lunes, 1 de octubre de 2012

La lucha contra la Reforma Laboral sigue

Invitación a Obra Teatral


Estudiantes y académicos de Texas crean movimiento para impedir que Calderón sea profesor de la UTA

SIN EMBARGO.MX

Por: Huffpost Voces - octubre 1 de 2012 - 12:06 Foto del día, THE HUFFINGTON POST, TIEMPO REAL, Último minuto - 58 comentarios
 

Por Yolanda González Gómez / The Huffington Post 

Estudiantes y miembros de la comunidad comenzaron a realizar protestas y a manifestarse contra la probable contratación del presidente de México, Felipe Calderón, como futuro miembro de la facultad de la Universidad de Texas en Austin (UTA). Además, se elaboró y comenzó a circular una carta pública de petición al presidente de esa institución académica, William Powers Jr., para que no le ofrezca empleo como profesor al actual gobernante mexicano. 

La meta de tal misiva es reunir 500,000 firmas de apoyo. Argumentan en la petición que Calderón es responsable de más de 80,000 muertes, entre ellas de 1,000 menores de edad. “Su estrategia fue un fracaso en el que se perdieron vidas inocentes y ahora quiere abandonar el país que dejó en terribles condiciones”, señala el documento colocado en el sitio de change.org. Felipe Calderón entregará las riendas del poder a Enrique Peña Nieto el próximo 1 de diciembre, luego de que su partido, el PAN, perdió en las recientes elecciones presidenciales al PRI, que vuelve al poder encabezado por Peña Nieto. La semana pasada, alrededor de una treintena de personas llevaron a cabo una protesta durante un evento organizado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Long en la UTA y el Centro Mexicano, al que acudieron como conferencistas el secretario de gobernación mexicano, Alejandro Poiré Romero, el asesor del Instituto Federal Electoral (IFE), Benito Nacif Hernández y el magistrado del tribunal electoral federal, Manuel González Oropeza. Los manifestantes portaron pancartas con mensajes donde llamaban “asesino” al presidente Calderón, mostraban su indignación, condenaban la guerra contra las drogas y hacían referencia a las más de 60,000 muertes de civiles ocurridas durante el sexenio calderonista. 

Según una nota publicada en el periódico The Dallas Morning News en agosto pasado, el mandatario mexicano ya se había reunido en dos ocasiones con el presidente de la UTA, William Powers Jr., presuntamente para negociar una plaza como profesor en la institución universitaria. La misma nota señalaba que Calderón había explorado en las universidades de Harvard, Stanford y Georgetown con el mismo objetivo. En busca de la versión oficial, HuffPost Voces envió un correo electrónico al presidente Powers, el cual respondió el vocero de la Universidad de Texas en Austin, Gary Susswein, quien indicó que la institución “no está en condiciones de confirmar (la contratación de Felipe Calderón) u ofrecer ningún comentario sobre los recientes informes de prensa”. 

Por su lado, René Carrasco, un estudiante de doctorado en la UTA que participó en la protesta, comentó al periódico universitario The Daily Texan sobre la petición de la comunidad internacional para que se responsabilice a Calderón por las muertes de más de 60,000 personas como crímenes contra la humanidad. En el mismo medio, otra estudiante de UTA que se manifestó en la protesta, Giulianna Zambrano, afirmó que el mandatario mexicano debería quedarse en México para resolver los problemas que causó antes de pensar en venir a Estados Unidos. Paloma Díaz, coordinadora del programa en el Centro Mexicano de la UTA, reveló que existe mucha desinformación sobre una supuesta contratación de Felipe Calderón. “Sólo hay rumores vagos que ya están provocando un clima entre los universitarios, tanto de molestia en algunos como de interés en otros”, describió. Sin embargo, algunos líderes comunitarios prevén más protestas y manifestaciones de rechazo contra la contratación del presidente mexicano. “Habría una reacción muy fuerte si le ofrecen un puesto de profesor, tanto de parte de estudiantes como de ex alumnos”, comentó Craig Adair de la Coalición de Austin por los Derechos del Inmigrante. 

Habló de la posibilidad de que los administradores de la Universidad de Texas en Austin no estén muy conscientes de la coyuntura actual de México ni de que existe una gran comunidad de migrantes mexicanos en la capital texana, quienes están muy conscientes de la violencia y las consecuencias de la guerra de las drogas en su país de origen, sobre todo en relación a los muertos más los desaparecidos. “Parece que Calderón quiere huir de México, dejando atrás todo lo que provocó la guerra contra las drogas y salir de la zona de conflicto que generó su gobierno”, dijo Adair. Ana Yáñez Correa, directora ejecutiva de la Coalición de Justicia Criminal de Texas y egresada de la UTA, opinó que “sería un gran error de la administración universitaria traer a una persona como Felipe Calderón a las aulas universitarias, ya que no creo que pudiera contribuir a la educación académica”. 

A nivel personal, me sentiría muy desilusionada con la institución si lo contratan, añadió. Activistas como Miguel Ángel Rodríguez han señalado que organizaciones como Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) en Austin y “Yo Soy 132” que él encabeza, podrían promover protestas más organizadas para impedir la contratación de Calderón.

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2 de Octubre NO SE OLVIDA... NO a la reforma laboral!!!


Traición a conquistas laborales

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Ignominia legislativa

Martín Esparza Flores

Revista Siempre!
 
Sería pertinente que la mayoría de los legisladores, sobre todo del PRI y del PAN,  incluyeran en su dieta cotidiana  una porción   de la realidad nacional para   entender  las consecuencias que sus irresponsables decisiones tienen sobre la vida de millones de mexicanos.

Es hora de preguntarnos: ¿en qué momento se extravió la dignidad y la vergüenza legislativa en nuestro país? ¿Cómo es posible que los supuestos representantes del pueblo acuchillen por la espalda y a mansalva a quiénes han depositado en ellos su confianza para la salvaguarda del bienestar de sus familias?
Quienes desde su privilegiado espacio parlamentario han alentado la contrarreforma laboral de Felipe Calderón han puesto de rodillas a millones de trabajadores ante la clase empresarial, y les han negado un futuro laboral,  basado en la seguridad social, a millones de jóvenes. Es lamentable y vergonzoso que nuestro país haya retrocedido cien años en sus conquistas sociales por la ignominiosa decisión de un puñado de lacayos que han olvidado la función esencial de un legislador, y  que ni por asomo recuerdan o han leído siquiera la valentía y honestidad de auténticos representantes del pueblo como Belisario Domínguez y otros tantos que dieron a México una  Constitución como la de 1917.

Aniquilar los postulados sociales del artículo 123  es pisotear la memoria de miles de obreros que en el siglo pasado pagaron con su sangre las conquistas laborales que ahora, en aras de la defensa de un modelo neoliberal que intenta cargar los costos de la crisis económica  a los que menos tienen, son borradas por una caterva de pillos que ni siquiera en charlas de sobremesa han oído hablar de las sangrientas huelgas de Cananea y Río Blanco.

Hace casi cien años, durante los trabajos  del constituyente de 1917, en Querétaro, un diputado guanajuatense, Luis Fernández Martínez, dejó plasmadas en el diario de los debates, algunas palabras que hoy deberían ser motivo de vergüenza para los que hicieron trizas los derechos laborales de la clase trabajadora, plasmados en el artículo 123 por esos legisladores que supieron cumplir a cabalidad con su papel en la historia.

Fernández, señaló entonces: “…los que hemos estado al lado de esos seres que trabajan, de esos seres que gastan sus energías, que  gastan su vida para alimentar a sus hijos; los que hemos visto esos sufrimientos, esas lágrimas, tenemos la obligación imprescindible de venir aquí, ahora que tenemos la oportunidad, a dictar una ley y a cristalizar en esa ley los anhelos y las esperanzas del pueblo de México”.
Y así como la historia plasmó en letras de oro la labor patriótica de los constituyentes del 17, los nombres de quienes ahora han traicionado al pueblo, de manera artera y cobarde,  deben ser exhibidos en las plazas públicas para que quienes resulten afectados con sus arbitrarias decisiones conozcan el rostro de sus verdugos.

El 20 de junio pasado, el todavía candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, se comprometió con líderes afines a su partido a “no legislar a espaldas de los intereses de los trabajadores” y respetar sus conquistas cuando enviara su iniciativa laboral. Los hechos muestran todo lo contrario: a ningún trabajador se le tomó parecer, y los priistas terminaron por avalar una iniciativa panista, pensado erróneamente que los electores les dieron un cheque en blanco para aniquilar las conquistas sociales de la clase trabajadora.

Ahora tendrán que atenerse no sólo al juicio de la historia sino al repudio y a la movilización de millones de trabajadores, pues su desaseado proceder sólo tiene un nombre: traición a la patria.

Golpe de Estado contra los trabajadores

30. septiembre, 2012  
 
 Martín Esparza

CONTRALÍNEA
 
El proyecto de reforma laboral enviado al Congreso de la Unión por Felipe Calderón, con carácter de “preferente”, encierra un auténtico golpe de Estado en contra de millones de trabajadores no sólo de la ciudad, sino también del campo, a los que se pretende anular sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, tales como la estabilidad en el empleo, el salario remunerador, las condiciones dignas de trabajo, la seguridad social, el derecho a huelga y la libertad sindical, entre otros.
 
Calderón pretende nuevamente hacer uso indebido del aparato de gobierno y de las instituciones para cometer uno más de sus atropellos en contra de la clase trabajadora, a la que prometió 1 millón de empleos anuales bien remunerados pero sólo le entregó 2 millones en todo el sexenio, y de los cuales, siete de cada 10 son informales. En 2009, cuando violó todos los preceptos jurídicos, echó mano de elementos del Ejército a los que disfrazó de policías federales para sacar de sus centros de trabajo, a punta de bayoneta, a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y operar así su ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Ahora, con el maridaje del Partido Revolucionario Institucional, y sin el menor consenso con los directamente afectados, intenta aniquilar el nivel de vida de los que menos tienen al ponerlos de rodillas con la más absoluta indefensión ante la clase empresarial.
 
En la también llamada Ley Lozano, elaborada por [Javier Lozano Alarcón] el peor secretario del Trabajo que ha tenido el país, existen graves afectaciones en contra de los trabajadores en rubros como la estabilidad laboral, pues se rompe con el principio de bilateralidad y de permanencia en el empleo al modificar el artículo 39 de la ley laboral suprimiendo el texto que se refiere a la existencia de un contrato que se dará mientras subsista la materia de trabajo. De aprobarse esta iniciativa, la existencia de un contrato de trabajo dependería exclusivamente de la voluntad del patrón y no de la subsistencia de la materia de trabajo.
 
Con esto se anula por completo la estabilidad en el empleo y se autoriza el libre despido sin costo para el patrón, al permitirle crear contratos de prueba, capacitación inicial y de labores discontinuas (en este caso que pueden ser de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año).
 
El proyecto Calderón-Lozano otorga a los patrones la facultad del despido libre, pues ya no será obligatorio entregar personalmente al trabajador el aviso de rescisión, ya que se podrá hacer por correo certificado o por medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que podrá comunicarlo por cualquier medio que estime conveniente. Legitima las renuncias en blanco al modificar el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, que en la vigente requiere de un acuerdo entre las partes. En materia laboral, en el campo se crean nuevas normas dirigidas a los jornaleros agrícolas, que se refieren especialmente a un registro especial de trabajadores eventuales o de temporada, para justificar el despido libre y sin costo, en contra de ellos.
 
Por si fuera poco, la propuesta de Calderón legaliza el contrato de terceristas que, aunque hoy es ilegal, ha crecido con la complicidad de las autoridades, permitiendo que los patrones no asuman sus obligaciones laborales y lo hagan por ellos los contratistas, materializándose fraudes legales contra los trabajadores al suprimirse la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. Con esto, firmas como Walmart tendrían las manos libres para “legalizar” su disfrazada esclavitud laboral en nuestro país.
 
El proyecto impone regresiones al salario pues permite su fijación de manera unilateral por parte del patrón sin intervención sindical, y autoriza la fijación del monto de bonos, incentivos y comisiones de manera también unilateral, para los cuales no será obligatoria su revisión. Desaparece además el salario mínimo y se crea el salario infinitesimal, porque el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo se modifica para que el salario se pueda pagar de manera proporcional por el tiempo laborado con la base del salario mínimo; si se trabaja una hora diaria, se podrá pagar un octavo del salario mínimo, equivalente a 7.47 pesos por hora, es decir que a una persona que labore cuatro horas diarias le pagarían apenas 29.90 pesos diarios, la mitad del salario mínimo.
 
Otra de las afectaciones en contra de millones de trabajadores es la referente a las condiciones generales de trabajo, pues la iniciativa panista permite la ampliación de tareas, cambio de los días de descanso (contenidos en los contratos) y de las horas de la jornada de trabajo, que pueden ajustarse diariamente en función de las necesidades de la producción; también generaría afectaciones en la seguridad social pues, por ejemplo, la Tabla de Enfermedades de Trabajo y la Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes, que hoy contemplan los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, dejan de estar incorporadas a ella para convertirlas en una clasificación meramente administrativa, dejando de ser derechos laborales básicos.
 
En materia colectiva, al legalizar la subcontratación, permite fragmentar aún más las organizaciones de los trabajadores (pudiendo existir dos o más sindicatos por la misma actividad y centro laboral con diferentes condiciones de trabajo) y pretende además cancelar la existencia de los sindicatos gremiales.
 
En el contenido de la iniciativa se alargan los juicios, al dividir la primera audiencia en dos apartados: uno de conciliación y mediación, de demanda y excepciones; y en otro, de ofrecimiento de las pruebas, que se celebrará en otra fecha, cuando ahora sólo se puede celebrar en una única fecha. Además, se busca reducir el pago de los salarios caídos a un año, independientemente del tiempo que dure el juicio laboral. Ello significa que al alargarse los juicios será en perjuicio del obrero y sin costo para el patrón.
 
Es importante analizar que la prueba del recuento de los trabajadores se hará tomando como base, además de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, nóminas de pago y un listado de trabajadores sindicalizados que reconozca el patrón (artículo 931, fracción IV, inciso “c”, de la Ley Federal del Trabajo), hecho que permitiría indebidamente la injerencia de éstos en materia gremial.
 
Sobra decir que en el actual contexto económico de un creciente desempleo se permitirá una mayor explotación en el trabajo de los jóvenes, más bajos salarios e incremento en los accidentes de trabajo al no tomarse medidas legales para evitarlos; no se otorgan facultades a inspectores para cerrar centros de trabajo en caso de incumplimiento de normas de seguridad, y se mantienen las ridículas sanciones de hasta 315 salarios mínimos en caso de incumplimiento, las cuales casi nunca se aplican.
 
Pero sin duda que uno de los peores atropellos es la intención de cancelar el derecho a huelga mediante la modificación de artículos de la Ley Federal del Trabajo, como el 469 y el 937, instrumento de defensa de los trabajadores que tuvo su fundamento en la Constitución de 1917 por huelgas como las de Cananea (Sonora) y Río Blanco (Veracruz), donde obreros mexicanos pagaron con su vida el logro de esta conquista histórica.
 
Parece que a Calderón no le ha bastado con entregar, a través de golpes de Estado como el cierre de Luz y Fuerza del Centro, la industria eléctrica a las trasnacionales y la fibra óptica a empresas como Movistar, Televisa, Tv Azteca, y firmas de expanistas, como WL-Comunicaciones; ahora pretende obsequiar la fuerza laboral de millones de trabajadores a los empresarios nacionales y extranjeros. Regresión histórica de la que los priístas serán directos responsables si deciden ir de la mano con los panistas. ¿Se atreverán a cargar con tan alto costo social y político?
 
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
 

Documentos básicos para entender la coyuntura del SME

CFE deberá dar a conocer el personal de Luz y Fuerza que ha contratado

Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de octubre de 2012, p. 11
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá entregar la lista del personal que laboraba en la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) y que contrató entre 2009 y abril de 2012. Así lo instruyó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) al analizar la solicitud de un particular al respecto.
La información requerida por el ciudadano deberá incluir nombre, puesto, salario, grado máximo de estudios, horario, antigüedad, fecha de contratación, tipo de contrato y los motivos de la aceptación de cada trabajador.
En su respuesta inicial, la CFE manifestó que la información estaba reservada, con el argumento de que dar a conocer los datos de los 3 mil 13 ex trabajadores del extinto organismo pondría en riesgo la vida y seguridad de ese personal.
Agregó que como consecuencia del proceso de extinción de LFC, trabajadores de la CFE asignados a tareas específicas en el área de operación de la primera han recibido amenazas y agresiones que ponen en peligro la integridad física de ellos y de sus familias.
Reforzó su argumento al referirse a la resolución 3445/10 del Ifai, del 30 de junio de 2010, en la que el pleno del organismo confirmó la clasificación de reserva de los nombres de servidores públicos comisionados para hacer el trabajo que desempeñaban los trabajadores de LFC.
En una nota informativa, el Ifai detalló que frente a esa respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión impugnando la reserva, aludiendo que la extinción de LFC comenzó en 2009, y que la contratación de los 3 mil 13 ex trabajadores no significa el inicio de algún proceso jurídico, laboral, civil o penal que la justifiquen. El caso fue turnado a la ponencia de la comisionada presidenta, Jacqueline Peschard.
En alegatos, la CFE reiteró la reserva de la información, argumentando que, en caso de otorgar su acceso, se podrían generar agresiones a los servidores públicos y daños materiales en la zona que atendía LFC, y proporcionó al Ifai una relación de cinco hechos, con sus respectivas denuncias, y el estado procesal que guardan.
Al hacer el análisis, Peschard revisó los puntos requeridos por el particular y concluyó que lo solicitado es información de carácter eminentemente público, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia.
Sobre los dichos de violencia contra el personal y las instalaciones de la CFE, la comisionada concluyó que la paraestatal no demostró la existencia de elementos objetivos y verificables que permitan suponer que la difusión de los nombres de los trabajadores que laboraban en LFC puede poner en riesgo su vida o seguridad.
Al verificar la resolución 3445/10, la ponencia aclaró que el plazo de reserva concedido fue de un año, a partir del 24 de febrero de 2010, por lo que culminó el 24 de febrero de 2011.
Los argumentos adoptados en aquella ocasión fueron atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ponían en riesgo la vida y seguridad de los ex trabajadores indemnizados de la extinta LFC. En ese entonces, las acciones de violencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se convirtieron en un problema que fue incrementándose en el país; por ello, se determinó procedente la reserva de los nombres de esas personas.
Pero al revisar el recurso 5443/11, la ponencia encontró que para la elección de 13 miembros de la directiva del SME, los miembros de esta organización elaboraron el padrón de afiliados con derecho a voto. En dicho proceso, los sindicalizados conocieron y pudieron identificar a sus ex compañeros que aceptaron la liquidación y que fueron excluidos de dicho padrón.
Esto muestra que el propio SME ya conoce quiénes de sus agremiados aceptaron voluntariamente la indemnización y, al no acreditarse en la actualidad algún hecho de violencia en contra de los trabajadores, el pleno del Ifai revocó la reserva de la información e instruyó a su entrega.

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Heredará Gobernación al menos 112 conflictos al gobierno entrante

Foto
En imagen de archivo, mitin del SME frente a la Secretaría de GobernaciónFoto Roberto García Ortiz
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de octubre de 2012, p. 2
 
La Secretaría de Gobernación (SG) disminuyó su capacidad de resolver conflictos políticos y sociales, parte sustancial de su responsabilidad.
En el periodo 2008-2009, las cifras ofrecidas por esta dependencia mostraron en esta tarea una efectividad de 66 por ciento, mientras en el lapso correspondiente al sexto informe de labores (septiembre 2011-agosto 2012) el nivel está en 33.7 por ciento (página 45).
La administración calderonista heredará al menos 112 conflictos de impacto nacional y regional al gobierno entrante, encabezado por el priísta Enrique Peña Nieto; en la dependencia de Bucareli frecuentemente aducen que la solución a los mismos es jurisdicción de instancias y funcionarios estatales y municipales, aunque presumen que en todos los casos se logró la distensión.
Según esta tabla, hay 26 asuntos del campo, cinco educativos, 15 de gobiernos locales, 11 laborales y 42 sociales. Eso sí, por documentos no paran en Gobernación. En los meses recientes elaboraron 758, y 36 carpetas de seguimiento de acuerdos.
En el quinto informe se enlistaban, como conflictos en curso, algunos añejos como el de Los Chimalapas o el del magisterio oaxaqueño, pero en el sexto reporte, correspondiente al cierre del sexenio, la lista exhibida es más pequeña.
No se menciona, por ejemplo, el recuento en el área de Juegos y Sorteos, donde la propia dependencia ha reconocido –como ocurrió tras el incendio del Casino Royale, que dejó medio centenar de muertos– la existencia de desorden como fuente de corrupción.
Tampoco alude al conflicto derivado del cierre de Mexicana de Aviación; si bien las dependencias que llevan el caso son las secratarías de Comunicaciones y del Trabajo, era común que hasta el despacho del Palacio Covián llegaran las videoconferencias interinstitucionales para atender el caso.
Del conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009, pese a que en los hechos siguen 16 mil trabajadores en resistencia, el reporte plantea que se ha propiciado la distensión de esta problemática, al canalizar la demanda (de ex trabajadores) a instancias correspondientes.
Gobernación no fue extensa en este apartado; sólo enlista, como parte de los asuntos atendidos, lo relacionado con migrantes guatemaltecos en Tenosique, Tabasco; atención de afectados por la sequía; comunidades indígenas del Distrito Federal; conflicto minero en Aquila, Michoacán; planta termoeléctrica en Petacalco, Guerrero; recuperación de predio en la reserva ecológica Lago de Texcoco, y continuidad al programa federal rescate a la Selva Purépecha.
El actual titular de la dependencia, Alejandro Poiré, fue el quinto en ocupar este cargo durante el sexenio de Calderón; frecuentemente subraya que la mayor parte de los asuntos que pasan por Bucareli tienen que ver con problemáticas regionales, cíclicas o históricas.
Una revisión de los seis informes anuales de la SG revela que hay una disminución de lo que la propia dependencia califica de eficiencia.
La responsable directa de esta actividad es la Subsecretaría de Gobierno, por la cual también han desfilado varios titulares (Abraham González, Gerónimo Gutiérrez, Roberto Gil, Juan Marcos Gutiérrez, y actualmente Obdulio Ávila), lo que ha traído cambios de equipos y estrategias.
Mucho papel
Al inicio del sexenio, Gobernación elaboró 893 escenarios políticos y mil 244 recorridos preventivos ; en 2012, los documentos de trabajo e informativos fueron mil 528.
Para el segundo informe puso énfasis en conflictos como los de los indígenas chiapanecos, Los Chimalapas o los registrados en organizaciones gremiales. Ya a la mitad de la administración (2008-2009) dio cuenta de 126 conflictos atendidos, de los cuales se solucionaron –aseveró Gobernación– 80.
Durante el periodo del primero de septiembre 2008 al 31 de agosto de 2009, se atendió ciento por ciento de los 126 conflictos presentados ante la SG, de los cuales fueron solucionados 80 asuntos, lo que representa 66 por ciento de efectividad. En tanto que los expedientes restantes se encuentran en etapa de distensión, sujetos a diversos plazos y condiciones ante las instancias correspondientes, indica el tercer informe de labores (página 28).
Para el cuarto reporte (2009-2010) se aludió a la existencia de 136 conflictos, de los cuales se concluyeron 78, es decir, 57.3 por ciento de eficiencia en la solución de los mismos.
En ese texto apareció por primera vez el conflicto de LFC, y también el discurso repetido hasta ahora: Se instaló la mesa permanente de diálogo.

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Reforma laboral, en el Senado el miércoles; sindicatos anuncian frente común

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El análisis de la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados iniciará este miércoles en el Senado de la República.
En tanto, líderes sindicales advirtieron que este lunes anunciarán un nuevo frente común, además de cambiar la estrategia de acciones contra esas modificaciones.
El presidente de la Comisión del Trabajo, Ernesto Gándara, indicó que el órgano legislativo se instalará el miércoles, para recibir la minuta que la Mesa Directiva del Senado le turnará.
Sin embargo, señaló que un día antes, la reforma será recibida de manera formal en sesión ordinaria.
Por ser una iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón, los senadores tendrán 30 días para discutirla, tal como lo establece la Constitución.
En tanto, el dirigente de la Alianza de Tranviarios de México, Benito Bahena, dijo en conferencia de prensa que el frente común que conformarán decidirá este lunes las nuevas acciones que “sacudan y paralicen prácticamente al país” con las protestas contra la reforma laboral.
Adelantó que realizarán movilizaciones y paros cívicos, hasta acciones legales.
Consideró que la reforma es anticonstitucional porque viola el artículo 123.
Agregó que el frente se conformará con organizaciones de sindicatos independientes, entre ellos los de Salud, de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, de Jubilados y Pensionados, la Alianza de Tranviarios de México, y del Diálogo Nacional del Congreso Social, así como sindicalismo social, indica información de la agencia Notimex.

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El PAN contra sindicatos, el PRI contra obreros; ¿dónde la llamada izquierda?

El PAN contra sindicatos, el PRI contra obreros; ¿dónde la llamada izquierda?
Pedro Echeverría V.
1. En la discusión y la votación sobre la reforma derechista y reaccionaria de la Ley Federal del Trabajo en el Congreso, los diputados del PAN y el PRI votaron por unanimidad a favor; por el contrario, la llamada izquierda (o sea, la socialdemocracia electoral) se mantuvo -por ahora- en la oposición y votó en contra. Se aprobó toda la operatividad relacionada con contratación individual, el pago por horas, facilitar los despidos y otras reglas lesivas a los intereses de los trabajadores; pero el PRI logró negociar que no se toquen a los sindicatos ni a los líderes espurios para que sigan cumpliendo como su base de apoyo.
2. El PRI gobernó 71 años con el fuerte apoyo de los sindicatos y las confederaciones totalmente dominados por sus líderes charros o venales. Desde que nació la CROM en 1918 contó con la total protección del gobierno y éste era intocable porque su líder Luis Morones (secretario de industria y comercio) fue su incondicional. Luego en 1936 surgió la CTM –la más grande organización obrera del país (tres millones de afiliados) manejada durante 60 años por Fidel Velázquez- mismo que organizó el llamado Congreso del Trabajo en 1970 para hacer más grande el liderazgo espurio del país. Era tan poderosa la CTM que “auscultaba” gobiernos para el PRI.
3. ¿Pero puede olvidarse que el PAN –desde que nació en 1939- ha sido un jurado enemigo de los sindicatos y de la lucha de clases, en tanto el PRI ha usado siempre la traición o el charrismo sindical y corporativo? Debe recordarse que el PAN es el partido de los empresarios y del clero que nunca ha querido la democracia o la independencia sindicales sino a “obreros libres” desorganizados que no presionen, que no salgan a las calles y que se disciplinen a la clase empresarial. Por ello no entiendo a la socialdemocracia que se alía con el PAN que durante toda su historia ha sido enemigo de la lucha obrera y de los trabajadores.
4. El PAN no sólo se ha opuesto y se opone a los sindicatos, sino a todo lo que huela organización comunitaria o de masas. Lo han declarado mil veces: son individualistas, son partidarios de todo individualismo, de la propiedad privada, de las “buenas costumbres y formas”, de las arreglos “decentes”, del voto individual, de la democracia individualista y representativa. Si alguna vez han acudido a la organización de mítines es porque han tenido necesidad, pero prefieren los trámites, el diálogo civilizado, las gestiones burocráticas, los acuerdos en recámara. ¿Puede olvidarse que los dirigentes del PAN vienen del empresariado y organizaciones patronales?
5. Los sindicatos en México y en todo el mundo son organizaciones de los trabajadores y son éstos los que deberían destituir y enterrar a sus líderes venales o espurios. Permitir la entrada de la clase empresarial o gubernamental en los sindicatos es una traición; al contrario, los trabajadores tienen que exigir que no intervenga el gobierno apoyando con dinero, policías, ejército y abogados a los líderes charros. Son los trabajadores quienes deben tirar a la basura a sus líderes mediante la toma de locales, la organización de asambleas, la lucha en las calles y las huelgas salvajes. Los obreros tienen que adquirir conciencia y aprender a luchar.
6. Lo que PAN, PRI y PRD buscan jugar en las cámaras –vergonzosamente- es ser partidos bisagra, es decir, sin ideología y sin principios éticos, hacer alianzas con quien convenga. Mientras tanto se pasarán cobrando sus “dietas” o salarios de alrededor de cuarto millón de pesos al mes, más viajes y viáticos. Después del reconocimiento de Peña Nieto como presidente electo, de ser en parte derrotadas las movilizaciones, de que López Obrador construya su partido, no parece quedar nada interesante para los trabajadores mexicanos. Si Calderón después de los asesinatos de 90 mil mexicanos no va a la cárcel, mucho menos Ernesto Zedillo que sólo ordenó el asesinato de 45 indígenas de Acteal.
7. En tanto el PRI usa a los sindicatos subordinando a los dirigentes charros y el PAN busca romper a los sindicatos para dejar a los “obreros libres” de vender su fuerza de trabajo a los empresarios, la llamada centroizquierda o socialdemocracia declara estar con los sindicatos y la democracia sindical pero se convierte en demagoga porque sólo está preocupada por lo electoral, por los cargos de gobierno y por los enormes salarios que cobra. La izquierda verdadera, formada por la CNTE, la APPO, Atenco, el Yo soy 132, el EZLN y demás pequeñas organizaciones anticapitalistas, tienen que debatir pensando en unir sus luchas, de lo contrario no quedaría nada en defensa de los trabajadores. (29/IX/12)

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El trabajo -

Periódico La Jornada
Opinión 
 
León Bendesky
 
Una reforma laboral como la que está en curso hoy en México no es un asunto meramente económico o de tipo organizacional en el campo de los negocios. Está instalada en el centro mismo de la configuración de la sociedad.
Desde los primeros intentos por sistematizar el conocimiento de la economía capitalista en el último cuarto del siglo XVIII se admitía con mayor o menor claridad que había un conflicto esencial entre el capital y el trabajo. Más tarde, hacia mediados del XIX, se pondrían de cabeza las teorías conservadoras de la economía de aquel tiempo y de las que se han formulado hasta ahora.
Pero las ideas y las teorías son una cosa y la realidad en la calle es otra, y esta última se cimenta en la necesidad. Además, hay divergencias en el control de las interacciones del trabajo que se expresan en la política, en las leyes, la procuración de la justicia y el entramado de las instituciones.
El conflicto entre el trabajo y el capital deriva de la definición primordial de los derechos de propiedad y la forma de acceso de los individuos y las familias al ingreso y los recursos. De la contraposición del trabajo y el capital se deriva una forma específica de generación de la riqueza y, principalmente, de su distribución entre ganancias, intereses, rentas y salarios. La relación está en el centro mismo de este modo de producción y difiere económica, legal, e ideológicamente de otros modos de organización social.
La legislación laboral no tuvo su origen en una graciosa concesión a los otros. La historia y la experiencia cotidiana lo indican claramente. Esas leyes conciernen a asuntos diversos del proceso de trabajo: tiempo, espacio, condiciones, jerarquías y la provisión de seguridad como la salud y las pensiones. Tiene que ver con las formas complejas de la acumulación del capital, la generación del excedente y su apropiación y, de manera general, con las formas de reproducción del sistema en su conjunto, o sea, del propio capital y del trabajo.
El capitalismo ha requerido recurrentemente ajustes y acomodos en las relaciones laborales. En ese terreno interviene activamente el Estado para regularlas y sancionar su funcionamiento. Su intervención no es neutral y eso es un componente básico de la política. La evolución de tales relaciones no sigue un patrón de mejoramiento constante para quienes laboran, hay avances y retrocesos, hay condiciones de índole absoluta y relativa. Involucra una dependencia mutua entre las partes, pero no equivalente. Es una lucha permanente y desigual.
Por supuesto que los empresarios quieren flexibilidad, y la mayor que sea posible, en las relaciones laborales. Todo tiene que ver finalmente con los costos unitarios de producción y en la mayoría de los casos los costos del trabajo son los más grandes. Esa es la pauta que define la productividad y la competitividad en el mercado, de ahí se sostiene el balance y su línea de fondo: la utilidad. No estarán satisfechos con reforma alguna y en el caso de la flexibilidad, ésta siempre será insuficiente. De ahí se desprenden buena parte de la invenciones y las innovaciones tecnológicas que compiten directamente con el trabajador.
Con el tiempo la estructura laboral en las empresas se va haciendo rígida y en los periodos en que es más complicada la generación de ganancias y la acumulación del capital se clama por mayor flexibilidad. La contraparte también quiere flexibilidad, pero se expresa de modo distinto, pues la disciplina y las reglas las impone el capital. Por eso el recurso último es la huelga. Ese es el límite de la conciliación y el arbitraje que cumple el Estado.
La conciliación menos conflictiva entre los llamados factores de la producción se da en periodos de alto y sostenido crecimiento de la producción, como el ocurrido entre 1950 y 1975, y que con sobresaltos se extendió hasta 1980. Pero ese escenario ya no existe y desde entonces la expansión del producto y del empleo se ha vuelto crónicamente lenta.
Con el aumento poblacional y la marginación de los que deberían entrar o reentrar al mercado de trabajo, los problemas del desempleo, el subempleo y la informalidad no han hecho más que crecer. Mientras tanto, los salarios reales de los trabajadores se reducen, lo mismo ocurre con los servicios públicos y las prestaciones y, con ello, sus condiciones generales de vida. Este proceso no cambia con los recientes intentos, poco serios, por imponer un discurso acerca de que México es un país de clases medias.
El argumento de que la reforma aprobada en el Congreso generará más crecimiento del producto, elevará la productividad y aumentará el empleo no está validado, y quienes así lo sostienen hacen un planteamiento con falsas apariencias.
El trabajo debe protegerse, esa es una primera consideración. La flexibilidad que se quiere imponer con la nueva ley puede hacer que el mercado laboral se haga más frágil y la situación de los trabajadores más precaria.
Por el lado de las empresas, no es la misma condición la de las más grandes y aquellas de menor tamaño. No todas cumplen con las exigencias de la ley que hoy existe. Además, algunas de la provisiones como las que tienen que ver con la capacitación y la nueva manera de regularlas pueden llevar a una burocratizacion excesiva, a la que tanto están acostumbradas las entidades públicas de ese sector, incluyendo los tribunales.
Las normas laborales requieren ajustes para que se consiga un acuerdo funcional que proteja a los trabajadores, pero también a las empresas, en especial a las de menor tamaño, que es donde se crea la mayor parte del empleo. No es un equilibrio fácil de encontrar, pero sin duda es necesario. Los esquemas prevalecientes están sumamente viciados. La reforma apunta a la tangente y no al blanco. Es una reforma a modo de los intereses políticos prevalecientes.
Es irrelevante en un sentido práctico si fue Felipe Calderón quien presentó la iniciativa de reforma laboral. Sin duda el PRI la ha sabido aprovechar y con premura. Seguramente se cuidará de mantener los vicios laborales que tan buen servicio político electoral le ha dado por mucho tiempo.

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Clase Política - Reforma laboral, a tiempo

Periódico La Jornada
Opinión  
 
Miguel Ángel Rivera
 
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, declaró aprobado en lo general y particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Aprobados en lo particular los artículos reservados, Murillo Karam remitió al Senado el dictamen para sus efectos constitucionales, con lo cual, el Pleno Camaral atendió en tiempo y forma -con cambios- la iniciativa que el Presidente de la República envió el primero de septiembre con carácter de preferente.
Votación en lo particular
Fue aprobada la reserva del diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) a los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D, con la finalidad de que la subcontratación u outsourcing tenga un régimen claro que proporcione seguridad jurídica, a partir del principio de la protección de los derechos del trabajador.
En el título séptimo, relativo a las relaciones colectivas de trabajo, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) reservó el artículo 371, fracción IX, para proponer que el procedimiento para la elección de la directiva y el número de sus miembros será salvaguardando el libre ejercicio del voto, con las modalidades que acuerde la asamblea general, votación económica directa, votación indirecta o votación directa y secreta.
Ello, en lugar de la redacción del dictamen que señala: fracción IX. El número de miembros de la directiva considerará el procedimiento para su elección, el cual salvaguardará el libre ejercicio del voto. La propuesta fue aprobada con 248 votos a favor, 187 en contra y ninguna abstención.
Transparencia en Durango
El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez señaló que el gobernador Jorge Herrera Caldera, va más allá de lo que marca la ley en términos de acceso a la información pública, lo que implica que el estado está en su mejor momento de apertura y alineación con lo que pasa a nivel federal.
Hay estados de la República que no están interesados en este tipo de temas, pero también hay gobiernos como el de Durango, que traen ganas por transformar y entender de qué se trata la transparencia y rendición de cuentas y van avanzando, esto lo dijo ayer durante la Jornada de experiencias, retos y compromisos con la transparencia en Durango celebrada con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber.
Gabino Cué en Nueva York
En el marco de su gira de trabajo por Estados Unidos, el gobernador Gabino Cué Monteagudo se reunió la mañana de este viernes con integrantes del Consejo de las Américas (Council of the Americas) –encabezados por su presidenta Susan Segal–, ante quienes habló sobre los avances en la construcción de una entidad democrática y equitativa, así como del enorme potencial que ofrece Oaxaca para la inversión pública-privada. El encuentro se realizó en la sede del organismo, en Nueva York.

México SA - Subcontratación a tope

Periódico La Jornada 
Opinión 
 
Carlos Fernández-Vega
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Pedro García fue desalojado del terreno que habitaba y tuvo que armar una especie de vivienda en una banqueta de la calle 11 de Abril y Río Becerra, de la colonia San Pedro de los PinosFoto Yazmín Ortega Cortés
D
icen los optimistas que no hay que preocuparse de más, porque en materia de (contra) reforma laboral falta la decisión del Senado de la República, de tal suerte que, suponen, aún existen posibilidades de que los legisladores socialmente sensibles echen para atrás las modificaciones que recién aprobaron los inquilinos de San Lázaro. ¡Ánimo muchachos!, pero en realidad el tramo que falta sólo es parte del show, un mero formulismo. En el recinto senatorial se registrarán más gritos y sombrerazos, encendidos discursos de un lado y del otro, pero a los trabajadores nadie les regresará los dientes. Obvio es que la sensibilidad social no está en los planes del Legislativo ni del Ejecutivo, y quien tenga dudas que revise lo sucedido a lo largo de los últimos 30 años.
El México changarrizado será más competitivo –cantan los jilgueros– a costa del hambre de su gente. Lo primero está en duda; lo segundo está garantizado. Con los votos del corporativo PRIAN en San Lázaro (323 en total; 209 de los tricolores, 114 de los blanquiazules) la (contra) reforma laboral hubiera pasado sin problema alguno, pero para evitar cualquier duda las verdes rémoras se subieron al carro (28 por la afirmativa), mientras los elbistas se abstuvieron (10 familiares de la profesora se pronunciaron en tal sentido); el resto, de la izquierda progresista, se fue a su casa con mantas y camisetas. ¿El resultado sería distinto en el Senado? (si algún masoquista quiere conocer en qué sentido votó cada uno de los representantes populares, consultar diputados.gob.mx/Votaciones.htm).
Sin duda, una de las grandes ventajas que tiene la mancuerna Ejecutivo-Legislativo socialmente sensible (de hecho, la clase política en general, barones empresariales incluidos) es la inconmensurable pasividad y resistencia de la mexicanada. Por eso hace lo que hace, a sabiendas de que no habrá consecuencias. Treinta años a golpe de puñaladas, y no pasa nada. Es la paz del silencio. En el viejo continente la población apenas comienza a sentir lo que aquí, duro y tupido, ha sido práctica cotidiana a lo largo de tres décadas, y ya colmaron las calles. Como bien apunta La Jornada, hierve Europa, pero aquí la paisanada sólo está en espera del Chivas-América y del día de la madre Tonatzin. Así, nunca.
Y a la palestra brincó la secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez, para presumir que con la (contra) reforma laboral ahora sí, por aquello de las dudas, Felipe Calderón se confirma como el presidente del empleo (¡Zas!), y a su cuenta suma los 400 mil puestos de trabajo que supuestamente se generarían como producto de las modificaciones a la LFT, por mucho que éstas entrarían en vigor en el sexenio de Peña Nieto. Pero no sólo eso: “de gran importancia son también las medidas que promueven la formalización del empleo y el abatimiento del trabajo informal, que hoy existe, en buena medida, debido a que en la práctica, han surgido o evolucionado en años recientes, formas de trabajo que no están bien reguladas por la legislación actual, diseñada hace más de cuatro décadas, y que, en ocasiones, han sido utilizadas indebidamente, como la subcontratación o outsourcing”, dijo la señora.
Es de suponer que en esos 40 años alguna autoridad debió estar atenta para evitar, y en su caso sancionar, esas formas de trabajo (Vélez dixit), pero resulta que, lejos de actuar en tal sentido, holgadamente lo permitió e incluso lo alentó, en detrimento de los trabajadores. Muestra de ello es lo que en años recientes (Zedillo, Fox, Calderón) ha documentado el Inegi, el cual advierte que la dinámica de crecimiento en el personal subcontratado muestra que de 1998 a 2003 se tuvo un crecimiento porcentual de 40.1 por ciento, con una diferencia absoluta de 400 mil 295 personas, mientras de 2003 a 2008 fue de 95.2 por ciento, es decir un incremento absoluto, en esos cinco años, de un millón 332 mil 792 personas (subcontratadas). En 2003 el personal ocupado que no dependía de la razón social para la cual trabajaba representó 8.6 por ciento del total de personas ocupadas, y para 2008 el porcentaje se incrementó a 13.6, lo cual evidencia el crecimiento en esta forma de contratación de personal. En cambio, el personal ocupado que dependía legalmente de la razón social para la cual laboraba apenas aumentó 17.1 por ciento.
En términos relativos, abunda el Inegi, en 2008 los sectores económicos que –ante la ceguera de los legalmente responsables de evitarlo– subcontrataron en mayor proporción fueron minería (18.2 por ciento del total), pesca y acuicultura (18.1), manufacturas (14.3) y comercio (14.2). De 1998 a 2008, prácticamente en todos los sectores, con excepción de electricidad, gas y agua, se incrementó la participación de personal ocupado no dependiente de la razón social. Con 28.8 por ciento del personal subcontratado aparece Quintana Roo; en orden de importancia le siguen (¡sorpresa!) el Distrito Federal (20.6 por ciento), Nuevo León (18), Baja California Sur (17), Coahuila (14.8), Jalisco (14), Sinaloa (14.3) y Querétaro (14).
La historia siguió: de 2009 a 2012, poco más de 40 por ciento, y contando, del empleo formal en el país se concretó vía outsourcing, de acuerdo con información del Centro de Investigación en Economía y Negocios. Se trata de empleo que se registra como parte de la economía formal, pero las condiciones laborales son totalmente informales, lo que no sólo afecta al trabajador, sino a las finanzas públicas por el incumplimiento de las obligaciones patronales, como el pago del impuesto sobre la renta y las cuotas de IMSS e Infonavit. Y con todo, México no se ha convertido en un país más competitivo, pero sí más hambriento.
Entonces, ¿dónde estaba la autoridad laboral que no se dio cuenta de cómo se incrementaba velozmente la subcontratación, ni registró que los patrones descaradamente se pasaban por la entrepierna la legislación laboral? Pues estaba dedicada a beneficiar a los empresarios, a joder a los trabajadores y a empujar la moderna reforma laboral. Y por secretarios del Trabajo no pararon, pues Zedillo, Fox y Calderón en conjunto tuvieron ocho titulares de esa cartera (y ninguno se dedicó a lo que la ley lo obligaba): Santiago Oñate Laborde, Javier Bonilla, José Antonio González Fernández, Mariano Palacios Alcocer (1994-2000), Carlos Abascal Carranza, Francisco Salazar Sáenz (2000-2006), Javier Lozano Alarcón y Rosalinda Vélez (2006-2012).
Pero algunos creen que no hay que preocuparse de más.
Las rebanadas del pastel
Ya está: lo de Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, es un chiste de gallegos.

Guerra de clases

Periódico La Jornada
Opinión
John M. Ackerman
C
onsumada la compraventa de la Presidencia de la República, llegó la hora de pagar favores. La mal llamada reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados parte del diagnóstico absurdo de que son los trabajadores y no los líderes charros ni las empresas monopólicas quienes detienen el crecimiento económico. En lugar de democratizar la economía y abrir oportunidades para la movilidad social, la reforma promete consolidar la tendencia iniciada durante el sexenio de Carlos Salinas de convertir todo México en una gran maquiladora al servicio de las empresas trasnacionales.
Se cumple el sueño del gran capital y sus aliados nacionales de convertir a millones de trabajadores asalariados con seguridad en el empleo en peones de subcontratistas sin derechos ni prestaciones. La reforma facilita los despidos masivos y arbitrarios, con el recorte brutal en el pago de los salarios caídos durante los juicios laborales. El objetivo es desmoralizar a los trabajadores para obligarlos a aceptar una humillante indemnización en lugar de emprender un largo y cansado juicio para defender sus derechos ante un despido injustificado.
Los patrones entonces podrán hacer como Enrique Peña Nieto durante la elección presidencial, al utilizar su dinero para atropellar derechos y comprar su camino al éxito. Así como Peña Nieto compró votos, los dueños compararán la cancelación de los derechos de sus asalariados. Igualmente, los trabajadores terminarán igual de agraviados y burlados que los valientes integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes vieron desaparecer de la noche a la mañana su fuente de trabajo y su derecho a una vida digna.
El colofón de todo esto es que una vez que los potentados hayan expulsado a los trabajadores más incómodos o politizados, podrán recontratarlos por medio de empresas de outsourcing en condiciones miserables donde predomina la sobrexplotación, el pago por horas, condiciones insalubres, contratos de corto plazo y la amenaza constante de ser despedidos. Mientras, los jóvenes que buscan ingresar en el mercado laboral solamente encontrarían empleo precisamente en este tipo de empresas donde, además, podrán ser despedidos sumariamente después de cada uno de sus periodos de prueba.
Se terminaría con cualquier incentivo para capacitar o desarrollar las capacidades de la fuerza laboral. Cada vez será más tentador para los jóvenes recurrir al narcotráfico para poder comprar siquiera una docena de huevos.
Se cierra el círculo con el hecho de que los pocos trabajadores que logren mantener contratos de largo plazo y antigüedad continuarán bajo el más férreo control de los líderes sindicales charros, quienes solamente defienden su bolsillo y los intereses de los dueños. Bajo el argumento ruin e hipócrita de defender la autonomía de los sindicatos, el PRI ha dejado intactas todas las protecciones para figuras como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps. El PAN también es cómplice y artífice de este inmovilismo, ya que se negó a condicionar su apoyo a las otras partes de la reforma a la inclusión de disposiciones que fortalecerían la rendición de cuentas.
El objetivo de la reforma es claro: acabar con las conquistas laborales de la Revolución Mexicana y matar cualquier esperanza de construir un sindicalismo democrático. Constituye nada menos que una declaración de guerra contra toda la clase trabajadora. El presidente del empleo termina su mandato como el rey del subempleo y el subcontratista de Salinas inicia la reconquista con el pie derecho.
Pero todo esto es apenas el principio. Los ideólogos están de plácemes y su ambición no conoce límites. Consumado el atraco a los trabajadores, viene el saqueo al oro negro. Hay que archivar definitivamente la búsqueda de consensos imposibles para forjar convergencias estables e impulsar la agenda pendiente. Completado el primer tramo habrá que avanzar en las reformas fiscal y energética, escribe Jaime Sánchez Susarrey.
Pascal Beltrán del Río va más lejos. Celebra la reforma laboral como una buena señal para los inversionistas internacionales, pero reclama que aún tenemos que resolver temas como nuestra tendencia cultural al menor esfuerzo. Así, de un plumazo, convierte al pueblo mexicano en una bola de flojos y culpa a los mismos trabajadores por la pobreza en el país. Las purgas neoliberales apenas empiezan. No podemos quedarnos pasivos ante el ataque.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

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La reforma laboral condena a las familias a contar con un ingreso ínfimo: Fenasscyt

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Protesta de la bancada perredista contra la reforma laboral, el pasado viernes en San LázaroFoto Francisco Olvera
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de octubre de 2012, p. 10
La precariedad de salarios que se impulsa en la reforma laboral presentada por el presidente Felipe Calderón traerá consecuencias peligrosas para las familias de trabajadores y para la propia economía nacional, señaló la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt).
A las familias, dijo, las condena a un ingreso ínfimo e inestable y, por tanto, a la pobreza. La consecuencia simultánea de aplicarse esta iniciativa será la caída de los niveles de vida de los obreros mexicanos y una mayor restricción económica para ellos.
Esto es porque las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo implican –con el indolente y miserable pago por hora, la legalización de la subcontratación (outsourcing) y la afectación a diversas prestaciones– la reducción de ingresos para los trabajadores, lo que provocará caída de sus ingresos y una nula capacidad de ahorro que impedirá la contribución a las instituciones de seguridad social y programas de pensiones y jubilaciones.
La Fenasscyt, de la que forman parte, por ejemplo, el Sindicato de Investigadores y Profesores de El Colegio de la Frontera Norte y el Sindicato Unificado de Trabajadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California expuso que con esta reforma aprobada por la Cámara de Diputados se pronostica una caída en el promedio de los salarios de los trabajadores, y el que más miembros de una familia obrera, por ejemplo, van a tener que trabajar para completar el gasto.
Esto también tendrá limitaciones severas en el ahorro nacional por el nulo o exiguo flujo de aportaciones a los fondos de pensiones y jubilaciones, que también sirven para financiar el propio desarrollo nacional.
En un documento firmado por organizaciones como el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el Sindicato Único de Trabajadores de El Colegio de la Frontera Sur, el Sindicato Único de Personal Técnico y Administrativo del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste o el Sindicato de Trabajadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se señala que la reforma plantea un falso discurso y si afectará a los trabajadores.
Además de pauperizar los salarios, facilitará los despidos injustificados, revivirá la contratación a prueba, además de que partes sustanciales de la reforma planteada por Calderón Hinojosa vulneran gravemente derechos adquiridos de los trabajadores y de las organizaciones gremiales, colocando en estado de riesgo derechos humanos y laborales mínimos, exponen estas organizaciones.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Luis Ángel Romo Lazo, expuso que el pago por horas debe existir, pero focalizado exclusivamente en dos figuras: amas de casa y estudiantes. Señaló que es un atentado contra los trabajadores que se limite a 12 meses el pago de salarios caídos en los juicios laborales, porque en las juntas de Conciliación y Arbitraje locales es donde está la verdadera falla administrativa, de la que resultan procesos de hasta cinco años de litigio.
Romo calificó de error regular la subcontratación de manera superficial. Esta figura nació como una solución para contratar servicios externos especializados, como limpieza o vigilancia. En ese caso es aceptable, pero no como un recurso para trasladar a otra empresa la responsabilidad de una compañía, donde los trabajadores pierden el derecho constitucional de tener reparto de utilidades y derecho de antigüedad, dijo.
Expuso que los senadores deberán también poner un candado a los contratos de prueba, para que ésta sea sólo de seis meses, y una vez llegado ese término se debe asegurar la contratación a los trabajadores.

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Se abre el camino para elevar el desempleo y terminar con la seguridad social: Barrales

Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de octubre de 2012, p. 10
La perredista Alejandra Barrales, secretaria de la Comisión de Trabajo del Senado, manifestó ayer que propondrá a los grupos parlamentarios representados en esa cámara que para analizar la reforma laboral que el presidente Felipe Calderón envió como iniciativa preferente se escuche a funcionarios federales, a empresarios y organizaciones sindicales, ya que tenemos 30 días, y es tiempo suficiente para establecer un diálogo con todos los involucrados.
Barrales aseguró que la iniciativa del Ejecutivo, que fue apoyada en la Cámara de Diputados por PRI y PAN, es una trampa, porque con el argumento de impulsar la transparencia y la democracia al interior de las organizaciones sindicales, se trastocan los derechos de los trabajadores. Con esta reforma se abre el camino para elevar el desempleo y terminar con la seguridad social que siempre ha sido vista como una carga por el gobierno federal.
La senadora advirtió que la aprobación del pago por hora, los contratos a prueba, los despidos exprés y la limitación a un año del pago de salarios caídos son algunos de los temas que no resuelven el grave problema del desempleo que hay en el país.
Abundó que “las nuevas modalidades de contratación, así como la flexibilidad en el despido, afectan de manera directa a los jóvenes, a los recién egresados, que bajo estas figuras no contarán con estabilidad laboral y lo único que genera son trabajadores ‘desechables’, no más fuentes de trabajo”.
Al detallar los cambios a la Ley Federal del Trabajo que se aprobaron en la Cámara de Diputados, la senadora perredista insistió: nos preocupa la propuesta de hacer más ágiles los despidos de los trabajadores; ahora se podrá hacer por correo o ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dependiendo de lo que decida el patrón, sin que el trabajador sea enterado de manera directa.
Respecto de la aprobación que hicieron la mayoría de los diputados del PRI y el PAN en materia de salarios caídos, Barrales dijo que la propuesta de pagar hasta 12 meses con el argumento de que los juicios se tornan interminables y un laudo puede acabar con una empresa por la acumulación de salarios, ninguno de estos supuestos es responsabilidad del trabajador.
Por el contrario, destacó, con este tipo de regulación se podrán tardar aún más los juicios, ya que no genera ninguna presión para que el patrón los resuelva, y afectan aún más los derechos laborales individuales. Nos preocupa esa situación y vamos a trabajar todo lo que está de nuestra parte para poder impedirlo. Nos interesa escuchar a las partes.
La senadora reconoció que es necesario reformar el mundo del trabajo, generar empleo, trabajar con esquemas de competitividad y mejorar el salarios de los trabajadores, pero nada de esto propone la iniciativa de Calderón, que ahora debe discutir el Senado.

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Empresarios: difícil, calcular el número de empleos formales a generar con la nueva LFT

Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de octubre de 2012, p. 11
Pese a ser el sector que más ha cabildeado para que el Congreso apruebe modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la iniciativa privada admitió este domingo que calcular el número de empleos formales que se podrían generar con la aprobación de la reforma laboral y estimar su efecto en el producto interno bruto (PIB) es muy difícil.
Aunque tampoco pudo ofrecer una estimación sobre los supuestos beneficios que dicha iniciativa tendrá en el bolsillo de los trabajadores, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que la reforma laboral mejoraría notoriamente el entorno de negocios y la competitividad del país, lo cual redundaría en una mayor confianza para invertir y de esta manera estimular la actividad productiva que, a su vez, nos llevaría a mayor crecimiento económico, más empleo y bienestar de la población.
Lo anterior, pese a que, según un sondeo del Foro Económico Mundial, la regulación laboral restrictiva existente en el país no es el indicador que más complica el ambiente de negocios en México, ya que dicho indicador se encuentra en el quinto sitio de importancia.
A establecer metas
En su mensaje semanal, el organismo, que depende de Consejo Coordinador Empresarial, destacó la importancia de evaluar el desempeño de los agentes económicos mediante el establecimiento de metas y su cumplimiento, lo cual, dijo, no ha sido realmente un común denominador en el país.
El sector empresarial abundó que los avances de las diversas entidades gubernamentales durante la presente administración no fueron muy alentadores, pero el proceso de evaluación contribuyó para que la mayoría de las dependencias gubernamentales mejoraran en materia de transparencia.

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Llama Coparmex a Sindicatos respetar Reforma Laboral

1 Oct 2012(05:53:27)
En Línea Directa.info

-Carlos Renán presidente de dicha organización asegura que ahora habrá más transparencia entre grupos sindicales

Lupita Alvarez/EnLíneaDIRECTA

Victoria, Tamaulipas.- La Confederación Patronal de la República Mexicana en Tamaulipas llama a las diferentes organizaciones sindicales a respetar la aprobación a la Reforma Labora que hizo la Cámara de Diputados.

En entrevista el presidente de la COPARMEX, Carlos Renán Castillo Gutiérrez aseguró que las adecuaciones que incluirán a la Ley Federal del Trabajo, la cual no había sido modificada desde el año de 1970, obligará a los diferentes Sindicatos de los Trabajadores ser más transparentes.

“Una de las cosas principales es la transparencia que va haber ahora en los Sindicatos, por la cuota obreros patronales, además no había mucho tiempo, se tenía como plazo hasta el 30 de septiembre para su aprobación, finalmente la Cámara de Diputados decidió aprobarla”, dijo.

Aseguró que la Reforma Laboral no favorecerá en su totalidad ni a las organizaciones sindicales que se opusieron a estas adecuaciones ni al total de los patrones existentes en el país, sin embargo aunque a los sindicatos no les guste, dijo, deberán acatarla y respetarla.

“Definitivamente hay reacciones por organizaciones sindicales, pero la verdad es que no vamos a satisfacer ni a todos los empresarios ni a todos las organizaciones sindicales, hay cosas que se tienen qué modificar a pesar de que no nos gusten”, expuso el empresario victorense.



Entre los sindicatos que se opusieron a la Reforma Laboral destacan; El Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación CNTE, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, el Instituto Nacional de Frente Sindical Mexicanos, FSM, entre muchos otros.

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STPS: la reforma laboral, parteaguas que permitirá generar 400 mil empleos extras

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La secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez Juárez, ayer en conferencia de prensaFoto Jesús Villaseca
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de octubre de 2012, p. 8
El dictamen de la iniciativa de reforma laboral aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados se basa 80 por ciento en las propuestas que hizo el presidente Felipe Calderón, ya que los legisladores sólo le modificaron una quinta parte al documento original presentado, señaló la secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez.
La funcionaria aseguró que esta reforma es un parteaguas, que generará anualmente 400 mil empleos adicionales a los que actualmente se están creando, y que incluso los opositores a la iniciativa de inmediato van a ver sus bondades.
En cuanto a la subcontratación (outsourcing), Vélez expuso que si bien los legisladores le hicieron modificaciones a lo planteado por la iniciativa preferente, ahora se establece que, en primer lugar, quien va a responder de las obligaciones laborales a los trabajadores es el subcontratista y, en segundo lugar, la persona moral o física que reciba los beneficios de esta subcontratación.
Pero lo más importante de todo es que se va a dar certeza al trabajador de quién le va a responder, dijo, y agregó que la subcontratación se encuentra actualmente en el país totalmente desregulado, sin marco jurídico; los trabajadores que están bajo ese régimen se encuentran en el desamparo.
En lo que se refiere a transparencia sindical, expuso que se tuvo un avance en este sentido. Esto es porque aun cuando se sacó del texto lo referente a la obligación de los sindicatos de informar sobre el uso de los recursos de la organización a los agremiados, finalmente se establece que los miembros de un sindicato tienen derecho a pedir esta información a las directivas sindicales, dijo la funcionaria.
Agregó que aun cuando se eliminaron varias propuestas sobre la democracia sindical, entre ellas la de que las elecciones en los gremios deberían ser mediante voto libre y secreto, y ahora serán los miembros los que van a elegir en cada convención cómo van a sufragar, sí se habla en parte del tema.
En la actualidad se decide de manera unilateral si el voto para elegir a las directivas es público o secreto. Ahora se dejará a la asamblea, a los miembros, esa decisión”; son ellos los que van a elegir cómo va a ser esta votación, según dijo la funcionaria.

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