jueves, 21 de marzo de 2013

SME Visita a los huelguistas de hambre de Mexicana de Aviacion 21mar13

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SME Entrevista de Cecilia Figueroa con compañero Fausto Guerrero jubilado de ASSA 21mar13

Tarifas de la luz subirán por falta de gas

TERRA MÉXICO
21 de Marzo de 2013 • 07:19hs  •  actualizado 07:57hs 


La revisión tarifaria se realiza en abril de cada año.La revisión tarifaria se realiza en abril de cada año.
Foto: Archivo
Este incremento ocurrirá una vez que se revise la fórmula para calcular las tarifas y se reconozcan los mayores costos en que ha incurrido la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generar electricidad por usar combustibles más carosCiudad de México.- 
 
Ante la falta de gas natural, a partir de mayo subirán unas 10 tarifas eléctricas entre domésticas de alto consumo e industriales, según información de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial.Este incremento ocurrirá una vez que se revise la fórmula para calcular las tarifas y se reconozcan los mayores costos en que ha incurrido la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generar electricidad por usar combustibles más caros.
 
"A razón de combustibles más caros, las -tarifas- industriales y la DAC (Doméstica de Alto Consumo) se ven impactadas", informó la CFE.Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, explicó que la revisión tarifaria se realiza en abril de cada año."En abril de cada año se ajusta la mezcla de combustibles (Alfas) a lo consumido el año anterior. Las tarifas eléctricas se ajustan por este efecto al mes siguiente (mayo), y dependiendo de las Alfas que publiquen el próximo mes, las tarifas pudieran ajustarse", expresó.
 
Ayer, REFORMA publicó que los industriales pagarán por el gas que importe Pemex hasta 21 dólares por millón de BTU.Juan Acra, presidente de la Comisión de Energía de Coparmex, dijo que el impacto en competitividad para el sector industrial por importar un gas caro será elevado porque se reflejará en tarifas eléctricas más caras.Según Alonso Ancira Elizondo, presidente de la Cámara Nacional del Acero, importar gas a ese precio y la falta de ductos para transportarlo merman la competitividad de los industriales de su sector, que se enfrentan comercialmente con países que tienen costos energéticos más bajos.
 
"Importamos gas con precios que van de los 16, 18 o 21 dólares, que es con la novedad con la que amanecimos y seguimos usando la infraestructura de ductos que dejo Jorge Díaz Serrano (en 1976) cuando era director de Pemex", dijo.CFE explicó que al día le faltan 700 millones de pies cúbicos de gas y por ello redujo la generación eléctrica en 17 plantas, 7 de su propiedad y el resto de productores privados, que se ubican en el Centro, el Golfo y la península de Yucatán.Con el volumen faltante se podría generar 15 por ciento de la electricidad de todo el País, pues alimentarían hasta 10 centrales de 450 megawatts cada una, según cálculos de David Crisóstomo, analista de IHS-Cera.En 2012, la escasez de gas tuvo un costo para CFE de 19 mil millones de pesos
 
 

La expropiación petrolera y su involución histórica

CONTRALÍNEA
17. marzo, 2013 Martin Esparza Opinión

 
Bastarían 75 años para que las razones históricas y los orígenes de la expropiación petrolera de 1938 sean sepultadas por las políticas neoliberales, que ahora en su intención privatizadora impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscan, sin el consentimiento del pueblo de México, regresar sus viejos privilegios a las compañías extranjeras, mismas que en las primeras décadas del siglo pasado mantuvieron en condiciones de semiesclavitud a los trabajadores petroleros del país y a los que el entonces presidente Lázaro Cárdenas apoyó en su organización sindical y en la conquistas de sus legítimos derechos, al restituir con su patriótico deber las riquezas del subsuelo en beneficio de la nación.
 
La inexplicable involución histórica que se intenta concretar sería la culminación de una política de desmantelamiento de las empresas públicas que se ha venido ejecutando desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que ahora busca abrir de par en par las puertas de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en Petróleos Mexicanos (Pemex), al argumentar de manera artificiosa, como en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, inviabilidad financiera, cuando han sido las desatinadas políticas fiscales que le han impuesto una desorbitada carga impositiva las causantes de su quebranto financiero.
 
Pemex, dicen, requiere de multimillonarias inversiones para echar a andar sus proyectos de exploración y perforación en los potenciales yacimientos del Golfo de México, para la construcción de nuevas refinerías y para renovar su tecnología, pero los gobiernos neoliberales se niegan a modificar el sistema de recaudación para que se frene la evasión fiscal de las grandes empresas, y con ello evitar que las millonarias ganancias de la entidad sean la caja chica de los déficits fiscales sino la palanca de su propio desarrollo.
 
Es prioritario refrescarles la memoria a aquellos que ahora buscan de nueva cuenta, como si se tratara del gobierno de Porfirio Díaz, entregar la mesa puesta a las mismas empresas que hace 1 siglo desangraron al país al robarle, a cambio de migajas, sus riquezas del subsuelo y explotar de manera inhumana a sus trabajadores.
 
Razón por la cual el 1 de junio de 1936 el presidente Cárdenas promovió y apoyó el Primer Congreso del Sindicato de Petroleros, cuyo objetivo era exigir a las compañías extranjeras la firma de un contrato colectivo que les permitiera tener mejores condiciones de trabajo, pues los trabajadores estaban expuestos a la movilización de un campamento a otro, a viviendas inadecuadas, falta de vías de comunicación, carestía de productos, climas extremosos, insalubridad, carencia de servicios médicos y falta de protección para enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Además, y como había ocurrido con los mineros en Cananea, Sonora, eran discriminados en sus salarios pues, aunque eran obligados a trabajar mayores jornadas de trabajo, ganaban menos que los extranjeros.
 
Las empresas extranjeras –donde sobresalían entonces las de capital británico y estadunidense– fueron emplazadas a huelga pues, falazmente, argumentaban ante el gobierno mexicano ser insolventes para sufragar los 26 millones de pesos, y a cuyo pago a favor de sus trabajadores habían sido conminadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; los ensoberbecidos empresarios se atrevieron incluso a poner en duda la palabra y la calidad moral del presidente Cárdenas, quien en un acto de conciliación los invitó a resarcir la deuda laboral que tenían con sus obreros.
 
Como parte del honroso nacionalismo de nuestra historia quedó consignado lo sucedido en la junta del 7 de marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas solicitó ante los capitalistas extranjeros el pago de los 26 millones como una garantía para levantar la huelga; uno de los dueños de una de las compañías preguntó: “¿Y quién lo garantiza?”. “El presidente de la República”, contestó, con voz firme, el general Lázaro Cárdenas, a lo cual el dueño respondió, insolente: “¿Usted y quién más?”. En ese momento Lázaro Cárdenas dio por terminadas las pláticas.
 
Fue así que el 18 de marzo se concretó la expropiación petrolera, que dio la pauta a un hecho también digno de recordarse: el apoyo de todo el pueblo de México, que acudió días después a las puertas del Palacio de Bellas Artes a cooperar con dinero, gallinas, cerdos o lo que tuviera a su alcance para saldar la deuda del país con las voraces, pero entonces derrotadas, firmas extrajeras.
 
Pero recordemos cuáles fueron las empresas que formaron parte de la expropiación de 1938:
 
Compañía Mexicana de Petróleo El Águila (London Trust Oil-Shell); Mexican Petroleum Company of California (ahora Chevron-Texaco, la segunda empresa petrolera a nivel mundial) con sus tres subsidiarias, Huasteca Petroleum Company, Tamiahua Petroleum Company, Tuxpan Petroleum Company; The Waters Pierce Oil Company, subsidiaria de Standard Oil Company (ahora ExxonMobil, la más grande empresa petrolera del orbe); Californian Standard Oil Company of México; Compañía Petrolera Agwi, SA; Penn Mex Fuel Oil Company (ahora Pennzoil); Stanford y Compañía Sucrs; Richmond Petroleum Company of Mexico (ahora BP, Plc, fusionada con Arco, Castrol, entre otras); Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial, SA; Compañía de Gas y Combustible Imperio y Empresas; Mexican Sinclair Petroleum Corporation (sigue siendo Sinclair Oil Corporation); Consolidated Oil Companies of Mexico, SA; Sabalo Transportation Company; y finalmente la Mexican Gulf Petroleum Company (luego llamada Gulf).
 
Paradójico es que sean los empresarios extranjeros que en 1938 dejaron a las plantas petroleras sin refacciones, sin materias primas y sin técnicos calificados (con el fin de sabotear a la industria) los mismos que ahora estén en poder de recuperarlas en condiciones aún más favorables para ellos. Sea pertinente también recordar que el primer intento privatizador de Pemex se dio durante el gobierno de Miguel Alemán al otorgarse 17 contratos de perforación o contratos de riesgos a empresas estadunidenses. Años más tarde, fue el presidente Adolfo López Mateos quien reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dejar clara la prohibición de realizar concesiones o contratos a empresas.
 
Correspondió a Jesús Reyes Heroles, exdirector de Pemex, negociar el finiquito anticipado de los contratos existentes para recuperar el dominio de la nación sobre el petróleo, situación que cambió drásticamente durante el gobierno de Salinas de Gortari, en 1989, cuando se dieron las reformas a las leyes y los reglamentos en la materia para comenzar la sustitución del control directo del Estado en materia de petróleo, gas natural y petroquímica, con la participación de empresas nacionales y extranjeras. Pemex quedó dividida en cuatro subsidiarias y un corporativo para, supuestamente, maximizar el valor financiero del crudo. Un sexenio después, el expresidente Zedillo empeñó Pemex a cambio de un crédito de 20 mil millones de dólares para salir de la crisis conocida como el error de diciembre de 1994, que provocaría a nivel mundial el “efecto tequila”.
 
Silenciosamente, la privatización de Petróleos Mexicanos es ya una lamentable realidad: la Auditoría Superior de la Federación reportó en 2007 que al menos 22 empresas extranjeras tenían participación de negocios con la paraestatal. Además, con la reforma energética de 2008 se abrió la opción de diseñar los contratos incentivados mediante los cuales Pemex contrata por concurso a empresas privadas para que extraigan petróleo de sus yacimientos y les paga en efectivo el 75 por ciento de lo que invierten más un pago en dólares por cada barril producido.
 
En este esquema ya legalizado, son las petroleras internacionales como Royal Dutch Shell, BP, Plc, ExxonMobil, Chevron Corporation, Statoil y Petrobras, las únicas con las soluciones integrales para explotar campos petroleros complejos, y aunque suelen mostrarse interesadas en los contratos incentivados de Pemex, su negocio es producir y comercializar petróleo, no ser contratistas.
 
Como se deduce fácilmente, la reforma energética que ahora se plantea buscará flexibilizar aún más los canales de participación extranjera bajo dudosos modelos de coinversión, al poner a Pemex en manos de las voraces firmas extranjeras a las que puso en su sitio el general Cárdenas, pero a las que los políticos neoliberales de hoy les permitirán venir por la revancha en agravio del patrimonio de todos los mexicanos.
 
Por eso, las organizaciones sociales y civiles del país hemos convocado a la movilización este 18 de marzo, a las 17:00 horas, para que marchemos juntos del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Porque estamos convencidos de que hoy, como ayer, la movilización de los obreros, campesinos y el pueblo debe ser por la defensa del patrimonio nacional, en rechazo de la pretendida involución histórica de los gobiernos neoliberales.
 
*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
 
 
 
 Fuente: Contralínea 326 

Pemex, una industria desmantelada

CONTRALÍNEA
 

Al 75 aniversario de la expropiación petrolera, Pemex llega como una industria desmantelada, opinan expertos cercanos a la empresa. Mientras las reservas alcanzarán sólo para 9 años de explotación, los contratos cedidos a la iniciativa privada desplazan a la mano de obra mexicana. Pendiente, además, la aplicación del tratado de yacimientos transfronterizos firmado hace 1 año por México y Estados Unidos

Petróleos Mexicanos (Pemex) llega a su 75 aniversario como una empresa desmantelada, opinan expertos. El panorama que enfrenta la industria no es menor: las importaciones masivas de petrolíferos, petroquímicos y gas natural seco consumieron recursos públicos por 1 billón 388 mil millones de pesos entre 2007 y 2011; además, el Anuario estadístico 2012 de Pemex revela que la deuda de la paraestatal asciende a 1 billón 727 mil millones.
 
Herencia del sexenio pasado, el robo de combustibles se profundizó hasta causar pérdidas anuales a la empresa por 9 mil millones de pesos.
 
Aunado a estos problemas, Pemex y sus subsidiarias enfrentan un momento crucial. El ingeniero Jesús Bastida Ocampo, secretario de Finanzas del Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros, detalla que, en el caso de Pemex Exploración y Producción se cuenta con reservas para 9 años, “sin que se vea la intención del gobierno [mexicano] de dejar de privilegiar la exportación a los gringos”.
 
El experto petrolero opina que México debería garantizar primero el suministro para las refinerías y hacerlas trabajar, si no al ciento por ciento, por lo menos al 95 por ciento y con eso dejar de importar gasolinas. Agrega que la subsidiaria presenta varios errores, como la inversión en el improductivo campo de Chicontepec, Veracruz; y los contratos incentivados a favor de las trasnacionales a pesar de ser inconstitucionales, que han devenido en el desplazo de la materia de trabajo de los mexicanos.
 
En este punto coincide, en entrevista por separado, el diputado perredista Marcos Medina Filigrana: con los contratos que ha otorgado Pemex a la iniciativa privada hay un desplazamiento de la mano de obra mexicana. Al respecto, el legislador ejemplifica: “En Tabasco, hace 10 años quizá, había una comunidad de venezolanos de entre 100 y 200 personas; ahora ronda entre 5 mil y 6 mil personas. Todos están en la industria petrolera. No es que Tabasco se parezca a Venezuela: llegan atraídos por las trasnacionales, son personas que fueron despedidas en su mayoría de Pdvsa [Petróleos de Venezuela, SA] y que encuentran trabajo en Halliburton, Schlumberger. Es una migración muy importante que desplaza a la mano de obra mexicana”.
 
Bastida Ocampo refiere que en el ámbito de la petroquímica las cosas no están mejor: “la subsidiaria se encuentra prácticamente parada, y la poca producción que hay se ha concedido a los privados, como es el caso de la alianza con Mexichem”.
 
El ingeniero denuncia además la situación que enfrentan como sindicato. “Pemex cuenta con dos sindicatos, el de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y el de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Por el lado del nuestro, seguimos padeciendo la desigualdad de trato: mientras que la mayor parte de nuestro Comité Ejecutivo Nacional sigue despedido de Pemex por haber formado la Unión [incluido el entrevistado], se nota el trato preferencial al otro sindicato, con [apoyos como] los 500 millones de pesos que les acaba de prestar Pemex supuestamente para vivienda”.
 
En este contexto, la paraestatal más importante de México (porque aporta una tercera parte de los ingresos fiscales) no sólo inicia el sexenio endeudada y prácticamente desmantelada, sino también con la amenaza de la privatización.
 
Con la nueva reforma petrolera que buscará abrir más a la iniciativa privada esta industria, “hay un camino al abismo por parte de quienes nos gobiernan: se prioriza privilegiar intereses particulares antes que a la totalidad de los mexicanos”, refiere el diputado Medina Filigrana.
 
Agrega: “evidentemente si privatizan Pemex van a tener una merma en el ingreso al erario nacional; no lo van a lograr equilibrar cobrándole a los grandes consorcios, porque ésa no es su voluntad. Lo que van a hacer es una reforma fiscal que va a impactar en la población al cobrar IVA [impuesto al valor agregado] en alimentos y medicinas. Los que ganan miles de millones de pesos al día van a seguir viviendo en un paraíso fiscal donde no sólo no se les cobra, sino que se les dan facilidades y hasta se les devuelve lo que pagaron”.
 
Por ello, el legislador llama a los mexicanos a defender los recursos energéticos. “No es un problema nada más legislativo, es un problema de toma de conciencia de la gente. Si nos dejan nada más la carga a los diputados y senadores de parar la reforma, lo digo desde ahorita: vamos a ser insuficientes: somos minoría. La sociedad debe tomar conciencia de que está en riesgo nuestra viabilidad como país y el patrimonio de los mexicanos del mañana. La sociedad tiene que manifestarse y hacerse sentir”.
 
 
Acuerdo transfronterizo de hidrocarburos, en el limbo
 
A 1 año de haberse firmado, el Tratado entre México y Estados Unidos para la Exploración y Explotación de Yacimientos Petroleros Transfronterizos requiere nuevas negociaciones, considera George Baker. Por esto, la administración de Barack Obama aún no lo presenta ante el Congreso de su país.
 
El consultor en materia de energía y petróleo de Baker & Associates, Energy Consultants, considera que, aunque la “hostilidad” entre la Casa Blanca y los republicanos pudiera explicar el retraso, en realidad hay omisiones en el acuerdo que son susceptibles de causar preocupación tanto en Estados Unidos como en México.
 
El problema, detalla Baker, radica en que la noción del “campo unificado” requiere de una unidad de mando en materia de inversiones y tecnología. Esto probablemente significa que, en la práctica, el operador de esa unidad no será Petróleos Mexicanos (Pemex). Lo más probable es que sea una empresa estadunidense.
 
Para ello, es necesario que México conceda autorización a una empresa ajena a Pemex. “Tener una empresa petrolera sin autoridad operativa en ambos lados de la frontera marítima plantea difíciles cuestiones políticas, legales e institucionales”, observa el consultor estadunidense.
 
Esta situación, considera Baker, quizá se generó porque los negociadores mexicanos de ese pacto no tenían autoridad para decidir sobre el asunto. En la lista de definiciones incluso se omitió el término “operador de la unidad”.
 
Para Baker, sin ese operador con unidad de mando en ambos lados de la frontera no se tiene acuerdo de unificación en absoluto. Por esta razón, se prevé que los gobiernos de Estados Unidos y México debatirán nuevamente el tratado de yacimientos transfronterizos, antes de que éste se presente ante el Congreso estadunidense.
 
 
 


IP en Pemex necesita reforma constitucional: PRI

CONTRALÍNEA
 


El presidente de la Comisión de Energía del Congreso de la Unión comenta que para que se dé la apertura de Pemex a la inversión privada se necesita una reforma constitucional. Diputados opositores contradicen la propuesta y señalan que defenderán el petroleó mexicano de manos extranjeras. “Los inversionistas no arriesgaran su capital sin una ley que los proteja”, explica especialista 

 

El diputado priísta Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dice en entrevista con Contralínea que para ejecutar la propuesta de su partido de que la iniciativa privada participe en la paraestatal petrolera es necesario reformar la Constitución Política.
 
“Depende de la aéreas en las que se vaya a hacer [la propuesta para una apertura de Pemex, Petróleos Mexicanos] que se tendría que plantear [una reforma constitucional]. Lo más sano es reformar la Constitución. Tendríamos que revisar el alcance de la reforma energética que se propone, y en ese sentido revisaremos la reforma constitucional que se requiere”.
 
Bernal se refiere a los cambios en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dados a conocer a principios de marzo de 2013, en los que se promueve una flexibilización en los esquemas de participación económica para capitales privados en Pemex.
 
La discusión sobre la apertura de la paraestatal se tiene programada para el segundo semestre del año. En ese sentido, la importancia de los cambios a los estatutos radica en que el PRI puede formar junto con el Partido Verde Ecologista de México una fuerza suficiente en el Congreso de la Unión para que se den los cambios estructurales en la petrolera.
 
No obstante, el legislador explica que en sectores como gas y petroquímica la iniciativa privada se insertó sin que se hubiera modificado la Carta Magna. Sin embargo, “en áreas como refinación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos sí habría que pensar en una reforma constitucional”.
 
—¿La propuesta del PRI va dirigida a esas áreas?
 
—Sí, va en ese camino.
 
Julio César Moreno Rivera, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que la reforma energética que propone el PRI es estructural. Por lo tanto, advierte, se espera una reforma a la Constitución.
 
“Pemex es un patrimonio nacional y es el punto central de la reforma energética. El debate será álgido: nuestro partido no va a dejar que se privatice Pemex por ningún motivo. Estamos abiertos a la inversión privada, pero no en los márgenes en los que se ponga en riesgo el petróleo mexicano”.
 
—¿La inversión privada que ya existe en Pemex es constitucional?
 
—Por supuesto. Está apegada a derecho; lo que no vamos a permitir es que en el fundamento de una reforma constitucional como la energética se quiera aprovechar una mayoría mecánica para poder privatizar Petróleos Mexicanos.
 
El legislador comenta que además de darse la discusión sobre los artículos 27 y 28 de la Constitución, el debate más fuerte será en las leyes secundarias. El PRD va a velar porque no se viole ninguna norma constitucional: “Protegeremos el patrimonio de todos los mexicanos, como lo es el petróleo”.
 
Sin embargo, el especialista Miguel Covián Andrade menciona que habría que conocer punto por punto la estrategia priísta. “Si el proyecto es tal que deja en manos del Estado la capacidad de decisión en todas la aéreas de Petróleos Mexicanos ni siquiera habría que modificar la Constitución: no se está cambiando realmente el régimen jurídico que regula a Pemex, el cual establece que se trata de una empresa pública que se dedica a operar en un ámbito de intervención exclusiva del Estado”.
 
El especialista expone que el punto central de Pemex es el financiamiento, al ser ésta una empresa pública no se puede capitalizar a sí misma porque todas sus utilidades pasan a formar parte del erario. Además, en términos generales, se calcula que cada año el 33 por ciento de ingresos totales establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación que soporta el Presupuesto de Egresos de la Federación proviene de Pemex: de cada peso que se gasta en el ámbito público, 33 centavos provienen de Pemex.
 
“Es por ello que Pemex al no capitalizarse no se moderniza, no puede operar eficientemente, no tiene tecnología adecuada, por ello necesita recursos frescos. Por eso se necesitan formas de financiamiento sin que el Estado pierda el control de la petrolera.”
 
 
Sin embargo, la diputada María del Socorro Ceseñas señala que el PRI sí se propone abrir Pemex a la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, y no solamente en el tema de la extracción, sino también en de los ductos y la refinación, porque piensan que México no es capaz de potenciar la industria petrolera con la tecnología que tiene.
 
Advierte que la posición de su partido es contraria a la del PRI y no es necesario abrir la paraestatal al sector privado, ya que en este país existe la tecnología y los cerebros que puedan ayudar a potenciar la refinación, la conducción y la extracción de manera más efectiva.
 
 “No se necesita abrir la paraestatal a la iniciativa privada, es necesario abatir la corrupción y también fortalecer a Pemex porque, a pesar de los malos manejos, las ganancias han sido redituables. La mayor parte de la canasta mexicana son las ganancias del petróleo.
 
“La propuesta del PRI es equivocada, todo lo quieren arreglar abriéndolo a la iniciativa privada. Sin embargo, se tienen ejemplos concretos de que eso no ha servido. En Nuevo León se privatizó el suministro de gas para uso doméstico y el servicio de recolección de basura; en Saltillo, Coahuila, se privatizó el servicio de suministro de agua. En los tres casos las quejas ciudadanas por la ineficiencia de quienes los operan son muchas.”
 
—¿Cuál podría ser una alternativa a esta situación?
 
—Construir más refinerías para dejar de importar tanta gasolina.
 
 
El abogado Juan de Dios Hernández Monge declara que la apertura de Pemex a la iniciativa privada es un saqueo histórico de los bienes nacionales. Además, “es una falacia mencionar que no hay tecnología nacional para explorar y explotar los ductos de aguas profundas.
 
“Se han entregado 650 mil hectáreas en el Golfo de México para la exploración y explotación al capital extranjero. Hay 3 billones de pesos que entraron como ingresos extras al erario, pero no sabemos dónde quedaron”.
Con respecto a lo que propone el PRI, Manuel Barquín Álvarez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que habría que conocer a fondo su propuesta. “Hasta la fecha no han señalado con detalle cómo se daría la apertura de Pemex al sector privado”.
 
No obstante, explica, es importante cuidar el aspecto constitucional, si no, puede ser motivo de una impugnación en el Poder Judicial de la Federación que pudiera ser o no exitosa, pero retrasaría las cosas. Se debe analizar que las modificaciones que propone el PRI estén en condiciones de no ofrecer un rango vulnerable a una impugnación por inconstitucionalidad, haría necesaria una revisión constitucional para adecuarla a dicho marco.
 
“Las inversiones en materia de energía son de miles de millones de pesos y los inversionistas no van arriesgar su capital si no hay una ley clara que los proteja. Ya sea una reforma que esté dentro del marco constitucional actual o que plantee una reforma, ellos esperan que el texto sea claro y no ponga en riesgo sus inversiones”, considera el investigador.
 
Sin embargo, dice, “el Estado mexicano es propietario del subsuelo donde están los hidrocarburos, además de todo el ramo industrial de la explotación de hidrocarburos, por ello, la nación no pierde control sobre sus recursos”.
 
Finalmente, menciona que los posibles artículos afectados en caso de que se necesite una reforma constitucional son el 28, el 25 y el 27, en su párrafo cuarto y sexto, los cuales se refieren a subsuelo y explotación petrolera.
 
 
 Infografía
 

Fuente

Se solidariza ASSA con jubilados de Mexicana

Patricia Muñoz Río
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de marzo de 2013, p. 19
 
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) se solidarizó con los jubilados de Mexicana de Aviación que el pasado lunes iniciaron una huelga de hambre en protesta porque no les pagan sus pensiones, y añadió que han transcurrido 30 meses desde que la aerolínea dejó de operar y no hay vistos de solución, por lo que la situación económica de los trabajadores se ha convertido en un drama humano y familiar, en el que la gran mayoría han perdido propiedades y han tenido que sacar a sus hijos de las escuelas.

Esta organización, encabezada por Ricardo del Valle, expuso que se han tocado todas las puertas y exigido por diversos medios el respeto a los derechos de los jubilados y los trabajadores, y se ha recurrido también al conciliador y a la propia juez del concurso mercantil de Mexicana, sin ningún resultado hasta el momento.
Los jubilados que se encuentran en ayuno son Dulce María Mejía Pérez y Rogelio Martínez López, quienes señalan que desde hace ocho meses no les pagan sus pensiones a los ex trabajadores, no obstante que hay un fideicomiso que garantizaba el pago de las mismas, el cual no se ha querido entregar a estos gremios, sostuvo Ricardo del Valle.

También planteó que el drama humano y familiar que viven diariamente los jubilados y trabajadores de Mexicana es gigantesco, ya que sin negociación, pago indemnizatorio alguno, y sin previo aviso, de la noche a la mañana fuimos puestos en la calle sin una sola explicación. Ese golpe ha dañado la estabilidad, emocional y familiar de los más de 8 mil 500 trabajadores; muchos de ellos perdieron sus casas, se vieron obligados a sacar a sus hijos de la escuela.

Para ASSA, dijo, fue indignante saber y confirmar la impunidad con la que actuaron los dueños de la empresa. Basta señalar que con mil pesos se quitaron la responsabilidad vendiendo la fuente de trabajo a una tercera razón social. Ello ha constituido una burla que lastima aún más a los trabajadores y sus familias.
El sindicato, dijo, respeta la decisión que tomaron dos de ellos, de irse a la huelga de hambre.

También indicó que con el apoyo gubernamental se podría rescatar la empresa y los miles de trabajadores altamente especializados que se encuentran sin empleo podrían regresar a laborar. Esto es, porque el gobierno es el principal acreedor de la aerolínea y es el que podría facilitar el arranque de la misma, con la participación de los trabajadores.
 
 
Fuente 

#YoSoy132 "calará" por generaciones: Armando Bartra

Ariane Díaz
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de marzo de 2013, p. 15
 
Aunque en términos de logros tangibles el saldo del movimiento #YoSoy132 fue pobre, es de esperarse que como el 68 del pasado siglo, el 132 irá calando en el imaginario colectivo de esta generación y de las próximas, apuntó Armando Bartra.

Al participar en el panel sobre movimientos sociales a propósito del coloquio Participación ciudadana e instituciones. Avances y retrocesos de la democracia en México, en la Universidad Iberoamericana, el sociólogo destacó el valor de la risa, la diversión y la creatividad en el espíritu revolucionario.

Quizá porque nuestra revolución fue una larga guerra con un millón de muertos; quizá porque nuestras mayores huelgas terminaron en represiones, el 68 terminó en un baño de sangre; quizá por eso tenemos una visión necrológica de la rebeldía social y con frecuencia olvidamos su lado curioso, festivo, carnavalesco... Por fortuna los jóvenes están saliendo a las calles en muchos países a bailar y cantar su indignación.

Añadió que después del primero de diciembre, todo se fue al carajo, el 132, espero que nadie se moleste por ello, anda a los tumbos, entre desfondando y refundándose; vamos a ver qué sucede primero, pero lo bailado nadie se los quita.

Al referirse a los hechos del primero de diciembre, señaló que en los movimientos sociales hay algo más que cálculo político y a veces las palabras no bastan y hay que poner el cuerpo.

Debiéramos percatarnos, continuó, de que los movimientos tienen que ver también con el cuerpo y escurren sudor, adrenalina, sangre, y en el fondo es lo que hace invencibles a estos movimientos, como invencibles son las comunidades zapatistas, que a finales de 1993 decidieron, por asamblea, que en vez de morir de hambre, de parto, de enfermedad, de borrachera, de filo, de bala, de humillación, de vergüenza; en vez de morir muertes impuestas por otros, morirían su propia muerte. Ellos eligieron su propia muerte y eso los hace invencibles, pase lo que pase.

Fuente

El PRI pretende beneficiar a Televisa: MVS y Dish

Joaquín Vargas, Ernesto Vargas y  José Antonio Abad, directivos de MVS. Foto: Miguel Dimayuga
Joaquín Vargas, Ernesto Vargas y José Antonio Abad, directivos de MVS.
Foto: Miguel Dimayuga 

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Las empresas MVS y Dish acusaron al PRI de pretender beneficiar a Televisa con la reserva a la reforma en telecomunicaciones en el apartado  must carry’ / ‘must offer.
La reserva alentada por el PRI dificulta la oportunidad de crecimiento a la competencia y obstaculiza a los nuevos canales abiertos que serán licitados, advirtieron José Antonio Abad, vicepresidente corporativo de MVS Telecomunicaciones y José Luis Woodhouse, director general de Dish México.
Entrevistados por Carmen Aristegui en MVS Noticias, los empresarios advirtieron que la reserva impedirá a las señales abiertas estar en el 50 por ciento del mercado de televisión de paga y tiene la intención de beneficiar a Sky, propiedad de Televisa, que controla este mercado.
Las empresas competencia de Sky deberán pagar a Televisa por sus canales en lugar de retransmitirlos sin costo, denunciaron.
“Lo que se está haciendo con estas reservas es que al final de cuentas vuelva a ganar Televisa”, señaló Abad.
Aparte, el director general de Dish México denunció que la reserva limitará la cobertura de nuevos canales y los pondría en desventaja con Televisa y Televisión Azteca.

Fuente

‘Must carry’ y ‘must offer’ atoran Ley de Telecomunicaciones

La diputada perredista Purificación Carpinteyro. Foto: Germán Canseco
La diputada perredista Purificación Carpinteyro.
Foto: Germán Canseco
 
MÉXICO, D.F. (apro).- La decisión del PRI de modificar el tema de la gratuidad o no en la retransmisión de los programas de la televisión abierta, revelada por la perredista Purificación Carpinteyro, provocó posiciones encontradas con el PRD.

Lo anterior generó que la discusión y aprobación sobre la Ley de Telecomunicaciones se pospusiera; PRD, PAN y PVEM esperan que sea este jueves, en tanto que el PRI deslizó la posibilidad de hacerlo después de Semana Santa.

La diputada Carpinteyro dijo que Héctor Gutiérrez de la Garza, jurídico del PRI, les comentó a su partido y al PAN que “en realidad no era necesario votar o discutir la reforma el día de mañana; que no importaba que se fuera hasta después de Semana Santa”.

Lo anterior, dijo, constituyó una “franca amenaza por estar exhibiendo sus oscuros intereses de tratar de proteger los de una televisora: ‘o le baja al tono y deja de exhibirnos o mejor nosotros nos negamos a debatir y votar este dictamen’”.

La perredista explicó que entre más tiempo se tarden los legisladores en aprobar la ley, más tiempo se les da a las televisoras para presionar y ejercer su poder para modificar y hacer reservas.

Por ejemplo, esta mañana el PRI presentó formalmente al PRD y al PAN una reserva en donde establece que la gratuidad de la retransmisión de la televisión de paga es para los “cableros”, es decir, que quienes tienen televisión restringida como Dish de Carlos Slim tendrían que pagar por la transmisión de los cuatro canales de Televisa y los tres de TV Azteca, por lo cual se lo tendrían que cobrar a su vez a los consumidores.

Carpinteryro subió a su cuenta de Facebook la reserva del PRI; en tanto que el vicecoordinador del PRD, Alonso Raya, dijo que efectivamente “está plasmado en documentos, cuando menos, la intensión, en todo caso, de dedicar determinados párrafos que desde nuestro punto de vista inhibirían la competencia”.
Se dijo sorprendido por la propuesta priista, pues recordó que los cuatro partidos estaban de acuerdo con la gratuidad de la retransmisión de la programación de la televisión abierta, mejor conocida como must offer y must carry.

“Sí sorprende que introduzcan reservas que tratan de obstaculizar la aplicación; estás coartando, inhibiendo la competencia y excluyendo a algunos abiertamente de esto”, dijo Alonso Raya.

PRI y PAN, de acuerdo

Entrevistado al respecto, Gutiérrez de la Garza rechazó que el PRI pretenda beneficiar a Televisa o afectar a Carlos Slim, a quien se le ha señalado como propietario de Dish, con la medida de la gratuidad; y aclaró que lo que se pretende es dejar claro el articulado para que el “agente dominante” no pretenda cometer fraude a la ley y mediante terceras personas se intente acceder a dicha tal gratuidad.

“Lo que no vamos a permitir es que aquellos agentes dominantes evadan el cumplimiento de la ley… es infundado decir que hay presiones para modificar”, comentó el priista Gutiérrez de la Garza.

Explicó que es importante establecer cuándo hay un agente dominante: “En ese momento debemos cuidar que no exista ningún subterfugio legal, por más complejo o simple que sea, directa o indirectamente, para evadir la ley… Eso es lo que está buscando el PRI, y no el buscar afectar a alguna empresa en particular… No podemos permitir que, vía redacción, asumamos un fraude a la ley”.

Aclaró también que el añadido del PRI no está en la gratuidad o no, sino en “que el dominante no utilice a un tercero para beneficiarse… Si lo que estamos buscando es que el dominante pague para ir corrigiendo las asimetrías, independientemente de cómo se llame el dominante; no podemos esperar que se vaya a beneficiar por conducto de un tercero o con alguna maniobra total y absolutamente burda”.

Mientras el PRI habla de una reserva que corrija tan sólo la redacción, el PAN dijo que lo que están esperando es que el gobierno federal les entregue un dictamen técnico sobre la posibilidad de implementar la citada gratuidad de la retransmisión.

En entrevista, el coordinador de la fracción Luis Alberto Villarreal García, señaló que el PAN pretende que la retransmisión sea gratuita:

“Lo que no podemos hacer es poner en la Constitución textos que sean de imposible cumplimiento, porque el must carry también requiere, más allá de lo que escribas en la Constitución, una parte técnica. Ésa, no la podemos resolver nada más los abogados, se requieren opiniones técnicas. Y nos va a permitir poner algo que vaya más allá de una aspiración, que se convierta en una realidad.”

Ante la pregunta de si se cambiará la redacción, el panista dijo que sí lo harán, aunque “no beneficie” a un particular pero siempre y cuando permita que la retransmisión sea posible técnicamente en su ejecución.
Como los priistas, el PAN aclaró que no se pretende beneficiar a ningún concesionario ni afectar a otros.

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Aprueba Senado reformas a la Ley de Amparo

Manuel Camacho y Roberto Gil durante la sesión en el Senado. Foto: Miguel Dimayuga
Manuel Camacho y Roberto Gil durante la sesión en el Senado.
Foto: Miguel Dimayuga 

MÉXICO, D.F. (apro).- Con 101 votos a favor, en lo general, el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley de Amparo y las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados, para que esta figura jurídica sea más ágil, eficaz y oportuna, así como para establecer la posibilidad de que existan declaratorias generales de inconstitucionalidad.

La reforma culmina así el proceso iniciado el 4 de octubre de 2011, cuando se aprobó una ambiciosa reforma constitucional. Estas modificaciones a la ley secundaria provocaron la molestia de la cúpula empresarial y de los concesionarios de radio y televisión por la posibilidad de eliminar la figura de la “suspensión del acto reclamado”.

No obstante, en comisiones y en el debate en el pleno no se ventilaron estas posiciones. Por el contrario, las distintas fracciones parlamentarias coincidieron en que se trata de un “cambio histórico” y que se incorporan tres conceptos fundamentales al amparo: los derechos humanos, las normas generales y el interés legítimo.
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, del PAN, advirtió que el amparo “había dejado de ser una institución protectora y garantista”.

A su vez, la priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, detalló los cambios y los mecanismos para proteger a las personas. Advirtió que se mantiene la eliminación de la “suspensión del acto reclamado” para centros de juegos con apuestas o “centros de vicios”.

El amparo tampoco dejará en libertad a personas en prisión preventiva. Se rechazó la única propuesta en lo particular del senador Fidel Demédecis para disminuir los plazos en el artículo 165.

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Ataja Segob a diputados: patrimonio de EPN “no está sujeto a debate”

Enrique Peña Nieto. Foto: Germán Canseco
Enrique Peña Nieto.
Foto: Germán Canseco 

MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó el exhorto de la Cámara de Diputados para que el presidente Enrique Peña detalle su patrimonio, y afirmó que ese asunto “no está sujeto a debate”.

El subsecretario de Normatividad y Medios de la Segob, Eduardo Sánchez Hernández, dio una entrevista a la agencia Notimex para desestimar el punto de acuerdo aprobado en San Lázaro para solicitar a Peña y a su gabinete que detallen sus bienes, porque en el caso de éste declaró haber recibido donaciones de casas, terrenos y joyas.
Sánchez aseguró que la declaración patrimonial de Peña Nieto no está sujeta a un “falso debate”, porque cumplió en “tiempo y forma” con la normatividad establecida.
Según la nota de la agencia de noticias del Estado mexicano, el funcionario afirmó: “La aplicación de las normas por parte del Poder Ejecutivo no está sujeta a debate, pues se tiene clara la obligación de aplicar las leyes, de cumplirlas y de dar el ejemplo al respecto”.
Agregó que “el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cumplió en tiempo y en forma con lo que la ley señala respecto a la declaración patrimonial que el funcionario del Poder Ejecutivo federal tiene que presentar en los términos que señala la propia normatividad”.
De acuerdo con Sánchez, Peña cumplirá con las obligaciones que tiene un servidor público.
“Hay un falso debate con respecto a que el presidente Peña Nieto no detalló sus propiedades. Cumplió y seguirá cumpliendo con todas y cada una de las normas que lo obliga como servidor público”, subrayó.
El funcionario afirmó que el compromiso de la presente administración es con la transparencia y rendición de cuentas, “y prueba de ello es la iniciativa de una comisión nacional anticorrupción que el presidente Peña Nieto presentó en sus primeros días de mandato”.
A los legisladores les advirtió que el gobierno federal cumple con la ley, que no prevé que el presidente de la República vuelva a rendir su declaración, ya que la presentó con todo el detalle que la normatividad obliga y bajo el formato que existe para tal efecto. Es, dijo, “una declaración que se ajustó al formato y que se apegó estrictamente a lo que la ley señala”. 

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Soya transgénica contamina miel mexicana

CONTRALÍNEA 
 


La Sagarpa autorizó a Monsanto la siembra comercial de soya transgénica sobre 253 mil hectáreas. En el territorio liberado habitan 41 mil familias, en su mayoría, indígenas y campesinas que sobreviven de la miel que cosechan. México es el tercer exportador y sexto productor de miel de abeja. La autorización es apenas la última de 15 autorizaciones de siembra de cultivo en las regiones. Los resultados: miel contaminada con polen de organismos genéticamente modificados y el rechazo por parte de su principal mercado, los consumidores de la Unión Europea

Bajo el argumento de que la liberación al ambiente de soya genéticamente modificada no implica riesgo alguno, el 11 de mayo de 2012 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió un dictamen favorable. Y el 6 de junio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aprobó a Monsanto Comercial, SA de CV (proveedor global de tecnología y productos para la agricultura), el cultivo a escala comercial de su semilla en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas (Contralínea 325).
 
El permiso se otorgó a pesar de que la siembra piloto y experimental de soya genéticamente modificada habría contaminado 40 toneladas de miel producidas en la Península de Yucatán, como lo demostraría el desvío que hicieron los comercializadores del cargamento dirigido originalmente a la Unión Europea, ocurrido en 2012. También, los siete amparos que interpusieron organizaciones y comercializadoras de miel para evitar la nueva autorización.
 
El riesgo, ahora, es mayúsculo. “Existe una coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la Península de Yucatán y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”, observó la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) en el Análisis de riesgo 007/2012. En éste se lee: “recomendación final: no se considera viable la liberación en los polígonos solicitados”.
 
México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja después de Argentina y China. El 85 por ciento de la producción nacional se destina a la Unión Europea, principalmente a Alemania, donde goza de prestigio.
 
Alrededor de 41 mil apicultores mexicanos, en su mayoría campesinos e indígenas, dependen de la actividad. En 2010 produjeron 55 mil 684 toneladas de miel con un valor de casi 1 mil 726 millones de pesos.
 
Tan sólo en la Península de Yucatán se contabilizan al menos 17 mil productores apícolas. “La miel para los campesinos de la región es una de las principales fuentes de ingreso, una de las formas de sobrevivencia. El año pasado no se logró la cosecha de maíz por la sequía. La esperanza es la miel que se cosecha”, dice Álvaro Mena, representante campesino de Campeche.
 
De acuerdo con información de la Conabio, en esa entidad, en Quintana Roo y Yucatán existen 162 organizaciones de apicultores. Tres de ellas agrupan a más de 1 mil socios y 11 cuentan con un número de socios que oscila entre 100 y 1 mil. El resto, 148, son organizaciones de pequeños productores con menos de 100 adherentes.
 
El 90 por ciento de la producción de miel de la Península se exporta y corresponde a cerca del 60 por ciento de toda la miel que sale del país.
 
La expansión de los cultivos de maíz y soya transgénica en la Península de Yucatán ya era objeto del rechazo en las comunidades mayas desde que llegaron las siembras experimentales y piloto.
 
De 2005 a 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha otorgado al menos 15 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en las fases previas a la comercial (experimental y piloto) en Chiapas y la Península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán y Campeche).
 
“En esta zona de la Península de Yucatán se siembra principalmente maíz en el sistema milpa. Si se viera únicamente desde la cuestión productiva, el maíz como una cosa, como un objeto, como un producto comercial sería más sencillo, pero para nosotros el maíz no es solamente un producto comercial, un cultivo de alimentación. El maíz para nosotros es bebida, es nuestro hermano, nuestra madre, nuestro padre, nuestra relación con Dios. En todos los altares ponemos el maíz como ofrenda. Cuando queremos celebrar a nuestros muertos ponemos maíz en sus altares.”
 
Álvaro agrega que la siembra de soya transgénica está desplazando a las tierras donde antes se sembraba milpa. “Cuando digo milpa hablo de maíz, pero también de otros cultivos. La milpa es la siembra de diversos cultivos en un mismo espacio, es un sistema de relaciones entre semillas, pero también de relaciones entre nosotros como personas, como pueblo, con el maíz, con las semillas y con los animales. La siembra de semillas transgénicas está rompiendo con el sistema milpa”.
 
 
El 6 de septiembre de 2011, las comunidades indígenas mayas sumaron a su lista de agravios un conflicto de carácter internacional. Se trata de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Alemania por el caso C-442/09, que colocó a los apicultores como afectados directos de los cultivos de organismos genéticamente modificados.
 
En el comunicado de prensa 79/11, fechado en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea expone que la sentencia se deriva de un litigio que enfrentaron Karl Heinz Bablok, apicultor no profesional, con el estado de Baviera, Alemania, propietario de diversos terrenos en los que se ha cultivado maíz MON 810 con fines de investigación durante los últimos años.
 
Según el escrito, Karl Heinz Bablok produce miel para la venta y para su propio consumo. Hasta 2005, producía también polen para la venta como alimento –en forma de complemento alimenticio–, sin embargo, ese mismo año se detectó la presencia de polen de maíz MON 810 en colmenas ubicadas a 500 metros de una parcela experimental de maíz transgénico.
 
Al considerar que la presencia de residuos del maíz modificado genéticamente provocaba que sus productos apícolas ya no fueran aptos para la comercialización o el consumo, Bablok inició un procedimiento judicial contra el estado de Baviera ante los tribunales alemanes, al que se sumaron otros cuatro apicultores no profesionales.
 
En su resolución, el Tribunal de Justicia prohíbe la comercialización de mieles que contengan polen de origen transgénico no autorizado (como el maíz MON 810 de Monsanto) como consecuencia de un principio de tolerancia cero. Al tratarse de polen de plantas transgénicas autorizadas para alimentación, la corte europea determinó que si el contenido de polen transgénico sobrepasa el 0.9 por ciento del polen total debe indicarse en la etiqueta la leyenda: “contiene ingredientes modificados genéticamente”. Y esto aplica para todos los productores, lo que incluye a los mexicanos.
 
“La comercialización de miel con este etiquetado parece casi imposible, cualquiera que sea su origen, dado que la gran mayoría de los consumidores europeos rechazan los alimentos transgénicos”, asegura en entrevista Remy Vandame, investigador en el Colegio de la Frontera Sur.
 
La afectación involucra no sólo a la miel convencional, sino también a la calificada como orgánica. De acuerdo con los estándares internacionales, la miel orgánica debe estar libre de transgénicos.
 
México es el tercer exportador mundial de miel orgánica. Este producto supera en un 30 por ciento el precio de la miel convencional; el mercado global de esta miel se estima en 6 mil 500 toneladas, de las cuales Alemania consume 2 mil 500.
 
Los principales estados productores son Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y Jalisco. A decir del reporte de la Conabio, Chiapas exporta alrededor del 80 por ciento de su producción y ocupa el primer lugar en exportación de miel orgánica.
 
También en la Península de Yucatán se produce miel orgánica. Según datos de la Conabio, ocho organizaciones de menos de 100 integrantes producen  este tipo de miel; siete de ellas, instaladas en el municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, y una más, en la localidad Blanca Flor, municipio de Othón P Blanco, también en Quintana Roo.
 
Infografía:
 
 
 
      
 
 
   
 
 
 

Argentina: Precios congelados, “cepo” para el dólar

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Foto: AP
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Foto: AP
 
BUENOS AIRESo (apro).- Lunes por la mañana en un supermercado situado en el Barrio Norte de Buenos Aires. Hay aún pocos clientes y se respira una tranquilidad que con el correr del día irá desapareciendo. El supermercado pertenece a una de las grandes cadenas que pautaron con el gobierno un congelamiento de precios de alcance nacional, por 60 días, hasta el 1 de abril. A primera vista se percibe cierta escasez de algunas marcas, pero buena oferta de artículos y ningún signo de desabastecimiento. El acuerdo fue también refrendado por las grandes cadenas de electrodomésticos.
La medida pretende combatir la elevada inflación que afecta a la economía argentina desde la devaluación de la moneda en 2002. Mientras que para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación de 2012 ascendió al 10. 8%, para consultoras y universidades privadas la cifra superó el 25%. Las discrepancias en las mediciones comenzaron cuando el organismo fue intervenido por el gobierno en 2007. El acuerdo de precios es el primero de su tipo que se aplica desde que el kirchnerismo asumió el poder en 2003.
“El acuerdo es un reconocimiento de que hay aumento de precios generalizado en los productos de consumo masivo en la Argentina, que es algo que el gobierno en general no acepta”, dice a Apro el doctor en Ciencias Sociales, Julio Gambina, director de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, cuya sede está ubicada a metros del Congreso de la Nación.
Agrega el especialista:
“Y el primer dato que no acepta es la evolución de la medición de precios minoristas que hace el Indec. Porque si ésta hubiera sido del 10.8% en 2012, como señala el organismo, no habría ninguna necesidad de un acuerdo de precios, ya que los aumentos salariales en las negociaciones paritarias en los últimos años han rondado el 20%, Eso indicaría que los salarios le vienen ganando la batalla a los precios. Todos sabemos que eso no es cierto.”
Gambina cree que el acuerdo de precios busca al mismo tiempo moderar las pretensiones de los sindicatos, que en este momento reclaman recomposiciones salariales en base a las mediciones de inflación privadas. La inflación, por otra parte, no impacta del mismo modo en los diferentes sectores sociales.
“El tercio de la población de más altos ingresos no restringe sus gastos por la evolución de los precios, mientras que dos tercios de la población, es decir, la mayoría, sí tiene que morigerar y optar al momento de comprar”, dice el también catedrático de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario.
Y supone que “lo que este sector resigna por su incapacidad de gasto e inducido para algún gasto suntuario por efecto de la publicidad es la alimentación.”
Apropiación
Los grandes grupos de medios de comunicación, que corporizan el núcleo duro de oposición al Gobierno, informaron de manera aislada sobre aumentos detectados en comercios de algunas provincias durante febrero. Su crítica a la iniciativa del gobierno se centró, más que nada, en la incapacidad que estos acuerdos demostraron en otros procesos inflacionarios que vivió Argentina. Se preguntan que pasará el día 61, cuando finalice el acuerdo.
La economista Ana Laura Fernández, docente de posgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), analiza los alcances de la medida.
“Los acuerdos de precios pueden tener cierto efecto positivo en término de desalentar los aumentos de precios y desacelerar la inflación. Entiendo que estos acuerdos funcionan en el corto y mediano plazo, para atacar algunas de las causas de la inflación, pero resultan insuficientes como política inflacionaria global en el largo plazo, porque la inflación es un fenómeno macroeconómico que viene dado por la dinámica de distintas variables económicas”, explica a Apro.
Catedrática de la Universidad de Buenos Aires, Fernández cree que esta medida antiinflacionaria se suma a otras políticas en curso que atacan el problema de manera indirecta. Por ejemplo, el nuevo programa gubernamental de crédito para la construcción de vivienda para los sectores medios, llamado Procrear, que además de combatir el déficit en la materia podría moderar el precio de los alquileres.
O la expropiación de YPF a la española Repsol, en abril de 2012, con el objetivo de recuperar el autoabastecimiento energético perdido en 2010, que obligó a Argentina a importar energía por un monto de 9 mil 500 millones de dólares en 2012. O la aplicación de retenciones móviles a las exportaciones de soya –medida que se intentó sin éxito en 2008 – y cuyo objetivo declarado era desacoplar la evolución de los precios locales de los internacionales.
Gambina, por su parte, cree que para resolver el problema el Estado y la sociedad deben confrontar con las grandes empresas fijadoras de precios. A su juicio, “la inflación expresa una pelea por apropiarse de la riqueza socialmente generada”.
El gran crecimiento económico producido sobre todo durante el período que va de 2003 a 2007, generó gran acumulación de ganancias, pero también recomposición salarial y extensión del empleo. “Esto significó una puja distributiva”, sostiene el catedrático, y añade: “A los efectos de que no baje la ganancia apropiada por el sector hegemónico, éste traslada a precios.” Evita así absorber costos.
Comodidad
Desde la declaración de cesación de pagos de 2002, Argentina dejó de recibir préstamos del exterior. El país llevó desde entonces una política de desendeudamiento. En 2005 y 2010 abrió canjes de deuda con los tenedores de bonos de deuda soberana. El 93% de los acreedores aceptó cobrar con importantes quitas. El gobierno mantiene aún un duro diferendo con los “fondos buitres” en los tribunales de Nueva York. Estos hedge funds que no se avinieron a cobrar con quita poseen el 7% de los bonos restante.
“No hemos vuelto a pedir prestado y no somos negocio para el sector financiero; ése es el problema, nos quieren volver a endeudar”, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. “Hemos ido a contramano de las cosas que nos decían y nos fue bien, eso no se nos perdona y por eso nos quieren castigar”, añadió.
Los dólares ingresan a las arcas del Estado básicamente a través del canon que se aplica a las exportaciones de los sectores agrícola y minero. El Estado necesita estas divisas para importar energía y pagar la deuda externa. Dicha lógica guía la política cambiaria restrictiva que se aplica.
La cotización del dólar oficial supera apenas los 5 pesos por unidad. Pero los particulares ya no pueden comprarlo para ahorro personal. Y los que viajan al exterior pueden comprar una cantidad de divisas que depende de su calidad como contribuyentes. A fin de no tener que entrar en tratos con la Agencia Federal de Ingresos Públicos (Afip), el ente recaudador oficial, muchos acuden al mercado negro, donde el precio de dólar paralelo, conocido como dólar blue, ronda los 8 pesos.
En el tradicional paseo peatonal de la calle Florida de Buenos Aires, los cambistas de divisas –popularmente conocidos como arbolitos– trabajan a la luz del día. Cada quince o veinte metros alguien grita: “Cambio dólar, real, euro.” Uno de estos arbolitos, de 20 años, accede a contestar algunas preguntas a condición de no revelar su identidad. El aumento de la brecha entre dólar oficial y dólar paralelo lo ha beneficiado.
“Más laburo (trabajo) hay ahora”, dice a Apro.
“Antes se laburaba poco, de las 9 de la mañana hasta el mediodía, ahora va de las 9 hasta las 9 de la noche. Gano más”, confiesa.
El joven cobra una comisión por lo que compra y lo que vende. Entre sus clientes hay turistas y también pequeños ahorristas argentinos. En el paseo hay una presencia policial discreta, pero visible. Los arbolitos hacen su trabajo sin que nadie los moleste.
“Tranquilo…, no hay problema –grafica el joven–. Pero si pasa un policía a un metro no se puede gritar así, se queda uno callado, no grita delante de ellos por respeto. Porque es algo ilegal, ¿no? En el fondo es ilegal.”
El ahorrista argentino se refugia desde hace unos 40 años en la moneda estadunidense. La circulación de dólares en la economía argentina es una de las mayores del mundo fuera de Estados Unidos. Alberto (nombre ficticio), un pequeño empresario gastronómico de Buenos Aires, suele volcar sus ganancias en el dólar que se ofrece en el mercado paralelo.
“Porque no le creo al peso”, se justifica. “En algún momento creo que se cae. Hay también una cuestión de herencia, digamos: todos los que uno conoce que han tenido dinero han ahorrado en dólares. El peso para mi es poco creíble por un montón de frustraciones que ha dado la Argentina con los distintos gobiernos a la gente.”
Alberto asume que los grandes empresarios activos estudian la rentabilidad que ofrecen los diferentes instrumentos de ahorro o inversión. El pequeño empresario, lo mismo que el ahorrista menor, no se hace tantas preguntas. “Es cómodo ir y comprar 200 dólares, mil dólares o 10 mil dólares”, sostiene. “Porque uno los compra, los guarda y se olvida. Los dejas ahí para que duerman a la espera del momento.”
La investigadora de Flacso, Ana Laura Fernández, examina esta fe del argentino por el dólar: “Creo que eso es histórico en Argentina, con nuestra historia de devaluaciones violentas y sistemas financieros quebrados”, refiere.
Según la especialista, “la población argentina tiende a ahorrar en dólares aún cuando no sea la mejor opción” al tiempo que trae a colación periodos recientes, en los que se demostró más redituable tener un plazo fijo en pesos en el banco que guardar divisa estadunidense.
Luego trae a la memoria el recuerdo doloroso del final de la convertibilidad: “Si se piensa que toda la plata quedó en el banco, y no se podía sacar, entonces no deja de ser una conducta racional no poner el dinero en el banco, aunque la rentabilidad (del dólar) no sea tan alta”, resume.
Devaluación
El Estado retiene el 35% de la multimillonaria exportación anual de granos y oleaginosas como la soya. La liquidación se realiza en base a la cotización oficial del dólar. El poderoso sector agroexportador pugna por una devaluación del peso, que eleve la cotización de la divisa estadounidense, y así su margen de ganancia.
“La expectativa de las clases dominantes es que en algún momento va a haber devaluación. Y de hecho, la política del gobierno argentino de 2012 es de devaluación progresiva, más acelerada que la que hubo en 2011”, sostiene Gambina.
El secretario de Comercio interior, Guillermo Moreno, afirmó el 22 de enero de este año que “no es descabellado” pensar que la cotización oficial de la divisa alcance los 6 pesos en diciembre de 2013. A decir de Gambina, “esto sería reconocer una devaluación del 20%, con lo cual la política cambiaria oficial va convalidando progresivamente la devaluación que se rige por el dólar paralelo.”
Argentina llegó a tener en 2002 al 57% de la población bajo la línea de pobreza. En la actualidad, buena parte del sector social de más bajos ingresos recibe subsidios de parte del Estado. La Asignación Universal por Hijo alcanza a 3.5 millones de niños de padres desocupados que trabajan en el mercado informal o, que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. El beneficio asciende a unos 55 dólares mensuales al cambio oficial. En estos últimos años el gobierno permitió la jubilación a 2 millones de personas que no habían realizado aportes previsionales. Perciben una jubilación mínima que equivale a algo más de 400 dólares. Esto permite a 5.5 millones de argentinos el acceso a una canasta de consumo mínima, anteriormente inexistente.
Para Fernández “los sectores que históricamente se vieron perjudicados por la inflación son la base de apoyo de este gobierno. Creo que la respuesta está en las otras políticas que sí se llevaron a cabo. A este gobierno se le perdonó la negación de la inflación porque hubo muchas políticas que beneficiaron a amplios sectores y que marcaron un cambio de rumbo en la política económica y la intervención del Estado en la economía, en la política social, en el mercado de trabajo, que son lo que determinan ese apoyo.”
De manera inversa, los grandes beneficiados de la década muestran gran animosidad contra el gobierno.
“El gobierno no goza de la voluntad ideológica y política de las clases dominantes, que siguen atadas al discurso hegemónico de las últimas cuatro décadas que, por simpleza de vocabulario, llamo neoliberal. Aunque estos sectores estén ganando mucho dinero y aunque su capacidad de consumo esté exacerbada, tienen críticas hacia políticas oficiales que expresan un cambio político, aunque no necesariamente de paradigma económico”, concluye Gambina.

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El BCE cortará financiamiento a Chipre si no acepta el rescate

Foto
Algunas personas esperan para retirar dinero de cajeros automáticos en Nicosia, capital de Chipre, de donde se pueden obtener cantidades limitadas de dineroFoto Ap
Reuters y Dpa
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de marzo de 2013, p. 28
Francfort, 20 de marzo.

El Banco Central Europeo (BCE) está preparado para cortar todo financiamiento a Chipre y dejar que la isla mediterránea sucumba al colapso financiero si eso es lo que tiene que ocurrir, confiando en que tiene un poder de fuego ilimitado para proteger al resto de la eurozona.

Sin la ayuda, destinada en gran medida a recapitalizar los bancos chipriotas, el BCE dice que serán insolventes, y bajo esta situación no podrán recibir respaldo del banco central. Si se le negaran esos fondos, Chipre quedaría al borde del abismo financiero.

El negociador del Banco Central Europeo sobre Chipre, Joerg Asmussen, dijo que el BCE tendrá que retirar su ayuda a los bancos chipriotas, a menos que el país tome el rescate rápidamente. Podemos entregar liquidez de emergencia sólo a bancos solventes y (...) la solvencia de los bancos chipriotas no puede ser asumida si no se acuerda un programa de ayuda pronto, que permitiría una rápida recapitalización del sector bancario, declaró Asmussen al semanario alemán Die Zeit.

Para el resto de la zona euro, el BCE tiene una serie de herramientas de política a disposición, a fin de evitar el contagio, entre las cuales las compras de bonos y las ofertas de liquidez ilimitada son las principales.
A fin de evitar transacciones financieras que pudieran dar lugar a una fuga de capitales, los bancos de Chipre continuarán cerrados hasta el martes 26; además se dispondrán limitaciones por tiempo indefinido a las transferencias al extranjero, indicaron fuentes del banco central a la agencia de noticias Dpa. En Grecia se informó que las sucursales griegas de bancos chipriotas también permanecerán cerradas.

Los negocios en Chipre ya están sintiendo las consecuencias, ya que la gente sólo podía retirar cantidades limitadas de los cajeros. El sector bancario de la isla se ha visto afectado por su exposición a Grecia, donde comenzó la crisis de deuda en Europa.

El presidente de Chipre, Nicos Anastasiadis, pidió que el jueves se tome una decisión sobre los detalles del plan de rescate que la isla debe recibir de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras finalizar esta noche conversaciones sobre la crisis. El mandatario presentará un plan B a los líderes de los partidos políticos, a fin de evitar una debacle financiera, luego de que la isla rechazó los términos de un rescate de la Unión Europea, indicó la agencia de prensa oficial CNA. El jueves como muy tarde debe tomarse una decisión sobre el rescate de Chipre, dijo Anastasiadis, al abandonar el palacio presidencial.

Funcionarios involucrados en las conversaciones dijeron que los líderes consideraban un plan para nacionalizar los fondos de pensiones y emitir un bono de emergencia basado en futuras ganancias gasíferas, intentando recaudar 5 mil 800 millones de euros (7 mil 500 millones de dólares) como condición para asegurar un rescate de la UE por 10 mil millones de euros. También hablaron sobre la idea de revivir el rechazado plan para imponer impuestos sobre los depósitos bancarios, aunque a un nivel menor del propuesto. El plan incluiría un gravamen excepcional sólo a los depósitos de más de 100 mil euros, según la televisión.

Por su parte, la Iglesia de Chipre ofreció al Estado todos sus fondos para superar la crisis financiera del país. La Iglesia y los monasterios ponen a disposición todo lo que tienen para el rescate del país, declaró el arzobispo ortodoxo de chipriota Chrysostomos, tras un encuentro hoy con el presidente Anastasiadis. La Iglesia de Chipre es uno de los principales accionistas del tercer banco del país, Hellenic Bank.
A Moscú le interesa la supervivencia de los bancos chipriotas por elevados depósitos rusos
Reuters

Nicosia, 20 de marzo.

Chipre pidió un nuevo préstamo a Rusia el miércoles para evitar un desplome financiero, después de que el Parlamento de la isla rechazó los términos de un rescate de la Unión Europea, lo que elevó el riesgo de caer en cese de pagos y de un colapso bancario.

El ministro de Finanzas de Chipre, Michael Sarris, declaró que no había alcanzado un acuerdo en su primera reunión con su contraparte rusa, Anton Siluanov, en Moscú, pero que las conversaciones continuarán.
El Ministerio de Finanzas de Rusia dijo que Nicosia había solicitado 5 mil millones de euros (6 mil 500 millones de dólares) adicionales, además de una extensión de cinco años y de menores intereses sobre un préstamo ya existente por 2 mil 500 millones de euros.

Chipre busca la ayuda de Moscú después de que el Parlamento votó el martes en contra de un plan de la zona euro para un rescate por 10 mil millones de euros.

Los chipriotas se opusieron a las exigencias de la Unión Europea de establecer un impuesto sobre los depósitos bancarios para recaudar 5 mil 800 millones de euros, medida sin precedentes cuyos opositores afirman que habría violado el principio detrás de una garantía sobre los depósitos de hasta 100 mil euros en todo el bloque.

Moscú tiene sus propios intereses para asegurar la supervivencia de los bancos de Chipre, refugio seguro para miles de millones de euros de empresas e individuos rusos, factor que influyó en la resistencia de Alemania y otros países del norte de Europa para rescatar a la isla sin la contribución de los depositantes.
La canciller alemana Angela Merkel, cuyo país es el principal aportador de Europa, dijo que el gobierno chipriota tiene que encontrar una propuesta alternativa (al plan de rescate rechazado el martes por el Parlamento), pero que es justo esperar que aquellos con más de 100 mil euros en las cuentas (el límite garantizado) contribuyan al rescate. La Unión Europea tiene antecedentes de presionar a países pequeños para que voten de nuevo, hasta lograr el resultado deseado.

Un tema importante en las negociaciones entre el gobierno chipriota y Bruselas para el plan de rescate que evite la suspensión de pagos y el colapso financiero fue el alto nivel de depósitos en los bancos de Chipre de fondos de ciudadanos y empresas de Rusia. Según cálculos, hasta 35 mil millones de euros procedentes de Rusia están depositados en cuentas chipriotas.

El ministro de Energía de Chipre, George Lakkotrypis, también estaba en Moscú, oficialmente para una exhibición de turismo, pero su presencia alimentó la especulación de que podría poner sobre la mesa el acceso a reservas de gas costa afuera no explotadas, como parte de un acuerdo por la ayuda rusa. Chipre ha encontrado grandes yacimientos gasíferos en sus aguas adyacentes a Israel.

Tuvimos una discusión muy honesta, hemos remarcado lo difícil que es la situación, declaró Sarris a los periodistas tras conversar con Siluanov. Ahora continuaremos con nuestra discusión para encontrar la solución. No hubo ofertas, nada concreto, añadió.

Crecían las especulaciones sobre la forma que tomaría la ayuda rusa. El portavoz del gobierno chipriota, Christos Stylianides, negó un informe de medios griegos respecto a que Chipre había alcanzado un acuerdo para que inversionistas rusos compren el segundo mayor banco chipriota, Cyprus Popular, que fue tomado por el Estado el año pasado.

Ningún legislador chipriota votó a favor del rescate de la Unión Europea, que incluía un impuesto que habría tomado casi 10 por ciento de las cuentas de más de 100 mil euros. Las cuentas más pequeñas también se habrían visto afectadas.

Fue la primera vez que una legislatura nacional rechazó las condiciones para la ayuda de la Unión Europea.


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