jueves, 27 de diciembre de 2012

Fijan fianza de $40 mil a los 14 presos del 1 de diciembre

Autoridades judiciales determinaron el monto luego de que el gobierno del DF publicó en la Gaceta Oficial las modificaciones legales que reducen la pena al delito de ataques a la paz pública.
Periódico La Jornada
Emir Olivares Alonso 
Publicado: 27/12/2012 11:28

México, DF. Una vez que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) publicó en la Gaceta Oficial de la ciudad de México las modificaciones al artículo 362 del código penal local, con lo que los 14 detenidos por los disturbios del primero de diciembre podrán obtener su libertad bajo fianza, las autoridades judiciales fijaron la caución en 40 mil pesos.
Por ello, familiares y abogados de los 14 recluidos han comenzado a movilizarse para obtener recursos y pagar las fianzas. Inclusive ya cuentan con billetes de depósito de una afianzadora para reducir el monto de la caución.
El objetivo es que hoy mismo se logren juntar los recursos para cubrir las cauciones de los 14 “presos políticos” y así estos puedan obtener lo más pronto posible su libertad.
Para ello, integrantes de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, familiares, amigos y miembros de la Coordinadora Primero de Diciembre se reunirán este mediodía.
De acuerdo a Micheel Salas, litigante de la Liga, esta misma tarde se podría acudir al juzgado 47 de lo penal del Distrito Federal, con sede en el Reclusorio Norte, a pagar las fianzas correspondientes.
Con las modificaciones aprobadas ayer por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se reduce la pena del delito de ataques a la paz pública a siete años, con lo que se le quita el carácter de ilícito grave y permite a las 14 personas que aún están recluidas solicitar su libertad bajo fianza.
 Fuentes 

Apela la PGR resolución judicial que liberó a un ex funcionario de la CFE

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Néstor Félix Moreno Díaz recibe del entonces presidente Vicente Fox el premio Nacional de Calidad y Tecnología 2005Foto Cuartoscuro
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 8 

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un tribunal unitario penal que revoque la resolución de una juez federal que concedió la libertad provisional bajo fianza al ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Néstor Félix Moreno Díaz, informaron fuentes ministeriales.
Mediante un recurso de apelación, la dependencia federal solicitó también al tribunal de alzada que emita una orden de reaprehensión en contra de Moreno Díaz, quien la noche del pasado lunes fue excarcelado del Reclusorio Oriente, luego de que sus abogados garantizaron una fianza de 15 millones de pesos.
La libertad bajo fianza fue autorizada por la juez cuarta de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, Taissia Cruz Parcero, quien es la segunda vez que concede ese derecho de ley al ex funcionario de la CFE.
Los abogados del inculpado entregaron a la juez el pasaporte de Moreno Díaz en garantía de que no pretende abandonar el país.
El ex director de Operaciones de la CFE tiene prohibido dejar el territorio mexicano y debe ir cada lunes al juzgado a firmar el libro de procesados libres bajo fianza, obligación que en caso de ser incumplida motivaría una orden de reaprehensión.
Es la segunda ocasión en que esa misma juez concede la libertad provisional en favor de Moreno, aunque en la primera no puso tantos candados para evitar que el inculpado evadiera la acción de la justicia, por lo que la PGR consiguió obtener su reaprehensión, volvió a dar con su paradero y lo llevó a prisión.
El juzgado cuarto de distrito en procesos penales federales juzgó a Moreno por enriquecimiento ilícito y cohecho.
El juicio por enriquecimiento ilícito se refiere a un monto de 33 millones 99 mil 292 pesos que presuntamente el ex funcionario recibió en sobornos de empresarios para beneficiarlos en la asignación de contratos de la CFE; entre esos pagos estarían un yate y un automóvil Ferrari.
En el proceso por cohecho, Moreno Díaz está acusado de haber recibido 29 mil 500 dólares de un representante en México de la empresa estadunidense Lindsey Manufacturing Company.

Fuente

Sale libre bajo fianza exdirector de Operaciones de la CFE

El exdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Néstor Félix Moreno Díaz. Foto: El Universal
 
El exdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Néstor Félix Moreno Díaz.
Foto: El Universal

MÉXICO, D.F., (apro).- Luego de permanecer en prisión poco más de ocho meses, acusado de recibir millonarios sobornos, el exdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, pudo pasar la Navidad en su casa, en compañía de sus familiares.
El mismo lunes 24, el exfuncionario abandonó el Reclusorio Oriente después de cubrir una fianza de 15 millones de pesos, según informaron sus abogados defensores, Raúl Cárdenas Rioseco y José Luis Nassar.
La juez Cuarta de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, Taissia Cruz Parcero, concedió el beneficio de libertad condicional al exfuncionario, inhabilitado por más de siete años para desempeñar cargo o comisión alguna en el sector público.
A pesar de abandonar la cárcel, Moreno Díaz deberá acudir a firmar todos los lunes al Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales, donde se le instruyen dos procesos, uno por enriquecimiento ilícito y, el otro, por soborno, derivados de acusaciones que en su contra formuló la PGR.
El primero es por presunto enriquecimiento ilícito de 33 millones 99 mil 292 pesos y el segundo por haber recibido como soborno un depósito bancario de 29 mil 500 dólares del representante de Lindsey Manufacturing Company (LMC), trasnacional y contratista de la CFE.
En su edición 1877, con fecha 21 de octubre último, la revista Proceso dio a conocer que Néstor Moreno Díaz estaba a punto de recuperar su libertad porque hasta ese momento la PGR no había podido demostrar las acusaciones que le imputaba.
De acuerdo con la nota firmada por Arturo Rodríguez García, en ese hecho, considerado por las autoridades federales como “uno de los más escandalosos actos de corrupción” durante el sexenio de Felipe Calderón, ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) ni la PGR pudieron demostrar que los más de 33 millones de pesos –entre dinero y bienes inmuebles– que se le atribuían fueran suyos, menos aún, que se tratara de sobornos entregados por contratistas de la paraestatal.
El 31 de agosto pasado, según informó el diario El Universal, el titular de la SFP, Rafael Morgan Ríos, entrevistado en Culiacán, se jactó de que entre los miles de expedientes abiertos para sancionar ilícitos estaba el de Néstor Moreno, e insistió en que era uno de los más escandalosos.
Pero, según los elementos de defensa que se han presentado a favor del exfuncionario, las pruebas en su contra resultaron en extremo frágiles, pues se fundaron en facturas y documentos cuyas firmas aparentemente no son de Moreno Díaz; además, el dinero fue reintegrado antes del juicio, y en los contratos que originaron el presunto soborno no participó el inculpado, pues él jamás tuvo facultades de contratación.
Con estos argumentos, los abogados Raúl Cárdenas Montesinos y José Luis Nassar Daw consiguieron un amparo a su cliente. De acuerdo con el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien asesoró a la defensa, se detectaron graves violaciones a las garantías constitucionales de Moreno Díaz.
Para Carrancá y Rivas, el amparo era inevitable, pues se violaron los principios de presunción de inocencia de Moreno Díaz; se le intentó juzgar por dos delitos bajo las mismas pruebas, y se le impuso una fianza de 40 millones de pesos, los cuales, por la imposibilidad de pagarlos, violentan la prohibición de imponer multas excesivas y hacen nugatorio el derecho a la libertad bajo caución.
De acuerdo con el Padrón de Servidores Públicos de la SFP, Néstor Moreno Díaz entró a trabajar a la CFE en 1986. Ahí ocupó diferentes cargos de generación, transmisión, transformación y control de electricidad.
Supo ascender en el escalafón, en particular durante la dirección transexenal de Alfredo Elías Ayub. En 2007, en el sexenio calderonista, fue nombrado director de Operaciones. Ocupaba ese cargo cuando, en octubre de 2009, el presidente Calderón emitió un decreto en el que declaraba la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la comisión absorbió las operaciones de la compañía.
Las denuncias contra Moreno Díaz empezaron a finales de los noventa, pero la intervención de Elías Ayub y otros directivos de la CFE evitó que prosperaran (Proceso 1859).
En 2010 se abrieron los procesos penal y administrativo en su contra por la supuesta recepción de sobornos por parte de empresas, emulando dos juicios que se seguían en Estados Unidos. En ambos se implicaba a Moreno Díaz.
En el primero, radicado en la Corte Federal de Distrito Central de California, en Los Ángeles, se acusó a la empresa Lindsey Manufacturing Co. de entregar a Moreno un yate valuado en 1.8 millones de dólares, un auto Ferrari Spyder cuyo costo era de unos 297 mil dólares, así como 23 mil 450 dólares a cambio de conseguir contratos en la CFE.
El segundo juicio, incoado en la Corte Federal de Distrito Sur de Texas, era contra John O’Shea, director de la empresa ABB Inc., por 12 cargos de “prácticas corruptas en el extranjero”.
En ambos casos Moreno fue señalado como el beneficiario de los sobornos. En medio del escándalo, el 27 de septiembre de 2010 dejó su cargo en la CFE. Dos semanas después, la PGR anunció el aseguramiento del yate Dream Seeker, cuya propiedad atribuyó al exfuncionario.
A partir de la averiguación previa PGR/UEIDCSPJ/MXXVI/136/2009, la PGR consiguió que el Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales del Distrito Federal admitiera la causa y liberara una orden de aprehensión contra Néstor Moreno en agosto de 2011.
Y aunque el acusado consiguió un amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, el 3 de septiembre de 2011 un grupo de agentes federales lo detuvo en el aeropuerto de Toluca y lo remitió al Reclusorio Oriente. Salió libre horas después, pero se le notificó la orden de aprehensión.
La defensa de Moreno intentó otro amparo ante el Séptimo Tribunal Unitario de Circuito de la Tercera Región, con sede en Guadalajara. El pasado 10 de abril fue detenido en Hermosillo, Sonora, y aun cuando tenía el amparo, se le impuso una fianza por 130 millones de pesos.
El abogado Raúl Carrancá y Rivas insistió: las violaciones constitucionales detectadas son graves. Destaca sobre todo que se haya pasado por alto la presunción de inocencia. Aun sin haber sentencia de un juez, sostuvo, Néstor Moreno fue privado de su libertad.
La defensa de Moreno logró que el monto de la fianza se redujera al monto de la acusación. Con el yate asegurado y el Ferrari Spyder que se le atribuyen, Moreno sólo habría depositado los 23 mil dólares. Sin embargo, como dichos bienes no son suyos, la fianza fue inaccesible y el amparo quedó sin efectos, explicó Carrancá y Rivas.
Y es que, entre las pruebas ofrecidas por la defensa, destaca el dictamen del perito Jorge Lizárraga Trujillo, quien concluyó que las facturas del yate y el vehículo no están firmadas por Moreno, como aseguran las autoridades.
Respecto de la entrega de 23 mil 450 dólares, los abogados demostraron que el dinero fue depositado en el colegio St. John’s Northwestern Military Academy, de Wisconsin, para cubrir la colegiatura de un hijo de Moreno.
En el anexo 13 de las pruebas presentadas por la defensa, destaca que el dinero se depositó en ese colegio, pero el trámite no se concretó y los directivos del plantel regresaron el dinero, que fue reintegrado por Moreno a su dueño: Enrique Aguilar, quien junto con su esposa fue mencionado en el juicio radicado en California. Al final, ambos fueron exonerados.
En el caso de México, a partir de las pruebas documentales y testimonios, se asentó que el yate, el automóvil y el dinero eran de Aguilar. Él se los había prestado a Néstor Moreno, quien es su amigo.
Según la defensa y los implicados, los préstamos de yate, vehículo y dinero no tienen relación con los contratos. De ahí la insistencia de los abogados de que Moreno carecía de facultades para autorizarlos.
Raúl Carrancá señaló que durante el proceso hubo prácticas dilatorias. Y puso un ejemplo: cuando Moreno obtuvo un amparo, el asunto se archivó durante cuatro meses y medio; simplemente fue enviado al Tribunal Colegiado.
Añadió que cuando Moreno llegó al Reclusorio Oriente, en abril, su situación jurídica cambió, por lo cual el amparo quedó sobreseído. Entonces volvió a solicitar libertad bajo caución, pero se le negó a petición de la PGR.
El argumento de la procuraduría fue que Néstor Moreno tiene familiares fuera de México, lo cual facilita su fuga y, como es una persona educada, conoce las rutas de fuga. Además, ocupó un cargo importante en la CFE, lo que le permite tener acceso a información sobre rutas de fuga en otros países.
Asimismo, según la procuraduría, como la acusación es relevante por el monto que implica y como el pueblo de México ya está cansado de servidores públicos corruptos, si Moreno se fuga, existe el riesgo de que el pueblo se enardezca.
La negativa fue admitida por la juez del caso, y se confirmó en apelación. Sin embargo, el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito concedió el amparo indirecto 18/2012, el 23 de agosto pasado. La PGR se inconformó el 11 de septiembre, pero el amparo se confirmó. No obstante, la procuraduría intentó una nueva maniobra: imputarle a Moreno el delito de cohecho.

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Empiezan esta semana las solicitudes de amparo contra reforma a la ley laboral

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 9 

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre otras organizaciones, empezarán esta semana la campaña de recolección de firmas e interposición de amparos masivos contra la reforma laboral, ya que dichos recursos deberán presentarse antes del 10 de enero 2013.
En esa fecha concluye el término de ley para impugnar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), según informaron estas organizaciones, las cuales instaron a todas y todos los trabajadores del país a adherirse a este proceso legal para echar abajo la reforma; añadieron que las solicitudes de amparo se interpondrán en los juzgados, según la ubicación geográfica de sus empleos.
Asimismo, indicaron que todo el procedimiento –formato, presentación, seguimiento y asesoría vía Internet– es totalmente gratuito.
Señalaron que ya está listo el formato único para la interposición de dichos amparos, que empezará con una campaña a escala nacional en todos los gremios tanto independientes como afiliados al Congreso del Trabajo, para tener el mayor número de recursos legales contra las modificaciones a la LFT.
Los amparos serán individuales, grupales o por sindicato y según alertaron estas organizaciones, la intención es defender los derechos humanos y laborales ganados durante décadas de lucha de la clase obrera. Señalaron que es fundamental la acción legal para revertir los efectos nocivos que tendrá la reforma laboral para los trabajadores.
Además de las organizaciones ya mencionadas, el recursos de amparo es avalado por la Unión Nacional de Juristas, el Congreso Nacional de Bases, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical y el Centro Reflexión y Acción Laboral (Cereal), que instaron a los trabajadores del país a visitar la página electrónica amparoreformalaboral.org, en la que podrán encontrar el formato de amparo, un manual para documentarlo, el juzgado donde deberán presentarlo y cómo darle seguimiento.
Dichas organizaciones coincidieron en que la reforma laboral debe derogarse porque es restrictiva, regresiva y violatoria de los derechos de toda la clase trabajadora, además de que profundizará aún más el trabajo precario en todas sus dimensiones, dando manga ancha para el abaratamiento de la mano de obra en beneficio de los patrones.
En particular –advirtieron– afectará a los jóvenes, ya que si actualmente sólo uno de cada tres que ha buscado empleo lo consigue en el sector formal, y de los que tienen trabajo 50 por ciento laboran en condiciones precarias, sin prestación alguna, con los contratos de capacitación y a prueba, el pago por hora y la multifuncionalidad, se condena a este sector a una vida sin certeza en el empleo, a saltar de chambita en chambita, con sueldos de miseria, sin acceso a la salud y sin prestaciones que les den certeza a futuro.
 
 
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Señalamientos de AMLO en Twitter

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 7
Andrés Manuel López Obrador tuiteó ayer: “cuando me desaforaron y tuvieron que rectificar, Chuayffet exclamó ‘¡se nos rajó Fox!’, y algo peor: los chinchones y la masacre de Acteal”.
El ex candidato presidencial hizo referencia a señalamientos de Emilio Chuayffet Chemor, actual secretario de Educación Pública y recordó lo que dijo como legislador, después de que el ex presidente Vicente Fox ordenó detener el proceso judicial en su contra, tras su desafuero como jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En la segunda parte de su tuit, hizo referencia a las declaraciones de Chuayffet en 1996, cuando como secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo se negó a suscribir la llamada iniciativa Cocopa, en la que se plasmaron acuerdos sobre derechos indígenas, alcanzados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y representantes del gobierno federal.
Ante la comisión legislativa que le exigió cumplir su palabra de firmar el documento, Chuayffet afirmó: ustedes disculpen, pero cuando me comprometí con ustedes me había tomado 18 chinchones y no estaba en condiciones propias para asumir un acuerdo de esa naturaleza.
  

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La CCC exige a Peña frenar cultivos de maíz transgénico

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 30 

La Central Campesina Cardenista (CCC) alertó que este gobierno pretende autorizar la siembra de maíz transgénico en México, por lo que demandó a la administración de Enrique Peña Nieto frenar los cultivos de ese grano, pues se ha demostrado que los agrotóxicos, de los cuales los transgénicos hacen un uso masivo, afectan la salud de productores y en pocos ciclos agrícolas se reduce, de manera importante, la fertilidad de la tierra.
Esta organización envió una carta a la Presidencia de la República, en la que plantea que se debe prohibir la introducción y producción de semillas transgénicas, siendo México país de origen del maíz; promover la producción biodiversa de maíz criollo, y evitar la contaminación entre semillas transgénicas y silvestres, penalizando a empresas que ponen en riesgo el maíz criollo.
De igual forma, planteó que se debe etiquetar todo producto que contenga ingredientes transgénicos; establecer un banco de germoplasma que resguarde la riqueza biótica de nuestro país; generar un programa de atención que prevenga y atienda a campesinos afectados por la toxicidad de agroquímicos; controlar monopolios u oligopolios de la producción de semillas y alimentos e impedir la privatización del patrimonio natural del país.
Max Correa Hernández, secretario general de la CCC, indicó que esta misiva también fue enviada al secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, para que se frene la siembra de transgénicos, ya que contaminan mantos acuíferos y suelos, además de que afectan a la flora y la fauna que conviven con el grano.
 
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Pretenden extranjeros patentar el nopal y el maguey, asevera la CNC

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 30 

El maguey y el nopal corren el riesgo de ser patentadas por extranjeros, luego de que en México se les ha descuidado y sobrexplota, alertó ayer la Confederación Nacional Campesina (CNC), y señaló que por esta razón, con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se trabaja en el rescate de estos cultivos.
Con esto, agregó, la Confederación y el IPN mantienen un acuerdo para favorecer múltiples vías de cultivo comercial en casi todo el país, con fines de producción industrial, y como alternativa para recuperar grandes extensiones de tierra con diversos grados de erosión.
La CNC entregó un informe al senador Gerardo Sánchez García, en el que establece que ambas plantas son saqueadas por empresarios foráneos, en especial de China.
Ciro Ríos Lara, presidente de la Unión Nacional de Productores de Maguey y Nopal, explicó que agrónomos e investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Biológicas y de varias áreas de ingeniería del IPN buscan rescatar esas plantas para devolver la cubierta vegetal a grandes extensiones del territorio nacional; desarrollar proyectos industriales derivados del nopal y el maguey, así como fomentar el empleo y el ingreso en el medio rural.
Señaló la importancia de proteger esos recursos por el riesgo de que otros países están patentando variedades de nopal y sus derivados, con la perspectiva de que, en un tiempo determinado, puedan cobrar regalías a países consumidores, entre ellos México.
También expuso que la mancha urbana se ha convertido en uno de los principales enemigos de esas plantaciones.
 
 
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Las modificaciones jurídicas de ALDF permitirían la libertad de 14 jóvenes

Emir Olivares y Alejandro Cruz
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 26
Con las modificaciones realizadas por los diputados locales al artículo 362 del Código Penal local, las 14 personas que continúan detenidas tras los disturbios del pasado 1º de diciembre enfrentarán dos escenarios: que su defensa tramite la caución para sus defendidos y estos sigan el proceso judicial en libertad, y solicitar el sobreseimiento de los hechos, pues ya no se actualiza la conducta delictiva en la que se basó el auto de formal prisión, informaron integrantes de la Liga de Abogados Primero de Diciembre.
Los litigantes encargados de la defensa de los implicados señalaron que tan pronto se publiquen en la Gaceta Oficial de la ciudad de México los cambios aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) al artículo referido, se solicitará la fianza para que obtengan su libertad y el proceso siga hasta que demostremos su inocencia.
Pero al mismo tiempo, agregó Michel Salas, presentarán un escrito solicitando al juzgado 47 de lo penal, con sede en el Reclusorio Norte, se sobresean las imputaciones, pues con las modificaciones legislativas ya no se actualiza la conducta por las que tengan que estar sujetos a derecho.
Agregó que ALDF aprobó cambiar no sólo la penalidad, sino también la redacción del artículo 362 del Código Penal capitalino, y desapareció los términos referentes a violencia extrema y la afectación a las instituciones de la ciudad, elementos centrales en que se basó el auto de formal prisión.
Los litigantes Armando Barrera y David Peña confiaron en que la reforma será publicada este jueves y entrará en vigor el mismo día, por lo que se espera que hoy o a más tardar el viernes los jóvenes abandonen la prisión.
Asimismo, señalaron que se desvanece el agravante de en pandilla, toda vez que por la forma en que quedó redactado el artículo se establece que este ilícito sólo se puede cometer en conjunto y no de manera individual.
Peña manifestó que si bien es un paso importante, no resuelve de fondo el problema, pues los jóvenes van a continuar bajo un proceso injusto, y dejó en claro que aceptar sacarlos bajo caución no implica que aceptemos sujetarnos al proceso como tal, por lo que continuarán exigiendo el desistimiento de la acción penal y, por ende, el sobreseimiento de la causa hasta que sean declarados inocentes.
 
 
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ALDF quita agravante al delito de ataques a la paz pública

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Integrantes de la Coordinadora Primero de Diciembre realizaron un mitin afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para demandar la derogación del artículo 362 del Código Penal. Los diputados consideraron inviable dicha peticiónFoto Roberto García Ortiz
Rocío González
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 25
Sin mayor discusión en tribuna y por mayoría de votos, el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó la modificación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, con lo que se redefine el delito de ataques a la paz pública y se reduce la sanción penal, al fijar de dos a siete años de prisión a quien incurra en este ilícito.
Después de un receso de media hora, en el que se afinó con diputados de la oposición (PAN, PRI y PVEM) la redacción final de la reforma, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Antonio Padierna, presentó el dictamen, al resolverse considerar inviable la propuesta original de derogar el citado artículo.
A fin de que Acción Nacional, que pedía se añadiera una penalidad adicional, diera su aval, se adicionó un apartado más, en el que se establece que en caso de reincidencia se aplicará una penalidad mayor, con lo que no se podrá acceder al beneficio de libertad caucional, refirió la diputada del PRD Dinorah Pizano.
La legisladora explicó que con los cambios efectuados, los ataques a la paz pública no serán considerados como delito grave, como tampoco será unipersonal. Este ilícito se convirtió en grupal, de tal suerte que no implica que sea un agravante el que se haga en pandilla, apuntó.
Señaló que con esta reforma se buscó atender la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que solicitó derogar el artículo 362, pero no se alcanzó consenso entre los grupos parlamentarios.
Triunfo, no eliminarlo, señalan PAN y PRI
Respecto de la libertad de los detenidos por los disturbios del primero de diciembre, quienes están acusados de ataques a la paz pública, señaló que dependerá de otros factores que no necesariamente tienen incidencia ya en el ámbito legislativo, sino en el Poder Judicial.
Sobre el tema, diputados del PAN y del PRI calificaron de un triunfo que no se haya derogado el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, pues, según su juicio, se mantienen las herramientas jurídicas para evitar que se altere el orden y la paz públicos.
De acuerdo con el dictamen, la redacción del artículo señala que se impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de los derechos políticos hasta por 10 años a los que, mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios que perturben la paz pública. La reincidencia se estará a lo que establezca este código.
Anteriormente, la pena que se imponía por este delito es de cinco a 30 años de prisión, se hablaba de violencia extrema y se unipersonalizaba este ilícito.
La reforma contó con los votos favorables de los diputados de PRD, PAN, PT, Movimiento Ciudadano y Panal; la abstención de dos panistas, Édgar Borja y Gabriel Gómez del Campo, y los priístas Tonatiuh González, Marco Antonio García Ayala, Fernando Mercado Guaida y Jaime Ochoa, y el voto en contra de Fernando Espino.
Trascendió que este miércoles la Consejería Jurídica publicará el decreto de reforma en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con lo que entrará en vigor y surtirá efectos este mismo día, según lo dispuesto por los legisladores locales.
 
 
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Colonos de Oaxaca se enfrentan con la policía; 10 heridos

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Enfrentamiento entre policía municipal de Santa Cruz Xoxocotlán y habitantes de los fraccionamientos Riberas del Atoyac e Indeco XoxoFoto Jorge A. Pérez Alfonso
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Elementos de la policía municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, fueron desalojados ayer por habitantes de los fraccionamientos Riberas del Atoyac e Indeco Xoxo, luego que ingresaron a un predio que estaba en posesión de la mesa directiva de ambas unidades habitacionalesFoto Jorge A. Pérez Alfonso
Jorge A. Pérez Alfonso y Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 22
Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., 26 de diciembre. Habitantes de los fraccionamientos Indeco Xoxo y Riberas del Atoyac se enfrentaron este miércoles con policías municipales que habían ocupado un terreno para edificar un cuartel.
Por la mañana, los policías de este municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca fueron desalojados por vecinos armados con bombas molotov, cohetones, piedras y palos. El alcalde, José Julio Antonio Aquino, informó que hubo 10 agentes lesionados y seis colonos detenidos.
El predio, de unos 600 metros cuadrados, estaba en posesión de la mesa directiva de ambos fraccionamientos, informó María de los Ángeles Martínez, presidenta vecinal de Riberas del Atoyac.
Precisó que los vecinos han tenido el terreno en comodato desde hace 40 años y lo usaron para instalar oficinas; además, dijo, hay un proyecto para construir una escuela secundaria en beneficio de más de 100 estudiantes.
Relató que a las 6 horas los policías de Xoxocotlán rompieron ventanas y cadenas y se apoderaron del inmueble. José Julio (Antonio Aquino, munícipe perredista) nos dijo que iban a recuperar el terreno, pero jamás mencionó cuándo ni nada más; sólo mandó a su policía. Es delito entrar así, acusó.
Poco después, jóvenes encapuchados rodearon el lugar y exigieron a los policías marcharse; unos 30 agentes permanecieron dentro, como les ordenaron.
Los encapuchados, presuntos colonos de los fraccionamientos, arrojaron piedras y bombas molotov a los policías, quienes aguantaron con sus escudos.
La secretaria municipal, Aída José Pérez; el subdirector de la secretaría municipal, Alberto García Soto, y el auxiliar jurídico Liborio Silva quedaron retenidos.
El director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Valdemar Pérez Canseco, intentó calmar los ánimos, mientras un joven cortaba las cadenas que los agentes habían colocado.
Pérez Canseco dialogó con los policías y con la representante vecinal María de los Ángeles Martínez, para acordar que los uniformados abandonarían el predio, pero no lo hicieron porque un grupo de jóvenes embozados los esperaban fuera con piedras y más bombas caseras.
Llegaron más policías y los jóvenes les hicieron frente. Cerca del mediodía los agentes que estaban encerrados salieron y se inició una persecución que concluyó con la captura de por lo menos seis manifestantes.
Entre los detenidos se encuentra el anciano Cenobio Cruz, quien pasaba por ahí y no tuvo que ver con la gresca. Los tres funcionarios retenidos fueron liberados y el predio se recuperó.
El edil José Julio Antonio Aquino dijo que el terreno fue recuperado por el ayuntamiento como parte del programa de rescate de bienes inmuebles.
Subrayó que intereses extraños intentaron confundir y confrontar a los ciudadanos con el gobierno municipal.
Por la tarde, policías estatales realizaron rondines en apoyo a los agentes municipales.
 
 
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Posible, postergar la toma de posesión, coinciden chavistas y opositores

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Oraciones en Caracas por la mejoría de Hugo ChávezFoto Reuters
Afp
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 16
Caracas, 25 de diciembre. El oficialismo y la oposición de Venezuela coincidieron en que es posible postergar la asunción del presidente Hugo Chávez, fijada en la Constitución para el 10 de enero, si para entonces aún está en Cuba recuperándose de su cuarta operación contra el cáncer.
El líder opositor venezolano Henrique Capriles, quien perdió en octubre las elecciones presidenciales, afirmó el pasado lunes que si Chávez no puede reasumir la presidencia el 10 de enero, no pierde la condición de presidente electo, por lo que es posible postergar la fecha de toma de posesión.
En esto hay que ser muy serio y transparente, no pierde la condición de presidente electo una persona que no pueda tomar posesión del cargo el día en que está establecido, declaró Capriles a periodistas, acercando su posición a la que sostiene el chavismo.
Por su parte, el vicepresidente Nicolás Maduro, a quien Chávez designó como su sucesor en caso de que él resulte imposibilitado para asumir la presidencia y ello obligue a convocar a nuevas elecciones, señaló: “la Constitución es muy clara, el presidente en este momento está haciendo uso de un permiso aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional, para atender su situación de salud. Si ese permiso se tuviera que extender después del 10 de enero –día previsto para que asuma el cargo–, seguramente tendrá que hacer su juramento en el Tribunal Supremo de Justicia.
En el momento en que así lo indique su cuerpo médico y se den las posibilidades, el presidente hará el juramento constitucional, agregó Maduro.
Tras la operación de Chávez, y ante la falta de una fecha estimada para su regreso a Caracas, se abrió un polémico debate en Venezuela sobre si la fecha de la toma de posesión en la Asamblea Nacional se puede postergar o no.
La Constitución venezolana prevé faltas temporales del presidente –de 90 días y prorrogables por 90 días más– durante las que debe asumir el vicepresidente, y faltas absolutas –que deben ser decretadas por la Asamblea Nacional– en caso de muerte, renuncia, destitución o inhabilitación física o mental.
En caso de que se decretara la falta absoluta, antes de asumir el mandato o en los primeros cuatro años de gobierno, se tendrían que realizar elecciones presidenciales anticipadas en un lapso de 30 días.

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Aprueba Madrid privatización sanitaria, pese a la huelga de los médicos

LA NUEVA REPÚBLICA

Publicado el diciembre 27, 2012, Bajo Internacional, Autor MonaLisa.
Asi viene para México, va la nota:

* Los médicos madrileños continúan con la quinta semana de huelga contra la privatización.

La Comunidad de Madrid ya puede privatizar seis hospitales que se construyeron en 2008 y 27 (el 10 por ciento de los) centros de salud de la región, pese a la huelga de los médicos.
Madrid / Reforma -27 diciembre 2012 11:23 a.m.

El pleno de la Asamblea regional votó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2012, que permite externalizar la gestión de estos centros sanitarios. La ley fue aprobada con el voto a favor de la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) pese a los votos en contra del PSOE, IU y UPyD, informó El Mundo.
La semana pasada el Gobierno madrileño había aprobado el presupuesto para 2013, que incluye las partidas destinadas a ceder a empresas la gestión de los hospitales y 27 centros de salud ya en funcionamiento, y que cuentan con personal que depende de la Administración.
Mientras tanto, los médicos madrileños continúan con la quinta semana de huelga indefinida contra la privatización que ha causado un serio impacto en los usuarios. El Gobierno regional afirma que uno o dos de cada diez galenos la siguen, mientras que los profesionales cifran la participación en un 70 por ciento.
Los datos oficiales indican que unas 6 mil operaciones quirúrgicas no urgentes y 40 mil consultas han sido suspendidas.
La sanidad madrileña se ha levantado contra los planes de privatización, y la actividad diaria en hospitales y centros lo está sufriendo.
Los profesionales del resto de España observan atentos el laboratorio de Madrid por la posible extensión de ese modelo sanitario a otras autonomías.
“Si ellos caen, detrás caeremos todos los demás”, dice un médico de Castilla-La Mancha.
Los profesionales sanitarios convocaron a una gran movilización en toda España “en defensa del sistema nacional de salud” para el 23 de febrero.

Fuente

Los médicos cumplen un mes de huelga sin que Madrid ceda en su plan privatizador

La Nueva República 

Publicado el diciembre 27, 2012, Bajo Internacional, Autor MonaLisa.


Después de 16 jornadas de huelga, se han suspendido 5.000 operaciones y más de 30.000 consultas / Hoy se podría saber si dimite la mitad de los directores de los centros de atención primaria de salud.
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) se ha manifestado este mediodía en Madrid en defensa de la sanidad pública EFE
Celeste López Madrid y Alicia Rodríguez de Paz Madrid / lavanguardia.com

El enfrentamiento entre los sanitarios y el Gobierno madrileño se enquista. La rebelión de las batas blancas sigue en la calle y el ejecutivo de Madrid contraataca pretendiendo reducirla a reivindicaciones corporativas que están perjudicando a los pacientes. A pesar de las reuniones mantenidas entre ambas partes, de momento, no hay ni un sólo indicio de que el conflicto pueda encauzarse. El plan de privatización de la gestión de seis hospitales y de un 10% de centros de salud, impulsado por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, continúa cumpliendo sus plazos. Sin ocultar su enfado, González reclamó ayer que el Gobierno central legisle sobre el derecho a la huelga para evitar “abusos”.
Justo un mes después de que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) iniciaran su convocatoria de huelga para cada semana de lunes a jueves, los médicos vivieron ayer la jornada décimo sexta de paros. Son ya cinco semanas de protestas. Los sindicatos mayoritarios entre los sanitarios también han ido convocando varios días de huelga. En la Puerta del Sol, un grupo de sanitarios y de ciudadanos de la plataforma contra la privatización de los centros de salud de atención primaria de Madrid, se reunieron ayer al mediodía para cantar villancicos a favor de la sanidad pública.
A muy pocos metros de los manifestantes, en la sede del Gobierno autonómico de Madrid, tratan de cuestionar las protestas de los sanitarios. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, endureció el discurso y acusó a los huelguistas de hacer “mucho daño a los ciudadanos”. El Gobierno autonómico asegura que se han suspendido 5.000 operaciones quirúrgicas y las consultas anuladas superan las 30.000. En la misma línea, el presidente Ignacio González aseguró que “no se puede utilizar” a los pacientes ni a los enfermos “para reivindicaciones laborales, por muy legítimas que éstas sean”.
Las complicaciones no acaban aquí. Precisamente hoy está previsto que se sepa si dimitirá parte de los directores de los centros de atención primaria de Madrid. Estos amenazaron con hacerlo si el 27 de diciembre se aprobaban las condiciones de privatización y se han adherido a la iniciativa al menos la mitad de estos equipos directivos -es decir, 135-.
A finales de octubre, con la dimisión de Esperanza Aguirre aún en la retina de los madrileños, el nuevo presidente, Ignacio González, presentó sus planes para hacer sostenible la sanidad madrileña, incluidos en los presupuestos del 2013. Así nació una oleada de protesta hasta ahora nunca vista desde el inicio de la crisis. La intención de González es que seis de los hospitales abiertos en el 2008 sean totalmente gestionados por empresas privadas. Además abre la puerta a externalizar la gestión del 10% de los centros de salud de la región -hasta 400 si se incluyen los consultorios rurales-. La chispa saltó y prendió provocando lo que se ha llamado la marea blanca que, lejos de apagarse con el tiempo, ha ido creciendo y creciendo, ya ha puesto en un brete a un gobierno con problemas hasta para explicar los números que justifiquen un cambio de modelo.
Una parte del éxito de este movimiento se debe al hospital de la Princesa, que en un principio iba a ser reconvertido en un hospital geriátrico para mayores de 75 años, dejando de lado sus trabajos de investigación, su historial como centro de referencia en diversas patologías y la atención a una populosa población. Los encierros, las protestas y, sobre todo, la implicación de vecinos y profesionales, obligaron al gobierno regional a dar marcha atrás en sus pretensiones iniciales. Eso sí, a cambio de un presupuesto muy ajustado para este centro hospitalario. Ese pulso terminó extendiéndose a los centros de salud y a los hospitales cuya gestión va a ser privatizada.
Otro de los éxitos que justifican el empuje de la marea blanca es la implicación de la profesión sanitaria. Nunca antes se había visto una unión tan grande entre médicos, enfermeros, auxiliares y celadores, entre otros, en defensa de un modelo sanitario que es el orgullo de pacientes y profesionales. El plan de González ha conseguido unir a los sanitarios en bloque, encabezados por la siempre conservadora Organización Médica Colegial (OMC) y el Colegio de Médicos de Madrid. Tras ellos, todas las sociedades científicas y médicas. Lo dicho, lo nunca visto.
Y en medio, la asociación de médicos especialistas de Madrid, AFEM, no vinculada ni al colegio profesional ni a sindicatos, que se ha convertido en un referente en toda regla en este conflicto. El papel que está jugando en este conflicto, como uno de los interlocutores en la negociación con la Comunidad de Madrid, es clave en el transcurrir de la marea blanca. Pocos grupos han conseguido tal capacidad de movilización, con manifestaciones multitudinarias cada fin de semana. Y poner en un serio dilema al Gobierno de González desmontando el ahorro por la privatización de la gestión. Según la AFEM, el coste de la asistencia sanitaria de los seis hospitales de gestión mixta es de 347 euros por habitante. Si la gestión fuera externalizada y adjudicada a empresas privadas a un coste de 441 millones de euros por habitante, el Servicio Madrileño de Salud estaría pagando a esas empresas cada año entre 71 y 118 millones más de lo que realmente han costado los seis hospitales.
El éxito de la marea blanca no está en absoluto garantizado. Sobre todo, si el Gobierno de Madrid sostiene el pulso y opta por no moverse ni un ápice.
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