lunes, 20 de agosto de 2012

SME Entrega de la clinica 26 - 20-Agosto2012

Entrega de útiles escolares por parte de nuestros compañeros de Líneas Aéreas.

Ajuste de cuentas en una justicia selectiva

Revista Siempre! 

En:Articulistas Fecha:18 agosto, 2012 

La percepción de millones de mexicanos
Martín Esparza Flores
3088ESPARZA
La percepción de millones de mexicanos es unánime: en nuestro país la ley se aplica con base en dos premisas: el poder del dinero y el poder público. Por tanto, siguiendo el axioma impuesto por la realidad y la carencia de una mínima ética en la aplicación de la deontología jurídica, en México tenemos una justicia selectiva que ha terminado por borrar la existencia mínima del estado de derecho.
La Constitución y las leyes en las distintas materias son letra muerta, sobre todo y es lamentable decirlo, porque los jueces, magistrados y ministros, que deben actuar con base en dos poderosos fundamentos: su conciencia y el conocimiento de las leyes, no se sujetan, la mayoría de las veces, a lo estrictamente establecido en el orden jurídico sino a la consigna política o el interés económico.
Todo el país se vio reflejado en el ya célebre documental Presunto culpable, exhibido en febrero de 2011, donde José Antonio Zuñiga, un joven tianguista, fue acusado de homicidio y condenado a 20 años ocho meses de prisión por el juez Héctor Palomares Medina, quien basó su veredicto en la declaración de un testigo falso, desechando todo un cúmulo de pruebas que incluso ubicaron al inculpado en otro sitio, el día y hora de los hechos.
De no haber salido a la luz pública tan atroz abuso, Zuñiga se hubiera hecho viejo en prisión, pero para vergüenza del país, hay miles de presuntos culpables aún tras las rejas, como sucede con los once trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los que el gobierno federal les fabricó delitos por la manifestación de sus ideas y la lucha por recuperar su empleo.
Tales son los casos de nuestros compañeros, presos políticos: Miguel Márquez Ríos, detenido arbitrariamente en Puebla y que a la fecha ha cumplido un año diez meses de injusta reclusión; también, nuestros compañeros Eusebio Valdez M; Francisco J. Domínguez; Alvaro Figueroa; Gabriel Rodríguez; Ulises Uribe; Marco Cortés; Hugo Medina; Rogelio García; Rodolfo Vivas y Gilberto Burgos, que llevan un año cuatro meses, presos en el Reclusorio Oriente.
En el caso de Miguel Márquez, los delitos que se le imputan: privación ilegal de la libertad de policías federales; resistencia a particulares e ir en contra del consumo y la riqueza nacional, fueron modificados en las reformas al artículo 366 del Código de Federal de Procedimientos Penales. Y al no ser catalogados como graves, permiten llevar el proceso en libertad bajo caución; sin embargo, los jueces no resuelven y actúan bajo consigna. Los 10 presos políticos del Oriente enfrentan delitos de motín, daño en propiedad ajena, robo en pandilla y con violencia, los cuales no se aplicaban desde la época de Díaz Ordaz, cuando se ejecutó la brutal represión a los estudiantes del 68.
Es una lástima que en nuestro país la ley pueda negociarse o aplicarse con criterios políticos pese a las declaraciones rimbombantes y los buenos deseos de los ministros de la Corte.
Y por más justa que aparente ser, la ley manipulada desde las más altas esferas oficiales sencillamente no es justicia, pues se asemeja más a un ajuste de cuentas a favor de los hombres del poder, permitida con toda la inmoralidad por los altos magistrados que no sólo aniquilan el equilibrio de poderes sino que se convierten en lacayos de los políticos en turno.
¿O habrá alguien que lo dude?

La industria eléctrica en manos de trasnacionales

CONTRALÍNEA 
 
19. agosto, 2012 Opinión
 
El próximo gobierno tendrá que afrontar la desventajosa entrega que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho del sector eléctrico a las trasnacionales. Desde la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder, en 2000, hasta 2011, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó un promedio de 772 permisos a productores independientes y productores externos de energía. El gobierno federal pactó con muchos de ellos la compra de su generación eléctrica mediante desventajosos contratos para el país con vigencias de hasta 25 años.
Martín Esparza Flores*/Cuarta parte
 
Tales son los casos de las extranjeras Iberdrola, EDF International, Unión Fenosa, Mitsubishi, Intergen, Mitsui, TransAlta, EDFI y AES, que a través de financiamientos vía proyectos de inversión de largo plazo han garantizado su inversión, al obtener de la CFE el compromiso de adquirirles su energía, al precio que ellas establezcan. Esto ocasiona mayores costos operativos a la infraestructura eléctrica nacional, ahora subutilizada, y genera el excesivo margen de reserva del 44 por ciento alcanzado en 2009 contra el 21 por ciento observado en 2000. Tenemos así una sobreproducción eléctrica que no utilizamos, pero que nos cuesta un ojo de la cara.
 
Se ha entregado a particulares y en charola de plata el negocio de la electricidad a un altísimo costo para las finanzas públicas y para los millones de usuarios, que ahora pagan las consecuencias con la arbitraria imposición de altas tarifas eléctricas. No es aventurado afirmar que esta política entreguista de los panistas ha hipotecado al sector en las próximas tres décadas. A diciembre de 2009, la compra de energía a las trasnacionales le costó al país más de 268 mil millones de pesos y se estima que por los compromisos adquiridos de compra-venta de energía, de 2010 a 2041, los mexicanos pagaremos a las firmas extranjeras 1.6 billones de pesos, según el análisis de la Cuenta Pública 2009 practicado al sector eléctrico por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y entregado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.
 
Pero el costo será mayor si se considera que los proyectos de inversión de largo plazo de la CFE y su pasivo acumulado de 1999 a 2043 ascenderá a 545 mil 300 millones de pesos, según la tabla de amortización y pago de intereses del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2009, la CFE pagó 63 mil 700 millones de pesos de capital y 42 mil 200 millones de pesos de intereses, lo que significa que entre 2010 y 2043 tiene pendiente de pago una amortización de 435 mil 400 millones de pesos, y de costo financiero 131 mil 200 millones más. Cantidad que sumada a 1 billón 600 mil millones superará los 2 billones de pesos.
 
Datos de la CFE y de la Secretaría de Energía establecen con exactitud la forma en que los gobiernos del PAN optaron por debilitar el sector, cuya infraestructura costó a los mexicanos décadas de trabajo; mientras en 2000 CFE y Luz y Fuerza del Centro generaban 191 mil 400 Gigavatio/hora (GWh) a nivel nacional, los permisionarios privados apenas contribuían con 12 mil 200 GWh; para 2009, las cosas cambiaron radicalmente a favor de los particulares, sobre todo extranjeros al alcanzar una generación de 105 mil 900 GWh, mientras que el sector público disminuyó a 157 mil 900 GWh.
 
En su análisis de 2009, la ASF estableció que, desde 2000, los permisionarios venden electricidad a la CFE, colocada en el segmento de la industria más rentable; el doméstico, que es donde se encuentran los mayores problemas y más altos costos de suministro se están destinando a las dos paraestatales (CFE y Luz y Fuerza del Centro, LFC).
 
“Los permisionarios tampoco corren riesgos debido a que venden la energía comprometida a la CFE y aunque se presenten paros y haya una menor demanda del energético, la paraestatal tiene que colocar los excedentes al costo que sea necesario, la electricidad no se puede almacenar y la CFE tiene que buscar que se consuma en el momento en que se genera. Las altas tarifas de la electricidad no son producto exclusivamente de la energía generada por el servicio público, también se derivan de los altos costos de interconexión de los productores independientes y de gas natural que es el único combustible que los productores independientes de energía utilizan”. Negocio redondo.
 
Además, es importante resaltar que el excesivo número de concesiones para privados ha impactado en los niveles de generación de electricidad y en consecuencia en las ventas de CFE. De los 772 permisos otorgados por la CRE, 24 corresponden a grandes productores independientes, 595 a autoabastecedores, 58 para cogeneración, 37 para importación, siete para exportación, tres para pequeña producción y 48 para usos continuos. Todos ellos tienen autorizada una generación de 166 mil 700 GW hora/año.
 
Un análisis a fondo de esta política entreguista permite explicar el porqué de la premura del gobierno de Calderón por desaparecer a LFC mediante una acción autoritaria e ilegal; el análisis de la ASF no deja lugar a dudas: “Con la liquidación de LFC, los particulares tendrán un mayor campo de acción ya que tendrán que satisfacer la demanda de electricidad de alrededor de 6 millones de usuarios y adicionalmente podrán utilizar más abiertamente la infraestructura dejada por LFC”. La desnacionalización está en marcha.
 
Dado lo anterior surgen las razones por las cuales la CFE se encuentra en una insalvable quiebra técnica: tan sólo de 2001 a 2009, recibió subsidios del gobierno federal por 563 mil millones de pesos. Y sus pasivos al segundo trimestre de 2012 han llegado a los 849 mil millones de pesos; 12.24 por ciento más que los registrados en el mismo periodo de 2011 y que ascendieron a 756 mil 768 millones de pesos.
 
De no detener esta política antinacionalista, México estará entregando sus recursos energéticos a los extranjeros, como ya sucede con Petróleos Mexicanos, cuyos contratos de perforación y exploración están en manos de trasnacionales. Este sector, que es estratégico para cualquier país, debe rescatarse por el bien de las futuras generaciones. No puede consentirse que el multimillonario saqueo continúe en detrimento del nivel de vida de los mexicanos que cada día pagan más cara la gasolina y la luz que consumen.
 

Auditor: la CFE no cumple con dar mantenimiento a las centrales eléctricas

Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 23
Debido a la constante reducción del presupuesto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha cumplido íntegramente con el mantenimiento requerido en las centrales de generación eléctrica, advirtió el despacho del auditor independiente Crowe Horwath Gossler. Al analizar los estados financieros de la paraestatal al cierre del primer trimestre de 2012, el auditor alertó que esta situación puede afectar la vida útil de ciertas plantas.
En el informe donde analiza los principales renglones financieros de la paraestatal previene: Durante los últimos años, debido a la reducción de los presupuestos anuales, la CFE no ha cumplido íntegramente con el mantenimiento requerido; consecuentemente, esta situación pudiera afectar la vida útil de ciertas plantas.
Este diagnóstico coincide con los informes elaborados por separado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la Situación económica, las rinanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al primer trimestre de este año, los cuales revelan que la CFE dejó de erogar 9 mil 361.6 millones de pesos que estaban destinados al mantenimiento de sus instalaciones.
Los informes de Hacienda detallan que el gasto del programa presupuestario para el primer trimestre de 2012 era de 72 mil 926.8 millones de pesos y solamente se ejercieron 63 mil 565.2 millones de pesos.
La información disponible en los documentos de Hacienda muestra el avance en el ejercicio del presupuesto en sólo tres programas presupuestarios de la CFE. Por ejemplo, en el programa presupuestario con clasificación E561, referente a la operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica, se tenían presupuestados recursos aprobados por 27 mil 106.2 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 24 mil 255 millones de pesos, un subejercicio de 2 mil 851.2 millones.
Este programa presupuestario es el que presenta mayor presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, con un monto anual aprobado de 77 mil 75.7 millones de pesos.
A su vez está vinculado directamente con el programa presupuestario E563 denominado Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad, a cargo de la subdirección de energéticos de la CFE, para el cual la SHCP no proporciona información sobre el ejercicio de su gasto y cuyo propósito es garantizar el abasto de combustibles a las centrales.
En el programa E567, destinado a operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones del sistema eléctrico nacional, así como operar la fibra óptica y proporcionar servicios de telecomunicaciones, el subejercicio fue de 374.3 millones de pesos, derivado de un presupuesto autorizado para enero-marzo de este año de mil 741.4 millones de pesos, aunque sólo se ejercieron mil 367.1 millones de pesos.
Considerando que estos programas operan de manera coordinada, el menor gasto del programa E561, Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica reflejaría el menor gasto destinado a la adquisición de combustibles, que se argumenta en el informe de la SHCP como explicación del menor ejercicio del gasto programable, comentaron especialistas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

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Se aprobarán las reformas laboral, energética y hacendaria: Joaquín Coldwell

Se aprobarán las reformas laboral, energética y hacendaria: Joaquín Coldwell
Pedro Joaquín Coldwell, pondrá en marcha este lunes la primera reunión plenaria de los senadores de su partido,



Revista EMET - La Jornada


Chihuahua, Chih., 19 de agosto. El dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, pondrá en marcha este lunes la primera reunión plenaria de los senadores de su partido, en la que los 52 legisladores del tricolor electos discutirán y aprobarán la agenda que van a impulsar a partir del próximo primero de septiembre, centrada en las iniciativas de Enrique Peña Nieto.
El coordinador de la próxima bancada priísta, Emilio Gamboa, precisó que estarán muy atentos a las iniciativas comprometidas por el mexiquense y pondrán interés particular en las reformas laboral, energética y hacendaria, con la finalidad de que los mexicanos tengan beneficios en su nivel y calidad de vida.
Otros temas prioritarios derivados de la agenda de Peña Nieto que el grupo parlamentario priísta hará propias e impulsará, detalló, son la creación de la comisión nacional anticorrupción, el otorgamiento de mayor transparencia en todos los órganos de gobierno, así como la supervisión ciudadana a la contratación de publicidad de los poderes públicos en medios de comunicación.
Los senadores electos del PRI también discutirán esa agenda con Luis Videgaray Caso, coordinador general de Políticas Públicas de Peña Nieto, quien fue su coordinador en la campaña presidencial.
Gamboa Patrón recalcó, en tanto, que privilegiará la búsqueda de acuerdos con las demás fuerzas políticas y sostuvo que percibe buena intención de los coordinadores de PAN y PRD para sumar voluntades y alcanzar las mayorías que lleven a aprobar las leyes, que se habrán de traducir en gran beneficio para los mexicanos.
Insistió en que se acercará a las bancadas de PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, PVEM y Panal, a fin de interactuar con todos y lograr el consenso en torno a esas reformas, pues a pesar de que existen muchos temas pendientes en el país, estamos ante la gran oportunidad de avanzar hacia un mejor estadio.
Expresó que sus compañeros están plenamente conscientes de que el Congreso tiene poca credibilidad en la sociedad mexicana, por lo que estamos obligados a cumplir trabajando de manera honesta, transparente y eficaz. No nos queda otro camino, dijo.
Durante los dos días de trabajos en esta ciudad, los senadores priístas contarán con la ayuda de expertos para analizar los temas torales de la agenda. Este lunes habrá una mesa de análisis sobre la situación económica mundial, a cargo del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, una vez que el encuentro sea inaugurado por el dirigente nacional priísta, Pedro Joaquín Coldwell.
Ahí se analizará también la reforma hacendaria de Peña Nieto. Al respecto, el senador electo Patricio Martínez comentó que ésta no incluye aumento del impuesto al valor agregado (IVA) o su generalización en medicinas y alimentos, toda vez que se trata, dijo, de una medida que afectaría el consumo de las mayorías.
Este lunes se instalará una mesa de discusión sobre política exterior, donde participará como ponente Bernardo Sepúlveda Amor, ex canciller y actual juez de la Corte Penal Internacional.
Un día después, los senadores escucharán a Videgaray Caso presentar la agenda legislativa de Enrique Peña Nieto.

 

Caso Monex: una multa y se acabó.

Caso Monex: una multa y se acabó.
En 2003 el IFE impuso multas de 360 millones 971 mil 39 pesos al PAN, y 184 millones 198 mil 610 para el Partido Verde Ecologista de México, por haber rebasado los topes para gastos de campaña.

Revista EMET - La Jornada


Los casos Monex y Soriana guardan mucha similitud con lo ocurrido hace 12 años, cuando por primera ocasión se descubrieron financiamientos ilícitos en las campañas presidenciales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y que se conocieron como Pemexgate y Amigos de Fox. Los candidatos eran Francisco Labastida Ochoa y Vicente Fox Quesada, respectivamente.
En los comicios de julio pasado, el Movimiento Progresista –integrado por los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática– denunció que se utilizó dinero ilícito para comprar votos a favor del candidato priísta, Enrique Peña Nieto, y que en ello estarían involucrados Banco Monex y la cadena de tiendas Soriana.
Sin embargo, en los casos de Pemexgate y Amigos de Fox, la Procuraduría General de la República (PGR) nunca logró acreditar la existencia de delitos que se tipifican en el Código Penal Federal como delincuencia organizada, aunque en el ámbito electoral se impusieron multas millonarias al PAN y al PRI por rebasar los topes de gastos de campaña, pero no se modificaron los resultados de la elección.
Recursos volátiles
En el caso conocido hoy como Monexgate, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investiga si los recursos que debieron destinarse a promoción de Peña Nieto se desviaron para comprar votos.
A este respecto, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha confirmado que el PRI utilizó empresas privadas para adquirir tarjetas del Banco Monex y que, a través de ellas, al menos 70 millones de pesos fueron canalizados para actividades relacionadas con la elección presidencial; ante la denuncia del Movimiento Progresista de que se trató de dinero ilícito, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) participa en las indagatorias.
La Fepade únicamente podrá sancionar –en caso de que lo acredite– los delitos de tipo electoral y tendrá que consignar a los responsables ante jueces federales, pero los indiciados podrán enfrentar su proceso en libertad bajo fianza, porque esos ilícitos no son considerados graves. Asimismo, sus investigaciones no tendrán ningún impacto en la calificación de la elección.
Para que se considere que existió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que se violó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Siedo tendrá que acreditar que el dinero provino de un delito anterior y, a sabiendas, los priístas ocultaron su origen.
¿El petróleo en la política?
En mayo de 2000, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, transfirió al sindicato petrolero, sin autorización del consejo de administración, dos cheques por mil 100 millones de pesos, mismos que fueron depositados en un banco en Houston, Texas, y luego transferidos a México a cuentas bancarias a nombre del PRI.
El 10 de diciembre de 2001, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el manejo irregular de recursos federales a través del sindicato petrolero y se inició la averiguación previa PGR/UEDO 182/2001 por lavado de dinero.
En enero de 2002, Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Beraza, miembros del área de finanzas del PRI, fueron detenidos por la PGR y se convirtieron en testigos protegidos tras acordar que revelarían los mecanismos de operación para ocultar el dinero entregado por Pemex.
Durante la investigación, el Ministerio Público Federal descubrió que la dirigencia priísta trató de ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de Pemex a través de varias maniobras; una fue una rifa, en la cual los números ganadores se entregaron a familiares de líderes regionales y los premios nunca se cobraron, ya que el dinero se distribuyó en efectivo entre sus dirigencias estatales para solventar sus operaciones proselitistas.
El 5 de mayo de ese año, la PGR solicitó órdenes de aprehensión y el juzgado 13 de distrito en materia de procesos penales federales, a cargo de José Luis Moya Flores, libró los mandamientos de captura contra Rogelio Montemayor y los ex funcionarios de la paraestatal Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene y Julio Pinter.
La procuraduría no pudo procesar a los inculpados por lavado de dinero, ya que el sindicato petrolero demostró que los recursos le fueron entregados como parte de los acuerdos contractuales con Pemex.
En 2003, el IFE impuso al PRI una multa de mil millones de pesos por rebasar los topes de gastos de su campaña presidencial en el año 2000.
El 26 de agosto de 2011 concluyó el Pemexgate. El juzgado 13 de distrito con sede en la ciudad de México declaró prescrito el delito de peculado electoral para el líder petrolero Carlos Romero Deschamps.
Entre amigos
En mayo de 2000, La Jornada publicó los primeros indicios de que en la campaña presidencial de Vicente Fox se habían utilizado recursos ilegales: el First National Bank denunció ante la PGR a Juan Pablo Fox Quesada (hermano de Vicente) por el delito de fraude, y reveló que una de sus cuentas había sido utilizada para triangular dinero a distintos destinos, como si se tratara de operaciones de lavado de dinero.
En ese año, el entonces senador priísta Enrique Jackson denunció que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos una mujer identificada como Carlota Robinson había recibido dinero de la compañía belga Dehydration Technologies Belgium, y los recursos se habían transferido directamente a cuentas de Lino Korrodi, presidente de la asociación Amigos de Fox. Ante ello, la PGR abrió dos averiguaciones previas: una por delitos electorales, en la Fepade, y otra en la Siedo por lavado de dinero.
En el ámbito electoral, el 6 de octubre de 2003 el IFE impuso multas de 360 millones 971 mil 39 pesos al PAN, y 184 millones 198 mil 610 para el Partido Verde Ecologista de México, por haber rebasado los topes para gastos de campaña.
Las investigaciones de la Fepade y la Siedo fueron archivadas por considerar que no se cometieron delitos de tipo penal ni electoral.
A tarjetazos
En el caso que está en curso, el Movimiento Progresista denunció ante la PGR, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que por medio del Grupo Financiero Monex y la cadena de tiendas Soriana el PRI trianguló millones de pesos para comprar votos a favor de su candidato, Enrique Peña Nieto.
Las primeras investigaciones, realizadas por el área de fiscalización del IFE, han detectado que el tricolor utilizó a los grupos Koleos y Tiguan, la comercializadora Atama y a las empresas Inizzio y Efra para depositar más de 70 millones de pesos en tarjetas prepagadas de Monex.
La dirigencia nacional priísta reconoció que usó los monederos electrónicos (Monex) para pagar a sus representantes de casilla, y que el dinero forma parte de la partida de gastos ordinarios del Comité Ejecutivo Nacional.
Sin embargo, el Movimiento Progresista ha señalado que existió un presunto financiamiento ilegal y lavado de dinero en estas acciones.
También ha denunciado que mediante miles de tarjetas de la cadena Soriana, en las cuales se depositaron entre cien y mil pesos en cada una, se realizó la compra de votos.
En días pasados, la Fepade llevó a cabo diligencias en los estados de Guanajuato y Zacatecas, y en ellas se tomó declaración a representantes tricolores.
En el caso de Guanajuato, declararon cuatro priístas; uno entregó una tarjeta Monex Recompensas, mostró su nombramiento de representante de casilla y aceptó haber recibido un pago por fungir como representante.
Revista EMET - La Jornada
 

Las verdades que denigran

Se reúne Peña con alcaldes priistas. Foto: Miguel Dimayuga
Se reúne Peña con alcaldes priistas.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Ahora resulta que se “denigra y calumnia” al PRI por dar a conocer la “miles de pruebas” que evidencian la compra de votos. Se denigra al PRI cuando se habla de lavado de dinero, se denigra al PRI cuando se muestran fotos de socios del Chapo Guzmán con Enrique Peña Nieto, se denigra al PRI cuando se muestran transferencias bancarias dudosas…
Vaya, se denigra al PRI ¿por decir la verdad? Y se multa ¡a quien lo hace!
Y uno se pregunta si el actuar de los consejeros y magistrados electorales no los denigra. Podrán, acaso, estos funcionarios ver a la cara a sus hijos o nietos. Supondría que no, a menos que sean unos cínicos, a menos que se asuman como funcionarios que velan por su trabajo, sus jugosos salarios y beneficios, y no por el bien de la nación.
A lo mejor, como muchos de los gobernantes en México, apuestan al olvido. A “la normalidad” una vez que el tribunal valide a Enrique Peña Nieto como el limpio ganador de la elección presidencial manchada por la compra y coacción del voto.
¿Y si le apuestan a lo que sucedió con Luis Carlos Ugalde y sus consejeros –de quienes, por cierto, pocos pueden recordar sus nombres–, integrantes del IFE que validaron en 2006 el otro fraude electoral? ¿Qué pasó con Ugalde?, ¿acaso alguien le reclama su vergonzoso papel e ilegal actuación en el IFE’, ¿acaso alguien lo culpa a él o a los magistrados del Tribunal Electoral que dieron la constancia de ganar a Felipe Calderón, que lo recibieron por la puerta de a tras y por ahí mismo lo despidieron?
Tan no pasó nada que al secretario del tribunal lo hicieron más tarde magistrado de ese organismo.
Es posible que a eso mismo le estén apostando los integrantes del IFE y el Tribunal. Pero que no se olviden que si ayer fue la mafia empresarial la que puso a Felipe Calderón en Los Pinos y éste a miles de mexicanos en el cementerio, hoy todo parece indicar que es la mafia, el crimen organizado, el narcotráfico, los que empujan a Enrique Peña Nieto. Así es que las consecuencias de sus actos, si no las reciben ellos, seguramente su descendencia las recibirá.
Y claro, no sólo ellos, todos los mexicanos. Tanto consejeros como magistrados no pueden seguir pensando en la inmediatez de sus resoluciones y que los llevarán a conservar su posición dentro de los órganos “autónomos”. Si tuvieran visión a largo plazo verían que ellos también están contribuyendo a destruir más al país.
En México hace muchos años que se incrustó la economía narca, la política narca y todo se volvió una simulación. Hace algunos meses, el doctor Edgardo Buscaglia, una de las personas más calificadas para hablar del tema del crimen organizado, por sus indagaciones y presencia en varios países del mundo, comentó que el IFE es una simulación, que hasta allá se manejan los hilos a través del narco y de una forma sutil, que ni los mismos funcionarios lo perciben.
A la distancia de ese comentario parece que así es, que el IFE es una simulación, pero hoy más vergonzosamente, se ha convertido en una caricatura que con argumentos legaloides pretende justificar sus decisiones. Cuánto se extraña a José Woldenberg y sus consejeros.
Pareciera que ese consejo electoral fue un tropiezo en el tiempo y que el PRI nunca se fue del poder, y que lo que hoy estamos viviendo es sólo la continuidad irremediable de la unión de dos poderes en México: el narco y el PRI. Por eso ahora, más que nunca, ya no se piensa dos veces antes de ejecutar a un presidente (municipal) electo, como sucedió con el priista de Matehuala hace una semana. Si el narco contribuyó a ponerlos en ese lugar político, seguramente el narco considera que los puede quitar cuando ya no les sirven… este parece que será el capítulo siguiente de México, a menos que los funcionarios electorales tengan la valentía de modificar la historia.
Dicen que más peligroso que el narco es la narcopolítica. Y en México ya podemos hablar de ellos, de las narcotienditas, narcobanqueros, narcofutbolistas, narcoempresarios…. narco…. ¿llegará ahora un narcopresidente, como decían los panistas?
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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Twitter: @jesusaproceso

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Anuncian marchas y jornada contra la imposición de Peña durante septiembre

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 17
El próximo primero de septiembre se realizará una marcha y una jornada nacional En contra de la imposición del candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Cámara de Diputados, así como un contrainforme de gobierno.
En la primera reunión preparatoria de la Convención Metropolitana contra la Imposición, que se llevó a cabo ayer en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se informó de esta movilización.
De igual manera, se destacó que el 6 de septiembre se realizará otra jornada nacional de lucha, el 15 y 16 del mismo mes se llevará a cabo la campaña Por un México sin PRI, en diversas plazas públicas, y el 22 y 23 la Convención Nacional contra la Imposición.
En la reunión, a la que asistieron –a titulo personal– miembros de diversas organizaciones sindicales, también se presentó una propuesta de resolución del Comité Estudiantil en Defensa de la Educación Pública (Cedep), que establece que de prosperar el fraude electoral del pasado primero de julio, el nuevo gobierno profundizará la política panista de más pobreza y desempleo; habrá represión y se impondrán por la fuerza los planes de los banqueros y empresarios.
Dicho comité alertó que con el gobierno tricolor se continuará desmembrando a la educación pública, en especial a la de nivel superior, por lo que se pronunció por una mayor unidad de acción de las organizaciones sociales, civiles, políticas y no gubernamentales, y a quienes han sido víctimas de la crisis económica, política, social y de seguridad pública y de la guerra de Felipe Calderón.
El Cedep sostuvo que ratifican el acuerdo tomado en la Convención Nacional contra la Imposicion, celebrada en San Salvador Atenco, “consistente en impulsar un paro nacional de universidades para el 2 de octubre próximo.

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La gran banca, detrás de Peña Nieto

Corporativo del banco HSBC ubicado en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez.
Corporativo del banco HSBC ubicado en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.
Foto: Octavio Gómez.
Cada día surgen más indicios de una compleja maraña de movimientos financieros irregulares que presuntamente alimentaron los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. Hay señales de triangulaciones de dinero del erario mexiquense o inexplicables ganancias de la cadena Soriana. Y aún más, aflora una peligrosa cercanía de funcionarios de Hacienda y del IFE con altos ejecutivos de instituciones bancarias, algunas de ellas bajo sospecha de haberle apostado al candidato priista.
Mientras el IFE mantiene “secrecía” ante las denuncias de financiamiento irregular en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, siguen apareciendo más señales de anomalías en torno al proceso electoral. Es el caso del vínculo entre la Fundación Isidro Fabela, allegada al PRI, y la transferencia electrónica de 50 millones de pesos que el gobierno del Estado de México hizo en pleno proceso electoral al particular Marco Antonio González Pak.
Hay más: empiezan a detectarse las estrechas relaciones entre funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el director de la Unidad de Fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas Kaulitz, así como las de ejecutivos de Soriana, Banamex, Monex, HSBC (y su antecedente, Bital). A decir de especialistas, esto pone en duda la imparcialidad o apunta hacia una complicidad de las autoridades obligadas a indagar la participación de la banca en el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial del PRI.
Marco Fuentes Franco, encargado del Centro de Estudios del Sector Bancario y estudioso de la evolución de la banca mexicana, analizó el último estado de cuenta de la cadena de supermercados Soriana –que otorgó las tarjetas prepagadas que presuntamente se usaron para comprar votos en favor del PRI– y detectó que no se justifican las ganancias de 2 mil millones de pesos que tuvo entre abril y junio pasados.
Además recordó que Ricardo Martín Bringas, dueño de Soriana, también forma parte del consejo de administración de Banamex y lo fue de Bital, el banco que antes de ser adquirido por HSBC tenía cuentas millonarias en las Islas Caimán. Igualmente Pedro Dondé Escalante, hoy propietario de Monex, formó parte del consejo de Bital.
La participación indistinta en Bital, HSBC, Soriana, Monex y Banamex de Pedro Dondé Escalante, Ricardo Martín Bringas, Eduardo Tricio Haro e incluso Emilio Azcárraga Jean –propietario de Televisa y miembro de Banamex, institución asociada con Soriana para la emisión de tarjetas– hacen al encargado del Centro de Estudios del Sector Bancario sospechar de una posible complicidad de la banca con el PRI.
El depósito millonario
El viernes 10 el senador Ricardo Monreal Ávila presentó lo que llamó una nueva prueba del presunto fraude electoral del PRI: un comprobante electrónico de pago que hasta ese momento se podía consultar en la página electrónica del Banco de México y que ya fue eliminado –según dijo– y evidenciaba una operación del 19 de junio de 2012 en la que BBVA-Bancomer emitía, por orden del gobierno del Estado de México, un pago de 50 millones de pesos a una cuenta en Scotiabank a nombre de Marco Antonio González Pak.
El gobierno mexiquense rechazó haber hecho esa operación bancaria y de nueva cuenta aseguró que Monreal mentía. Ese día el senador petista reveló que el único dato encontrado de González Pak fue que aparece como gerente de ventas de la empresa Industrias Gil and Eagle, radicada en Chihuahua.
Así como la triangulación de recursos que han dado a conocer Proceso y otros medios establece diversas rutas para borrar el rastro del dinero que fue a parar al PRI mediante varias empresas, los 50 millones de pesos que según los documentos de Banxico salieron de las arcas mexiquenses se relacionan con la Fundación Isidro Fabela, organismo cultural de corte priista.
Industrias Gil and Eagle S.A. de C.V. se fundó hace 50 años y se dedica “a la fabricación de plataformas, cajas secas y refrigeradas para vehículos, desde una minitruck hasta un semirremolque para tractocamión”, según su página de internet.
El sitio electrónico de la empresa muestra fotografías de las diversas plataformas, paneles o cajas que elabora; sobre distintos camiones, autos o simples ruedas aparecen montados prototipos de anuncios publicitarios o propaganda política. A este tipo de camiones y plataformas las llama “rotabus” y tienen como lema “publicidad en el camino”.
Una búsqueda específica sobre los rotabuses muestra que entre sus principales clientes están el PRI, el gobierno de Chihuahua y empresas privadas. Además, al rastrear el dominio de internet de la empresa se encontró que su “contacto administrativo, técnico y de pago” es Alberto de la Peña Grajeda cuyos apellidos coinciden con los de Santiago de la Peña Grajeda.
Este último es un abogado a quien el 22 de agosto de 2011 Arturo Peña del Mazo, tío de Enrique Peña Nieto, nombró presidente de la recién creada sede chihuahuense de la Fundación Isidro Fabela.
Peña del Mazo es presidente nacional de la Fundación Cultural Isidro Fabela.
A la toma de posesión de De la Peña Grajeda asistieron el presidente del consejo consultivo de dicha fundación, el exgobernador de Puebla Guillermo Jiménez Morales y el actual mandatario de Chihuahua, el también priista César Duarte Jáquez.
Dos días después,  De la Peña Grajeda aseguró que no está afiliado a ningún partido político y agregó: “No es ningún pecado, ni algo que debamos esconder, que nuestro presidente nacional sea el ingeniero Arturo Peña del Mazo, quien es tío de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México (aún lo era) y un cuadro valioso del PRI”.
Santiago de la Peña ha sido abogado de la representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Chihuahua además de asesor de la Oficina de la Presidencia de la República.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila y en particular su secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings, han descalificado los documentos de transferencias bancarias del erario local hacia particulares, como esos 50 millones de pesos a González Pak.
En 2009 Murrieta sustituyó a Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Es hermano de Carlos Rafael Murrieta Cummings, director corporativo de Operaciones de Pemex, el encargado de mantener en óptimas condiciones los miles de kilómetros de ductos que trasladan por el país la gasolina y el crudo, los que han sido robados por el crimen organizado con más frecuencia este sexenio. También es hermano de Antonio Murrieta Cummings, gerente de administración financiera del corporativo Pemex.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1868, ya en circulación)

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#YoSoy132 se declara en alerta ante el inminente fallo del TEPJF

Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 10
Frente a la inminente calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el movimiento #YoSoy132 se declaró en alerta ante la cada vez más clara insinuación de que se impondrá en la Presidencia de la República del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto.
Al concluir los trabajos de su octava asamblea general interuniversitaria (AGI), voceros y representantes de 81 asambleas que forman parte del colectivo acordaron dos fases de alerta: amarilla y roja.
La primera, que se inició ayer, consistirá en realizar brigadeos en las calles y en Internet sobre el sentido de la decisión del tribunal, y se pasará a la etapa roja una vez que se presente la calificación de la elección, donde habrá acciones contundentes que deben proponerse y discutirse en asambleas locales.
El pleno de la asamblea general universitaria estimó que en caso de que el fallo del TEPJF se presente en los siguientes tres días el movimiento entrará en una fase de emergencia, y de ser así se convoca a todos sus integrantes y simpatizantes a reunirse en plazas o puntos públicos para emprender acciones contra esa decisión. En el caso del Distrito Federal la cita sería en la Estela de Luz.
Ayer, en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, concluyeron los trabajos de la octava asamblea. La sesión había arrancado el sábado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con la discusión de la nueva estructura de organización del colectivo, en la que se darán votos ponderados a asambleas regionales.
Por siete horas estudiantes y académicos que participan en #YoSoy132 se enfrascaron en discusiones y debates, por momentos ríspidos, sobre el plan de acción. Las fases de la alerta y sus posibles acciones se definieron a puerta cerrada y se acordó no darlas a conocer, con la idea de que exista un factor sorpresa.
Previamente, representantes de diversas asambleas plantearon una serie de acciones que podrían realizarse durante la alerta roja, como realizar cacerolazos durante toda la noche el día del fallo, accionar las palancas de emergencia en todos los vagones del Metro que sea posible, estacionarse en doble fila, poner el Himno Nacional todos los días a las 12 del día y otras acciones para paralizar tanto el Distrito Federal como otras regiones del país. Sin embargo, estas propuestas no son resolutivas, pues cada asamblea local definirá las acciones a realizar.
Se convocó, además, a que cada asamblea local y regional realice reuniones urgentes para definir el mecanismo en que operarán la fase de alerta roja. Las asambleas de la zona metropolitana de la ciudad de México sesionarán el próximo viernes 24 de agosto en lugar por definir.
El 30 de agosto se hará público el contenido de las propuestas surgidas de la mesa de trabajo sobre la democratización de medios, uno de los ejes centrales en las consignas del movimiento. Y se ratificaron acuerdos tomados en la pasada asamblea, realizada los días 28 y 29 de julio en Morelia, Michoacán: el primero de septiembre se realizará una marcha del TEPJF a la Cámara de Diputados y se presentará el contrainforme al del titular del Ejecutivo federal; los días 4 y 5 de ese mes se realizarán foros para continuar con la difusión de ese documento. Y los días 15 y 16 de septiembre se convoca a toda la ciudadanía a acudir a plazas públicas a dar el grito: México sin PRI.
En conferencia, integrantes de la comisión de comunicación y prensa del colectivo informaron que en la sesión –que se inició 15 minutos antes de la una de la tarde, con casi tres horas de retraso debido a la falta de quórum– participaron 81 asambleas (33 de universidades públicas, 18 de privadas, 9 bachilleratos, 16 estados y cinco organizaciones) con un total de 84 voceros y 46 observadores.
Se acordó que la siguiente plenaria, que tras la reorganización del movimiento ahora se definirá como asamblea general, se realizará los días 8 y 9 de septiembre en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, Coahuila.

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"Rechazó la autoridad" toda iniciativa de MVS para seguir explotando la banda de 2.5 Ghz

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Joaquín Vargas, presidente del consejo de administracion de MVS Comunicaciones, y Ernesto Vargas, durante conferencia de prensa el miércoles pasadoFoto Foto Yazmín Ortega
Miriam Posada García
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 27
Multivisión (MVS) realizó diversas propuestas de pago de contraprestación para continuar explotando el espectro de la banda de 2.5 gigahercios (Ghz); incluso invitó a la autoridad a participar como socia en el proyecto 2.5 Banda Ancha para Todos, a fin de que obtuviera ingresos mayores para el erario de los que implicaría el cobro de derechos, pero todas las iniciativas de la empresa fueron rechazadas.
En un documento enviado el 27 de marzo pasado al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez Jácome, el representante legal de MVS, Federico José Vargas Cavazos, expuso que durante cinco años de negociaciones la empresa hizo diversas propuestas de contraprestación, entendiendo el valor de la banda y pese a que la contraprestación fue fijada en 2003, cuando la SCT concedió la ampliación de uso de frecuencias para ofrecer servicios bidireccionales de datos y transmisión de señales de voz, monto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calculó conforme a la última licitación de la banda de 3.4 Ghz, mediante la cual también se puede ofrecer banda ancha móvil.
El abogado hizo un recuento de cada propuesta de MVS rechazada por la autoridad. La primera para realizar su proyecto en la banda de 2.5 consistió en hacer un pago equivalente al fijado por la SHCP, basado en una banda de 3.4 Ghz, al aplicar una fórmula variable sobre ingresos que se obtuvieran del negocio, para lo que se tomaban como base los pagado por Telcel en las licitaciones de 1997 y 2004 y sus ingresos generados en 2001 y 2008. La SCT la rechazó porque iría contra la Ley Federal de Derechos.
La siguiente propuesta consistió en pagar lo que Hacienda le había fijado para brindar los servicios bidireccionales, pero al mismo tiempo devolver 50 megahercios, en el entendido de que el gobierno reconocería a MVS el valor de esta frecuencias. En este caso la empresa no tuvo respuesta, por lo que en una reunión con el presidente Felipe Calderón ofreció pagar la contraprestación para servicios bidireccionales y 30 por ciento más.
La SCT y la SHCP también rechazaron esa propuesta, con el argumento de que la banda de 2.5 en el futuro también podría usarse para negocios de magnitudes similares al de la telefonía celular, por lo que la contraprestación podría no estar acorde con los ingresos que generaría a la iniciativa privada. Lo anterior, no obstante que no existe a la fecha tecnología disponible para prestar servicios de telefonía móvil en esta banda.
La empresa hizo una nueva oferta con la que resolvería todas las preocupaciones y riesgos expresados dentro del gobierno federal. MVS pagaría cada año el monto mayor entre un pago mínimo garantizado equivalente a los fijados por la SHCP para los servicios bidireccionales de datos más 30 por ciento, y una garantía variable mediante una cuota por mhz utilizado por suscriptor activo en la red, lo que garantizaba al gobierno un ingreso 30 por ciento mayor a los que pagan los concesionarios de bandas para usos iguales, y si el negocio se masificaba y tenía un mercado equiparable al de la telefonía móvil, por lo que la banda de 2.5 pagaría una tarifa equivalente y más mientras tuviera más espectro .
Pero tampoco fue aceptada, porque el gobierno temió que otros concesionarios solicitaran las mismas condiciones. Así rechazó también ser socio en el consorcio concesionario que busca arrancar el proyecto 2.5 Banda Ancha, en el que su aportación serían los derechos que deberían pagarse. Pasado un tiempo saldría del negocio y MVS incluso devolvería una parte del espectro para ser licitado.
MVS precisó en el documento enviado a Pérez Jácome que no podía aceptar la propuesta de la SHCP si no ajustaba sus estimaciones a la economía mexicana, porque la población tiene ingresos tres veces menores a los de los países de la muestra, y eso hace inviable el proyecto 2.5 Banda Ancha para Todos.
Pero en ese documento el abogado de la empresa hizo un nuevo planteamiento a la SCT, que consistió en crear un fideicomiso en el que estarían todos sus derechos derivados de los títulos de concesión pendientes de ser renovados y vigentes; el fideicomiso se encargaría de explorar el mercado global y nacional de potenciales inversionistas para la integración del consorcio concesionario.
El compromiso de MVS era que si había inversionistas interesados en el proyecto con la contraprestación del gobierno haría contratos para constituir el consorcio, pero este ejercicio también podría mostrar que la propuesta oficial no era viable, como ha argumentado la empresa. Cinco meses después la respuesta del gobierno fue iniciar el proceso de recuperación anticipado de la banda de 2.5 Ghz.

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La estrategia del Pemexgate y Amigos de Fox sigue vigente

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Protesta en una tienda Soriana en Iztapalapa, el pasado 10 de agostoFoto Guillermo Sologuren
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 2
Los casos Monex y Soriana guardan mucha similitud con lo ocurrido hace 12 años, cuando por primera ocasión se descubrieron financiamientos ilícitos en las campañas presidenciales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y que se conocieron como Pemexgate y Amigos de Fox. Los candidatos eran Francisco Labastida Ochoa y Vicente Fox Quesada, respectivamente.
En los comicios de julio pasado, el Movimiento Progresista –integrado por los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática– denunció que se utilizó dinero ilícito para comprar votos a favor del candidato priísta, Enrique Peña Nieto, y que en ello estarían involucrados Banco Monex y la cadena de tiendas Soriana.
Sin embargo, en los casos de Pemexgate y Amigos de Fox, la Procuraduría General de la República (PGR) nunca logró acreditar la existencia de delitos que se tipifican en el Código Penal Federal como delincuencia organizada, aunque en el ámbito electoral se impusieron multas millonarias al PAN y al PRI por rebasar los topes de gastos de campaña, pero no se modificaron los resultados de la elección.
Recursos volátiles
En el caso conocido hoy como Monexgate, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investiga si los recursos que debieron destinarse a promoción de Peña Nieto se desviaron para comprar votos.
A este respecto, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha confirmado que el PRI utilizó empresas privadas para adquirir tarjetas del Banco Monex y que, a través de ellas, al menos 70 millones de pesos fueron canalizados para actividades relacionadas con la elección presidencial; ante la denuncia del Movimiento Progresista de que se trató de dinero ilícito, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) participa en las indagatorias.
La Fepade únicamente podrá sancionar –en caso de que lo acredite– los delitos de tipo electoral y tendrá que consignar a los responsables ante jueces federales, pero los indiciados podrán enfrentar su proceso en libertad bajo fianza, porque esos ilícitos no son considerados graves. Asimismo, sus investigaciones no tendrán ningún impacto en la calificación de la elección.
Para que se considere que existió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que se violó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Siedo tendrá que acreditar que el dinero provino de un delito anterior y, a sabiendas, los priístas ocultaron su origen.
¿El petróleo en la política?
En mayo de 2000, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, transfirió al sindicato petrolero, sin autorización del consejo de administración, dos cheques por mil 100 millones de pesos, mismos que fueron depositados en un banco en Houston, Texas, y luego transferidos a México a cuentas bancarias a nombre del PRI.
El 10 de diciembre de 2001, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el manejo irregular de recursos federales a través del sindicato petrolero y se inició la averiguación previa PGR/UEDO 182/2001 por lavado de dinero.
En enero de 2002, Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Beraza, miembros del área de finanzas del PRI, fueron detenidos por la PGR y se convirtieron en testigos protegidos tras acordar que revelarían los mecanismos de operación para ocultar el dinero entregado por Pemex.
Durante la investigación, el Ministerio Público Federal descubrió que la dirigencia priísta trató de ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de Pemex a través de varias maniobras; una fue una rifa, en la cual los números ganadores se entregaron a familiares de líderes regionales y los premios nunca se cobraron, ya que el dinero se distribuyó en efectivo entre sus dirigencias estatales para solventar sus operaciones proselitistas.
El 5 de mayo de ese año, la PGR solicitó órdenes de aprehensión y el juzgado 13 de distrito en materia de procesos penales federales, a cargo de José Luis Moya Flores, libró los mandamientos de captura contra Rogelio Montemayor y los ex funcionarios de la paraestatal Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene y Julio Pinter.
La procuraduría no pudo procesar a los inculpados por lavado de dinero, ya que el sindicato petrolero demostró que los recursos le fueron entregados como parte de los acuerdos contractuales con Pemex.
En 2003, el IFE impuso al PRI una multa de mil millones de pesos por rebasar los topes de gastos de su campaña presidencial en el año 2000.
El 26 de agosto de 2011 concluyó el Pemexgate. El juzgado 13 de distrito con sede en la ciudad de México declaró prescrito el delito de peculado electoral para el líder petrolero Carlos Romero Deschamps.
Entre amigos
En mayo de 2000, La Jornada publicó los primeros indicios de que en la campaña presidencial de Vicente Fox se habían utilizado recursos ilegales: el First National Bank denunció ante la PGR a Juan Pablo Fox Quesada (hermano de Vicente) por el delito de fraude, y reveló que una de sus cuentas había sido utilizada para triangular dinero a distintos destinos, como si se tratara de operaciones de lavado de dinero.
En ese año, el entonces senador priísta Enrique Jackson denunció que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos una mujer identificada como Carlota Robinson había recibido dinero de la compañía belga Dehydration Technologies Belgium, y los recursos se habían transferido directamente a cuentas de Lino Korrodi, presidente de la asociación Amigos de Fox. Ante ello, la PGR abrió dos averiguaciones previas: una por delitos electorales, en la Fepade, y otra en la Siedo por lavado de dinero.
En el ámbito electoral, el 6 de octubre de 2003 el IFE impuso multas de 360 millones 971 mil 39 pesos al PAN, y 184 millones 198 mil 610 para el Partido Verde Ecologista de México, por haber rebasado los topes para gastos de campaña.
Las investigaciones de la Fepade y la Siedo fueron archivadas por considerar que no se cometieron delitos de tipo penal ni electoral.
A tarjetazos
En el caso que está en curso, el Movimiento Progresista denunció ante la PGR, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que por medio del Grupo Financiero Monex y la cadena de tiendas Soriana el PRI trianguló millones de pesos para comprar votos a favor de su candidato, Enrique Peña Nieto.
Las primeras investigaciones, realizadas por el área de fiscalización del IFE, han detectado que el tricolor utilizó a los grupos Koleos y Tiguan, la comercializadora Atama y a las empresas Inizzio y Efra para depositar más de 70 millones de pesos en tarjetas prepagadas de Monex.
La dirigencia nacional priísta reconoció que usó los monederos electrónicos (Monex) para pagar a sus representantes de casilla, y que el dinero forma parte de la partida de gastos ordinarios del Comité Ejecutivo Nacional.
Sin embargo, el Movimiento Progresista ha señalado que existió un presunto financiamiento ilegal y lavado de dinero en estas acciones. También ha denunciado que mediante miles de tarjetas de la cadena Soriana, en las cuales se depositaron entre cien y mil pesos en cada una, se realizó la compra de votos.
En días pasados, la Fepade llevó a cabo diligencias en los estados de Guanajuato y Zacatecas, y en ellas se tomó declaración a representantes tricolores.
En el caso de Guanajuato, declararon cuatro priístas; uno entregó una tarjeta Monex Recompensas, mostró su nombramiento de representante de casilla y aceptó haber recibido un pago por fungir como representante.

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Hay una democracia con déficits que obligan a replantear la transición: consejero del IFE

Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 7
En las elecciones pasadas coexistieron la mejor organización y la mayor transparencia y, al mismo tiempo, se reflejaron importantes déficits en la democracia mexicana, cuyo combate va más allá del Instituto Federal Electoral (IFE), señala el consejero electoral Alfredo Figueroa.
Al instituto se le exige como si fuera todo el Estado mexicano, ¿y que se hace con fenómenos como el lavado dinero, la creciente opacidad en los gobiernos estatales y municipales de todos los partidos o la compra del voto?
Sobre la elección, pareciera que todo es competencia del IFE, cuando la compra del voto, si bien es una falta administrativa, es esencialmente un delito electoral de otra competencia. Mientras al instituto se le cuestiona, no existe el mismo nivel de exigencia a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o al sistema financiero en su conjunto para redefinir los delitos electorales.
Se le están plantando muchos calificativos injustos al IFE, cuando hay muchas cosas que van más allá de la elección o cuando hay esferas de la vida pública con enormes debilidades democráticas, advierte.
Cita ejemplos: es claro que se habla de que el instituto debe resolver el lavado de dinero en las campañas. ¡Claro que no! El IFE no va a resolver las quejas de fiscalización advirtiendo que se cometió dicho delito, porque eso es competencia del Ministerio Público. En su caso, se advertiría si hubo un recurso ilícito electoralmente (aportación de una empresa) y se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen.
Figueroa subraya en torno a los reclamos por los pasados comicios: a la fecha, la Unidad de Fiscalización del IFE ha hecho ya más de mil diligencias relacionadas con cuatro de las principales quejas (Monex, Soriana, Honestidad Valiente...). Hay que enfatizar que 75 por ciento de las quejas relacionadas con las finanzas de las campañas se promovieron después de la elección.
Subraya que difícilmente se concluirán las investigaciones sobre las presuntas irregularidades antes de la calificación de la elección, pero en contraste destaca que la Unidad de Fiscalización del IFE ha remitido toda la información relacionada con las pesquisas –aun la reservada para los propios consejeros– al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que determine, en su caso, el grado de gravedad e incidencia en los comicios que podrían tener estos hechos denunciados.
En torno al modelo de fiscalización, para Figueroa se requiere de una revisión profunda con el propósito de asociarla definitivamente a la calificación presidencial, pero en la búsqueda de un esquema que no sacrifique la profundidad de las investigaciones. Tan preocupante puede ser que esa información no se tenga al momento de calificar la elección, como preocupante es que, teniéndose de modo anticipado, no se tengan elementos de calidad en las pesquisas.
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Es necesario revisar el esquema de fiscalización electoral, reconoce el consejero Alfredo FigueroaFoto Carlos Cisneros
Hay que revisar el esquema de fiscalización, porque involucra uno de los elementos básicos de la equidad, que es el dinero. Se debe revisar sin sacrificar la calidad de la elección, pero con mayor rapidez, pues actualmente, según la ley, solicitar un dato a la CNBV puede tardar 30 días, aunque desde luego no estamos tardando eso.
–Parece ser no muy creíble que se hable en el IFE de las elecciones más transparentes, mientras están los casos de Monex o Soriana.
–Rechazo absolutamente las ideas de democracia consolidada, pero también estamos bastante lejos de otras afirmaciones absolutamente fantásticas con respecto a lo que pasó en realidad. Hay una democracia germinal, con elementos que no terminan de florecer, con déficits muy importantes que obligan a replantear la transición.
Tenemos un conjunto de problemas en el Estado con poderes interviniendo de una manera desmedida, con instituciones que tienen que asumir su responsabilidad, con partidos que deben entenderse como tales porque no son empresas privadas.
Figueroa advierte que mientras se mantengan niveles de desigualdad social, asociados a una lógica clientelar de los gobiernos de todos los signos, con crecientes niveles de opacidad, difícilmente una reforma de orden estrictamente electoral podrá remediarlo, porque va más allá de la democracia electoral; tiene que ver con la formación de un Estado realmente democrático.
–Tras 2006 se habló de una profunda reforma, y ahora otra vez.
–Se hizo, pero hay que profundizar más, pues ninguna reforma va a resolver las ausencias democráticas en otras esferas, a menos que se pretenda que el IFE se convierta en el Estado completo. No se puede pretender que sólo una institución de la República pueda resolver problemas que los poderes unidos no han podido.
–¿Se requieren reformas complementarias? –se cuestionó al consejero.
–Reformas más allá de lo electoral. Una ley de medios clara, otra del sistema de Justicia, de la relación gobierno federal-estados, el control de los sindicatos, reducir los niveles de opacidad en los recursos públicos, es decir, cambios que trascienden lo electoral –concluyó.

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La sexta parte de la matrícula de educación básica no va a la escuela

Karina Avilés
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 39
Este lunes, cuando millones de niños regresen a la escuela, habrá otros, más de 4 millones 300 mil, que no llegarán al prescolar, las primarias y las secundarias del país. Por razones de pobreza y de exclusión social, casi la sexta parte del total de la matrícula de educación básica, que asciende a 27.5 millones de alumnos, no asiste a los centros escolares, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Otomí, vendedora de dulces y cigarros, con 14 años, Evelin es uno de esos casos: Fui un mes a la secundaria y mejor ya no regresé. Todos los de mi salón me dijeron que yo para qué iba ahí, si soy una india.
En este sexenio se declaró la cobertura universal de primaria –lo cual significa que cada niño tiene asegurado un lugar en el sistema público–, pero en opinión de defensores de derechos de la infancia, esto es un mito, pues basta asomarse a cientos de comunidades rurales donde los niños no tienen un sitio, porque no hay escuela: ni en su pueblo ni en muchos kilómetros a la redonda.
Con este argumento de la universalización, advierte la directora de Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez, se ha provocado que los grupos excluidos se queden fuera de las políticas públicas, porque el Estado los ha invisibilizado.
Representantes de derechos humanos que atienden a esta población explican que las causas de que estos niños estén fuera del sistema educativo son, entre otras, la miseria, la crisis de la escuela como motor de movilidad social, el déficit de planteles en comunidades de difícil acceso, las barreras burocráticas, la desprotección familiar, pero sobre todo, coinciden, el Estado es el responsable de esta situación, porque niega y viola el ejercicio de los derechos elementales de estos niños. Todo lo anterior provoca que ellos sean los excluidos sociales de por vida, alerta Ramírez.
El Inegi establece, con base en su censo más reciente, que 4 millones 358 mil 453 niños en edad de ir a prescolar, primaria y secundaria no asisten a la escuela. De ellos, 2 millones 942 mil pertenecen a prescolar, nivel en el que 79.7 por ciento de los niños de tres años, esto es, de primer grado, aún no han sido incorporados al sistema educativo.
En el caso de la primaria, medio millón de niños en edad de cursar el nivel básico no lo hace, lo que representa 3.2 por ciento de ese total. Para la secundaria –considerado por las propias autoridades como uno de los puntos de quiebre de la expulsión, porque 530 mil adolescentes desertan cada año: es significativo el número de menores que no acuden, al ascender a 916 mil 179, esto es, 13.9 por ciento del total que debería estar en ese nivel.
Evelin Hernández Anastasio fue inscrita en la secundaria técnica Soledad Anaya Solórzano en el pasado ciclo escolar. “Mejor me salí. Todos los niños me insultaban, me decían groserías, me amenazaban con que me iban a agarrar. Se burlaban de mí porque decían que no me visto bien…
Cuando todos los demás salían al recreo y yo no, me decían que tal vez era una mensa, una india. Nadie le hablaba, excepto otra compañerita otomí, quien por las mismas razones también abandonó la escuela.
Además, narra, como nosotros salimos a vender y casi no nos compran, no completaba para mis cuadernos, mis libros, y los maestros se enojaban porque yo casi no llevaba nada.
Entre tres y cuatro de la tarde, Evelin sale sola a ofrecer dulces y cigarros en las calles de la capital hasta las tres de la madrugada, hora en que regresa a su hogar: un departamento de 30 por 30 metros, situado en la calle Guanajuato. En ese edificio habitan 51 familias indígenas. Cuando nací, y luego aprendí un poco, ya empecé a vender, dice. Sus padres elaboran muñequitas de trapo.
Evelin es consumidora de inhalables. Comenta que no ha pensando en regresar a la escuela, pues asegura que ningún profesor intervino para ayudarla. No me tomaban en cuenta a mí, explica, y añade que no sabe leer bien.
Elena Ramos, coordinadora general del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, afirma que muchas veces la escuela transfiere su responsabilidad. Se acaba el turno, cierra sus puertas y aunque conoce las condiciones de sus alumnos, no las quiere ver.
Como si la tarea de la escuela fuera abrir las aulas, “dar una educación como sea, y pasar a chavos que están en cuarto año y no saben leer y escribir. ¿A qué los condenas? A que lleguen a la secundaria y digan: ‘no puedo’”.
Para el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, no se puede soslayar el hecho de que en el país alrededor de 39 millones son niños y adolescentes, de los cuales, cerca de 20 millones están en pobreza y otros 5 millones en precariedad extrema.
Existe un entramado institucional que ha fallado: por cada niño que no está en la escuela, hay una responsabilidad del Estado que está violando los derechos de los menores, afirma.
Sin embargo, la autoridad considera que el único responsable de que el niño no regrese o no acuda a la escuela es la familia, y piensa que no tiene obligación de buscarlos. En la Secretaría de Educación Pública, ¿quién da seguimiento a aquellos niños que ya no regresaron a la escuela? Nadie.
Trepado en un árbol, situado entre las calles de Hamburgo y Génova, el pequeño Isaías se da unos minutos de diversión. Bajo la sombra, con una pequeña canasta de dulces están: Isela, la hermana de 17 años, con dos bebés en su regazo; otra hermanita, su tía y muchos niños, que son sus primos, alineados del más grande al más pequeño, en escalerita.
Con frecuencia, Isaías se cansa. Corretea a los autos hasta bien entrada la madrugada para vender chicles y cigarros por unidad. El Jorge, su padre, lo obliga a entregarle 100 pesos diarios; La Victoria, su madre, solapa al hombre.
Las tundas serán feroces si no entrega su cuota. Los golpes los reparte el padre, lo mismo a él que a sus hermanos: La Lorena, de ocho de edad; La Lupe, de 15; Nicolás, de 12; Juan, de seis; Ceci, de cuatro, y Mary, de dos.
Isaías Guillermo Quirino es otomí, al igual que muchos niños que viven en los predios de la colonia Roma y avenida Chapultepec. En su mayoría, son hijos de madres analfabetas, habitantes de recovecos de la ciudad, donde viven en el hacimiento, sin más opción que la mendicidad o la venta de cajitas de gomas de mascar.
Con apenas 10 años, Isaías recientemente desertó de la escuela Capitán Emilio Carranza, dos meses antes de terminar cuarto grado de primaria. Me dormía en el salón, y luego, cuando me levantaba, mi maestro me regañaba. No quiere hablar de más razones por las que dejó la escuela y lo que realmente le preocupa es que su familia a veces no tenga para comer: Cuando eso pasa, ya llegamos a la casa y nos dormimos. Come poco, así le dejo comida a mis hermanitos, dice con candidez y la mirada contaminada de tristeza.
Karen Juárez ya es mamá de dos niños. Tiene 20 años. Abandonó la secundaria en segundo grado. Vive en un cuarto con su marido, sus hijos, sus suegros y cinco cuñados. La delgadez de una sábana que divide una cama de otra es su único remanso de intimidad.
El cuarto está en la cima de algo que fue una casona hace más de 100 años. De los hoyos en los muros enlamados salen niños como si hubiera un mundo de ellos. En los cuartos viven 14 familias, 80 personas y Karen es una. No asistía a clases, se iba de pinta y me portaba mal. Recuerda que cuando era chiquita le gustaba pensar en ser doctora, pero ahora sólo piensa en tener mi propio cuarto.
Juan Martín Pérez García enfatiza que cuando no se garantiza el derecho a la educación se trastoca la construcción de un proyecto de vida: se perpetua la exclusión y los marginados heredarán a los que siguen estas condiciones de precariedad.

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Antes de los comicios el gobierno gastó mil 108 millones de pesos en publicidad

Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 3
Antes de las elecciones del pasado primero de julio, el gobierno federal destinó mil 108 millones de pesos para campañas de publicidad. Esto es más del doble de lo que ejerció entre enero y abril del año pasado, cuando gastó 525 millones. Estas campañas se difundieron el primer trimestre del año, ya que a partir de abril comenzó la veda electoral, misma que concluyó en julio, una vez pasadas las elecciones.
En total, durante el primer semestre del año el gobierno federal destinó mil 766 millones de pesos para campañas de publicidad, de acuerdo con el informe de enero a junio sobre la ejecución de los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal emitido por la Secretaría de Gobernación. Para 2012, el Congreso de la Unión aprobó mil 951 millones de pesos y a la mitad del año el gobierno federal ya había gastado más de 75 por ciento de este presupuesto.
Para el primer trimestre del año, periodo previo a la veda electoral, Gobernación reportó que la administración federal ejerció 668 millones 963 mil pesos, es decir, 27 por ciento –143 millones– más que en los mismos meses en 2011, y cuatro veces más que en 2010, cuando se ejercieron 276 millones.
A esta cifra se agregan los 439 millones de pesos que el gobierno federal pagó a Estudios Churubusco, organismo que hizo promocionales y plan de medios para dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), comisiones Federal de Electricidad (CFE) y Nacional del Agua (Conagua), así como Mexpost y Compuapoyo. Estos recursos no aparecen en el informe de la Secretaría de Gobernación correspondiente al primer trimestre del año y, sumados a los reportados por la dependencia, dan mil 108 millones de pesos ejercidos en esos tres meses.
El documento de Bucareli, que abarca de enero a junio, desglosa los pagos que 38 secretarías y organismos federales hicieron a medios impresos, radio, televisión, agencias y portales de Internet, con el nombre de cada uno. Las dependencias que mayores recursos destinaron a este rubro fueron Hacienda, con 526 millones de pesos; Turismo, 252 millones 614 mil; Educación Pública, 196 millones; Medio Ambiente y Recursos Naturales, 103 millones 474 mil, y Procuraduría General de la República, 90 millones 851 mil pesos.
La Jornada hizo una solicitud de información por medio de Infomex a Estudios Churubusco, en la que se le pidió que especificara cada una de las campañas que se realizaron durante el primer semestre del año, con la información de costo, dependencia federal que la solicitó y a la que se le hizo la campaña de publicidad, así como el medio a través del cual se transmitió.
La respuesta de este organismo refiere que el costo total fue de 488.3 millones de pesos; sin embargo, aquí se incluyen campañas a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), Educación Pública y de Salud (Ssa), que podrían estar contabilizadas en el informe que Gobernación envió al Congreso.
Las que no aparecen en ese informe, y que sí se reportan en el documento, son las campañas de difusión de los programas sociales de la Sedeso y sus nueve organismos desconcentrados, que consistió en 25 promocionales para radio e igual número para televisión, así como 51 planes de medios, que en total sumó 360 millones de pesos. De esta cantidad, 60 millones correspondieron a la secretaría y el resto a los organismos que de ella dependen.
En el listado de los Estudios Churubusco se incluye a la CFE, con un ejercicio de 5 millones de pesos, y a la Conagua, con 6.4 millones. También están las campañas para Mexpot, con un costo de 10.3 millones de pesos, y la de Compuapoyo, ambas de la SCT, que tuvo una erogación de 60 millones.
Durante los cinco primeros años de este sexenio, el Ejecutivo Federal ha ejercido 19 mil 645 millones de pesos en publicidad oficial, recursos con los que se podrían construir 61 hospitales –como el general de zona, en Tabasco, con capacidad para 112 camas, que costó 320 millones de pesos– o mil 965 escuelas públicas con capacidad para 100 niños, que cuestan 10 millones.
Estos montos millonarios no se justifican cuando además, el Ejecutivo Federal dispone de tiempo gratuito en televisión y radio para difundir sus mensajes, señaló Justine Dupuy, investigadora de Fundar-Centro de Análisis e Investigación.
Agregó que para 2012 los montos gastados son aún más difíciles de justificar, ya que siendo año electoral existe una prohibición de difundir publicidad oficial entre abril y junio, durante las campañas, salvo excepciones definidas en el artículo 41 de la Constitución.
Este dispendio de recursos públicos afecta la libertad de expresión y puede generar distorsiones en el derecho a la información, advirtió finalmente la investigadora.

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En 2011 el sexenio de la guerra alcanza la cifra más alta de asesinatos

En 2011 el sexenio de la guerra alcanza la cifra más alta de  asesinatos
El Instituto destaca que la entidad con mayor número de muertes fue Chihuahua, donde ocurrieron, en promedio, 131 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y la de menor índice fue Yucatán, con tres casos.




Redacción EMET



Durante 2011 se registraron 27 mil 199 homicidios dolosos en México, la cifra más alta del sexenio, según información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las cifras se derivan de la información proporcionada de los registros administrativos de 4 mil 723 oficialías del Registro Civil y mil 96 agencias del Ministerio Público que mensualmente aportan datos sobre defunciones accidentales y violentas, precisa el INEGI en un comunicado.
El Instituto destaca que la entidad con mayor número de muertes fue Chihuahua, donde ocurrieron, en promedio, 131 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y la de menor índice fue Yucatán, con tres casos.
"Para facilitar la comparación de los datos de los homicidios por cada 100 mil habitantes, se realizó un ejercicio interno por parte del INEGI, para estimar las poblaciones para cada uno de los años de la serie que se presenta, consistentes con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010", aclara el Instituto.
"Por lo que estos cálculos no coincidirán con otros datos generados a partir de las proyecciones oficiales vigentes de población que están basadas en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y en la conciliación demográfica de 2005".
De acuerdo con el desglose anual presentado por el Instituto, en 2006 hubo 10 mil 452 muertes, en tanto que en 2007, 2008, 2009 y 2010 ocurrieron 8 mil 867, 14 mil 6, 19 mil 803 y 25 mil 757, respectivamente.
Según Reforma, no obstante, el año pasado, según el corte realizado a julio pasado, pues aún no concluyen los procesos de generación de estadística, la cifra llegó a 27 mil 199 fallecimientos.

Espera Ecuador que OEA condene el amago de Londres a su embajada

Indispensable que la organización reivindique a un país miembro que está siendo amenazado: canciller.
Xinhua
Publicado: 20/08/2012 10:29
Quito. Ecuador espera un rechazo contundente de los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se reúnen el próximo viernes, a la advertencia de Reino Unido de violentar la embajada de Quito en Londres para arrestar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, dijo hoy el canciller Ricardo Patiño. "Creemos que en un caso como éste es indispensable que haya una reacción no por nosotros (Ecuador), (sino) por la propia OEA, que la OEA reivindique a un país que está siendo amenazado y que es miembro de su organización", afirmó Patiño. Agregó que a eso le apuesta el gobierno del presidente Rafael Correa, aún a sabiendas de "las limitaciones que tiene la OEA, las complicaciones incluso que se han producido respecto a su comportamiento, a su acción en períodos anteriores". Sostuvo que tras el conflicto suscitado con Londres, originado por una "amenaza explícita y por escrito" de que podrían irrumpir en la embajada ecuatoriana, Quito pensó recurrir a organismos internacionales como la OEA para rechazar el hecho. "Lo que corresponde ahora hacer es ir a la OEA", remarcó Patiño al tiempo que resaltó el apoyo que Ecuador recibió el último fin de semana por parte de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Los cancilleres de esos grupos regionales, reunidos en Ecuador, apoyaron al gobierno de Correa en su decisión de otorgar "asilo diplomático" a Assange y condenaron "enérgicamente" la postura del Reino Unido. "Ya lo hizo el Alba, contundentemente, lo hizo Unasur, contundentemente, en dos días seguidos, apenas tres o cuatro días después de la amenaza británica y creemos que es indispensable que la OEA también lo haga", apuntó el canciller ecuatoriano. Patiño aseveró que la "amenaza (británica) es real" y no ha sido "inventada" por el gobierno de su país.
"Ha sido negada (la amenaza) por algunos medios, (que) hablan de una supuesta amenaza del Reino Unido, incluso, lo ponen entre comillas, como que nosotros estamos inventándolo", refirió tras mostrar la comunicación original del gobierno británico. "Queda claro que se trata de una amenaza intolerable", insistió. Por su parte, la embajadora de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Isabel Salvador, declaró vía telefónica desde Washington al mismo canal local, que confía en que esa instancia respaldará a su país en el conflicto desatado con Londres.
La diplomática respaldó su confianza en el hecho de que 23 naciones decidieron la semana pasada convocar a una reunión de consulta a los Cancilleres de la OEA para el próximo viernes en Washington para deliberar sobre la advertencia de Reino Unido a Ecuador. Estados Unidos, Canadá y Trinidad y Tobago, decidieron rechazar la resolución por considerar que a la OEA no le compete tratar estos temas que son bilaterales y que deben solucionarse de manera "negociada" por Quito y el Londres.
Según Salvador, esos 23 países "han votado por el principio del respeto a la Convención de Viena y al Derecho Internacional en materia de asilo". "Entonces sería muy extraño que el día viernes próximo esos 23 países o alguno de esos, se echaran para atrás; confío y creo en que más bien podríamos obtener un número adicional de votos" para rechazar la postura británica, señaló la diplomática.
Agregó asimismo, que "está bastante clara cuál va a ser la posición de los Estados de la región" suramericana después del apoyo expresado por el Alba y la Unasur. Ecuador otorgó "asilo diplomático" a Assange el jueves pasado, un día después de que el canciller Patiño denunció que su país recibió de parte de Reino Unido "la amenaza expresa y por escrito" de que podrían asaltar la embajada ecuatoriana en Londres si no se entrega a Julian Assange, quien se refugia en esa legación desde hace dos meses.
El australiano es reclamado por la policía británica para ser deportado a Suecia donde enfrenta acusaciones de presuntos delitos sexuales en Suecia, que él niega. Además, teme que las autoridades escandinavas lo extraditen a Estados Unidos, donde podría ser juzgado y condenado a pena de muerte por la difusión en 2010 de miles de cables diplomáticos secretos en su sitio Wikileaks.

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Assange reaparece en público y pide a EU terminar la cacería contra Wikileaks

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El fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el jefe de su defensa, Baltasar Garzón, ayer en la embajada de Ecuador en Gran BretañaFoto Ap
Reuters, Notimex, Dpa, Afp y The Independent
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 28
Londres, 19 de agosto. El ex pirata informático Julian Assange reapareció hoy en un balcón de la embajada de Ecuador en esta capital para criticar a Estados Unidos por amenazar la libertad de expresión; pidió al presidente Barack Obama poner fin a lo que describió como una cacería de brujas contra su sitio Wikileaks y aprovechó la cobertura mediática para pedir en tres ocasiones que Washington libere al soldado estadunidense Bradley Manning, encarcelado desde 2010 acusado de entregarle información confidencial.
Assange, con elegante camisa azul, corbata roja y el cabello corto, se dirigió a numerosos seguidores y a más de un centenar de periodistas desde el balcón de la embajada, donde se refugió el pasado 19 de junio para huir de la justicia británica, que se disponía a extraditarlo a Suecia.
En su mensaje de 10 minutos el ex hacker afirmó que Estados Unidos podría llevar al mundo a una era de opresión contra el periodismo.
“Convoco a Obama a hacer lo correcto. Estados Unidos no debe seguir la cacería de brujas contra Wikileaks. Mientras este sitio esté amenazado, también lo estarán la libertad de pensamiento y la salud de nuestra sociedad”, indicó el australiano, de 41 años, quien fue ovacionado por cientos de simpatizantes reunidos a las afueras de la embajada.
Reitera agradecimiento a Correa
El también periodista volvió a expresar su agradecimiento al valor del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cuyo gobierno le concedió el jueves pasado asilo político, y también al pueblo ecuatoriano y a los pueblos y los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Venezuela y los demás países latinoamericanos por defender el derecho de asilo.
Correa, quien se ha declarado enemigo de la prensa corrupta y del imperialismo estadunidense, concedió asilo diplomático esta semana al ex pirata informático, profundizando la disputa diplomática con Gran Bretaña y Suecia.
El asilo marcó el último giro de la tumultuosa travesía de Assange desde que enfureció a Estados Unidos y a sus aliados en 2010 al utilizar Wikileaks para filtrar cientos de miles de cables diplomáticos y militares de Washington sobre la guerra de Irak y Afganistán.
Assange es buscado por Suecia debido a acusaciones de presunta violación y agresión sexual contra dos mujeres. Dice que si es extraditado a Suecia será enviado a Estados Unidos, donde, según cree, afrontaría un proceso y una posible condena a cadena perpetua o pena de muerte.
El periodista aprovechó para pedir que Washington libere al soldado estadunidense Bradley Manning, quien podría ser condenado a cadena perpetua si es encontrado culpable.
Assange también hizo un recuento de cómo la policía británica intentó entrar por la salida de emergencia de la sede diplomática ecuatoriana el miércoles por la noche para arrestarlo y extraditarlo. Dijo que si Gran Bretaña no violó la Convención de Ginebra fue porque el mundo estaba viendo. Asimismo, envió un mensaje a su familia.
La aparición pública del australiano fue cubierta por centenares de periodistas con cámaras, tablets y teléfonos celulares. El ruido constante de un helicóptero rompió con el ambiente tranquilo del elegante barrio de Knighstbridge, donde se encuentra la embajada de Ecuador.
Antes de que Assange compareciera, el jefe de su defensa, el ex juez español Baltasar Garzón, aseguró que su cliente instruyó a sus abogados para que sigan batallando legalmente para proteger a Wikileaks.
Ante versiones que afirman que Assange podría entregarse si le garantizan que no será extraditado a Estados Unidos, Garzón subrayó que su representado nunca ha rehuido contestar a las autoridades suecas. Sólo solicita garantías mínimas para que eso pueda ocurrir.
Garzón insistió en que al haberle concedido asilo, Ecuador le dio la razón a nuestro alegato de que hay una persecución; por eso, Londres debe reconocer que esta situación no puede concluir de otra manera que con la concesión del salvoconducto para que viaje a Ecuador, agregó.
El número dos de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, aseguró a Afp que si Suecia se compromete a no extraditar a Assange a Estados Unidos sería una buena base para negociar su salida de la embajada.
Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Suecia aseguró que el sospechoso no tiene el privilegio de dictar sus condiciones y recordó: no extraditamos a nadie si corre el riesgo de pena de muerte.
Enlaces:
Los cables sobre México en WikiLeaks
Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

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