miércoles, 17 de abril de 2013

SME Asamblea General Extraordinaria 16abr13

Denuncian sindicatos canadienses abusos laborales de mineras de su país en México

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de abril de 2013, p. 29 

Empresas mineras canadienses están violando derechos laborales de trabajadores mexicanos en estados como Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí y Durango, denunciaron el Sindicato de Comunicaciones, Energía y Papel de Canadá, el Consejo Nacional de Recursos Humanos en la Industria Minera de Canadá, y la organización United Steelworkers.
Estas agrupaciones enviaron representantes al ejido La Sierrita, en Durango, quienes elaboraron un reporte sobre el comportamiento preocupante de la empresa Excellon Resources en ese estado. En el documento asientan que la empresa no sólo ha traicionado un contrato de arrendamiento con los ejidatarios de la región, sino que, en contra de los que marcan las leyes mexicanas y convenios internacionales, tampoco respeta la libertad sindical de los mineros.
No obstante, estas centrales obreras indican que el caso de Excellon no es excepcional, sino que es un patrón de conducta que se lleva a cabo en varias entidades del país, ya que también tuvieron testimonios de casos de violación de derechos laborales en Chiapas y Chihuahua.
En el documento difundido por la organización Prodesc, estas organizaciones señalan que las las empresas mineras canadienses están teniendo un impacto negativo en los derechos laborales y humanos de los trabajadores y comunidades mexicanas. Esto es porque incluso ha despedido mineros por quererse afiliar a sindicatos independientes.
También informaron que van a actuar desde Canadá con diversas acciones para visibilizar la lucha de los mineros mexicanos de diversas regiones. Incluso van a valorar diversas estrategias, ya que muchas centrales obreras contribuyen a fondos de pensiones que tienen acciones en compañías mineras de ese país.
En el mismo sentido, representantes de la asamblea ejidal de La Sierrita asistirán el próximo 30 de abril a Toronto, Canadá, para presentarse en la reunión anual de accionistas de Excellon Resources, y evidenciar lo que llamaron las malas prácticas empresariales que lleva a cabo la compañía en México.
David Espinoza, presidente del comisariado de La Sierrita, consideró que el ejido, como propietario de más de 600 mil acciones comunes de la empresa, tiene el derecho de asistir a las reuniones de accionistas y realizar propuestas de cambio sobre el desempeño de la actual administración. Dijo que para la próxima asamblea propusieron que la empresa debe informar de todas las reuniones que ha mantenido con funcionarios federales y estatales del gobierno mexicano, y los acuerdos que han tomado: integrar al consejo un experto imparcial en derechos humanos, y garantizar la independencia entre la presidencia de la junta directiva y la gerencia.

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Duele y sorprende a ayunantes de Mexicana la indiferencia oficial

Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de abril de 2013, p. 28
 
A pesar de los ofrecimientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para acercarse a los dos trabajadores de Mexicana de Aviación que se encuentran en huelga de hambre, ninguno de ellos ni sus compañeros han recibido hasta ahora alguna propuesta concreta para realizar foros donde se analice cuál es la mejor opción para elegir un inversionista que rescate a la compañía.
Instalada en una tienda de campaña frente a los mostradores de Mexicana, en la terminal uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Rocío Guerra Peimbert cumplió ayer 22 días de ayuno en demanda de solución al conflicto que tiene dos años y ocho meses y tiene a 8 mil empleados de la aerolínea sin trabajo; aunque ha sufrido momentos de debilidad física y dolores de cabeza, afirmó que desea continuar con la protesta.
La semana pasada vino la mano derecha del director de la oficina de vinculación de la SCT, Gemi José González López, para justificar la ausencia de los funcionarios, porque tenían órdenes del más alto nivel de sacar primero la nueva ley de telecomunicaciones, y posteriormente ya empezaban a ver todo lo demás, recordó Guerra, quien ha sido analista contable en el área de contraloría operativa de Mexicana desde hace 25 años.
Sin embargo, tras la discusión sobre ese tema iniciaron los debates sobre el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que la probabilidad de que atiendan en breve las peticiones de los trabajadores en huelga de hambre es incierta, deploró.
Nos duele y nos sorprende la indiferencia de la SCT, de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo. La única autoridad que nos ha mostrado apoyo ha sido el director del AICM, Alfonso Sarabia, quien hizo gestiones para que nos recibieran las autoridades federales y escucharan la petición de que se realicen foros con la participación del gobierno y los trabajadores, donde se analice cuáles son las mejores opciones de inversionistas para rescatar la empresa, indicó Guerra.
Rafael Arcos Márquez, quien ayer cumplió 13 días en huelga de hambre, también externó su voluntad de seguir con la manifestación, aunque admitió sentirse cansado, con mucho sueño y con pocas fuerzas para mantenerse sentado sin dormirse.
Tengo buen ánimo, porque me incentivan mucho mis compañeros y la convicción de que esto saldrá adelante. Los de vinculación de la SCT nos hablaron muy bonito, pero ya no queremos seguir esperando más tiempo. No me cabe en la cabeza lo que han hecho con gente que tiene tanta capacidad, lamentó Arcos, quien trabajó durante 10 años en el área de ventas de Mexicana.

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Cabildean empresarios en San Lázaro contra la reforma a la Ley del IMSS

Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de abril de 2013, p. 17 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, realizó ayer un intenso cabildeo en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para evitar que se apruebe la reforma a la Ley del IMSS que busca homologar el pago de las aportaciones con el del impuesto sobre la renta (ISR).
El representante empresarial se reunió primero en el pleno cameral con el coordinador del PAN, Luis Villarreal, quien lo invitó a sentarse junto a su curul, y después se paseó por el salón. Más tarde, trascendió, se entrevistó con el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pero fue rechazado por el PRD, al considerar que su presencia representó una presión indebida a los diputados.
Gutiérrez Candiani explicó que su presencia en la Cámara era para pugnar por una solución integral al problema de falta de recursos del IMSS.
Mientras, se pospuso la reunión de la Comisión de Hacienda, donde PRI y PVEM querían iniciar la discusión de la iniciativa, después de que Villarreal insistió ante el tricolor en que se respetara la decisión del presidente de esa instancia legislativa, José Isabel Trejo, de no convocar a plenaria.
Asimismo, diputados del PRD informaron que la noche del lunes, el director del IMSS, José Antonio González Anaya, les explicó que la aplicación de la reforma permitiría al instituto recabar 3 mil millones de pesos el primer año.
También les explicó que la reforma sólo impactaría a 20 por ciento de las empresas, en este caso sólo las que reportan salarios menores para reducir pagos de las aportaciones.
En la reunión, señalaron, el funcionario también les explicó que la modificación no afectaría a los trabajadores y que incluso el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) está de acuerdo en la reforma.
Entrevistado sobre el encuentro, el diputado Carol Antonio Altamirano (PRD), integrante de la Comisión de Hacienda, informó que se le pidió al titular del IMSS la corrida actuarial de los ingresos adicionales por homologar el pago de las aportaciones con el del ISR, para que esta información forme parte del eventual dictamen.
Además, se le requirió un estudio del impacto en las empresas, así como un compromiso de que los recursos adicionales no se destinen a gasto corriente, sino a rubros específicos como el seguro de maternidad o equipamiento de hospitales.
El director del IMSS aceptó que los recursos se empleen en el seguro de maternidad. No nos dio una fecha para el estudio actuarial ni del impacto en las empresas, pero quedó claro que en tanto no contemos con esos documentos, en el PRD no avanzará la discusión de la reforma, declaró.
Mientras Beltrones resaltó que el PRI está listo para votar la reforma, que –explicó– busca evitar que las empresas declaren dos salarios distintos, el coordinador del PRD, Silvano Aureoles, cuestionó la presencia de Gutiérrez Candiani en el pleno.
Deberían ser más prudentes, porque parece que todo mundo viene a tirarnos línea. No ayuda que en un tema tan importante, circulen por los pasillos dirigentes empresariales. Cada quien protege sus intereses, pero que no presionen a los legisladores, sostuvo.
Beltrones explicó que al declarar un salario ante Hacienda y otro ante el IMSS, las empresas generan pérdidas para el instituto, que necesita recursos para inversión y mejorar el servicio. Nosotros estamos del lado del Seguro Social.
Admite IMEF que hay patrones que simulan para pagar menos
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) admitió este martes que hay patrones que simulan esquemas para reducir las cuotas al Seguro Social, pero afirmó que no se solucionará con la reforma a la Ley del IMSS propuesta por el PRI.
Hay empresas que simulan esquemas donde pagan menos seguridad social, menos impuesto sobre la renta y le aumentan al trabajador su pago mensual, pero éste no ve afectaciones positivas en su pensión, dijo Francisco Gutiérrez-Zamora Ferreira, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF.
Esas compañías son conocidas debido a denuncias de los medios de comunicación, pero como abogado no conozco a ninguna de ellas, manifestó el directivo en una conferencia de prensa ayer.
En la exposición de motivos para reformar dos artículos de la Ley del Seguro Social, se señala que la disociación de las bases gravables de las cuotas obrero-patronales genera incentivos perversos en algunos patrones para reducir la carga fiscal.
Las cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana se opusieron a la iniciativa de reformas e incluso llamaron a terminar con la simulación en las propuestas para sanear las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El IMEF rechazó también la iniciativa y sostuvo que la solución al problema de las finanzas del IMSS no está en la modificación de la base gravable, sino en un mejor ejercicio fiscalizador de parte de la autoridad.
Como consecuencia de la reforma podría darse la pérdida de empleos, la redefinición de sueldos o la migración al empleo informal, con lo cual se pierde el objetivo deseado, dijo el IMEF.
La reforma es insuficiente y lo conveniente sería hacer una reforma que resuelva el problema a largo plazo, involucrando a las economías formal e informal.
Julio Reyna Quiroz

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La prueba Enlace, instrumento que no sirve ni para hacer diagnósticos: Aboites

Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de abril de 2013, p. 25
A seis años de su primera aplicación en bachillerato, la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) sólo confirma que estamos a ciegas en cómo mejorar los contenidos para que los alumnos alcancen mayores conocimientos, pues es un instrumento que no sirve ni siquiera para diagnosticar, alertó Hugo Aboites, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y experto en políticas educativas.
Agregó que es utilizada como una herramienta de clasificación de alumnos en categorías de elemental e insuficiente, bueno y excelente, pero sin contexto de porqué se dan estos resultados ni tampoco de lo que debemos hacer para mejorar su aprendizaje, pues recordó que desde 2008, primer año de su aplicación, los resultados han sido sistemáticamente malos.
En tanto, alumnos del tercer grado de bachillerato, a quienes la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplica la prueba estandarizada en poco más de 14 mil planteles, señalaron que los malos resultados que obtienen muchos de sus compañeros se deben a que no todos tenemos las mismas condiciones para estudiar y que los maestros no siempre saben bien la materia que nos enseñan.
Karla y Carolina, estudiantes del Colegio de Bachilleres (Colbach) plantel 20 en el Distrito Federal, afirmaron que otro de los factores que inciden en los resultados es que pocos se lo toman en serio. Es una prueba que no cuenta en nuestro promedio de calificaciones, así que la mayoría responde lo que quiere. Muchos ni siquiera leen las preguntas.
Este año la dependencia federal prevé la participación de poco más de un millón de jóvenes que están por concluir su educación media superior en el país, en instituciones tanto públicas como privadas, a excepción de quienes están inscritos en el sistema de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes no participan en este proceso de evaluación.
Marco, quien también cursa su último grado de bachillerato en el Colbach 20, afirma que la prueba no tiene nada que ver con los contenidos de las evaluaciones de selección para ingresar al Instituto Politécnico Nacional o la UNAM. Está muy fácil, y no sirve ni para decir esto no me lo enseñaron o de plano ya ni me acuerdo.
Al respecto, Aboites enfatizó que las preguntas que se aplican a los alumnos son elaboradas por equipos técnicos que no toman en cuenta la evaluación que hacen los propios docentes en el aula, quienes al final son los que más saben si un alumno avanzó en adquirir nuevos conocimientos.
No todos los jóvenes, dijo, tienen las mismas condiciones de aprendizaje. Por ello no podemos comparar a quienes estudian un bachillerato tecnológico en Chiapas, en una zona aislada y sin muchos recursos pedagógicos, a quienes cursan su formación en zonas urbanas donde hay Internet, bibliotecas u otras instalaciones básicas.
De acuerdo con cifras de la SEP, la prueba consta de 150 preguntas de opción múltiple en las que se evalúa la comprensión lectora y los conocimientos matemáticos de los alumnos. Se aplicará en dos sesiones este 16 y 17 de abril, mientras el 18 de este mes se realizará una prueba de control en una muestra censal de alumnos y docentes de matemáticas.

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En San Lázaro retrasan pagos a intendentes

Periódico La Jornada
Miércoles 17 de abril de 2013, p. 16  

Cientos de mujeres y hombres que trabajan en labores de limpieza de la Cámara de Diputados denunciaron que la empresa que los subcontrató se ha negado a pagar su salario y prestaciones, pretextando que el órgano legislativo no le ha pagado el monto del contrato firmado en tiempo y forma. Los trabajadores de intendencia son subcontratados por una empresa de nombre Kasper, toda vez que la Cámara de Diputados ha subrogado el servicio, lo que ha generado durante más de una década maltrato a los trabajadores que se desempeñan aseando las oficinas y espacios abiertos del Palacio Legislativo. Mediante un boletín repartido a los medios de comunicación, los trabajadores denuncian que Jorge Eduardo Borja Martínez, representante de Kasper, les ha advertido que el pago no se hace a tiempo porque la secretaría general no aporta el pago del contrato en los términos en que fue aceptado. 

La compra de armamento se incrementó 239 por ciento en el sexenio de Calderón

Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de abril de 2013, p. 9 

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, México incrementó en 239 por ciento la compra de armamento militar y para labores de seguridad pública, señala el informe denominado Trends in World Military Expenditure 2012 (Tendencias en el gasto militar mundial 2012), elaborado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz, con sede en Estocolmo, Suecia.
El documento agrega que tan sólo en 2012, el gobierno mexicano aumentó sus compras de equipo bélico en 10 por ciento, cifra que supera al 8.1 por ciento que en promedio gastaron las naciones de América Central en armas, indica la reconocida asociación independiente internacional que se dedica desde el año 1966 a la investigación sobre conflictos, armamento, armas, control y desarme.
Señala que México es el principal comprador de armamento destinado a la defensa nacional, con un porcentaje de 81 por ciento en términos reales, entre los años 2003 y 2012.
El informe precisa que la suma de la compra de armamento para la defensa de la soberanía nacional y el adquirido para labores de seguridad pública o interna arroja un aumento de 239 por ciento durante la gestión de Felipe Calderón.
Lo anterior, a partir de que en el gobierno del panista se aplicó una política de ‘‘cero tolerancia’’ en contra del narcotráfico.
Agrega el texto, en su apartado sobre Centroamérica –en donde unilateralmente ubica a México–, que tradicionalmente el área presentaba bajos niveles en la compra de armamento, especialmente después de que terminaron las guerras civiles en la zona en los años 90.
Sin embargo, en los años recientes el límite entre la seguridad externa y la interna se ha ido borrando en esas naciones a consecuencia de los dos fenómenos que más afectan a la seguridad de estos países: tráfico de drogas y crimen organizado.
El involucramiento de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública ha generado críticas, porque los niveles de violencia no han disminuido y, en cambio, aumentaron las quejas por la violación a los derechos humanos de la población, sostiene la investigación.
Las sumas
De acuerdo con el informe, en 2003 México gastó en armamento militar 3 mil 941 millones de dólares; en 2004, 3 mil 797 millones; 2005, 4 mil 81; 2006, 4 mil 440; 2007, 5 mil 13; 2008, 5 mil 19; 2009, 5 mil 689; 2010, 6 mil 203; 2011, 6 mil 472, y 2012, 7 mil 103 millones de dólares. Sin embargo, de 2006 a 2012 el gasto total destinado a funciones de seguridad pública o interna pasó de 925 millones de dólaresa 3 mil 133 millones, es decir, un incremento de 239 por ciento. 

Evo Morales: “EEUU está preparando un golpe de Estado en Venezuela”

Libre Red 
El gobierno de Bolivia consideró este martes que el cuestionamiento de Estados Unidos al resultado de las elecciones en Venezuela constituye una vía de provocar inestabilidad en el país para justificar un golpe de Estado y una intervención.


El presidente Evo Morales rechazó en conferencia de prensa la actitud de una vocera de la Casa Blanca, quien la víspera pidió un recuento de votos de los comicios venezolanos por el estrecho margen de resultados entre los dos candidatos, Nicolás Maduro y Henrique Capriles.
“Estoy convencido de que detrás de esas declaraciones Estados Unidos está preparando un golpe de Estado en Venezuela”, denunció.
El mandatario calificó la actitud de injerencia del gobierno estadounidense en los asuntos internos de América Latina y cuestionó la autoridad moral de la Casa Blanca para poner en dudas los resultados electorales en el mundo.
“Quiero expresar que esto es una intromisión abierta de Estados Unidos hacia la democracia venezolana y ni esa portavoz ni el gobierno (estadounidense) tienen moral ni autoridad para cuestionar los resultados de las elecciones en cualquier país de Latinoamérica o del mundo”, afirmó.
El gobernante boliviano insistió en que esa actitud es una forma de convulsionar a Venezuela para justificar una intervención.
“Esa es la estrategia de los países que representan al imperio y al capitalismo; a veces usan el narcotráfico, el terrorismo, el autoritarismo para intervenir, primero confrontar al pueblo para después que vengan cascos azules o finalmente la intervención”, dijo. Morales aseguró que los movimientos sociales y gobiernos de izquierda respetarán los resultados electorales en Venezuela y harán frente a cualquier maniobra de Estados Unidos para desestabilizar el país sudamericano.
Resaltó, además, que presidentes estadounidenses como Barack Obama, en su último mandato; y George W.Bush, en el primero llegaron a la Casa Blanca con mínimo de votos y nadie cuestionó en esos resultados.
“Es un derecho hacer oposición, pero los resultados electorales se respetan”, sostuvo.
El gobernante confirmó, además, que participará el próximo viernes en la toma de posesión de Maduro como muestra de respaldo a su gobierno.
Maduro, hasta el domingo encargado de la Presidencia de Venezuela tras el deceso de Hugo Chávez el pasado 5 de marzo, obtuvo el pasado domingo 50,75 por ciento de los votos frente al 48,97 del opositor Capriles.
PL
 
 
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Venezuela: La derecha no asume la derrota electoral y desata ola de violencia

Libre Red 
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, informó a través de su cuenta en Twitter que solicitará ante el Parlamento una investigación contra el opositor derechista Henrique Capriles por los hechos de violencia registrados este lunes en todo el país.


“Mañana (martes) desde la Asamblea Nacional solicitaremos que se dé inicio a una averiguación penal a Capriles por la violencia generada en el país”, escribió Cabello.
Los hechos de violencia se generaron a raíz de las declaraciones ofrecidas por Capriles en horas de la tarde, cuando llamó a todos sus seguidores a no reconocer los resultados electorales del domingo y denunció -sin presentar pruebas- un supuesto fraude electoral.
Diferentes grupos de opositores antichavistas provocaron fuertes disturbios en varios estados venezolanos, atacando instalaciones de centros médicos populares, incendiando sedes regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y disparando contra simpatizantes del presidente Nicolás Maduro.
Los gobernadores de los estados Aragua, Carabobo, Zulia y Anzoátegui, así como residentes del estado Miranda denunciaron públicamente el ataque que se realizó a Centros de Diagnóstico Integral (CDI) en esas entidades, aunado a agresiones verbales al personal que allí labora.
También fueron asediadas sedes regionales del Consejo Nacional Electoral y casas del PSUV en los estados antes mencionados, además de Sucre y Barinas.
Adicionalmente, vulneraron Petrocasas en Carabobo, institutos de educación inicial en Anzoátegui y abastos Bicentenario, Mercal (Mercado de Alimentos) y Pdval (Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos) en Táchira y otras entidades.
La oficial Agencia Venezolana de Noticias (AVN) reseñó que la oleada violenta cobró dos vidas humanas en Baruta (Miranda), donde grupos armados atacaron a simpatizantes del chavismo.
En tanto, el gobernador del Táchira, José Vielma Mora, denunció la muerte de un joven, quien fue asesinado al recibir tres impactos de balas en la espalda tras discutir con grupos armados antichavistas.
En Caracas, las sedes de las plantas televisivas públicas teleSUR y Venezolana de Televisión (VTV), además de la Radio del Sur, también fueron asediadas por estos grupos de choque, quienes amenazaron al personal que trabaja en cada uno de estos medios de comunicación.
Por otro lado, grupos de choque del Movimiento 13 y Primero Justicia agredieron en Mérida (oeste) a tres periodistas de la emisora pública YVKE Mundial y de AVN, quienes daban cobertura a una manifestación a favor de Capriles.
En otros sectores de la capital, grupos violentos de ultraderecha hostigaron las residencias de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y de William Izarra, dirigente revolucionario y padre del ex ministro de Comunicación e Información Andrés Izarra.
El CNE proclamó Presidente a Nicolás Maduro con 7.563.747 votos (50,75 por ciento) y confirmó que el candidato antichavista quedó en segundo lugar con 7.298.491 votos (48, 97 por ciento).



LibreRed / Telesur

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Nicolás Maduro proclamado Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Libre Red 
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) proclamó este lunes a Nicolás Maduro como Presidente electo para el período 2013-2019, luego de su triunfo en las elecciones del 14 de abril con el 50,75 por ciento de los votos, lo que lo convierte en el segundo jefe de Estado más votado en la historia del país después del Comandante Hugo Chávez.


La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, proclamó como triunfador a Maduro con 7.563.747 votos, que se traduce en el 50,75 por ciento de la votación y confirmó que el candidato antichavista quedó en el segundo lugar, con 7.298.491 votos, el 48, 97 por ciento. La participación fue del 79,17 por ciento del electorado.
“Nuestro país es un campeón de la democracia (…) que ha demostrado su fortaleza durante todos estos años (…) Una inmensidad de ciudadanas y ciudadanos votaron, se manifestaron”, destacó.
Acompañado por cientos de personas que se acercaron a las afueras del CNE, de los Poderes Públicos del Estado, de todo el tren ministerial, y de representantes de las sedes diplomáticas acreditadas en Venezuela, Tibisay Lucena, otorgó al presidente Nicolás Maduro la credencial que lo acredita como Presidente electo.
La principal autoridad del ente electoral, destacó que el sistema funcionó perfectamente y a cabalidad durante los comicios presidenciales. “Todo el país es testigo de la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso de votación”.
Además, seguró que en “esta oportunidad se atendieron pocos eventos, menores en su totalidad y sin ninguna consecuencia grave para el proceso”.
También exigió respeto a todas las personas que están poniendo en tela de juicio al ente comicial. “Somos personas, a las que se agrede, las que servimos la mesa de la escena política. Tenemos derecho al respeto. En este sentido les exigimos respeto a todas las personas que han agredido a nuestras funcionarias y funcionarios en la sede central y oficinas regionales”.
Con respecto al desconocimiento de los resultados por parte del excandidato antichavista Henrique Capriles, apuntó que éste debe dirigirse a los órganos judiciales e instancias correspondientes para el reconteo manual de los votos.
“Allí están las vías legales para hacerlo, no será el acoso o el amedrantamiento la vía para recurrir al Poder Electoral. Es la Constitución y la Ley la única ruta que respetan los verdaderos democrátas”.
Asimismo, rechazó las declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Inzulza. “En Venezuela se puede debatir en paz, aún cuando las masas políticas del país constrastan proyectos distintos”.
“Le exigimos respeto a todas las personas que han agredido a nuestros funcionarios (…) Somos personas, venezolanas y venezolanos, igual que todos y todas, en consecuencia también tenemos derecho al respeto”, dijo Lucena en un discurso de apertura del acto celebrado en la sede del organismo electoral, en el centro de Caracas.
Maduro obtuvo el triunfo en 16 de las 23 estados del territorio venezolano.
Telesur 

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España se niega a firmar convención que declara que crímenes de guerra no prescriben

Libre Red 
La persecución judicial en España de los crímenes del franquismo seguirá, de momento, siendo una quimera, de acuerdo a los planes del Gobierno.

Por un lado, el Ejecutivo se resiste, amparándose en dudas jurídicas, a firmar la Convención de la ONU que declara que los crímenes de guerra no prescriben, y por otro, destaca que la Ley de Amnistía de 1977 sólo es derogable por el Parlamento y no por ningún juez o tribunal.
El Gobierno expone su postura, que no deja resquicio alguno a la investigación de esos delitos, en la respuesta escrita que le ha enviado al diputado de la formación Izquierda Unida,  Gaspar Llamazares, quien trasladó al Gobierno la perplejidad de los países más avanzados en materia de derechos humanos por el hecho de que España no haya iniciado el proceso de adhesión a la Convención contra la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Asimismo, el parlamentario destacaba en su pregunta al Gobierno que asociaciones y ong’s como Amnistía Internacional habían manifestado preocupación por la lentitud y archivo de numerosos casos de desapariciones forzosas y crímenes de derecho internacional cometidos en España entre 1936 y 1977, sobre todo desde que el Tribunal Supremo estableciese en febrero de 2012 la inhibición de la Audiencia Nacional en favor de juzgados territoriales.
El Gobierno reconoce que la firma y ratificación de la Convención de la ONU sobre crímenes de guerra fue un compromiso de la pasada legislatura, dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, el “análisis jurídico” de la firma del texto, alega el Ejecutivo, “ha suscitado la posibilidad de que ciertas medidas pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal”. El resultado: de momento no hay decisión sobre la adhesión a la convención.
En cuanto a las recomendaciones de organismos internacionales sobre la Ley de Amnistía de 1977, el Gobierno señala que fue una medida adoptada por las fuerzas democráticas, en el marco de la transición “de la dictadura a la democracia”, y “un instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles”. Rechaza que pueda calificarse como una “auto-amnistía o amnistía unilateral articulada desde un poder dictatorial”, por el hecho de que se aprobó tras las primeras elecciones democráticas del 77.
El Ejecutivo prosigue argumentando que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley, de la que añade: “Tuvo un sentido de reconciliación al exigir que todas las fuerzas políticas cedieran algo a fin de lograr el abandono pacífico del franquismo para acoger un Estado Social y Democrático de Derecho”. “La Ley de Amnistía fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento, ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.
A continuación, el Gobierno dice que la obligación de perseguir delitos contra la humanidad que recoge el Estatuto de Roma, firmado por España en 2000, se refiere a los delitos cometidos tras su entrada en vigor, y lo mismo alega sobre el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificado por España en 1977. Es decir, que no se refieren a los crímenes del franquismo.
El Ejecutivo admite que el Comité que vela por la vigencia de este último Pacto ha hecho observaciones a España sobre la derogación de la Ley de Amnistía, pero el Gobierno lo solventa diciendo que son “recomendaciones pero no denuncias de incumplimiento”.
Respecto a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Ejecutivo afirma que el derecho penal español tiene delitos con el mismo contenido. Pero nuevamente advierte que, como esta Convención entró en vigor en diciembre de 2010, sólo tiene competencia sobre desapariciones forzadas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, que los crímenes del franquismo seguirían quedando fuera.
En su pregunta, Llamazares consideraba que no era sorprendente que, a la vista de la lentitud e inactividad de los juzgados españoles, “las víctimas hayan interpuesto una querella ante el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correcional Federal número 1 de Buenos Aires” para investigar los crímenes y desapariciones forzosas cometidos en España entre 1936 y 1977.
El diputado de Izquierda Unida se quejaba además de la interpretación restrictiva que el Poder Judicial hace de la Ley de Amnistía, impidiendo que no obstaculice el cumplimiento del deber de España de investigar esos crímenes.
Andrés Muñiz / Público 

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Wikileaks revela apoyo de la Casa Blanca a la dictadura militar argentina

Libre Red 
Documentos secretos filtrados por WikiLeaks revelan los vínculos entre EEUU y las Fuerzas Armadas de Argentina ocho meses antes de la muerte de Perón, preparando una eventual sucesión de presidente argentino.


Según los cables secretos divulgados, Washington apoyó firmemente la dictadura militar que se instauró en 1976 en Argentina, a la que consideraba la mejor opción ante “el clima de incertidumbre que amenaza a sus intereses en el país”.
El documento filtrado, elaborado por el Departamento de Estado de EEUU días después de que se conociera que Perón había sido ingresado de urgencia por un edema pulmonar, señalaba que “debemos esforzarnos por mantener un estrecho vínculo con los líderes militares clave, en tanto representan una de las pocas alternativas institucionales viables a los peronistas”.
Henry Kissinger, nombrado jefe del Servicio Exterior estadounidense apenas dos meses antes, encargó la elaboración de un “documento de contingencia” para que circulase entre las distintas agencias de EEUU en el que enfatizaba que “cualquier intervención en casi cualquier aspecto de la política interior de Argentina requiere que Estados Unidos actúe con la mayor discreción y sensibilidad”, remarcando, asimismo, la importancia de no quedar “identificado con las actividades represivas para suprimir la subversión”.
Ante la muerte de Perón, el escenario más probable, según el Departamento de Estado, era que su viuda, María Estela Martínez, conocida popularmente como Isabel Perón, lo sucediera, y se trataba de una persona a quien, según los documentos filtrados, el Departamento de Estado de EEUU preveía que le fuera muy difícil controlar “las fuerzas centrífugas” que su esposo manejaba, siendo posible “una escalada de la violencia”.
Frente a este hipotético escenario, siempre según los documentos filtrados, EEUU suponía que los militares “ganarían influencia detrás de la escena” y “podrían realizar arrestos preventivos para evitar problemas”.
El 21 de febrero de 1976, un cable firmado por el entonces embajador estadounidense en Argentina, Robert Hill, informó de un encuentro con el titular de la Fuerza Aérea, Orlando Agosti, en el que preguntado por la postura de su país sobre la situación argentina, respondió que Estados Unidos compartía la línea planteada por Jorge Rafael Videla acerca de que “sólo la intervención militar podría manejar los problemas del país”.
El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado deponía a Isabel Perón de su cargo de presidenta de la nación argentina, instaurándose la dictadura militar de Videla.
RT 

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