viernes, 23 de noviembre de 2012

Invitación a Misa en la Imprenta del SME

Solicita SME al Congreso michoacano emitir un pronunciamiento por el respeto al estado de derecho

La apelación a los legisladores michoacanos, es la dictaminación de un punto de acuerdo, para que se respete el resolutivo obtenido del segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral
 
   





Dalia Villegas Moreno
Jueves 22 de Noviembre de 2012 


CAMBIO DE MICHIACÁN
Morelia, Michoacán.- Tras el resolutivo emitido el pasado 8 de noviembre por el segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, que determinó injustificado el despido de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, y lo que constituye la reinstalación de los electricistas en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presenta hoy ante el Congreso de Michoacán, un punto de acuerdo para solicitar un pronunciamiento de los legisladores por el respeto al estado de derecho.

Lo anterior lo informó Gerardo Israel Núñez Delgadillo, prosecretario de seguridad e higiene del Comité Nacional del SME, quien recordó que en el estado de Michoacán se localiza la división Tepoztepec, donde habitan alrededor de tres mil familias de electricistas, que a raíz del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, del presidente Felipe Calderón Hinojosa en octubre de 2009, enfrentaron la pérdida de su patrimonio laboral.

En rueda de prensa, Núñez Delgadillo detalló que la apelación a los legisladores michoacanos, es la dictaminación de un punto de acuerdo, para que se respete el resolutivo obtenido. “El patrimonio laboral ha sido recuperado, le ganamos en un juicio al gobierno federal, tocará protegerlo, para que no se trastoque, por ello solicitamos el respaldo de los legisladores”, expuso.

Agregó que los miembros del Comité Nacional del SME han sostenido pláticas con los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, a saber: el priísta Salvador Galván Infante, el perredista Fidel Calderón Torreblanca, el petista Reginaldo Sandoval, a quienes han insistido en la necesidad de que el Congreso se manifieste con este punto de acuerdo, para que sea respetado “lo que ya se juzgó”.

Subrayó que el resolutivo determinado por el segundo tribunal colegiado, especifica que no hubo causa de fuerza mayor, y que la CFE es patrón sustituto, por lo que resulta inapelable e inatacable, dado que el único recurso que tenía el gobierno federal era un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Detalló que si bien este órgano, avaló el “ilegal” decreto de extinción de Luz y fuerza, en junio de 2010 sentenció sin embargo, que en materia laboral, los trabajadores tenían que hacer valer su derecho, por lo que hace ocho meses rechazó la solicitud de la Procuraduría General de la República, que requería la atracción del caso, toda vez que la SCJN defendió que se trataba de un conflicto laboral y que debía resolverse en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y los tribunales.

Advirtió que pese a las pretensiones de impugnar este resolutivo, el SME se mantendrá atento y “en pie de lucha” a fin de que no se atropelle un “logro histórico” en materia laboral, lo anterior, insistió, “debe verse amparado también por el respaldo de nuestros legisladores”.

El electricista aprovechó las cámaras para reprochar las pretensiones que según dijo, subyacían en el decreto calderonista:

“Lo que siempre estuvo detrás del decreto de Felipe Calderón Hinojosa era permitir que empresas privadas, tuvieran contratos por más de 25 años, y así se logró en buena medida, por lo que actualmente, productores independientes tienen el 60 por ciento de la producción de energía eléctrica; entre las empresas transnacionales favorecidas se encuentran, Iberdrola, unión fenosa y mitsubishi”, apuntó.

Y en el contexto de la culminación del sexenio del “presidente del empleo”, Núñez Delgadillo destacó el saldo negativo que según dijo, dejará el sexenio de Felipe Calderón: “60 millones de mexicanos en la pobreza, 14 millones de despedidos con los doce años de gobiernos panistas, 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, lo que ha dado como resultado un estado fallido”, dijo.

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Alistan abogados de sindicatos una "lluvia de amparos" contra la reforma laboral

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 22 

Abogados de gremios preparan amparos contra la inconstitucionalidad de la reforma laboral aprobada por los diputados y senadores del país, a fin de que cuando sea promulgada por el Ejecutivo se interpongan múltiples recursos individuales y colectivos contra la aplicación de la misma, bajo el argumento de que viola preceptos fundamentales de la Carta Magna, convenios y tratados internacionales, así como derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos.
Los gremios de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), pertenecientes al Congreso del Trabajo, conjuntamente con sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Frente Sindical Mexicano, encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), arrancarán en breve la lluvia de amparos contra las modificaciones que aprobó el Legislativo a la Ley Federal del Trabajo.
Segunda etapa de acciones
En conferencia de prensa, las dirigencias de la CROM, del SME, del STUNAM, de Pilotos de Aviación, telefonistas y otros anunciaron la segunda etapa de acciones contra la reforma, la cual se basará en el ataque legal, tanto internamente como en el extranjero, ya que se presentarán también demandas ante organismos internacionales, debido a que la misma viola, por ejemplo, acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Rodolfo González Guzmán, líder de la CROM, apuntó que gremios de diversas corrientes han acordado alianzas con el fin de defender al sector obrero de la aplicación de la nefasta y regresiva reforma del presidente Felipe Calderón, y porque se avecinan otras iniciativas que son igualmente dañinas para los trabajadores mexicanos. Ya se habla, dijo, de acabar con los subsidios a la electricidad, el agua, los hidrocarburos y otros.
Premio a legisladores
En tanto, el dirigente del SME, Martín Esparza, indicó que al parecer el premio que se le dio a los legisladores por aprobar de volada esta reforma, que atenta contra el artículo 123 constitucional, son los vehículos nuevos que les autorizaron comprar, así como fijar a su gusto lo que será su aguinaldo. Resaltó que no les importó que la modificación a la Ley Federal del Trabajo vuelva más pobres a los trabajadores del país.
Sostuvo que por ello continuarán estas organizaciones en la búsqueda de conformar una central obrera independiente que aglutine diversas fuerzas.
Carlos Manuel Díaz Chávez Morineau, dirigente de la Asociación de Pilotos de Aviación, planteó que la reforma, al violar derechos básicos de los trabajadores, podría afectar la paz social del país.
Por el Sindicato de Telefonistas habló Rafael Marino, quien dijo que la referida reforma sella dos sexenios de gobiernos que se dedicaron a favorecer a los patrones, 12 años en los que la constante fue la pérdida de los derechos laborales y de cerrazón al diálogo con los trabajadores.
A su vez, el Stunam, en voz de Carlos Galindo, sostuvo que la intención de los gremios es ir por la consolidación de la unificación de luchas, el fortalecimiento de la unidad sindical, pues los trabajadores ya no pueden seguir siendo excluidos de las políticas públicas.

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Calderón, el destructor del Estado de derecho

Calderón,  el destructor del Estado de  derecho
Con su proverbial ausencia de un mínimo sentido crítico, Calderón llega al final de su mandato creyéndose sus propias alabanzas

Revista EMET
En la que fue su última aparición en el balcón central de Palacio Nacional, Felipe Calderón vio el desfile militar conmemorativo del 102 aniversario de la Revolución Mexicana. Podría hacerse el parangón con Porfirio Díaz presidiendo los festejos del centenario de la Independencia, convencido de ser un estadista promotor del progreso de la patria, cuando en realidad era ya la sombra de sí mismo y el destructor del Estado de derecho.
          
Con su proverbial ausencia de un mínimo sentido crítico, Calderón llega al final de su mandato creyéndose sus propias alabanzas, aun cuando como en el Porfirismo, México es en este momento la nación más desigual entre las principales economías emergentes, con un sistema político desecho por tanta demagogia y cinismo, y con instituciones cada vez más al servicio de una oligarquía apátrida.

No deja de ser una cruel paradoja que cien años después de haberse iniciado la compleja lucha del pueblo mexicano por liquidar el feudalismo, hayamos dado una vuelta completa a la Historia y estemos en muy parecidas condiciones a las que vivía entonces la población más pobre de una nación rural y con muy escasa organización social.

Sin embargo, para Calderón las cosas son muy diferentes, al mirarlas desde una perspectiva completamente ajena a la realidad. Según él, la historia nacional recordará este periodo como el de la decisión de “romper las cadenas que lo querían atar al miedo y a la violencia criminal”. La verdad es todo lo contrario, pues con su estrategia de combate al crimen organizado lo que logró fue crear en la sociedad un miedo plenamente justificado por la violencia que desató al sacar al Ejército a las calles.

No fue un acto gratuito que la gente reunida en torno al Monumento a la Revolución, para presenciar el desfile del 20 de noviembre, al ver llegar a los militares empezara a gritar que regresaran a sus cuarteles, cada vez con más seguridad y firmeza, hecho que por supuesto no fue notificado por los cronistas de los medios electrónicos. Si esta situación no la toma en cuenta Enrique Peña Nieto, seremos testigos de la continuidad de una política contraria a la necesidad de preservar el prestigio de las fuerzas armadas.

En su discurso, Calderón se refirió al imperativo de aprovechar que hoy el país tiene, según él, instituciones mejor preparadas y es más fuerte para enfrentar a la delincuencia. Sin embargo, es válido dudarlo porque luego de seis años no se notaron avances en una estrategia fallida que ocasionó más de cien mil muertos. No hay bases para afirmar que el Estado mexicano esté mejor preparado para superar los gravísimos problemas que ocasionó el manejo faccioso y patrimonialista del poder.

Deja un legado de desprestigio de las instituciones que rebasa nuestras fronteras, así lo muestran las recomendaciones de gobiernos extranjeros para no visitar México por sus altos niveles de peligrosidad en las calles. Deja una nación extremadamente endeudada, y tremendamente comprometida con intereses foráneos, situación muy semejante a la que se vivía hace cien años, cuando México era un territorio dominado por filibusteros extranjeros que tenían todas las facilidades del gobierno dictatorial para depredar a la nación.
Con todo, Calderón no tuvo empacho para afirmar que “la justicia, la defensa de la vida, la libertad y la integridad del patrimonio de las personas son principio y fin, razón de ser de todo Estado de derecho. Por lo mismo, protegerlos de la criminalidad y de quienes atentan contra su libertad e integridad, han sido no sólo un imperativo legal y constitucional, sino también político y épico”.

Los hechos nos demuestran que sucedió exactamente lo contrario: en su “gobierno” lo que menos importó fue la preservación de la justicia, la libertad y la integridad del patrimonio de las personas como lo demuestran los más de un millón trescientos mil desplazados que tuvieron que abandonar su patrimonio para salvar su vida. La criminalidad fue en ascenso durante el sexenio, al grado de que en la actualidad amplios territorios parecen haber retrocedido a los tiempos del viejo Oeste norteamericano.

Es un notable contrasentido que afirme que ha sido “un imperativo épico” haber sacado de sus cuarteles a los militares, cuando los resultados son lo más contrario a la épica, o sea el “género literario en verso en el que se narran hazañas de personajes heroicos o de pueblos, al que pertenece la epopeya”. Lo que consiguió finalmente fue atar más al país a los designios bélicos del gobierno estadounidense, por conducto de la malhadada “Iniciativa Mérida”. Así que esta conmemoración de un “gobierno” más identificado con el Porfiriato que con los revolucionarios, fue una más (ojalá la última), de las agresiones de una oligarquía apátrida al pueblo mexicano.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
 

El sexenio de los seis mil pesos

El sexenio de los seis mil  pesos
Este discurso de Cordero estuvo más que fuera de lugar, fuera de la realidad del mexicano común.

Revista EMET

Cómo olvidar aquella sentencia del entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien advertía palabras más, palabras menos, que en México una familia puede vivir bien con el sueldo mensual de seis mil pesos de sólo un integrante de la misma y hasta comprar automóvil e ir pagando mes a mes el costo de una casa propia.

Este discurso de Cordero estuvo más que fuera de lugar, fuera de la realidad del mexicano común.

Lo relevante del asunto, es que más allá de que los funcionarios crean o no que una familia en México puede sufragar todos sus gastos de manera cómoda y hasta tener acceso a créditos para la adquisición de bienes de costos mayores incluso de lo que devengan por salarios en un sólo año, el hecho es que no hacen lo necesario y suficiente para concretar en sustancia sus discursos.

Como muestra, el asunto del “Buen Fin” que en su reciente edición acabamos de vivir por segunda ocasión, mismo que tiene sus pros y sus contras.

Es cierto que se critica que muchos mexicanos aprovechan estas  oportunidades de crédito sin intereses o descuento en efectivo para comprar un televisor, una computadora, un refrigerador y hasta una lavadora, y que en muchos casos los pescarán aún endeudados en la tercera ocasión del Buen Fin en caso de presentarse con la nueva administración sexenal.  Pero también muchos de quienes adquirieron estos artículos en verdad sólo esperan ocasiones como estas para adquirir estos aparatos, porque con sólo seis mil pesos al mes, sería impensable hacer el gasto en otro momento.  Y son los compradores que incluso, no tienen acceso a escuelas privadas para sus hijos, ni a vacaciones estructuradas fuera del ámbito familiar, ni a créditos para autos, ni mucho menos para casas.

El lado contrario y aberrante del “Buen Fin” es que los productos de abasto familiar y que sobre todo tienen que ver con los alimentos y productos para el mantenimiento diario de una casa, han aumentado su precio de forma excesiva; algunos de estos más del 50% de seis o cinco años a la fecha, al grado que con la misma cantidad de dinero que se compran diez o doce pollos en un supermercado, se puede adquirir también un televisor.

Pero a Cordero quien la fortuna no le sonríe del todo pero tampoco lo abandona para seguir cobrando sueldos exorbitantes del erario público, se le hace saludable que quienes le pagamos con nuestros impuestos, sí le otorguemos por su actividad legislativa, un carro nuevo, una computadora personal –además claro de su sueldo y demás prestaciones--, sólo porque es un ahorro para la Cámara de Diputados.

Si a Ernesto Cordero le importa o no que con seis mil pesos se pueda vivir bien en Mèxico, estaría bien que al menos mostrara un poco de cordura en el manejo de las finanzas del erario y familiares, y lo de menos sería, que igual que al que critica, le falle el manejo de sus lecturas al momento de presumirlas.

Acta Divina… El presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, y el responsable de la Comisión de Administración, Jorge Luis Lavalle, aseguraron que la entrega de 275 mil pesos a cada uno de los 128 legisladores para la compra de un automóvil  y de una computadora personal constituye un ahorro significativo para el poder Legislativo
 
Claudia Rodríguez - Opinión EMET 

Aún con acuerdo con CFE, incrementa resistencia civil

Solís Calvillo
El Heraldo de Tabasco
22 de noviembre de 2012

Ruth Pérez Magaña

El dirigente municipal del PRD, reconoció que mientras se logra la negociación al terminar el Acuerdo Compensatorio incrementará el padrón. (Foto: Javier Chávez/El Heraldo de Tabasco)


Villahermosa, Tabasco.- El dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Centro, Antonio Solís Calvillo reconoció que mientras se logra una negociación con la federación y el estado al terminar el acuerdo compensatorio incrementará el padrón de resistencia civil.

Aún con el acuerdo compensatorio que tiene firmado el actual gobierno estatal con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha incrementado la negativa de pagar la luz, situación en la que se encuentran 70 mil personas en el municipio de Centro, por ello en la medida que después del 30 de noviembre los recibos por consumo de luz lleguen más elevados será un factor para que crezca el movimiento de Resistencia Civil.

"Todos estamos en la lógica de que necesitamos una tarifa justa, pero hemos visto que CFE es una pared de negociación ante la ciudadanía, no están para escuchar a la ciudadanía", refirió en entrevista.

Consideró que el planteamiento que realice el gobernador electo Arturo Núñez con el gobierno federal tiene que ser distinto, con estudios técnicos para demostrarle a la CFE y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) la necesidad de una tarifa justa, para acordar en los términos que sea necesario lograr el borrón y cuenta nueva.

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Ordenan a CFE reportar el monto total del suministro eléctrico gratuito otorgado a sus trabajadores

Organización Editorial Mexicana
19 de noviembre de 2012
El Heraldo de Chihuahua

Carlos Lara / El Sol de México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá buscar y reportar el monto total en pesos, a nivel nacional y por cada estado, del suministro gratuito de energía eléctrica que proporcionó a sus trabajadores sindicalizados y de confianza como prestación, entre septiembre de 2011 y septiembre de 2102.

Así lo instruyó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) al resolver un recurso de revisión.

Y es que a una solicitud, la CFE informó que cuenta con más de 14 mil 700 trabajadores de confianza y 54 mil 500 sindicalizados, mediante un Contrato Colectivo de Trabajo entre CFE y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) que data de 1974, a los que brinda energía eléctrica gratuita hasta por 350 kilowatt-hora mensuales, en los lugares en donde existe red de distribución de la misma. Sin embargo no informó a cuánto equivale en pesos el otorgar dicha prestación, como lo pidió un ciudadano, argumentando que no cuenta con la información desglosada como fue requerida; aunque precisó que equivale a 0.6 por ciento de los casi 292 millones de pesos que obtuvo en el ejercicio 2011. Cuando el IFAI analizó el caso, encontró que la solicitud no fue turnada a todas las unidades que podrían contar con dicha información, además de que en los archivos del Instituto, se encontraron dos peticiones similares que ya fueron resueltas, además de que en algunos estados se encontró el detalle requerido por el solicitante. Por lo anterior, se consideró que la Comisión Federal de Electricidad debe contar con los datos requeridos, así que se le instruyó a una nueva búsqueda. 

Mouriño, Blake y los 100 mil homicidios de Calderón

Mouriño, Blake y los 100 mil homicidios de  Calderón
Insisten desde Los Pinos en que fueron accidentes… ¿accidentes, accidentes? Curados de espanto los mexicanos dudamos de la verdad oficial.

Revista EMET

Nacido en Galicia, España, y naturalizado mexicano, Juan Camilo Mouriño fue diputado federal, subsecretario en Energía, jefe de la campaña presidencial de Calderón. Poder absoluto en la Oficina de Los Pinos, secretario de Gobernación y precandidato a la sucesión calderonista. José Francisco Blake Mora fue sacado de la chistera calderonista para sustituir a aquél en Gobernación y también tenía ansias de torero para la sucesión presidencial. Como Colosio en el salinismo y Obregón en el callismo, ambos murieron en el intento y quedaron en la sospecha de accidentes… intencionales.

Dicen que un avión volaba cerca del aparato del gachupín-mexicano, y que sus turbinas de alta potencia lo capturaron y echaron abajo, a unos minutos de aterrizar. Y que la neblina provocó que el helicóptero de Blake chocara en una pendiente alta, tras haber cambiado de ruta a la fijada de antemano. No se dijo que minutos antes una avioneta sobrevoló el lugar del percance, y lo que campesinos del lugar oyeron y vieron.

Calderón los lloró en público. Los homenajeó como “héroes”, y no precisamente como mártires de sus ambiciones políticas. Más a Mouriño, tanto que en Campeche, donde radican las matrices de los negocios de la familia, tiene una estatua. Y fue a Galicia para verificar que Pemex concrete los contratos para la construcción de barcos-hoteles, y a visitar la tierra de los Mouriño. Pero los mexicanos no estamos convencidos de que fueron accidentes. La comisión que investigó el “accidente” de Blake, informó que el piloto era lo mejor de los aviadores… pero de todas maneras cometió un error (“error humano” machacaban) y tuvo lugar el encontronazo de la nave contra un cerro.

Insisten desde Los Pinos en que fueron accidentes… ¿accidentes, accidentes? Curados de espanto los mexicanos dudamos de la verdad oficial. Lo de Colosio no fue un accidente. Ni lo de Obregón. Ni el atentado contra Ortiz Rubio. Y para nadie es novedad que Mouriño quería la candidatura presidencial por el PAN. Y Blake, también acariciaba esa ambición. ¿Qué no guardó su distancia el avión donde viajaba Mouriño, respecto a la nave que iba por delante? Y, ¿el piloto de Blake cometió varios errores? Se dice que el “poder… es el poder de matar”. Refrán ruso que le viene muy al pelo (y es calvo) a Putin, el nuevo Stalin de Rusia.

Calderón tuvo como titulares de Gobernación a: Ramírez Acuña, quien lo “destapó” retadoramente contra Fox y terminó de Embajador. A un Mouriño que no podía controlar. Gómez-Mont, el que negoció con Beatriz Paredes y Peña para no hacer ruido en el Estado de México. A Blake Mora. Y a Poiré. El asunto, pues, es que las muertes de Blake y Mouriño se quedan en el misterio y sólo unos cuantos saben lo que en verdad ocurrió. Dos casos para Hércules Poirot, el célebre detective de Agatha Christi, en sus novelas policiacas. Un muerto más o un muerto menos, son rayas al tigre panista, ya que entre los más de 100 mil homicidios de Calderón nada altera el récord que supera al pasado inmediato.
Álvaro Cepeda Neri - Opinión EMET
 

La brutal e irracional violencia de Calderón

La brutal e irracional violencia de  Calderón
Puntualizó Plascencia que de 2005 a la fecha, la comisión que preside recibió 34 mil 385 quejas contra servidores públicos adscritos a las áreas de seguridad en el ámbito federal

Revista EMET


En reunión de trabajo con senadores, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dio a conocer una realidad espeluznante sobre la realidad que se vive en México sobre un tema que preocupa profundamente a la sociedad. Esta contrasta con la visión absurdamente triunfalista de Felipe Calderón, quien a unos cuantos días de dejar el cargo que jamás debió ocupar, muestra su verdadera catadura.

Su inconciencia superlativa queda demostrada con los datos a los que hizo mención el “ombudsman” Plascencia, pues no dejan dudas sobre un monumental fracaso del programa de “gobierno” estelar de Calderón. La CNDH cuenta con un registro de 46 mil ejecutados, 15 mil 921 cuerpos no identificados y mil 421 inhumaciones clandestinas, cifras que patentizan el horror que se ha vivido en este sexenio sangriento.

Puntualizó Plascencia que de 2005 a la fecha, la comisión que preside recibió 34 mil 385 quejas contra servidores públicos adscritos a las áreas de seguridad en el ámbito federal. Pero si en el primer año del sexenio recibió sólo una queja por tortura, para 2011 tal cifra se había elevado a 2 mil 040. Añadió que se investigan  2 mil 126 casos de desapariciones forzadas y se tiene registro de 24 mil 091 personas reportadas como extraviadas o no localizables.

Plascencia solicitó a los senadores que llamen a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que explique los casos de tortura y desapariciones forzadas. Afirmó que varias veces habló con Calderón sobre la tendencia que se venía dando en materia de violaciones a derechos humanos, “pero tal parece que los funcionarios no hacían caso. Aquí vemos al secretario de Seguridad Pública que no le hace caso ni al Senado”.

Los hechos son muy claros al respecto, lo que patentiza el desprecio del “gobierno” calderonista a la sociedad, actitud demostrativa del concepto monárquico del poder que tiene la ultraderecha mexicana. No sólo eso, pues hay ejemplos de sobra de que su único propósito al buscar el poder fue gozar de privilegios inalcanzables por otro camino. Tan es así que considera que su única obligación es inaugurar obras, muchas de ellas a medias, cuya ejecución es  un deber del Ejecutivo, no una dádiva a la población.

Cabe subrayar que aun cuando Calderón considera que su estrategia de combate al crimen organizado fue por demás exitosa, lo cierto es que 80 por ciento de mexicanos considera que la violencia es peor ahora que al comenzar el sexenio, de acuerdo con la decimoprimera Encuesta Nacional sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana, cuyos resultados fueron dados a conocer el miércoles por la organización México Unido contra la Delincuencia y por la empresa encuestadora Consulta Mitofsky.

Precisa la muestra, que las opiniones que consideran un fracaso los operativos para combatir a los grupos delictivos, subieron de 23 a 46 por ciento en el último año; y ocho de cada diez personas perciben que la inseguridad aumentó con relación al año 2011. El secretario de México Unido contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa, afirmó que “la política pública de seguridad  aplicada en este sexenio no fue la adecuada”. Sin embargo, Calderón sigue afirmando lo contrario y se regodea ante las cámaras para demostrar su satisfacción.

Luego de un sexenio contrario al interés público, queda la convicción de que la ultraderecha no tiene capacidad para gobernar, debido a su estrecha y mezquina concepción del mundo y de la vida. Llevamos tres décadas de retroceso social y estancamiento económico que tiene empantanado el mercado interno y en franco deterioro la capacidad productiva del país. Con todo, Calderón sigue justificándose echando a otros la culpa de su fracaso.

Según él, debió enfrentar la peor crisis económica contemporánea, lo que no es cierto porque tuvo ingresos superiores a cinco billones de pesos por concepto de ventas de Pemex. Que los haya malgastado es otro problema. También enfrentó, dijo, la emergencia sanitaria de la influenza, problema ficticio creado en el exterior con el fin de ensayar una situación como esa en un país periférico. Y por último, “la brutal e irracional violencia del crimen organizado”, problema que como demuestran las cada vez más abundantes evidencias, fue creado por intereses ajenos al país con fines de control político por parte de grupos de poder trasnacional, como los encubiertos en la Iniciativa Mérida.

Un estadista con sensibilidad social y patriotismo no habría tenido esos problemas, pues no hubiera permitido que se presentaran, pues  afectarían no sólo a su gobierno, sino al país en su conjunto, como quedó plenamente comprobado. Sin embargo, lo más preocupante no es el terrible fracaso del régimen de la “alternancia”, sino el continuismo que todo indica será la consigna en los próximos años, con diferencias sólo de grupo de interés, no de estrategias de gobierno.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
 

Lamentable y preocupante, querer cambiar el nombre oficial del país, dicen politólogos

Foto
El presidente Felipe Calderón Hinojosa y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, durante la lectura de la iniciativa. La imagen fue captada en Los PinosFoto Guillermo Sologuren
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 5 

La iniciativa de reforma constitucional comentada ayer por el presidente Felipe Calderón para modificar el nombre oficial del país, no sólo es lamentable, sino preocupante, pues pretende argumentar, como un asunto de sentido común, eliminar el nombre de Estados Unidos Mexicanos, que hace referencia a nuestro origen como nación en un pacto federalista al que aún aspiramos como una utopía, afirmaron politólogos.
El nombre de nuestra nación, señalaron, no fue una ocurrencia ni se trata de estar copiando a otro Estado. Hay un sustento histórico, pero también político para esta denominación.
Enfatizaron que lo más alarmante es que poco más de una semana para abandonar el cargo, Calderón pretenda reformas que, por su trascendencia, exigen la generación de un debate serio e informado con la población.
Martha Singer, experta en el sistema político mexicano y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfatizó que los argumentos presentados por el Presidente para modificar el nombre del país, como el que la mayoría de la población se refiere a México y no a Estados Unidos Mexicanos, es más una ocurrencia que un argumento bien ponderado y fundamentado.
Agregó que pasa por alto la historia política mexicana. El nombre actual justifica los términos en que fue construida una nación pluricultural y fragmentada en un territorio heterogéneo que decide su división política respetando las diferencias de cada una de las partes, porque el pacto federalista se refleja en el nombre del país, y de ninguna manera nos coloca en un plano de subordinación con otras naciones.
Ricardo Espinoza Toledo, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especialista en gobierno y partidos políticos, señaló que siempre hemos querido ser una federación, por lo que el nombre de Estados Unidos Mexicanos es una aspiración legítima, federalista, que plasma un ideal de la nación que queremos ser.
Y destacó que no habla muy bien de un presidente saliente que a días de entregar el cargo siga enviando iniciativas de reformas constitucionales, pues significa que desperdició seis años de gobierno o que no fue capaz de construir una agenda legislativa. Señaló que no podemos descartar que en realidad se trata de una ocurrencia, de un cálculo político, pues difícilmente tendrá tiempo de cabildear su iniciativa en la Cámara de Diputados.
Al respecto, María Eugenia Valdés Vega, también experta en el sistema político nacional y catedrática de la UAM, señaló que el planteamiento para cambiar el nombre del país ha sido recurrente y siempre ha venido del Partido Acción Nacional.
La iniciativa quizá es un intento de Calderón por pasar a la historia lejos del marco tenebroso de los miles de muertos que se suman en el país, pero también deja la imagen de alguien que se fija en las apariencias y no en lo esencial. Es una actitud irresponsable y frívola. Es como el capitán de un barco que está preocupado por ponerle nombre, pero no ve que se hunde.

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Delincuencia, 70 mil muertos y pobreza, saldo del sexenio de Calderón: Cárdenas

Ernesto Martínez Elorriaga
 
Corresponsal
 
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 15 

Morelia, Mich., 22 de noviembre. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD y ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, declaró que la administración de Felipe Calderón deja 68 por ciento de los municipios del país bajo el control de la delincuencia, 70 mil muertos en la guerra contra el crimen organizado, 55 por ciento de los mexicanos en pobreza y una economía con crecimiento insuficiente.
Tras presidir la reunión de la Fundación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizada en el salón de usos múltiples de Ciudad Universitaria, Cárdenas dijo que basta observar las mismas cifras que da el gobierno, como el hecho de que en este sexenio se haya incrementado en 3 millones la cifra de pobres y en 25 por ciento la población en pobreza alimentaria, para darnos cuenta de que es necesario crear la infraestructura que el país requiere y generar los empleos que demandan los mexicanos.
No ha habido expansión de las actividades productivas, apuntó. Asimismo, subrayó el tema de los miles de muertos que dejó la lucha contra la delincuencia organizada: “este es el saldo de la administración que está por concluir.
Espero que el próximo gobierno aborde de frente estos problemas, que son muy graves, y que tengamos crecimiento económico, creación de empleos formales, que efectivamente pueda abatirse la violencia, que se pueda rescatar a los municipios que están bajo control de los delincuentes y que tengamos una etapa de progreso; eso es lo que deseo, no sé qué vaya a suceder.
Indicó que el país lleva 30 años de retroceso con los gobiernos neoliberales, hayan sido del PRI o del PAN; eso es muy claro, advirtió, por lo que se pronunció por que haya un viraje en la política económica. De lo contrario, iremos de mal en peor, y yo espero que haya cambios en el país.
–¿Le daría un voto de confianza al próximo presidente?
–Yo no doy votos de confianza a nadie, ni a mí.
Normal, festejo al Presidente en Michoacán
Al preguntarle su opinión sobre el homenaje que pretenden hacer aquí los panistas a Felipe Calderón, respondió que le parece muy normal.
Si tu familia quiere hacerte la fiesta de cumpleaños, me parece muy normal. A sus amigos seguramente les fue muy bien, a otros no les fue tan bien; a los 55 millones de pobres no les fue bien, tampoco a los que no encontraron trabajo o espacios en las universidades; no creo que ellos le vayan a hacer el festejo, concluyó.

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Morena realizará en el Ángel protesta contra el ex gobernador mexiquense

Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 13 

Con motivo de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de México, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) prepara una manifestación de protesta en el Ángel de la Independencia para el primero de diciembre próximo.
Martí Batres, presidente de Morena, explicó que en el mitin, que se realizará en la columna de la Independencia, los integrantes del Tribunal Electoral Popular emitirán su sentencia sobre los comicios de julio pasado.
Entre los miembros de dicho organismo se encuentran Bernardo Bátiz, ex procurador del Distrito Federal; Jesús Martín del Campo, Enrique Semo y Elena Poniatowska, quienes han revisado el proceso electoral.
Esa movilización forma parte de las manifestaciones que la agrupación realizará ese mismo día en las principales plazas públicas de las 32 entidades federativas. Su lema será que Enrique Peña Nieto no ganó las elecciones, sino las compró.
Al concluir una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Batres informó que no se efectuarán actos de protesta a las afueras de la Cámara de Diputados o frente a Palacio Nacional. En el primer lugar Peña Nieto rendirá protesta como jefe del Ejecutivo y en el segundo tendrá una celebración.
El diputado con licencia resaltó el carácter pacífico de las movilizaciones y que el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador asistirá a la que se efectuará en la ciudad de México por la mañana, donde se prevé que será el principal orador.
Por lo que hace a la Cámara de Diputados, informó que legisladores del movimiento que se encuentran en las diferentes bancadas de los partidos de izquierda se están reuniendo para definir las acciones de protesta que realizarán en el recinto parlamentario el primero de diciembre próximo.
Batres informó que en la reunión del CEN se asignaron tareas a los integrantes del comité, con el fin de dar cumplimiento al plan de acción de 10 puntos aprobado el martes pasado.
Entre las medidas previstas en ese programa se encuentra promover una campaña de afiliación, cuya meta es tener 3 millones de miembros en 2014, y una campaña de concientización entre los sectores empobrecidos del país que votaron por el PRI.
Se realizarán alrededor de 2 mil 500 asambleas municipales y 32 estatales. Se distribuirá el periódico Regeneración y se realizarán talleres de capacitación para jóvenes. Se llevará a cabo una campaña de cooperación y recaudación de recursos para el sostenimiento del movimiento.
También se prevén movilizaciones contra la privatización del petróleo y el eventual incremento al IVA y su generalización.

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Los trabajadores de base no serán despedidos, afirma la FSTSE

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 8 

No habrá recortes ni despidos de trabajadores de base al servicio del Estado con el cambio de gobierno, porque se acordó con autoridades federales no realizarlos, aseguró el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala. 

Sostuvo que la reforma aprobada de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que permite al nuevo gobierno despedir a 4 mil funcionarios que trabajan de directores de área, no pone en riesgo el empleo de ningún trabajador de base.

En entrevista, el senador priísta dijo que la reforma sólo se refiere a funcionarios que tienen cargos de directores generales de área, pero no toca a los trabajadores de base, que son los que llevan muchos años laborando y los que dan continuidad a las actividades de cada dependencia.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, expuso que incluso si hay fusión o desaparición de dependencias u organismos públicos, se tiene que aprovechar el capital humano y reubicar a los trabajadores, que son los que realmente saben ejecutar las labores.

En caso de que desaparezcan algunas secretarías con el nuevo gobierno, agregó, los trabajadores no deben ser despedidos, y eso no está en la mente de los priístas, señaló el diputado local. Agregó que los empleados debe ser ubicados en puestos similares a los que ocupan, sin importar el nombre de la dependencia.

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En los dos gobiernos del PAN la alta burocracia creció 127%

Rosa Elvira Vargas
 
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 8 

Entre 2001 y 2012 –esto es, durante las gestiones panistas– la burocracia federal creció 127 por ciento en mandos superiores y fueron los de subsecretarios, directores generales y directores adjuntos los puestos con mayores incrementos en todas las secretarías y dependencias del gobierno federal.
En los casos extremos del aumento de la burocracia de elite están la Procuraduría General de la República (PGR), que pasó en ese lapso de 135 a 875 funcionarios de alto rango (548 por ciento); la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que de 69 llegó a 391 (467), o la del Trabajo y Previsión Social (STPS), que subió de 79 a 259 (228 por ciento).

De acuerdo con datos difundidos por la Fundación Colosio del PRI, recopilados por el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, en los dos sexenios del PAN se creó una administración federal obesa, pues mientras a la llegada de Vicente Fox a Los Pinos había en nómina 4 mil 177 mandos superiores, Felipe Calderón entregará una lista de 9 mil 498.
El artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que fue modificado en 2005, incluye los rangos de director general, de área, subdirector de área, jefe de departamento y enlace, así como los niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente.
Todavía hasta 2007, cuando se eliminó el requisito, los delegados estatales de las dependencias federales llegaban al cargo por concurso. A partir de ese año, la designación de funcionarios quedó como prerrogativa del titular de la dependencia.
Lo cierto, coinciden funcionarios de rango medio entrevistados, es que los exámenes para convertirse en uno de los llamados mandos superiores eran casi inútiles, pues la decisión para favorecer a determinado candidato se adoptaba con antelación y no siempre atendiendo los criterios de capacidad y preparación exigidos en el concurso de selección.
Incluso, en ocasiones los requisitos –publicados en la convocatoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación– eran elaborados a modo del funcionario favorecido.
Las modificaciones a este ordenamiento –una de las cuales será el inciso a) del artículo 5 para nombrar por libre designación a los directores generales– aprobadas en las comisiones del Senado y próximas a discutirse en el pleno, parten precisamente de la estructura burocrática que heredará la administración de Enrique Peña Nieto.
Ésta se compone, según los registros mencionados por 456 subsecretarios y homólogos, mil 213 directores generales, mil 595 directores generales adjuntos y 6 mil 234 directores de área. Asimismo, también de acuerdo con la normatividad vigente, corresponde a la Secretaría de la Función Pública fijar las directrices para determinar los cargos que podrán ser de libre designación.
Esta dependencia, en caso de aprobarse las reformas propuestas por Peña Nieto, desaparecerá para dar paso a una comisión nacional anticorrupción que absorbería muchas de sus facultades, entre otras las relativas a los criterios de contratación y manejo de la burocracia federal.

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Aprueban en San Lázaro la desaparición de SFP y SSP

Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 7  

La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual desaparecen las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública (SFP), y concentra en Gobernación el uso de la fuerza para garantizar la seguridad interior, así como el control del gabinete presidencial.
Asimismo, se transfieren a la Secretaría de Hacienda las atribuciones de supervisión sobre el control interno de las dependencias de la administración pública.
El PAN intentó frenar la desaparición de la SFP con el argumento de que los secretarios designarán a los auditores, lo cual contrasta con el discurso anticorrupción del próximo gobierno.
La reforma fue avalada con 333 votos de PRI, PVEM y Panal, 50 en contra y 84 abstenciones, de éstas, la mayoría de perredistas que forman parte de la corriente Nueva Izquierda.
La abstención del sol azteca se hizo más evidente cuando el pleno desechó la propuesta del PAN para no desaparecer la SFP mientras en el Senado no se aprobara la comisión anticorrupción.
En una larga jornada para discutir el dictamen que presentaron las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública sobre la iniciativa del PRI, diputados de PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron que la reforma reditará prácticas del pasado, sobre todo las relacionadas con el uso político de la policía.
No al Estado gendarme, escribieron legisladores del PT en sendas mantas que llevaron hasta la mesa directiva, mientras el presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), defendía la reforma. Los mensajes incluían una fotografía del rostro del presidente electo, Enrique Peña Nieto, fusionado con el del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Blindan protestas
Durante la discusión en lo particular, el PRI aceptó modificar las fracciones XVIII y XIX del artículo 27, porque la redacción del dictamen incluía el uso de la fuerza policiaca federal para disolver disturbios u otras situaciones y en las situaciones de alteraciones graves del orden público.
Como estaba planteada la fracción XVIII, explicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno (PRD), la Secretaría de Gobernación podía intervenir contra una manifestación pública al considerar que se tratara de un disturbio.
Así podía actuar de manera discrecional contra la libre manifestación de las ideas, y de lo que se trata es de garantizar el ejercicio de las libertades y salvaguarda la manifestación pacífica y libre de las ideas, expresó.
Los diputados sólo dieron facultades a Gobernación –a la que se transfiere la Policía Federal– para “auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal competentes, que soliciten apoyo… en la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así se requiera o estime, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, e intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente”.
La nueva redacción, explicaron diputados del PRI, suprimió el fantasma de la represión que rondó el discurso de la izquierda.
Lilia Aguilar (PT) refirió que sus padres fueron perseguidos políticos cuando ella tenía 10 años. Los persiguió un Estado policiaco que reprimió no sólo a los padres, sino a los hijos para que no creciéramos revolucionarios.
Los diputados Rubén Camarillo (PAN), Rodrigo González Barrios (PRD), Manuel Huerta (PT) y Luisa María Alcalde (MC) alertaron sobre la concentración de funciones del próximo secretario de Gobernación.
Camarillo afirmó: no puede ser posible que ahora lo viejo pretenda ser lo nuevo. Regresarle a Gobernación ejercer el control político a través de la ley del garrote, es profundamente regresivo. Lo menos que sugiere es una vuelta al pasado totalitario e intolerante.
González Barrios indicó que con las atribuciones de auxiliar con la fuerza pública a los gobiernos federal, estatal y municipal, el titular de Gobernación prácticamente será un subcomandante de las fuerzas armadas, porque le estamos dejando el mando del Ejército y la Marina en las calles.
Manuel Huerta explicó que el término seguridad interior se encuentra en diversos artículos que hablan de las facultades de Gobernación, pero también en las atribuciones del Presidente, así como en las leyes orgánicas de la Armada y del Ejército. Este concepto no se ubica en ninguna otra ley o norma. En ese caso, la atribución del secretario de Gobernación para garantizar la seguridad interior, ¿le faculta disponer de las fuerzas armadas?, preguntó.
Tanto Huerta como el coordinador de MC afirmaron que desde ayer, en el salón de sesiones, había presuntos militares del Estado Mayor Presidencial, y el presidente en turno de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), dijo que era personal de la empresa que instaló el tablero electrónico.
Luisa María Alcalde avivó el griterío en las filas de PRI y PVEM al citar 1984, de George Orwell. “Orwell se equivocó de año, porque aquí el big brother será Miguel Ángel Osorio Chong”, dijo.
Ante el descontento en las filas del centro del salón, devolvió: “estos que ahora llegan al poder, más bien me recuerdan tristemente La rebelión en la granja, pero con una diferencia: ustedes no van a gobernar, borregos. Se los garantizo”.

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No al "Estado gendarme" de Peña Nieto

No al
El cambio de estafeta en Los Pinos no es más que la consolidación del mismo sistema político y económico. Ahí están los acuerdos entre Calderón y Peña Nieto para sacar adelante la reforma laboral

Revista EMET


Aún no arranca formalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto pero su equipo de transición ya nos dio una idea clara de lo que será su gestión: se continuará por el camino del neoliberalismo marcado desde la administración de Miguel de la Madrid Hurtado. El cambio de estafeta en Los Pinos no es más que la consolidación del mismo sistema político y económico. Ahí están los acuerdos entre Calderón y Peña Nieto para sacar adelante la reforma laboral; ahí estuvo el férreo control de las fracciones parlamentarias del PRI y PAN para que los cambios a la Ley Federal del Trabajo propuestos por el michoacano y avalados por el mexiquense salieran adelante, a pesar de la oposición de los partidos de izquierda quienes inútilmente intentaron defender las conquistas de los trabajadores que fueron arrojadas al basurero de la historia, legalizándose lo ilegal: la subcontratación o outsourcing, el pago por horas, la flexibilidad de los despidos, la prácticamente ilegalidad de las huelgas, el no pago de salarios caídos, entre otros puntos que abaratan la mano de obra y precarizan el empleo, vías por las que se intenta mejorar la competitividad de las empresa que operan en México.

Ahí están también las reformas en materia energética, que tiende a privatizar la principal riqueza del país, la petrolera, y poner en manos de trasnacionales el futuro energético de la Nación, historia ya conocida en los dos siglos pasados que fueron resueltas a través de conflictos armados. En la puerta esta la reforma hacendaria y fiscal, que no es más que buscar los modos adecuados para seguir sangrando a los contribuyentes y a los consumidores, pero sin tocar a los grandes empresarios, nacionales y trasnacionales, con cuyo apoyo el ex gobernador del Estado de México llegará finalmente a Los Pinos, tras una larga campaña mediática, implementada con ese único fin y sin importar los costos, pues las facturas a pagar son mucho más cuantiosas.

La reestructura del gobierno federal que en primer termino se deshará de una inútil, pesada y parasitaria burocracia panista, también tiene como finalidad la reconstitución del Estado autoritario de corte priísta que imperó a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. En el Pleno de la Cámara de Diputados, los legisladores de izquierda denominaron a las reformas a la Administración Pública Federal, que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y Gobernación asume la responsabilidad de la seguridad interna, creación de un “Estado gendarme”. Durante la sesión de ayer, los diputados de los partidos de izquierda desplegaron mantas donde se ubica la presidencia de la Mesa Directiva con la frase “No al Estado gendarme”, y con una foto editada con un rostro formado por la imagen de Enrique Peña Nieto y Gustavo Díaz Ordaz.

Los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano presentaron dos mociones suspensivas en las que establecen que no están de acuerdo con la serie de reformas que dan más atribuciones a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Desarrollo Social. Por fortuna, en comisiones lograron evitar que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI) fueran sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se mantuvieran como organismos autónomos.

No obstante, finalmente con 333 votos a favor del PRI, PAN, Verde Ecologista y Panal; 50 en contra del PT y Movimiento ciudadano; y 44 abstenciones del PRD, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la reforma a la Administración Pública Federal, que también modifica algunas de las funciones de la Sedesol y amplia la Secretaría de la Reforma Agraria al añadir nuevas responsabilidades en las áreas de vivienda y desarrollo rural. Al cierre de estas líneas, no se habían desahogado las reservas presentadas por diversos partidos para aprobar en lo particular la iniciativa que también incluye el fortalecimiento de la figura del jefe de la Presidencia.
Lilia Arellano - Revista EMET
 

Cesó la PGR a 230 elementos; "no atendió" exigencia de liquidación

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Pilotos de la PGR fueron citados ayer en el hangar de la dependencia en el aeropuerto capitalino, donde se les informó de su despidoFoto Víctor Camacho
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 14 

La Procuraduría General de la República (PGR) despidió ayer a 230 elementos de la Dirección General de Servicios Aéreos, entre quienes están 120 pilotos. Aseguró que esto es consecuencia del reordenamiento empezado a principios de año en la institución.
Sin embargo, un grupo de pilotos cesados denunció que hay al menos 70 aeronaves que cuentan con el certificado para volar, pero inexplicablemente están en tierra desde hace tres meses, por lo que no opera la flota encargada de interceptar aviones con droga procedentes de Sudamérica y de los helicópteros que fumigaban cultivos ilícitos.
La dependencia precisó que el cese de los funcionarios, que van desde mandos medios y personal administrativo hasta pilotos y mecánicos, no se basó exclusivamente en los resultados de los exámenes de confianza que les aplicaron, sino también en que sus servicios ya no son necesarios para la institución.
Funcionarios de la PGR agregaron que incluso hay un acuerdo con el sindicato para dar de baja a quienes no aprueben los exámenes de control de confianza.
Por la mañana, los pilotos fueron citados en el hangar de la PGR en el aeropuerto capitalino, donde les notificaron que a partir de ese momento dejaban de laborar, y les advirtieron que no los dejarían retirarse hasta que firmaran su cese.
Los pilotos –la mayoría con antigüedad de entre nueve y 30 años– reclamaron que los indemnizaran conforme a la ley, sin obtener respuesta favorable del personal que les anunció el despido.
Entrevistados fuera del hangar en el que laboraron por años, denunciaron que fueron tratados como criminales, a pesar de que todos aprobaron los exámenes de control de confianza e incluso –hace aproximadamente un mes– personal de la Oficialía Mayor de la PGR les había dicho en una reunión que no se preocuparan por la restructuración, que su puesto estaba asegurado.
Los capitanes Gilberto Vargas Cruz, Claudio Aguilar Enríquez y Fernando Acevedo Luna señalaron que es inexplicable la actitud de la PGR de dejar en tierra 70 helicópteros y aviones autorizados por la Dirección General de Aeronática Civil, además de que esa acción de la procuraduría contrasta con la declaraciones del presidente Felipe Calderón de combatir frontalmente el narcotráfico, cuando los aviones que interceptaban las naves con droga y los helicópteros que fumigaban los plantíos de droga llevan tres meses parados.
Precisaron que ni la Fuerza Aérea Mexicana ni la Secretaría de Marina cuentan con las unidades suficientes para llevar a cabo esa tarea. Agregaron que a pesar de que las naves de la PGR están listas para volar, la procuradora Marisela Morales autorizó la renta de aviones, a un costo de entre 5 y 7 mil dólares la hora.
Los entrevistados añadieron que los actos de corrupción y venta de refacciones detectados desde 2008 en la Dirección General de Servicios Aéreos los cometieron los funcionarios de alto nivel designados por Marisela Morales, y que, en todo caso, a quien deben investigar y castigar es a los mandos que cometieron los ilícitos.
Cuestionaron también el hecho de que las naves no estén en servicio por indicaciones de la compañía estadunidense JDA, la cual realizó la auditoría que detectó las irregularidades en la Dirección General de Servicios Aéreos, con el argumento de que no cumplen las directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio obligatorio, programa de inspección, registros de mantenimiento y cumplimiento de instrucciones de mantenimiento del fabricante.
Argumentaron que la Dirección de Aeronáutica Civil es la única autoridad en la materia en el país, y que ésta es la que debe determinar qué nave está en condiciones de volar y cuál no, y al menos las 70 que no están en servicio cuentan con dicha autorización.

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México, el segundo importador de alimentos; podría ser primero en 2020

Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 26 

México se ha convertido en el segundo importador mundial de alimentos porque fue desarmado el sistema productivo agrícola, y corre el riesgo de desplazar a Japón del primer sitio en 2020, según pronósticos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, advirtió Manuel Villa Issa, quien fue subsecretario de Agricultura durante el gobierno de Miguel de la Madrid y ahora forma parte del equipo de transición de Enrique Peña Nieto en temas del campo.

Al comentar el libro La alimentación de los mexicanos. cambios sociales y económicos y su impacto en los hábitos alimenticios, escrito por Pedro García Urigüen, vicepresidente del sector de alimentos, bebidas y tabaco de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Villa Issa discrepó de las mediciones sobre seguridad alimentaria de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que ubican a México como un país razonablemente protegido.
No estoy de acuerdo con la FAO, dijo ante decenas de agroindustriales, al detallar que a la fecha el país importa 40 por ciento del maíz que requiere la población, la mitad del trigo, 75 por ciento de arroz, casi todo el aceite y una gran proporción de carne y leche, cuando hace unas décadas 50 por ciento de las divisas que obtenía provenían de las exportaciones agrícolas.

El único alimento que no importábamos era el huevo, pero una enfermedad, la gripe aviar en Jalisco, nos tiró eso y puso en evidencia la enorme fragilidad del sistema alimentario mexicano, señaló el también ex legislador. Recordó a los miembros de Canacintra que uno de los compromisos del presidente electo, Enrique Peña Nieto, es lograr la seguridad alimentaria y dar impulso importante al campo, más aún cuando, dijo, todavía no salimos de la crisis alimentaria mundial y la comida cuesta hoy el doble que hace seis años.
En su libro, García Urigüen hace tanto una descripción sobre los hábitos y tendencias del consumo alimentario de los mexicanos como una diferenciación sobre lo que comen a partir de su nivel de ingresos que tienen y el tamaño de la localidad donde habitan. Detalla, por ejemplo, que entre el segmento de mayor ingreso y el de menor ingreso hay una diferencia de casi 10 veces en lo que se gasta en alimento dentro del hogar y de hasta 25 veces si la comida se ingiere fuera del hogar.

También comentarista del libro, María de los Ángeles Moreno manifestó que en los 80 teníamos por lo menos autosuficiencia alimentaria y hasta exportábamos, pero hoy importamos todo. Esto nos coloca como país es una situación verdaderamente triste, porque un país que no puede alimentar a sus habitantes es un país en gravísimos riesgos sociales.

Indicó que antes se contaba con una planeación y dijo que hace falta emitir las leyes secundarias y el reglamento a la ley sobre el derecho a la alimentación, aprobada en la legislatura pasada.

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Transcurre el Día de Gracias en EU entre cientos de protestas contra Walmart

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Protesta de trabajadores de Walmart esta semana frente a una tienda en Pico Rivera, CaliforniaFoto Reuters
David Brooks 

Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 33

Nueva York, 22 de noviembre. El Día de Acción de Gracias celebrado hoy por millones de estadunidenses también marca el inicio de la temporada de compra y consumo conocida como Navidad, con el día después, el viernes negro (porque los comercios ponen en negro su contabilidad por las ventas), tradicionalmente el de mayor ventas del año, pero en esa ocasión, miles de trabajadores de la empresa privada más grande del país están diciendo no gracias a Walmart.

Durante los últimos días culminando este viernes, se esperan cientos de acciones laborales de todo tipo en las tiendas de Walmart en todo el país, entre paros, manifestaciones, panfleteo, flash mob y más, para expresar la ira de los empleados, llamados asociados, por sueldos, condiciones de trabajo, la falta de beneficios como seguro de salud, mayor participación en la toma de decisiones sobre las jornadas laborales y fin a represalias contra trabajadores por su organización laboral y/o sindical (varios han sido cesados y otros han sido castigados al reducir sus horarios, entre otras cosas).
La organización que encabeza estas acciones es una novedosa coalición (aunque con raíces en los grandes movimientos laborales de la primera mitad del siglo 20) comunitaria-sindical conocida como OUR-Walmart (Organization United for Respect at Walmart) apoyada por el sindicato nacional de la rama de alimentos UFCW junto a organizaciones de todo tipo, pero manejada a nivel comunitario por los trabajadores. A principios de octubre trabajadores realizaron paros en tiendas en Dallas, Miami, Seattle, y advierten que estallarán más en otros estados del país; las primeras acciones de este tipo contra la empresa en sus 50 años de existencia. (Para mayor información: forrespect.org y makingchangeat walmart.org).

El director de organización del UFCW Pat O’Neill dijo que las acciones tienen el objetivo de generar apoyo para los trabajadores. Se le solicitará al público que apoye a los asociados de Walmart en su lucha por mejores horarios y condiciones de trabajo y en exigir que la empresa no continúe con sus represalias contra trabajadores por sus actividades de organización sindical. En entrevista con Truthout.org, O’Neill indicó que la conexión real es entre los trabajadores y los clientes, es personal. Muchos de los clientes en Walmart están en condiciones parecidas a los trabajadores y reconocen las condiciones laborales.

Las acciones de los empleados de Walmart son expresiones dentro de un panorama nacional donde las mayorías tienen cada vez menos por lo cual expresar gracias. Con uno de cada siete hogares estadunidenses padeciendo lo que se llama inseguridad alimentaria, o sea, algún tipo de hambre (el nivel más alto registrado), y con millones sin empleo, cientos de miles sin techo, y millones más estrangulados con deudas impagables y un futuro que no promete alivio en el corto plazo mientras el 1 por ciento de la población concentra 40 por ciento de la riqueza del país, el Día de Acción de Gracias provoca la interrogante para muchos: ¿Gracias de qué?

El cineasta Michael Moore recuerda que en su primer Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca, en 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt ofreció esta oración: “Pidamos orientación en aprender más seguramente la antigua verdad de que la avaricia y egoísmo y perseguir riquezas indebidas nunca puede traer felicidad duradera o el bien a un individuo o a sus vecinos. Demos gracias por el paso de los días oscuros… por el día más claro que podemos ganar a través de buscar la ayuda de Dios en una búsqueda menos egoísta para el mejoramiento común de la humanidad”.

A la vez, parte del movimiento Ocupa Wall Street que estalló en denuncia de la profunda injusticia económica –la desigualdad está a los mismos niveles que justo antes de la Gran Depresión, el contexto para las palabras de Roosevelt– se dedicó hoy a preparar y distribuir cenas de Thanksgiving a los miles que siguen sufriendo las consecuencias de la súpertormenta Sandy en esta ciudad.
El alcalde Michael Bloomberg, el hombre más rico de Estados Unidos y uno de los más prósperos del mundo, también dirigió a su gobierno a entregar decenas de miles de cenas tradicionales a los afectados por Sandy en esta ciudad.

En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama celebró el día entre patriótico y religioso en una cena con su familia, invitados e integrantes de su equipo. Poco antes ofreció un mensaje radial al país: hoy damos gracias por las bendiciones que son tan poco comunes en este mundo y las enumeró, incluyendo la libertad de expresión y de religión, así como el hecho de que hay hombres y mujeres valientes defendiendo nuestras libertades en diversas partes del mundo, y además que en este país “verlos a los ojos y decirles a nuestros hijos que, aquí en America, ningún sueño es demasiado grande si están dispuestos a trabajar para lograrlo”.
El primer Thanksgiving, según la versión oficial, fue un festejo realizado en 1621 por los pilgrims que llegaron desde Inglaterra a la colonia Plymouth en Massachusetts para celebrar una cosecha exitosa que permitió su sobrevivencia... Se volvió festejo nacional por proclamación del presidente Abraham Lincoln en 1863 y se celebra en el cuarto jueves de noviembre. Según la versión oficial, los recién llegados festejaron su suerte con los indígenas, quienes les habían compartido sus conocimientos y, de hecho, el menú tradicional hasta hoy día es de alimentos indígenas: pavo, camotes, maíz y arándano. Pocos años después, y durante un par de siglos, el gracias a los pueblos indígenas por rescatar a los primeros inmigrantes al país fue casi desparecerlos por políticas de genocidio, anulación de su cultura y represión política.

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