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Martes 14 de febrero de 2012, p. 11

El presidente del Senado, el panista José González Morfín, recibió ayer a una delegación del Parlamento británico, y durante el encuentro los legisladores europeos cuestionaron: "nos sentimos intrigados respecto a si su partido no logra retener la Presidencia de la República (en la próxima elección), qué cambios habrá, porque hoy tienen estabilidad financiera, crecimiento económico y una campaña muy vigorosa en contra de las mafias".

González Morfín respondió: "No veo posibilidades de un regreso o de dar marcha atrás en esta lucha que ha emprendido el presidente Felipe Calderón en contra del crimen organizado".

Abundó el panista en su respuesta: "por supuesto que nosotros en el PAN vamos a apostar y a luchar por tener una tercera Presidencia de manera consecutiva con nuestra candidata, entendiendo que finalmente la decisión estará en manos de los electores".

Insistió el también coordinador de los senadores del PAN: "en este tema de recuperar en definitiva la tranquilidad de las familias mexicanas, el que podamos andar por las calles de nuestros pueblos y ciudades sin ser molestados, sin correr peligro, no veo quién pueda oponerse a seguir con una estrategia como ésta".

González Morfín dijo a los legisladores británicos: "tengo confianza en que finalmente saldremos bien librados del proceso electoral. Creo que la elección en México será democrática, como han sido todas la últimas, y será presidente o presidenta de la República quien así decidan los mexicanos por mayoría, y tendremos nuevamente un Congreso plural, como han sido los anteriores, donde se recojan todas las opiniones y todas las voces que le dan mucha riqueza al trabajo legislativo".

Ante las preocupaciones de los legisladores británicos, González Morfín resaltó: "tengo la impresión, y así se refleja en todas las encuestas, que el próximo Congreso también va a ser muy plural. No veo posibilidades de retroceso en materia de lucha contra el crimen organizado, y creo también que el próximo gobierno habrá de luchar por preservar la estabilidad económica, las bajas tasas de inflación, que nos permitan tener cada vez mayores tasas de crecimiento para generar empleos bien remunerados".

Subrayó a los visitantes que "México está en este momento creciendo a tasas más importantes que prácticamente cualquier país de la Unión Europea e incluso más que Brasil, tanto que la expectativa de 2012 es que creceremos más que esta última nación del cono sur, y con una inflación mucho más baja".


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Las políticas neoliberales en el campo han sido un rotundo fracaso: AMLO

Alonso Urrutia
Enviado
Periódico La Jornada
Martes 14 de febrero de 2012, p. 7
Culiacán, Sin., 13 de febrero. En la recta final de la precampaña, Andrés Manuel López Obrador, precandidato del Movimiento Progresista a la Presidencia, condenó las políticas neoliberales en el campo, que han sido un "rotundo fracaso" en los últimos 30 años, pues sólo han generado migración, pobreza, criminalidad y dependencia alimentaria. Ante productores rurales anunció una cruzada nacional para rescatar al sector agropecuario y revertir las crecientes importaciones de alimentos básicos.

En un foro sobre rescate del campo, en el que participaron representantes del Congreso Nacional Agropecuario, organizaciones campesinas e indígenas, López Obrador expuso que la balanza comercial negativa de este sector pasó de 694 millones de pesos en el periodo 1980-1982 a 6 mil millones de pesos entre 2007 y 2010. Al señalar que impulsará la inversión pública, consideró que no se contrapone lograr una agricultura de exportación de competitividad internacional a consolidar la producción para garantizar la autosuficiencia alimentaria.

De visita en la tierra del extinto candidato presidencial del PAN Manuel J. Clouthier, Maquío, López Obrador fue interrogado sobre los lineamientos de precampañas que emitió el Instituto Federal Electoral (IFE). Adelantó que los respetará puntualmente, pero analizará en detalle sus alcances. El próximo lunes habrá una reunión para definir sus actividades dentro de este periodo de intercampañas.

El precandidato también fue entrevistado sobre los acercamientos del Movimiento Progresista con Manuel Clouthier Carrillo, hijo de Maquío, quien renunció a la candidatura del PAN al Senado luego de ganar al blanquiazul una demanda ante el tribunal electoral: "Estimo mucho a toda la familia Clouthier. Creo que el padre, Manuel J. Clouthier del Rincón, fue un precursor de la democracia de nuestro tiempo, una gente que merece todo nuestro respeto y admiración. Por lo mismo, yo tengo afecto por toda la familia".

Sin embargo, sobre una eventual candidatura al Senado para Manuel Clouthier Carrillo respondió que ésos son temas que competen a los partidos de la coalición de izquierda.

Durante el foro, Julio Corona, del CNA, censuró las políticas agropecuarias "obsoletas, sin visión de mediano y largo plazo, que sólo han provocado una mayor dependencia alimentaria y convertido al país en el segundo mayor importador de básicos, sólo detrás de Japón". De seguir esta estrategia, advirtió, el país resentirá aún más los estragos del alza mundial en los precios de los productos agropecuarios, situación que ya desde ahora se manifiesta.

A su vez, Víctor Suárez destacó la inmovilidad y caída que enfrenta el sector agropecuario en las últimas décadas, cuando sólo ha tenido un crecimiento promedio de 1.3 por ciento, pero bajo la administración de Felipe Calderón se ha reducido a 0.9 por ciento anual. Es el saldo, dijo, de los 18 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se expresa en que en la actualidad México importa 40 por ciento de productos básicos de Estados Unidos.

En su oportunidad, López Obrador reprobó que los gobiernos de PRI y PAN hayan terminado con las políticas de fomento por su visión neoliberal de cancelar la inversión pública en este sector. Han eliminado subsidios a los productores y cancelado aranceles a la importación de productos agropecuarios, con resultados "desastrosos", como desplome de la producción agrícola, pérdida de 50 por ciento del hato ganadero, eliminación de empleos rurales e incremento de la migración.

En paralelo, la importación de arroz pasó de 27 por ciento del consumo en 1980 a casi 80 por ciento en 2010, mientras la importación de bovinos creció en 300 por ciento en ese periodo y el huevo 200 por ciento.

Eso se tiene que terminar; se debe recuperar el papel del Estado en el impulso a las actividades primarias, reactivar créditos a los productores, el apoyo tecnológico hasta lograr la autosuficiencia alimentaria, y alentar las exportaciones, dijo.

López Obrador ratificó sus cuatro grandes prioridades: rescate del campo y soberanía alimentaria; modernizar el sector energético; promover el empleo y combatir la pobreza, así como serenar al país y que regrese la paz social.

Al término del acto, el precandidato fue interrogado sobre las opciones que representan sus adversarios, a lo que respondió una vez más que PRI y PAN son lo mismo.

–¿Y usted no va a ser lo mismo cuando llegue? –le dijeron.

–No.

–¿Me lo jura?

–Sí, yo soy un hombre de palabra; no soy Peña Nieto ni la señora ésta, ¿cómo se llama?… Josefina.


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El gobierno mexicano desoye la propuesta de reinstalar moratoria

Angélica Enciso L. y Blanche Petrich

Periódico La Jornada
Martes 14 de febrero de 2012, p. 3

En la última década tres instituciones nacionales e internacionales recomendaron al gobierno mexicano reinstalar y fortalecer la moratoria al cultivo de maíz transgénico, que luego de 11 años de vigencia se levantó en 2009, cuando se autorizó la siembra experimental del grano con vistas a su liberación comercial.

Lejos de acatar esas recomendaciones, el último día del año pasado el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) empezó a liberar las autorizaciones para que las trasnacionales realizaran las pruebas previas a la fase comercial. En principio fue la empresa Monsanto la que se benefició con tres autorizaciones para plantaciones de maíz genéticamente modificado en Sinaloa, en extensiones que, por el momento, no pasan de 150 hectáreas.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo una fuerte crítica a mediados del año pasado a las perspectivas de las autoridades agrarias del país de liberar los cultivos de maíz genéticamente modificado para su explotación comercial, y sugirió al gobierno mexicano que declarara "lo antes posible" el regreso a la moratoria.

Después de conocer y analizar los datos científicos más recientes sobre los riesgos ecológicos en México del cultivo de maíz transgénico, al culminar una visita oficial del 13 al 20 de junio de 2011, el relator especial para el Derecho a la Alimentación de la ONU, Olivier de Schutter, concluyó que los programas en curso constituyen para el país "un paso atrás en la realización del derecho a la alimentación".

Los transgénicos, señaló, plantean "graves riesgos para la diversidad de variedades nativas del maíz" mexicano. Estimó además –contra lo que sostienen las versiones oficiales– que su utilidad es relativa, "ya que esas variedades enfrentan poco los problemas principales, como la resistencia a la sequía o la capacidad de sembrarlas en suelos pobres".

Concluyó: "No parece haber otra razón para los ensayos de campo que la de ser el primer paso" para la comercialización a gran escala. Advirtió que la expansión de dicho grano provocaría "la desaparición gradual de las variedades locales" y "podría aumentar la dependencia de los agricultores" de una tecnología que va a transferir recursos a las empresas de semillas portadoras de patentes, industria que definió como "muy acaparada".

En 2009, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, organismo científico de la Semarnat, en el estudio Origen y diversificación del maíz, también pidió "reinstalar y mantener la moratoria hasta definir con precisión los centros de origen y diversidad; contar con la infraestructura necesaria para el control de ese maíz; determinar el grado de contaminación de transgenes en las razas del grano en todo el país; llevar a cabo una investigación pertinente sobre el impacto de ese cereal en México y desarrollar programas nacionales de protección, conservación y mejoramiento de las razas de maíz".

La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte divulgó en agosto de 2004 los resultados del informe del secretariado, Maíz y biodiversidad, efectos del maíz transgénico en México, realizado por un grupo asesor de 16 científicos de México, Canadá y Estados Unidos. El documento señala: "Dado que la persistencia y la propagación de nuevos genes dependen en forma tan marcada de la tasa del flujo génico, el gobierno mexicano deberá fortalecer la moratoria minimizando las importaciones de países que lo cultivan comercialmente. Por ejemplo, algunas naciones han hecho frente a esta problemática al moler los granos transgénicos en el puerto de entrada".

Con ello se evitaría que los campesinos mexicanos utilizaran los granos importados como semillas.

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Demandan aumento salarial y plan para la industria nuclear

De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 14 de febrero de 2012, p. 17

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear (Sutin) demandó un incremento salarial de 12 por ciento y exhortó a las autoridades a establecer una estrategia nacional para apuntalar la energía nuclear, pues desde hace una década no hay inversión en infraestructura e investigación.

Manuel García Barajas, dirigente del gremio, dijo que la revisión no se limita al contrato colectivo de trabajo y a la petición de incremento salarial, también incluye un llamado urgente a las autoridades para que inicien la contratación de personal, ya que 60 por ciento de los 380 trabajadores de base rebasa 55 años de edad.

En conferencia de prensa, puntualizó que la propuesta de los trabajadores al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) incluye cambios a 39 de las 112 cláusulas para mejorar la productividad en la producción científica y en los servicios de alta tecnología que presta a diversos clientes e instituciones. "Requerimos de un plan maestro de calidad y productividad para dejar de trabajar de acuerdo con las ocurrencias de los directivos en turno, y que considere la construcción de galerones para colocar los desechos radiactivos, pues el basurero de Maquixco, ubicado en Temascalapa, estado de México, no tiene lugar para albergar el desecho de 30 cabezales de cobalto de gran tamaño".

Este jueves, un grupo de trabajadores sindicalizados se instalarán a las afueras de la Secretaría de Energía para mostrar en carteles todas las actividades que llevan a cabo los trabajadores del Sutin. El acto se denominará Ciencia en la banqueta, y se demostrará que México pierde gran oportunidad de desarrollo al dejar de invertir en esta tecnología y que el gobierno, por su miopía, está cancelando el futuro.

El país inició la investigación nuclear en 1956 y por las presiones de Estados Unidos ha relegado la investigación en el tema, y aunque firmó el Pacto de Tlatelolco –con el que se comprometió a utilizar la energía nuclear para fines pacíficos– tiene un atraso de 20 años en el desarrollo de dicha tecnología. Por tanto, dicen, urge un cambio.

Recordó que los trabajadores del ININ prestan diversas asesorías y servicios a los sectores público y privado, entre ellos para la producción de fármacos en el diagnóstico y tratamiento de enfermos de cáncer en centros de salud, esterilización con radiación ionizante de tejidos como amnios, piel y hueso humanos y piel de cerdo usados para atender pacientes quemados, entre otros.


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Salarios en China, infinitamente más bajos que en México

Karina Avilés
Enviada
Periódico La Jornada
Martes 14 de febrero de 2012, p. 14

Aguascalientes, Ags., 13 de febrero. El presidente Felipe Calderón afirmó que la "gran competitividad" del país se basa en que, aparte de tener mejores condiciones de trabajo y de ingreso, se están graduando más de 100 mil ingenieros por año. "Por esa razón se están viniendo cada vez más empresas especializadas a nuestro país, no tanto porque los salarios sean muy bajos, que ciertamente habrá que mejorarlos, pero en China, por ejemplo, son infinitamente más bajos, o en India".

Por qué se vienen a México, se preguntó y él mismo se contestó: "porque además de la cercanía de Estados Unidos hay una gran calidad de nuestros ingenieros", y destacó que empresas armadoras de autos de Estados Unidos y Japón tienen previsto incrementar sus inversiones e instalaciones en México, particularmente en Aguascalientes.

De gira por este estado, Calderón señaló que está garantizado el abasto de granos básicos –para lo cual se ampliaron los cupos de importación– y exhortó a que cualquier abuso o especulación sea denunciado ante las procuradurías Federal del Consumidor y General de la República.

En esta entidad, donde el gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre pidió al Ejecutivo incluir 11 municipios en el Fondo Nacional de Desastres ante la sequía, considerada entre severa y extrema, el michoacano dijo: "No podemos bajar la guardia en la atención de las demandas y necesidades de la población en riesgo", porque el fenómeno sigue vigente.

El panista se dio tiempo para bromear: "Finalmente llovió un par de días en Aguascalientes, no está mal. Al Estado Mayor le costó mucho trabajo arreglar eso, pero finalmente lo logró".

Respecto a otra problemática, la de la influenza A/H1N1, dijo que no estamos en una situación grave ni de mucha preocupación. El secretario de Salud, Salomón Chertorivski, precisó que las zonas de secas no son propicias para este virus, por lo que en estas regiones no hay motivo de alarma, pero sí existen motivos para ocuparse de la prevención e higiene.

En la mañana, al encabezar una reunión de evaluación de las acciones ante la escasez de lluvias, el presidente Calderón apuntó que para garantizar el abasto de granos –incluyendo el maíz blanco– se amplió de 100 mil a 150 mil toneladas el cupo de importación de frijol para este año. "No vamos a permitir que esta difícil circunstancia cancele el esfuerzo de superación de millones de mexicanos que viven en el norte y centro del país, ni toleraremos que se vea frustrado de manera injusta su anhelo de bienestar y de progreso."

Más adelante, en el asentamiento Norias del Paso Hondo 2, algunas mujeres con niños pequeños y en brazos se le acercaron para hacer algunas peticiones, sobre todo, tener acceso a una clínica de salud. Esto, pese a que después el Ejecutivo se congratuló de declarar la cobertura universal de salud en la entidad.

A diferencia de la semana pasada, cuando entregó apoyos anticipados de diferentes programas sociales como Oportunidades y 70 y más y la gente aprovechó para hacer reclamos, en esta ocasión el espacio se dispuso para evitar eventuales quejas y un intercambio más directo con los vecinos.

La señora Cruz Anabel Sustaita, junto con su niño enfermo de insuficiencia renal, alcanzó a decirle que el Seguro Popular no cubre la enfermedad del menor y además le cobran la consulta.

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Dos mujeres pobres intentan suicidarse

Julia Le Duc, corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 14 de febrero de 2012, p. 34

Matamoros, Tamps. Agobiadas por la pobreza, dos mujeres intentaron suicidarse en esta ciudad fronteriza. Luego de recibir una llamada de su esposo, indocumentado en Estados Unidos, quien le avisó que no le mandaría más dinero y ella tendría que hacerse cargo del hogar, Diana Seney Castro, vecina del fraccionamiento Palmares, se encerró en su vivienda junto con sus hijos de 11 y nueve años para aspirar gas butano; sin embargo, fueron rescatados. La mujer permanece hospitalizada. En la colonia Canadá, Marisela N., madre de tres hijos, ingirió 30 pastillas tras perder su empleo.
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Juez ordena devolver rutas y slots a Mexicana

Ciudad de México | Martes 14 de febrero de 2012 María de la Luz González | El Universal12:00
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El juez a cargo del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, ordenó al Gobierno federal devolver las rutas y slots que pertenecían a esa empresa y han sido utilizados por sus competidoras durante el año y medio que no ha operado.

En un acuerdo publicado este martes, el juzgador ordenó "gírese oficio a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a efecto de que devuelva a la concursada las rutas y espacios de aterrizaje y despegue que le pertenezcan y están siendo utilizadas por las aerolíneas que se mencionan en el escrito que se acuerda, y se les reitere que esos espacios y rutas pertenecen a la concursada".

La disposición del juez se emitió en respuesta a la petición formulada por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, dos de los tres sindicatos de trabajadores de la aerolínea.

Consuelo Soto ordenó también que se notifique a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre la orden de restituir a Mexicana los espacios que desde el inicio del concurso mercantil han sido utilizados por Intejet y Volaris, para los efectos legales a que haya lugar.

El pasado 9 de febrero, el juez acordó suspender indefinidamente el plazo para concluir la conciliación en el concurso mercantil, que vencía el 10 de febrero, a fin de dar el tiempo necesario para que se firme el convenio concursal con acreedores y se concrete la recapitalización de la aerolínea más antigua del país, con el grupo Med Atlántica, que despositó los 300 millones de dólares requeridos a fines de enero.

La investigación sobre el origen lícito de esos recursos está en trámite en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como también la emisión del certificado de operador aéreo a los nuevos titulares de la compañía, por parte de la SCT.

eca

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Sindicatos de Mexicana piden a juez instruir la devolución de slots

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Martes 14 de febrero de 2012, p. 27

Los líderes sindicales de pilotos, sobrecargos y personal de tierra de Mexicana de Aviación solicitaron al juez Felipe Consuelo Soto girar instrucciones para que le sean devueltas a la aerolínea las rutas y los slots (horarios de aterrizaje y despegue que pertenecen a la aerolínea) que fueron otorgados en concesión "temporal" a otras compañías durante el proceso de concurso mercantil. En la petición, entregada al juez el 10 de febrero, se señala que luego de su resolución de posponer indefinidamente la conclusión del concurso mercantil y con ello la "inminente suscripción del convenio concursal", se hace indispensable para la reactivación de la aerolínea la devolución de las rutas y los slots en los aeropuertos donde Mexicana deberá prestar servicios. De manera expresa, los secretarios generales de los tres gremios que agrupan a los trabajadores de Mexicana solicitan al juez que requiera a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para que ordene a los grupos aeroportuarios del país, a Servicios Auxiliares (ASA) y a las aerolíneas Interjet y Volaris devolver las rutas y slots que Mexicana utiliza en México y asegurarle el usufructo exclusivo de los mismos. Asimismo, se solicita que se inicie el mismo trámite para las rutas y slots de Mexicana en Estados Unidos, Guatemala y Cuba, que fueron a otorgadas a otras aerolíneas nacionales por la DGAC, través de un "acuerdo extrabilateral".


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SCT no recibe informe de juez sobre si ya se depositaron 250 mdd para Mexicana

Miriam Posada García

Periódico La Jornada
Martes 14 de febrero de 2012, p. 27

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sigue sin recibir información del juez Felipe Consuelo Soto sobre la existencia de los 250 millones de dólares necesarios para capitalizar a Mexicana, que presumiblemente Med Atlántica depositó en un fideicomiso de Banca Mifel hace más de dos semanas. Sin ese capital la aerolínea no podrá volar, aunque haya acuerdos con acreedores y la SCT agilice todos los trámites para cumplir con el objetivo del conciliador del concurso mercantil, Gerardo Badín, de regresar al aire el 17 de marzo.

En las últimas dos semanas la SCT ha promovido acciones presumiblemente para que Mexicana pueda reanudar operaciones lo más pronto posible, siempre y cuando exista el dinero necesario y el grupo de inversionistas (Med Atlántica en turno) logre demostrar su capacidad financiera.

Entre los avances promovidos por la SCT está que el consejo de administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) haya accedido a negociar la deuda de mil 300 millones de pesos que tiene Mexicana por el consumo de turbosina, entre otros elementos. Además se cuenta con la aprobación del primer manual de operaciones en materia de seguridad otorgado a la aerolínea por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Otro elemento significativo promovido por el conciliador Gerardo Badín es el avance de negociaciones con 65 por ciento de los acreedores que se han manifestado a favor de firmar el convenio concursal que permitiría a Mexicana regresar a volar y pagar de forma ordenada sus compromisos.

Sin embargo, el elemento fundamental para que todas estas acciones puedan prosperar es la acreditación de por lo menos 250 millones de dólares comprometidos por Med Atlántica y de los que hasta ahora no ha sido posible comprobar su existencia, y en consecuencia tampoco su legalidad.

Si en las próximas horas Med Atlántica lograra comprobar que el dinero está en México, es lícito y está dispuesto sólo para la capitalización de Mexicana de Aviación, se podría cumplir el objetivo del conciliador de regresar al aire el 17 de marzo.

A un mes de esa fecha estimada por el conciliador, existen grandes pendientes por resolver para garantizar la operación de Mexicana. Entre ellos, la recuperación de los nueve aviones que tiene resguardados el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext); que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México devuelva los slots que cedió de forma temporal a otras aerolíneas, así como los mostradores para atención a clientes.

Asimismo, la aerolínea tendrá que negociar el suministro de combustible, que a decir del conciliador Gerardo Badín tendría que ser bajo el mismo contrato que ASA mantiene con otras empresas.

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Piden a candidatos retomar propuesta que permite crear empleos sustentables

De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 14 de febrero de 2012, p. 41

Establecer en la política nacional el impulso a las energías renovables, y reducir para ello los subsidios de los combustibles fósiles, es la propuesta de la Iniciativa Mexicana para las Energías Renovables que presentaron un grupo de investigadores, el sector privado y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

En México, 60 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la producción de energía, ya que ésta se genera en 90 por ciento a partir de la quema de combustibles fósiles. Y las proyecciones son que el consumo energético del país se incremente en 3.3 por ciento anual, lo que implicaría un aumento de 230 por ciento en las emisiones antes del año 2030.

La capacidad instalada en el país ha aumentado en los años recientes, ya que pasó de 2 megavatios en 2005 a 519 en 2010, pero esto es menos de 5 por ciento de la energía eléctrica provista por fuentes de energía renovable.

La iniciativa plantea, asimismo, fijar metas ambiciosas, pero alcanzables para las energías renovables hacia el año 2050 y aumentar el porcentaje de generación de electricidad a partir de fuentes renovables, así como facilitar el acceso de la energía renovable generada a la red de transmisión y distribución.

"La consolidación de un mercado de renovables a gran escala ofrece importantes oportunidades de negocios para desarrollar tecnología propia, capacitación adecuada y crear empleos más sustentables", afirmó Vicente Estrada-Cajigal, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar.

Las propuestas que plantea la Iniciativa para la próxima administración federal se basan en estudios científicos y experiencias exitosas, para impulsar políticas que garanticen la seguridad energética y el crecimiento económico de bajo carbono en México.

Estos enfoques se aplican con éxito en otras economías emergentes, señaló Estrada-Cajigal

"En la Iniciativa Sudafricana de Renovables, dada a conocer en diciembre pasado, que fue impulsada por WWF-Sudáfrica, el gobierno se comprometió a aumentar rápidamente las energías renovables, agregando 19 gigavatios de estas fuentes a la red para 2025, lo que representa 9 por ciento de la oferta eléctrica nacional y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 20 por ciento en ese año", informó Vanessa Pérez-Cirera, directora del Programa sobre Clima y Energía de WWF-México.

"Confiamos en que todos los candidatos a la Presidencia recogerán nuestras propuestas para que el desarrollo de este mercado no sea una casualidad, sino un ejercicio planeado que optimice los beneficios económicos y sociales que puede tener para los mexicanos," concluyó Adrián Fernández-Bremauntz, asesor Ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana, y anteriormente presidente del Instituto Nacional de Ecología.


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Los científicos chocan contra las trasnacionales

Angélica Enciso y Blanche Petrich/II

Periódico La Jornada
Martes 14 de febrero de 2012, p. 2

Diez años atrás Ignacio Chapela, ecólogo y microbiólogo de la Universidad de California en Berkeley, y uno de sus discípulos, David Quist, hicieron un descubrimiento que desmentía uno de los principales supuestos de la biotecnología genética del maíz. Como él dice, "le levantamos la sotana" a esa industria, dominada por un puñado de corporaciones trasnacionales. En diciembre de 2001 la revista científica internacional Nature divulgó ese estudio, que demostraba la presencia de transgenes en cultivos de la sierra norte de Oaxaca, uno de los centros de origen en territorio nacional, muy lejos de los sitios donde se experimentaba con esos productos.

A Chapela le ocurrió lo que a muchos otros expertos que han encendido las alarmas sobre los peligros de la biotecnología. Él y Quist fueron víctimas de una virulenta campaña de desprestigio dentro y fuera de los campus universitarios. Hoy, Chapela reconoce en entrevista: "Fue algo dañino para mi carrera, eso hay que aceptarlo. Al mismo tiempo fue muy educativo y permitió ver el trasfondo de la situación".

Esa controversia es reflejo de cómo en la última década la investigación sobre los impactos del maíz transgénico en las razas criollas y la discusión sobre la mejor forma de regular la explotación de esos productos se han convertido en pugna que enfrenta al conocimiento científico contra el afán de lucro. Es una arena en la que los conflictos de intereses no son ajenos a las decisiones políticas, debate que en ocasiones origina disputas que repercuten en las publicaciones científicas más prestigiadas del mundo.

En esta industria la necesidad de financiar investigaciones precisas sobre efectos a largo plazo suele chocar con las presiones de empresas que entienden esos procesos como "pérdida de tiempo" y, por tanto, de dinero.

Aquel artículo de Nature, que en años recientes ha sido refrendado con nuevas investigaciones que confirman el contagio de transgenes en cultivos de maíz, fue impactante porque, según explica Elena Álvarez Buylla, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), "las compañías siempre argumentaron que los organismo genéticamente modificados eran una tecnología precisa y controlable". La revelación cuestionó uno de los preceptos fundamentales de la industria y demostró que la tecnología no se podía contener.

Desde entonces el debate en torno a si esa contaminación efectivamente se da y puede provocar daños a la biodiversidad del grano ha sido constante entre los expertos. Pero no para las industrias, que lo descartan de entrada.

Para sostener la inexistencia del contagio, Alejandro Monteagudo, director de Agro Bio (asociación que integra a las trasnacionales productoras de trans- génicos), se apoya en otro estudio realizado en 2005 por investigadores del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, dependientes de la Se- cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Éste se divulgó en la revista PNAS, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el cual contradecía el hallazgo inicial del propio INE y descartó el riesgo de contaminación.

En 40 años de biotecnología, promesas incumplidas

A 10 años de distancia, Chapela, quien aún se desempeña como investigador en Berkeley, recuerda: "En ese momento tuvimos la oportunidad de levantar la sotana a la religión de la biotecnología. Probamos que lo que prometían no estaba ahí, sobre todo el control. Nos dimos cuenta de la influencia de fuerzas corruptas que nada tienen que ver con la ciencia ni con la economía. Ésa fue la gran revelación".

Dice en entrevista: "Hoy vemos las consecuencias. Estamos cumpliendo 40 años de biotecnología y vemos que no ha dejado nada. Aun así, siguen empujando sus productos con artimañas".

–El acoso que sufrió en aquel momento, ¿cómo lo recuerda?

–Fue impresionante ver el nivel de coordinación e influencia de las empresas no sólo en México, sino en Estados Unidos y en el mundo angloparlante.

En esos años el periodista inglés Jonathan Matthews siguió el rastro de los correos electrónicos que difamaban a Chapela y descubrió que los dos supuestos investigadores que comenzaron la campaña, Mary Murphy y Andura Smetecek, eran publirrelacionistas al servicio de la trasnacional Monsanto.

Agrega: “Los autores de las cartas en mi contra publicadas en Nature tienen conflicto de intereses directo. Están relacionados con otro escándalo en Berkeley en 1998, en el que Novartis (otra de las grandes de la biotecnología) invirtió 25 millones de dólares en investigaciones. Con ello buscó comprar al profesorado entero”, denunció Chapela en La Jornada en 2002. Por ello el ecólogo fue despedido de su cátedra, que posteriormente recuperó.

Estudios contradictorios

Una vez que se publicaron en México los estudios que corroboraron la presencia de transgénicos en los cultivos tradicionales de maíz, el INE y la Conabio pidieron a Álvarez Buylla y a Rafael Rivera, actual director del Centro de Investigaciones Avanzadas de Irapuato, corroborar la información.

Sin embargo, Sol Ortiz y Exequiel Ezcurra, entonces adscritos al INE, y Jorge Soberón, secretario ejecutivo de la Conabio en aquel momento, “con quienes trabajábamos, decidieron separarse de la investigación, asignar recursos independientes a un proyecto paralelo. En 2005 la revista PNAS publicó su reporte sobre la inexistencia de transgenes en la misma zona donde Chapela y Quist los detectaron”, afirma Álvarez Buylla.

Cuando Science pidió a Álvarez Buylla comentar ese artículo, se dio cuenta de que era el mismo estudio para el que creía estar trabajando, pero con conclusiones contrarias a la evidencia científica que había descubierto.

Ante ello, el equipo del IE enfrentó un nuevo reto: obtener suficientes datos para confirmar la primera conclusión de la contaminación. Y lo logró: encontró evidencias de que había transgenes no sólo en las razas de maíz que habían detectado Quist y Chapela, sino también en Yucatán, Guanajuato y varias zonas de Oaxaca.

Elena Álvarez intentó publicar el nuevo aporte en PNAS. Sin embargo, a pesar de las críticas positivas, no se divulgó. Aquí, nuevamente, apareció el conflicto de intereses. En ese momento la vicepresidenta de dicha academia era Barbara Schaal, de la Universidad de Washington e integrante del comité del Centro de Ciencias de Danforth Plant, institución que se había beneficiado con una donación de 70 millones de dólares de Monsanto. Schaal vetó el artículo que contenía la evidencia científica sobre la movilidad de los transgenes de maíz de un campo de cultivo a otro. Más tarde el estudio de los universitarios se publicó en la revista Molecular Ecology.


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Edificios incendiados, 130 detenidos y 100 heridos dejan las protestas en Atenas

Afp, Notimex, Reuters y Dpa

Periódico La Jornada
Martes 14 de febrero de 2012, p. 25

Atenas, 13 de febrero. Grecia amaneció conmocionada en su infraestructura urbana y en el ánimo ciudadano, después de la violenta noche en la que el Parlamento aprobó el duro paquete de medidas de ajuste que golpea la economía de sus ciudadanos. Ruinas humeantes de estructuras neoclásicas y vitrinas despedazadas: 45 edificios han sido total o parcialmente destruidos por los incendios, mientras vitrinas deshechas y cortinas metálicas retorcidas se cuentan por docenas en Atenas. La policía de la capital informó que los disturbios dejaron 130 detenidos y 100 heridos, 68 de ellos agentes policiacos.

El duro paquete de medidas, que desató las manifestaciones y actos violentos, impone reducción de las jubilaciones o de las jubilaciones complementarias más elevadas para lograr un ahorro de 300 millones de euros; recorta el gasto de medicamentos en al menos mil millones de euros; rebaja 22 por ciento el salario mínimo, pero será de 32 por ciento para jóvenes menores de 25 años; suprime aumentos automáticos de salarios, incluidos los basados en la antigüedad; elimina 500 cargos municipales; disminuye gastos del gobierno central por 270 millones; reduce el presupuesto de inversión pública por 400 millones de euros, más otras medidas similares en el sector fiscal, público y bancario.

La restructuración de la deuda estará terminada en marzo y el país celebrará elecciones el mes siguiente, según el portavoz del gobierno Pantelis Kapsis.

El gobierno griego estaba bajo presión el lunes para convencer a una escéptica zona euro que respetará los términos del plan de rescate aprobado por el Parlamento, pese a las violentas protestas de sus ciudadanos.

Las fuertes medidas de austeridad que aprobaron los legisladores griegos son el precio para que Atenas reciba un rescate de 130 mil millones de euros de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional y pueda evitar así la cesación de pagos.

La aprobación generó fuertes protestas en las inmediaciones del Parlamento, que ponen a prueba el compromiso de Atenas con la implementación de las reformas acordadas. La Unión Europea y Alemania valoraron positivamente el acuerdo.

Los bomberos terminaban de apagar las llamas que emanaban de las ruinas de varios edificios, incendiados por manifestantes durante las protestas contra el paquete de medidas de austeridad. Los disturbios fueron los peores en años y también se extendieron a otras ciudades como Tesalónica y las islas de Corfú y Creta.

Los ministros de Finanzas de la zona euro se reúnen el miércoles y la coalición del gobierno griego tiene hasta ese día para decir cómo recortará este año los 325 millones de euros exigidos por la UE como condición para entregar el rescate.

La Comisión Europea exige además que los líderes políticos del país se comprometan por escrito a cumplir los términos del acuerdo tras las elecciones previstas para abril.


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México: ¿Estrechar nuestra relación con los yanquis a pesar de ser la de esclavo y amo?

martes 14 de febrero de 2012

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)
1. Manlio Fabio Beltrones, el real jefe nacional del PRI, es con mucho, el más hábil y hasta inteligente de todos los políticos priístas en estos momentos. Estuvo a punto de quedarse con la candidatura presidencial, pero la campaña adelantada de más de un año y los compromisos firmados por Enrique Peña Nieto con los empresarios y los dueños de los medios de información, tuvieron el peso determinante. Aquel personaje, conocido como ”Don Beltrone”, se le atribuye la jefatura de mafias al estilo italiano por ser un antiguo gobernador, legislador y funcionario de los gobiernos del PRI, pero ha sido tan hábil en su andar político, que -aunque ha vivido mucho tiempo en el pantano- ha conservado, al parecer, limpio su plumaje. Pues el día de ayer “Don Beltrone” nos regaló dos ideas: relanzar el TLC y una segunda etapa de la Iniciativa Mérida.

2. Señaló que “no es conveniente seguir basando la relación con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, en un esquema que ya no responde a la realidad de este siglo XXI ni a la integración económica y cultural de la región fronteriza”. Dijo que hay que hay que aprovechar la renovación de las presidencias en México y Estados Unidos en 2012 para “relanzar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a una nueva fase de cooperación orientada a la competitividad, el empleo, el desarrollo y la seguridad, así como a la solución regional de los problemas bilaterales; que se debe complementar la colaboración que tenemos en materia de seguridad y justicia en el marco de la Iniciativa Mérida, con una segunda etapa de desarrollo del TLCAN”. Es inteligente apuntar ambas ideas.

3. Estados Unidos ha sido “nuestro principal socio comercial” durante un siglo por lo menos; sin embargo esa relación “comercial” sólo ha beneficiado -tanto en lo agrícola, industrial, en recursos naturales y en todo tipo de negocios, a los mismos Estados Unidos. Hemos malvendido durante 100 años productos agrícolas que ellos escogen y a cambio hemos comprado productos industrializados a los precios que han querido. ¿Y saben los mexicanos por qué? Porque nuestra vecindad de tres mil kilómetros de frontera ha servido para acrecentar cada año nuestra relación vergonzosa de esclavo que tiene al país más poderoso del mundo -los Estados Unidos- como amo. Año tras año las organizaciones civiles y de izquierda han propuesto la apertura comercial de México hacia otros países con el fin de diversificar nuestro comercio; pero la respuesta siempre ha sido: nuestros compromisos con Estados Unidos son tan grandes que sólo podemos comerciar con él.

4. Por eso tanto los candidatos presidenciales del PRI, Peña Nieto; del PAN, Josefina V. Mota, y el senador priísta Beltrones, no ven otra salida que entregar más los intereses de México a los Estados Unidos renovando acuerdos. La revisión del TLC y de la Iniciativa Mérida -en terribles condiciones de debilidad- sólo beneficiará más a los Estados Unidos quien impondrá muchas más trabas y condiciones al comercio, a la migración, a cualquier préstamo o ayuda que se solicite. Y mediante la iniciativa Mérida sería el mejor momento para que los yanquis estabilicen más bases militares en el país y establezcan definitivamente a la DEA, la CIA, el FBI, bajo la coordinación de la embajada de Estados Unidos. En estos tiempos en que decenas de países buscan liberarse de los Estados Unidos: el BRIC, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador, países del medio oriente y africanos, el planteo del PRI y del PAN de “mejorar” las relaciones con los Estados Unidos es sin duda un tremendo entreguismo.

5. El nacionalismo o la defensa cerrada de lo nacional -que fue de avanzada en la lucha antiimperialista- parece hoy una ideología atrasada frente al internacionalismo de países y pueblos cuyas fronteras han sido hechas añicos demostrando que los seres humanos no tienen patria; sin embargo el comportamiento de los Estados Unidos y de una decena de los más poderosos países están demostrando un nacionalismo a ultranza -agresivo- porque siguen saqueando las economías de los pueblos con el fin de beneficiar intereses propios. El TLC, firmado a fines de 1994 y puesto en práctica a principios del año siguiente, ha demostrado que “el libre comercio” es apertura comercial para México, pero es nacionalismo a ultranza para Estados Unidos. Se vale de todas las mañas descalificadotas para seguir comprando barato recursos agrícolas, animales, energéticos y, al mismo tiempo para vender sus productos manufacturados sin la menor garantía.

6. La izquierda mexicana tiene claridad acerca del enorme poder que representan los Estados Unidos, pero debe estar más atenta acerca de su cada vez mayor presencia física en la República mexicana. Desde 1982, pero particularmente desde hace 12 años -a raíz de que el PAN asumió la Presidencia- los yanquis operan en México con más libertad que en los mismos Estados Unidos. Desde aquel famoso grito de Fox: “Bienvenido mi amigo Bush” que lanzó desde su rancho en 2001 para recibir al presidente yanqui escoltado por poderosos aviones bombarderos, no se había visto tal relación de dependencia y sumisión de un presidente. Mucho más hoy cuando el gobierno de Calderón lanzó -al iniciar su gobierno en 2006- al ejército como fuerza de ocupación en más de la mitad del territorio nacional con el apuntalamiento de parte de ejército de los Estados Unidos. ¿Qué busca entonces el senador del PRI Beltrones al pedir una revisión de acuerdos en condiciones de debilidad?

7. No puede exigirse ruptura total con la política yanqui, pero sí un respeto mutuo que significa igualdad, palabra que los yanquis no conocen. Respeto de los millones de trabajadores indocumentados mexicanos y de América Latina que con su trabajo hacen más poderosa la economía yanqui. Respeto a los productos mexicanos que se ofrecen en los Estados Unidos, así como nosotros damos entrada a los productos de Estados Unidos. Evitar el tráfico de armas y el intercambio con drogas con el fin de evitar más violencia y muerte. Eliminar “iniciativas Mérida” y demás planes que ponen en el centro a los fuerzas armadas, al ejército y todas las muertes de seres humanos. Condenemos a todos aquellos apoyadores de las políticas guerreristas e intervencionistas yanquis que siempre han provocado cientos de miles de muertes en diversos países. Esperamos que los Beltrones y los candidatos presidenciales dejen de ser sumisos a los intereses de Estados Unidos.

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México: Indígena liberada acusa violencia del gobierno de Chiapas

martes 14 de febrero de 2012

Patricia Chandomí (CIMAC)

“En Chiapas no se respetan los derechos de las mujeres, menos si son indígenas, pobres, que no hablan el español; señor gobernador (Juan Sabines) no quiero sus apoyos, tengo mi mano, tengo mi pie para trabajar por mis hijos, durante todo su gobierno usted y sus funcionarios me tuvieron olvidada, no me ofreció nada, ni para mí, ni para mis hijos; hoy estoy libre por la solidaridad nacional e internacional que mostró hasta donde puede llegar la injusticia”, sostuvo Margarita López Gómez.

En conferencia de prensa en esta ciudad, la indígena tzotzil que estuvo presa siete años, acusada injustamente de homicidio calificado y padeció violencia física e institucional, rechazó toda ayuda del gobernador de Chiapas, Juan Sabines.

“Me quieren ayudar para tomarse la foto y hacerse publicidad, olvidando los siete años que me tuvieron encerrada injustamente. En Chiapas no se respetan los derechos de las mujeres; yo apenas soy un ejemplo de la mala vida que llevamos miles de mujeres indígenas y pobres en Chiapas”, acusó.

El pasado viernes, Margarita López fue liberada del penal 5 de San Cristóbal de las Casas, luego de que se le otorgó la suspensión de una sentencia de 11 años por homicidio calificado.

Más de 200 indígenas presas

Acompañada de su madre, de 78 años, y de cuatro de sus seis hijos, Margarita dijo estar contenta por la solidaridad de muchas personas, que a través de las redes sociales exigieron su liberación.

También expresó su enojo con el gobierno de Chiapas, el cual –afirmó– la mantuvo marginada, por ello remarcó que no quiere nada que venga de sus manos.

Y es que el día de su liberación, el gobernador Juan Sabines le ofreció a Margarita atención psicológica y apoyo económico para que pueda reiniciar su vida.

López Gómez explicó que aún analiza la posibilidad de regresar al municipio de Mitontic, ya que ahí no tiene propiedad alguna y además existe el temor de que la familia de Juan Velasco López –su pareja asesinada y por quien se le acusó de homicidio–, pueda tomar represalias en su contra.

La abogada Martha Figueroa señaló que en Chiapas se tienen documentados por lo menos 250 casos de mujeres indígenas encarceladas injustamente, y con procesos llenos de irregularidades.

Violencia institucional

El Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) denunció desde un principio que Margarita López, fue injustamente procesada por el delito de homicidio calificado en razón de parentesco, en agravio de su concubino Juan Velasco López, quien la golpeaba todos los días y además violó y embarazó a una de sus hijas.

De acuerdo con la abogada Gloria Flores Ruiz, en su declaración preparatoria ante la Fiscalía del Ministerio Público, la acusada se culpabilizó al no haber entendido bien lo que decía la autoridad ministerial por no haber contado con un traductor. Por lo mismo, en varias ocasiones Margarita se negó a ratificar su declaración ministerial.

De 2004 a 2007 Margarita estuvo en la cárcel preventiva del municipio de Venustiano Carranza. Al tratarse de un penal varonil, la indígena tuvo prohibido salir al patio o realizar actividades educativas o recreativas.

El 19 de febrero de 2007 la Segunda Sala Regional Colegiada en materia Penal Zona 01 Tuxtla, del Supremo Tribunal de Justicia del estado, en cumplimiento del amparo solicitado por el CDMCH, declaró inválida la resolución de primera instancia de 2005 y ordenó la reposición del procedimiento a partir de la declaración preparatoria.

El 14 de mayo y el 25 de junio de 2007 se desahogaron diversas diligencias con valor probatorio que confirmaron la inocencia de Margarita en el homicidio de Velasco López; sin embargo en la sentencia definitiva del 17 de octubre de 2008 se condenó otra vez a la mujer a la misma pena de prisión y a la reparación del daño.

Por ello se interpuso una segunda demanda de amparo (27/3/2009) por violación a las garantías judiciales consagradas en los artículos 14, 16, 19 y 20, apartado A fracciones VIII y IX, y 21 de la Constitución, ya que se contravino la prerrogativa de presunción de inocencia. El amparo no fue concedido y se condenó a la indígena a 11 años de prisión.

La defensora de Margarita, Rosa López Santiz, denunció que en todo el proceso la indígena intentó hacer efectivo su derecho a vivir libre de violencia, tal como lo disponen los artículos 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), que México ratificó el 11 de diciembre de 1998.

“Sin embargo, las autoridades que forman parte del Poder Judicial del estado de Chiapas fallaron en su obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”, así como a su obligación de “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad, tal como lo dispone al artículo 7 de la misma Convención”, explicó López Santís.

Las abogadas Martha Figueroa y Rosa López sostuvieron que los órganos de justicia faltaron a su obligación de brindar protección a Margarita y su familia, quien no sólo fue víctima de su concubino sino también de un proceso judicial plagado de irregularidades.

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México: Violencia manda al exilio a defensoras

martes 14 de febrero de 2012

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

Por la ola de ataques en su contra, las fundadoras de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” deciden dejar el país y operar limitadamente desde el exilio.

Tras más de una década de lucha y ante la inacción del Estado mexicano para proteger a las defensoras de Derechos Humanos (DH), la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” -pionera en investigar el feminicidio en Ciudad Juárez- dejará de operar en México, para continuar sus labores desde el exilio.

“Sí me voy, pero voy a seguir en la lucha donde quiera que yo esté. No me voy a quedar callada porque el gobierno tiene una deuda con mis hijos a quienes les quitó a su madre”, advierte Norma Andrade, una de las fundadoras de la organización y quien en menos de tres meses ha sufrido dos atentados.

Andrade y su familia recalcan que ante la impunidad que padecen por la ola de ataques y amenazas, recrudecida en su contra desde 2008, abandonarán el país.

Norma, junto con su hija Malú García Andrade y Marisela Ortiz, fundó “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” en 2001. Las tres han sido intimidadas, perseguidas y amenazadas de muerte, al igual que sus familias.

Marisela abandonó el país en febrero de 2011, y Malú salió de Juárez en marzo del mismo año, pero tuvo que regresar a la ciudad fronteriza en diciembre pasado, luego del primer ataque contra su mamá. Con el exilio anunciado de Norma y Malú, “Nuestras Hijas…” ha quedado sumamente mermada.

“Desmateladas”

“La organización quedará desmantelada. De hecho ya estamos desarticuladas”, lamenta Andrade. Relata que a partir de 2008, con las primeras amenazas contra Marisela y Malú, decidieron trabajar menos en gestiones jurídicas y legales para acelerar los procesos de las víctimas y concentrarse en la gestión social.

“Desde 2008 empezamos a trabajar más en lo social, y lo jurídico lo hacíamos de bajo perfil; ya no tenemos oficinas. Marisela, desde donde se encuentra, se encarga de algunas actividades, y en Juárez tenemos enlaces para implementar el ‘Proyecto la Esperanza’, que consiste en talleres para madres de mujeres desaparecidas o asesinadas”, detalla la activista.

Desde su creación “Nuestras Hijas…” ha recibido al menos 30 amenazas y hostigamientos, y sus oficinas fueron allanadas por desconocidos que sustrajeron documentos y computadoras con información sobre su trabajo, pero nada se investigó. Por eso, desde 2008 decidieron no tener oficinas fijas, aunque cada integrante ha realizado su trabajo por separado.

Ante el peligro que corrían las activistas, el 13 de junio de 2008 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano garantizar su vida e integridad física y la de sus familias, a través de medidas cautelares.

Su historia

Norma es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años y madre de dos menores de edad, que desapareció el 14 de febrero de 2001, y cuyo cuerpo fue encontrado con rasgos de tortura sexual el 21 de febrero del mismo año, en un lote baldío aledaño a la avenida Tecnológico y Ejército Nacional, en Juárez.

Desde entonces y en demanda de justicia, “Nuestras Hijas…” -integrada principalmente por madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas- ha denunciado nacional e internacionalmente los asesinatos de mujeres en esa urbe, convirtiéndose en un referente de ayuda y rehabilitación para las sobrevivientes de violencia.

Uno de sus logros más importantes fue recurrir junto con otras organizaciones civiles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los asesinatos de mujeres ocurridos en el Campo Algodonero, logrando que el máximo tribunal de justicia de la región condenara al Estado mexicano por no proteger la vida de la población femenina.

También presentó ante la CIDH, en 2002, los casos de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera; ambos en espera de ser admitidos para su análisis.

Acoso sin fin

En 2011 “Nuestras Hijas…” denunció más de 200 raptos de niñas y adolescentes, presuntamente vinculados a redes de trata de personas. Norma trabajaba en esos expedientes cuando arreciaron las agresiones en su contra.

A principios de ese año Malú García reveló la existencia de una red de trata que opera en el centro de Juárez, y a la que responsabilizó de la desaparición de decenas de jóvenes. Dijo entonces contar con informes de mujeres que tras su desaparición fueron vistas en burdeles de Puebla, Tlaxcala y Tijuana.

Agregó que los resultados de estas investigaciones se darían a conocer el mismo año, pero salió de Juárez luego de que el 17 de febrero de 2011 unos desconocidos quemaron el techo de su casa, mientras participaba en un acto de apoyo a la familia Reyes Salazar, otros defensores de DH agredidos.

Andrade recuerda que no sólo ella ha sufrido agresiones; también activistas como Irma Pérez, Eva Arce, Ramona Morales, Cipriana Jurado y Benita Monárrez. Esta última fue una de las primeras en dejar el país y refugiarse en Los Ángeles. “Y una de terca y aferrada que quiere seguir en su país. Hasta que ve las consecuencias”, apunta la defensora.

“La realidad es que no hay ninguna protección para las y los defensores; el 14 de febrero van a ser 11 años de buscar justicia para mi hija y 11 viviendo acosada todo el tiempo y protegiendo la vida”, advierte Norma Andrade.

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Subsidios en el sector energético y peleas con las petroleras: Verdades y mitos

martes 14 de febrero de 2012

Horacio Fernández (ACTA)

A fin de poder debatir sobre la quita de subsidios y la discusión entre el gobierno nacional y las petroleras, vale la pena hacer algunas precisiones, ya que aunque el discurso oficial lo niegue ambos temas llevan a una discusión más profunda: La política energética en nuestro país.

En primer lugar la decisión de achicar el gasto público no hace más que explicitar el déficit fiscal hasta ahora negado y encubierto por transferencias de fondos de la ANSeS (que debieran mejorar la situación de nuestros jubilados) y otros recursos (BCRA y Banco Nación, PAMI) y que de seguir la tónica llevada hasta el momento superaría este año los 50.000 millones de pesos.

Sabemos gracias a la información oficial que los subsidios eliminados en esta primera etapa y que alcanzan a $ 4.600 millones beneficiaban a grandes empresas y barrios de alto poder adquisitivo, mientras el 47% de los hogares carece de cloacas, el 44% de gas por red y el 22% de agua corriente. Un sinsentido total ya que frente a la presencia de recursos la justicia en la asignación del gasto público fue a todas luces la de Hood Robin y lleva a dudar que frente a la falta de estos recursos los ahorros, producidos tengan por destino resolver estas inequidades.

Por otra parte de los más de $ 80.000 millones destinados a subsidios durante el año 2011 el 85% se justifica por los rubros energía y transporte lo que explica la particular forma en que está organizado el complejo petrolero y energético del país.

Así las cosas vale la pena precisar que entrarle a la discusión sobre la quita de subsidios sin considerar la estructura de costos y por consiguiente las estructuras tarifarias vigentes y marcos regulatorios vigentes desde el menemismo, no solo es limitado sino que camina hacia la inequidad más absoluta, ya que las rentas extraordinarias del complejo hidrocarburífero alimentadas por los subsidios, frente a la eliminación de los mismos será alimentada por el bolsillo de los usuarios. Vale aclarar que este complejo directamente no solo explica el valor de los combustibles tanto para el transporte, el uso industrial y doméstico, sino que dada la irracional matriz energética de nuestro país, explica casi el 90% de la generación eléctrica.

Para ser precisos cuando hablamos de renta extraordinaria de este sector hablamos de un promedio anual entre el 2003 y 2l 2009 de algo más de 12.000 millones de dólares. La magnitud de semejante renta tiene su explicación precisamente en la estructura de costos a la que hacíamos referencia. En efecto al año 2009 el costo de extracción de un barril de petróleo alcanzaba los 12U$S (reconocido por las empresas) , al tiempo que en el mercado interno cotiza a 52U$S. cabe aclarar que en nuestro país la presencia de gas en yacimientos esta asociada a la de petróleo, es decir, cuando se extrae gas se extrae petróleo, por lo tanto los costos están plenamente vinculados, siendo considerado en el caso del gas muchas veces residual. Renta que se ve incrementada por las exportaciones del sector y la venta de insumos derivados a otros sectores, como fertilizantes, que se lleva a cabo a precio internacional.

Es decir, desentrañar esta madeja de subsidios que favorecieron grupos empresarios y sectores acomodados sin descargar los costos sobre los sectores más postergados requiere, más que declaraciones de pobreza de quienes lo necesitan, segmentar adecuadamente a los usuarios a fin de determinar quiénes deben ser asistidos, y avanzar sobre las rentas extraordinarias de este complejo. En este camino, derogar los decretos menemistas de desregulación y libre disponibilidad del crudo. Fijar su estructura de precios de acuerdo a los costos internos de producción y a partir de los mismos, los cuadros tarifarios que se desprenden resulta imprescindible si de progresismo se quiere hablar.

El debate

Hoy se trata de presentar el debate entre el Gobierno nacional y las petroleras como parte de una epopeya nacional y esta discusión merece algunas precisiones. En primer lugar y aunque resulte ocioso tal vez, aclaramos que impulsamos La Reconstrucción de una Empresa Estatal de Hidrocarburos como paso fundamental para recuperar la soberanía enérgetica.

Dicho esto, la actual discusión se enmarca sobre un aspecto ya tratado en el punto anterior el creciente rojo de las cuentas fiscales. Entran aquí en la discusión la estrechez de la balanza comercial y la consiguiente falta de divisas alimentada no solo por la remisión de divisas del sector al exterior (9 de las 10 empresas mas grandes son extranjeras) así como por la necesidad de aumentar la importación de combustibles dada la caída de la producción de petróleo y gas ante la falta inversión durante años en exploración e incorporación de reservas del sector. Es decir la expoliación de nuestros hidrocarburos instalada durante el menemismo ha sido profundizada desde el 2003 a la fecha. Esto más allá que REPSOL haya hecho oídos sordos a la no remisión de utilidades formulada a fines del año pasado.

En este debate que desde algunos sectores se valora como el camino a la renacionalización de YPF, no está de más aclarar que la venta del 25% del paquete accionario de REPSOL al grupo Esquenazi también fue presentado hace muy poco tiempo como parte de la misma gesta, y parece no haber dado los resultados esperados, lo que merece algunas precisiones.

En primer lugar, porque al no revertir la política imperante desde los 90 el petróleo y el gas siguen considerándose como commodities. Es decir como simples mercancías que cotizan a precios de mercados y no como bienes estratégicos para el desarrollo nacional y esto va mas allá del origen de los capitales que las exploten (recordemos que Petrobras, la segunda en facturación en el año 2010 es una empresa estatal, claro brasilera)*.

Por lo tanto, la derogación de los decretos de desregulación y libre disponibilidad vuelven a tomar un sentido estratégico a fin de iniciar el camino de la recuperación de la política de recuperación de reservas y autoabastecimiento. Repetimos derogación de decretos, está en manos de una decisión política del Gobierno.

Asimismo, la falta de cumplimiento en la reposición de reservas en las distintas áreas, habilita a la reversión de contratos de concesión de las mismas. Esto permitiría al estado ejercer su soberanía sobre este recurso y obligar a al sector empresario a mejorar el horizonte de reservas. Lo señalado en el párrafo anterior y este es indispensable si se quiere retornar al camino del autoabastecimiento.

Pero avanzando más aún y en el camino de la reconstrucción de la empresa estatal de hidrocarburos: ha sido sobradamente demostrado lo fraudulento de la privatización de YPF. Subvaluación de las acciones: se entregaron a U$S 19 y luego de adquirido pasaron a más de 40 (por subestimación de reservas, por parte de la consultora que participo en el proceso privatizador), exceso de áreas concesionadas, no cumplimiento de las obligaciones ambientales y así de suyo hoy se tienen herramientas para avanzar, por parte del Estado, en la recuperación de este patrimonio y reconstruir una verdadera petrolera estatal que garantice la soberanía sobre este recurso estratégico.

Es decir, discutir en profundidad subsidios, tarifas, sector energético relación con la petroleras balance comercial del sector parecen tener un común denominador: Una política que desande el camino que se está llevando desde los 90 y profundizado del 2003 a la fecha, es la única posibilidad de que restituyendo grados de soberanía garantice herramientas para un desarrollo nacional, y no descargue el peso de rentas extraordinarias sobre el bolsillo de los consumidores.

La actual pelea pública con REPSOL no es mas que un apriete, con mucho de mediático y que mas parece destinado a llegar a un acuerdo, para que vía la menor remisión de utilidades y algún retoque en la inversión mejoren las cuentas públicas. Pero no significa en modo alguno un replanteo del modelo extractivista que comparten el Gobierno y el sector.

Cabe también enfatizar que frente a voces que hoy plantean llevar adelante una estatización pagando el valor de REPSOL no sería mas que premiar la expoliación de nuestros hidrocarburos, ya hicimos referencia a lo fraudulenta y violatoria del marco legal que fue la entrega de YPF.

Por eso decimos:

* Replanteo del marco regulatorio.

* Revisión de las concesiones. Tanto en su legalidad, como en el cumplimiento de los contratos y reversión de las mismas.

* Atado al punto anterior, estricto control ambiental de la actividad.

* Creación de una nueva Petrolera Estatal.

Otras estrategias pueden aliviar cuentas fiscales, pero de gesta nacional, o mejora progresiva en la distribución del ingreso, poco tienen.

* Vale esta aclaración, ya que según algunas informaciones periodísticas un camino en estudio para saldar la disputa con REPSOL, y al mismo tiempo hacer frente a una abultada deuda con Venezuela por importación de combustibles, es retirar áreas a la primera por sus incumplimientos y transferirlas a PDVSA. En esto hay que ser claros, lo que define el comportamiento de las empresas es el marco regulatorio que se les impone, más allá del origen de sus capitales.

Horacio Fernández es Secretario de Contabilidad y Finanzas de la CTA.

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Colombia: Capitalismo gangsteril y despojo territorial

martes 14 de febrero de 2012

Renán Vega Cantor (REVISTA CEPA)
“La tierra sin hombres de los hombres sin tierra”.
Augusto Roa Bastos

Acumulación por desposesión es un término que se utiliza para estudiar la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión violenta de habitantes del campo, junto con la transformación de los derechos comunes en derechos privados. A esto se le agrega el análisis de los métodos imperialistas para apropiarse de los recursos naturales y energéticos, en consonancia con el papel del capital financiero como instrumento de endeudamiento de la población, urbana y rural, y como soporte “legal” de la expulsión de campesinos e indígenas, reducidos a la servidumbre por deudas.

Colombia es un inmenso laboratorio de la acumulación por desposesión porque se presentan, a vasta escala y con un increíble nivel de violencia, las características antes enunciadas. En síntesis, “lo que posibilita la acumulación por desposesión es la liberación de un conjunto de activos (incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo (y en algunos casos nulo)”(1). El elemento esencial es el despojo como forma violenta que vincula las actividades económicas y la apropiación de tierras. En este sentido, los asesinatos, las masacres, las torturas, el desplazamiento forzado son vehículos de la concentración de tierras, llevados a cabo por “empresarios” que impulsan la acumulación de capital en el campo, gran parte de la cual proviene del robo de la tierra y de la riqueza de los campesinos.
Despojo de tierras

La concentración de tierras en manos de pocos terratenientes ha sido una característica distintiva de la historia de Colombia desde el mismo momento de su separación de España. En este país nunca se realizó una reforma agraria y siempre los latifundistas han tenido un papel protagónico en la escena política y en la vida económica y social. Esto se expresa con indicadores elementales de concentración de la propiedad de la tierra: en el país hay 114 millones de hectáreas, de las cuales 51.3 millones se consideran como superficie agropecuaria, de cuyo total 36 millones están dedicados a la ganadería extensiva, expresión tradicional del poder de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes; 10 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, y de ellas la mitad se dedica a actividades agroindustriales y en el resto, laderas y zonas bajas tropicales, subsisten millones de campesinos y colonos, de los cuales sólo tiene título de propiedad el 15 por ciento; un 0,43% de los propietarios (grande latifundistas) es dueño del 62,91% del Área Predial Rural, al tiempo que el 57.87% de los propietarios (minifundistas y pequeños propietarios), tiene un ridículo 1.66% de la tierra; el 53% del total de la tierra registrada se concentra en manos de sólo tres mil grandes propietarios rurales; el índice GINI en cuanto propiedad rural ascendió en 2009 a 0.863, uno de los más altos del mundo, sólo superado en América Latina por Paraguay, un país más pequeño; entre el 76 y el 79% de las personas desplazadas tenía derechos asociados a la tierra, bien como propietarios, ocupantes de hecho, poseedores o tenedores; en el último cuarto de siglo se le han usurpado por medio de la violencia unos 7 millones de hectáreas a sus legítimos propietarios o poseedores (2).

De acuerdo a estas cifras, Colombia es uno de los países más injustos y desiguales del planeta, lo cual explica el permanente conflicto agrario de los últimos 60 años, como continuación de las luchas que libraron los colonos, indígenas y campesinos desde comienzos del siglo XIX. En ese sentido, la brutal expropiación de tierras del último cuarto de siglo refuerza un proceso estructural, aunque ahora ese despojo se esté llevando a cabo con unos niveles de violencia y de terror difíciles de concebir en otros lugares del mundo. Este proceso puede definirse como una revancha terrateniente (ahora nutrida con la savia criminal de la alianza que se gestó desde el Estado, entre el Estado, las clases dominantes, el paramilitarismo, el narcotráfico y las multinacionales) cuya finalidad ha sido arrebatar las tierras a los campesinos pobres y destruir a los movimientos sociales de tipo agrario que se les pudieran oponer.

Esto se encuentra ligado con los intereses del capitalismo contemporáneo, porque como lo señaló un campesino que logró escapar de esa barbarie: “En los Hornos crematorios, los criaderos de caimanes y las fosas desaparecieron a muchas víctimas de la contra-reforma agraria en Colombia” (3) Por si hubiera dudas, 4.000 paramilitares confesaron que habían cometido 156.000 asesinatos y participaron en 860 masacres y la Fiscalía General de la Nación informó que entre 2005 y 2010 fueron asesinadas por paramilitares 173.000 personas.

El cambio en el uso de la tierra en Colombia ha sido tan evidente en los últimos 20 años que en donde antes habían parcelas campesinas, llenas de vida, sembradas de maíz y de cultivos de pan coger, con unas cuantas gallinas y cerdos, hoy pasan carreteras y se han sembrado cultivos de exportación, o se han convertido en tierras de ganadería. La expropiación de las tierras de los campesinos tiene varias finalidades, como se describe a continuación.

Tierras para ganadería

Los terratenientes colombianos tienen una especial debilidad por las vacas y los caballos, y por eso poseen grandes latifundios donde pastan miles de cabezas de ganado y caballos de paso fino. La ganaderización del campo colombiano es uno de los rasgos distintivos de este país desde el siglo XIX, cuando los terratenientes introdujeron el alambre de púas y la siembra de pastos, mientras expulsaban a los colonos de las tierras, les arrebataban los títulos y los convertían en peones y agregados de las haciendas. Hasta tal punto domina la lógica ganadera que en las ferias y fiestas que se celebran todos los años se exhiben los “grandes avances” de la ganadería, con exposiciones equinas, corridas de toros, certámenes de coleo o carralejas, para agasajar a los gamonales y terratenientes de un pueblo o una región. Un solo dato es indicativo del poder de los ganaderos en la sociedad colombiana: ocupan 36 millones de hectáreas para un hato ganadero de 19 millones de vacas, es decir, que cada vaca ocupa en promedio casi dos hectáreas del suelo, mientras que millones de campesinos no tienen ni un pedazo de tierra a donde caer muertos. En tales condiciones, uno de los móviles centrales del despojo de tierra busca convertirlas en grandes pastizales, para “sembrar” vacas, caballos y en algunos casos, como en ciertas regiones de Antioquia, hasta búfalos.

Tierras para sembrar cultivos de exportación

Las clases dominantes en Colombia, con una histórica vocación de terratenientes, han visto con muy buenos ojos el proyecto que impulsan los países imperialistas y sus empresas transnacionales de sembrar cultivos de exportación. La puesta en marcha de ese proyecto se sustenta en la expropiación de tierras en varias regiones del país, que se destinan a sembrar productos como la palma aceitera. Ningún cultivo como éste simboliza los nexos entre violencia, despojo, apropiación de tierras y paramilitarismo, como se evidencia en todas las regiones donde se ha implantado.

La propuesta de convertir a Colombia en un país palmicultor cobró fuerza durante el régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez, quien estableció como una de sus prioridades incrementar la cantidad de tierras dedicadas a la siembra de palma. Y en efecto, durante el período 2003-2009 el cultivo de palma aceitera pasó de 206.801 a 360.537 hectáreas, con la pretensión de alcanzar pronto seis millones de hectáreas, como expresión del deseo de convertir a Colombia en la “Arabia Saudita del biodiesel”. Tan drástico incremento se logró en antiguas tierras de campesinos, apropiadas por “prósperos para empresarios”. que ahora las destinan a sembrar la palma de la muerte, como la llaman los campesinos desalojados.

Entre los sectores sociales más afectados por estos empresarios del crimen, dedicados a negocios legales, se encuentran los habitantes afrodescendientes de la costa pacífica colombiana, que han sido expulsados de sus tierras, a punta de fuego y motosierra, como ha sucedido con los habitantes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó, cuyos terrenos fueron ocupados por paramilitares en alianza con miembros de la Armada en 1997. Luego del despojo aparecieron empresarios de la Palma que empezaron a sembrarla en esos territorios, contando con el respaldo y el apoyo de la Brigada XVII del Ejercito Nacional que actúa en favor de los empresarios y apoya la expansión de los cultivos. Fueron limpiadas las tierras, derribado parte del bosque nativo, y contaminadas las aguas. Las comunidades campesinas no sólo fueron desalojadas sino que, después de implantarse el cultivo, empezaron a ser asesinados sus lideres cuando intentaban reorganizar a las comunidades, contabilizándose cientos de asesinados (4).

Tierras donde se encuentran riquezas minerales

En las diversas regiones de Colombia donde existen riquezas minerales se ha organizado la expulsión de indígenas y campesinos, como ha sucedido en la Costa Atlántica con la explotación del carbón. En la Jagua de Ibirico, departamento de César, desde mediados de la década de 1990 sicarios a sueldo realizaron numerosas masacres con la finalidad de limpiar la tierra de sus incómodos ocupantes, para apropiarse de las mismas y cederlas a empresas multinacionales, como la Drumond, con la complicidad de notarios del INCODER y otros funcionarios y abogados que llegaron al descaro de hacer firmar escrituras a los muertos para legalizar el robo de tierras. Los campesinos que lograron sobrevivir se vieron obligados a huir, dejaron todo abandonado y, en medio de la miseria, subsisten como vendedores informales y viven en pocilgas miserables en pueblos y ciudades de la costa (5).

Este es sólo un ejemplo, porque en todo el país se están realizando apropiaciones de tierra para realizar explotaciones mineras, si se tiene en cuenta que el Estado les concede facilidades a empresas de capital transnacional para que se lleven los recursos naturales, en lo cual se incluye legalizar las concesiones mineras mediante la entrega de miles de hectáreas para que operen las compañías de Canadá, Sudáfrica, la Unión Europea y otros países. Esto se evidencia con la expedición de títulos mineros, los que pasaron de 80 en el 2000 a 5067 en el 2008, con un total de casi 3 millones de hectáreas concedidas para extracción minera.

Tierras para construir represas

El monopolio de la tierra no puede existir si al mismo tiempo no se monopoliza el agua, porque la tierra sin agua es un desierto. Esto lo tienen claro los terratenientes y ganaderos, así como el Estado que les sirve. Por esta circunstancia, la expansión de los latifundios viene acompañada de la expropiación de las tierras circundantes a los lugares donde se encuentran fuentes de agua y la apropiación privada de ríos, quebradas, ciénagas, humedales y lagunas para beneficio exclusivo de los terratenientes y ganaderos. Gran parte de las represas que se han construido en Colombia en las últimas décadas tienen esta finalidad.

Al respecto vale mencionar a la Represa de Urra I, obra que se construyó entre 1993-1999, y que contó con la lucida oposición de la comunidad indígena de los Embera-Katios, ancestrales habitantes del lugar, desplazados a sangre y fuego por grupos de paramilitares, organizados por terratenientes y ganaderos y respaldados por el Estado y los políticos regionales. La construcción de esta represa es ilustrativa de la destrucción de los bienes colectivos y su conversión en bienes privados, porque unos 70.000 indígenas, campesinos y pescadores fueron directamente impactados por el proyecto Urra I. Al mismo tiempo, se destruyó la pesca artesanal, porque disminuyeron o desaparecieron especies de peces de la cuenca del río, como el caso del bocachico, fuente alimenticia de primer orden en la dieta de los embera Katio y los pescadores locales. Esto último se debió a la desecación de los humedales del alto Sinú, ocasionada por la disminución de los flujos naturales del río, luego de que fuera construida la represa.

Junto con el exterminio del bocachico se han secado humedales y ciénagas, que entre otras cosas es lo que le interesa a los terratenientes para expandir sus fincas ganaderas. Lo que antes eran corrientes de agua llenas de vida, ahora son fuentes contaminadas y muertas, como sucede siempre con las grandes represas, que finalmente son aguas estancadas en las que pululan los mosquitos, que generan epidemias que antes no conocían los indígenas y campesinos (6).

Las hidroeléctricas que se han construido en Córdoba no son una cuestión de energía ni de aguas, sino de tierras ganaderas, las mismas que pertenecen a unos cuantos latifundistas que se van expandiendo a costa de los pequeños campesinos e indígenas y que utilizan todos los medios para quedarse hasta con las tierras de los humedales, los cuales son secados con Búfalos. En estas ricas tierras se han enfrentado desde el siglo XIX los hacendados y los campesinos que cultivan maíz, yuca y malanga y son pescadores, es decir, forman parte de lo que Orlando Fals Borda llamó una cultura anfibia.

Tierras que se entregan a las multinacionales

La tierra ha adquirido una renovada importancia para las potencias capitalistas, en la perspectiva de convertirla en medio de producción que genere agrocombustibles y para apropiarse de las riquezas naturales que en ellas se encuentren. En ese sentido, los países imperialistas libran una guerra no declarada por apropiarse de los recursos, cuyo escenario bélico se despliega en el mundo periférico y dependiente. Colombia, uno de los primeros países del mundo en biodiversidad, no está al margen de esa guerra y por ello en los últimos tiempos se ha presentado una ofensiva de las empresas transnacionales y de sus respectivos estados por adueñarse de importantes reservas de tierras, sobre todo aquellas en que existan recursos minerales. Esto se facilita porque el Estado y las clases dominantes del país han optado por regalarle al capital imperialista nuestras riquezas, a cambio de que siga fluyendo el caudal de dólares y euros para mantener la guerra interna. Un caso particularmente destacado de entrega de tierras a las multinacionales está relacionado con la explotación de recursos minerales en diversas regiones del territorio colombiano. A manera de ejemplo, valga mencionar el caso de la extracción de oro por parte de empresas canadienses y sudafricanas en lugares como Cajamarca (Tolima), San Turbán (Santander), Marmato (Antioquia), entre muchos casos.

En Marmato, una tradicional zona minera desde hace varios siglos, la compañía canadiense Medoro Resources anunció a finales del 2010 que va a realizar un proyecto de minería a cielo abierto que cubre un área de 200 hectáreas e incluye el casco urbano de esa población. Para llevar a cabo este proyecto, la compañía anunció que en los próximos años va a extraer unos 10 millones de onzas de oro. Para hacerlo requiere la remoción de 300 mil toneladas de tierra al año y reasentar el pueblo en otro lugar, el que se anuncia como un sitio paradisiaco, según la propaganda oficial de la empresa, acogida desde luego por la gran prensa y por los políticos de Antioquia y de Caldas. Decir que ese es un reasentamiento es un abuso de lenguaje, porque en verdad se está hablando del desplazamiento forzado de todos los habitantes de un pueblo, que durante varios siglos se han dedicado a la pequeña minería, por obra y gracia de la minería transnacional (7).

En las tierras que se ceden a las multinacionales se incluyen los recursos naturales, la biodiversidad y sobre todo el agua, tan necesaria para la explotación minera y cuyas fuentes quedan contaminadas por el arsénico que se vierte diariamente sobre ríos y quebradas. La contaminación y desaparición de la biodiversidad cierran un proceso de despojo, en el que previamente los grupos privados de asesinos, en alianza con las Fuerzas Armadas del estado, han desplazado a los campesinos y habitantes pobres de las regiones donde se explotan minerales. Se calcula que como resultado de la extracción de recursos minerales, en Colombia habían sido desplazadas en los últimos años, hasta agosto de 2008, unas 600 mil personas. Nada sorprendente si se sabe, por ejemplo, que la transnacional Kedahda (filial de la Surafricana Anglo Gold Ashanti) ha solicitado que le otorguen concesiones en 336 municipios del país, en zonas en las que es notoria la presencia de paramilitares.
La legalización del despojo

Luego de perpetrado el robo de tierras se trata de asegurar su posesión por parte de los usurpadores. Para lograrlo el Estado juega un papel de primer orden ya que entran a operar los mecanismos “legales”, donde abogados, jueces, notarios, alcaldes, gobernadores, parlamentarios, ministros y presidentes actúan en consonancia con el proyecto de legitimar y legalizar la expropiación de tierras. Todos estos funcionarios estatales adelantan la labor de limpiar la cara de los criminales y de presentarlos como honestos empresarios que, al despojar a los campesinos, actúan como portavoces de la patria y se comportan como excelsos defensores de la sagrada propiedad privada. Siempre se trata de mostrar ante la opinión pública que no existió el saqueo y que los pequeños propietarios no son productivos sino, más bien, son un estorbo que conspiran contra los grandes propietarios que, según el estribillo de moda, son los que generan empleo y prosperidad.

En Colombia el despojo de tierras se ha legalizado desde el Estado central con un sinnúmero de leyes. Valga mencionar algunas. La ley 791 de 2002 reduce a la mitad el tiempo estipulado para la prescripción ordinaria y extraordinaria, con lo cual se acorta el plazo requerido para alcanzar la legalización de un predio ante los estrados judiciales, argucia que como es obvio favorece a los usurpadores de tierras. La ley 1182 del 2008 instituye el “saneamiento de la falsa tradición”, una figura con la que se posibilita la legalización de predios de más de 20 hectáreas adquiridos de manera ilegal, siempre y cuando no se presente ante un juez alguna persona que alegue en contra de esa solicitud y con pruebas, algo difícil porque un desplazado o no está informado de las solicitudes de adjudicación sobre sus tierras y si está enterado poco puede hacer ante el chantaje violento que pende sobre su cabeza. La ley 1152, o Estatuto Rural, establece la validez de los títulos no originarios del estado registrados entre 1917 y 2007, con lo cual permite la solución de los litigios a favor de los grandes propietarios y quienes han robado tierras en los últimos 90 años. Esta misma ley prohíbe la ampliación de resguardos indígenas en la zona del Pacífico y en la cuenca del Atrato, un región de gran desplazamiento forzado, que deja a los indígenas desamparados legalmente para defender sus territorios.

Pero las leyes de legalización del despojo no sólo están referidas a las tierras, sino que incluyen el interés de legislar en términos de agua, paramos, bosques, parques naturales, recursos forestales para que todo aquello que sea propiedad pública o común se convierta en bienes privados al servicio de capitalistas, terratenientes y multinacionales.

Como si no fuera bastante con este rosario de leyes a favor del latifundio y los agentes del despojo rural, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se ha impulsado la idea de la consolidación de la seguridad democrática, un eufemismo para decir que se va asegurar el robo y el despojo. Al respecto, en el 2010 fueron desplazadas 280.041 personas del campo, en 31 de los 32 departamentos del país y, lo más revelador, el 33 por ciento de los desplazados se origina en las zonas que el régimen uribista denominó Centros de Coordinación y Atención Integral (Ccai), “programas que tienen incidencia en 86 municipios en 17 departamentos, los cuales el ex presidente Uribe consideró prioritarios para recuperar la seguridad y avanzar en inversión social y empresarial”. Llamativo también que en un tercio de las tales zonas de consolidación hay explotaciones de minerales, especialmente del oro, como en Montelíbano (Córdoba), varios municipios del Bajo Cauca, en el Pacífico o en el Catatumbo. No por casualidad la región más crítica es el bajo cauca, donde “En las riberas de los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí hay cerca de 2.000 retroexcavadoras y dragas que según cifras oficiales sacan 28 toneladas de oro al año. Con la fiebre minera llegaron las bandas criminales, las masacres, los asesinatos y las amenazas. En la región hay 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Antioquia”.

En esas zonas de consolidación de latifundio agroindustrial se están sembrado miles de hectáreas con palma aceitera, tales como en San Onofre (Sucre), Tibú (Norte de Santander), Guapi y Tumaco (Nariño), en las faldas de la Sierra Nevada y en la Macarena (Meta).

En tales zonas de consolidación tampoco se ha erradicado el narcotráfico, pues en un 70 por ciento de ellas se cultiva hoja de coca, un hecho que además acelera el desplazamiento porque actúan los narcoparamilitares y porque las fumigaciones del ejército golpean a los campesinos y sus familias y les destruyen sus cultivos (8).

En rigor, la consolidación que se busca es la del gran capital agro-minero exportador en el cual sobresale la alianza entre latifundistas, narcotraficantes, exportadores y empresas multinacionales. Para hacerlo posible, el Plan Nacional de Desarrollo, en sus artículos 45, 46 y 47, modifica la ley 160 de 1994 que impedía que las tierras públicas (baldías) fueran transferidas a particulares que formaran latifundios. Ahora se permite que se adjudiquen esos baldíos de la nación a cualquier persona, nacional o extranjero, todo lo cual se justifica con el cuento de promover las grandes exportaciones agropecuarias, en las que se destila la demagogia que de esta forma se consolidará la alianza entre campesinos y grandes productores. Algo que es mucho más explicito con la mal llamada Ley de Tierras, un proyecto que favorece y fortalece a los capitalistas nacionales y extranjeros.

Los expropiados

Aunque las grandes empresas agroexportadoras y minerales necesiten trabajadores ya no requieren vastos contingentes de ellos, ni tampoco generan unas relaciones salariales clásicas, sino que impulsan formas de vinculación laborales propias del esclavismo o del feudalismo. El empleo que generan las minas o las plantaciones de palma o de caña de azúcar es muy escaso y el grado de explotación de los trabajadores es bestial, sin ningún tipo de derechos laborales, e incluso sin contratación directa puesto que predomina el trabajo terciarizado por medio de cooperativas, con el objetivo de esconder al patrón. Un ejemplo de esta forma de vinculación laboral de tipo salarial, degradada al máximo, es el de los corteros del Valle del Cauca, que en el 2008 realizaron una heroica huelga.

Estos trabajadores de rasgos cetrinos, muchos de ellos descendientes de esclavos africanos, soportan interminables jornadas de 12 o más horas, laborando bajo pleno sol, sin un salario fijo porque se les paga de acuerdo a la cantidad de caña que sean capaces de cortar, cuyo peso es controlado por las basculas que pertenecen o las empresas contratistas o a los ingenios. Su jornada de trabajo discurre los siete días de la semana, con un solo día de descanso al mes. No tienen derecho a enfermarse porque, aparte de que no cuentan con servicio médico pago por la empresa sino que lo deben asumir por su cuenta, deben enviar un sustituto cuando se enferman y si no lo hacen son despedidos. La jornada diaria de trabajo se inicia a las seis de la mañana y se prolonga hasta cuando comienza la noche. Todo el día cortan caña a punta de machete. Se les paga por el volumen de caña cortada, por lo que reciben un salario variable, a destajo. Los organizadores de las cooperativas asociadas les dicen que ellos son a la vez patrones y trabajadores, en razón de lo cual todo lo que utilizan o necesitan (machetes, guantes, zapatos, ropa y protectores de tobillo) deben ser comprados por ellos mismos, con sus magros ingresos. Tampoco tienen subsidio de transporte, un gasto importante en su reducido presupuesto ya que representa hasta la séptima parte de sus salarios, porque supuestamente no son empleados sino patrones. Entre otras cosas, esta extraña condición de figurar como patronos de sí mismos les impide en términos legales que hagan huelgas. No tienen derecho a vacaciones ni a pago de horas extras (9).

En el caso de la caña como en los otros sectores de este tipo de agronegocios, si los trabajadores se atreven a protestar, a organizarse, afiliarse a un sindicato o hacer huelga, inmediatamente son amenazados, perseguidos y asesinados sus líderes y activistas más beligerantes.

Liquidación de organizaciones y movimientos sociales
Otra característica de la acumulación por desposesión estriba en desarticular por todos los medios posibles, empezando por la violencia física directa, a todos aquellos sectores sociales de tipo popular que pudiesen oponerse al proyecto de consolidación del capitalismo agroindustrial de tipo exportador. En Colombia esto se expresa en el desangre que han sufrido las organizaciones sociales en los últimos 25 años por parte del Estado y de los grupos de sicarios que han sido organizados y financiados por diversas fracciones de las clases dominantes, en cabeza de las cuales sobresalen los ganaderos y latifundistas, en asocio con empresas multinacionales.

La violencia contemporánea que acompaña el despojo de la tierra y la naturaleza tiene un marcado carácter de clase. Se trata, en pocas palabras, de eliminar los incómodos obstáculos sociales que impidan la consolidación del modelo agroexportador, lo cual sigue en términos generales un mismo modus operandi: primero se limpia la tierra mediante el terror por parte de grupos de criminales contratados por el Estado y fracciones de las clases dominantes; luego, los políticos regionales diseñan la planeación estratégica para transformar esas regiones en lugares adecuados para la puesta en marcha de actividades económicas, que sólo pueden llevarse a cabo con la consolidación de los planes de pillaje, muerte y saqueo; en tercer lugar, ya con las tierras despejadas y con los planes empresariales se llama al capital extranjero para que invierta en el país, garantizándoles plena seguridad a las inversiones y brindándole, aparte de protección, todo tipo de gabelas, descuentos y regalos.

La implantación de cultivos como el banano, la palma aceitera, o de otros productos destinados a producir agrocombustibles (caña de azúcar) o la extracción de petróleo, minerales y oro viene acompañada de una dosis notable de violencia, como se evidencia con la gran cantidad de sindicalistas, dirigentes campesinos e indígenas que han sido asesinados. Las masacres, desplazamientos forzados, destrucción de sindicatos acompañan esta forma de acumulación de capital en Colombia en las últimas décadas. Eso no es algo excepcional o fortuito sino consustancial a este tipo de capitalismo gángsteril, como lo dice un estudioso de la explotación de palma: “El aceite o el biodiesel de Palma Africana tienen a la violencia como aditivo. En Indonesia, en África o en Colombia, la depredación ambiental, la represión a las comunidades indígenas y campesinas, y el antisindicalismo son algunas de las huellas de la identidad violenta del cultivo industrial de la Palma Africana” (10).

La implantación de la palma viene acompañada de la expulsión de los campesinos y por esa razón puede decirse que la palma aceitera Es el “NAPALM” del Plan Colombia: quemando la selva, quemando la gente y a todo derecho.” Y lo que queda después son “desiertos verdes, árboles en filas plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa mano de obra y la poca que genera mendiga por laberintos donde la esclavitud no encuentra salidas” (11). Esta es la famosa Arabia Saudita del biodiesel que buscan los para empresarios y no están equivocados porque quieren transformar a este país en un desierto de palma, sin campesinos, regido por una monarquía oligárquica y corrupta como la de Arabia Saudita.

La palma es un negocio criminal de paramilitares y narcotraficantes, como se prueba con el hecho que 23 empresarios del sector en el 2003 invirtieron 34 millones de dólares. Esto fue posible mediante el desplazamiento de 5000 campesinos, la ocupación de 100 mil hectáreas que correspondían a territorios de comunidades afrodescendientes en el Choco. Esto fue respaldado por los sicarios privados, aliados con el ejército y burócratas del Ministerio de Agricultura, que concedieron generosos créditos y llamaron a la apropiación de la tierra para que “honestos empresarios hicieran patria” con su sacrificio y tesón. Como para que no quede duda esta operación, encaminada a impulsar el cultivo de palma, fue directamente comandada por los paramilitares Carlos y Vicente Castaño, que a su vez eran propietarios de Urapalma, una firma dedicada al negocio de producir y refinar aceite de palma. Uno de estos criminales, Vicente Castaño, recibió “2,8 millones de dólares de entidades como el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y el Banco Agrario”, y otras tres firmas de paramilitares recibieron más de 6,8 millones de dólares (12).

Otro tanto sucede con el banano que se ha sembrado en Colombia para la exportación, producto que desde la masacre de 1928 ha estado ligado a la violencia del capital imperialista. Y esta no es una evocación histórica sino actual, porque se han comprobado los nexos entre los grupos de criminales que mataron a miles de campesinos y trabajadores bananeros en varias zonas del país, especialmente en el Urabá antioqueño, hasta el punto que la Chiquita Brands fue condenada en un tribunal de los Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares por estos crímenes. Eso si, sus ejecutivos no sufrieron ninguna condena por patrocinar y financiar a los criminales que le hacían el favor de matar a sus incómodos trabajadores que se organizaban en sindicatos y querían mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Tal ha sido la impunidad criminal que se enseñoreo en la zona bananera de Urabá que bien puede catalogarse como un “modelo” de imposición de los cultivos empresariales en nuestro país, ya que allí confluyen todos los elementos que hemos descrito: despojo de tierras, expulsión de campesinos y trabajadores, asesinatos, masacres, financiamiento de empresas nacionales y multinacionales a los grupos criminales, alianzas entre sicarios y militares, participación y complicidad del Estado, eliminación física de la base social de la insurgencia y los movimientos de izquierda, legitimación por parte de la gran prensa y de los políticos locales de los crímenes cometidos a nombre de la salvación de la patria y de la imposición del orden y la seguridad, premio a los criminales donde quiera que se encuentren o se desempeñen, patrocinio de políticos regionales a nivel nacional, hasta que uno de ellos alcanzó la presidencia de la República.

Ese modelo bananero es el mismo que se está aplicando con la palma aceitera y en la explotación minera, como buen ejemplo de los costos sociales y humanos de la producción primaria exportadora que beneficia al capital imperialista y a sus socios criollos. En pocas palabras, en el Urabá antioqueño se demostró que este país es una típica república bananera, aunque mejor sería llamarla una Para República Bananera.
Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008.

Notas:
1) David Harvey, El nuevo imperialismo, Editorial Akal, Madrid, 2005, p. 119.
2) Ver, PNUD, Colombia, Colombia rural. Razones para la esperanza. Resumen Ejecutivo, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Bogotá, septiembre de 2011; Luis Fernando Gómez Marin, Concentración de la tierra y concentración de ayudas del Estado, en luisfernandogomezz.blogspot.com/.../la-desigualdad-en-la-propiedad ; Darío Fajardo, Reforma agraria y paz… o minería, en www.espaciocritico.com/?q=node/72
3) Citado en Azalea Robles, “La Ley de Tierras de Santos. De las fosas comunes a la consolidación del gran capital”, Rebelión, octubre 18 del 2010.
4) El primer capítulo de la ‘paraeconomía’, en www.espaciocritico.com/?q=node/72
5) Carbón y sangre en las tierras de Jorge 40. en www.prensarural.org/spip/spip.php?article4803
6) Fernando Castrillón Zapata, Efraín Jaramillo y Gregorio Mesa Cuadros, Colombia: La represa de Urrá y los Embera Katío del Alto Sinú. Una Historia de farsas y crímenes, en www.kaosenlared.net/noticia/colombia-represa-urra-embera-katio-alto-sinu-historia-farsas-crimenes
7) MEDORO RESOURCES Ltda. se quiere tragar a Marmato, en www.pacificocolombia.org/.../ medoro - resources -ltda... marmato /77
8) Desplazamiento: el desangre continua, en www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id...
9) Ricardo Aricapa, Las razones sociales y laborales que llevaron al paro a los corteros de caña, en www.rebanadasderealidad.com.ar/escuela-col-08-06.htm
10) Gerardo Iglesias, “El agua y el aceite. Palma africana y derechos humanos”, en www.ecoportal.net Rel-UITA
11) Ibíd.
12) La palma africana negocio criminal de paramilitares y narcotraficantes, en www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/palma1.html

Fuente