miércoles, 10 de abril de 2013

SME Visita a PROFECO para acompañar a los usuarios 10abr13

SME CFE Revienta tubo de gas natural y pone en riesgo a la ciudadania 9abr13

Los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad reventaron un tubo de gas natural que pasa a las afueras de la Subestación Cuahutemoc, lugar donde la mal llamada empresa de clase mundial realiza excavaciones desde hace meses.

Los vecinos de la Colonia San Rafael nos mostraron su descontento por este accidente y por las obras en general; Verónica Olvera, directora territorial de Protección Civil en la Delgación Cuahutemoc, informó que no se tiene claro el motivo del incidente y la posibilidad de que CFE enfrente una sanción.

Gabriela Barragán


Sin el apoyo de 224 diputados aprueban la estrategia de energía

Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de abril de 2013, p. 15
La Cámara de Diputados aprobó la Estrategia Nacional de Energía 2012-2017, particularmente con 237 votos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, 99 abstenciones de Acción Nacional y 125 en contra de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.
El procedimiento no dejó de ser cuestionado por los opositores a la estrategia. Después de que pasó al pleno –el dictamen de la Comisión de Energía– fue cuestionado por PRD y PT, los cuales cuestionaron que el documento no incluía sus firmas de rechazo. Entre éstos, el diputado Alberto Benavídez aseguró que aun cuando votó el dictamen en contra, su firma no apareció en el dictamen; sin embargo, Marco Antonio Bernal, presidente de la citada comisión, expuso que el legislador petitista sí votó en contra de dicha estrategia, pero después abandonó la sesión de la comisión y no esperó a firmar el documento.
Aún así, los legisladores reconocieron la urgencia de atender la demanda de energía en el país, de forma eficiente, segura y sustentable, y de cómo proveer energía a precios accesibles que coincidan con el crecimiento económico y la sostenibilidad.
También se busca propiciar el ahorro de energía; expandir los servicios energéticos hacia poblaciones y regiones de menores recursos y disminuir al mínimo los impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente regional y global, que pueden derivar de la producción y el consumo energético.
Además, imponer medidas para acelerar la transición energética hacia fuentes no fósiles, particularmente renovables, y fomentar la participación ciudadana en las decisiones relativas a la energía nuclear. El dictamen a la minuta remitida al Ejecutivo federal –aprobado previamente por la Comisión de Energía– propone coordinar inversiones para llevar gas natural a aquellos estados del país que no cuentan con gasoductos o que tienen acceso limitado al energético.
La estrategia incorpora acciones para romper con las tendencias que llevarían al país a ser estructuralmente deficitario en términos energéticos. Para ello, destaca las medidas para llevar a cabo una transición en el rubro, aprovechando las bondades que brinda el uso del gas natural para diversificar la matriz y llegar a una creciente participación de tecnologías limpias, que reduzcan la huella de carbono mediante una generación menor a 35 por ciento con fuentes fósiles.
También considera ampliar la red de gasoductos de transporte y distribución, así como la infraestructura de almacenamiento de gas natural, considerando no sólo las demandas actuales sino aquellas que podrían detonar e impulsar el desarrollo en los estados que aún no cuentan con el suministro de gas.
 
 
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Campesinos se unen a lucha contra firmas mineras y eólicas

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Marcha de campesinos hacia la Secretaría de GobernaciónFoto Jesús Villaseca
Matilde Pérez U.
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de abril de 2013, p. 24
En la marcha de la dignidad y el orgullo, cerca de 2 mil integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) se solidarizaron con los ejidatarios y comuneros que luchan contra las empresas mineras y eólicas.
Asimismo, los apoyaron en su resistencia para impedir la privatización del agua. Ya nos tienen crucificados y ahora pretenden nuestra muerte, señalaron ante las rejas colocadas para impedirles el acceso a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.
Provenientes de Chihuahua, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Morelos, estado de México, Veracruz, Oaxaca, Michoacán e Hidalgo, principalmente, los campesinos destacaron que su movilización no es para demandar más dinerito, sino para denunciar que el actual modelo neoliberal ha beneficiado a las trasnacionales y a unos cuantos agroempresarios.
Quienes estamos aquí somos gente honesta que busca vivir del producto de su trabajo en el campo, pero el Tratado de Libre Comercio para América del Norte nos ha arruinado: no hay precios remunerativos para nuestras cosechas ni certidumbre en la comercialización; el mayor monto de los los programas federales se concentra en los grandes productores y hay degradación de los recursos forestales por la política de conservación pasiva que restringe los derechos de campesinos e indígenas, señalaron.
También manifestaron su rechazo a los acuerdos de la Secretaría de Desarrollo Social con empresas como Pepsi para producir alimentos. “Es una vergüenza y ofende que la Sedeso –encargada de la Cruzada Nacional contra el Hambre– firme compromisos con industrias productoras de alimentos chatarra, cuando la política de Estado debe estar orientada a combatir la obesidad y la desnutrición con alimentos sanos y nutritivos producidos por campesinos”, dijo Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social.
Juan Garrido Cayetano, ejidatario de San Juan Guichicovi, Oaxaca, explicó que la represión gubernamental no desmantelará la resistencia de varios pueblos del istmo contra los proyectos eólicos de las trasnacionales Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Windpower, Vestas y Mareña Renovables.
Sabemos que la eólica no es la única alternativa de energía, como difunde el gobierno; se trata de un gran negocio para las empresas extranjeras, que cuentan con el apoyo de los funcionarios para despojar de la tierra a los campesinos, apuntó.
En tanto, una comisión de 12 integrantes de la Conoc ingresó a la Secretaría de Gobernación, donde –según explicó posteriormente Fernando Celis– se acordó la instalación de una mesa de diálogo para este jueves, en la que se reiterará la exigencia de un cambio profundo en la política pública para el sector agropecuario, con el propósito de lograr la autosuficiencia alimentaria, fortalecer la propiedad social de la tierra y aplicar el gasto público a programas para el desarrollo rural sustentable, entre otras.
Antes de retirarse protestaron por la colocación de las barreras metálicas y el despliegue de granaderos en los alrededores del Palacio de Cobián: es una amenaza a la movilidad social, subrayaron.
 
 
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El país está vendido a las empresas; no pueden ser socias del gobierno: activista

Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de abril de 2013, p. 22
México está vendido a las empresas. Estas nunca deben ser socias en el diseño y aplicación de las políticas públicas, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque su único y verdadero interés es ampliar su participación en el mercado, advirtió Patti Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Interés.En Inglaterra, dijo, desde los años 70 existe un boicot contra Nestlé por el daño que sus productos causan en la salud de la infancia. Allá (ese corporativo) no patrocina nada ni colabora en nada con el gobierno, pero es causa de alarma que se le acepte en países como México, señaló.
La activista participó ayer en una conferencia convocada por El Poder del Consumidor, donde advirtió que las industrias de alimentos y bebidas se presentan agradables, amistosos y se dicen interesadas en ayudar, pero es mentira. En realidad bloquean a los gobiernos.
Su interés es evitar los controles a la venta de comida chatarra y a la publicidad, apuntó apenas unas horas antes de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) formalizara un convenio de colaboración de Nestlé con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Rundall recordó que Brasil también aceptó esa injerencia, aunque la movilización social logró terminarla.
De visita en México para difundir la importancia de que haya un regulación para prevenir los conflictos de interés, Rundall señaló que estaba a punto de felicitar al gobierno por lanzar la cruzada, pero enterarse del acuerdo con Nestlé y que un día antes se suscribió un convenio similar con PepsiCo fue una pésima noticia.
Y aún más que dicha participación consista en cursos sobre nutrición y autoempleo en las comunidades donde se desarrolla la cruzada. Advirtió que eso beneficiará a las trasnacionales, que podrán promover sus productos en forma de galletas, jugos u otras mercancías, a pesar de que carezcan de valor nutrimental.
Una verdadera estrategia para abatir desnutrición, obesidad y hambre tendría que estar volcada en promover alimentos tradicionales, favorecer la agricultura local e incluso los huertos familiares, señaló.Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, resaltó que acciones de este tipo ya han demostrado su efectividad en el país y comentó que desde Brasil llegó una advertencia, pues las trasnacionales buscarán, entre otras, que el acceso al agua potable se asegure, pero embotellada, es decir, venderla a las personas más pobres.
Eso es factible –dijo el activista– si Sedeso ya reconoció que mediante la red de tiendas Diconsa se distribuirán alimentos de mala calidad fabricados por las trasnacionales. En cambio, las autoridades no dan señales de querer retomar la propuesta de la sociedad para que una parte del impuesto que se aplique a los refrescos, una octava parte, se invierta en llevar el líquido a todo el país, apuntó.De igual forma, Calvillo denunció que la cruzada del gobierno de Enrique Peña Nieto empezó sin haber creado el comité científico que debería avalar las acciones y, en cambio, sí hay prisa por formalizar el acuerdo de colaboración con la industria de alimentos y bebidas.
Rundall destacó que la coalición que preside tiene presencia en 20 países y Nestlé es la más boicoteada. En Inglaterra existe el convencimiento de que no debemos ser socios del enemigo, subrayó.
 
 
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El fracaso de la estrategia de Calderón, origen del problema: ONG y senadores

Fernando Camacho, Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de abril de 2013, p. 7
Organizaciones de derechos humanos y legisladores de PRI y PT coincidieron con la declaración de Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, sobre que en México se vive una ‘‘crisis humanitaria’’ causada por el fracaso en la estrategia de seguridad de Felipe Calderón.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, subrayó que la situación de crisis humanitaria es un hecho sustentado en estudios y análisis de diversas organizaciones nacionales e internacionales, con base en lo que ocurre con grupos vulnerables como migrantes indocumentados, mujeres o personas discapacitadas.
‘‘No sólo es una crisis humanitaria, sino también una situación muy delicada en cuanto a derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad personal. Todo ello es el saldo de una estrategia de ‘‘guerra’’ mal planeada, donde hay responsabilidad de algunos individuos, pero también del Estado en su conjunto, y eso lo debe resolver el actual gobierno’’, indicó.
Por todo ello, el activista pidió que la administración de Enrique Peña Nieto no se quede en un nivel declarativo sobre la gravedad del tema, sino que diseñe políticas orientadas a terminar con esta situación. ‘‘Nos da gusto que los funcionarios admitan lo que pasa, pero más gusto nos daría saber que están haciendo planes para cambiar algo’’, subrayó.
Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, saludó las declaraciones de García Cervantes por considerarlas un ‘‘gesto de honestidad frente a la realidad’’, pero igualmente llamó a transformar dichos señalamientos en acciones concretas.
‘‘Como el mismo subprocurador dijo, el Plan Nacional de Desarrollo debe tener una perspectiva de cambio que permita a las víctimas tener consuelo y alivio, usando una estrategia para que el Estado deje de combatir la violencia con más violencia. Debe haber un conjunto de políticas inclusivas que incorporen a muchos sectores de la sociedad en la justicia y el ejercicio de todos los derechos’’, consideró.
Por su parte, senadores de PRI y PT coincidieron con el diagnóstico de García Cervantes sobre el debilitamiento de las instituciones y el fracaso de la política de Felipe Calderón contra el crimen organizado.
‘‘El México que nos entregaron es un país con muchos problemas’’, comentó el coordinador de los senadores del tricolor, Emilio Gamboa Patrón, quien agregó que al gobierno de Peña Nieto le tomará tiempo dar respuesta a cada uno de los problemas que encontró.
Por separado, el coordinador senatorial del PT, Manuel Bartlett, dijo que comparte lo expresado por el subprocurador sobre la ruptura del tejido social y la debilidad de las instituciones. ‘‘Lo que falta por decir es que es la aplicación del modelo neoliberal lo que ha llevado al país a esta situación’’, enfatizó.

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Analizan disidentes plan en favor de la escuela pública

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Encabezados por Gonzalo Juárez Ocampo, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero sostuvieron una reunión con diputados del PRD, en ChilpancingoFoto Francisco Olvera
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de abril de 2013, p. 3
En asamblea representativa, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron inicio a la discusión sobre la segunda etapa de la jornada de lucha, que incluye, entre otros temas, el debate para declarar un eventual paro indefinido de labores, así como establecer una clara orientación política para defender la escuela pública.
La mayoría de los contingentes movilizados se pronunció por privilegiar el diálogo con padres de familia y alumnos, a quienes debemos informar por qué estamos de nuevo en las calles y que esta lucha no es sólo para preservar derechos adquiridos, sino para que el Estado no abandone su responsabilidad de financiar la escuela pública y no se exija que sean ellos quienes más aporten para sostener el sistema educativo.
Líderes del magisterio disidente de Chiapas, Distrito Federal, estado de México y Jalisco señalaron que el rechazo a la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto está creciendo en todo el territorio nacional, y no descartaron que si continúa la cerrazón del gobierno federal y se busca la imposición, a cualquier costo, de las modificaciones a los artículos 3º y 73 constitucionales, impulsaremos acciones de protesta, pese a las amenazas de despidos.
Agregaron que uno de los ejes que analiza la CNTE sobre la reforma constitucional es impulsar nuestra propuesta alternativa de educación, que incluye al menos 20 propuestas con las cuales se busca garantizar mejores condiciones de equipamiento e infraestructura, y acceso a una capacitación docente de calidad con pertinencia.
Explicaron que con ese propósito se convocará a encuentros estatales de educación con especialistas para darle forma a iniciativas que hemos ido trabajando, porque los maestros democráticos queremos mejores escuelas, donde no falte agua ni energía eléctrica, se cuente con pizarrones y mesabancos, y que la incertidumbre laboral del docente se destierre de los planteles públicos, señaló Adelfo Alejandro Gómez, secretario general del magisterio disidente de la sección 7, de Chiapas.
Francisco Bravo, dirigente de los docentes del Distrito Federal, apuntó que sin un proyecto educativo de Estado la aplicación de la reforma constitucional está condenada al fracaso.
Agregó: hemos insistido (ante el gobierno federal) en que no se puede transformar el sistema educativo nacional sin la participación de los maestros, y esto incluye buscar su intervención en el proceso, pero no sólo como espectador o ejecutor de decisiones que ya fueron acordadas desde la cúpula política.
En el encuentro, que comenzó antes de las 22 horas y al cierre de esta edición no había concluido, se sumaron dirigentes de Michoacán, Jalisco, Chiapas, Distrito Federal y estado de México, quienes analizaban si se impulsará un paro indefinido de labores entre el 15 y el 19 de abril, pues consideraron que hasta el momento no hay señales de que las autoridades federales y estatales se comprometan con un diálogo serio que nos permita alcanzar una solución inmediata, sostuvo Pedro Ramírez Vázquez, dirigente del movimiento democrático de la sección 36.
La administración que encabeza Peña Nieto, afirmó, busca por todos los medios imponer su reforma educativa e incluso se alienta una campaña mediática para atacar al magisterio movilizado. Señaló que una de las prioridades, luego del regreso a clases, es volver a dialogar con la comunidad escolar. Necesitamos su apoyo, pero sobre todo que se sumen a la lucha por la defensa de la escuela pública.

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Habrá "paro indefinido" si activan las órdenes de aprehensión, advierte la CNTE

Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de abril de 2013, p. 2
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió al gobierno federal que la activación de órdenes de aprehensión (unos 25 profesores están en esta condición) provocaría paro indefinido en varios estados y la ruptura del diálogo.
Ante un acto que la CNTE considere represivo, se ampliaría la suspensión de labores a otras regiones del país, como la que desde el 25 de febrero pasado mantienen maestros de Guerrero.
Responsabilizamos al gobierno, ya sea federal o estatal, según quien libere las órdenes de aprehensión, de que toda la coordinadora se pondría al frente, junto con Guerrero, en el marco de un paro indefinido de labores, afirmó Juan José Ortega Madrigal, dirigente de la sección 18 (Michoacán) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
De acuerdo con el grupo de 13 maestros que se reunió ayer con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, éste se comprometió a respetar el libre tránsito de los docentes mientras persista la mesa de negociación. El propósito es continuar con el diálogo en Bucareli, el jueves a las 11 de la mañana.
Al término del encuentro, los profesores señalaron que la CNTE –en particular la sección de Guerrero– ha mostrado voluntad de diálogo. Prueba de ello, indicaron, es que el paro de esa entidad no se ha replicado en otras secciones, como Oaxaca y Michoacán, donde hay decenas de organizaciones en apoyo a la educación.
“La defensa de la educación pública obliga a que los diferentes sectores del pueblo se organicen en esta lucha y ya lo estamos viendo en Guerrero. En Michoacán hay 48 organizaciones que apoyan la defensa de la educación… Ya no es el puro gremio organizado, los grupos sociales están saliendo a la calle en defensa de la educación”, agregó Ortega.
“El emplazamiento de la CNTE es único: no queremos más represión, no queremos ningún atentado contra ninguno de nuestros compañeros, tampoco queremos compañeros presos. Por eso estamos en esa mesa de trabajo y se está dando prioridad al diálogo.
Si el gobierno actúa con base en la fuerza pública, subrayó Ortega, tenemos el derecho a defendernos y la respuesta inmediata es la movilización nacional, señaló.
También solicitaron al funcionario la liberación de uno de sus compañeros, procedente de Ixmiquilpan, Hidalgo.
Guerrero de guerrilleros
Los maestros de Guerrero integrantes de la comisión señalaron que no es nuevo el apoyo de grupos sociales y de la policía comunitaria al movimiento de la CNTE, en el contexto de una lucha popular. Advirtieron que una nueva medida represiva, como la aprehensión de maestros, sería detonante de una crisis estatal y nacional.
“Ya lo dice el dicho: ‘Guerrero es de guerrilleros’”, expresó Concepción Neves Mendoza, de la comisión política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).
Al preguntarle sobre la situación en esa entidad, luego de más de un mes sin clases, la maestra Neves respondió:
Más irresponsables son el gobierno y el Poder Legislativo al aprobar reformas que laceran el contexto de nuestro estado. Hacen reformas a diestra y siniestra sin tomar en cuenta las condiciones particulares de cada entidad. Así lo entienden los padres de familia en Guerrero: sacaremos adelante el año escolar, afirmó.
Luis Enrique Miranda no modificó la posición de la Secretaría de Gobernación acerca de que la reforma educativa es parte de una política de Estado, aunque –añadieron integrantes de la comisión negociadora– dio un mensaje conciliador, abierto al diálogo, pero es un discurso. Esperaremos a ver si cumplen los compromisos.
La CNTE entregará hoy al Poder Judicial el segundo paquete de solicitudes de amparo contra la reforma para que no les apliquen medidas de carácter laboral derivadas de la misma.
En las próximas asambleas de la CNTE –y la comisión negociadora nacional– decidirán sobre el siguiente paso de su plan de acción.
 
 
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Insultante, que la Ley de Víctimas se limite a dar indemnizaciones: Ibarra

Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de abril de 2013, p. 9
 
La Ley General de Víctimas es ‘‘un insulto’’, porque está dirigida básicamente a lograr indemnizaciones económicas para quienes han sufrido el asesinato o la desaparición de un familiar, y la vida de un ser querido ‘‘no se compra ni se vende’’, subrayó la dirigente del Comité ¡Eureka!, Rosario Ibarra de Piedra.
Durante un acto realizado para fijar su posición con respecto a dicha norma y a otras herramientas legales que tienen el ‘‘supuesto objetivo’’ de hacer justicia, la luchadora social manifestó su repudio a la legislación recién modificada en el Senado y lamentó que todavía exista mucha falta de conciencia sobre el papel que tuvieron los movimientos disidentes de los años 60 y 70, cuyos miembros fueron blanco de desapariciones y asesinatos.
‘‘Hay gente que dice descaradamente: ‘¿quién les manda ponerse a las patadas con Sansón?’ Eso duele, porque muchos no ven que ellos lucharon por un país mejor y que todo pasó en la misma época en que México rompía relaciones con Argentina y Chile por las dictaduras, cuando el gobierno de aquí era un gemelo de los de allá’’, aseveró Ibarra.
Inti Martínez, hijo de José Luis Martínez, militante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) asesinado en 1979, y de Laura Elena Gaytán, quien fuera desaparecida por el gobierno, coincidió en que una ley que busca ponerle precio al dolor de quienes perdieron a un ser querido es ‘‘inmoral e históricamente irresponsable’’.
Ofrecer o pedir una indemnización económica, enfatizó Martínez, no es posible cuando los responsables de las desapariciones, las torturas o los asesinatos no han sido enjuiciados, no se ha ofrecido la verdad histórica a los familiares ni el Estado mexicano ha asumido su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.
Además, ‘‘no podemos estar de acuerdo con una ley que nos trata como víctimas [...] No soy ni seré víctima y menos del Estado. Hemos sido rehenes de él, pero nuestra alma es libre’’, indicó el activista, quien advirtió que actualmente el país vive una redición del ‘‘terrorismo de Estado’’ de décadas anteriores.
En el mismo sentido, Tania Ramírez, del colectivo Hijos México, leyó una carta de su compañera Alba Santiago Nevárez, quien rechazó la Ley General de Víctimas por ser una ‘‘herramienta manipulada’’ que deja en el olvido a quienes fueron desaparecidos o asesinados antes de 2006, y les impone la etiqueta de víctimas, como seres desvalidos que necesitan la compasión de los demás.
El periodista José Reveles, por su parte, manifestó que las desapariciones forzadas de la actualidad son una continuación de las ocurridas hace más de 30 años, por lo que llamó a emprender una lucha que siente en el banquillo de los acusados a los responsables de dichos crímenes, como sucede hoy en Guatemala y Argentina.
No es un tema del pasado
Blanche Petrich, colaboradora de este diario, sostuvo que los desaparecidos no representan un tema del pasado o una ‘‘papa caliente’’ que nadie quiere tomar, sino una herida abierta que no va a cicatrizar mientras los culpables de los delitos no sean llevados ante la justicia.