martes, 4 de diciembre de 2012

Conferencia de Prensa 4-12-2012

Estado que guarda el Amparo otorgado al #SME

Congreso Internacional de los Sindicatos de Trabajadores de la Energía

Posicionamiento entorno al los acontecimientos del 1 de diciembre

Corren a Reporteros De Televisa Del Zócalo DF

Smirmidones Se exige a reporteros de Televisa retirarse del Zócalo Capitalino, es claro que no se les toca un solo pelo, nisiquiera hay muestras de violencia. A diferencia de la Violencia que la televisora sí ha aplicado al intentar responsabilizar a los jóvenes de #yosoy132, de los actos de violencia del 1o. de Diciembre.
NO A TELEVISA, NO AL TELETÓN, NO TE DEJES ENAJENAR!!!

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Boletín de Prensa del 4 de Diciembre de 2012

"No le tengo miedo a la opresión del Estado, sino al silencio de mi pueblo"

Manifestantes exigen la liberación de los detenidos el 1ro de diciembre. Foto tomada de facebook /guecomumex

Revista EMET


El día de ayer tuvo lugar una movilización convocada por #Yo soy 132, en la cual unieron su voz miles de personas para pedir la "libertad inmediata e incondicional" de los detenidos durante las movilizaciones del sábado pasado en protesta a Enrique Peña Nieto.

"No más represión"; "Podrán encerrar los cuerpos, pero nunca el pensamiento"; "No soy porra ni revoltosa, sólo una ciudadana indignada"; "Fraude=violencia", "No le tengo miedo a la opresión del Estado, sino al silencio de mi pueblo"; "Regresa el PRI y vuelve la represión contra nuestros jóvenes", decían las pancartas.

Alrededor de las 14 horas, cientos de personas comenzaron a congregarse en la glorieta del Ángel. Hora y media después arrancó la marcha, en la cual participaron unas 2 mil 500 personas, de acuerdo con las autoridades capitalinas.

Durante el recorrido del Ángel de la Independencia al Zócalo se anunció una nueva jornada de resistencia permanente contra el gobierno federal y la "represión" que desde el Estado se ejerza contra los movimientos sociales.

Entre los asistentes se notaba incertidumbre ante la posibilidad de "actos de provocación", la cual creció ante la noticia de que fueron consignados 69 detenidos –58 hombres y 11 mujeres– por el delito de ataques a la paz pública, el cual no alcanza fianza y puede sancionarse con penas de cinco a 30 años de prisión.

Durante el mitin, el movimiento #YoSoy132 responsabilizó, una vez más, a los gobiernos federal y capitalino de cualquier futura "represión" en su contra.
Revista EMET- La Jornada
 

"No se pone vino nuevo en botellas viejas": AMLO

Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2012, p. 8 

El ex candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, denunció en las redes sociales que sus cuestionamientos a la firma del Pacto por México ya le han valido otra andanada de descalificaciones: Por no aceptar el pacto de la deshonra, ya desataron de nuevo la campaña de calumnias contra nosotros.
A pesar de las críticas, López Obrador volvió a criticar al Pacto por México, ahora, con cuestionamientos más explícitos: “Son tan predecibles o cínicos los de la mafia del poder que, en menos de 72 horas, con halcones en Gobernación, propaganda hitleriana en los medios de manipulación y comprando lealtades a diestra y siniestra, crearon la atmósfera opresiva que, piensan, les ayudará a mantener el régimen de corrupción y privilegios”.
López Obrador no se quedó ahí y denostó que la vieja clase política firmara el pacto para el futuro: Se les olvida que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Por eso, amigas y amigos, mucho ánimo. Evitemos la provocación y pacíficamente prosigamos avivando conciencias adormecidas y organizando a los ciudadanos.

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Se debilitan las denuncias contra AMLO por financiamiento irregular

Se debilitan las denuncias contra AMLO  por financiamiento irregular
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) desahogará dos de las principales denuncias interpuestas contra AMLO

Revista EMET


De forma paralela a la resolución de quejas sobre presunto financiamiento ilícito a la campaña del PRI a la Presidencia, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) desahogará dos de las principales denuncias interpuestas contra el Movimiento Progresista. De acuerdo con los proyectos de la unidad de fiscalización, ni de la cena realizada en la casa de Luis Creel ni de las cuentas de la entonces senadora Yeidkol Polevnsky salieron recursos ilícitos para la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
La unidad de fiscalización investigó por un lado a las empresas Grupo Comex y Corporación GEO, así como a casi una decena de asistentes a la cena, entre ellos el uruguayo Luis Costa Bonino, estratega electoral, donde se habría pactado aportar 6 millones de dólares para financiar la campaña lopezobradorista, según la queja que presentó el PRI.
De las investigaciones de esa instancia del IFE ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se desprende que ni de las cuentas de Comex ni de las de Corporación GEO hubo erogaciones dirigidas a los depósitos bancarios de la campaña de López Obrador. No se advirtió flujo de recursos que ascendiera a la suma mencionada, apunta.
Según los análisis, los movimientos bancarios son por pagos de servicios, por lo que ninguna de las dos empresas ha realizado aportaciones ni prestado servicios a alguno de los partidos integrantes de la otrora coalición o a su entonces candidato a la Presidencia
Revista EMET- La Jornada
 

Calderón 'se asegura' antes de irse

Animal Político a través de YAHOO

Saliente presidente de México Felipe Calderón besa la banda presidencial previo al juramento de su sucesor Enriqeu Peña Nieto del PRI en Ciudad de México el 1 de diciembre de 2012. (AFP | alfredo estrella)

AFP - Saliente presidente de México Felipe Calderón besa la banda presidencial previo al juramento de su sucesor Enriqeu Peña Nieto del PRI en Ciudad de México el 1 de diciembre de 2012. (AFP | alfredo estrella)

La tarde del viernes 30 de noviembre de 2012, el ex presidente Felipe Calderón emprendió una última acción para garantizar su seguridad y la de su familia: Modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial (EMP).

Las reformas, publicadas en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), facultan al nuevo jefe del EMP, general Roberto Miranda, a autorizar la ampliación de los servicios de seguridad para garantizar la seguridad de “los ex Presidentes de la República y de su familia en cada caso particular”.

De esta forma, ahora en el artículo 4 de dicho reglamento se lee:

Artículo 4.- El Estado Mayor Presidencial tendrá las misiones generales siguientes:

I. Garantizar la seguridad del Presidente de la República, de su familia, de jefes de Estado y/o de Gobierno extranjeros que visiten el territorio nacional, de los ex Presidentes de la República, y de otras personas que por la importancia de su cargo o encomienda, o por su situación, expresamente ordene el titular del Ejecutivo Federal.

Anteriormente se leía:

Artículo 4.- El Estado Mayor Presidencial tendrá las misiones generales siguientes:
I. Garantizar la seguridad del Presidente de la República, de su familia, de los mandatarios y altos funcionarios extranjeros que visiten el territorio nacional, de los ex Presidentes de la República, y de otras personas que por la importancia de su cargo o encomienda, o por su situación, expresamente ordene el titular del Ejecutivo Federal;

Es en el artículo 11 donde ahora se contempla a sus familias:
Artículo 11.- El Jefe del Estado Mayor Presidencial tendrá las atribuciones no delegables siguientes:
IX. Autorizar, de acuerdo a los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los ex Presidentes de la República y de su familia, en cada caso en particular;

Antes se leía:

Artículo 11: El Jefe del Estado Mayor Presidencial tendrá las atribuciones no delegables siguientes:

IX. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le encomiende el Presidente de la República.

Además se reformaron las fracciones XXIII y XXIV del artículo quinto.; la fracción IX del artículo 11; el artículo 24 y los artículos 27, 35 y 36.

Con la reforma se adicionaron la fracción XXV al artículo quinto; las fracciones X y XI al artículo 11; la fracción IV del artículo 36 y el artículo 37, del Reglamento del Estado Mayor Presidencial.

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La última travesura de Calderón

La última travesura de Calderón
El expresidente inauguró uno de sus cuadros de cuerpo entero, que fue colocado justo al lado del de Vicente Fox, en Palacio Nacional.

Revista EMET


Antes de dejar la presidencia, Felipe Calderón se encargó de cerrar con broche de oro su sexenio al adquirir tres retratos al óleo que en conjunto tuvieron un costo de más de 997 mil pesos.
La noche del viernes 30 de noviembre, durante la cena de gala que ofreció, el expresidente inauguró uno de sus cuadros de cuerpo entero, que fue colocado justo al lado del de Vicente Fox, en Palacio Nacional.
Dicha obra fue hecha por Santiago Carbonell Moreno y el cargo al erario fue de 754 mil pesos. En ella, Calderón aparece de pie, con la banda presidencial puesta y recargado en una estatua de Morelos, indica el portal electrónico Animal Político.
Según el Portal de Obligaciones de Transparencia, dependiente del IFAI, los tres retratos costaron en total 997 mil 600 pesos.
Los datos oficiales indican que por un segundo cuadro, que se colocará en la residencia oficial de Los Pinos, se pagaron 69 mil 600 pesos, el cual fue realizado por Fermín Lugo Rhode Hartwing.
El tercer retrato, con un costo de 174 mil pesos, también fue encargado a Rhode Hartwing.
De acuerdo con información de MVS Noticias, el destino del tercer cuadro aún no se conoce a pesar de que ese medio consultó a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
El pintor de origen español también se encargó de realizar la pintura del presidente del Senado, Ernesto Cordero, para la galería de exsecretarios de Hacienda.
El portal informativo señala que la Galería presidencial localizada en Palacio Nacional, donde fue colocado el retrato de Felipe Calderón, se creó en 1945 por el expresidente Manuel Ávila Camacho.
Revista EMET-Proceso
 

#YoSoy132 acusa represión; exigen con marcha libertad de detenidos

Los manifestantes exigen la liberación de los estudiantes detenidos. Foto: Miguel Dimayuga
 
Los manifestantes exigen la liberación de los estudiantes detenidos.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- Como hacía tiempo no lo conseguía, movidos por la indignación de los “actos represivos” del 1 de diciembre y la detención de integrantes de su colectivo, el movimiento #YoSoy132 salió a las calles en una manifestación multitudinaria, superior a la del mismo día en que el PRI consumó su regreso al poder.
Convocados desde las 14:00 horas en el Ángel de la Independencia para exigir la libertad de los “presos”, presuntos culpables de los disturbios de la violenta jornada del sábado en las inmediaciones de San Lázaro y el Centro Histórico capitalino, el malestar crecía conforme corría la voz de que los detenidos habían sido trasladados al Reclusorio Norte los hombres, y al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla las mujeres.
La mayoría de los asistentes eran estudiantes y el clima muy distinto al del fin de semana. Sólo un puñado cubría su rostro. A las 15:00 horas arrancó la marcha que formaba enormes filas con los pasos de más de 2 mil inconformes. Las protestas variaban: unos gritaban mientras otros preferían el clamor del silencio, algunos lloraban, otros más insultaban y había quienes cantaban, acompañados por el compás de unas jaranas.
La manifestación era pacífica. La encabezaron familiares y amigos de los detenidos, acompañados por observadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad e integrantes de algunas organizaciones sociales. Los granaderos que vigilaron la marcha, descansaban sus cascos entre los brazos.
Pancartas al aire, las consignas eran claras: “Libertad, libertad, a los presos por luchar”; “Si tocan a uno, nos tocan a todos”; “Protestar no es delito”; “Si la protesta es un delito, no habrá cárceles donde quepa el pueblo”; “Pueden encerrar los cuerpos, pero jamás las ideas”, se leía en cartulinas de colores.
A las autoridades y sus representantes, federales y capitalinos, los responsabilizaron por la suerte de sus “compañeros”: “Con el PRI volvió la represión”; “Peña, farsante, que matas estudiantes”, “Peña: ¿a mí también me vas a encerrar, golpear o matar por no quedarme callado?”, o “Marcelo, también a ti te afloró el priismo represor”, se repetían.
Los familiares de detenidos, al frente del contingente, denunciaron arbitrariedades en las actas ministeriales en las que se les imputan varios delitos. El más recurrente: ataques a la paz pública, que según les informaron se acredita con incendios, inundaciones, uso de tóxicos o violencia extrema. Es un delito grave que no alcanza fianza.
“Los están tratando como terroristas. Los policías madrearon a los que defienden los derechos de sus hijos. A los que contrataron para madrearlos por 300 pesos, no los detuvo nadie”, dijo una señora de cabello cano y ojos irritados por la falta de sueño.
María Antonieta Sánchez caminaba en protesta por la detención “arbitraria” de su nuera, Guadalupe Coutiño, mujer de su hijo Ulises, con quien paseaba en el centro el sábado en la tarde. “No estábamos haciendo nada. Ni siquiera íbamos por Juárez, como dice en la averiguación previa. Íbamos por Filomeno Mata.
Lo mismo pasó con Claudia Trejo y una chica de nombre Yésica, según sus allegados. A ella, sus custodios en el Ministerio Público 50 la insultaron durante los tres minutos de llamada que tuvo para comunicarse con sus padres luego de su detención. Todos coinciden en las irregularidades en las actas ministeriales. También Rafael Adrián Romero.
El mismo caso le sucedió a Regina López Martínez, estudiante y fotógrafa, quien estaba tomando imágenes de la manifestación cuando la rodearon los granaderos y, a la fuerza y sin razón, la privaron de su libertad. Sus padres viven en Austria. Se hace cargo su amigo Alberto Cruz, que dijo a cada reportero que identificaba: “Fue una injusticia. Estaba claro que era una estrategia. Con ella agarraron a un bolero. Agarraban parejo con quien podían”, cuenta de su amiga quien, según su relato, está “muy intranquila” y sin asesoría.
Liderando las consignas marchaba una señora con un huipil morado. Sostenía una manta blanca, que desbordaba sus brazos. “Peña Nieto: eres Echeverría. Los halconazos se heredan. ¿Este es el nuevo PRI?”, se leía.
Ella protestaba por Karim Alejandro Velázquez, de 16 años, hijo de Cristina Velázquez. “Es un niño. Y él estaba conmigo. Íbamos de regreso del Zócalo (cuando lo detuvieron), donde estuvimos protestando pacíficamente, no en los disturbios”. La historia la cuenta Julia Klug. Ella llevó a Karim Alejandro a protestar, movida por el dolor que no la abandona desde que su hijo fue asesinado en “la guerra de Calderón”.
Avanzando por avenida Hidalgo y Eje Central hasta llegar a 5 de Mayo y quedar frente a Palacio Nacional, luego de una hora y media de protestar bajo el sol.
Sentados todos en un inmenso círculo, se escucharon. Del movimiento #YoSoy132 se leyó un comunicado. Acusaron tanto al gobierno federal como el capitalino de orquestar una estrategia represiva contra la movilización social:
“Lejos del discurso oficial que replican los medios, no se trató de una acción disuasiva. Desde la instalación del cerco alrededor del Congreso se manifestó una presencia absurda e intimidante de elementos policiacos y militares. Durante la manifestación del día primero, presenciamos un inmenso despliegue de las fuerzas del Estado en todos los trayectos de la manifestación y que durante la jornada hostigaron, amedrentaron y agredieron a los diversos contingentes que participaron de las protestas. Estas acciones implicaron la violación sistemática de los derechos humanos de todos los manifestantes y derivó en personas heridas de gravedad, como el caso de Kuy Kendall, de 65 años, en estado de coma,  presas y desaparecidas.
“Nosotros repudiamos enérgicamente la estrategia orquestada por el Estado y exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos de la jornada del primero de diciembre. Lucharemos enérgicamente hasta la liberación de cada uno de ellos.
“Esta represión es tan sólo una muestra de la política que se intensificará con el gobierno de Enrique Peña Nieto y a la cual se ha sumado el Gobierno del Distrito Federal, contra la que emprenderemos una nueva fase de resistencia permanente. Vamos a sumar todas las voces. No seremos una historia más de represión e inmunidad”, concluyeron para terminar entre gritos de libertad y goyas.

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Afloran denuncias por detenciones ilegales y abusos en disturbios

Detenciones arbitrarias en avenida Reforma. Foto: Octavio Gómez
Detenciones arbitrarias en avenida Reforma.
Foto: Octavio Gómez
 
MÉXICO, D.F. (apro).- A dos días de los violentos disturbios en esta ciudad en el contexto de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, comienzan a aflorar denuncias por detenciones ilegales y abusos policiacos durante los operativos efectuados en San Lázaro y el Centro Histórico.
De manera paralela, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de la Ciudad de México emitió un primer reporte de daños por los actos vandálicos y calculó las pérdidas en al menos 28 millones de pesos.
Por separado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, advirtió que la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) “tendrá que hacer una investigación muy seria, muy profunda y tener claro qué motivó a estas personas” a actuar como lo hicieron el pasado sábado 1, particularmente en el primer cuadro de la ciudad, donde destruyeron parte del mobiliario urbano, saquearon negocios, rompieron vidrios de bancos y hoteles y pintarrajearon monumentos históricos, como el recién remozado Hemiciclo a Juárez que engalana la Alameda Central.
Ebrard desestimó versiones divulgadas por medios de comunicación, presuntamente extraídas de las averiguaciones, en las que se aseguraba que el GDF estaba enterado de que habría desmanes el sábado pasado.
Este lunes, en efecto, el diario Reforma publicó testimonios de integrantes de un grupo anarquista en los que confiesan que les pagaron 300 pesos por hacer disturbios y reventar la toma de posesión de Peña Nieto.
Al menos ocho integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria México detenidos el sábado narraron a policías de investigación de la Procuraduría capitalina que fueron citados a las 7:00 horas en la estación del Metro San Lázaro, aunque se negaron a decir quiénes los contrataron.
Los radicales precisaron a los agentes que el objetivo era destruir lo que hallaran a su paso.
Y así lo hicieron: luego de partir de la estación del Metro hacia el recinto legislativo, prendieron fuego a la primera patrulla que hallaron, un vehículo de la PGJDF marcado con el número 3087, tras lo cual continuaron rompiendo vidrios y lanzando bombas molotov.
A menos de 48 horas de que deje el cargo como jefe de Gobierno, Ebrard informó que la víspera de este domingo el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, se reunió con empresarios afectados por los actos vandálicos para explicarles que las áreas afectadas en la Alameda Central, recién remodelada, ya han sido reparadas.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos del Distrito Federal (Canaco-Servytur), Ricardo Navarro Benítez, informó que el monto por los destrozos a los establecimientos se cuantificó en 28 millones de pesos.
Agregó que por la violencia en el primer cuadro, los comerciantes dejaron de vender 950 millones de pesos, en tanto que en el área de San Lázaro el monto se estimó en 149 millones de pesos.
Sobre las quejas por abusos policiales, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal  (CDHDF), Luis González Plascencia, consideró que, a la luz de los testimonios recabados por los visitadores del organismo, el gobierno capitalino demostró “una vez más” que no está preparado para enfrentar situaciones como la ocurrida el sábado, pese a que “se sabía de la posibilidad de que hubiera disturbios, sobre todo en los alrededores de San Lázaro”. A su juicio, “nuevamente hubo titubeos”.
El ombdusman capitalino indicó que en estos momentos el personal a su cargo se encuentra procesando la información recabada por los visitadores, la mayor parte de ellos desplegados en las agencias del Ministerio Público en espera de que se deslinden responsabilidades entre las poco más 50 de personas que hasta este lunes aún permanecían detenidas.
“La Comisión condena todos los hechos violentos que se suscitaron, y pensamos también que la respuesta que toda autoridad debe tener es no caer en la venganza. Es importante que se dé un mensaje de justicia, de no impunidad, pero que no resulten inocentes incriminados”, afirmó González Plascencia tras señalar que el organismo está en espera de que los hospitalizados por las lesiones sean dados de alta para recabar quejas concretas.
Ana Lilia Cancino, una de las detenidas liberadas en el curso del día, denunció que fue objeto de abusos por parte de la Policía capitalina.
La joven fue detenida en Eje Central y relató que el día de los hechos caminaba por la acera cuando observó que dos de sus amigos eran llevados por granaderos a un camión en calidad de detenidos.
“Estaban subiendo a la gente (a los camiones de granaderos) cuando yo me acerqué, un policía me dijo: ‘¿qué ves, puta ¿quieres meterte?’ Y yo vi a mi novio y vi a mi amiga, y (el policía) me agarró del cabello”, recordó Cancino.
Durante la detención, aseguró la joven, sufrió vejaciones por parte de elementos de seguridad, aunque dijo que al llegar a la Agencia 50 siempre fueron respetados y tratados de manera amable.
“Me empezaron a pegar entre muchos, mientras me pegaban en medio de la calle me tocaron los senos y me agarraron la parte genital, enfrente de todos, había mucha gente, la gente sólo te tomaba fotos, nadie hacía nada”, relató después de reunirse con sus familiares.
Sobre los acontecimientos violentos tanto en el Distrito Federal como en Guadalajara, decenas de organizaciones civiles, 71 de ellas integradas a la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), se declararon “en alerta” por que no se criminalice la protesta social; y anunciaron que están documentando las denuncias por abusos policiacos.
En un comunicado informaron que están documentando los casos de Francisco Kuryk Kendall, Uriel Sandoval y Carlos Valdivia, quienes resultaron gravemente heridos en los actos de protesta de San Lázaro.
Destacaron que “existen otros casos de heridos graves, detenciones arbitrarias, así como de abusos contra manifestantes especialmente en la Ciudad de México y Guadalajara”, que están siendo documentados, y consideraron grave que el Gobierno capitalino haya determinado “fincarles (a los detenidos) cargos graves por el delito de ataques a la paz pública en pandilla, el cual puede alcanzar una pena de cinco hasta 30 años en prisión”.
Tras reconocer que de entre los manifestantes hubo quienes realizaron actos que pueden constituir delitos, recordaron que el procesamiento de los presuntos responsables debe ser tratado con apego a los derechos humanos “evitando valoraciones descontextualizadas que tiendan a criminalizar el derecho a la protesta social”.
Las organizaciones sociales resaltaron que también se registró un “uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales”  y que  pudieron constatar “múltiples abusos en las detenciones de las y los manifestantes”, además de que varias personas resultaron “heridas por el arsenal de las fuerzas policiacas en los diferentes enfrentamientos para disolver y dispersar las manifestaciones”.
En el caso de los hechos ocurridos en Guadalajara, las organizaciones denunciaron 24 detenciones, así como 40 manifestantes que resultaron heridos, “incluso, algunos jóvenes fueron detenidos horas después de dispersada la manifestación”, y se detectó “la presencia de presuntos agentes encubiertos y elementos de seguridad privada de la Feria Internacional del Libro, quienes lanzaron piedras y botellas a los manifestantes con la finalidad de provocarlos”.
En el comunicado las organizaciones sociales demandaron a las autoridades de las ciudades de México y de Guadalajara garantizar el debido proceso de los detenidos, “evitando acciones que puedan atentar contra sus derechos, presentando a todas y todos públicamente, permitiendo el contacto con sus familiares y defensores para que puedan constatar el estado en el que se encuentran”, así como esclarecer “quiénes son los autores materiales e intelectuales de los hechos”.

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Investiga PGJDF quién o quiénes están atrás de disturbios: Ebrard

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Familiares y amigos de los jóvenes detenidos por los disturbios del pasado sábado en el centro de la ciudad permanecen en plantón afuera de la agencia 50 del Ministerio Público, ubicada en la colonia Doctores. En la imagen, un hombre abraza a su hija luego de que ésta quedó libre la mañana de ayerFoto Alfredo Domínguez
 
Raúl Llanos, Bertha Teresa Ramírez y Mirna Servín
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2012, p. 32
 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) investigará quién o quiénes están atrás de los hechos violentos ocurridos el sábado pasado en calles del Centro Histórico de esta capital, que dejaron daños al Hemiciclo a Juárez, al Museo de la Tolerancia y un sinnúmero de negocios y mobiliario urbano, y los responsables serán sancionados, aseguró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon.
El mandatario señaló que el titular de esa dependencia, Jesús Rodríguez Almeida, tiene esa instrucción específica. Detalló que si bien las afectaciones se pueden reparar, se investigará y sancionará todo lo ocurrido el fin de semana pasado.
El procurador capitalino se reunió ayer con diputados locales y federales y con senadores, quienes le expresaron que entre los 96 detenidos, luego de los enfrentamientos del pasado 1º de diciembre entre policías y manifestantes, hay personas que no incurrieron en hechos delictivos, por lo que pidieron que se les permita tener acceso a un debido proceso.
Sin embargo, en ese encuentro Rodríguez Almeida –según comentaron algunos de los asistentes– les manifestó que del total de detenidos se había consignado ya, desde temprana hora, a 69 personas, mientras a otras 27 se les dejó en libertad, entre ellas 12 adolescentes, por lo que la dependencia a su cargo ya no tenía nada que ver en ese asunto y los legisladores deberían hacer la labor correspondiente ante los juzgados de lo penal.
Al salir de la reunión, las diputadas Aleida Alavez (federal) y Dinorah Pizano (local) expresaron que desde la Cámara de Diputados, el Senado y la Asamblea Legislativa promoverán puntos de acuerdo en los que pedirán al gobierno de la ciudad garantizar que no se violen los derechos humanos de los detenidos.
Precisaron que hay 11 casos de consignados que son presuntos inocentes: un electricista inmigrante que acababa de llegar a México deportado y a quien detuvieron luego de intervenir en favor de un joven que era golpeado por policías; un estudiante de biología, al que remitieron tomar fotos de los hechos, y un diseñador gráfico que vino de Monterrey de fin de semana al Distrito Federal, y tuvo la mala suerte de transitar por la zona de los enfrentamientos.
En cuanto a los consignados, los abogados de los 58 varones enviados al Reclusorio Norte y las 11 mujeres a Santa Martha Acatitla dijeron que intentarán aprovechar las 72 horas que a partir de ahora tiene el juez para dictar el auto de formal prisión o de libertad.
“Los están acusando sin pruebas contundentes –dijeron–; muchos son estudiantes que, si bien participaron en la marcha, no cometieron actos delincuenciales”. Afirmaron que las detenciones fueron más bien una decisión política para mostrar que no habrá impunidad.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, lamentó las expresiones de violencia durante las marchas del 1º diciembre. Dijo que, a pesar de que los jóvenes fueron trasladados en la madrugada al reclusorio, hasta la tarde de ayer la Dirección de Conciliaciones no había recibido el expediente.

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Provocadores cobraron $300 por actos vandálicos

Opositores a Peña Nieto causaron destrozos en avenida Juárez y Reforma. Foto: Alejandro Saldívar
 
Opositores a Peña Nieto causaron destrozos en avenida Juárez y Reforma.
Foto: Alejandro Saldívar

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Los provocadores que el sábado pasado cometieron actos vandálicos durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto cobraron 300 pesos, publica este lunes el periódico Reforma.
Integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria México declararon a la policía que fueron citados a las siete de la mañana en Metro San Lázaro, pero no revelaron quién los contrató.  Tenían la orden de destruir todo cuanto estuviera a su paso.
Aparte, esta mañana 58 personas ingresaron al Reclusorio Norte y 11 mujeres al Centro Femenil Santa Martha, acusados del delito de ataques a la paz pública.
En tanto, Héctor Serrano, secretario del Gobierno del DF, advirtió que podría haber más detenciones, debido a que en los disturbios participaron alrededor de 450 personas.

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Es muy probable que Uriel Sandoval pierda el ojo: médicos

Angélica Enciso
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2012, p. 5 

El joven José Uriel Sandoval permanece en el Hospital General, donde en tres o cuatro días se determinará si salva el ojo, aunque lo más probable es que no sea así, sostuvo Francisco Navarro, director de ese nosocomio.
Uriel Sandoval resultó herido por un proyectil durante las protestas del pasado primero de diciembre. Se le practicó una primera cirugía, en la que se le reparó la lesión del párpado, se le hizo aseo quirúrgico y se le redujo la fractura nasal.
Ahora los médicos esperarán que baje la inflamación y determinarán si se le realiza otra intervención, ya que es muy probable que pierda el ojo derecho, dijo el directivo. Entrevistado al término de la ceremonia donde Mercedes Juan López tomó posesión del cargo de secretaria de Salud, Navarro precisó que la vigilancia sobre Sandoval se fortaleció por parte del hospital, y no permanece en calidad de detenido. Los familiares levantaron un denuncia contra quien resulte responsable por las lesiones, y aseguran que él joven no tuvo nada que ver en la confrontación.
En la Cruz Roja continúa hospitalizado Juan Francisco Kuy Kendall, de 67 años, director de teatro y activista cultural de la otra campaña, con traumatismo craneoencefálico. Sigue en el coma inducido en condición estable. Este martes o mañana los médicos determinarán sus condiciones de salud.

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Mead Johnson Nutrition aplica en Chihuahua la nueva política laboral

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Vistas exteriores de la planta de Mead Johnson Nutrition en el municipio de Delicias, ChihuahuaFoto tomada de internet
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Los 450 trabajadores sindicalizados fueron despedidos y luego la mayoría firmó un nuevo contrato laboral con nuevas condicionesFoto tomada de internet
 
Rubén Villalpando 
Corresponsal
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2012, p. 29
 
Ciudad Juárez, Chih., 3 de diciembre. La empresa Mead Johnson Nutrition despidió y liquidó a los 450 empleados sindicalizados que tiene en la planta de Delicias, en la zona centro-sur del estado, a fin de cancelar el contrato colectivo de trabajo con la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
La compañía estadunidense volvió a contratar a los empleados, pero bajo nuevas condiciones, las cuales no se dieron a conocer.
La decisión se tomó como parte del compromiso para asegurar que la operación de nuestra cadena de valor sea más productiva y con un costo eficiente, sostuvo el corporativo al término de las negociaciones con el sindicato cetemista en la capital del país.
Trabajadores que pidieron el anonimato afirmaron que la empresa tomó la decisión luego que el dirigente del sindicato de trabajadores de la planta, Lázaro Contreras Miranda, se negó a que los empleados laboraran horas extras o a que se contratara personal no sindicalizado.
Rogelio Salcedo, director regional de recursos humanos para América Latina de Mead Johnson Nutrition, acompañado por Daniel Arévalo, dirigente del Sindicato Nacional de la Industria Láctea; Francisco Ayala, director técnico y de asuntos jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Jorge Varela, presidente de la Planta Delicias, y Contreras Miranda, informaron que se dio por terminado el contrato con la CTM.
En conferencia de prensa, Salcedo destacó Este nuevo contrato colectivo de trabajo es resultado de un esfuerzo conjunto entre empresa, sindicato de trabajadores y autoridades gubernamentales.
Interrogado sobre si el contrato cancelado era desventajoso para la compañía, respondió que el nuevo se ajusta a los nuevos tiempos, al plan de productividad de la empresa, que se desarrolla en un entorno de mercado global.
El directivo de la empresa fundada en 1905 en Nueva Jersey adelantó que las nuevas condiciones de la relación entre Mead Johnson Nutrition y los sindicalizados están alineadas con nuestra filosofía mundial de desempeño y contribuirán a hacer nuestra cadena de suministro más eficiente.
Subrayó que el nuevo contrato es una situación de ganar-ganar que se alinea mejor al éxito de la compañía y sus empleados, ayudando a asegurar la eficiencia de sus operaciones, permitiéndoles un mayor desarrollo individual y un mejor control de la compensación a los empleados, además de apoyar el crecimiento del negocio y la inversión a largo plazo.
Un grupo de afiliados al sindicato de trabajadores de la planta Mead Johnson Nutrition en Delicias comentaron que en octubre pasado hubo un conflicto por decisiones unilaterales de la dirigencia sindical, encabezada por Contreras Miranda, quien, dijeron, tiene muy mala relación con los directivos.
Explicaron que por razones desconocidas no se ha permitido a los trabajadores laborar horas extras, pese a que la empresa ha tenido pedidos importantes de clientes foráneos, cuyas fórmulas no han podido ser surtidas a tiempo.
Dijeron tener conocimiento de que la compañía tiene nuevos clientes que solicitaron más de millón y medio de botes de leche de diferentes fórmulas, pero por los conflictos con el sindicato no se trabajó en días inhábiles.
Mead Johnson Nutrition tiene una planta laboral de más de 625 trabajadores, 450 de ellos sindicalizados, además de que genera cientos de empleos directos y es una de las compañías que otorga mejores prestaciones laborales a sus empleados, por lo que una decisión drástica de la empresa, advirtieron, podría afectar a cientos de familias.
El diputado local priísta Ricardo Orviz Blake señaló que la empresa busca ser más competitiva, pues si bien la planta Delicias había sido la que surtía de productos de Mead Johnson Nutrition a 100 por ciento del mercado de América Latina, en años recientes su participación se redujo a 70 por ciento por las limitaciones del convenio laboral.

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Presenta ASPA denuncia penal contra Molinar Horcasitas por caso Mexicana

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Un grupo de pilotos protesta frente a las instalaciones de la PGR, donde la ASPA presentó otra denuncia contra Juan Molinar Horcasitas, ex secretario de Comunicaciones y TransportesFoto Carlos Ramos Mamahua 
 
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2012, p. 25 

Por presunto ejercicio indebido del servicio público en el caso de Mexicana de Aviación y por, supuestamente, no haber actuado conforme a los ordenamientos que dictan la Ley de Aviación y el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA) interpuso ayer una denuncia penal en contra el ex titular de esa dependencia, Juan Molinar Horcasitas.
En entrevista a las afueras de la Procuraduría General de la República (PGR), el dirigente de esta organización, Carlos Manuel Chávez Díaz Morineau, indicó que la denuncia contra el funcionario es por acciones y omisiones efectuadas durante su gestión, que contribuyeron a que la compañía Mexicana de Aviación suspendiera actividades.
También explicó que es la octava denuncia que se presenta por el caso del cierre de Mexicana, y la segunda contra Molinar Horcasitas, por haber protegido al empresario, Gastón Azcárraga por encima del interés público y de los trabajadores de la aerolínea.
La denuncia precisa que era obligación de esa dependencia verificar la capacidad financiera de los accionistas, en el caso específico de la compra de acciones por parte de Tenedora K a Nuevo Grupo Aeronáutico, y no se realizó tal revisión, lo que trajo como resultado que el 6 de septiembre de 2010 la Compañía Mexicana de Aviación se declarara en concurso mercantil.
En la fundamentación de la denuncia se presume que al haber permitido la suspensión de las operaciones de la aerolínea se afectaron intereses económicos de diversas dependencias: Seguro Social, Infonavit, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Banco de Comercio Exterior, Servicio de Administración Tributaria, Tesorería de la Federación, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, entre otros, así como el pasivo laboral.
Al respecto, el dirigente de los pilotos indicó que el desempeño de Molinar Horcasitas como servidor público fue indebido, pues entorpeció el tema de Mexicana vinculado con el Grupo Posadas (ex dueño de la aerolínea).
El abogado de ASPA; Ulrich Richter Morales, abogado de los pilotos, y Chávez Díaz Morineau plantearon que se presentó hasta hoy la denuncia, porque de haberlo hecho en el pasado gobierno, el funcionario habría gozado de protección e impunidad.

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FMI cree ahora que sería útil limitar entrada de capitales

Reuters y Afp
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2012, p. 24
 
Washington, 3 de diciembre. El Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló principios sobre la forma en que los países deberían gestionar sus flujos de capital, al acordar que algunas medidas para limitar las entradas de capitales podrían ser útiles, pero deberían ser específicas, transparentes y temporales.
Los mercados emergentes responsabilizan a las laxas políticas monetarias de naciones ricas por generar olas de flujos desestabilizadores de capitales especulativos, y el FMI está intentando forjar un consenso sobre cuándo tiene sentido que los países recurran a limitar estos dineros. El Fondo puso énfasis en que su nueva postura institucional no es obligatoria.
El organismo indicó que en ciertas circunstancias puede ser útil fijar límites a los flujos de capital, cuando las condiciones macroeconómicas subyacentes son altamente inciertas; que las medidas pueden ayudar a salvaguardar la estabilidad financiera cuando las entradas de capital contribuyen a riesgos sistémicos, y que los países deberían garantizar que sus políticas no perjudiquen a otros.
Los flujos de inversión pueden ayudar al desarrollo y crecimiento de los países, pero también pueden impulsar la inflación y los tipos de cambio. Adicionalmente, una repentina retirada de los inversionistas puede ser desestabilizadora.
Alerta ante crisis
Desde 2009, desde Brasil a Indonesia, Corea del Sur, Perú y Tailandia han impuesto controles para limitar el ingreso de flujos, mientras unos pocos, como Argentina, Islandia y Ucrania, han buscado frenar la salida repentina e importante de capitales.
No está claro que una liberalización total (de los flujos de capitales) sea un objetivo adecuado para todos los países y para todos los periodos, estimó el FMI.
El Fondo, que defiende la liberalización, matizó su postura al reconocer que este proceso a menudo fue seguido de crisis financieras, como la de México entre 1994 y 1995. Así, ya no considera negativas las medidas que países como Brasil o Islandia tomaron para restringir los flujos de capitales y atenuar los efectos nefastos para su economía, como la apreciación de la moneda y las burbujas inmobiliarias.

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Osorio Chong se niega a identificar los poderes fácticos que dañan al país

Claudia Herrera Beltrán
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2012, p. 9
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no quiso personalizar quiénes son los poderes fácticos que buscan frenar a través del Pacto por México, porque esa es una postura de los partidos políticos.
Pero coincidió en que estos poderes han impedido el desarrollo a plenitud del país.
Al preguntársele si tienen dedicatoria sus críticas a los poderes fácticos, señaló que fue una exigencia de los partidos políticos promover reformas y programas para frenar estos intereses.
Osorio Chong fue entrevistado ayer al salir de la reunión que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con los integrantes de su gabinete en Palacio Nacional.
Cuando se le interrogó sobre el mensaje que dio durante la firma del Pacto por México respondió: Di lectura a una redacción que hicieron los propios partidos políticos.
Refirió que desde la perspectiva de estas fuerzas políticas hay poderes que no queremos individualizar, señalar en lo particular, pero que sabemos que han impedido en muchos de los casos el desarrollo del país.
–¿Tiene dedicatoria al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación?
–No, no. Queremos impulsar al país. No estamos buscando a quién señalar o a quién decir. Tenemos que tomar las decisiones que permitan que de una vez por todas el país salga adelante.
Insistió en que no debemos hablar en lo particular de algún ente del país. Lo que tenemos que hacer es reconocernos como estamos y entonces en todas las ramas del desarrollo avanzar con acuerdos de los diferentes partidos políticos y actores de la organización civil de nuestra nación.
El domingo el titular del Palacio de Covián leyó un posicionamiento en el que advirtió que la creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado.
Además ofreció que las prioridades del pacto son las reformas en educación, telecomunicaciones y en una ley para regular la deuda de estados y municipios. En esa ceremonia los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, también repudiaron a los poderes fácticos, a diferencia del Revolucionario Institucional (PRI), que no mencionó nada al respecto.
Osorio Chong, quien estuvo presente en la toma de protesta de Luis Enrique Miranda como secretario de Gobierno de Gobernación, explicó que en los días siguientes se darán a conocer los nombramientos pendientes en el gabinete ampliado y otras dependencias.

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Planea el IFE declarar infundadas quejas por casos Monex y Soriana

Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2012, p. 3

La unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) comenzó a desahogar las primeras quejas relacionadas con dos de los asuntos más polémicos por presunto financiamiento ilícito a la campaña del ahora presidente, Enrique Peña Nieto. El proyecto que discutirá y, en su caso, aprobará el Consejo General dictamina que ni en el caso Monex –en su vertiente relacionada con triangulaciones financieras con empresas en Estados Unidos– ni en el de las tarjetas CTM Soriana hay elementos probatorios y, por tanto, son infundadas.
Son apenas las primeras de al menos cinco quejas relacionadas con Monex y Soriana, en las cuales, de acuerdo con el proyecto de la unidad de fiscalización, nada de lo que denunciaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) se comprobó.
Exculpan a PRI y Peña Nieto
De esa manera, no hay motivo de sanción, con lo que se exonera al PRI y a Peña Nieto de esas quejas en su contra.
Es una vertiente de fiscalización. Faltan las denuncias por compra y coacción del voto asociadas a estos casos, que se investigan en otro ámbito.
En el desglose de las quejas que en su momento promovieron el blanquiazul y el sol azteca en relación con Monex y la presunta triangulación financiera –que involucraba a Frontera Television Network e Intelimedia SA de CV, entre otras empresas– por un monto de 56 millones de dólares, originalmente destinados a una campaña publicitaria del priísta en Estados Unidos, la unidad de fiscalización concluye:
Infundado, toda vez que se cuenta con elementos suficientes para acreditar que la otrora coalición Compromiso por México y su candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, no recibieron financiamiento encubierto, o bien, recursos ilícitos a través de triangulación del gobierno del estado de México ni de empresas mexicanas de carácter mercantil.
En el documento, la unidad de fiscalización descalifica las quejas del PAN y el PRD con el argumento de que no se encontraron elementos probatorios.
En el caso de la denuncia a un conjunto de empresas, entre ellas Jiramos SA y Frontera Televisión, que había contratado publicidad para Peña Nieto, la unidad de fiscalización afirma haber encontrado elementos de que los contratos habían sido rescindidos el 6 de enero de 2012.
Según los quejosos, dichos contratos sólo servían para encubrir la triangulación financiera de procedencia desconocida a la campaña de Peña Nieto.
La citada instancia del IFE afirma haber hecho una investigación exhaustiva, según la cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le proporcionó información mediante la cual una cuenta Monex –denunciada como parte de la triangulación– se trata en realidad de una cuenta que se mantiene abierta para operaciones internacionales.
También es descalificada la denuncia según la cual los recursos para fondear la campaña provenían de la administración mexiquense, pues “a pesar de que no se entregaron mayores indicios, se revisaron las transferencias del gobierno del estado de México a algunas empresas denunciadas que habrían recibido los recursos, concluyéndose que en ese periodo no hubo transacciones inusuales.
Dentro de las investigaciones realizadas por la autoridad sustanciadora, no fue posible comprobar la existencia de alguna relación real o supuesta entre las empresas denunciadas y los miembros del equipo de campaña, como denunciaban los quejosos aludiendo a una cuenta de Soctiabank en la que estaría involucrado el ex coordinador de campaña, Luis Videgaray.
Sobre la queja por financiamiento ilícito por conducto de CTM Soriana, la unidad de fiscalización desecha prácticamente todo. A decir de esta instancia, de las 850 mil tarjetas del convenio sólo se distribuyeron 479 mil, de las cuales se utilizaron 14 mil 118, y sostiene que dichos plásticos eran de uso muy específico y sólo otorgaban ciertos beneficios, pero no dinero en efectivo.
De igual forma, descalifica la denuncia perredista de que varios gobiernos estatales firmaron convenios con Soriana para ser usados en la compra del voto.
Los contratos de Baja California Sur, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, concluye, provienen de licitaciones públicas abiertas y de programas de gobierno que tienen la finalidad de beneficiar a poblaciones determinadas, de acuerdo con partidas presupuestales aprobadas por los congresos.

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Vienen tiempos difíciles para el PRD por la firma del pacto, advierte Sánchez Camacho

Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2012, p. 9 

La adhesión del dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, al Pacto por México desató tensiones en el partido del sol azteca, polarizando las posiciones de las corrientes en favor y en contra de la firma. Algunos grupos amagan con impulsar acciones sancionatorias contra el dirigente, por haber firmado sin el aval de las instancias correspondientes del partido y no haber respetado los tiempos para que el congreso nacional partidista se pronunciara en torno al contenido del pacto.
El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, calificó de poco prudente la conducta de Zambrano y anunció que será en el seno de la Comisión Política Nacional, primero, y posteriormente el congreso nacional, donde se revisará la actuación del líder y en su caso se determinará lo que proceda. Sostuvo que independientemente del contenido del documento, eran esas las instancias que debieron aprobar la adhesión al pacto.
Admitió que vienen tiempos difíciles con esta firma. Sugirió revisar la normatividad y determinar si procede alguna sanción a Zambrano, aunque reconoció que por ahora nadie ha solicitado la renuncia del dirigente. Es claro que ocultó información (yo me enteré el jueves a la medianoche) y firmó un documento no discutido por el partido.
En contraste, Jesús Ortega, ex dirigente del PRD, cabeza de Nueva Izquierda y artífice de las negociaciones del pacto, aseguró: “el enrarecimiento de la opinión de algunas corrientes está muy por debajo de los propósitos del pacto. Si el PRD no se atreve a romper pequeñas mezquindades en su interior, como también las hay en otros partidos, entonces estamos condenados a mantenernos en el status quo. Hay que ir adelante rompiendo estas mezquindades.
Si alguien no quiere, es asunto de ellos; nosotros sí vamos a romper con acuerdos miserables de repartirse las posiciones en lugar de presentarle al país otra cara de la izquierda y en su lugar mantener una donde el partido sólo reaccione ante la actitud del presidente del país. Hasta ahora Nueva Izquierda y el grupo del jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, han avalado la adhesión.
–¿La firma del pacto no amenaza con dividir al partido?
–No veo por qué. Hay la oposición de René Bejarano y de Dolores Padierna, pero eso no es un encono en el interior. Hay una actitud reactiva de Bejarano, hay que decirlo con claridad y sin recursos retóricos. Es una oposición de Bejarano.
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Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD, arremetió contra Jesús Zambrano y calificó de poco prudente la decisión del líder del partido del sol azteca de firmar el Pacto por MéxicoFoto Francisco Olvera
La senadora Dolores Padierna se refirió al tema: es una firma que no tiene validez jurídica para el partido. Lo firmó una corriente, pero en el partido quien toma esas decisiones es la Comisión Política Nacional y ésta votó en contra de firmar ese acuerdo. Aun así fue el presidente, pero lo hizo a título personal.
Padierna acusó a Ortega y al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, de ser los promotores de la firma de ese acuerdo porque están acostumbrados a hacer esas cosas, pero también el partido ya cambió, el país está en una crisis profunda y requiere una izquierda sólida, fuerte, cohesionada.
–¿Se puede proceder estatutariamente?
–No lo sabemos; todos estamos obligados a respetar la línea y las instancia del partido. Antes ellos eran mayoría en el partido y obligaban a todos a cumplir con lo aprobado. Ahora el PRD no reconoce ninguna firma –agregó la senadora.
Héctor Bautista, dirigente de Alternativa Democrática Nacional, consideró que el PRD debe actuar con mucha cautela ante este pacto, pero está claro que Zambrano representó sólo a su grupo, Nueva Izquierda, y no a la militancia perredista. Sin embargo, dijo que no es momento de profundizar más las diferencias entre las corrientes, si bien dejó claro que si el congreso nacional –máximo órgano del partido– determina no avalar el acuerdo, entonces Zambrano deberá actuar en consecuencia.
Bautista dejó entrever que en ese caso, si las instancias máximas del partido reprueban la firma del pacto, yo le pediría a Zambrano congruencia democrática y creo que entonces debería presentar su renuncia. Él debería tomar la decisión de abandonar al partido que ha dejado de representar.
Para Carlos Sotelo, líder del Frente Nacional Patria para Todas y Todos, el PRD no debió firmar el pacto, pero al mismo tiempo advirtió que los errores de Zambrano no deben ser causa para avalar formas golpistas en el interior del partido, en alusión a pretender utilizarlo para ganar posiciones.

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Europa y el pacto policiaco con México

Óscar Naranjo, asesor en materia de seguridad de EPN. Foto: Eduardo Miranda
Óscar Naranjo, asesor en materia de seguridad de EPN.
Foto: Eduardo Miranda 

BRUSELAS (apro).- Frente a la amenaza que ya representa el crimen organizado mexicano a la seguridad interna de algunos países europeos, el Consejo de la Unión Europea (UE) comenzó a mediados de noviembre a analizar si aprueba o no que Europol pacte con México un acuerdo de cooperación en materia de información policiaca.
Las autoridades mexicanas –de acuerdo con un documento de Europol al que tuvo acceso Apro– son sometidas a una meticulosa evaluación. En particular, Europol se refiere a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –que el presidente electo Enrique Peña pretende desaparecer– y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Ese mismo documento revela que mientras el presidente Felipe Calderón asegura en México que su estrategia está debilitando a los cárteles del narcotráfico, sus funcionarios declaran a los directivos de Europol que los capos están incrementando su presencia y actividad en los canales de distribución, incluyendo las rutas europeas, y que su fuerza es tal que representantes suyos están viajando a países europeos para posicionar a sus organizaciones delictivas en ese mercado.
Europol juzga que tal acuerdo con México actuaría a favor de sus “intereses operativos” y sería benéfico para los servicios de seguridad de los Estados asociados a la UE.
La justificación: ”La amenaza de los cárteles del crimen organizado provenientes de México representa una amenaza global y está alcanzando una creciente relevancia en la seguridad interna de la UE”.
El 4 de octubre pasado, la Junta de Gobierno de Europol –conformada por altos representantes de los gobiernos europeos y de la Comisión Europea– decidió respaldar la negociación de un acuerdo de cooperación con México que se enfocaría en la lucha contra el tráfico de drogas.
El mismo día, Europol envió una carta al secretariado del Consejo de la UE, el organismo en el que los 27 gobiernos nacionales de ese bloque continental decidirán si el director de Europol, Rob Wainwright, puede o no comenzar las negociaciones con México.
En esa comunicación –dirigida a Rafael Fernández-Pita y González, director general del Departamento de Justicia y Asuntos Internos del Consejo de la UE–, el presidente de la Junta de Gobierno de Europol, Rafal Lysakowski, solicitó al Consejo que incluyera en su agenda el tema del proceso de aprobación del acuerdo con México.
Posteriormente, el 22 de octubre, el Grupo de Trabajo en materia policiaca del Consejo de la UE recibió, además de la carta de Lysakowski, un “estudio de caso” con la información que motivó a Europol a recomendar la negociación de dicho acuerdo con México.
Joaquín Nogueroles García, el portavoz de la dirección general de Justicia y Asuntos Internos del Consejo de la UE, confirmó a este corresponsal que esa institución comenzará esta semana el análisis acerca del acuerdo de Europol con México; según los procedimientos de la UE, el Consejo tomará una decisión por mayoría cualificada después de efectuar consultas con el Parlamento Europeo.
“La decisión de que Europol inicie o no negociaciones con los mexicanos se adoptará en unos meses, aunque es muy difícil decir cuánto tardará este procedimiento”, precisó el funcionario.

Diagnóstico

En el documento titulado “Estudio de viabilidad del caso México” –cuya copia obtuvo Apro–, Europol expone los argumentos que presentó a su Junta de Gestión en torno a la pertinencia de formalizar la cooperación con las instituciones mexicanas de combate al crimen organizado.
En ese texto, fechado el 4 de abril último, la policía europea refiere que “la SSP y otras autoridades mexicanas han mostrado gran interés en cooperar” con ella. Sin embargo, advierte, “las agencias mexicanas de policía muestran una situación fragmentada, por lo que las intenciones mexicanas (de fortalecer la cooperación con Europol) tienen que ser evaluadas y valoradas con suma cautela”.
Hasta la fecha –señala Europol en ese estudio– únicamente sostiene intercambios de información con la SSP pero, una vez que exista un acuerdo de cooperación con México, la policía europea estima que también deberá sostener contacto con la PGR.
Europol teme verse involucrada en una situación de conflicto, ya que, subraya, “entre ambas corporaciones mexicanas existen fricciones”.
Europol también plantea en el documento que su “interacción” con las autoridades de México había sido “relativamente baja” hasta hace un año, cuando comenzaron a “surgir señales” de que el crimen organizado mexicano “podría estar apuntando hacia la UE”.
Europol refiere que en su último reporte “Evaluación de riesgos del crimen organizado en la UE” (publicado en abril de 2011) se reporta “un notable incremento del tráfico de cocaína de México hacia la zona suroeste de Europa (España y Portugal), y se alerta sobre un nuevo fenómeno: los narcotraficantes mexicanos están utilizando las rutas de trasiego de drogas hacia Europa para efectuar otros tipos de comercio ilegal, como el de especies en extinción.
No obstante, Europol no hace referencia a otro hallazgo interesante que menciona su reporte: la presunta vinculación entre “grupos latinoamericanos” que trafican cocaína a Europa cruzando la ruta africana y organizaciones terroristas islámicas activas en esa área, como Al Qaeda, Hezbollah y las guerrillas de liberación nacional.
El 20 de abril de 2011, este corresponsal solicitó por escrito una entrevista con un funcionario de Europol para abundar en los detalles de esa y otras informaciones relativas al narcotráfico mexicano. Casi un mes después, el 16 de mayo, Soren Pedersen, el vocero de Europol, respondió que “no estaban disponibles para alguna entrevista en relación con ese tema”.

Doble discurso

A partir de que el Consejo de la UE otorgó a México el estatus de “asociado estratégico” en octubre de 2008, las autoridades mexicanas –lanzadas de lleno en su guerra contra el narcotráfico– emprendieron una campaña de acercamiento con Europol.
En el Plan Ejecutivo de la Asociación Estratégica, divulgado en mayo de 2010, uno de sus puntos promueve el establecimiento “de contactos y de actividades de cooperación entre las autoridades mexicanas y Europol, incluyendo participación en seminarios, entrenamientos y sesiones de información”.
Desde entonces, altos funcionarios mexicanos sostuvieron encuentros con directivos de Europol, a quienes insistieron sobre la alta peligrosidad del crimen organizado mexicano.
La mencionada documentación de Europol revela que el 19 de mayo de 2011 –poco después de la publicación de su evaluación de riesgos–, Facundo Rosas, el entonces comisionado general de la Policía Federal de México (adscrita a la SSP), visitó Europol.
Rosas solicitó que la oficina de Europol en Washington identificara áreas de cooperación con México, y que fuera esa misma la que captara la información oficial relacionada con las operaciones del crimen organizado mexicano en Europa.
El documento refiere otra reunión, el 8 de diciembre de 2011, entre la embajadora mexicana ante la UE, Sandra Fuentes-Beráin, y Wainwright, el director de Europol, y una más entre expertos del Departamento de Operaciones de Europol con funcionarios de la SSP, la cual tuvo lugar en la Ciudad de México en marzo de este año.
El reporte de Europol menciona que en sus discusiones con ”las autoridades mexicanas, éstas explicaron que los cárteles (mexicanos) están incrementando su actividad a lo largo de los canales de distribución”, y que existe “evidencia de que sostienen contactos directos con las fuentes de producción, incluyendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)” con el objetivo de sacar del negocio a los cárteles colombianos.
Los funcionarios mexicanos también informaron a Europol que “los cárteles del país ya controlan la distribución de estupefacientes hacia Estados Unidos y que ahora están volteando su atención hacia los mercados de la UE”, y una prueba de lo anterior es que “un creciente número de incautaciones en puertos del sur de México tenían como destino final la UE”.
Dijeron igualmente que los narcotraficantes mexicanos podrían aprovechar las rutas abiertas hacia Europa para introducir también heroína, cuyo tráfico están incrementando en Estados Unidos.
Más aún: funcionarios de la SSP advirtieron a Europol que “existe evidencia de que hay un desplazamiento permanente de representantes de los cárteles mexicanos en varios países de la UE”, y señalaron a Italia y España en concreto.
Esas mismas fuentes confirmaron a la policía europea que está en marcha una operación relacionada con los ”vínculos directos” que mantiene el narcotráfico mexicano y la organización mafiosa italiana ‘Ndrangheta; la SSP aseguró que la relación es tan fluida entre ambos grupos criminales que un representante de esa organización italiana ya viajó a México.
A finales de 2011, Europol emitió una alerta de “Exploración, análisis y notificación de nueva amenaza del crimen organizado relativa a México” (SCAN Threat Notice en inglés). Tal documento tenía por objetivo “evaluar a las organizaciones criminales mexicanas involucradas en el tráfico de cocaína”, “definir el cuadro de inteligencia” sobre las actividades” de dichos grupos, así como “su dimensión geográfica”, y “emitir recomendaciones basadas en resultados concretos que faciliten el establecimiento de medidas e investigaciones efectivas”.
El análisis se efectúa en cooperación con las agencias de seguridad de los Estados miembros de la UE, Estados Unidos, la Policía Nacional de Colombia y la Comunidad de Policías de América (Ameripol).
El presidente de esta última instancia policiaca regional es el general colombiano –y asesor en materia de seguridad de Enrique Peña Nieto– Óscar Naranjo, y el secretario general es Maribel Cervantes Guerrero, quien sustituyó a Facundo Rosas en la Policía Federal. Hasta ahora, Colombia es el único país latinoamericano que cuenta con un acuerdo de cooperación con Europol.

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