jueves, 10 de enero de 2013

SME Informe reunión en la CNDH 10ene13

SME Entrevista con el Lic Jorge Carbajal Smith en la CNDH 10ene13

Otra de Calderón: De última hora, un regalo privatizador

Presa La Angostura. Foto: http://3.bp.blogspot.com/_
Presa La Angostura.
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Una serie de ordenamientos y modificaciones aprobados a última hora por el anterior gobierno federal le dejan la mesa puesta a la administración de Enrique Peña Nieto en caso de que quiera privatizar el sector energético mexicano, empezando por la electricidad. El nuevo reglamento de la Secretaría de Energía y el relativo al Servicio Público de Energía Eléctrica le dan la vuelta al artículo 27 constitucional y dejan de considerar estratégicas –y por lo tanto no privatizables– a la CFE y a Pemex, entre otras paraestatales.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Entre el 14 de septiembre y el 30 de noviembre pasados el entonces presidente Felipe Calderón emitió varios reglamentos en materia energética que –aun sin modificar el artículo 27 constitucional– permiten la participación de particulares en el proceso de generación, transmisión, distribución y venta de electricidad.
En esos reglamentos el panista omitió el carácter estratégico del sector eléctrico –el que impedía su privatización–, otorgó amplias facultades a la Secretaría de Energía (Sener), le restó autonomía a las paraestatales e incluso anuló las normas que se violaron al extinguir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Un nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Energía (Risener, que modifica el anterior ordenamiento de esa dependencia) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de octubre. El 30 de noviembre –último día de su gobierno– Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (RLSPEE) que completaron otras reformas publicadas el 24 de octubre anterior.
Las modificaciones comenzaron el 14 de septiembre cuando la Secretaría de Hacienda (SHCP) difundió las nuevas normas aplicables al sector paraestatal, las que junto a los reglamentos mencionados cobraron vigencia mientras se desarrollaba el proceso de transición gubernamental.
Cabe destacar que el sector energético es importante para el gobierno de Enrique Peña Nieto. El pasado 6 de diciembre, en un breve encuentro con reporteros en el avión presidencial, se le preguntó si algún tema le preocupaba.
“Hay temas de los que ya me estoy ocupando desde ahora, donde tenemos algunos rezagos que hay que atender de manera inmediata. Por ejemplo, para hablar del tema de electricidad, tema de gas, abasto de gas, que está resultando un problema, no tenemos hoy los ductos construidos… Éste y otros temas de coyuntura se están atendiendo, estamos encontrando solución”, respondió.
El 12 de diciembre en Tijuana aludió otra vez al asunto: “Uno de mis compromisos fue precisamente reducir las tarifas eléctricas para todo el país y esto necesariamente transita por una reforma hacendaria y energética”, advirtió.

Privatización prevista

En el oficio 309-A.-0249/2012 la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, a través de su Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, difundió el nuevo reglamento de la Sener con la consideración de que éste se emitía para armonizar las reglas derivadas de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
El oficio fue dirigido a oficiales mayores o equivalentes de dependencias federales y paraestatales y en su cuarto considerando establece: “Que la aprobación de la LGCG, sus alcances, las regulaciones conceptuales y técnicas, así como el objetivo principal de atender la armonización de la contabilidad gubernamental, obligan a la actualización de los documentos normativos que se venían aplicando con la finalidad de dar continuidad al principio de consistencia”.
Las nuevas normas reestructuran el sector energético y amplían el espectro de participación privada, en especial en lo relativo a la electricidad. Sólo en el RLSPEE el 24 de octubre se modificaron 71 artículos a los que se sumaron, el 30 de noviembre, seis más. En total se reformaron 77 de los 173 artículos de ese reglamento.
Entre los artículos modificados destaca el 11: “El suministrador podrá celebrar convenios y contratos con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, los municipios, las entidades paraestatales o con particulares, para realizar actos relacionados con la prestación del servicio y actividades conexas, con el fin de mejorar el aprovechamiento de sus recursos, así como simplificar y facilitar las labores administrativas relativas al servicio”.
El artículo 72 estipula que los particulares podrán generar energía eléctrica con el fin de vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El artículo 73 autoriza que los particulares realicen transmisión, transformación y entrega de energía eléctrica a los beneficiarios.
Y sigue: “En los proyectos correspondientes, los interesados deberán considerar las instalaciones relativas a dichas actividades, para los fines de construcción y operación de las mismas, sin perjuicio de la posibilidad de celebrar, en su caso, convenios con la Comisión (CFE) para la prestación por ésta de servicios de transmisión de la energía eléctrica a los permisionarios”.­
El artículo 77 abunda en que los tipos de permisos a particulares que otorgará la Sener serán para autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, generación para exportación e importación de energía eléctrica.
Excepto en la producción independiente, todos los permisos tendrán duración indefinida. Y a pesar de las restricciones, para cada tipo de permiso hay un denominador común: el artículo 126 establece que independientemente del tipo de permiso que tenga un particular para generar electricidad, puede ponerla en su totalidad a disposición de la CFE.
El capítulo VIII del mencionado reglamento norma las condiciones de planeación y prospectiva que deberán realizarse cada año. Entre éstas se establece que la Sener elaborará una “memoria” con la información que aportan los particulares implicados en la prestación del servicio, a partir de la cual la CFE deberá tomar previsiones técnicas y económicas.
Entre esas previsiones están las licitaciones. La Sener determinará –según el artículo 125 del RLSPEE– la ampliación o sustitución de capacidad que se requiera para satisfacer la demanda de electricidad del país y en su caso decidirá licitar la construcción y operación de obras. Además, mediante adjudicación, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación decidirá si compra electricidad a particulares.
La Sener decidirá los aspectos más importantes de las licitaciones. El artículo 13 bis establece con claridad que esa secretaría autorizará todo proyecto de la CFE.

Contrataciones a discreción

Como lo hace el RLSPEE, el nuevo reglamento de la Sener concentra también facultades en esta dependencia y le resta autonomía a la CFE.
En el artículo 2 del reglamento anterior se consideraba que la Sener “proveerá lo conducente para asegurar que el órgano de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas bajo su sector, ejerza con autonomía de gestión sus atribuciones de administración y conducción”. Esta previsión desapareció en el Risener.
El artículo 5 del reglamento anterior preveía que las paraestatales coordinadas por la Sener se agruparan en tres subsectores: El de la electricidad, del cual formaban parte la CFE y LFC; el de los Hidrocarburos, es decir Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus subsidiarias; y el de Tecnología Energética, esto es los institutos de Investigaciones Eléctricas, de Investigaciones Nucleares y Mexicano del Petróleo.
En el articulado del nuevo reglamento desaparecieron los subsectores y no se menciona por su nombre a las paraestatales ni a los institutos.
La eliminación de los coordinadores de subsector es otra de las novedades en el nuevo ordenamiento. El artículo 11 del reglamento anterior estipulaba que los coordinadores de subsector y el oficial mayor de la Sener estaban facultados para suscribir contratos. Ahora un jefe de unidad o un director general puede hacerlo, siempre que tenga la opinión del área jurídica.
Los jefes de unidad y directores de área concentran más poder que sólo la contratación, pues el reglamento nuevo también eliminó varios comités de deliberación colegiada para concentrar las decisiones en un director.
El artículo 6 del anterior reglamento consideraba la existencia de cinco comités: de Planeación y Programación Sectorial, de Desarrollo y Tecnología, Técnico Sectorial de Estadística y de Información Geográfica, de Mejora Regulatoria y de Información Pública. El papel que desempeñaban estos comités ahora lo desempeñarán directores generales dependientes de las subsecretarías.

El irregular caso de LFC

Las reformas al RLSPEE y al Risener forman parte de un paquete de modificaciones, anulaciones y nuevas normas que regulan a las paraestatales. Conforme al oficio 309-A.-0249/2012 de la SHCP, en 2012 ocho normas de aplicación obligatoria para las paraestatales fueron sustituidas y 10 más se dieron de baja.
Los reglamentos decretados por Calderón también permitieron subsanar las irregularidades que cometió al decretar la extinción LFC en octubre de 2009 y dejan abierta la posibilidad de que el gobierno de Peña Nieto acuda a fórmulas privatizadoras de las paraestatales.
Aunque el nuevo reglamento de la Sener no menciona ya a la CFE ni a Pemex o a sus subsidiarias –consideradas por el artículo­ 27 constitucional estratégicas y prioritarias y por lo tanto no privatizables– la posibilidad de que se privaticen está reglamentada.
El artículo 6 del nuevo Risener, en su fracción XXIII, establece como facultad genérica de los subsecretarios: “Someter a la consideración del secretario los estudios y análisis previos, así como los anteproyectos de instrumentos jurídicos, cuyo objeto sea crear, modificar, disolver, liquidar, extinguir, fusionar, enajenar o transferir entidades paraestatales coordinadas del sector, con la opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos”.
El pasado 20 de octubre se informó (Proceso 1877) que dichas facultades formaban parte del reglamento de la Sener. Se hizo un seguimiento con solicitudes de acceso a la información con el objetivo de establecer si la facultad para proponer la extinción de LFC se había ejercido conforme a las disposiciones administrativas.
El reportaje de este semanario dio cuenta de que con la legislación y la normatividad vigente en 2009, LFC no podía extinguirse por su carácter estratégico y que aun cuando fuera posible, la Norma Específica de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (NEIFGSP-011) establecía que antes de la extinción se debía efectuar la liquidación. Calderón lo hizo al revés.
Esa y otras irregularidades demostraban que la violación en materia administrativa podía nulificar la extinción de LFC por vicios de procedimiento.
La solución fue sencilla: la NEIFGSP-011 causó baja en octubre pasado pues es una de las normas que, según el oficio 309-A.-0249/2012, quedó sin vigencia y no se sustituyó.­
Ahora el Risener concede al titular de la Sener la facultad de reglamentar el vacío. Conforme al artículo 4, fracción III, es el responsable de proponer las normas y reglamentos a fin de que los decrete el Presidente.

Estados radiactivos

La materia nuclear se convirtió en una prioridad del gobierno de Calderón, quien en 2007 inició la cuantificación de minerales radiactivos en el país.
En su edición 1673 (del 23 de noviembre de 2008) Proceso informó de una sigilosa exploración a cargo del Servicio Geológico Mexicano (SGM) a partir de los informes sobre reservas de uranio que había integrado Uranio Mexicano (Uramex), paraestatal extinguida en 1985.
Al frente del SGM y la cuantificación se puso a Rafael Alexandri Rionda, un burócrata del sector energético que estuvo a cargo de realizar en 2007 la cuantificación de reservas de hidrocarburos y cuyas conclusiones dieron a Calderón el argumento publicitario del desaprovechado “tesoro que México tiene en aguas profundas” con el que promovió la reforma petrolera.
Mediante solicitudes de información el SGM respondió con explicaciones escuetas: se revisaban 554 informes emitidos por Uramex y los estados con potencial radiactivo eran Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Además un informe de Uramex –obtenido por Proceso– daba cuenta de 62 sitios con reservas de uranio que incluía también a Baja California Sur y Coahuila como entidades con amplias reservas y potencial uranífero.
La CFE no tenía registro de proyectos radiactivos ni de las actividades que realizaba el SGM pues las conclusiones de sus exploraciones nunca se hicieron públicas.
Ahora el artículo 11 del nuevo reglamento de la Sener señala que el director general de Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares es responsable de proponer al subsecretario de Electricidad las políticas en materia de energía nuclear; de otorgar y cancelar las asignaciones para exploración, explotación y beneficio de minerales radiactivos y no radiactivos asociados y recibir avisos sobre la existencia de yacimientos de minerales radiactivos, entre otras funciones.
Los informes del SGM obtenidos de la cuantificación iniciada en 2007 quedaron en manos de la Sener, que ya puede disponer su explotación y beneficio, ampliando el número de asignaciones mineras.

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Continúa la presentación de amparos en contra de la reforma laboral

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2013, p. 16
Los sindicatos independientes del país continuaron ayer con la presentación de miles de amparos individuales y colectivos contra la reforma laboral. Ayer el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentó en el Palacio de Justicia de San Lázaro los amparos de casi la totalidad de sus trabajadores afiliados.
En tanto, en la reunión semanal de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el abogado laboralista Héctor Barba informó que incluso ciudadanos a título personal están descargando los formatos para la presentación individual de amparos contra las modificaciones que se impusieron a la Ley Federal del Trabajo.
Barba puntualizó que no sólo se están amparando trabajadores del apartado A, sino también del apartado B, es decir burócratas, para los cuales hay un formato diferente. La dirigente del Sindicato de Nacional Financiera, María Luisa Velázquez Galicia, sostuvo que los trabajares de este gremio también van a ampararse.
A su vez, el dirigente de la presidencia colegiada de la UNT y líder del sindicato de telefonistas indicó que 85 por ciento de los trabajadores de esta organización iniciaron el proceso legal contra la reforma laboral y se espera que en los próximos días se ampare el resto. Por su parte, Agustín Rodríguez, dirigente del STUNAM, planteó que además de llevar a los tribunales estos procesos, se tienen que hacer movilizaciones como señal de presión para que se dé curso a los mismos y no se empolven en los juzgados.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) informó que 80 por ciento de sus agremiados ya firmaron y presentaron este recurso legal.
Para hoy se espera que el comité ejecutivo nacional democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Unión de Juristas, el Frente Sindical Mexicano y otros sindicatos más de la UNT acudan al Palacio de Justicia de San Lázaro a presentar cientos más de amparos.
El CEND-SNTE informó que se trata de una cruzada nacional masiva para la presentación de estos recursos contra la reforma laboral esclavista. Que la meta es lograr millones de amparos, cuyo formato es gratuito para los trabajadores, que sólo deberán gastar en el costo de la papelería, por lo que llamó a éstos a no dejarse engañar por quienes pretendan cobrarles por este proceso.
Recordó que el formato se puede descargar del sitio www.amparoreformalaboral.org y que pueden presentar el recurso tanto de manera individual como colectiva, en lo juzgados de distrito en materia de trabajo del Distrito Federal, acompañados de recibos de pago de salarios.
 
 
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Piden orden de aprehensión contra Néstor Moreno Díaz

Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2013, p. 13
La Procuraduría General de la República (PGR) pidió a un tribunal unitario de circuito con sede en Nuevo León que emita una orden de aprehensión contra Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual, de prosperar, se sumará a los dos procesos que ya enfrenta el ex funcionario en tribunales, informaron fuentes judiciales.
En este tercer caso penal contra Moreno Díaz, la PGR le imputa violaciones a la ley de amparo, ya que engañó a una juez federal para que el año pasado le concediera la libertad provisional bajo fianza.
En primera instancia judicial, la PGR no obtuvo esta nueva orden de captura.
Al ex funcionario de la CFE se le imputa, en este nuevo caso, haber infringido el artículo 211 de la Ley de Amparo, que castiga con seis meses a 3 años de prisión y multa de 10 a 90 días de salario mínimo, al quejoso que omita datos de esta naturaleza en un amparo. El ilícito no es considerado grave.
A decir de las fuentes judiciales consultadas, este expediente originalmente lo consignó la Subprocuraduría de Delitos Federales ante la juez cuarto de distrito, Taissia Cruz Parcero, pero la impartidora de justicia se declaró incompetente para resolver con motivo de que el supuesto delito ocurrió en juzgados federales de Monterrey.
 
 
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Crece repudio internacional por llegada de Calderón a Harvard

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo. Foto: Miguel Dimayuga
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Miguel Dimayuga
 
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Un total de 13 mil 280 personas han firmado una petición para que la Universidad de Harvard de marcha atrás a su decisión de incorporar al expresidente Felipe Calderón como profesor invitado.
En el sitio “change.org” se colocaron dos cartas públicas para exigirle a la institución educativa reconsiderar su decisión, tomando como principales consideraciones los pésimos resultados de la gestión de Calderón, así como el número de víctimas fatales que provocó su declaración de guerra contra el narcotráfico.
Una de las cartas públicas es autoría de John Randolph, exagente de la Patrulla Fronteriza, quien fue entrevistado por el periódico Reforma. Como parte de su argumentación, expone:
“Durante 26 años fui miembro de la Patrulla Fronteriza, por lo que siempre estuve interesado en el tema de la droga, ya que creo que se trata de un problema binacional. En 2005 me retiré y empecé a investigar sobre la guerra contra la droga en México. No creo que sea justo que él (Calderón) vaya a dar clases allí. Por aquellos que han tratado de ganar legítimamente asilo en Estados Unidos a causa de la guerra contra las drogas y han sido rechazados”.
Eduardo Cortés Rivadeneyra, propietario de una constructora en Puebla, es el autor de la segunda petición:
“Calderón disparó la deuda pública en un 122 por ciento, según SHCP; sumó 7.3 millones de pobres, según CONEVAL; tiró a México 33 lugares en el Índice de Corrupción, según Transparencia Internacional; México es el último lugar en calidad educativa, según la OCDE, y su fallida guerra dejó más de 100 mil muertos y 25 mil desaparecidos, según México Evalúa y el listado de la PGR, publicado por The Washington Post.
“No podemos permitir que nuestros políticos laven su prestigio en una institución internacional. Esos muchachos que van a recibir la enseñanza de Felipe Calderón van a escuchar una cátedra de mentira, y yo definitivamente no estoy de acuerdo con eso”.
En los próximos días iniciará la cátedra de Calderón en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, que está prevista  concluir en diciembre de este año.

Proceso

Crear seguro de desempleo, demanda la OIT a Méxco

Juan Carlos Miranda y Víctor Cardoso
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2013, p. 28
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al gobierno mexicano a crear un seguro de desempleo que permita a los ciudadanos tener un colchón durante el tiempo en que encuentran otro trabajo en caso de ser despedidos, debido a las facilidades que la reciente reforma laboral otorgó a las empresas para contratar y liquidar a sus empleados.
El director adjunto de la OIT para México y Cuba, Thomas Wissing, consideró que dicho seguro debe ir acompañado de políticas activas de mercado para que no se convierta sólo en el recibo de un ingreso, sino en motivación para reorientar la carrera profesional de las personas y que puedan emplearse nuevamente.
Precisó que el tiempo del seguro dependerá de las condiciones del mercado laboral, del volumen de la población que está en la informalidad y del desempleo abierto, así como de las finanzas del país: es muy importante que (el seguro) esté acompañado por becas para el trabajo, capacitación con servicios de orientación profesional y de otras políticas activas para el mercado laboral, comentó.
Asimismo, señaló que esquemas como el anterior ya existen en algunos países de América Latina, como Chile y Brasil. Incluso –dijo–, en México algunos gobiernos estatales tienen programas que ayudan a las personas sin trabajo, los cuales podrían convertirse en un seguro de desempleo.
El funcionario descartó que el gobierno requiera de una reforma hacendaria para aplicar la medida, ya que –dijo– existen recursos suficientes; sólo habría que reorientar el gasto público.
Señaló que impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, el desarrollo territorial, la inversión en ciencia y tecnología y el desarrollo de cadenas productivas puede tener un impacto muy positivo para la creación de empleo.
Pide ratificar Convenio sobre Trabajo Doméstico
Por otra parte, la OIT llamó a sus estados miembros a ratificar el Convenio sobre Trabajo Doméstico para mejorar las condiciones laborales de más de 52 millones de personas en el mundo.
La subdirectora general del organismo, Sandra Polasky, dijo que al menos 52 millones de personas en el mundo, la mayoría mujeres, están empleadas como trabajadores domésticas, y sólo 10 por ciento están protegidas por las mismas leyes que otros trabajadores.
(Con información de Notimex)

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Que se revelen nombres de corruptos: sindicato

Mónica Mateos-Vega
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2013, p. 3 

El Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Investigadores y Docentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) envió una carta al titular del instituto, Sergio Raúl Arroyo, en la que le solicitan que exija a la empresa Wal-Mart que revele los nombres y las circunstancias “que dieron lugar a la petición de grandes cantidades de dinero para ‘donaciones y regalos personales’”, como lo afirma un reportaje del diario estadunidense The New York Times publicado el 17 de diciembre de 2012.
Miembros de ese sindicato comentaron a La Jornada que el único beneficiado con el silencio que el titular del INAH ha guardado estas semanas acerca del caso es Enrique Peña Nieto, quien en 2004, durante el conflicto por la construcción de la tienda de autoservicio en la zona arqueológica, iniciaba su campaña por la gubernatura del estado de México, luego de haber sido secretario de Administración del entonces gobernador Arturo Montiel.
Ojalá que no se esté planeando usar a Sergio Raúl Arroyo como chivo expiatorio de todo este asunto. Por eso la empresa Wal-Mart tiene la obligación moral de decir a quién corrompió entonces, reiteraron los trabajadores del INAH.
En la misiva, los investigadores y docentes del instituto argumentan que “dada la presión que está ejerciendo la prensa a este comité ejecutivo para proporcionarle más información sobre el caso Wal-Mart en Teotihuacán, consideramos que no somos nosotros los que podamos dilucidar lo ocurrido, sino que es estrictamente competencia de la dirección general.
“Habiendo transcurrido varias semanas desde que este asunto se ventiló públicamente sin una respuesta institucional de su parte, le solicitamos de la manera más atenta su deslinde del caso, exigiéndole a la empresa Wal-Mart que proporcione los nombres y las circunstancias que dieron lugar a la petición de grandes cantidades de dinero para ‘donaciones y regalos personales’ por funcionarios del INAH para liberar el predio en cuestión.
El silencio no ayuda a usted ni a nuestra institución, que se ven afectados por información incompleta, que lo único que hace es abrir la suspicacia sobre el actuar institucional.
En entrevista con este diario recordaron que el conflicto en torno a la edificación de la tienda en Teotihuacán inició en 2004, cuando los propios vecinos de la zona arqueológica se percataron de que la empresa constructora del Aurrerá sacaba tierra del predio con infinidad de cerámica rota, fue a partir de entonces que se conformó el Frente Cívico para la Defensa de Teotihuacán, pero también fue hasta después de que la tienda ya se había empezado a construir que llegó la arqueóloga Verónica Ortega Cabrera y su equipo a supervisar los trabajos. Pero el daño ya estaba hecho.
Imágenes que confirman lo anterior se muestran en la página del sindicato: investigadoresinah.org.mx/ en las que inclusive se ven vestigios de un enterramiento hallado en el terreno donde ahora está la Bodega Aurrerá. Las fotografías fueron captadas hace siete años por los propios trabajadores sindicalizados del INAH, así como por vecinos del lugar.
 
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Ex secretarios de Estado y empresarios dejan el PAN

Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2013, p. 10 

Ex secretarios de Estado y empresarios, como Alejandro Poiré, Pedro Cerisola, Rafael Elvira Quesada, Gerardo Ruiz Mateos, María Aramburuzabala y Lorenzo Servitje abandonaron las filas del PAN, según el nuevo padrón de miembros de ese partido que se dio a conocer el domingo pasado, tras concluir el proceso de refrendo de la militancia.
Estos nombres se suman a los de los ex gobernadores de Yucatán Patricio Patrón y de Tlaxcala Héctor Ortiz, así como al del ex procurador general de la República Arturo Chávez Chávez y el ex titular de la Función Pública Eduardo Romero Ramos, dio a conocer la agrupación Panistas en Causa, tras revisar la lista depurada.
Pero también dejaron el PAN integrantes de la farándula y del medio deportivo, como la actriz Sherlyn González Díaz y la cantante Patricia (Patylu) Sirvent Bartón, quien se integró al panismo en 2009 durante una campaña de afiliación que promovió su ahora esposo César Nava.
En igual situación está el ex futbolista Carlos Hermosillo, quien incluso fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), donde se desempeño como secretario de vinculación con la sociedad, y Mariana Ochoa, integrante del grupo musical OV7. Otras personas que renunciaron al PAN son el ex presidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún.
Panistas en Causa criticó ayer el proceso de refrendo, pues con ese mecanismo el CEN evadió su responsabilidad de auditar el padrón y sancionar a los autores de afiliaciones corporativas y fraudulentas, como en su momento solicitó la organización para el caso del Distrito Federal.
En la ciudad de México ratificaron su militancia 10 mil 784 personas, lo que significa que el PAN perdió 89 por ciento de su listado nominal, que en octubre pasado sumaba 96 mil 73 inscritos. De quienes refrendaron su pertenencia al panismo, 7 mil 569 (44 por ciento) son miembros activos y 3 mil 215 (4 por ciento) adherentes.
De éstos, al menos mil fueron refrendados fast track, es decir, por conducto de mensajeros, informó la organización, que también denunció que en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo se realizaron operativos de acarreo para que unas 4 mil 600 personas ratificaran su adhesión al PAN.
Consideró que el padrón de miembros en el Distrito Federal sigue lo suficientemente inflado para asegurar el predominio de los cacicazgos que encabezan Mariana Gómez del Campo y Jorge Romero.
Cabe destacar que de los ex militantes panistas sólo Aramburuzabala, directiva del Grupo Modelo, y Patricia Sirvent tenían la calidad de miembros adherentes; el resto eran activos, es decir, tenían mayor participación en la vida interna del partido.

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Encuentro en CU de Ocupa y #YoSoy132

Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2013, p. 17 

Las islas de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron el escenario donde se dio un intercambio de ideas y experiencias entre activistas de los movimientos Ocupa en Estados Unidos y #YoSoy132 de México.
Si bien se trata de movimientos distintos, al final sus objetivos están vinculados, pues ambos –al igual que colectivos en otras partes del planeta– luchan por una transformación.
Max Berger, de Nueva York; Molly Shack, de Ohio; Maxwell Love y Alli Gardner, de Wisconsin, están en México desde finales de diciembre y ayer fueron invitados a las islas a una convivencia con los jóvenes del colectivo mexicano.
En entrevista, Molly Shack indicó que el encuentro con #YoSoy132 representó aprender, conocer, coordinar y organizar algunos puntos coincidentes entre ambos movimientos.
También fue hablar con gente joven, universitarios, que tienen una lucha particular, pero que también viven problemas de amor, con la familia y amigos, en la universidad.
La joven estadunidense afirmó que las movilizaciones sociales que se han presentado en el mundo en años recientes, como #YoSoy132, Ocupa o el 15-M de España, se han convertido en símbolos globales de lucha y resistencia.
Una de las intenciones fue coordinar una acción conjunta entre los colectivos de varias naciones para alguna fecha particular. Sin embargo, al final de la jornada –que incluyó, como en un día de campo, emparedados, pasteles de chocolate, sodas, frutas, así como unos cuantos lanzamientos de un balón de futbol americano y hasta la presencia de Balú, un perro que jugaba con una pelota de tenis– no hubo acuerdo formal sobre este punto.
Durante las charlas, los jóvenes de Ocupa explicaron que si bien los logros de su movimiento no son tan tangibles, en su país han sucedido varias situaciones que indirectamente están relacionadas con la resistencia que tuvieron, en particular en Wall Street.
Los estadunidenses narraban que al asumirse como parte de Ocupa frente a sus conocidos o familiares, éstos los veían como revoltosos. Hubo risas cómplices entre los integrantes de #YoSoy132, e incluso una de ellas dijo: Igual que a nosotros.
 
 
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Ley de Víctimas, “primer paso en la ruta a la justicia y la paz”: Sicilia

Peña y Sicilia durante la divulgación de la Ley General de Víctimas. Foto: Germán Canseco
Peña y Sicilia durante la divulgación de la Ley General de Víctimas.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Para el poeta Javier Sicilia, la Ley General de Víctimas promulgada hoy por el presidente Enrique Peña Nieto, es apenas un primer paso para lograr que el país tenga acceso a la justicia y a la paz.
Sicilia, como representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), expresó al presidente en la residencia oficial de Los Pinos que la promulgación del nuevo ordenamiento es motivo de esperanza, pero que es insuficiente porque no basta con destrabar esa ley.
Además, expuso que la publicación de la ley –aprobada por el Congreso, bloqueada por Felipe Calderón y desbloqueada por Peña Nieto— hace de esta fecha, una paradoja:
“La tristeza y la alegría. La tristeza, porque esta Ley General de Víctimas que por fin ha sido publicada y hoy se nos entrega, no debió existir. Es la consecuencia de la no aplicación de las leyes que están hechas para la protección y la justicia de los ciudadanos; es la consecuencia de la impunidad, de la corrupción, del desprecio, de la erosión del esqueleto moral y político del Estado mexicano, y de una guerra que nunca debió haber sucedido.
“La alegría, porque frente al dolor y el sufrimiento de esas graves omisiones, esta ley abre una esperanza: la esperanza de la justicia y de la paz, la esperanza de la palabra cumplida, la esperanza de un Estado que rompa la espantosa brecha entre ciudadanos y autoridades que tanto daño ha hecho al país y a la democracia, la esperanza de la vida contra la muerte, de la unidad del amor contra el odio, la esperanza de una nación que se rehace de sus miserias”, expresó.
En el primer encuentro público de Peña Nieto como presidente con el MPJD, el jefe del Ejecutivo federal ofreció un diálogo permanente con los organismos de la sociedad civil para realizar las mejoras que contribuyan a la justicia y la paz.
También dijo que invariablemente estará al lado de las víctimas.
Peña Nieto admitió que hay un México lastimado por la delincuencia y las víctimas son quienes más han sufrido:
“Hay miles de personas que ha perdido, lamentablemente, a un ser querido, a sus hijos, esposos o hermanos”, entre otras consideraciones.
Durante su intervención, instruyó al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, a establecer mesas de diálogo para materializar los instrumentos de justicia que el ordenamiento publicado hoy tiene previstas, además de que se atiendan las demandas de las organizaciones de víctimas del delito, acciones que permitan acreditar “más allá de la retórica” que su gobierno está de parte de las víctimas.
Sin embargo, Peña Nieto incurrió en una pifia al señalar que la ley es una aportación mundial a los derechos humanos, pues sostuvo que ésta carece de precedente a escala internacional.
En realidad, al menos Colombia y Filipinas también cuentan con leyes de víctimas, si bien los contenidos son diferentes.
En el Salón Miguel Alemán, Sicilia inició su intervención con la lectura de un poema del extinto escritor uruguayo Mario Benedetti, a propósito de los desaparecidos.
Acto seguido, pidió un minuto de silencio por las víctimas de la violencia.
La Ley General de Víctimas fue aprobada por unanimidad desde hace ocho meses en el Congreso de la Unión, pero el entonces presidente Felipe Calderón se negó a promulgarla, e incluso interpuso una controversia constitucional.
A lo largo del acto de hoy, tanto Sicilia como Osorio Chong recordaron que luego del Diálogo por la Paz, celebrado con Peña Nieto a principios del año pasado, éste se comprometió a publicar la ley y que, y ya como titular del Ejecutivo anunció el cumplimiento de su compromiso desde el pasado 1 de diciembre.
“Usted cumplió no sólo con la justicia, sino con lo más sagrado que un ser humano tiene: su palabra”, dijo Sicilia a Peña Nieto.
Inclusive, Sicilia, Osorio y Peña Nieto coincidieron en admitir que la ley es perfectible, luego de que el poeta reiterara que ésta es insuficiente, pues aún se carece de los instrumentos que permitan ‘aterrizarla’, entre los que destacó la creación de un Sistema Nacional de Víctimas.
“Sin él, la Ley General de Víctimas será sólo letra muerta, una buena intención en medio del infierno, un sueño devorado por la pesadilla que no hemos dejado de habitar; un sistema que permita no sólo la justicia para los asesinados y los violentados en su dignidad, sino la vuelta a casa de los desaparecidos.
“Una nación democrática, una nación que se respeta, no puede aceptar no saber dónde se encuentran más de 20 mil hijos suyos, no puede aceptar que miles de sus hijos sean arrojados sin identificar a la fosa común”, advirtió.
Sicilia abundó en otros aspectos que considera indispensables para la pacificación del país, entre ellos la creación de los protocolos para aplicar la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; un marco legal sobre seguridad humana y ciudadana, así como que el Poder Judicial cumpla con la ley recién publicada.
Después de pedir a Peña Nieto que la Estela de Luz se convierta en un memorial para las víctimas de la violencia y del Estado, Sicilia concluyó con diferentes reflexiones y su tradicional llamado a que se aprueben los Acuerdos de San Andrés Larráinzar a favor de los pueblos indígenas del país.
Por su parte, Peña Nieto destacó las características de la ley y aseguró que su publicación es el inicio de toda una red de protección a favor de las víctimas.
En el evento estuvieron presentes el rector de la UNAM, José Narro Robles; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Asimismo, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, y el vicepresidente de la de Senadores, Roberto Gil Zuarth, y el gobernador de Coahuila y representante de la Conago en materia de derechos humanos, Rubén Moreira, entre otros.
La ley fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor en 30 días. El reglamento deberá expedirse, como máximo, seis meses después.
Entre los aspectos novedosos de la ley, destaca la reparación integral de los daños a las víctimas, así como medidas de “restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición”.

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Propondrá Energía fusionar las filiales de Pemex; critica declive en producción

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El secretario de Energía, Pedro Joaquin Coldwell, este miércoles en la sesión Política energetica eficiente, durante el Foro Mexico 2013Foto Carlos Cisneros
Víctor Cardoso y Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2013, p. 25
Porque el país no puede perder más tiempo, los principales partidos políticos y el gobierno federal comenzaron las negociaciones para impulsar cambios estructurales en el sector energético con el fin de que el país pueda producir al menos un millón de barriles de petróleo crudo cada día adicionales a los que actualmente se extraen.
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que el país no puede continuar por más tiempo en la ruta que tomó en materia energética y que provocó el declive de un millón de barriles en la producción de crudo y la aplicación de una alerta crítica en materia de gas natural en dos terceras partes del territorio nacional. Es decir, el racionamiento del combustible en el centro, occidente y sureste, así como crecientes importaciones de gasolinas automotrices superiores a 50 por ciento de la demanda nacional.
Por muchos años hemos visto al sector energético con una lógica político-ideológica y debemos orientarnos hacia una lógica económico-productiva, dijo el funcionario durante su participación en el Foro México 2013, Políticas públicas para un desarrollo incluyente, que organizan de manera conjunta la OCDE, la Cepal, el BID y el Banco Mundial.
Allí, Coldwell adelantó que la nueva visión, propuesta por el actual gobierno en el Pacto por México, ya se empezó a discutir con los principales partidos políticos. Luego, ante miembros de la prensa, concretó que en la próxima reunión del consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) se presentará a discusión y análisis la propuesta de fusionar sus empresas filiales, particularmente Pemex Exploración y Producción, Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Refinación y PMI Comercio Internacional.
Hay un diagnóstico bien establecido y el gobierno tiene una visión muy clara de lo que se requiere. Cada fuerza política, además, ha anunciado que hará su propia presentación de reforma energética, dijo Coldwell.
Advirtió: Si no implementamos cambios y reformas profundas en unos pocos meses, vamos a tener que hacerlas a mediano plazo, pero en condiciones económicas menos favorables.
Afirmó que en el poco tiempo que tiene al frente de la Secretaría de Energía se encontró un sector petrolero subexplotado, donde la identificación de recursos, paradójicamente, no corresponde con la producción y disponibilidad de infraestructura.
Los mexicanos tenemos que producir un cambio en la manera en que percibimos al sector energético, principalmente entre políticos y organizaciones sociales. Estamos muy metidos en lo que pasa en el país y no nos damos cuenta de que internacionalmente se registran cambios importantes, dijo.
 
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Apremian OCDE y BM a México a concretar reformas estructurales

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El presidente Enrique Peña Nieto, este miércoles durante la inauguración del Foro México 2013, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, José Ángel GurríaFoto Carlos Cisneros
 
Víctor Cardoso y Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2013, p. 24 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (BM) indicaron que México puede crecer 6 por ciento en su producto interno bruto (PIB) si el nuevo gobierno aprueba un paquete de reformas estructurales, con el que buscará aumentar el promedio anual de 2 por ciento de la última década.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la OCDE y el BM propusieron al presidente de México, Enrique Peña Nieto, formular políticas públicas para lograr un desarrollo incluyente.
En la ceremonia de inauguración del Foro México 2013, Peña Nieto reconoció que el país no ha crecido lo suficiente, aunque tiene capacidad para hacerlo.
Es indispensable redescubrir nuestro potencial a partir de las fortalezas de México, como la estabilidad macroeconómica y el bajo nivel de endeudamiento, agregó Enrique Peña.
A su vez, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, destacó que México tiene que emplear su inmensa dotación de recursos físicos y humanos para generar crecimiento incluyente e igualdad.
Hasan Tuluy, vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe, señaló que para que el país pueda convertirse en el nuevo motor de crecimiento es necesario un Estado más eficiente, más competitividad y mayor inclusión social, agregó que alcanzar 6 por ciento de crecimiento anual es posible.
La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, explicó que la preocupación por el crecimiento no es sólo un tema económico, sino político.
José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, señaló que estamos creciendo 4 por ciento con el mundo creciendo a cero y Estados Unidos 2 por ciento. Si el mundo puede contribuir con uno; nosotros podemos contribuir con el otro uno.
El secretario general de la OCDE recordó que desde hace 15 años ese organismo ha planteado reformas y acciones para que México crezca a un ritmo más acelerado. Incluso entregó al presidente Peña Nieto un diagnóstico del país y una agenda estratégica para las reformas en México.
Planteó que lo prioritario para impulsar el crecimiento es una reforma fiscal, porque le da viabilidad a las demás; hoy en México muy pocos pagan impuestos y muchos de los que pagan, pagan menos de lo que de debieran.
El presidente Enrique Peña Nieto, al inaugurar el Foro México 2013, Políticas públicas para un desarrollo incluyente, anunció que su gobierno trabajará de cerca con organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Aseveró: esos organismos no vienen a darnos recetas ni imposiciones, sino a compartir su conocimiento sobre temas que analizan y estudian. Se dijo convencido de que México tiene oportunidades y por tanto de ninguna manera vamos a perder ritmo ni a ser complacientes con el ambiente muy favorable hacia el clima de cambio y transformación.
Peña Nieto afirmó que su gobierno no será una luna de miel y, por el contrario, habrá trabajo constante para impulsar el desarrollo del país, con objetivos y metas claras. “Queremos –puntualizó– un México que se aleje del escenario de violencia; un México de paz y de tranquilidad para todos; un México incluyente que permita atender lo que hoy más lastima y lacera: un país en condición de pobreza y con desigualdad”. Pero por el otro lado, afirmó, México tiene muchas fortalezas, como tener una condición de estabilidad macroeconómica muy superior a la de otros países; una condición de deuda baja, y una proyección ante el mundo de gran confianza.
“(Pero) no puede ser sólo de la luna de miel, sino más bien, debe ser la ocasión y oportunidad de alentarnos y de motivarnos… construir lo necesario para que México pueda aprovechar esta riqueza que sabemos que tenemos y que tenemos que aprovechar en beneficio de todos los mexicanos”, expuso el mandatario. Sabemos hacia dónde queremos ir, particularmente alejarnos de un escenario de indolencia, afirmó.
En sus participaciones los titulares de la OCDE, José Angel Gurría; de la Cepal, Alicia Bárcena; del BID, Luis Alberto Moreno, y el representante del Banco Mundial, el vicepresidente regional para América Latina y el Caribe, Hasan Tuluy, manifestaron el apoyo de cada una de las instituciones a su cargo al gobierno de Peña Nieto para impulsar los cambios y acciones necesarias para posicionar a México en un lugar protagónico en el concierto internacional; impulsar su desarrollo económico y ubicarlo en el liderazgo de lo que podría llegar a ser la década de América Latina.
Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Cepal, planteó que ese organismo postula que la igualdad debe ser el principio ético normativo primordial y el objetivo último. El país, puntualizó, debe romper con el paradigma de la desigualdad, profundizada, entre otras razones, porque el salario real de los trabajadores sigue siendo el mismo desde 1980. La desigualdad conspira contra el desarrollo y la seguridad, advirtió.
También se refirió a la necesidad de que el gobierno federal capte más recursos económicos para promover la inversión.
Desde su punto de vista son tres los desafíos fundamentales: apuntalar un crecimiento sostenido, estable y robusto, generador de empleos de calidad transformando los sistemas productivos y avanzando hacia actividades intensivas en conocimiento e innovación; una agenda pro igualdad basada en una estructura productiva más convergente, con mejor distribución de los factores productivos, con cierre de brechas de productividad y de ingresos laborales mediante la construcción de capacidades para absorber el progreso técnico y, tercero, un compromiso ineludible con la sostenibilidad ambiental, que se base en un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, aplicando los avances tecnológicos para lograr saltos productivos sin dañar el medio ambiente.
A su vez el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, hizo notar que para impulsar un programa efectivo de políticas públicas que promueva la inclusión social requerirá de una importante movilización de recursos públicos. “En esencia, la reforma hacendaria deberá estar asociada a un arreglo social y fiscal que permita garantizar la demanda, más que genuina, de una protección social plena”.
También mencionó a la necesidad de atender los múltiples desafíos para el desarrollo que afrontan los gobiernos subnacionales y que requieren, por lo general, la acción conjunta y coordinada de los distintos niveles de gobierno: Es prioritario fortalecer las finanzas públicas locales mediante una mayor recaudación local, presupuestos transparentes y orientados a resultados, así como una gestión adecuada de obligaciones financieras y pasivos contingentes, dijo.
Hasan Tuluy en su participación manifestó que México tiene una ventana de oportunidad que no tiene por qué perder y también sentenció que es el momento de México.
El país ostenta finanzas públicas sanas, inflación controlada, crecimiento que duplica el promedio de los países ricos, una banca bien capitalizada, acuerdos comerciales con 44 países. Todo esto en un momento en el que las empresas trasnacionales buscan mejores oportunidades de inversión ante la desaceleración en los países desarrollados y el aumento de los costos de producción en China y otros países emergentes, añadió.
 
 
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No es necesaria una nueva toma de posesión en Venezuela: TSJ

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Seguidores del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, celebraron ayer frente a la Asamblea Nacional el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que decidió que por el principio de continuidad institucional no es necesario que el mandatario tome juramento este juevesFoto Xinhua
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Luisa Estella Morales, presidenta del TSJ venezolano, y el magistrado Francisco Carrasquero, ayer en rueda de prensa en CaracasFoto Reuters
Arturo Cano
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2013, p. 20
Caracas, 9 de enero. No hubo sorpresa alguna. La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela franqueó el paso no sólo a la postergación de la juramentación de Hugo Chávez como presidente para el periodo 2013-2019, sino que, además, avaló la permanencia de los actuales ministros, incluyendo al vicepresidente Nicolás Maduro Moros.
Y no hubo sorpresa porque desde hace diez años ese órgano judicial no emite una sentencia contraria al gobierno de Chávez.
Los magistrados que tomaron la decisión de hoy fueron electos por la Asamblea Nacional que nosotros no escogimos, al abstenernos, admitió Henrique Capriles, ex candidato presidencial opositor y gobernador del estado de Miranda, en referencia a la decisión de los adversarios del chavismo de no participar en las elecciones legislativas de 2005.
En su calidad de máxima intérprete de la Constitución, la sala constitucional del TSJ consideró que a pesar de que el 10 de enero se inicia un nuevo periodo constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión, según dijo Luisa Estella Morales, presidenta del TSJ. El argumento central fue que dado que Chávez fue relecto existe continuidad administrativa.
La magistrada añadió que una vez que desaparezca la circunstancia sobrevenida que impide al mandatario jurar su nuevo mandato el acto protocolario se llevará a cabo, aunque no podemos adelantar cuándo, cómo y dónde será.
La decisión del TSJ fue rechazada por la oposición, pero sus principales dirigentes no se pusieron los guantes de un pleito ofrecido por los chavistas.
Aunque algunos sectores minoritarios de la oposición han llamado a la revuelta, ninguno de los dirigentes visibles ha jugado con la posibilidad de una confrontación callejera.
El ex candidato Capriles, por ejemplo, dijo que el órgano judicial le resolvió un problema al partido en el gobierno, pero luego se escabulló: “Ya tienen una sentencia… se acabaron las excusas, señor Maduro, ahora le toca a usted asumir la responsabilidad del cargo que ocupa y gobernar”.
En un ajetreado día de reuniones a granel y declaraciones de a montón, la magistrada Morales rechazó también el pedido de la oposición y de la Conferencia Episcopal de integrar una junta médica que constate el estado de salud de Chávez, al tiempo que avaló a Maduro, en la práctica, como encargado de la presidencia.
Arropada por América Latina
El jefe del Ejecutivo venezolano está obligado a presentar, al comenzar cada año, una especie de informe presidencial ante la Asamblea Nacional. En ausencia de Chávez, el TSJ consideró que la memoria y cuenta puede ser presentada por Maduro, quien dispone de las funciones esenciales para el funcionamiento de la República.
Más tardó el tribunal en declarar lo anterior que Maduro en asumir algunas de esas funciones esenciales. Con una agenda a tope, canceló una rueda de prensa, pero en horas de la tarde presidió una reunión extraordinaria, primero privada y después pública, de los países integrantes de Petrocaribe y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). A la sesión asistieron cancilleres y representantes de 20 naciones, en su mayoría pequeños países del Caribe.
Ahí, presumió que se ha trabajado durante dos años –sigue ocupando el cargo de canciller– para construir una nueva región económica que tenga como base Petrocaribe.
Quieren cobrar 14 años de regalos invitando a otros países a una juramentación sin juramentado, dijo el diputado y dirigente del partido Primero Justicia Julio Borges.
Frente a los representantes de dos decenas de países, Maduro también informó que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien, dijo, le expresó toda su confianza en la democracia venezolana.
Poco antes había recibido en el aeropuerto de Maiquetía al presidente de Uruguay, José Mujica, adonde también arribó el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Miguel Díaz Canel, y adonde se esperaba el arribo de los mandatarios de Bolivia y Nicaragua, Evo Morales y Daniel Ortega.
El cuadro lo completan la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el peruano Ollanta Humala, quienes no vendrán a la capital venezolana pero visitarán La Habana, donde Hugo Chávez se encuentra en situación estacionaria tras la cirugía a la que fue sometido el 11 de diciembre.
Por la noche, Maduro encabezó una reunión del consejo de ministros, televisada, aunque no en cadena nacional. Las expresiones, los conceptos, la galería de palabras eran las de Hugo Chávez, presente además porque Maduro no hilaba tres frases sin mencionarlo: Que nadie se engañe, tenemos un solo comandante en jefe, estamos subordinados a su mando.
Aunque ningún líder importante de la oposición ha llamado a la revuelta, Maduro habló de la posibilidad de que algún gobernador (sólo tres de 23 son opositores) decidiera desconocer la autoridad del gobierno nacional, de la burguesía, de los acaparadores de alimentos (la escasez de algunos productos básicos es reconocida por el propio gobierno), de la posibilidad de que la oposición convoque a un nuevo paro cívico como el de 2002-2003. Que nadie caiga en la tentación de repetir lo ocurrido en el año 2002, dijo. Y completó: No nos temblará el pulso para aplicar las leyes y la Constitución. Larga intervención coronada con los aplausos de los ministros cuando se aludía al liderazgo único del enfermo en Cuba.
Luisa Estella (la presidenta del TSJ) ya decidió en favor del gobierno, no sigas amenazando y hablando tanta paja Nicolás, dedícate a trabajar y a resolver problemas, se lanzó en Twitter Ismael García, antiguo aliado del chavismo y hoy diputado opositor.
Borradas las fronteras entre partido y gobierno, Maduro se sumó a la convocatoria inicialmente lanzada por el PSUV para realizar una gran concentración de respaldo al presidente Chávez. Será hoy jueves con invitados de lujo.
Ahí, los seguidores del presidente llanero harán, seguro, lo que el uruguayo Mujica dijo a su llegada, como buenos caribes que pueden llorar y bailar el mismo día.
Algunos quizá también se harán preguntas como las que suelta un funcionario medio, chavista al cien: Ya va un mes y no vemos signos de recuperación del presidente. No sé nada y te aseguro que hay ministros que tampoco saben. La información real la manejan muy pocos, pero yo me pregunto: todo esto parece destinado a ganar tiempo. ¿Para qué? A los que menos les convendría una elección en un plazo corto es a nuestros adversarios.
Desde que se anunció su padecimiento, Chávez ha sido dado por muerto decenas de veces. Lo único cierto, por ahora, es que Caracas baila y llora, llora y baila este jueves. Y que el tribunal supremo resolvió que ni siquiera hay una ausencia temporal del presidente, sino sólo un permiso solicitado al Parlamento para ausentarse del país. Y más, que no se debe considerar que la ausencia del territorio de la República configure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 sin que así los dispusiere expresamente el jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin.
 
 
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