lunes, 5 de noviembre de 2012

Nuevos Carteles



La insurrección de los priistas

Revista Siempre! 

Reforma laboral: no se puede defender lo indefendible
Martín Esparza Flores 

Si los legisladores del PRI que levantaron la mano para aprobar la contrarreforma laboral pensaron que sus correligionarios se iban a cruzar de brazos, están muy equivocados; la insurrección de los militantes del tricolor en su contra ya se está gestando y con sobradas razones pues nadie, con dos milésimas de sentido común, puede aceptar que tal agresión a los trabajadores y a los sindicatos sea aprobada por quienes, en sus documentos básicos, dicen ser defensores del pueblo.

Si analizamos lo que establecen los principios ideológicos del PRI, que regresará a Los Pinos el próximo diciembre, podemos observar que en su capítulo III, donde se establece su “Compromiso con la Igualdad y los Derechos Sociales”, en su punto 72, señala: “El mayor reto que tenemos los mexicanos como nación es abatir la pobreza y la desigualdad que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos sociales establecidos en la Constitución, e impide a millones de personas acceder a los beneficios del desarrollo”.

En el punto 73, se dice: “En el PRI, ratificamos nuestro indeclinable compromiso en la defensa de las conquistas sociales. No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia, retroceder en los derechos constitucionales en materia de educación, salud, trabajo, campo, equidad de género y justicia para los indígenas”.

Y en su punto 75, dejan establecido: “Tenemos la convicción de que para avanzar en la disminución efectiva de las desigualdades sólo podremos lograrlo con un desarrollo económico distributivo más acelerado y perdurable, que genere empleos formales mejor remunerados para que los trabajadores y sus familias puedan mejorar sus condiciones de vida”.

La pregunta que se hacen con toda razón no sólo los militantes del tricolor sino los mexicanos que les refrendaron su confianza en julio pasado es: ¿cómo van a cumplir con sus compromisos establecidos en sus documento básicos con una reforma laboral como la que aprobaron en el Congreso de la Unión? Su contenido, y no podrán negarlo los legisladores de ese partido, es todo lo contrario a sus postulados partidistas.

Ahora que organizaciones adherentes al PRI, pertenecientes a la CTM y al Congreso del Trabajo (CT), se han dado cuenta de las gigantesca pifia política y legislativa que cometieron sus diputados y senadores, se prepara una auténtica rebelión para echar atrás los destrozos no sólo ideológicos sino legales que se cocinaron al más puro estilo panista en ambas cámaras.

Por ello, ya hay acuerdos como la celebración de la Primera Convención Nacional de Trabajadores contra la Reforma Laboral, pactándose las acciones a seguir para echar abajo este atentado en contra de millones de mexicanos; además, y de manera conjunta,  en lo que será un hecho histórico,  se verán juntos en marchas, plantones y otras estrategias a realizar a sindicatos independientes y del CT, convocándose además a una gran consulta a los trabajadores para estallar la huelga nacional el próximo 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

La molestia generalizada es por demás evidente pues, con la legalización de las outsourcings y los contratos de prueba, la sindicación está herida de muerte y con ello el futuro de muchos sindicatos corporativos con los que por muchos años el PRI cimentó su sector obrero.

Por donde quiera que se le vea, la reforma laboral es un claro retroceso a los derechos ya adquiridos por la clase trabajadora. No se puede defender lo indefendible y eso lo saben perfectamente las propias organizaciones priistas que ahora tomarán por asalto las calles y plazas públicas ante la traición cometida por sus representantes en el Congreso, los que ahora, seguramente, ya no sabrán dónde esconder la cabeza. Avestruces legislativas, para ser exactos.

Alcance de la reforma laboral

Periódico La Jornada 
Opinión  
 
Arnaldo Córdova
 
La iniciativa de reforma laboral que presentó Calderón está, por lo que puede verse, a punto de irse a la congeladora. Detrás de ello no pueden dejar de observarse los juegos sucios que los grandes aliados, el PRI y el PAN, suelen hacerse mutuamente. En un principio, pareció que panistas y priístas iban a arrollar cualquier oposición al proyecto calderonista, pues el futuro presidente, según todos los indicios, estaba totalmente de acuerdo con la propuesta. Algo falló en el intento, pues de repente surgió un gran desacuerdo entre los aliados por cosas que sólo parcialmente fueron aclaradas y que no se limitaron, como algunos supusieron, al tema de la democracia y la transparencia sindicales.
 
Cuando el acuerdo parecía ser total, los panistas en algún momento debieron haberse sentido traicionados (algunos de ellos dijeron que estaban siendo usados desvergonzadamente). Es probable que, ya desde la discusión en torno a la subcontratación, ellos hayan reparado en que los términos en que se estaban modificando los artículos respectivos venían a infringir lo que había sido acordado con los voceros de la patronal: outsourcing sin medios términos y sin restricciones. Las modificaciones al articulado no les satisfacían y, sin embargo, tuvieron que aceptarlas.

En el artículo 15-A se establece que la subcontratación: a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo; b) Deberá justificarse por su carácter especializado; c) No podrá comprender tareas iguales a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Para rematar, el artículo 15-D dispone: No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales”.

Como era de esperarse, el personero del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) protestó por las modificaciones y restricciones que se imponían a la subcontratación y exigía del Senado que, en su turno, las eliminara. Luego y viendo la tormenta que se venía en esa cámara legislativa, solicitó que se aprobara la minuta de la Cámara de Diputados en sus términos, doblando las manos y olvidándose de sus pretensiones originales.

El precio que los priístas tuvieron que pagar, con el repudio abierto de muchos de sus sectores de trabajadores y hasta de algunos líderes, fue la aceptación del pago por horas, el despido rápido, la capacitación y preparación de empleados (sobre todo de quienes ocupen puestos directivos) como puerta al trabajo, el pago de salarios caídos hasta por un año y algunas otras cuestiones que iban en el camino de lo que se ha llamado precarización de las condiciones de trabajo. Ya en el Senado esos rubros ni siquiera se tocaron y los diputados de la izquierda parlamentaria no movieron una hoja para volver a discutir esas materias tan lesivas para las clases asalariadas.

El encono de los panistas contra sus aliados subió de tono cuando tuvieron que enfrentar las reglas legales en torno a la sindicación y al régimen interno de los sindicatos. La posición de los tricolores fue durísima y terminante: o se quitaba todo eso del cuerpo de la iniciativa o ellos no votarían a favor del resto de la reforma que era, justo, lo que más les interesaba a los blanquiazules. Ante esa disyuntiva, los panistas tuvieron que apechugar y aceptar las exigencias priístas. Es seguro que hubo consultas con el Presidente y todos concluyeron que no había otra salida.

Los panistas, empero, se tomaron su revancha cuando la iniciativa pasó al Senado. Ellos estaban advertidos de que el PRI podía cumplir sus amenazas, pero juzgaron que aún era posible revertir los acuerdos de la colegisladora, pensando, acaso, que también Enrique Peña Nieto se habría mostrado partidario de lo que más les interesaba de la reforma, vale decir, todo lo concerniente a las condiciones de trabajo. Tuvieron éxito. Supieron enganchar a los senadores de izquierda y juntos formaron un frente que al final de cuentas el PRI fue incapaz de contrarrestar. Vale la pena recordar cómo quedó el texto de la iniciativa después de estas modificaciones.

En el artículo 364 bis se establece como principio general: En el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez [sic], imparcialidad y respeto de la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical. El artículo 365 bis impone la publicidad de la información de los registros de los sindicatos y sus documentos básicos, incluido el contrato colectivo de trabajo, y su disponibilidad para cualquiera que se interese en ella. Es un avance indudable ante el anterior hermetismo que limitaba esa información, prácticamente, a los dirigentes sindicales o a los litigantes.
Lo más importante en esta materia se contiene, primero, en las fracciones IX y XIII del artículo 371 (sobre lo que deben contener los estatutos de los sindicatos). La primera establece: Número de miembros de la directiva y procedimiento para su elección, que deberá ser mediante voto libre, directo y secreto; la segunda impone: Época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento.

Lo que más debe haberles dolido a los líderes charros, sin embargo, es el extenso contenido del artículo 373 que estatuye la rendición de cuentas, de modo completo y detallado, del patrimonio sindical, incluidas las cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, con la obligación de entregar en diez días a cada miembro del sindicato un resumen de esta información. Ahora ese derecho quedaría debidamente protegido por la ley.

El artículo 388 bis, finalmente, reglamenta la contratación colectiva y establece de modo más preciso los derechos de los trabajadores en el proceso de negociación, tanto cuando haya sólo un sindicato como cuando sean varios sindicatos concurrentes en el mismo proceso. Lo importante aquí es la participación activa de los trabajadores en la fijación de las condiciones de trabajo, cosa que antes quedaba exclusivamente en manos de los dirigentes. De quedar la ley así, cosa bastante dudosa, se puede decir que se tratará de un avance muy importante.

Los incisos a) y d) de la fracción V del mencionado artículo, concederían a los trabajadores, prácticamente, el derecho a decidir no sólo sobre el sindicato de su preferencia, sino y ante todo sobre el contrato mismo. La primera establece: Mediante voto libre, directo y secreto. Los trabajadores podrán elegir entre los sindicatos solicitantes o manifestar su oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo; la segunda, a su vez, impone: La decisión de los trabajadores en contra de la celebración del contrato colectivo deberá adoptarse por el voto de cuando menos las dos terceras de los trabajadores con derecho a voto. Como puede verse, los empleados no deciden sobre el contenido del contrato, sino sobre el contrato mismo.

Ya veremos en qué acaba todo y si tendremos o no reforma laboral.

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Sexenio de Calderón: la entronización de la violencia del Estado como arma de legitimización

Sexenio de Calderón: la entronización de la violencia del Estado como arma de  legitimización
El sexenio de Calderón quedará como el de la entronización de la violencia del Estado como su principal arma de “legitimización”.

Revista EMET


Este año, el último del trágico sexenio de Felipe Calderón, culmina una etapa de violencia jamás conocida en el país desde los tiempos de la Revolución Mexicana. Se pondrá fin a una estrategia que privilegió el uso de la fuerza del Estado, muy por encima de la política como el arte de la negociación. Sin embargo, no se podría afirmar categóricamente que tal estrategia de muerte y desolación terminará con el “gobierno” que dice adiós al PAN como partido en el poder.
            No, desde luego, porque lo que termina es únicamente la oportunidad del partido blanquiazul para demostrar la viabilidad de un bipartidismo al estilo estadounidense, no el proyecto de un Estado oligárquico, el cual seguirá vigente con toda su secuela de vicios y parafernalia antidemocrática. Lo que podría esperarse es que disminuya la violencia, pero paulatinamente y sólo después de que el nuevo “gobierno” lograra reducir el nivel de las tensiones sociales, que por ahora es muy alto y difícil de contener. Esto también se vislumbra casi imposible, pues desde el primer momento, tal como lo ha dicho Luis Videgaray, se pondrán en práctica medidas abiertamente atentatorias de los derechos sociales de las clases mayoritarias.
            Enrique Peña Nieto, mejor dicho el grupo que lo dirige, le apuesta a que todo el descontento del pueblo y el fortalecimiento de las contradicciones en el entramado social, afloren en los primeros meses del nuevo “gobierno”, como consecuencia de las políticas públicas de corte fascista que se tienen programadas; luego se tomarían las medidas necesarias y comenzaría una tarea de recomposición del tejido social con un gran derroche de recursos y un uso sin precedente de los medios electrónicos. Sin embargo, se corre el riesgo de que tal tarea de reparación de daños no sea lo suficientemente eficaz para neutralizar los ingentes problemas de todo tipo que se habrían de generar con el reforzamiento del modelo de capitalismo salvaje.
            El problema de fondo es que dicho modelo sólo puede imponerse con métodos violentos en grado extremo, como se comprobó en los inicios de la Revolución Industrial, la etapa que favoreció la gran acumulación de capital mediante la explotación metódica y sistemática de la clase obrera metida en fábricas hasta la extenuación. El notable desarrollo del crimen organizado es consustancial al modelo neoliberal, en tanto sistema que se rige sin más reglas que la obtención de las máximas ganancias con los menores esfuerzos posibles, en un entorno donde no existen principios ni normas éticas. ¿Acaso las grandes empresas mineras que operan en el país, no violan impunemente leyes y reglamentos, con la tácita protección gubernamental?
            El sexenio de Calderón quedará como el de la entronización de la violencia del Estado como su principal arma de “legitimización”. El que violentó el Estado de derecho sin importarle las consecuencias, con el único fin de apuntalar un “gobierno” absolutamente carente de una base social. El que hizo de la violencia un recurso propagandístico que acabó por hartar a la sociedad, dejando al nuevo inquilino de Los Pinos la necesidad de llenar el vacío en la televisión y la radio con igual o peor demagogia. Compromiso que en el caso de Peña Nieto es por demás inevitable por los compromisos que tiene, particularmente con la empresa Televisa.
            Lo que no podrá evitarse, ni redoblando el gasto en propaganda en estos últimos días del sexenio calderonista, es la convicción, en la mayoría de poblaciones afectadas por la violencia, de que Calderón es el principal responsable del fatal destino de miles de víctimas colaterales de la violencia. Miles de familias afectadas tienen plena conciencia de que sus problemas fueron propiciados por la malhadada decisión de Calderón de querer legitimarse sacando a las fuerzas armadas a las calles, con el agravante de que en lo sucesivo será muy cuesta arriba que los soldados puedan recuperar el respeto de la ciudadanía.
                Esto lo saben muy bien los asesores de Peña Nieto, por eso consideran conveniente mantener a las tropas en las calles, bajo el argumento de que la continuidad de políticas públicas fundamentales hizo inevitable tal decisión, que se irá revirtiendo en la medida que los cuerpos policíacos vayan asumiendo sus responsabilidades con más eficacia y confiabilidad. Esto permitirá la implementación de las estrategias antidemocráticas que aseguren las altas tasas de ganancias que demanda la oligarquía, y sobre todo la culminación de la entrega de los bienes nacionales a los mejores postores, tal como está previsto.
            De ahí que no haya margen para suponer que la cifra récord que deja Calderón, en cuanto a mortalidad de ciudadanos mexicanos, vaya a reducirse pronto. Podría incluso incrementarse, si Peña Nieto (sus mentores) decidiera jugar la carta de los golpes espectaculares para amedrentar a sus oponentes, sin parar mientes en que no existen condiciones para esa pésima maniobra.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
 

Dan inicio juicios internacionales a Calderón

Dan inicio juicios internacionales a  Calderón
Al igual que decenas de miles de mexicanos que han firmado esa demanda, estamos a la espera de lo que determine la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Revista EMET

Es muy posible que antes de que concluya su administración, Felipe Calderón conozca  si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acepta abrir el juicio en su contra por los crímenes de guerra y lessa humanidad cometidos a lo largo de su sexenio en el marco de la “guerra” contra los cárteles de la droga. Antes de concluir este año, la Corte Penal Internacional resolverá si acepta la petición de enjuiciar al todavía inquilino de Los Pinos y a los integrantes de su gabinete de seguridad.

Hace casi un año, el jurista mexicano Netzaí Sandoval entregó al fiscal de la CPI, Luis Moreno, un expediente en el que se acusa los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que se abra una línea de investigación. En el mes de marzo de este año, la CPI difundió que no se declaró improcedente dicha solicitud y que analizaba el documento que respaldan un grupo de abogados, activistas y periodistas, quienes piden un juicio penal internacional contra Calderón; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; Guillermo Galván Galván, secretario de Defensa; Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, y contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.

Sólo con abrir el análisis preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía señalaría la responsabilidad de la administración calderonista respecto a los más de 70 mil civiles asesinados –otros datos arrojan más de 90 mil-, 13 mil desaparecidos, 250  mil desplazados, 30 mil infantes enrolados en los cárteles de la droga, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos”, que son inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes.

Felipe Calderón, cuya posición es más frágil ahora porque va a dejar el poder, no podrá alegar inmunidad presidencial por los que denomina “daños colaterales” de su guerra contra los narcos, toda vez que el artículo 27 del Estatuto de Roma –que rige la actuación de la Corte Penal Internacional- prevé la improcedencia (por fuero) del cargo oficial para evitar el proceso.

Será en el mes de diciembre cuando la Fiscal Fatou Bensuda decida el rumbo de la denuncia. Las preocupaciones de Calderón sobre el caso no son menores: en su oportunidad, la revista “Proceso” dio a conocer que el michoacano movilizó a elementos del cuerpo diplomático para “disolver la demanda”. Para eso se designó en la Embajada de México en los Países Bajos a dos de sus más fieles amigos para que lo protejan de “los golpes jurídicos que están por llegar”. Entre ellos se encuentra Eduardo Ibarrola Nicolin, abogado penalista egresado también de la Escuela Libre de Derecha, perdón, de Derecho.

Al igual que decenas de miles de mexicanos que han firmado esa demanda, estamos a la espera de lo que determine la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Lilia Arellano - Revista EMET
 

Luto nacional: Sexenio de fallas, injusticias y crímenes

Luto nacional: Sexenio de fallas, injusticias y  crímenes
Miles de familias sufren la incertidumbre de desconocer el paradero de sus seres queridos y realizan inacabables peregrinajes por el territorio mexicano en busca de datos que los lleven a localizarlos

Revista EMET


Contrario a lo que señalaba el Premio Nobel de Literatura 1998, José Saramago, al concluir su última novela “Caín”, en el sentido de que “la historia ha acabado, no habrá más que contar”, en México la conclusión de la gestión de Felipe Calderón no termina la enorme estela de muerte que dejo a lo largo y ancho del territorio nacional.  El ilustre portugués también sentenciaba que es el amor nuestra única defensa contra la muerte, pero las decenas de miles familias que perdieron uno o varios miembros en una estúpida guerra contra algunos cárteles de la droga poco amor pueden generar contra un régimen que provocó tanto luto, tan sólo por perseguir inútilmente un fin político: legitimidad; que dejó una gran deuda de justicia; que fue incapaz siquiera de cumplir con su obligación de indagar y juzgar a los responsables de esas muertes, muchos de ellos dentro de su propia organización estatal burocrática.

Dentro del amplio contexto de las celebraciones del Día de Muertos en México, la organización Amnistía Internacional exigió al gobierno federal saliente y también al entrante que encabezará Enrique Peña Nieto, saldar la enorme deuda de justicia con las decenas de miles de familias que perdieron a un ser querido por la crisis de violencia en el País, que fue detonada por el michoacano al aceptar un plan diseñado en el Pentágono –la Iniciativa Mérida- para llevar a cabo una guerra irregular en territorio mexicano, con fines eminentemente estratégicos para salvaguardar los intereses de los Estados Unidos, para proteger sus crecientes inversiones en el país, para mantener el control sobre la producción y el tráfico de estupefacientes para su gran población adicta, para garantizar las ventas de su importante industria armamentista, para seguir alimentando su sistema financiero a través del lavado de centenas de miles de millones de dólares que les representan un pilar económico.

A través de un comunicado que no tiene desperdicio, AI destacó que “el día de hoy –ayer- 2 de noviembre, millones de familias en México recuerdan con cariño a sus seres queridos que han partido. Sin embargo, para muchas familias esta fecha es un doloroso recordatorio de la deuda de justicia que el Estado mexicano mantiene con ellas”. Tras seis largos años es innegable que las administraciones federales surgidas de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), particularmente la de Felipe Calderón, fallaron en su deber de proteger a la población e incumplió en su obligación de investigar y llevar ante la injusticia a los responsables de estas muertes. Su indolencia llegó al extremo de negar hasta la información básica y fundamental del número de muertos que estimaciones de organizaciones no gubernamentales e investigaciones periodísticas señalan que superan las 90 mil, mientras que hay otros 10 mil desaparecidos, sin que la administración calderonista se digne siquiera a dar datos que los identifiquen.

Miles de familias sufren la incertidumbre de desconocer el paradero de sus seres queridos y realizan inacabables peregrinajes por el territorio mexicano en busca de datos que los lleven a localizarlos. Con angustia recurren a los servicios médicos forenses en las entidades federativas, luego de darse a conocer las noticias de que fueron localizadas fosas clandestinas con un número de cadáveres indeterminado por las condiciones en que se encuentran los cuerpos, que están no sólo en un avanzado estado de putrefacción, sino que fueron mancillados, descuartizados, decapitados y dejados en condiciones tales que su identificación se hace sumamente difícil.

Caravanas de madres de migrantes se han visto en al menos 14 entidades del país que buscan a sus desaparecidos, la mayoría indocumentados, que perdieron todo contacto con sus familiares, pero que esperanzados esperan encontrar con vida, sobre todo a mujeres que son víctimas de las bandas dedicadas a la trata de personas. Sumamente grave es el hecho de que al cierre del calderonismo diversas organizaciones civiles denuncien una y otra vez que miles de personas secuestradas por bandas delictivas o víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad permanezcan desaparecidas.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno no han investigado esos crímenes del presente y del pasado inmediato. En México, la justicia sigue siendo un sueño para la mayoría de la población. AI subraya que “no se podrá hablar de verdaderos avances en materia de derechos humanos en México, mientras los crímenes y abusos permanezcan en la impunidad”. Alberto Herrera, director ejecutivo de AI en México,  advierte que “con su incapacidad de llevar ante la justicia a la mayor parte de los responsables de desapariciones y asesinatos, tanto de presente como del pasado, las autoridades mexicanas están condonado de hecho estos abusos”. Y acusa directamente: “el Gobierno del Presidente Felipe Calderón no ha reconocido ni tratado este grave legado de injusticia”.

La grave crisis de seguridad pública y la violencia del crimen organizado detonada por un embate sin estrategia, sin inteligencia, contra los poderosos cárteles de las drogas, llenó de sangre al país a un nivel nunca visto, ni siquiera en conflagraciones de guerra regular, que sobrepasó la capacidad de las autoridades para hacerle frente y que además poca voluntad política han mostrado para llevar a cabo investigaciones sobre los crímenes cotidianos, aunque se trate de verdadera barbarie, lo que ha obligado a los propios familiares a llevar a cabos sus indagaciones, lo que además los ha puesto en peligro de muerte, con represalias tan sólo por conocer la verdad de los hechos en los que perdieron la vida sus seres queridos.

El calderonismo convirtió a la búsqueda de la verdad en una profesión sumamente peligrosa en la que se puede perder la vida en cualquier momento. Periodistas, activistas y migrantes dedicados a esa tarea han sido asesinados en número cada vez mayor, de acuerdo con las reiteradas denuncias de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos cuyas recomendaciones ni siquiera son tomadas en cuenta por las autoridades (in) competentes, que han exhibido una peligrosa ineficacia en la tarea de proteger a los grupos más vulnerables, al grado que pueblos enteros han tenido que tomar en sus propias manos su defensa ante el embate de grupos criminales organizados.
Lilia Arellano - Opinión EMET
 

Castiga a los usuarios la nueva metodología de cobro de la CFE

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Trabajadores despedidos de Luz y Fuerza, durante una reunión informativa en Azcapotzalco sobre los abusos de la CFEFoto Francisco Olvera
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Lunes 5 de noviembre de 2012, p. 31
El supuesto cambio en la metodología de cobro de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunciado hace unos días por el presidente Felipe Calderón, no representa ninguna transformación real en beneficio de los sectores más empobrecidos, sino únicamente la oficialización del sistema ya existente, el cual fomenta el castigo a los usuarios que más consumen electricidad en vez de promover un consumo racional de la misma, señalaron académicos universitarios.
Leticia Campos, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que el proceso de definición de las tarifas domésticas sigue inconcluso, a pesar de los avances ocurridos durante la nacionalización de la industria eléctrica del país.
Aunque la nacionalización de enero de 1962 impulsó el consumo de electricidad para industrializar el país, mediante un método de cobro tendiente a la unificación en 11 grupos de usuarios con características semejantes, en la década de los 80 del siglo pasado se empezó a aplicar un esquema de cobro escalonado por consumo, mediante el cual paga más el que gasta más.
Sin embargo, ante la falta de una cultura de consumo eficiente, lo que ha hecho este sistema es castigar a muchos usuarios que por diversas razones se ven forzados a utilizar más electricidad, pasando rápidamente del grupo que consume de uno a 75 kilovatios/mes, al que rebasa dicho límite, lo cual provoca también un aumento en sus tarifas.
Por otro lado, aunque la medida dictada por Calderón sí disminuye el precio del kilovatio/hora adicional al nivel ya mencionado de uno a 75 (de 1.25 pesos a 90 centavos), ello provocaría que unos 16 millones de usuarios pobres dejen de pagar de 3 a 5 mil millones de pesos al año, lo cual debilitará la capacidad de operación de la CFE.
Si Felipe Calderón realmente quiere ser solidario con los más pobres, en vez de seguir castigando a los usuarios debería poner límites a la privatización de los servicios públicos, que no privatice de forma desmedida, porque los bienes comunes son muy importantes para la gente de pocos recursos, subrayó.

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Morena caminará del lado del PRD mientras no se alíe con el PAN: AMLO

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Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer en Saltillo, Coahuila, la convención estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)Foto La Jornada
María Alejandra Arroyo y Leopoldo Ramos
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 5 de noviembre de 2012, p. 11
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) caminará del lado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), siempre que éste no se alíe con el Partido Acción Nacional (PAN), advirtió Andrés Manuel López Obrador este domingo en Monterrey, Nuevo León, durante la toma de protesta de los 12 integrantes de la mesa directiva de la representación estatal de Morena en la entidad.
El ex candidato de las izquierdas a la Presidencia de la República apeló a una unión de todos los partidos que lo postularon, pero advirtió: “tiene que quedar muy claro que nosotros no queremos tener alianzas con el PAN; hemos sostenido que el PRI y el PAN son lo mismo. El PRI se ha transformado en cuatro ocasiones, fue PNR (Partido Nacional Revolucionario), PRM (Partido de la Revolución Mexicana) y PRI (Partido Revolucionario Institucional); pero la última transformación la realizó en 1988, con Carlos Salinas, cuando surgió el PRIAN”.
AMLO advirtió que aunque aparentemente PRI y PAN tienen diferencias, éstas se refieren a cuestiones triviales, porque cuando se trata de sostener el régimen de corrupción, injusticias y privilegios que ha llevado a la ruina al país, siempre se ponen de acuerdo.
López Obrador recordó que el ex presidente Vicente Fox pidió a los panistas apoyar al priísta Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia de la República en las recientes elecciones, y destacó que el presidente electo anda de la mano con Felipe Calderón.
Antes de visitar Nuevo León, López Obrador estuvo en Saltillo, Coahuila, donde encabezó la convención estatal del Morena, y consideró que el ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, fue víctima de acciones motivadas por la mafia del poder a la que pertenece, con el asesinato de su hijo mayor.
Lamentó el homicidio de José Eduardo Moreira Rodríguez, y consideró que esto debe llevar a pensar en el sufrimiento de muchos mexicanos que han perdido también a familiares por la guerra absurda de Calderón contra el narcotráfico, provocada sobre todo por el predominio de una mafia de poder donde han estado participando Calderón, Moreira, Salinas, que es el jefe de la mafia, y que han llevado al país a esta situación tan lamentable que afecta a todos.
Consideró que si el ex gobernador tiene pruebas respecto a la relación de empresarios mineros con narcotraficantes, que las presente, porque el que sabe de un ilícito y no lo denuncia se convierte en cómplice, de tal forma que Moreira debería entregar las pruebas para que se castigue a los que lavan dinero, como él lo afirmó.
Por ejemplo, citó la denuncia que presentó ante el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la cual acusa a Peña Nieto de lavado de dinero, porque utilizó dinero de procedencia ilícita en su campaña para comprar votos. Así hay que proceder: que presente la denuncia señalando quiénes son.
De igual manera, anunció que el primero de diciembre habrá una movilización civil pacífica en todas las plazas públicas del país para protestar por la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente, porque al ser candidato compró millones de votos, traficó con la pobreza de la gente; entregaron despensas, material de construcción, tarjetas Soriana, dinero en efectivo.

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“Morena no será trampolín para cargos públicos”: López Obrador

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Al encabezar la asamblea del Movimiento de Regeneración Nacional en Saltillo, Andrés Manuel López Obrador dijo que Morena será un instrumento de lucha al servicio del pueblo.
En entrevista en esa ciudad, el excandidato presidencial de la izquierda indicó que se cuidará que Morena no se desvíe y no caiga en vicios porque es la única esperanza para millones de mexicanos.
Aseguró que de obtener el registro como partido político, las decisiones las tomarán los militantes y no funcionarios públicos.
Morena no será trampolín para cargos públicos y que las decisiones no se tomarán en palacios de gobierno, afirmó.
López Obrador señaló que quienes integran el movimiento tienen la responsabilidad de ser leales a las necesidades y convertirse en un instrumento de justicia sobre el poder.
Dijo que este 19 y 20 de noviembre se realizará el Congreso Nacional de Morena con lo que concluirá el procedimiento de consulta para convertirlo en un partido.
Afirmó que se han realizado aproximadamente 295 de 300 congresos distritales en todo el país y sólo uno de ellos votó en contra de transformar a Morena en partido.

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“Si Moreira no denuncia a narcoempresarios, se convierte en cómplice”: AMLO

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Andrés Manuel López Obrador sugirió al exlíder nacional del PRI, Humberto Moreira, que presente ante las autoridades las pruebas contra los empresarios mexicanos que hace unos días denunció tienen nexos con el narcotráfico.
Según información de Notimex, el tabasqueño dijo que si el priista tiene información sobre esas actividades ilícitas, tiene que denunciar porque si no podría convertirse en cómplice.
En el marco del Congreso Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Saltillo, Coahuila, López Obrador consideró que Moreira debería entregar las pruebas para que se castigue a los que lavan dinero, como lo afirmó el exgobernador.
Reiteró que es necesario que el priista interponga una denuncia ante las autoridades correspondientes como la Procuraduría General de la República (PGR).
López Obrador lamentó el asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador de Coahuila, y afirmó que independientemente de la situación política, “somos seres humanos y cuando se pierde un hijo, cuando se pierde un familiar, se sufre, se padece”.
Dijo que desafortunadamente los gobiernos no atienden las causas de la violencia y sólo atacan el problema con medidas coercitivas.

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Lista, privatización del servicio de agua en todo Aguascalientes

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Usuarios hacen fila para pagar sus recibos de agua en la capital de Aguascalientes, donde la empresa Caasa tiene la concesión del servicio Claudio Bañuelos 
 
Claudio Bañuelos 

Corresponsal 

Periódico La Jornada
Lunes 5 de noviembre de 2012, p. 35 

Aguascalientes, Ags., 4 de noviembre. El director del Instituto del Agua de Aguascalientes (Inagua), Guillermo Saúl Rivera, aseguró que hay luz verde para que el servicio de agua potable se concesione en los otros 10 municipios del del estado, como ya sucede en la capital.
En entrevista colectiva, el funcionario señaló que la mayoría de las administraciones municipales padecen serios problemas financieros por falta de pago del agua potable, lo que también complica la prestación del servicio a más personas; por ello, es factible que se concesione, dijo.
Aclaró que esto no significa que la empresa Caasa vaya a tener todas las concesiones. Caasa, que se hace cargo del servicio en la capital de Aguascalientes, aplica cobros excesivos a 240 mil usuarios en esta ciudad sin abastecerlos de líquido las 24 horas del día, como quedó demostrado en septiembre luego de una auditoría que realizó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Aguascalientes.
Además, Caasa es considerada la compañía que ofrece el servicio más caro de agua potable en el país. Rivera pidió a las demás alcaldías estar muy atentas para que no se repitan abusos.
Rivera explicó: El problema es el costo de recuperación por el servicio del agua y que la mayoría (de los municipios) tiene tarifas muy bajas. Eso a la larga provoca que el propio municipio subsidie el servicio.
Aseguró que en todos los municipios de Aguascalientes se subsidia el agua potable y el servicio no es autofinanciable, por lo cual los ayuntamientos tienen que concesionarlo.
Rivera consideró que la finalidad es brindar el mejor servicio, con agua suficiente y de calidad en todos los domicilios del estado, lo que, dijo, es factible con la concesión, alternativa que no debería satanizarse a raíz de lo que ocurre en la capital.
En los municipios de Aguascalientes habitan alrededor de 380 mil personas, y en la capital, cerca de 800 mil.

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Firme oposición de ONG a las reformas

Matilde Pérez U.
 
Periódico La Jornada
Lunes 5 de noviembre de 2012, p. 3 

Sindicatos y organizaciones sociales sostuvieron que recurrirán a todos los recursos políticos, jurídicos y de presión social a su alcance para frenar las reformas laboral, hacendaria, energética y de seguridad social que legisladores de PRI y PAN buscan se aprueben en el Congreso. 

A unos días de la constitución formal del Frente Amplio Social, destacaron que el diálogo es el único medio para romper con la partidocracia improductiva y avanzar hacia la justicia y la paz social. Por ello emplazaron a los legisladores a un debate nacional, pues los saldos de una política que sacrifica el poder adquisitivo de los salarios para controlar la inflación son: 60 millones de mexicanos en situación de pobreza por bajos ingresos, 2.7 millones de desempleados y 13.9 millones de personas que sobreviven en la informalidad.

En el llamado manifiesto a la nación, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y organizaciones civiles rechazan la reforma laboral porque “cancela la estabilidad en el empleo, establece el régimen de contratación por horas, legaliza la subcontratación (outsourcing), limita el derecho de huelga y fomenta la proliferación de empleos precarios, temporales y desprovistos de derechos”.

Con la reforma hacendaria, asientan, se pretende incrementar el IVA y eliminar la tasa cero en alimentos, medicinas y libros; con la energética se busca privatizar varias de las actividades que corresponden exclusivamente a Pemex, y con la de seguridad social se pretende financiar un sistema de salud con cobertura universal limitado y con prestaciones mínimas, donde se promueve la evasión de las responsabilidades sociales de los patrones y se plantea la reducción de los derechos y prestaciones de los trabajadores afiliados al IMSS y al Issste.

Finalmente, las organizaciones destacan que buscarán un nuevo pacto fiscal, pues consideran que es necesario corregir los problemas de un régimen inequitativo e ineficiente en términos de recaudación, dotándolo de un carácter progresivo y redistributivo, que combata la evasión y elusión fiscales.

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Busca el PRI que se apresure el dictamen sobre iniciativa laboral

Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 5 de noviembre de 2012, p. 3
La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados citó a reunión la tarde de este lunes para revisar la minuta del Senado sobre reforma laboral, con objeto de apresurar la redacción de un dictamen que sea votado en el pleno esta misma semana.
La intención del PRI es dejar como se envió a los senadores el contenido del artículo 371, sobre métodos de elección de dirigentes sindicales, así como suprimir el 381 bis, sobre publicidad de los contratos colectivos de trabajo, y rechazar así las modificaciones realizadas en ambos puntos por PAN-PRD-Panal.
En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN pidió al tricolor que defina su posición respecto de la reforma, ya que ha provocado confusión. También le hizo un llamado para que se sume a la transparencia y democracia sindical.
En un comunicado, el vocero panista, Juan Molinar Horcasitas, sostuvo que el PRI genera un estado de confusión debido a que primero el líder de la bancada en la Cámara de Senadores, Emilio Gamboa, asegura que el presidente electo (Enrique Peña Nieto) presentará una iniciativa de reforma laboral, y posteriormente el equipo de transición y su coordinador en la Cámara de Diputados lo desdicen.
Ayer, en un comunicado, el coordinador priísta en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, dijo: Ratificaremos el acuerdo sobre los conceptos de transparencia sindical, ahora con la redacción introducida por el Senado; habremos de reiterar nuestra vocación democrática por el ejercicio libre, secreto y directo del voto sindical, abriendo la opción del voto indirecto, y estaremos en contra de la subasta de los contratos colectivos, porque nos interesa mantener la estabilidad laboral.
Beltrones expuso que el debate de la reforma se reduce a cinco por ciento del total de los artículos modificados a la Ley Federal del Trabajo. Señaló que una vez serenados los ánimos y que los argumentos han sido expuestos públicamente, la Cámara de Diputados continuará con el proceso legislativo sobre la reforma con la agilidad que se le dio a la iniciativa de Felipe Calderón.
La convocatoria para que la Comisión del Trabajo retome el análisis de la minuta permite confiar en que en breve tendremos la reforma laboral que México necesita para crecer y salir adelante, afirmó.
Por su parte, el vicecoordinador priísta de Política de Contenidos, Marco Antonio Bernal, resaltó que así como PAN y PRD se reunieron para formar un bloque, el tricolor está dispuesto a trabajar para convencerlos sobre sus puntos de vista de la reforma, y rechazó que la postura del PRI sea impositiva.
El vocero panista, Juan Molinar Horcasitas, dijo que aún hay diferencias entre los partidos de izquierda con el blanquiazul en cuanto a la parte económica de la reforma, pero las coincidencias fundamentales son la transparencia y la democracia.
Consideró que su partido será el fiel de la balanza al conformar mayorías, para que se incluya la parte de modernización y flexibilización económica, pero también democracia y transparencia, ya que el PRI sólo está en favor de la parte económica y el PRD de la democrática. Las iniciativas se discuten por sus méritos y no por caprichos o instrucciones de una persona.

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Hay que meterle mano a Pemex, pero sin privatizarla, dice Bernal

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El diputado Marco Antonio Bernal, durante la entrevista con La JornadaFoto Jesús Villaseca
Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Lunes 5 de noviembre de 2012, p. 2
La reforma al sector energético será una de las primeras a discutir en la Cámara de Diputados y su principal objetivo será cambiar la naturaleza de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que funcione más como empresa que como paraestatal y ello permita inyección de capital, anticipó el presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro, Marco Antonio Bernal (PRI). Tenemos que meterle mano, pero sin privatizarla. No va a ser Pemex SA, definió.
En entrevista con La Jornada, Bernal evaluó que la petrolera debe permitir nuevos esquemas de asociación privada y la Cámara tiene que entrar a una discusión sobre la apertura porque, argumentó, mientras otros países ascienden en la competencia energética, los mexicanos continúan atados a lo que aprendieron en la escuela sobre el nacionalismo petrolero.
–¿Y eso no implica privatización? –se le pregunta.
–No, porque no hay el interés ni la intención del próximo gobierno de andar vendiendo fierritos.
Podríamos ser potencia energética
El PRI, expuso, está preparado para que después de la necesaria reforma fiscal se debata la energética. Tenemos la idea de que Pemex no puede seguir como está. Tiene potencial para generar crecimiento, empleos y hacer competitivo a México. Se requiere reformarla de fondo para que pase de ser un instrumento de recaudación fiscal a una empresa del Estado que contribuya al crecimiento, apunta.
–Felipe Calderón intentó una reforma en 2007, que en buena parte se frenó por el rechazo social que concitó.
–Habrá grupos que no estén de acuerdo en modernizar a la industria, pero partamos del principio definido por el presidente electo: la empresa no se va a privatizar –asegura.
Es indudable que la riqueza energética nacional da para que el país sea potencia energética. Pero no hay recursos para dinamizar el sector. De ahí que haya necesidad de inyección de capital privado, pero eso no significa que se privatice, sino que se asocie para explotar los recursos petroleros.
–¿Qué tipo de asociación?
–Puede variar de rango. El hecho es contar con una empresa del Estado que permita que el sector se desarrolle. Tenemos reservas de gas shale y de gas asociado al petróleo. Se pueden explotar y el crudo puede ser palanca para otras cosas, pero la empresa tiene que cambiar.
–Esa transformación, sin embargo, va contra todo lo que nos enseñaron en el aula.
–Pero nadie pretende modificar que los recursos del subsuelo son de la nación. Estamos hablando de la empresa que explota recursos perfectamente definidos en la Constitución. A partir de ese principio, ¿qué tiene que ver el nacionalismo con la asociación? Toda la cuenca de Burgos se explota con empresas privadas. En aguas profundas necesariamente se requiere sociedad.
“Estados Unidos ha llenado de torres el Golfo de México y nosotros tenemos dos. La pregunta es: ¿qué queremos?, ¿que el país siga creciendo de forma mediocre, sin generar empleos o que haya áreas de desarrollo de vanguardia? De otra manera no habrá recursos adicionales para la redistribución del ingreso.
Además, la gente se queja de que la electricidad es cara, pero si se logra reconvertir la generación de energía eléctrica con gas, se reducirá el precio,, señala el legislador.
–¿Esta reforma regularizaría la relación de Pemex con la iniciativa privada?
–No sólo eso. Tenemos que cambiar la naturaleza de la empresa, porque lo que Pemex hace con la IP no está al margen de la ley. Hay varios mecanismos con los cuales se puede asociar, pero debemos dar más claridad a los esquemas de asociación.
Podemos ser potencia energética, pero estamos desperdiciando la oportunidad. Vivimos en la paradoja de ser importadores netos de gas y gasolinas, siendo país productor.
–¿Tienen claro el costo político de impulsar una reforma como la que quieren, en beneficio del próximo presidente?
–No es un problema del presidente en turno, sino de lo que el país necesita, de pasar a ser de importador a exportador.
“Para eso necesitamos recursos. Resolvamos esas paradojas haciendo que la planta de Pemex tenga mayor capacidad de producción, hacer inversiones, construir refinerías.
No se puede convencer a todos
Y si esto va a beneficiar al país, crecimiento, que la sociedad tenga mayores beneficios; ¡hombre, estamos dispuestos a cargarlo! En política hay que tener definiciones y éstas siempre a algunos no les gustan. Y no podemos preocuparnos por convencer a todos. Los hechos demostrarán que tenemos razón.
–PAN y PRD hablan del regreso del PRI autoritario. ¿Va a ser autoritaria la toma de decisión sobre Pemex?
–El presidente electo, Enrique Peña Nieto, no ha tenido un solo gesto que se pueda calificar de autoritario.
Vamos a esperar la iniciativa, pero nuestra evaluación es que la reforma de 2007 se redujo a una disputa entre las secretarías de Hacienda y de Energía por el control de Pemex. Y que todas las reglas que aplicaron anularon todos los efectos de la reforma.
–En su campaña, Peña prometió bajar los precios de la energía eléctrica y la gasolina. ¿Esto es viable?
–Resolver esos temas requiere una reforma del sector, no sólo de Pemex, sino también de Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sí, se comprometió a que el precio de la luz baje, pero para eso necesitamos reconvertir la industria y explotar el gas.
–¿Esta reforma tiene plazos?
–Las reformas tienen que ser escalonadas. Primero la fiscal y después desgranar las otras. No podemos dejar al gobierno mexicano sin recursos, mientras no haya otro esquema que permita que Pemex siga pagando impuestos –concluye Marco Antonio Bernal.

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Que Videgaray ya se apuntó para el 2018

Que Videgaray ya se apuntó para el  2018
Todavía no toma posesión Peña para pasar, de presidente electo a constitucional, cuando ya su mano derecha: Luis Videgaray se apuntó en la lista para la sucesión

Revista EMET


Todavía no toma posesión Peña para pasar, de presidente electo a constitucional, cuando ya su mano derecha: Luis Videgaray se apuntó en la lista para la sucesión (si Peña termina su período) del 2018. Para ese año Ebrard y su Videgaray: Manuel Camacho, ahora senador y a quien se le escapó la candidatura presidencial, por las perversidades de Salinas será el candidato del chuchismo y de Cuauhtémoc Cárdenas si es que su hijo Lazarito es el presidente de lo que quede del PRD. Por el PAN la quiere el rabioso y bravero senador panista que ladra y muerde Lozano Alarcón; aunque anda muy mansito y cínicamente quiso saludar a Martín Esparza. En la oportuna foto de Carlos Cisneros (La Jornada: 12/X/12), el líder del SME le da la espalda y se sonríe, mientras Javier Lozano hace el ridículo.
Marcelo Luis Ebrard, quien deja una administración corrupta, con sus aparatosos y privatizados “segundos pisos” (¿y la Constitución, Marcelo?), y descuidadas las delegaciones, no obstante su complicidad con los delegados, ya abrió la boca para la sucesión del 2018, porque no pudo contra López Obrador quien se lleva sus 16 millones de votos. Así que por el PRI está Videgaray, el alumno de Pedro Aspe (la hija de éste quiere la dividida secretaría de Comunicaciones), quien se siente flotar al lado de Peña. Los priistas saben, como dijo José Alfredo: que “no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar”, y dejan que Videgaray y David López (con Carlos Olmos Tomasini y Oscar Argüelles), sigan por las nubes.
Otro apoyador de Videgaray y que se siente secretario del Trabajo es Alfonso Navarrete Prida y quien con el “líder” de la Lotería Nacional, tiene todas las concesiones para su venta fija en Sonora (y se sabe que tuvo mucho que ver en venta de extensos terrenos mexiquenses). Navarrete, por ser tapadera siendo procurador en el Estado de México, fue agraciado con una notaría; pero nunca circuló la Gaceta donde debía aparecer su nombramiento. No le calan la Banda Presidencial al de Atlacomulco, y ya su célebre hombre del maletín tiene ensueños (sueños despierto) de ser su sucesor. Primero quiere la secretaría de Hacienda, si no repite el calderonista Meade (Pedro Aspe no quiere Pemex; Ángel Gurría preferiría Relaciones Exteriores, muy peleada por el echeverrista Juan José Bremer y de Martino y Lozoya Austin).
Videgaray, acompaña y le habla a la oreja a Peña en sus giras (para que esté ocupado y no se le haga más larga la espera), y supone ser el favorito no obstante que ya en la silla, como los que han llegado, cambian de parecer o no pueden imponer a sus amigos. El futurismo a largo plazo se ha desatado en las tres facciones del peñismo: la de Peña, la de Murillo Káram y la de Emilio Gamboa, más los intereses de Salinas y Zedillo. Pero Videgaray sabe que quien “pega primero, pega dos veces”, y tal vez por eso en este primer tramo prefiere ser el Mouriño y José Córdoba de Peña, creando una poderosa Oficina en Los Pinos y desde ahí mover a sus alfiles para la sucesión 2018. Dicen, a propósito, que “no por tanto madrugar, amanece más temprano”.
Álvaro Cepeda Neri - Opinión EMET
 

El PRD de Marcelo: la "izquierda" que necesita la oligarquía

El PRD de Marcelo: la
Con todo, lo que sí queda claro es que perredistas y miembros del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), buscan convencer de que son la “izquierda” que necesita la oligarquía


Sin la unidad plena de las fuerzas progresistas, la democratización del país seguirá siendo una entelequia. Por lo pronto, tal posibilidad ya se dificultó por la alianza entre el PRD y el Movimiento Ciudadano con el PAN, en vez de hacerlo con el PT. El pretexto fue presentar un frente en favor de la transparencia sindical en la iniciativa de reforma laboral que se empantanó en la Cámara de Diputados. Tal asociación política no tiene mucho futuro, tal como lo aprecia correctamente el líder de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, porque una cosa son las negociaciones políticas, necesarias siempre, y otra la lucha por intereses de clase.
            En este asunto, aparentemente coyuntural, se juega el futuro de la izquierda mexicana. Esto lo saben perfectamente los principales dirigentes de los partidos que establecieron una alianza comparable a querer mezclar el agua con el aceite. Sin embargo, ellos pretenden hacer creer a sus seguidores que si se puede lograr, para beneplácito del PRI, pues mientras los aliancistas sigan ocupados en apuntalar ese objetivo, dejarán de lado una verdadera lucha en contra de los intereses oligárquicos que defiende el partido mayoritario en las cámaras y en el Ejecutivo.
            Con todo, lo que sí queda claro es que perredistas y miembros del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), buscan convencer de que son la “izquierda” que necesita la oligarquía, para frenar los avances de una verdadera izquierda progresista, que amenaza ya en el horizonte, al demostrarse que el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha encontrado amplias simpatías y apoyos en todo el país. Se habrá de conformar como partido, luego de la asamblea nacional del 20 de noviembre. Entonces se definirán las diferencias de unos y otros.
            Por lo pronto, es evidente asimismo que están fructificando los esfuerzos de los llamados “Chuchos” (a quienes se creía en franca retirada), orientados a dividir a la izquierda y frenar sus avances. Esto lo parecen entender quienes dirigen el Partido del Trabajo (PT), por eso decidieron no seguir el juego de Jesús Zambrano y Manuel Camacho Solís, quien ha sido un paciente promotor de Marcelo Ebrard desde hace más de dos décadas, y es hasta ahora que las cosas se vislumbran positivas para ambos, una vez que Ebrard decida contender por la presidencia del PRD y sea quien encabece la lucha contra el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
            Sería muy lamentable que así se dieran las cosas, pues los únicos beneficiados serían los priístas y sus aliados, al allanarle el camino la seudo izquierda para consolidar sus objetivos antidemocráticos y mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. La izquierda dividida volvería a un tercer sitio en las preferencias electorales, y se darían también las condiciones para que en menos tiempo pudiera construirse el bipartidismo de derecha con el que tanto han soñado la oligarquía “mexicana” y la Casa Blanca en Washington.
            El PAN está actuando de manera inteligente al formalizar una alianza táctica con el PRD y el Movimiento Ciudadano, pues neutraliza el que debiera ser el objetivo fundamental de la izquierda en este momento: consolidar un segundo lugar en las preferencias electorales, arduamente conseguido gracias al liderazgo de López Obrador y a su voluntad de no rendirse ante la adversidad, tal como así lo hicieron en su momento Salvador Allende e Ignacio Lula da Silva, quienes lograron su propósito de vencer en las elecciones hasta la tercera vez que participaron en comicios muy difíciles.
            La lucha coyuntural en contra de la aprobación de una reforma laboral antidemocrática es un señuelo infantil. Nada se habrá de conseguir en contra de la propuesta de la oligarquía. Se mantiene la expectativa de una posible derrota en el Congreso de tal reforma, sólo con el fin de que los panistas dividan a la izquierda y se renueven sus esperanzas de recuperar a electores conservadores que decidieron votar por el PRI en las elecciones pasadas. Esto es del mayor interés para ambos partidos, pues se afianzarían posibilidades de construir un bipartidismo que cancelara definitivamente la competitividad de una izquierda sin expectativas de triunfo.
            De ahí que en los meses venideros, sea Marcelo Ebrard quien reciba toda la atención de los medios, se magnifiquen sus logros en la responsabilidad que la ONU le asignó a nivel internacional, y en su momento quede allanada su candidatura como el líder natural de una “izquierda” que no pondría en riesgo la gobernabilidad del país. Eso es lo que le harían creer a la sociedad poco informada, aunque tal posibilidad no se concretaría porque las causas de la ingobernabilidad no dependen de que la izquierda sea o no radical, sino de la dramática descomposición del tejido social, cada vez más grave y dañina para las clases mayoritarias.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
 

Experto: no hay aún condiciones para participar en esos mecanismos

Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Lunes 5 de noviembre de 2012, p. 16
Ante las presiones internas y externas para que las fuerzas armadas participen en operaciones de mantenimiento de paz en el extranjero, Abelardo Rodríguez Sumano, especialista en temas de seguridad nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, aseveró que no están dadas las condiciones para que desde una política de Estado, México decida participar en las misiones comandadas por Naciones Unidas.
En entrevista, habló de la posibilidad de que tropas mexicanas salgan al extranjero y subrayó que aunque las fuerzas armadas ya están participando en actividades coincidentes con Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, México es sólo observador de las misiones de paz, pues todavía falta que la definición de participante salga de Los Pinos.
Además, debe tener el respaldo de las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa, Marina y del Senado, con una perspectiva, que sea concomitante con la Constitución, la Doctrina Estrada y una política de defensa de conjunto.
Rodríguez Sumano, quien es miembro del International Working Group on Homeland Defense and International Security, del Norad y el Northcom, concluyó: en mi perspectiva, no hemos llegado a ese punto y sólo después de que ordenemos las asignaturas pendientes en el plano nacional, México podrá definir una eventual salida de tropas al exterior en dichas operaciones.
El investigador del Departamento de estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, añadió que el país se encuentra concentrado en la seguridad interior y la nacional, y tampoco hay consensos en este rubro sobre el uso legítimo de la fuerza; falta adecuar nuestra legislación y doctrinas a los cambios de un sistema internacional en transformación permanente, y con la evolución de amenazas múltiples a la seguridad, para ello, las fuerzas armadas requieren ir adelante, de la mano de la política exterior y las aspiraciones del país para hacer de México un actor más proactivo y propositivo que reactivo y rezagado en las transformaciones de la seguridad regional e internacional.
Principal tarea
Por otra parte, apuntó que actualmente en materia de defensa y seguridad nacional las fuerzas armadas se volcaron a resolver la problemática interior y esta es su misión principal, pues hasta la fecha el país no cuenta con una política de defensa de Estado que haya resuelto el papel que se debe realizar en el contexto internacional y multilateral.
Rodríguez Sumano recordó que la Doctrina Mexicana de Guerra, que data de 1942, establece que sólo se justifica la participación de las fuerzas armadas en un conflicto en el exterior, en condiciones extremas, únicamente cuando la soberanía y la independencia del país estuvieran en peligro. Como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas mexicanas participaron al lado de Estados Unidos.

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Listo, el Ejército Mexicano para enviar tropas al extranjero, afirman militares

Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Lunes 5 de noviembre de 2012, p. 16
El gobierno mexicano se ha mantenido al margen de participar en operaciones de paz comandadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pese a que hay voces en la cancillería en favor de que las fuerzas armadas tomen parte en estos operativos, ya que México ocupa el lugar 23 entre los principales donadores a la ONU y aporta más de 32 millones de dólares anuales al mantenimiento de dichos mecanismos pacificadores en el mundo.
Ante este vacío, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impulsó, a partir de este año, una intensa campaña internacional para posicionar al país ante los ejércitos del continente, los cuales tienen como tema fundamental de su agenda la participación en operaciones de paz.
En febrero de 2012, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, asumió la presidencia de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) para el periodo 2012-2013, no obstante que su gestión como titular de la Sedena concluirá hasta diciembre próximo.
La CEA es un foro de análisis e intercambio de ideas y experiencias en el ámbito de la defensa, y el Ejército Mexicano participó como observador desde su creación, en 1960; fue hasta el gobierno panista de Vicente Fox que se integró como miembro de la conferencia, en 2001.
Durante la administración de Fox comenzaron las presiones internas y externas para que México enviara contingentes al extranjero, y apenas la semana pasada el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar la Constitución y dar facultades al presidente de la República para que autorice la salida de integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada para realizar misiones de instrucción, entrenamiento, misiones humanitarias y visitas oficiales.
Al asumir la presidencia de la CEA, el Ejército agregó a los cursos que imparte en sus planteles materias sobre operaciones de mantenimiento de paz, derecho internacional humanitario y participación de militares mexicanos como observadores en ese tipo de acciones, así como la intervención activa en foros internacionales en los que el tema central son estas operaciones.
En agosto pasado, en Guatemala se realizó un ejercicio de gabinete para la aplicación de los manuales de la CEA en torno a dichas operaciones.
En el acto se estableció que esos mecanismos son responsabilidad internacional colectiva, instrumento concreto y viable, disponible y posible de usar por hombres y naciones que comparten la preocupación común por la seguridad mundial.
Por seis décadas, agrega una información sobre el encuentro, los ejércitos de nuestro continente han sido activos contribuyentes, alcanzando visibilidad internacional y capitalizando el acervo profesional, apoyando el multilateralismo y al fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas.
El ejercicio, que se desarrolló en el Comando regional de entrenamiento de operaciones de paz, en Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, del 13 al 19 de agosto pasado, tuvo el propósito de contar con una metodología común para educación y entrenamiento en operaciones de mantenimiento de paz dentro de la CEA, en el área de formación táctica y técnica del personal y unidades de los ejércitos, se informó.
Participaron oficiales de los ejércitos de Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Guatemala.
En la reciente reunión de ministros de defensa de las Américas, en Punta del Este, Uruguay, uno de los tres temas centrales fue el de las misiones de paz.
En ese encuentro, en el que la delegación mexicana estuvo encabezada por Galván Galván, se destacó la importancia que juega la Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de dichos mecanismos, particularmente respecto a la interoperatividad de los contingentes.
La reunión concluyó con que más allá de los porcentajes que Naciones Unidas establezca para la inclusión de mujeres en dichas operaciones, su participación es de fundamental importancia para contribuir de manera cualitativa al cumplimiento de los mandatos.
De acuerdo con militares consultados, el Ejército Mexicano está listo para enviar tropas al extranjero “si así lo decide el Congreso y el comandante supremo de las fuerzas armadas –el presidente de la República–, y a juzgar por la labor de internacionalización que ha impulsado la Sedena recientemente, los soldados se preparan para tales misiones.

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Presiona Samaras para aprobar medidas de austeridad en Grecia

Afp
 
Periódico La Jornada
Lunes 5 de noviembre de 2012, p. 33 

Atenas. El primer ministro griego, Antonis Samaras, volvió a amenazar el domingo con una posible salida de su país del euro, si el Parlamento rechaza las nuevas medidas de austeridad reclamadas por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. El miércoles, el Parlamento griego habrá de manifestarse sobre una ley relativa a recortes presupuestales y otras reformas por más de 18 mil millones de euros y el próximo domingo sobre el presupuesto para 2013. Según Samaras, la aprobación de estas medidas es condición necesaria para que el país haga desaparecer definitiva y irrevocablemente el riesgo de salir del euro. Tenemos que salvar al país de la catástrofe (...) Si no logramos mantenernos en la zona euro, ya nada tendrá sentido, declaró. Atenas trata de persuadir a sus acreedores internacionales de los avances realizados en materia de reformas para que desbloquen el tramo de 31 mil 500 millones de euros, pendiente desde junio, para que el país no caiga en suspensión de pagos.